Sentencia Penal 134/2025 Audiencia Provincial Penal de Zaragoza nº 1, Rec. 788/2023 de 07 de abril del 2025

PRIMERO.-La plena convicción del tribunal en orden al acaecimiento de los hechos en la forma en que han sido narrados en el antecedente fáctico se funda en la apreciación en conciencia, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia de las pruebas practicadas, entre las que destacamos las siguientes:

Las declaraciones de los acusados;ambos explicaron la función que desempeñaban en la gestión de "EXCLUSIVAS CAKE S.A.U", siendo su único socio y administrador Cristobal y el apoderado también único Romeo; los dos conocedores de las compras y ventas que se llevaban a cabo, así como de sus términos y condiciones y, más en concreto, de su relación comercial con "GALLETAS ASINEZ S.A"

El testimonio del testigo Jeronimo, administrador de "INDI CAPITAL TEAM S.L" y, siendo ésta la administradora societaria de "GALLETAS ASINEZ S.A", en situación de concurso, de ésta última también; testimonio prestado en relación con la exigencia del libramiento de pagarés a los acusados a fin de asegurar el pago de unos pedidos de características inusuales por su elevado importe. Testimonio corroborado por el que prestó el testigo Jose María que prestaba sus servicios en el departamento de contabilidad de dicha mercantil.

La declaración de Anton, comercial de "GALLETAS ASINEZ S.A" desde septiembre de 2021, afirmando que algunos clientes le hicieron llegar documentación en la que se hacía constar que "EXCLUSIVAS CAKE S.A.U" estaba revendiendo la mercancía adquirida a dicha mercantil a precio inferior al fijado por ella para su comercialización. Hechos éstos a los que se refirió también el testigo Sr. Jose María en la declaración prestada en la vista oral.

La prueba documentalque se concreta en los albaranes y facturas correspondientes a los pedidos hechos por "EXCLUSIVAS CAKE S.A.U" entre julio y agosto de 2021 así como en los pagarés librados por esta mercantil y que resultaron impagados a su vencimiento.

SEGUNDO.-Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.5ª del Código Penal que, según consolidada jurisprudencia, precisa de la concurrencia de los siguientes elementos:

1º) Un engaño precedente o concurrenteque constituye el elemento nuclear y sustancial del delito de estafa, fruto del ardid o de la maquinación de quien desea obtener un beneficio ilícito sobre el patrimonio ajeno. Engaño que tiene que ser precedente, bastante y causante. Es decir, que se exige un engaño como factor antecedente y causal del desplazamiento patrimonial por parte del sujeto pasivo de la acción, en perjuicio del mismo o de un tercero, desplazamiento que no se habría producido de resultar conocida la naturaleza real del negocio. Sobre este punto se pronunció el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 declarando que la ideación defraudatoria que integra el delito de estafa puede surgir durante los avatares correspondientes a una relación jurídica duradera o de tracto sucesivo, con prestaciones sucesivas.

2º) Provocación de un error esencial en el sujeto pasivo,desconocedor o con un conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. Para valorar este extremo, la doctrina jurisprudencial suele referirse a un doble examen: el primero, desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada; y el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre de la necesaria exigencia de autodefensa; es decir, que siempre se exigirá en este punto una cierta objetivación de la que resulta la exigencia de seriedad y entidad como características de la conducta engañosa.

3º) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el disponente,es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado. Lo decisivo es que el sujeto pasivo lleve a cabo una disposición que le genere una disminución patrimonial no querida.

4º) Ánimo de lucrocomo elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 CP entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

5) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado,ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el "dolo subsequens",es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como consecuencia del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio de la víctima, secundado de la correspondiente voluntad dispositiva.

