Sentencia Penal 77/2024 Audiencia Provincial Penal de Cantabria nº 1, Rec. 134/2022 de 05 de marzo del 2024

PRIMERO.- Recurren la sentencia, por una parte, la acusación particular del perjudicado en cuanto al pronunciamiento absolutorio respecto de algunos acusados, y además el condenado por delito de lesiones del art. 147.1 de CP, Eulogio. Respecto al primero de Julián, se impugna la absolución de los acusados, Carlos Jesús y Gerardo, alegando que todos los intervinientes en la pelea se encontraban en la Plaza del Cuadro de Santander, en el lugar y en el momento de los hechos, oponiendo a la argumentación absolutoria por falta de acreditación de la intervención de aquellos, en la agresión con puñetazos y patadas, que además de desmentir la versión de la víctima y del testigo Melchor, no salva el obstáculo de que en ningún momento procuraron impedir la misma, siendo, en cualquier caso espectadores de la brutal agresión de la que fue víctima el recurrente. Entiende que la sentencia, por otra parte irreprochable, debe ser solo en este punto corregida, condenando a los mismos al menos, con la misma sanción que se le impuso a Luis María, por delito leve del art. 147.3 del CP, con la correspondiente cuota de la responsabilidad civil y de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, en ambas instancias, solicitando que previa citación de los recurridos, se les condene como autores penalmente responsables de un delito de lesiones a la misma pena al menos a que fue condenado Luis María en el presente procedimiento.

El Ministerio Fiscal, formuló oposición, indicando que pese a que no lo alega de forma precisa, invoca error en la apreciación de la prueba, considerando meridiana la jurisprudencia del TS, sobre los recursos de apelación formulados contra las sentencias absolutorias, en las que entre otros pronunciamientos se explicita que órgano ad quem, no podrá entrar a dictar sentencia condenatoria, sin haber practicado prueba al considerarse que la prueba practicada por el órgano a quo ha sido valorada incorrectamente o groseramente, lo que no se ha solicitado. Considera que lo procedente hubiera sido pedir la declaración de nulidad y celebración de nuevo juicio, si el error fue de tanta entidad como para revocar la sentencia apelada, lo cual tampoco fue formulado por el recurrente, solicitando la desestimación. Las defensas también impugnaron infracción del art. 792.2 LECrim. , indicando la de Gerardo, que no habiendo solicitado el recurrente en su recurso la nulidad de la sentencia, sino la condena de los absueltos en la instancia, y no habiendo interesado la práctica de prueba en segunda instancia, el órgano que conoce en segunda instancia no podrá dictar sentencia condenatoria sin haber practicado prueba, interesado su desestimación. Em similar sentido la defensa de Carlos Jesús, y Gerardo, que instan además la expresa imposición de costas a la parte recurrente, así como la de Luis María, por temeridad y mala fe.

Respecto al mismo, reclamándose en el recurso, la condena de los acusados absueltos, es preciso recordar que la posibilidad de revocar una sentencia absolutoria dictada en la primera instancia, por error en la valoración de la prueba, viene extremadamente condicionada por la regulación, tras la reforma por la Ley 41/2015, de los artículos 790 y 792 de la LECrim (aplicables también al procedimiento por delito leve conforme al art. 976) y por la consolidada doctrina del TEDH, TC y del TS. La STC 167/2002 de 18 de septiembre, ya establecía que en el contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, entre las que se integra la exigencia de inmediación y contradicción, se encontraba un límite para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación, llegando a la conclusión de que no es posible, sin vulneración del art 24 CE, en el que se recoge el mencionado derecho fundamental; revocar una sentencia absolutoria dictando otra condenatoria con fundamento en pruebas que no han sido practicadas a la vista de la Sala de segunda instancia. Esta doctrina, trasladable a la pretensión de agravación de la responsabilidad penal, exige que cuando las cuestiones a resolver afecten a los hechos, tanto objetivos como subjetivos, y sea necesaria para su resolución la valoración de pruebas personales, se practiquen éstas ante el Tribunal que resuelve el recurso y que, en definitiva, decide. Desde la misma es doctrina consolidada para los supuestos de recursos de apelación contra sentencias absolutorias, considerar que no puede el tribunal de la segunda instancia revisar la valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia, siempre que por la índole de las mismas sea exigible la inmediación y la contradicción. Los criterios restrictivos de la misma se han visto reafirmados y reforzados en resoluciones posteriores de forma que, incluso, cuando se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional, veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia cuando no se han practicado las pruebas personales con arreglo a tales principios ante el tribunal ( STC 198/2002 (EDJ 2002/44865) y 230/2002).

