Sentencia Penal 6/2024 Audiencia Provincial Penal de Bizkaia nº 1, Rec. 899/2023 de 09 de enero del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada el día 10 de mayo de 2023 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Bilbao se formula varios recursos de apelación.

En primer lugar, recurre Maximino dado que no está de acuerdo con que se haya absuelto al Sr. Juan y al Sr. Teodosio de los delitos por los que se les acusaba. Considera que la sentencia es irracional e arbitraria en la interpretación de la prueba practicada, que la única razón por la que no se estimó la demanda formulada por los Sres. Teodosio es que no se presentaron a juicio y no es cierto que el recurrente estuviera al tanto de esta manera de proceder. Afirma que no es cierto que el letrado le advirtiera de que sin abonar las cuotas su pretensión no podía prosperar. El apelante solicita sobre estos argumentos que se estime el recurso y que esta Audiencia Provincial dicte sentencia por la que se condene a ambos acusados por un delito de estafa o subsidiariamente por un delito continuado de deslealtad profesional por imprudencia grave y a la indemnización correspondiente.

En segundo lugar, se alza contra la sentencia el Sr Maximiliano, que considera que la resolución incurre en un error en la apreciación de la prueba y considera que las pruebas del juicio oral, con la declaración del propio denunciante y la documental que aporta, acreditan el engaño sufrido por esta persona. Considera que se debe condenar en esta segunda instancia a ambos acusados, Juan y Teodosio, como autores de un delito de estafa y de un delito continuado de deslealtad profesional con la indemnización correspondiente.

Por último, recurren la sentencia tanto Juan como Teodosio. El primero considera que concurre error en la apreciación de las pruebas y analiza cada caso por el que ha sido condenado:

- En el caso de Lucía entiende que se ha tenido en cuenta lo que decía la denunciante, sin valorar el sesgo del enfado por no haber ganado el pleito y que pertenece a una asociación de supuestos afectados por los letrados. Señala, además, que la reclamación superaba los 120.000 euros y por ello la factura que se le giró no es en absoluto excesiva. Que dicha factura la expide en todo caso Teodosio y no Juan. Y que hipotéticamente sería sancionable colegialmente pero no por la vía penal. Señala, además, que se le condena por haber presentado un recurso contencioso administrativo ante un órgano incompetente, lo que es discutible y no supondría en ningún caso una imprudencia grave. Que se siguió un solo procedimiento puesto que el TSJ lo remitió al Juzgado de lo contencioso. Que no hubo mala praxis puesto que la cuestión de la prescripción de la acción estuvo en todo momento formando parte de la discusión jurídica de la demanda interpuesta, que no hubo descuido ni deslealtad por ello. Alega, finalmente, que el hecho estaría prescrito penalmente, puesto que ocurrió en 2007.

- En el caso de Zaida, alega igualmente que no es cierto que no se le informara del coste del proceso, que se ha tenido en cuenta lo que decía la denunciante, sin valorar el sesgo del enfado por no haber ganado el pleito y que pertenece a una asociación de supuestos afectados por los letrados.

- En el caso de Diego considera que se ha valorado la denuncia del interesado no ratificada en el acto del juicio, siendo además un hecho acreditado que no pagó la diferencia que se le reclamaba, por lo que no puede haber delito. Que no pueden sancionarse penalmente conductas de controversia sobre la liquidación definitiva de honorarios del letrado.

- En el caso de Sandra, alega igualmente que no pueden sancionarse penalmente conductas de controversia sobre la liquidación definitiva de honorarios del letrado. Y que la minuta girada es absolutamente ajustada a los honorarios del Consejo Vasco de la Abogacía. Que se tiene en cuenta solo la declaración de la denunciante y se construye una suerte de "causa general" al tomar como referencia otro de los casos analizados en la sentencia.

- En el caso de Salvadora y Luis Andrés, sostiene que no hubo falta de información sobre el coste, que siempre se les dijo que los 3000 euros eran para la fase administrativa, no para la judicial, que no llegaron a pagar ninguna cantidad más y los letrados no les reclamaron nada. Que todas las denuncias son similares y están orientadas por la asociación de afectados, creada para desacreditar a los letrados acusados.

El recurrente Juan solicita que se impongan las costas procesales a las dos acusaciones cuyas pretensiones han sido desestimadas en la sentencia recurrida, dado que sus acusaciones eran absolutamente infundadas.

Teodosio considera que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba en dos aspectos: 1) en cuanto a la presentación de la demanda en un tribunal incompetente, puesto que esto no supuso ningún perjuicio para el cliente (salvo algún gasto de procurador) pues el procedimiento se siguió después en el juzgado correspondiente desde el momento procesal en el que se declaró la incompetencia. Que en todo caso sería un error, pero no sancionable penalmente; y 2) en cuanto a la fundamentación de la demanda en una falta de consentimiento informado, que sí constaba en la documentación administrativa, considera que es una cuestión jurídica que debe respetarse, pues es perfectamente defendible hacer ese planteamiento jurídico.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida por entender que se ajusta a derecho y al resultado de la prueba practicada.

SEGUNDO.-Pues bien, comenzaremos analizando los dos recursos formulados por el Sr. Maximino y el Sr. Maximiliano, porque ambos coinciden en un planteamiento incorrecto (que ya pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación) y que obliga a este tribunal a no atender a sus peticiones.

Solicitan ambos que este tribunal entienda que se ha cometido un error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia y que consideremos que la sentencia no atiende a las manifestaciones que ambos han realizado en el proceso y a la documental que aportaron. Solicitan que condenemos a ambos acusados en esta sede de apelación.

Conviene recordar cuál es el margen de actuación que tiene este tribunal ante la petición que se nos realiza. El art. 792,2º en relación con el art. 790,2º de la LECrim permite la declaración de nulidad de las sentencias absolutorias cuando concurra en ellas insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, o apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Lo que no permite la norma procesal es que revoquemos la sentencia dictada en la instancia y que condenemos en esta sede de apelación, como se solicita,pues expresamente lo indica así el art. 792 LECrim. Sólo podemos apreciar, en su caso, la falta de racionalidad sobre alguno de los elementos expuesto y declarar la nulidad de la sentencia. Sólo por esta razón los dos recursos no pueden prosperar.

Pero, además, diremos con la STS de 6 de junio de 2017 ( ROJ: STS 2269/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2269) que "la supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés.Y tampoco se pueden aplicar para la valoración de la supuesta arbitrariedad en sentencias absolutorias los mismos parámetros que en las condenatorias, porque eso significaría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia probatoria, en sentido objetivo, como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable."

Aclararemos que esta Sala no aprecia irracionalidad cuando leemos la sentencia, pues la misma es extensa, detallada, bien fundamentada en ambos casos recurridos y basada en la insuficiencia de pruebas ante la existencia de versiones contradictorias, lo que no puede considerarse en absoluto irracional sino precisamente fruto de la aplicación de los principios propios del proceso penal. Y, además, tal falta de racionalidad sólo ha sido alegada, que no desarrollada, por uno de los recurrentes, pero básicamente ambos se limitan a pedir que valoremos de nuevo la prueba y dictemos una sentencia condenatoria sobre la base de sus respectivas declaraciones y pruebas lo que, como hemos dicho, no puede ser el objeto del recurso en el caso de sentencias absolutorias y nos está absolutamente vedado, razón por la que procede la confirmación de la resolución recurrida en ambos casos y la desestimación de los dos recursos.

TERCERO.-Entrando ya en el recurso de los Sres. Teodosio, diremos que hemos entendido los dos recursos formulados por el encausado Juan (de manera incomprensible y claramente irregular, a juicio de esta Sala) como un solo documento de impugnación y abordaremos las cuestiones que plantea en ambos escritos (de manera repetida en alguna de las alegaciones, lo que es lógico ante la absurda situación procesal creada).

Conviene hacer algunas consideraciones generales para abordar sus alegaciones:

No se considera que la juez de instancia incurra en error en la valoración de la prueba por atender a las manifestaciones de los denunciantes, pues en todos los casos va analizando su credibilidad, que entiende reforzada por diversos aspectos derivados de la prueba practicada y supera así, en su argumentación, la situación de contradicción de versiones que sí aprecia en otros casos, en los que dicta un pronunciamiento absolutorio.

El hecho de que todos los denunciantes hayan visto rechazadas sus pretensiones (en los diversos procesos a los que hacen referencia en sus denuncias) por la actuación de los letrados, no les resta credibilidad en este proceso. Puede citarse a este respecto la STS de 18 de enero de 2023 ( ROJ: STS 152/2023 - ECLI:ES:TS:2023:152 ) que nos recuerda que "como ha señalado reiteradamente esta Sala (STS 609/2013, de 10 de julio , y núm. 553/2014, de 30 de junio ,entre otras), el deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo no puede calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración de la víctima." Sobre esta base, debemos descartar la alegación que recoge el recurrente Juan en su recurso sobre la falta de credibilidad de los diversos denunciantes por haber visto rechazadas sus pretensiones y por pertenecer, o haberlo hecho, a una asociación para proteger sus intereses, pues ello perjudicaría la actuación procesal de cualquier víctima de un delito o actuación antijurídica, lo que no es razonable desde nuestro punto de vista, ni se ajusta a lo sostenido en la jurisprudencia mencionada.

En cuanto al delito de deslealtad y sus contornos jurídicos, mencionaremos alguna resolución del Alto Tribunal, que a diferencia de lo que sostiene el recurrente, sí se ha pronunciado sobre este delito en no pocas ocasiones.

Nos recuerda la STS de 10 de mayo de 2023 ( ROJ: STS 1887/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1887) que "el artículo 467.2 del Código Penal sanciona al abogado que, por acción u omisión y por imprudencia grave, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados."

Es de interés resaltar lo que matiza a continuación: "En efecto, una interpretación que conduzca a criminalizar todo acto de deslealtad profesional -esa es la referencia que proporciona el enunciado del capítulo VII del título XX del libro II del CP- conduce a la desmesura en la interpretación del art. 467.2 del CP .La idea de que la deslealtad en el ejercicio de la Abogacía puede implicar, sin más, la exigencia de responsabilidad penal no se concilia con la necesidad de reservar un espacio aplicativo al régimen sancionador previsto en el Estatuto General de la Abogacía por Decreto 135/2021, 2 de marzo, en sus arts. 124 a 126".

Así pues, no cualquier clase de omisión de los deberes objetivos y subjetivos de cuidado que pudiera identificarse en la conducta del acusado determinaría la responsabilidad penal de éste a título de imprudencia grave. Sería indispensable para ello justificar que dicha actuación e infracción de deberes presenta una entidad relevante, significativa, superior a la no grave (o leve), justificadora de la intervención del ordenamiento penal,por reputarse insuficiente la que el propiamente corporativo (en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria) o civil (en el marco del derecho de reparación) ofrecen."

Cabe destacar que en el caso que analiza la sentencia que estamos citando no considera que haya delito, entre otras razones porque, en cuanto a la eventual imposición de costas, se advirtió por su abogado expresamente de esta eventualidad a su cliente, asumiendo el interesado esta circunstancia y dando su conformidad a dicha estrategia.Lo explica así: "Y, en el caso, lo cierto es que la propia decisión de quien ahora recurre, asumiendo el riesgo de que le fueran impuestas las costas procesales de seguirse la estrategia diseñada por su Letrado, a cambio de los beneficios que con ella procuraba obtener: una respuesta más ágil a sus pretensiones, expulsa el posterior retraso en la presentación del escrito desistiendo del primer procedimiento, en los términos que han sido ya expuestos, del ámbito propio de la imprudencia grave."

En términos similares (en cuanto a la aplicación del principio de intervención mínima propio del Derecho Penal) se expresa también la STS, Penal sección 1 del 19 de diciembre de 2022 ( ROJ: STS 4845/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4845), que introduce además una matización interesante para la resolución del supuesto que nos ocupa:

"para que la deslealtad que origina ese perjuicio alcance significado penal será indispensable una visible proximidad al proceso jurisdiccional, de suerte que la actuación profesional del Abogado, aun cuando no se haya desarrollado en el procesolo sea para el proceso. Es la proximidad a ese espacio de jurisdiccionalidad en el que los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías -cuya defensa instrumental ostenta el profesional de la Abogacía- se manifiestan en su plenitud.

Esta forma de definir el ámbito del injusto comprendido en el art. 467.2 del CP hace entendible, por ejemplo, que los perjuicios derivados de la tardía y extemporánea redacción de una demanda o las consecuencias procesales asociadas a la prescripción originada por el indolente paso del tiempo que impide el acceso a la jurisdicción o la ejecución de lo resuelto, puedan tener, como regla general, pleno encaje en aquel precepto."

Finalmente nos parece interesante mencionar la STS de 1 de diciembre de 2020 ( ROJ:STS 3999/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3999 ),en la que "La Audiencia argumenta que el perjuicio es manifiesto al haberse apropiado de las cantidades recibidas "omitiendo la elaboración y presentación de informes periciales en el procedimiento seguido en vía contencioso administrativa". En otras palabras, el perjuicio se vincula a la inexistencia de informes periciales médicos para su aportación al recurso contencioso administrativo, para los cuales había recibido una cantidad de dinero.

En esta línea se razona en la sentencia impugnada cuando, además de argumentar que el recurrente creó en su cliente " unas expectativas que se vieron desmoronadascuando se percató al final del procedimiento de que le había estado mintiendo", se razona que la conducta del recurrente determinó que se perdiera " la oportunidad de presentar el informe pericial sobre el nexo causal entre el contagio de la hepatitis y el fallecimiento de su marido, y una resolución de fondo a la vista del mismo"."

Lo que tratamos de mostrar con estas resoluciones es que, si bien el TS nos delimita penalmente las conductas y las reduce a las más graves, en todas las analizadas estamos ante supuestos en que se defrauda la confianza del cliente, la lealtad que la relación abogado-cliente exige, o se defraudan sus expectativas por no informarle de una concreta actuación procesal, o (a sensu contrario, pues en el caso analizado por el TS sí se le informó) no se le informa de la posible condena en costas derivada de un proceso iniciado.

Y es precisamente esta quiebra de la relación de confianza que debe llevar consigo la relación entre cualquier persona y su abogado lo que entendemos que ha ocurrido en este caso, compartiendo este tribunal lo que indica la juez de instancia en los diversos casos que analiza y por los que el recurrente D. Juan ha sido condenado.

Y entiende este tribunal, como lo ha hecho la juez de instancia, que en esa relación de confianza el cliente debe estar informado, entre otros extremos, de la estrategia que el letrado vaya a desarrollar, de los elementos esenciales o más problemáticos que pueden plantearse, de la posible duración del proceso en función de la estrategia jurídica que se le propone, de las posibilidades de prosperar que tiene la misma y, desde luego, de los costes que para el cliente va a suponer la actuación que el letrado le propone.

Como veremos en el análisis de cada caso, nos encontramos en muchos de los supuestos objeto de condena ante una falta de información de algunos de estos extremos y en particular del coste del proceso, y no podemos compartir con el letrado recurrente que esta circunstancia sea menor y que pueda ser cubierta dentro del ámbito sancionador colegial. Consideramos, por el contrario, que es grave el no informar sobre el coste del proceso, o más exactamente, no considerar que este dato era relevante y no concretar cantidades, siendo luego cuando se factura en función de cuestiones que al cliente no se le han comunicado previamente. Esto causa un perjuicio claro a los intereses del cliente (precisamente por la quiebra de la confianza y de la lealtad profesional debida) aunque las cantidades no lleguen a pagarse íntegramente o aunque no sean excesivas (frente a la cantidad que pretendían obtener con la acción entablada).

En opinión de este tribunal, en toda relación entre abogado y cliente, éste debe conocer los términos concretos de la relación y uno de ellos y muy importante es el coste aproximado del proceso. No debe haber sorpresas, salvo las que no puedan controlarse por el letrado. Ninguno de los casos que ha analizado la juez de instancia y que fundamentan su condena responde a esta circunstancia y, por el contrario, los costes eran perfectamente determinables. Lo que apreciamos es que la actuación de los dos recurrentes en esta cuestión era descuidada: hablaban a los clientes de unas cantidades a abonar y luego les reclamaban otras. Sin dar ninguna importancia, según parece, a este dato esencial.

