Sentencia Penal 112/2026 Audiencia Provincial Penal nº 1 de Navarra, Rec. 902/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO. - Cuestiones previas y prueba practicada.

Con carácter previo al acto del juicio el letrado de la defensa interesó la suspensión de la vista para que el acusado fuera visitado por el médico forense, aportando documentación relativa a sus adicciones. Dicha petición fue rechazada por extemporánea, admitiendo como prueba documental la documentación médica y judicial aportada en relación a su capacidad.

El letrado de la defensa formuló escrito de conclusiones provisionales en fecha 13.10.2025 donde no interesó la práctica de pericial alguna ni introdujo la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad que justifiquen la práctica de dicho medio de prueba. Es por ello que, en la medida en que nada se modificó de dicha calificación, ni como cuestión previa ni al final del juicio, la pericial interesada resulta impertinente, más aún cuando supone la suspensión del acto del juicio: A mayor abundamiento, si la tesis sostenida es la negación de cualquier acto de apropiación, afirmando que se debe el dinero porque a su vez otras personas no le han pagado a él otras cantidades, la pericial es innecesaria.

En cuanto a los medios de prueba,en el acto del juicio, junto a la documental, se practicó la siguiente prueba personal:

Abel, dijo recordar vagamente los hechos, señalando que al estar en prisión por otra causa no podía recordar bien los hechos por que anualmente hacia muchas operaciones. Exhibido el contrato de arras dijo que no sabía quién lo elaboró físicamente. Esa operación fueron 21.000 euros y desconoce si hay otro contrato de arras. El precio de venta eran 70.000 euros y entregaron 14.000. Hay otro contrato de arras de 21.000 euros y por eso se escrituró por 54.000. Que en Notaria no les dijo que le daría 7000 euros a cada uno. Que hay un reconocimiento de pagos de 7.000 euros a cada uno. Que no les dijo que entregaría a Candido, Fructuoso y Blanca, los 7000 euros de diferencia entre los 14.000 y los 21.000. Que no ha entregado dicha cantidad, que no es de noviembre de 2.023 es de enero de 2.024. Él no se ha quedado ningún dinero. Al escriturar tenían que saber ellos cuánto dinero habían dado de arras y, por tanto, cuanto quedaba.

Exhibido del documento 100, contrato de reserva, señaló que es su firma, pero no sabe si es firma original o del sello. No sabe qué pasó con el dinero de la reserva. Los contratos de liquidación que se firmaron el día de la notaría eran 7.000 euros para cada uno de los hermanos. Los compradores le dieron 21.000 euros y eso lo sabían los vendedores. Esos 21.000 euros se ingresaron en la cuenta corriente, se ingresó en la cuenta y no pudieron ser devueltos por la situación de la empresa. Que siempre hacia así las operaciones, se ingresaba en su cuenta y no en la de los vendedores, siempre se hacía igual. Ese dinero no sabe en que se usó; había una asesora que se encargaba de dichas cuestiones. Estaba con el tema de la droga y no se enteraba bien de las cosas. Con Ángeles, se hizo unas arras por unos 12.000 euros, que fueron a su cuenta, le dio a cada uno de los vendedores un reconocimiento de deuda de unos 3.000 euros. El contrato de arras fue por una cantidad distinta de la escriturada. Está en prisión y no ha tenido acceso a la documentación. La cantidad que recibió como arras, no sabe ni quiere contestar. Exhibición documento electrónico 101, cheques, reconoce la firma y no recuerda para que se emitieron. Exhibición de los contratos de arras, documento electrónico 123 y 124, recibió las arras en su cuenta no recuerda como se entregó a los vendedores; el de forma consciente no ha emitido cheques sin fondo. Con Pio fue un contrato de alquiler con opción de compra, de la que es propietario Anibal, no él. Al final Pio no pudo comprar esa casa porque el vendedor no quiso y le ofreció otra vivienda en otra localidad de Sartaguda que finalmente compró. De la vivienda de Lodosa si se firmó un contrato de reserva, entregando 20.000 euros; esa operación se cae y entra en la de Sartaguda, que fue alquiler con opción de compra. Los 20.000 euros irían destinados a la nueva vivienda, le dio una parte al vendedor que era Anibal, pero no recuerda cuanto le entregó.

Que tras la firma de la escritura ha tenido conversaciones con los señores Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo y les ha comunicado que tiene intención de devolver los 12.360 euros de liquidación de arras, 3090 euros a cada uno de los cuatro hermanos Marí Juana Teresa Íñigo.

Las escrituras se ejecutaron en el Notario que pone la cantidad de depósito y lo que falta en la de compraventa. Las cantidades que se le reclaman las reconoce, pero no tiene dinero para pagarlas en relación a los Sres. Candido Fructuoso Blanca y Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo. Con Pio se realizó la segunda operación, fallando la primera porque el vendedor se echó a atrás.

Fructuoso, testigo, relató que eran propietarios de una vivienda en la DIRECCION002 de Lodosa; contactaron con la inmobiliaria del acusado y apareció un comprador, firmaron las arras; la venta eran 70.000 euros y adelantaba el comprador el 20%, 14.000 euros. Firmaron compradores y vendedores. Cuando en febrero fueron a la notaria, los compradores le dijeron ue habían pagado 21.000 en otro contrato de reserva. El acusado, les hizo un contrato de que les ingresaría los 7000 euros. Cuando le reclamaba el dinero a Abel, siempre les daba largas y finalmente le denunciaron. Se le exhibe el contrato de arras que firmaron los tres hermanos antes que los compradores de la vivienda. A los compradores no hablaron nada hasta la notaria, donde les dijeron que ellos habían ingresado 21.000 euros. Reconoce el reconocimiento de deuda, la liquidación, que se firmó en la propia notaria. En abril, recibieron unos pagares o cheques, fueron al banco a ingresarlo y el dinero que habían ingresado se lo quitaron por falta de fondos. En la notaria conoció a los compradores que les dijeron que habían firmado un contrato de reserva que le dieron al testigo para poder poner la denuncia. Les enseño el contrato de arras con la firma de los compradores y le dijeron que ellos eso no lo habían firmado. Que en ningún momento autorizaron al acusado a que pudiera usar de ese dinero, era un depósito de reserva a devolver en el momento de la firma de la escritura. Que vía whassap y por teléfono le reclamó. La inmobiliaria cobraría el 3% de la operación que se le pagó aparte, por la intermediación. Recibieron las facturas los hermanos y lo pagaron. En la escritura el comprador les pagaba con un talón de la parte restante, 54.000 euros. Que en el reconocimiento de deuda no pone la fecha en que le iba a pagar.

Blanca, declara en igual sentido que su hermano. Las arras se firman por 14.000 euros y luego ven que las firmas del contrato no eran de los compradores que, al parecer, reservaron entregando 21.000 euros firmando otro contrato. Esto los descubren en la notaria. Como los compradores entregaron 21.000 euros y no 14.000 euros, el precio final a entregar el día de la compraventa (por 70.000 euros), él les dijo que les entejaría los 21.000 euros, 7000 por hermano, en los días siguientes, cosa que no hizo. Como le reclamaban, les entregó cheques-pagares, que les llegaron por correo certificado, los fueron a cobrar y, finamente, no había fondos y encima tuvieron que pagar 10 euros por el trámite de cobrar un cheque sin fondos y la posterior devolución del dinero. Que fueron a una abogada que hizo una reclamación extrajudicial y que finalmente no puso la denuncia porque les dijo que les iba a salir más caro. Ellos abonaron también la cantidad de 1000 euro por su mediación aparte. Que, pese a que en la Notaria no coincidían las arras, en el notario les dijo el antes de firmar que había habido un malentendido en las cantidades y que eso lo arreglaban con el ingreso que el haría en el transcurso de la semana que viene y por eso confiaron y firmaron el documento.

Gabino, es propietario de una casa en Lodosa. Fijaron el precio con el acusado, 70.000 y dieron de reserva 21.000 euros. El día de la firma entregaron 3 talones y al tiempo le llamaron los vendedores de que la cifra no era la correcta y le remitieron el contrato de arras con sus firmas falsas donde la cifra de 21.000 había pasado a 14.000. Se le exhibe el contrato de 3.11.2023 y reconoce la firma. Exhibidos los folios 67 a 77, el de arras de los vendedores, no lo reconoce y lo firmó, pudiéndose ver claramente que es un corta y pega. Los vendedores no le dijeron en notaria que sospecharan de nada. En el notario firmaron que había pagado 21.000 euros y pago el resto; lo que consta en el notario es lo que él entregó. Otra cosa es que luego eso no fue real.

Ángeles, se encargó de la venta de una vivienda de la DIRECCION003 de Viana en nombre suyo y de sus familiares. Contacto con la inmobiliaria del acusado, con quien a había vendido una parcela y todo había ido bien. Quería vender una casa con parcela y cerraron, unos 12360 euros de arras y en la Notaria en Logroño salía que recibió el precio restante; él le dijo al Notario que ella no había recibido el pago de las arras al Notario y él le dijo que ya se las pagaría la inmobiliaria. Le envió cheques sin fondo en pago de las arras tras reclamarle en múltiples ocasiones, que incluso le había mandado copias de trasferencias que no eran reales. El día de la firma de la escritura, como faltaba dinero, ya que ella no había recibido las arras que la compradora si le había pagado, el acusado le firmó un reconocimiento de deuda porque la compradora dijo que si había pagado los 12.360 euros de arras. Que el precio era de 67.400 euros por la casa y una bajera. Exhibido el documento14, folios, reconoce los cheques que eran sin fondos. Exhibido el folio 17, lo reconoce. No autorizaron al acusado para que dispusiera las arras; la comisión la recibió por una trasferencia de forma independiente y antes de la firma en el Notario. Le reclamó, pero ya vio que no había intención de abonar y lo piso en conocimiento de la abogada. Exhibidos los documentos 95 a 103 reconoce los mensajes como los enviados y recibidos con el acusado.

Pio relata que contacto con el acusado para comprar una casa en Lodosa; era para ser su vivienda habitual en España y para poder traer a su mujer y vivir. Primero le enseñó la casa de Lodosa y luego se la cambió. Por la reserva de la vivienda le dio 13.000 y luego 7.000 para la vivienda de la DIRECCION004 de Lodosa. Luego le iba dando largas de ya te entregaré las llaves, la semana que viene, la semana que viene, y nunca llegaba el día. Era para comprar, primero pagaba 20.000 y el resto poco a poco al acusado. Se enfadó con el acusado, le pidió que le devolviera el dinero y al final le ofreció otra de Anibal en Sartaguda. Ahora esta casa la paga poco a poco y tiene recibos. Los 20.00 euros aún no se han imputado a esta nueva casa, ya que el acusado entregó a Anibal un cheque de los 20.000 euros que no vale; están pendientes de lo que aquí ocurra. Luego se enteró por una tercera persona que a casa de Lodosa no había estado a la venta. Hablo con Zaira que le dijo que la vivienda no estaba a la venta. Entonces hablo con Abel que le ofreció otra vivienda. No le gusto la otra casa, pero no quería devolverle el dinero. Aún no ha llegado la fecha de la opción de compra y la propietaria no ha intentado echarle.

Zaira, era propietario de una casa en Lodosa. Ella contrato a la agencia del acusado esa casa. No supo nada de la reserva que de esa casa hizo Pio. Les proponía el acusado vender con arrendamiento y opción de venta, cosa que ellos nunca quisieron ni aceptaron. El precio era unos 70.000 euros, cree. Pero querían vender, no tenían prisa. Nunca supieron de la compra de Pio por 54.000 euros. La inmobiliaria solo les comentó de una oferta muy buena con más entrada, pero ellos no querían y siempre le dijeron que en esas condiciones no, aunque le insistían mucho. De la firma del contrato por Pio se enteró por su hermano que le había comentado alguien algo, no sabe si ese señor. Ella no sabía nada y se enteró en Estella en instrucción. Ellos no han recibido nada de los 20.000 euros. El acusado sabía que no querían arredramiento con opción de compra ni tampoco compraventa con precio aplazado. Ellos querían vender. Hablaba con un chico de la inmobiliaria al que le entrego la llave y luego por teléfono. No sabe si era el acusado.

Anibal, puso una vivienda a la venta en Sartaguda a través del acusado. Firmó un contrato de venta y alquiler, no ha recibido de Abel ni 20.000 ni 19680; le dio un cheque y no tenía fondos.

Braulio, relata que compró en Viana un piso y una bajera en una sola escritura. En concepto de arras dio al acusado 12.360 euros que entregaría a la parte vendedora. Esa cantidad él no sabe cuándo se la tenía que entregar el acusado. Una vez en el Notario se acordó que ese dinero se entregaría a la Sra. Marí Juana que, a la fecha de la escritura, parece que un no se había entregado. Sabe que está pendiente, pero fue un trato entre ellos. El pagó lo que consta en la escritura. Que eta pendiente de que el acusado le de ese dinero para poder venderla a Pio. Que puso una denuncia en la policía local. Que pacto un contrato de venta de una cantidad inicial y pagos mensuales de 500 euros hasta el pago total.

DOCUMENTAL, contratos de arras, de reserva, escrituras públicas, cheques y conversaciones de whassap.

Aporta la defensa documentación medica de fecha 30.04.2024 donde el acusado es atendido por intento autolítico, donde se señala que el paciente presenta "estrés emocional a causa de su trabajo". En la exploración psicopatológica se señala que presenta sus "capacidades volitivas e intelectuales preservadas"; siendo el diagnostico de "problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y consumo perjudicial de cocaína". El resto de documentación médica y del Juzgado de vigilancia, acreditan un posible consumo perjudicial de cocaína y anfetamina en septiembre y una analítica con un resultado de 130 mgDL de creatinina.

SEGUNDO. - Calificación jurídica de los hechos.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa sobre vivienda habitual, y superando la defraudación los 50.000 euros, previsto en los artículos 74, 248 y 250.1 1º y 5º del Código Penal, en concurso medial del artículo 77.1 y 3 del Código Penal, con un delito de falsedad documental del artículo 392.1 y 390.1. 2º del Código Penal; Alternativamente, interesó que el concurso lo fuera con un delito continuado de apropiación indebida. La acusación particular sostuvo su inicial calificación de apropiación indebida.

En primer lugar y en cuanto a la falsedad;los hechos declarados probados en el apartado primero no son constitutivos de un delito de falsificación de documento público del art.392.1 (documento público, oficial o mercantil) y 390.1. 2º del CP ("simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad"), sino que, en todo caso estamos ante la falsedad en un documento privado del art. 395 CP , en relación con el art. 390.1, 1 º y 3º CP ("Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial", la cantidad entregada en concepto de arras; y "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho", en cuanto a la estampación falsa de la firma de los compradores). Todo ello en lo que al contrato de arras de fecha 07.11.2023 se refiere.

En este punto la sala desea recordar que el Tribunal Supremo en STS 24 mayo 2002 planteó la cuestión de si resulta posible la condena por el delito de falsedad en documento privado cuando la acusación se sostenía por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil. Para solucionar esta problemática, el Alto Tribunal parte de la premisa de que el delito de falsedad en documento privado, en atención a la pena prevista para el mismo en el art. 395 CP, no es un delito más grave que el delito de falsedad en documento mercantil, por lo que desde ese punto de vista no existe ningún obstáculo a la condena. Sin embargo, a diferencia de éste, para apreciar la falsedad en documento privado no basta -prosigue el Tribunal Supremo- con la falsificación del documento por medio de alguna de las modalidades previstas en el Código Penal. El art. 395 CP exige, además, la concurrencia del ánimo de perjudicar a otro, lo que en general puede autorizar que se afirme que existen diferencias entre uno y otro delito que impiden sostener la homogeneidad. Ahora bien -continúa el Alto Tribunal-, es preciso tener en consideración que el fundamento material del principio acusatorio no reside en la obtención de efectos puramente formales, sino, sobre todo, en la finalidad de evitar la indefensión material. Por esta razón, la valoración que se haga de la acusación y de la sentencia a estos efectos no puede construirse sobre la creación de compartimentos estancos, sino mediante el examen de la totalidad de los hechos imputados y la totalidad de la calificación jurídica, lo cual conduce en este caso a la negación de la infracción denunciada, pues en la calificación de la acusación pública, que se refiere a unos hechos íntimamente relacionados entre sí de manera que forman un todo único, se contienen todos los elementos que se tienen en cuenta en la sentencia, aunque sean calificados en ésta de forma diferente. Así, el elemento del ánimo de perjudicar a otro aparece en ambos casos, acusación y sentencia, relacionado con la falsificación del documento, si bien en la calificación del Fiscal lo hace como elemento integrante del delito de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que en la sentencia se traslada su valoración al delito de falsedad en documento privado. Por todo ello, la STS 24 mayo 2002 acaba concluyendo que, puesto que de un modo u otro el elemento del ánimo de perjudicar a otro fue objeto de la acusación, y fue, por ello, planteado como objeto de debate en el Juicio Oral, ninguna indefensión se ocasionaba teniéndolo en consideración para condenar por un delito de falsedad en documento privado cuando la acusación había sido formulada por falsedad en documento mercantil.