Desde la perspectiva del derecho de defensa, se consideró igualmente necesario en esos casos dar al acusado la posibilidad de ser oído directamente por dicho Tribunal, en tanto que es el primero que en vía penal dicta una sentencia condenatoria contra aquél. Junto al respeto a la garantía de inmediación en la valoración de las pruebas personales, las SSTC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, y 45/2011, de 11 de abril, FJ 3, inciden en la exigencia de audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa ( art. 24.2 CE) . El TEDH en relación a la garantía de audiencia del acusado en fase de recurso, ha declarado que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer de cuestiones de hecho y de Derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 27; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España, § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España, § 31).

En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el juzgado o tribunal de apelación, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas personales efectuada por el juez de instancia y revoca en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado la sentencia absolutoria apelada. El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad impide, según el Tribunal Constitucional, que los jueces de apelación modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la segunda instancia.

SEGUNDO.- La Sentencia de la AP de Cantabria, Sec. 3ª, de 11-03-2022, nº 93/2022, rec. 907/2021, señala que la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha consagrado en dicha norma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, ajustando la Ley a los parámetros establecidos por aquélla, citándola e indicando: "Expuesto lo anterior, y conforme a dicha doctrina, si los motivos de apelación se fundamentan en el posible error en la apreciación de la prueba, y esta prueba es de naturaleza personal (es decir, emitida en el plenario por personas, como pueden ser las declaraciones de quienes son parte en el proceso o de los testigos, o incluso el componente subjetivo que pueda existir en los dictámenes de los peritos, o en los croquis, o las explicaciones que las partes ofrezcan sobre la consideración de la prueba documental), para poder modificar los hechos probados es preciso que el órgano de alzada pueda percibir con inmediación aquella prueba personal anteriormente valorada por el juez de instancia, o lo que es lo mismo, que se repita el juicio completo, pero ante el órgano de apelación, posibilidad que no está prevista en nuestra Ley Rituaria, que tan solo prevé la celebración de vista pública en la segunda instancia en los supuestos previstos en el artículo 791 de la misma, es decir, cuando se proponga y se admita la prueba que no pudo ser propuesta en la primera instancia o que debidamente propuesta fue indebidamente denegada por el órgano a quo, o aquella prueba que no pudo ser practicada en la primera instancia (esto es, nunca la prueba ya practicada en el acto del juicio oral); cuando se proponga y se admita la reproducción de la grabada (que no es equiparable ni sustituye a la necesaria inmediación como recuerdan las SSTC Nº 120/2009 de 18 de Mayo , 2/2010 de 11 de Enero o 30/2010 de 17 de Mayo ); o cuando el Tribunal la estime necesaria para la correcta formación de una convicción fundada (pero en este caso sin que el Tribunal pueda elegir y practicar pruebas a tal efecto).

La aplicación de la anterior doctrina, implica de facto la virtual imposibilidad de estimar recursos de apelación contra sentencias absolutorias cuando los mismos se motivan exclusivamente en la distinta valoración de las pruebas personales, o cuando la valoración de otras pruebas de distinta naturaleza conlleve tener que acudir a lo que las partes han dicho sobre ellas.

Al hilo de la anterior doctrina y toda vez que en el caso que nos ocupa el órgano sentenciador funda su pronunciamiento absolutorio en los testimonios prestados por las partes a presencia judicial, de cuya valoración no ha deducido la existencia de suficiente prueba de cargo, y dado que dichos testimonios no pueden ser valorados de distinta forma en la segunda instancia, al no haber sido apreciados directamente por el Tribunal, y no permitirlo expresamente la Ley, la Sentencia absolutoria dictada por el Juzgado no puede por ello ser modificada.

La doctrina contenida en todo ese cuerpo jurisprudencial ha sido acogida por el Legislador español, que en lo que aquí interesa, ha reformado los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , mediante la Ley 41/2015, que modifica sustancialmente el régimen de los recursos contra sentencias absolutorias o de los recursos en los que se postula un agravamiento de las sentencias condenatorias .

La nueva regulación se aplica a partir del 6 de diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la citada Ley y para los procesos incoados a partir de ésta.

El nuevo artículo 792.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida".