Así ocurre en el caso de Lucía, a la que se le hizo creer que el coste de la actuación de los letrados sería 2.000 euros y el 10% de la indemnización que consiguieran para ella, cuando a los seis meses se le comunica que esta cantidad de 2.000 euros era solo por la reclamación administrativa, y finalmente se le gira una factura por 9.368 euros. Damos por cierta esta versión remitiéndonos a la mayor credibilidad que otorga la juez de instancia a las manifestaciones de la denunciante, pues suscribimos expresamente las consideraciones que realiza en este aspecto. Siendo esto así, no se trata de que la actuación de los letrados justifique esa factura final o que se trate de importes razonables según la información del Colegio de la Abogacía. Se trata de la falta de información a la interesada al inicio de la relación, y de la falta de claridad en cuanto a este elemento esencial, que según parece se convierte para los letrados en algo secundario que pueden ir variando a su antojo.

En el caso de Lucía debe añadirse que desde el primero de los contactos entre aquella y los letrados la Sra. Lucía planteaba la cuestión de la posible prescripción de su acción, a lo que le dijeron que no había plazo y que la acción no estaba prescrita, siendo así que fue éste precisamente el motivo por el que después se desestimó su reclamación en todas las instancias. Compartimos con la juez de instancia que no se trata de que ellos presentaran una demanda carente de fundamento o temeraria, sino de que estamos de nuevo ante una actuación descuidada en cuanto a la información a la cliente sobre la prosperabilidad de la pretensión (en este caso por la evidente prescripción de la acción).

Añadiremos, de acuerdo con lo que indica el Ministerio Fiscal, que no puede atenderse a la alegación de prescripción del delito al que se refiere el recurrente en este caso de la Sra. Lucía, pues estamos ante una acusación por un delito continuado de deslealtad profesional y en tal caso la prescripción debe comenzar a contarse desde el último de los hechos cometidos, que es muy posterior a este que analizamos.

En el caso de Zaida, la sentencia se centra igualmente en la falta de información sobre los costes del proceso y compartimos, también en este caso, las consideraciones que la juez realiza para entender que la versión de la denunciante sobre la falta de información del coste del proceso (y en particular sobre la posibilidad de ser condenada en costas, como así ocurrió en el proceso civil entablado) tiene credibilidad. Siendo esto así, nos remitimos a lo dicho arriba sobre la gravedad de no informar a un cliente de los costes posibles de un proceso, para poder tomar una decisión sobre el encargo acorde con sus propios intereses.

En el caso de Diego, estamos ante el mismo caso de información descuidada e inexacta sobre los costes reales del proceso que, tras una solicitud inicial de menos de 4.000 euros, se convirtió finalmente en una factura de 8.470 euros. Nos remitimos a lo ya dicho sobre la gravedad de esta conducta en la relación abogado-cliente. Y ello con independencia de que de esta factura no se abonara en su totalidad, cuestión que no impide la comisión del delito por la deslealtad (por imprudencia grave) ya comentada.

En el caso de Sandra, los argumentos son idénticos, pues la situación es semejante: le instan a realizar una provisión de fondos de 1.950 euros y le indican que con ello se cubre el coste (salvo que consigan la estimación de la demanda, en cuyo caso debe abonar un tanto por ciento de la indemnización) y finalmente, una vez desestimada su pretensión, se le factura por más del doble de tal cantidad. Estamos de nuevo ante una descuidada gestión de la información que debe darse a un cliente sobre un extremo esencial del encargo. Nos remitimos a lo ya dicho sobre la credibilidad de la denunciante y a lo que contiene la sentencia sobre este extremo (no tanto al dato de que en otros casos ocurra esta misma circunstancia, como al hecho de que la denunciante fuera persistente, o a que no abonara más allá de esta cantidad que afirma, con absoluta seguridad, que le indicaron desde el principio).

Finalmente, en el caso de Salvadora y Luis Andrés, los argumentos son idénticos: les indican que la cantidad del coste del proceso será de 3.000 euros y finalmente les pasan una factura de 12.720 euros. En este caso, la credibilidad de los denunciantes se ve reforzada en este punto por un documento recibo que hacía referencia a que se abonaban las cantidades "a cuenta de los 3.000 de la liquidación final". Compartimos también estas consideraciones de la sentencia recurrida.

En cuanto al recurso formulado por el encausado Teodosio, considera que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba en dos aspectos: 1) en cuanto a la presentación de la demanda en un tribunal incompetente, puesto que esto no supuso ningún perjuicio para el cliente (salvo algún gasto de procurador) pues el procedimiento se siguió después en el juzgado correspondiente desde el momento procesal en el que se declaró la incompetencia. Que en todo caso sería un error, pero no sancionable penalmente; y 2) en cuanto a la fundamentación de la demanda en una falta de consentimiento informado, que sí constaba en la documentación administrativa, considera que es una cuestión jurídica que debe respetarse, pues es perfectamente defendible hacer ese planteamiento jurídico.

Pues bien, la primera alegación se refiere al caso de la Sra. Lucía, ya analizado, y compartimos con la juez de instancia que no se trata tanto de que la interposición ante un tribunal incompetente generase unos perjuicios económicos a la clienta, que también los tuvo por el pago de los honorarios del procurador, como de la gestión descuidada de su expediente, puesto que no se tuvo en cuenta, a pesar de que este dato constaba en la documentación del expediente administrativo, si había recaído una resolución administrativa o se había desestimado por silencio administrativo y junto a ello se tramitó ante un tribunal incompetente. Es decir, aunque luego se corrigiera la situación y aunque no se generaran unos gastos excesivos en la clienta, la actuación del letrado D. Teodosio fue indolente, descuidada, tanto en relación a la consulta efectiva de la documentación, que podía fácilmente comprobar en el expediente administrativo, como en la elección del órgano ante el que presentar la pretensión.

En cuanto a la segunda alegación, se refiere al caso de Agueda y Pablo Jesús, y de nuevo no podemos compartir lo que señala el recurrente. Es evidente que en un caso de condena por deslealtad profesional por el modo en que se aborda una pretensión jurídica, o por la información dada al cliente sobre sus dificultades o posibilidades de prosperar, lo que centra el análisis son precisamente estos extremos (y con ello también el análisis de la estrategia jurídica seguida). Y en este caso, si el recurso tras la inicial desestimación se basaba en la falta de consentimiento informado, cuando el documento de consentimiento estaba en la causa y preveía expresamente la situación médica que se produjo, resulta claro que el letrado debió conocer que tal documento (y con ese contenido preciso) constaba en la documentación y debió conocer que su pretensión no prosperaría. Y al no haberlo hecho así, al no haberlo comprobado o tenido en cuenta, mostró (como llevamos diciendo hasta ahora) una actitud de descuido o desidia que tuvo un resultado negativo para los clientes y que era perfectamente previsible y evitable.

En definitiva, ambos recursos deben ser desestimado íntegramente.

CUARTO.-Queda por abordar la cuestión planteada por el recurrente D. Juan en relación a la imposición de las costas de ambas instancias a los dos recurrentes, Sr. Maximino y Sr. Maximiliano, cuyas pretensiones han sido desestimadas, pues entiende que las acusaciones eran absolutamente infundadas.

Pues bien, esta alegación tampoco puede prosperar. Recordaremos con la STS de 10 de mayo de 2023 ( ROJ: STS 1887/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1887 ) que "El presupuesto de la temeridad o mala fe, en cuanto exige la presencia de un especial elemento subjetivo, no puede confundirse o identificarse con el carácter infundado de la pretensión en cuanto este hace referencia al contenido o aspecto objetivo de la responsabilidad del litigante vencido." Recuerda en este punto el Alto Tribunal que debe concurrir el requisito de temeridad o mala fe y dice: "Así, y a título simplemente enunciativo, adquirirán especial relevancia como "marcadores" indiciarios de una conducta procesal temeraria o de mala fe, la afirmación de hechos inciertos o falsos dirigidos a confundir al juzgador, la correlativa ocultación de hechos relevantes, la no aportación de medios de prueba de los que se disponga que pudieran favorecer a la persona contra la que se dirige la acción penal y, desde luego, el incumplimiento grave e injustificado de cargas procesales, la aportación de medios de prueba que se hayan obtenido vulnerando derechos y garantías constitucionales".

En este caso la temeridad debe descartarse por el simple examen de la causa, visto que el auto de transformación en procedimiento abreviado fue confirmado por el órgano de apelación con inclusión también de los hechos relativos a estas dos personas, y visto que el escrito de calificación del Ministerio Fiscal incluía también estas conductas con sus respectivas calificaciones como delito.

No hay razones, pues, para imponer las costas de ninguna de las dos instancias a estos dos recurrentes.

En cuanto a las costas de esta apelación respecto a los recurrentes D. Juan y D. Teodosio, igualmente se declaran de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.