Los citados elementos concurren claramente en la conducta de los acusados quienes, de común acuerdo, Cristobal como único socio de la mercantil "EXCLUSIVAS CAKE S.L.U" y Romeo, como apoderado de aquél, adquirieron a "GALLETAS ASINEZ S.A" varios lotes de galletas de diferentes clases por importe de 56.149,83 euros, sin intención real de satisfacer su importe, pese a crear una apariencia de solvencia mediante el libramiento de quince pagarés, lucrándose con el valor de dicha mercancía, tanto si la vendieron a terceros comerciantes, como si la comercializaron personalmente, enriqueciéndose con los beneficios. El importe de la defraudación, superando los 50.000 euros, integra el tipo contemplado en el artículo 250. 1.5ª del Código Penal

La falta de pago al vencimiento de los pagarés fue justificada por los acusados de forma muy sencilla generando así una trama engañosa con el único fin de sustentar su verdadera intención que no era otra que la de apropiarse de una mercancía sin contraprestación alguna. Explicaron que la que les fue servida no era apta para el consumo humano por contener un porcentaje excesivo de "Bórax". Hecho éste del que habrían tenido conocimiento a raíz de la queja que una cliente llamada " Florian" desde Marruecos les hizo llegar; quien, además, en septiembre de 2021 les habría devuelto la remesa remitida por ellos. Seguidamente comunicaron a "GALLETAS ASINEZ S.A", mediante burofax de 9 de septiembre de 2021, la presencia de dicho producto químico en las galletas; afirmaron también que por dicha razón destruyeron inmediatamente la mercancía, no sin antes formular las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes.

Sin embargo, tales afirmaciones carecían en septiembre de 2021 de cualquier soporte personal o documental que permitiera tomarlas en consideración; es más, consta en la documentación aportada por la defensa que los análisis que llevó a cabo "GLOBALG.A.P" comenzaron el día 2 de noviembre de 2021 tras recibir el material objeto de investigación el día 29 de octubre del mismo año. Es decir, cuando la abogada de aquellos suscribió el burofax remitido a "GALLETAS ASINEZ S.A" el 9 de septiembre de 2021, las "galletas contaminadas"estaban en poder de los acusados que, además, no disponían de informe químico alguno que sustentara la queja expresada en dicha comunicación postal. (Índice Avantius nº 48 PA 2841/2021)

En la vista oral, fueron reiteradas aquellas manifestaciones pero no se pudo acreditar ninguno de los siguientes extremos:

a) La presencia en los lotes de galletas adquiridos a "GALLETAS ASINEZ S.A" en julio y agosto de 2021 de sustancias nocivas para la salud;sin que al efecto tengan relevancia los documentos aportados en tanto que la empresa "GLOBALG.A.P" certificó en fecha 2 de noviembre de 2021 la presencia de ácido bórico en determinados productos para cuyo análisis fue requerida; sin embargo, no existe dato objetivo alguno que permita asegurar que el material analizado formara parte de los lotes suministrados a los acusados por la mercantil comercializadora de las galletas.

b) La destrucción de las partidasrecibidas y no pagadas, supuestamente contaminadas por la presencia de ácido bórico, siendo ésta una mera afirmación de los acusados sin soporte documental alguno.

c) La interposición de querellas o denuncias contra "GALLETAS ASINEZ S.A"por la alegada distribución de mercancía no apta para el consumo humano, es decir, que pese a lo afirmado por los acusados, no pusieron tales hechos en conocimiento de ninguna autoridad, ni judicial, ni administrativa.

Lo que sí ha quedado demostrado de forma palmariaes el libramiento de quince pagarés, entre el 22 julio de 2021 y el 27 de agosto de 2021 cuyo importe nunca fue abonado.