Por su parte, el nuevo artículo 790.2 , párrafo tercero, dice que "cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

Es decir, que contra las sentencias absolutorias - o para agravar una sentencia condenatoria - lo único que se podrá pedir será la anulación. Y por motivos tasados. Lo que nunca se podrá pedir al órgano ad quem es la revocación para condenar.

De conformidad con la anterior doctrina y toda vez que en el caso que nos ocupa el órgano sentenciador funda su pronunciamiento absolutorio en pruebas personales, que no pueden ser valoradas de distinta forma en la segunda instancia, al no haber sido apreciadas directamente por el Tribunal, y no permitirlo expresamente la Ley, la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado no puede por ello ser modificada, máxime cuando en su relación circunstanciada de hechos probados no se contienen elementos fácticos que permitan sostener un pronunciamiento de condena como el delito pretendido. Siendo esto así, la estimación del recurso exigiría a la Sala volver a valorar las pruebas personales practicadas en el plenario, lo que como se ha dicho le está vedado.

No cabe a la luz de la doctrina citada que este tribunal modifique los hechos en perjuicio del acusado con fundamento en la prueba personal practicada en la vista. El valor de la inmediación y de la intangibilidad de las conclusiones obtenidas por la juez de instancia en supuestos de prueba personal practicada en la vista oral no se exceptúa en caso alguno, salvo que se practique prueba en apelación, lo que aquí no ha sucedido".Respecto a hechos anteriores a dicha reforma también se desglosa su régimen en la Sentencia de la misma Sección de 13-02-2020, nº 93/2020, rec. 357/2018."

La impugnación formulada resulta por lo tanto improsperable, al no ser posible legal ni procesalmente, que el tribunal ad quem revoque una sentencia absolutoria, como es el caso y condene al acusado absuelto, o agrave la condena, por el error en la valoración de la prueba invocado, sino que únicamente cabe la anulación de dicha sentencia apelada y siempre que se justifiquen los motivos establecidos al efecto, siendo requisito imprescindible que dicha anulación haya sido pedida por el apelante, sin que la declaración de nulidad pueda ser acordada de oficio, tal y como establece el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al disponer que "en ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal".

En definitiva la declaración de nulidad deberá ser solicitada por la parte apelante, alegando y justificando los motivos legalmente previstos, que en este caso no ha ocurrido, al limitarse la apelante a solicitar que se revoque, y se dicte sentencia condenatoria de los acusados absueltos, lo que no es posible con la normativa indicada, salvo que se pida la anulación de la sentencia y la devolución de las actuaciones al juzgado. Se pretende en esta alzada la revisión de la valoración de pruebas tanto de naturaleza documental, como personales, por las declaraciones de las partes y de los testigos, de distinta forma a como lo ha hecho el Juez de instancia, sin haberles oído personalmente, estando vedado por disposición legal y por la doctrina jurisprudencial citada, que impide la revisión de la valoración efectuada de la prueba personal, al no poder efectuarse en la alzada, conforme a aquella. Contra las sentencias absolutorias como la que nos ocupa, lo único que se podrá pedir al órgano ad quem será la anulación, y ello siempre por motivos tasados, pero nunca la revocación para condenar, o agravar, que es lo que aquí se pretende. No se pide nulidad y ello con arreglo a la nueva regulación determina, la desestimación del recurso al no poderse valorar en la alzada una prueba personal que no se ha presenciado y revocar la sentencia por error en la valoración de la prueba, y tampoco se puede declarar la nulidad para que se vuelva a dictar sentencia, pues no se ha alegado ni justificado la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, ni el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, ni la omisión de pronunciamiento sobre una prueba relevante, sin haberse pedido la nulidad, teniendo un obstáculo insalvable para declarar la misma conforme al artículo 240.2 de la LOPJ. En esta situación, es evidente la absoluta inviabilidad de la pretensión deducida por la parte recurrente, por lo que el recurso debe ser desestimado.

TERCERO.- También formula apelación el condenado, por el delito de lesiones del art 147.1 del CP, Eulogio, invocando error en la valoración de la prueba, quebrantamiento de normas y garantías procesales, vulneración del art 24 de CE principio de tutela judicial efectiva y del principio de presunción de incidencia, entendiendo que no se han practicado pruebas de cargo para desvirtuarlo. Alega que ninguno de los testigos ni investigados, han identificado a la persona que vieron dar la patada en el tobillo a Julián, insinuándolo solamente, sin acreditar la identidad del autor, objetando la contradicción del perjudicado en juicio al declarar al minuto 09:53:30 que Eulogio se tiró al suelo, le consiguió derivar, para luego manifestar al minuto 09:55:06 que recibió un patada, por lo que cayó al suelo, ante la que afirma debe prevalecer la presunción de inocencia. Afirma que el recurrente en todos los tramites niega habérsela asestado, manteniendo la misma versión a diferencia de los demás acusados, que han variado la misma, sugiriendo una finalidad exculparía propia, planteando hipótesis respecto a los mismos. Opone además infracción de precepto penal de carácter sustantivo, del art 147.1º C.P, existiendo versiones contradictorias, reiterando los reparos a las modificaciones en las declaraciones de los coacusado para salir indemnes, cargando en juicio las tintas contra el recurrente, así como a las divergencias del perjudicado, alegando que la médico forense en la vista indicó que la lesiones son también compatibles con una caída o torsión del tobillo. Hace además referencia al consumo de alcohol, planteando la teoría de que al pegar Julián el puñetazo a Luis María, al salir corriendo, y estar bajo los efectos del alcohol, perdiera el equilibrio y se cayera al suelo, momento en el que fue agredido por el grupo de jóvenes, propinándole patadas, pudiendo ser una de ellas la que le causa la lesión en el tobillo izquierdo, o que fuera la caída fortuita al salir corriendo. Impugna además las declaraciones y reconocimientos fotográficos policiales, de la víctima y su amigo, discrepando de las imprecisiones y parcialidad, apreciadas a los testigos de la defensa, imputándosela sin embargo al amigo y la madre de la víctima. Termina suplicando se declare la libre absolución de Eulogio, y subsidiariamente en caso de que se mantenga la condena se condene por el delito de lesiones, a Gerardo, Carlos Jesús, Luis María y Eulogio, y al pago a todos ellos de la responsabilidad civil.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso, estimando la sentencia conforme a derecho, en la valoración de la prueba, y en la aplicación de los preceptos normativos, habiéndose practicado prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado, y que el principio "in dubio pro reo" no es un principio absoluto, sino que debe impregnar la interpretación en caso de duda razonable del juzgador, lo que no ocurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de los hechos ha sido formada sin dudas, añadiendo que el recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración interesada, solicitando la desestimación. Igualmente la insta la acusación particular, por contener el recurso una mera exposición fabulosa de los hechos, favorable a sus intereses. La defensa de Luis María, opone que solo existe una lesión en el tobillo, que solo pudo producirse por una sola persona, independientemente de que las especulaciones que se quieran realizar, habiendo un solo autor siendo el recurrente la única persona detenida, al que se identificó ipso facto como único autor de la patada. Indica que el resto de las personas presentes, incluido Luis María, que afirma fue agredido por la víctima, nada tuvo que ver con el hecho causante de la única lesión, que fue un hecho aislado, fruto de la decisión personal, espontánea y exclusiva de Eulogio, desconectada totalmente de las restantes personas, estando los demás alejados, sin que ninguno de los presentes asumiera, ni quisiera asumir el resultado causado exclusivamente por Eulogio, que había mantenido que no vio que ninguno de sus amigos, agrediera ni causara la lesión, solicitando la desestimación de recurso. Igualmente la defensa de Carlos Jesús, rechazando la visión de hechos parcial y que no se corresponde con la práctica de prueba, planteando hipótesis que carecen del más mínimo elemento probatorio, tratándose exclusivamente de hipótesis y versiones que aparecen por primera vez en el recurso, invocando la aplicación de los arts. 790.2 y 792.2 LECrim, en cuando a la condena subsidiariamente instada de los demás acusados, considerando que tal petición muestra una clara temeridad que debería conllevar la imposición de costas correspondientes respecto de esta alzada al condenado,, de acuerdo con el artículo 240 LECrim. También por parte de Gerardo, destacando que además carece de legitimación el recurrente al efecto.

CUARTO.- Ciertamente no ostenta legitimación el recurrente, para solicitar la condena de los demás acusados, no instada por la acusación en la impugnacion y no siendo además posible respecto a los absueltos, resultando plenamente aplicable al efecto la normativa y jurisprudencia ya en relación al recurso de la acusación particular. Debe partirse, del visionado de la grabacion del juicio, que coinciden las partes en la discusión suscitada con la víctima, que todos reconocen, aunque con distinto desarrollo y resultado, atribuyéndose ambos bandos, respectivamente agresión en ella, por acometimiento del grupo por la víctima, y de adverso al indicar que Julián le dio un puñetazo a Luis María, lo que sin embargo no acoge la sentencia, concordando también después, al admitir que Julián salió corriendo, y en la caída al suelo del mismo, igualmente con diferencias en su casusa. No son precisamente las declaraciones impugnadas de los demás acusados, ni los de los testigos de la defensa, en las que vienen a manifestar que ninguno de su grupo agredió a Julián, que salió corriendo, siendo perseguido por Eulogio, cayendo el primero al suelo, las admitidas en la sentencia, que califica dichas testificales, de ambiguas y parciales, puesto que indican que no vieron la caída, sino cuando ya se encontraba en el suelo, porque no miraban, o por tener algún obstáculo los que lo hacían, afirmando también aquellos que pensaron que se había caído por estar ebrio.

Las que acoge la sentencia son las declaraciones de la víctima y la testifical del amigo que le acompañaba, quienes identifican clara, rotunda y persistentemente a Eulogio como quien tras perseguir a Julián en su carrera, le asesta la patada en el tobillo que le hizo caer al suelo, causándole las lesiones sufridas. Carece de especial relevancia la contradicción que la defensa la atribuye a Julián, en el plenario al indicar que se fue corriendo y Eulogio detrás de él se tiró al suelo, consiguiendo derribarle con una patada que le dio en tobillo rompiéndoselo, y después que le derribo, con una patada que le rompió el tobillo, continuando golpeándole en el suelo un grupo grande, cuando en cualquier caso se desprende, que se la asesta por detrás, siendo indiferente que se la lanzara de pie o en el suelo, sino que con la misma le derriba al suelo, ocasionandole las intensas lesiones sufridas en el tobillo. La sólida y firme, declaración de su acompañante, Lucio, en el acto del juicio, dista sensiblemente de las restantes de adverso realmente imprecisas, siendo la del mismo sumamente detallada, distinguiendo los extremos que recuerda con claridad y los que no, básicamente accesorios. Confirma que no habían bebido mucho, una o dos copas, que son las que indica también Julián, relatando que se encuentran con el chicle conocido de un amigo suyo, que no se encontraba en ese momento, no sabiendo como se llama, empezando una discusión cuando llegan a la plaza del cuadro, con uno de ellos que era Carlos Jesús, en la que los del grupo se abalanzan sobre Julián, habiendo algunos golpes, que Julián intenta defenderse, saliendo corriendo cuando Eulogio le propina la patada por detrás, explicando que el también intenta correr detrás para separar, pero bastante lejos a unos 20 metros, que es la distancia a la que vio la patada, por haber bastante espacio para verla, aunque fueran todos corriendo en grupo, señalando que cuando Julián cae, la autoría del hecho fue de una sola persona, pero que los demás también agredieron, el propio Eulogio, no recordando si le golpeo alguien más en el suelo. Señala que cuando salen todos corriendo intentan abalanzarse sobre aquel, aunque no lo consiguieron al salir los porteros del Rocambole rápidamente que les disuaden, poque le dieron justo al lado, añadiendo que en el suelo, igual llegaron a agredirle con alguna patada, llegando la policía preguntándole si podía identificarlos, sabiendo que iban a la discoteca Kudeta, yendo a la misma, estando alli y pudiendo identificarles.

Como también reseña la sentencia, en el mismo momento en el que se produce la presencia policial, Lucio ya señala en el grupo de agresores a Eulogio, de camiseta blanca, como el autor de la patada en el tobillo, que también relata Julián a los agentes actuantes, indicando en su declaración policial en el hospital, que quien le causa la fractura del tobillo fue el que le derribó de una patada, efectuando seguidamente el reconocimiento fotográfico policial del mismo, como tal, y de otros intervinientes. Melchor reproduce fotográficamente, la inicial identificación del mismo, que ambos reiteran posteriormente en su declaración sumarial y en la diligencia de reconocimiento en rueda, así como en la vista.

Pese a la impugnación en el recurso de las declaraciones y reconocimientos policiales, por su identidad, lo cierto es que aun teniendo partes coincidentes en el relato de los mismos hechos, contienen diferencias señalando Lucio, el reconocimiento efectuado en el acto con los agentes actuantes que también indica en juicio el agente NUM004, que las realiza, especificando que no se hicieron ni juntos ni a la vez, descartando cualquier posibilidad de acuerdo entre los mismos, señalando que escribe de igual manera, cuando dos personas le cuentan lo mismo, redactándolas poniendo lo que le dijeron, constando realizadas en distintos lugares al continuar el denunciante hospitalizado. Igualmente su compañero nº NUM005 instructor del atestado ampliatorio corrobora que el testigo identifica con el Torero, que ambos reconocen policialmente al que da la patada, determinando que es el causa la lesión grave, y que al haber sido identificado, es por lo que se detiene a Eulogio.

QUINTO.- Aunque también impugna la defensa las declaraciones de los coacusados, al indicar que Eulogio fue el único que salió corriendo detrás de Julián, o que estaba más cerca de el cuando cayó, lo cierto es que coinciden en ello, no solo aquellos, sino también con los testigos de la defensa, aunque todos indiquen que ninguno de ellos vio como o porque caía, y pese a cuestionar que solicitaron declarar nuevamente, tras el reconocimiento en rueda de aquel, para afirmarlo, apuntando a una confabulación exculpatoria de aquellos contra el mismo, lo cierto es que desde la primera declaración, Patricio dijo que Eulogio era el que más cerca estaba de Julián al caer. Se plantean en el recurso hipótesis que no habían sido sostenidas por el recurrente, como que los otros acusados le hubieran empujado desestabilizándole cayéndose más adelante, o que al salir corriendo en estado ebrio perdiera el equilibrio y se cayera, siendo golpeado por el grupo pudiendo causarle alguno la lesión del tobillo, o que la caída fuera fortuita, sin justificacion probatoria.

En relación a la embriaguez que se le imputa a la víctima, no queda acreditada cuando su acompañante también afirma que no bebieron mucho, y aunque en el informe hospitario, refiere toma de alcohol durante la noche, datando la ultima toma sobre las 5:00, puesto que tampoco se consigna ningún estado de intoxicación etílica, que suele reflejarse, sino que por el contrario señala que se explica la necesidad de cirugía para el tratamiento definitivo, así como probable de necesidad de fijación externa durante lo guardia, señalando que lo entender y firma el consentimiento informado, no pudiendo extraerse de ello la intensidad de influencia alcohólica que se pretende, a pesar de que el agente NUM006, alude a posibles síntomas de ingesta de alcohol, porque no notaba mucho dolor en el tobillo como lo tenia, parecer que no puede prevalecer frente a las menciones medicas indicadas, estando la lesión aun en caliente. Por otra parte que la forense indique que la fractura del tobillo era compatible con patada o zancadilla, y también con caída y mecanismo de torsión fuerte del tobillo, señalando también que es una fractura grave, en nada obsta la condena cuando las declaraciones prestadas por la victima y su acompañante, identifican desde el primer momento, y con total persistencia la patada que recibe en el tobillo por detrás derribándole, especificando el concreto mecanismo lesivo y la persona que asesta la patada al mismo, lo que tampoco variaría por ingesta alcohólica. Constituyen aquellas junto con el informe forense ratificado, pruebas directas que revisten entidad suficiente y bastante para enervar la presunción de inocencia del recurrente, sin suscitarse dudas al respecto, no siendo por ello aplicable el principio in dubio que solamente entra en juego cuando se producen aquellas, lo que no sucede en este caso.

La valoración probatoria de la Magistrada es razonable, lógica y coherente con esas pruebas, estando debidamente razonadas, resultando el acervo probatorio, completo, contundente y suficiente, para enervar la presunción de inocencia del recurrente, y justificativo de su condena, no apreciándose error alguno, al no extraerse ningún juicio ilógico, arbitrario, irracional, ni conclusiones absurdas, carente de razón o de sentido ni alejada de los criterios ordinarios de valoración o de interpretación de las fuentes de prueba y de sus contenidos con arreglo a la experiencia cotidiana y a la experiencia forense, habiéndose verificado dicha valoración, conforme a las reglas de la sana crítica y a las máxima de la normal experiencia, debiendo concluirse que la convicción alcanzada, de la autoria y la tipificacion efectuada, es lógica y racional, siendo compartida por la Sala, por lo qyue el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 901 de la misma Ley, en criterio conforme establecido por todas las Secciones de esta Audiencia Provincial de Cantabria tras el Pleno de Magistrados de fecha 3-4-1998, habrán de ser impuestas al apelante, no procediendo su imposición a la acusación particular pese a la desestimación al no apreciar, temeridad o mala fe justificativa al efecto.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey,