Sentencia Penal 192/2025 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 1, Rec. 42/2023 de 09 de mayo del 2025

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos, en primer lugar, de un delito intentado de homicidio de los artículos 138, en relación con el 16 y 62, todos del Código Penal, del que deben responder, en concepto de autores, los procesados Juan Manuel, Crescencia y Leandro y Jon, conforme a lo que dispone el art. 28 del Código Penal. El primero de los preceptos citados prevé la posibilidad de castigar con pena de prisión de diez a quince años a quien matara a otro.

Valorando en conjunto y del modo ordenado por el art. 741 LECr las pruebas practicadas en el acto de juicio oral, la Sala obtiene razonablemente la convicción de que dicho procesado participó en los hechos que motivan tal tipificación. Se cumplen, por tanto, como resultado de la prueba practicada, todos los requisitos de los dos tipos penales imputados.

1.1Como hemos dicho, llegamos a esta convicción a partir de la prueba practicada en el acto de juicio y sometida a los principios de inmediación y contradicción. Especialmente hemos valorado la declaración de los procesados quienes, al hacer uso de su derecho a la última palabra, han reconocido la realidad de los hechos descritos por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular en sus respectivos escrito de calificaciones provisionales elevados a definitivos, cuyo contenido han dicho conocer, y al que se adhirieron sus respectivos abogados.

Tal y como hemos señalado reiteradamente en otras ocasiones, el principio de presunción de inocencia, en cuanto verdadero derecho fundamental basado en una previsión normativa de rango superior ( artículo 24.2 de la C.E.) ,vinculante para todos los poderes públicos y en particular para el judicial, ha sido objeto de una prolífica jurisprudencia que ha desarrollado su alcance y contenido, pudiendo, en síntesis, afirmarse que para desvirtuar dicha presunción iuris tantum, favorable a la no culpabilidad del reo, es necesario: a) la existencia en la causa de una mínima actividad probatoria practicada con todas las garantías de inmediación, publicidad y contradicción inherentes al proceso penal, lo que exige que la misma se produzca normalmente en el acto del juicio oral; b) que además dicha prueba, lícitamente obtenida y practicada con plenas garantías formales, sea materialmente de cargo, esto es, que ofrezca un contenido inculpatorio o incriminador, directo o indirecto, pero suficiente y adecuado para que del mismo se desprendan, previa apreciación en conciencia, la realidad de los hechos típicos y la participación del acusado en los mismos.

Tal prueba de cargo de contenido incriminador, y apreciada en conciencia por este Tribunal para fundar una convicción de culpabilidad, es aquí, como hemos dicho, la prueba de confesión de los procesados, unida a las declaraciones del propio perjudicado y de los testigos que han depuesto durante el juicio, asi como la prueba documental introducida por las partes acusadoras y no impugnada por las defensas.

Como dice la STS 27-7-2015, la confesión del acusado consiste en el expreso reconocimiento de haber ejecutado el hecho delictivo del que se le acusa. En relación a la prueba de confesión del imputado, el Tribunal Constitucional, ya declaró en la sentencia 86/95 que "la aptitud de tal declaración, una vez verificado que se prestó con respeto a las garantías de todo imputado, declarando que la validez de tal confesión y su aptitud como prueba de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia no puede hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones externas objetivas en las que se obtuvo (...)".Idéntica doctrina se reitera, entre otras, en las SSTC 81/1998, 49/1999, 8/2000, 136/2000, 2991/2000, 141/2001 y 138/2001.

Por su parte, el Tribunal Supremo, ha mantenido la misma posición, entre otras, en STS 1989/2002 o la STS 4981/2003 de 24 de abril. La confesión del acusado que, pudiendo negarse a declarar o limitarse a negar los hechos, admite paladinamente haber realizado los mismos, no puede ser desoída por el Tribunal, sin que la validez de la confesión pueda hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención, sobre todo que la haya prestado libremente, en presencia de su Abogado, siendo informado de sus derechos.

El propio Tribunal Supremo, en casación, ha manifestado que cuenta como prueba de cargo la propia confesión del recurrente efectuada en el juicio oral ( ATS 15.10.2005) y que dicha prueba es suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia por resultar lógico dotar de suficiente verosimilitud a esta declaración ( SSTS 14.4.2005 y 29.11.2007). Ahora bien, es cierto también que, en algunas ocasiones, dado que la prueba de confesión no es la reina de las pruebas, el Tribunal Supremo ha exigido la necesidad de practicar otras pruebas que corroboren la veracidad de la confesión,

El Tribunal casacional también ha tenido ocasión de señalar que cuando el acusado se conforma con los hechos, confesándolos, y aun cuando no se trate de un supuesto de estricta conformidad por impedirlo la cuantía de la pena, precluye para éste la posibilidad ulterior de negar su existencia en casación alegando su derecho a la presunción de inocencia, pues ha sido él mismo quien ha impedido tal producción de prueba, mediante su renuncia implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión.

1.2Pues bien, en el presente caso, esa confesión se ha practicado con pleno respeto a los derechos de los procesados, quienes previamente informados por sus Abogados de las consecuencias de su aceptación indubitada, en presencia de estos, y teniendo conocimiento de los derechos que le asistían como tales, y que anteriormente habían ejercitado en su primera declaración, asumieron ante este Tribunal, al hacer uso de su derecho a la última palabra, haber llevado a cabo la conducta descrita por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular en sus respectivos escrito de acusación presentados en su día, y que han sido recogidos en el relato fáctico de esta sentencia.

De esta forma, ha resultado probado que los procesados, en compañía de otras personas no enjuiciadas, con intención de causar la muerte de Raúl, le acorralaron cuando éste caminaba por la calle Pico Auñamendi, de Palma, y portando palos le acometieron y golpearon de forma indiscriminada, momento en el que uno de los integrantes del grupo que no ha sido identificado, golpeó a Raúl con una piedra de grandes dimensiones que hizo que cayera al suelo, momento en el que los procesados y los demás acompañantes siguieron golpeando a Raúl mientras todos ellos gritaban "matadlo, matadlo".

Pero es que, además, ese reconocimiento de hechos viene avalado por otras pruebas practicadas en el plenario, pruebas de carácter testifical. Así, el propio perjudicado reconoció e identificó en el acto de juico a los procesados como las personas que estaban en el grupo agresor y que portaban palos, al menos algunos de ellos. Ya les identificó en sede policial. Explicó cuál fue el papel de cada uno en la agresión.

El agente de la Policía que se desplazó al hospital a que fue llevado el perjudicado explicó que, en el hospital, la gente que estaba allí fue indicando qué personas habían sido las autoras de la agresión a Raúl. En esto coincidió también la testigo Marí Jose, esposa del lesionado, quien, aunque no vio la agresión, manifestó en el juicio que en el hospital le fueron diciendo qué personas habían agredido a su marido, personas pertenecientes al denominado "clan de los Peluos", los cuales mantienen una fuerte hostilidad con el llamado "clan de los Sherifs". De hecho, el día anterior ya se había producido un altercado entre el denunciante y un miembro del clan de los Peluos en el interior de un supermercado, en el que parece que el denunciante fue amenazado.

Las lesiones de Raúl aparecen corroboradas no solo por la declaración del testigo protegido nº NUM008, declaración preconstituida obrante al ac. 547 del expediente digital NUM009, quien manifestó haber visto a una persona sangrando por la cabeza caminando por la calle, sino también por la documentación médica obrante en autos (ac. 1.269 y 1.326, 587, 588 y 619 a 627).

Hay que tener en cuenta también las fotografías obrantes en el atestado relativas a la piedra encontrada en el lugar de los hechos -piedra que se exhibió en el acto de juicio-, a los restos de sangre que presentaba la piedra, al rastro de sangre que había también en el lugar, coincidiendo la sangre de la piedra con la sangre del lesionado (pericial obrante a los ac. 543, 544 y 1.562).

En atención a todo lo anterior, consideramos que se ha practicado, conforme a los principios de inmediación, contradicción, concentración e igualdad de partes, una prueba de cargo con la entidad suficiente como para entender desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia de los procesado, y que permite afirmar que los hechos se produjeron en la forma que han quedado expuestos en nuestro relato fáctico, hechos que se encuadran en un delito intentado de homicidio, como así han admitido los procesados.

SEGUNDO.- Con relación a dicho animus necandi la STS 566/2017, de 13 de julio, reconoce que cuando se pretende distinguir el delito de homicidio imperfecto en su ejecución y el delito de lesiones consumado, la distinción ha de encontrarse en un sistema culpabilístico y de tipo voluntarista atendiendo al dolo, que en el primero constituye un "animus necandi" y en el segundo en el "animus laedendi". Dice la sentencia que "Ciertamente, el ánimo de matar requerido por el tipo de homicidio , en cuanto elemento subjetivo, por pertenecer a lo íntimo del sujeto que realiza el hecho, su acreditación deberá resultar de la deducción de unos indicios declarados probados; juicios de valor sobre intenciones y elementos subjetivos del delito, que pertenecen a esa esfera interna del sujeto, y que salvo el limitado valor de la confesión del acusado en tal sentido, solo pueden ser perceptibles mediante juicio deductivo a partir de datos objetivos y materiales probados".

De hecho, la médico forense que declaró en el acto de juicio manifestó que las lesiones del perjudicado se causaron con un objeto contundente y afectaron a una zona vital del lesionado que podría haber provocado lesiones muy graves, incluso la muerte.

Pero es que, en este caso, además, y como ya hemos indicado, los propios procesados han reconocido que golpearon a Raúl con intención de causarle la muerte.

TERCERO.- Dicho delito de homicidio se cometió en grado de tentativa. Como dice la STS 600/2005, "...El mayor o menor grado de ejecución del delito no consumado tiene en la Ley sólo una traducción legal en punto a la determinación de la pena, y además relativa. Esto es, desaparecida la anterior distinción entre tentativa y frustración, sólo existe ahora una categoría dogmática, la tentativa, y dentro de ella la posibilidad de bajar la pena en uno o dos grados, atendiendo al grado de desarrollo de la ejecución, sin que en el mismo quepa establecer dos fases o categorías diferentes como antaño ocurría con la tentativa y la frustración, aunque tales conceptos puedan servir como criterios orientativos...".

La misma sentencia argumenta que lo que resulta menos relevante es el número de actos que integran el comportamiento del autor, porque lo esencial es la potencialidad objetiva en relación con el resultado al que el autor ordenaba su comportamiento, que puede constituirse en un solo acto y, sin embargo, constituir la modalidad merecedora de más grave pena como ya se apuntaba en la sentencia 166/2004, de 16 de Febrero y en la sentencia 81/2006 de 27 de enero en la que se expresaba que cuando uno de los actos realizados hubiera podido producir el resultado, cabía hablar de tentativa acabada, apuntando como criterios posibles para esa valoración objetiva ex ante, entre otros, el tipo de arma empleada, la contundencia de los golpes y la localización de los mismos, entre otros.

Por lo tanto, en términos generales se estima que la tentativa es acabada cuando el sujeto activo realizó todos los actos necesarios para ocasionar el resultado mortal ( STS 1421/2004, de 2 de diciembre) o, desde la perspectiva del dolo eventual cuando el peligro en que se situó la vida de la víctima fue extremo y quienes lo desencadenaron llevaron a cabo toda la actividad adecuada para perfeccionar el homicidio, es decir, "cuando la creación del riesgo fue suficiente para producir el resultado previsto en el tipo de homicidio..."(19/2005 de 24 de enero), "...se hayan practicado todos los actos de ejecución que hubieran debido producir como resultado el delito,..."(140/2005 de 3 de febrero) o "...el resultado propio del delito de homicidio se hubiera producido como consecuencia de la acción conjunta de los acusados sin necesidad de una ulterior actuación, lo que determina que la tentativa haya de reputarse acabada..."(370/2006 de 30 de marzo) sin que sea necesario afectar a la integridad física de la víctima procurada pues "...el desarrollo delictivo, debe considerarse completo, en tanto que el autor hizo todo lo que objetivamente estaba de su mano para producir el resultado, no impactando con el objetivo por causas ajenas a su designio criminal, de modo que, como también se ha dicho, con fortuna, la falta de puntería del agente no puede permitir afirmar que el hecho no haya quedado en grado de frustración, o en la terminología legal actual, en grado de desarrollo de tentativa acabada..."78/2005 de 28 de enero).

En este caso, se considera que la tentativa es acabada.

CUARTO.- Como ya hemos indicado, del delito de homicidio intentado son responsables penales, en concepto de autor, Crescencia, Leandro, Jon y Juan Manuel. Todos ellos por su participación directa, personal material y voluntaria en la ejecución del mismo.

QUINTO.- Concurre en todos los procesados la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño, como muy cualificada, solicitada por las acusaciones.

El denunciante perjudicado ha reconocido en comparecencia en la secretaría de esta Sección de la Audiencia, haber percibido de los procesados la cantidad de 10.000,00 euros a cuenta de la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad civil. Esta cantidad supone el cincuenta por ciento de la cantidad finalmente reclamada por las acusaciones en dicho concepto.

Por tanto, y por aplicación del principio acusatorio, procede apreciar la citada atenuante.

SEXTO.- A efectos de individualización de la pena correspondiente al delito de tentativa de homicidio, hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo dispuesto en el art. 62, respecto de la pena a imponer en caso de tentativa. Teniendo en cuenta el grado de ejecución de los hechos, consideramos que la rebaja penológica no puede ir más allá de un grado, como así han concordado las partes, lo que nos sitúa en un marco penológico de entre cinco y diez años.

Dicho esto, y al concurrir una circunstancias atenuante muy cualificada hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 66.1.2ª del Código, que permite rebaja la pena en uno o dos grados. En este caso, las acusaciones han considerado que debía rebajarse la pena en dos grados, solicitando la pena de dos años de prisión que los procesados y sus defensas han aceptado.

En atención a todas estas circunstancias, la Sala considera razonable imponer a cada uno de los procesados la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En cuanto a la prohibición de acercamiento a la víctima y de comunicación con ella solicitada por el Ministerio Fiscal, el art. 57.1 del Código establece que "Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea".

Entre dichas prohibiciones del art. 48 se encuentran la prohibición de aproximación y de comunicación del reo con la víctima.

Teniendo en cuenta la fecha de los hechos; atendiendo a las circunstancias anteriormente mencionadas para determinar la pena de prisión; habiendo conformado las partes la duración de dichas penas, consideramos razonable fijar en seis años la prohibición de acercamiento de los procesados respecto de Raúl, ya sea a su persona, domicilio, lugar de trabajo, recreo, esparcimiento o cualquier otro lugar que ésta frecuente a una distancia inferior a 250 metros.

De la misma forma, atendiendo a los mismos fines y a los mismos argumentos, se les prohíbe comunicarse con él de forma directa o indirecta, por cualquier medio verbal, escrito, telefónico, correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales o por cualquier otro medio telemático que en la actualidad permita la comunicación entre personas, por el mismo periodo de seis años.

SEPTIMO.- Las defensas de los procesados han solicitado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión solicitadas por las acusaciones y a las que los acusados manifestaron su conformidad, ofreciendo un compromiso de pago de la responsabilidad civil restante en un plazo de tres meses.

Las acusaciones mostraron su conformidad con la posibilidad de que se suspendiese la ejecución de la pena, siempre que se cumplieran los requisitos del art. 80 del Código y que se comprobase la HHP actualizada de los procesados, solicitando también que se condicionara esa suspensión al pago en el plazo de tres meses de la responsabilidad civil pendiente todavía de abono.

Solicitaron que la suspensión se fijara por cinco años.

Los procesados mostraron su conformidad con los términos de la suspensión propuestos por sus abogados.

Teniendo en cuenta que el Tribunal no cuenta en este momento con la información necesaria como para poder pronunciarse sobre la suspensión solicitada, al no disponer de la HHP actualizada de los procesados, se pronunciará sobre dicho beneficio en resolución aparte, como permite el art. 82 del Código, dando ya por cumplido el trámite de la audiencia de los acusados y sus defensas.

SEPTIMO.- El artículo 116 del Código Penal regula la responsabilidad civil derivada de las infracciones criminales, tanto delitos como faltas, estableciendo que el responsable criminal de los mismos es el que debe responder por los daños y perjuicios causados por su acción infractora. En el presente caso, a la vista de los informes médico-forense que obran en las actuaciones, ac. 1.269 y 1.326, 587, 588 y 619 a 627, y que recogen las lesiones y perjuicios sufridos por el perjudicado Raúl y el tiempo de curación de esas lesiones (noventa días), y que hemos especificado en el relato fáctico de esta resolución, el procesado deberá indemnizar a aquél en la cantidad de 20.000,00 euros por los días de perjuicio personal sufrido.

Parte de esta cantidad se hará efectiva con cargo a la suma ya satisfecha por los procesados al perjudicado, por importe de 10.000,00 euros.

La cantidad pendiente de pago devengará los intereses legales del art. 576 LEC desde la fecha de esta resolución hasta el pago.

OCTAVO.- Las costas, incluidas las de la acusación particular, deberá ser satisfechas por mitad por todos los procesados, al ser declarados responsable criminalmente, conforme a los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y procesal, en nombre de S.M el Rey.