Los acusados, además de no ofrecer explicación racional alguna acerca del destino de las galletas adquiridas a la distribuidora querellante, manifestaron en la vista oral que el pago del precio consignado en los pagarés lo iban a hacer conforme vendieran el producto a terceros y recibieran el precio correspondiente porque, efectivamente, carecían de fondos para hacerlo de forma inmediata. La razón de ser del libramiento de aquellos fue debidamente aclarada por el administrador actual de "GALLETAS ASINEZ S.A" según el cual, visto el desacostumbrado y elevado importe de los pedidos, quería asegurar debidamente el pago de la mercancíay así optó por exigir a "EXCLUSIVAS CAKE S.A.U" una garantía de pago "al contado"que consistió en el libramiento de dichos pagarés, ignorando que los acusados carecían de fondos para abonar el precio y, por supuesto, desconociendo el plan que ellos manifestaron tener al respecto, generar fondos con la previa venta de las galletas suministradas por la querellante, afirmación ésta nunca contrastada. El paso siguiente del "iter criminis"fue no abonar el importe de los pagarés a su vencimiento aduciendo que la mercancía no era apta para el consumo humano; pese a lo cual, como ya se ha dicho, no procedieron a su devolución inmediata como hubiera sido razonable, sino que dispusieron de ella libremente con el consiguiente beneficio económico.

En definitiva, cuando "EXCLUSIVAS CAKE S.A.U" dirigió el 9 de septiembre de 2021 un burofax en el que se comunicaba a "GALLETAS ASINEZ S.A" que no iban a abonar los pedidos recibidos tras advertir la presencia de sustancias químicas peligrosas en las galletas que contenían, pese a que, como ya se ha indicado, el laboratorio de "GOLBALG.A.P" finalizó los análisis el 2 de noviembre de 2021, salió a la luz el plan preconcebidopor ambos acusados; a saber; adquirir una cantidad inusual y elevada de mercancíaa "GALLETAS ASINEZ S.A" para luego venderla a terceros a un precio inferior,a sabiendas de que, como el pago de aquella nunca se llevaría a cabo, el producto de la venta siempre les supondría beneficios, razón ésta por la que, pese a manifestar la imposibilidad de poner a la venta la mercancía adquirida al no ser apta para el consumo humano, nunca procedieron a su devolución, sino que la conservaron y dispusieron de ella como si fuera propia.

De todo lo expuesto se desprende que estamos en presencia de un negocio jurídico criminalizadoque la doctrina jurisprudencial viene considerando como aquella modalidad de defraudación en la que el contrato se erige en instrumento de ocultación, fingimiento y fraude. Se trata siempre de un negocio o contrato enmarcado en el orden jurídico privado, civil o mercantil, dotado en apariencia de cuantos elementos son precisos para su lícita existencia, si bien, la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define y conforma la existencia del tipo penal de la estafa. Y no puede acogerse la pretensión de la defensa en el sentido de considerar el supuesto de hecho que nos ocupa como un simple incumplimiento contractualque debería enjuiciarse en el orden jurisdiccional civil. Porque, como se ha visto, la estafa puede cometerse a través del otorgamiento de un negocio o contrato ordinario de forma que sólo las circunstancias posteriores relativas a su incumplimiento revelan que hubo un engaño previo que provocó el error en quien, en su perjuicio, realizó el acto de disposición; en este caso el suministro de galletas por un importe superior a 50.000 euros. En estos casos no puede hablarse de un mero incumplimiento de contrato, sino de la comisión de un delito de estafa contemplado en los artículos 248.1 y 250.1.5ª del Código Penal.

Los ahora acusados ocultaron su verdadera intención,a saber, no pagar el precio de los productos suministrados por "GALLETAS ASINEZ S.A" y, además, disfrazaron también cuál era su situación económica real;es decir, aunque carecían de fondos para hacer frente al pago de las mercancías suministradas por dicha empresa, simularon solvencia mediante el libramiento de los pagarésa los que ya se ha hecho referencia. A sabiendas, no cabe ninguna duda, de que, sin la firma de dichos efectos, la venta no se llevaría a cabo y nunca recibirian la mercancía objeto del encargo; especialmente, teniendo en cuenta que su trayectoria como clientes de aquella mercantil podía calificarse de muy modesta y era preciso que, para hacerse con un pedido del volumen descrito, exhibieran ante ella cierta solidez económica.

TERCERO.-En definitiva, en los hechos enjuiciados concurren todos los elementos típicos del delito de estafa;

a) engaño bastanteconsistente en aparentar una solvencia inexistente mediante el libramiento de pagarés y aducir más adelante una supuesta deficiencia en la mercancía como justificación del impago.

b) provocación de un desplazamiento patrimonialcomo lo es el suministro de la mercancía en la creencia de que llegado el vencimiento de aquellos su importe sería abonado, valorándose aquel en 56.149,83 euros.

c) obtención de un claro beneficio económicoal disponer de aquella sin hacer efectivo su pago, con la posibilidad de comerciar los productos suministrados a un precio inferior y sin competencia.

d) una evidente relación de causalidadentre el fingimiento de la solvencia y la plena disposición de la mercancía recibida bajo la falacia de no ser apta para el consumo humano.

Del expresado delito son criminalmente responsables en concepto de autor los acusados Cristobal, como único socio y administrador de "EXCLUSIVAS CAKE S.L.U" y Romeo, apoderado y encargado de la gestión de las compras y ventas, habiendo actuado ambos de mutuo acuerdo y con perfecto conocimiento del plan urdido para enriquecerse ilícitamente en perjuicio de "GALLETAS ASINEZ S.A", ejecutando material y directamente y de consuno los hechos que constituyen el tipo delictivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO.-No concurren ni son de apreciar en los hechos de autos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La acusación particular consideró que concurría la agravante de abuso de confianza contemplada en el artículo 22. 6ª del Código Penal. Sin embargo, la Sala entiende que no es de aplicación dicha circunstancia en el caso que nos ocupa al no haberse acreditado que los acusados hubieran actuado quebrantando la lealtad propia de una relación de confianza y, a su vez, faltando a los deberes de fidelidad que les serían exigibles. La relación comercial preexistente entre las partes carece de dicha naturaleza y, prueba de ello, es que el administrador de la mercantil querellante, no dispensó a los acusados de garantizar o asegurar el pago de las mercancías cuya compra pretendían; por el contrario, condicionó su suministro al libramiento de pagarés que debían ser atendidos al contado. Ello prueba la inexistencia de una relación de confianza que en ningún caso puede presumirse, sino que es preciso analizar en cada caso su concurrencia en relación con la naturaleza del vínculo existente entre las partes que en el presente supuesto de hecho era meramente comercial.

QUINTO.-Atendiendo al marco punitivo de los artículos 248 y 250.1.5º del Código Penal (prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses), no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, vistas las circunstancias de los hechos y de los acusados, especialmente atendiendo a que la suma defraudada no se aleja en exceso de la cantidad de 50.000 euros que aquel precepto legal califica como límite o cuantía inferior de la estafa agravada, desconociéndose la situación patrimonial de aquellos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.6ª de dicho texto legal, se considera como razonable y proporcionada la pena a imponer, a cada uno de ellos, de UN AÑO y SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio durante el tiempo de la condena y multa de SIETE MESES con cuota diaria de SEIS EUROS, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago o insolvencia.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del Código Penal los declarados responsables penalmente de un delito lo son también civilmente, por lo que Cristobal y Romeo deberán indemnizar conjunta y solidariamente, con la responsabilidad civil subsidiaria de "EXCLUSIVAS CAKE S.L.U", a "GALLETAS ASINEZ S.A" en la suma defraudada, es decir, en 56.149,83 euros más el interés legal correspondiente.

SEPTIMO.-Las costas procesales se imponen por ley a los criminalmente responsables de todo delito incluidas las causadas por la acusación particular. Sobre este extremo se ha pronunciado la STS 76/2014, de 12 de febrero de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señalando que la exclusión de las costas de la acusación y parte perjudicada por el delito, sólo procederá cuando su actuación haya sido notoriamente inútil o superflua. Por el contrario, en el presente caso, la acusación sostuvo pretensiones coincidentes con las del Ministerio Fiscal y aceptadas en esta sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación