Sentencia Penal 282/2025 Audiencia Provincial Penal de A Coruña nº 1, Rec. 1398/2024 de 30 de junio del 2025

PRIMERO.-Por la representación procesal de Bienvenido ; por la representación procesal de Octavio; por la representación procesal de Juan María y por la representación procesal de Agueda y de Piedad, se interpone recurso de apelación y por esta última representación recurso adhesivo- impugnación de sentencia , contra la sentencia de fecha 16 de enero de 2024 por la que se absuelve a Octavio; a Juan María, a Pedro Enrique y a Olegario del delito de homicidio por imprudencia grave y profesional previsto y penado en el artículo 142 del Código Penal por el que habían sido acusados.

Absuelve a Pedro Enrique y a Olegario del delito contra la seguridad de los trabajadores y del delito de lesiones imprudentes por el que habían sido acusados y

Condena a Octavio y a Juan María como coautores de un delito contra la seguridad de los trabajadores previsto y penado en el artículo 316 del Código Penal y de un delito de lesiones por imprudencia grave previsto y penado en el artículo 152 apartado primero ordinal tercero del Código Penal, concurriendo en ambos delitos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6º del Código Penal en régimen de concurso ideal del artículo 77 apartados primero y segundo del Código Penal apenar por separado por ser más beneficioso a las siguientes penas para cada uno de los acusados:

Por el delito contra la seguridad de los trabajadores las penas de 9 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de multa de 7 meses con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal y

Por el delito de lesiones por imprudencia grave las penas de 9 meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

y a que como responsables civiles indemnicen conjunta y solidariamente, con la responsabilidad civil subsidiaria de Sistema integral de tratamiento de agua SL a las siguientes personas o entidades y por las siguientes cantidades:

A Bienvenido en la cantidad de 60152,72 euros , que devengarán los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil

A AXA en la cantidad de 5325,16 euros , que devengarán los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil

A Servisa en la cantidad de 300 euros , que devengarán los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil

A FIATC mutua de seguros y reaseguros a prima fija en la cantidad de 19017,28 euros , que devengaran los intereses previstos en el artículo 1108 del Código Civil desde el 13 de julio de 2017.

A Carlos Manuel en la cantidad de 350 euros que devengaran los intereses previstos en el artículo 1108 del Código Civil desde el 2 de agosto de 2017.

Desestima la responsabilidad civil directa de Allianz y condena a Octavio y a Juan María al pago a cada uno de ellos de 1/6 de las costas procesales incluidas las de la acusación particular y de los actores civiles excepto las relativas a Agueda y Piedad.

Delimitado el objeto devolutivo, veamos pues separadamente los recursos interpuestos contra la meritada sentencia.

SEGUNDO.- Recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Octavio

Alega como motivos de impugnación error en la apreciación de la prueba; vulneración del Derecho fundamental a la presunción de inocencia e infracción de la normativa por aplicación indebida de los artículos 316 del Código Penal y 152 apartado primero ordinal tercero del Código Penal interesando que, con estimación del recurso interpuesto, se revoque la sentencia condenatoria recurrida y se dice pronunciamiento absolutorio respeto y de Octavio.

Sentado lo anterior no resulta ocioso recordar que reiterada Jurisprudencia viene sosteniendo que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española ),y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal , de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85 ; 23/6/86 ; 13/5/87 ; 2/7/90 entre otras). Consecuentemente con lo manifestado es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos: a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93 ). Labor de rectificación esta última que además, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quemno debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Y ya anunciamos que el motivo invocado no va a tener favorable acogida por cuanto que los pronunciamientos de la sentencia responden a una prueba de cargo válidamente practicada , sólida en su contenido y racional e impecablemente valorada por el Magistrado- Juez de lo penal desde la doble perspectiva de la imparcialidad y racionalidad, con el privilegio que supone el beneficio de la inmediación, cuya eficacia no depende de la aceptación o del convencimiento de la parte y que está llamada a prevalecer ante la versión alternativa que nos ofrece la parte recurrente.

La práctica totalidad de las alegaciones que efectúa la parte recurrente en su escrito recursivo oscilan en torno al supuesto error en que incurre la sentencia sobre La intervención del recurrente en el siniestro litigioso la condición que le atribuye la sentencia recurrida como director técnico de Sitagreen otorgándole un poder de decisión dentro de la jerarquía empresarial que no se corresponde con la realidad y que no cabe razonablemente tenerle por garante legalmente obligado en materia preventiva.

Si acudimos a la sentencia de instancia en su fundamento de derecho Quinto a la hora de depurar las responsabilidades penales en el accidente de autos, considera que efectivamente, de conformidad con la legislación laboral la posición de garante la ostenta quien tiene la condición de empresario principal siendo el obligado a facilitar a los trabajadores los medios necesarios para desempeñar sus funciones y en condiciones adecuadas de seguridad. Igualmente reseña que es el empresario quien tiene poder de dirección y autonomía en la toma de decisiones referidas a la seguridad y que el empresario suele delegar las funciones preventivas en otros agentes que sitúan al delegado en posición de garante que no excluye la del delegante y que puede extenderse amándoos intermedios que tengan mando y puedan dar órdenes con relación a la prevención de riesgos.

Parte , además, la sentencia de un hecho sustancial cual es que para analizar la responsabilidad han de ponderarse las singularidades que presenta este caso.

Y así las va desgranando: considera en efecto que Sitagreen tenía dos líneas de trabajo ; que la línea de producción de biorresinas no se encontraba aún operativa toda vez que el proyecto se hallaba en etapa de construcción; que se instrumenta la puesta en funcionamiento de los equipos generadores de ozono con el propósito de desarrollar una actividad industrial de carácter experimental dirigida de alguna manera a la replicación a escala piloto de los resultados obtenidos en laboratorio respeto de las vías resinas y en dicho experimento involucra al acusado actualmente recurrente en calidad de partícipe con dominio funcional del hecho.

Considera así que Octavio se desempeñaba como químico y director técnico del proyecto ostentando a los conocimientos técnico científicos específicos en materia de procesos químicos vinculados al desarrollo de biorresinas; que fue quien diseñó y dirigió técnicamente dicho proyecto ejecutó los experimentos respectivos y procedió a su escalado industrial, que conocía de forma acabada los riesgos inherentes al experimento; que los asumió de manera consciente y que los trasladó operativamente a Bienvenido, el trabajador accidentado; que contaba, además, con plena capacidad funcional para paralizar el experimento o impedir su realización en caso de inobservancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y que la decisión de llevar a cabo la actividad experimental fue adoptada solidariamente por Octavio , Pelayo y Juan María quienes no solo tenían conocimiento cabal de los riesgos involucrados, sino que también disponían de atribuciones para implementar medidas de protección tanto individuales como colectivas y esta conclusión la sustenta el Juzgador a quo en un conjunto coherente de elementos indiciarios.

A saber: el perfil profesional y los conocimientos técnicos acreditados por Octavio ; su propia declaración plenaria; el hecho de su presencia constante durante el desarrollo del proyecto y en particular durante la ejecución del experimento ejerciendo funciones de dirección técnica coordinación y emisión de órdenes en tiempo real incluyendo decisiones sobre niveles de fama y resolución de incidencias; la estructura interna de Sitagreen caracterizada por la ausencia de una organización empresarial formal, con desdibujamiento de roles y ausencia de una delimitación precisa de funciones en un organigrama; tiene en cuenta también la profusa prueba testifical practicada a su presencia y la documental aportada a las actuaciones.

De toda esta batería indiciaria racionalmente valorada el Juzgador concluye que Octavio junto con Juan María y Pelayo adoptaron la decisión conjunta de aprovechar la puesta en funcionamiento de los equipos generadores de ozono para la realización de un experimento industrial en el que no había ningún tipo de prevención, ni instalaciones adecuadas, ni medidas de seguridad individuales ni colectivas. Concluye pues que Octavio tenía un poder de dirección técnico y real en el experimento; La ausencia de medidas de seguridad estima el juzgador que era tal que parecía más propias de épocas pasadas llegando a afirmar que la clandestinidad en el trabajo se produce porque todos eran conscientes de que no se podía hacer " no había nada: ni prevención , ni instalaciones..."

Por tanto , para atribuir responsabilidad al recurrente se funda el juzgador en que no nos encontramos ante una empresa al uso; que se aprovecha la puesta en marcha de los equipos de ozono para hacer un experimento; que la empresa carecía de instalaciones, que no había un organigrama previamente establecido; que no existían ningún tipo de medidas de seguridad individual ni colectivas; que Octavio ostentaba la dirección técnica del proceso; que estuvo presente durante todo el experimento; que impartió órdenes; que resolvía incidencias en tiempo real; que tenían capacidad real de decisión delegada por parte de Pelayo que era el responsable principal ya dicha conclusión llega relacionando de manera racional y sólida los datos y indiciarios que aporta la prueba practicada a su presencia y bajo el privilegio de la inmediación.

En resumidas cuentas , la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y en consecuencia , la decisión alcanzada por el Juzgador en sí misma considerada , es lógica coherente y razonable , de acuerdo con las máximas de experiencia , reglas de la lógica y principios científicos , aunque pueden existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente , si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC 1105/2011, de 27 de Octubre; 1039/2021 de 20 de Diciembre y 33/2013 de 21 de Enero). No existe, pues error valorativo ni infracción de precepto penal alguno partiendo de la forma en que aparecen redactados los hechos declarados probados.

Por todo ello el recurso interpuesto no puede tener favorable acogida.

TERCERO.- Recurso de apelación interpuesto por la representación procesal De Juan María.

Alega como motivo de impugnación sustancial la existencia de error en la valoración de la prueba me interesa que con estimación del recurso interpuesto se revoca la sentencia dictada decretando la libre absolución del mismo con todos los pronunciamientos favorables.

Por lo que respecta a la supuesta existencia de error valorativo damos en este punto por íntegramente reproducidas los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho anterior.

La lectura del escrito apelatorio en este caso evidencia que toda la línea defensiva se articula en torno a la falta de capacidad de decisión del señor Juan María en la empresa Sitagreen .

En este punto damos también por reproducidas todas las consideraciones previas efectuadas en el anterior fundamento relativas a la singularidad de la empresa que no se trataba de una entidad convencional careciendo de organigrama definido e instalaciones propias y sin mínimas medidas de seguridad tanto individuales como colectivas, empresa en la que el juzgador sitúa al ahora recurrente llevando a cabo conjuntamente con Pelayo y Octavio el experimento, que según su razonamiento es desarrollado e impulsado por los 3, sabiendo los 3 los riesgos y asumiéndolos teniendo los 3 capacidad para implementar medidas de seguridad

Y para alcanzar tal condición jurídica a parte de los siguientes elementos indiciarios como son:

los conocimientos técnicos del ahora recurrente y de su perfil profesional; su propia declaración; la testifical de Bienvenido trabajador accidentado; los testimonios de hasta cuatro testigos obrantes en las actuaciones y de la presencia constante del mismo durante el experimento estructura de Sitagreen de los correos electrónicos.

Recordemos una vez más que esta fase procesal, a diferencia de la primera instancia, carece de inmediación por lo que se desconoce la forma concreta en que las declaraciones se prestaron (coherencia en el discurso, tono de voz, gestos, etc.). En este sentido se ha pronunciado de forma muy reiterada la Jurisprudencia, pudiendo recordar las SSTS de 27 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6749) , 24 de enero de 2000 (RJ 2000, 99) , 12 de junio de 2001 , 23 de mayo de 2002 y 21 de abril de 2004 (RJ 2004, 2336) , entre otras muchas. Así, la STS de fecha 6 de julio de 2011 (RJ 2011, 5348) , pone de manifiesto: "la credibilidad de quienes deponen ante el Tribunal sentenciador forma parte de la valoración de esta clase de pruebas personales, que se practican con oralidad, inmediación y contradicción ante los Magistrados que componen la Sala enjuiciadora y que, por ello, están sometidas exclusivamente a la valoración en conciencia del Tribunal de manera privativa y excluyente de suerte que el pronunciamiento valorativo alcanzado únicamente podrá ser modificado cuando el mismo sea irracional por el propio contenido de las manifestaciones del declarante o aparezcan otros elementos probatorios que evidencien la mendacidad del declarante."

En virtud de lo expuesto la valoración probatoria efectuada en respeto del recurrente se sustenta en un iter lógico-racional exento de arbitrariedad motivo por el cual corresponde su respeto y mantenimiento en esta alzada.

Por todo ello procede también desestimar el recurso interpuesto por dicha representación procesal.

CUARTO.- recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Bienvenido.

Alega el recurrente la existencia de error en la valoración de la prueba respecto de la cuantía indemnizatoria fijada; Considera en consonancia con el Ministerio fiscal que el delito por imprudencia de ser considerado profesional y en su consecuencia ello no se puede considerar una imprudencia grave nada más lo que conllevaría agravamiento de las penas a juicio del tribunal y en consideración con lo pedido por la acusación particular entendiendo que también tendría que tener un mayor reproche penal a la hora del establecimiento de las indemnizaciones; hace mención a que olvide el juzgador la pena de multa a la que hace referencia en el párrafo de los fundamentos de derecho d penalidad folio 80 de la sentencia que impone la cuota penal de multa y la fija en €6 pero no establece los días de duración de esa multa solicitando complemento en el fallo de la pena de multa con los pedimentos de esa parte, y alega también la responsabilidad directa de la aseguradora Allianz interesando por todo ello que con estimación del recurso interpuesto revoque la sentencia impugnada y en su lugar dicte otra modificándola en los términos expuestos en el presente escrito en dicho escrito.

Centra pues los motivos impugnatorios en cuestiones muy concretas relativas a la personalidad el cuanto en indemnizatorio y la extensión de la responsabilidad civil con carácter directo a la entidad aseguradora Allianz.

Por lo que respecta a la impugnación del quantum indemnizatorio, la doctrina jurisprudencial únicamente admite la revisión indemnizatoria en supuestos muy específicos entre los que destacan 1- cuando se rebase o exceda lo solicitado por las acusaciones . 2- cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes ; 3- cuando quede patente una evidente disconformidad entre las bases y la cuantía señalada como indemnización ; 4 - cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos 5.- en supuestos de error notorio , arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía señalada , 6- en los supuestos de aplicación necesaria del baremo cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo y 7- en los supuestos dolosos o imprudentes ajenos a la circulación en los que el baremo solo es orientativo cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo que aplique defectuosamente .

En el presente caso , el Juzgador tiene en cuenta el baremo aplicándolo con carácter orientativo y de manera rigurosa y minuciosa y lo cierto es que la parte recurrente no explicita en que partida o partidas el citado baremo se aplica con carácter defectuoso.

La corrección , frente a lo argumentado por el recurrente procede en caso de aplicación defectuosa del tantas veces citado baremo , lo que no acredita la parte en ningún caso.

Por lo que respecta a la indemnización por daños moral el Juzgador , razona de manera motivada las razones que le determinan a fijar la cuantía a indemnizar por ese concepto y las razones por las que atiende a las pretensiones indemnizatorias que por este concepto solicita la acusación particular.

Cierto es que no es preciso que el daño moralse concrete en alteraciones psicológicas sufridas por la víctima, y lo normal es que los jueces no contemos con pruebas que faciliten la especificación económica más allá de factores como la gravedad del hecho y las circunstancias del ofendido ( vid. SSTS 11/02/2014 y 22/04/2021 )y que el perjuicio moral en este caso , surge fatalmente de la realización del tipo, no obstante consideramos que la cantidad fijada por el Juzgador en concepto de daños moral es proporcionada y tendente al designio normativo de indemnidad,

En lo atinente a la penalidad hemos de tener en cuenta que la facultad de individualización de las penas a imponer le corresponde al Juzgador de instancia, quien debe expresar en la sentencia las razones de dicha individualización, con mayor o menor extensión, en función de las características del caso concreto, y especialmente, del grado de discrecionalidad atribuida al mismo por la Ley, no siendo revisable la determinación de la pena verificada por el juzgador de instancia en ejercicio del arbitrio concedido por el legislador, siempre que se motive, de forma suficiente, la individualización y que las razones fundadas para llegar a la misma no sean arbitrarias.

El magistrado juez sentenciador en un nuevo ejercicio de motivación suficientemente explícita y conforme a los estándares de racionalidad exigidos por el artículo 120 apartado tercero de la Constitución española y el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9 apartado tercero de la Constitución española expone de forma razonada los criterios que sustentan la individualización judicial de la pena sin que se evidencie desviación alguna del canon de motivación exigible, por lo que la pretensión de la parte recurrente tampoco puede tener favorable acogida.

En último término y por lo que respecta a la extensión de la responsabilidad directa a la entidad aseguradora Allianz, Las alegaciones formuladas por la parte tampoco pueden ser estimadas en tanto que concurren diversos elementos valorados en la sentencia de instancia que impiden la extensión de la responsabilidad civil solidaria a la entidad referida en particular debe señalarse que el siniestro objeto del presente procedimiento no se encuentra comprendido dentro de los riesgos cubiertos por la póliza contratada asimismo la actividad de biorresinas no constituían la actividad declarada como propia por la empresa asegurada y tampoco aparece incluida entre las amparadas por la póliza conforme a sus condiciones particulares y finalmente cabe destacar que la referida póliza no contemplaba cobertura respecto de la nave sita en Carabois .

Por todas estas razones el recurso interpuesto no puede tener favorable acogida.

QUINTO .- Recurso adhesivo , impugnación de sentencia formulado por la representación procesal de Agueda y de Piedad

Antes de entrar en el objeto de la presente impugnación, conviene efectuar una llamada de atención sobre las normas regulatorias del recurso interpuesto habida cuenta que lo que combaten es un pronunciamiento absolutorio contenido en la sentencia impugnada.

Como es sabido, desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, Ley 41/2015, de 5 de octubre, las oportunidades de la acusación a la hora de formular su apelación se limitan, y no solo por la imposibilidad de invocar violación del derecho a la presunción de inocencia.

Ciertamente, el artículo 790.2 de la LECrim fija en su párrafo primero idénticas facultades de alegación para cualquiera de las partes del recurso: quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas e infracción de norma material. No distingue, pues.

Ahora bien, a continuación, el párrafo tercero limita las posibilidades impugnativas de las partes acusadoras a través de esta vía: "la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o en la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

De este modo, el error en la apreciación de la prueba tiene un contenido diverso en función de quien sea su alegante y también una consecuencia diferente en caso de estimación pues en esta ocasión solo cabe la nulidad. El artículo 792.2 de la LECrim no deja opción al disponer que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2".

Dicho lo cual , las recurrentes adhesivas articulan toda la impugnación de la sentencia alegando la supuesta la incongruencia de la sentencia, la cual desgranan en diferentes apartados del escrito recursivo ; no obstante, en el suplico del escrito adhesivo no peticionan declaración de nulidad alguna.

Además ,si analizamos el contenido del escrito apelatorio podemos convenir que, en puridad, lo que denuncian es la existencia de errores valorativos como vicios internos que afectan a la coherencia dentro del razonamiento probatorio, , es decir lo que se denuncia no se trata de un fallo en la correspondencia entre el suplico y el fallo sino de una contradicción interna, una interpretación ilógica o arbitraria de los hechos o de las pruebas, por tanto lo que realmente se denuncia por vía de recurso no es que la sentencia haya decidido sobre cuestiones no debatidas esto es incongruencia sino que ha viciado su razonamiento interno valorando la prueba de forma errónea o contradictoria esto es error valorativo. En definitiva la impugnación se funda en una errónea valoración interna no en una incongruencia externa.

Y en este punto hemos de tener en cuenta de manera sustancial que a través del recurso adhesivo se interesa la condena de Octavio y de Juan María como autores respeto de Pelayo de un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional a la pena de 4 años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio o cargo por un período de 6 añosž de un delito contra la seguridad de los trabajadores previsto y penado en el artículo 316 del Código Penal a la pena de 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 12 meses con cuota diaria de 300 euros , con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal que como responsables civiles indemnicen alas recurrentes por el fallecimiento de su padre Pelayo en la cantidad de 290.000 euros y que, todo ello con responsabilidad civil subsidiaria de sistema integral de tratamiento de agua SL y de la entidad aseguradora Allianz SA con aplicación a la aseguradora de los intereses del artículo 20 de la ley de contrato de seguro y 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil todo ello con condena en costas incluidas las de la acusación particular

Se pretende, pues, que por la Sala se efectúe una revaloración probatoria; se revoque la sentencia de instancia y se emita un pronunciamiento condenatorio y al hilo de lo anterior sin que en el suplico se peticione la nulidad de la sentencia, con devolución de las actuaciones para la celebración o no de nuevo juicio con distintos o los mismos magistrados, sino la revocación de la sentencia para la condena a los acusados absueltos por fallecimiento del padre de las ahora recurrentes adhesivas . Y eso que la literalidad de aquella norma procesal, el artículo 792.2 de la LECrim , desautoriza cualquier petición de semejante contenido.

Ni que decir tiene que el contenido expuesto condiciona el propio devenir del recurso y determina per seel fracaso del mismo.

Pero es que no sólo no interesan la nulidad de la sentencia , sino que tampoco justifican la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica; ni justifican el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia; ni justifican la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Nada de eso se advierte tampoco; más al contrario, el Juzgador de instancia realiza una apreciación fundada del acervo probatorio articulando con destreza la pluralidad de indicios existentes de cuya valoración conjunta infiere con meridiana claridad que Pelayo fue uno de los principales responsables de la ejecución del experimento; por ello considera que ostentaba la condición de garante en relación a la implementación de medidas de seguridad laboral cuya inobservancia configuró un riesgo jurídicamente relevante para la integridad física de los trabajadores, ejerciendo simultáneamente a poder de mando o facultades de decisión y dominio funcional del curso causal del hecho.

Se podrá discrepar de la valoración efectuada pero en modo alguno puede calificarse de irrazonable, infundada o carente de lógica jurídica, descartándose cualquier atisbo de arbitrariedad en el juicio valorativo del Sentenciante.

Por todo ello el recurso de impugnación tampoco puede tener favorable acogida.

SEXTO.-Procede pues desestimar los recursos interpuestos y confirmar la resolución recurrida declarando de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de General y pertinente aplicación