Es relevante a tales efectos la STS 126/2016 de 23 de febrero que resume la posición del Alto Tribunal frente a la relación medial entre la falsedad de documentos privados y la estafa (aplicable a la apropiación indebida). Dicha resolución recuerda que la relación mencionada "debe reconducirse al concurso de normas del artículo 8 CP ".Y ello porque el artículo 395 CP, que tipifica la falsedad de documentos privados, exige como subjetivo del tipo (adicional al dolo) el ánimo de "perjudicar a otro".La Sala infiere que, como dicho perjuicio coincide con el que se exige en el tipo de estafa y la apropiación indebida, no resolver la concurrencia de ambos delitos con un concurso de leyes "supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio y en definitiva de doble sanción".En base a esta conclusión, se expone que, por regla general, "la estafa absorberá la falsedad en la medida en que el perjuicio efectivamente causado engloba el engaño y ánimo de perjudicar.", haciendo uso del principio de consunción, ex art. 8.3 CP. Pero el TS abre la puerta a resolver el concurso de leyes por medio del principio de alternatividad, que recoge el mismo artículo en su apartado 4º. Y ello sucederá "En concreto cuando la estafa no haya llegado a perfeccionarse, pues en tales casos al no haberse alcanzado el propósito defraudatorio, ambas infracciones tienen el mismo grado especificidad".Es por ello que, en el caso de que el sujeto activo del delito falsee un documento público, oficial o mercantil como medio para cometer una estafa, responderá por ambos delitos en concurso medial. En el caso de haber falseado un documento privado para usarlo como medio para culminar la estafa que ha planeado, responderá únicamente por estafa, por el principio de consunción o por el de falsedad de documento privado, si éste conllevara mayor pena, en base al principio de alternatividad.

Entiende la sala que no estamos ante un delito de estafa sino de apropiación indebida.Y ello por cuanto lo cierto es que las ventas fueron reales (incluso la de Pio que finalmente acepto el cambio de vivienda), el precio era real y fue pagado por el comprador de forma íntegra y de conformidad con lo pactado (siendo en definitiva quienes realizaron el desplazamiento patrimonial), se elevó a escritura pública de conformidad con la realidad de lo pactado entre compradores y vendedores (con el precio real pagado), siendo los perjudicados los vendedores, quienes, pese haber sido abonado por los compradores la totalidad del precio acordado, no han obtenido el precio total al quedarse el acusado todo o parte del dinero consignado en su cuenta en concepto de arras, reserva y precio parcial, en el caso de Pio.

En cuanto a la estafa, debe recordarse que no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que cometerán dicha infracción "los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exige la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: a) Un engaño bastante, es decir, idóneo objetiva y subjetivamente. b) Error en la persona a la que se dirige. c) Que dicho error induzca a realizar un acto de disposición patrimonial. d) Perjuicio propio o de tercero. e) Todo ello llevado a cabo por el autor del engaño con la finalidad de obtener una ventaja o lucro de contenido patrimonial a costa del patrimonio del sujeto engañado o de un tercero. De tal forma que si la existencia de una conducta engañosa previa (con dolo antecedente), la entidad y gravedad de la misma (engaño bastante) por un lado, y la concatenación típica entre éste, error, acto de disposición y perjuicio, son los puntos claves del delito es lo cierto que en este caso la sala no aprecia, como ya hemos dicho, su concurrencia.

Por el contrario, si apreciamos la concurrencia de todos los elementos del delito de apropiación indebida que, como señala la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ( SSTS 513/2007, de 19 de junio, 648/2013, de 18 de julio y 692/3013, de 26 de septiembre, entre otras muchas) establece, como requisitos: a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado y c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.

En definitiva, estamos ante el delito tipificado en el art.253 del CP que señala que "Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido"

Además, concurren los subtipos agravados del art. 250.1, 1º y 5º CP. En el caso de la venta a Pio es de aplicación el art. 250.1, 1º CP, recordando que la jurisprudencia ha venido exigiendo que se trate de la primera vivienda, de modo que si no constituye el domicilio habitual o la morada del perjudicado no cabe dispensar la protección reforzada del indicado precepto ( STS 186/2013, de 6 de marzo). Todo ello vinculado al hecho de que el uso de las viviendas satisface una necesidad elemental como es la de disponer de un espacio apto para el desarrollo de la intimidad personal y familiar. La jurisprudencia añade un elemento adicional, en el sentido de que no basta para aplicar el subtipo agravado que en la dinámica comisiva aparezca una vivienda, pues en otro caso se trataría de un mero automatismo, sino que su aplicación debe aplicarse a los casos en los que el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad ( STS 188/2002, de 8 de febrero).

En el supuesto examinado es de aplicación el indicado subtipo agravado, pues, como ha habido ocasión de exponer, en los casos de las operaciones relacionadas en el relato de hechos probados como 3ª, el perjudicados pretendía adquirió la vivienda para fijar allí su residencia.

Concurre además el subtipo agravado del art. 250.1, 5º CP ya que, en el caso examinado, el valor total de lo defraudado excede de los 50.000 euros si se toma en consideración los importes defraudados a cada uno de los perjudicados, así como las cantidades apropiadas.

Sobre la continuidad delictiva,el art. 74.1 del CP define el delito continuado señalando que lo comete el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito continuado.

Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo nº. 620/12 de 9 de Julio que "según la jurisprudencia consolidada de este Tribunal ( sentencias del Tribunal Supremo nº 1038/04 de 21 de Septiembre ; 820/05 de 23 de Junio ; 309/06 de 16 de Marzo ; 553/07 de 18 de Junio ; 8/08 de 24 de Enero ; y 465/12, de 1 de Junio , entre otras), los requisitos del delito continuado son los siguientes: a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi, lo que significa la uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal".

Dicho lo cual, como señala el TS en su auto 257/2019, si bien en el delito continuado de naturaleza patrimonial, la pena se determina conforme al perjuicio total causado y se impone en su mitad superior por aplicación del artículo 74.1 del Código Penal. La regla agravatoria de la continuidad delictiva no resulta aplicable cuando la suma del perjuicio total se toma en consideración para aplicar el subtipo agravado de especial gravedad, pues ello vulneraría la prohibición de bis in idem al agravar doblemente por el mismo concepto. Sin embargo, cuando alguna de las acciones que integran el delito continuado alcanza por sí sola una cuantía superior a cincuenta mil euros, determinando ya la aplicación del subtipo agravado del artículo 250.5 del Código Penal, no se produce vulneración del principio de non bis in idem por aplicar además la mayor penalidad prevista en el artículo 74.1 para los delitos continuados, pues de otro modo quedarían sin sanción las conductas defraudatorias añadidas. Partiendo de dicha sentencia, es evidente que en el caso que nos ocupa las apropiaciones lo son de 21.000, 12.360 y 20.000 euros, siendo que solo mediante su suma, se alcanzan los 50.000 euros del art.250.1. 5ª del CP. Ahora bien, como sea que, en uno de los delitos, el tercero, concurre además la agravación del 250.1. 1ª del CP, ya es posible aplicar la continuidad delictiva y el subtipo agravado sin infringir el principio de non bis in eadem.

En similar sentido la STS de 26 de marzo de 2.019 señala que La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado respecto a la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del artículo 250.1. 5º, que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del artículo 250.1. 5º (El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas) del Código Penal, ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio "non bis in idem".Procede por tanto la aplicación del subtipo de especial gravedad siempre que la totalidad de las diversas defraudaciones superen la cantidad de 50.000 euros tras la reforma por Ley Orgánica 5/2010, siendo además aplicable, dada la continuidad delictiva, el art. 74, pero solo en su apartado 2, es decir, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado imponiendo motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente el tribunal, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

TERCERO. - Valoración de la prueba.

En orden a la valoración de la prueba, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la Sala dictará Sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los propios procesados. Cualquier condena penal ha de basarse en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto respeto de los principios de igualdad de armas, contradicción, inmediación y oralidad y publicidad, de modo que la actividad probatoria resulte suficiente para generar en el órgano sentenciador la evidencia de la existencia de un hecho punible y la participación que en él tuvo el acusado. Conviene recordar también la doctrina sobre la posibilidad de que las declaraciones de la víctima (incluso como único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional, ha mantenido ( SSTC 62/1985, de 10 de mayo, 201/1989, de 30 de noviembre; 174/1990, de 12 de noviembre; 229/1991, de 28 de noviembre; 283/1993, de 27 de septiembre; 64/1994, de 28 de febrero) que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador o denunciante( STC 201/1989).

Conforme es reiterada doctrina del TC, la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 C.E. y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en él tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho tribunal desde la ST 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mimo juez o tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de este sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así mismo, no basta que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda considerarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas a favor del reo, en base al principio rector del proceso penal de "in dubio pro reo".

Pues bien, procede analizar, en primer lugar, la prueba de cargo desplegada para acreditar la comisión del delito de falsedad; si bien es cierto que no se ha practicado pericial alguna, no lo es menos que, exhibido el documento al comprador, este señalo que él no había firmado dicho documento, señalando que se podía apreciar como la firma estaba superpuesta. Esta alegación, unida a la afirmación de vendedor y comprador de que cuando cada uno de ellos firmó un contrato con cuantía diversa de arras, resulta suficiente para acreditar la falsedad que, en todo caso, por recaer sobre un contrato privado de arras o reserva, es de documento privado.

En cuanto a la apropiación indebida, el propio acusado ha reconocido finalmente haber recibido las cantidades reflejadas en los hechos probados de esta resolución en concepto de arras, señalando que la práctica habitual era ingresarlas en la cuenta de la inmobiliaria, siendo que no ha podido devolverlos por causas ajenas al mismo y afirmando que en todo caso estamos ante una deuda civil. Afirma que a él le deben mucho dinero y que por tal motivo no pudo hacer frente a la devolución de dichas cantidades. Esta tesis, excluyendo cualquier dolo en su actuar, no puede ser acogida pues sus actos previos, coetáneos y posteriores, revelan precisamente lo contrario. De esta forma, para asegurar las operaciones y generar duda sobre las cantidades ingresadas en concepto de arras, elaboro el documento de arras falso de 07.11.2023; de igual forma, como fuera que a la firma de las escrituras públicas los vendedores comprobaron que la cantidad de arras era otra, mayor de la recibida, emitió los documentos de autoliquidación por el total a fin de lograr que la venta se llevara a efecto sin el devolver la cantidad en depósito. De igual forma actuó en la compraventa de los hermanos Marí Juana Teresa Íñigo, que a la firma de la escritura no habían recibido las arras y en relación a los 20.000 euros de la venta de Pio, que dijo se aplicarían a la nueva casa, entregándoselas al vendedor, cosa que tampoco llevó a cabo. Es relevante a efectos de acreditar el dolo la emisión de pagarés, a sabiendas de que carecía de fondos la cuenta de la sociedad para hacer frente a dichas cantidades. Todo ello, unido a la cercanía temporal entre la entrega de las arras y la no devolución a los vendedores, revela la existencia de un actuar doloso, dejando claro, por la reiteración de operaciones, su doloso actuar.

Dicha prueba resulta más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega la defensa, en descargo de dicha prueba que no hubo intención de apropiarse del dinero, estando ante una mera deuda civil, alegando el acusado que ingresado el dinero, como sea que a él no le han pagado otras personas cantidades que le debían (cosa que no acredita), no pudo finalmente entregarlo al vendedor al no disponer ya de dicho dinero por haberse empleado en otros pagos (que tampoco enumera ni justifica). Pues bien, dicho relato es insuficiente para generar en la sala la duda de si estamos ante un mero incumplimiento civil. Recordando a tal efecto la JPTS recapitulada en la sentencia de 18.11.2021 cuando señala que "como ha señalado la STS 18/2016, de 26 de enero , la admisión de la apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más complejos es necesario constatar que el Legislador ha zanjado la cuestión en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, al mantener específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el nuevo art 253 CP . Lo que exige la doctrina jurisprudencial para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero es que se haya superado lo que se denomina el 'punto sin retorno', es decir que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución ( STS 513/2007 de 19 de junio , STS 938/98, de 8 de julio , STS 374/2008, de 24 de junio , STS 228/2012, de 28 de marzo ".

CUARTO. - Autoría y participación.Del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad en consunción del art.80.3 del cp, anteriormente referidos es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Abel por su participación material y voluntaria en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 primer párrafo del Código Penal.

Su participación dolosa en los delitos que se le imputan no ofrece la más mínima duda razonable al Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas en el juicio oral, celebrado con estricto respeto de los principios de oralidad, contradicción entre acusación y defensa, e inmediación del tribunal sentenciador y valoradas de conformidad con el art. 741 de la Lecrim.

QUINTO. - Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En cuanto a la agravante de reincidencia del art.22.8 del CP, la misma concurre a la vista de su hoja històrica penal pues, a la fecha de comisión de los presentes le constaba condenas anteriores por delito de apropiación indebida; entre ellas la Sentencia de 31/10/2017, firme el 31/10/2017, de la SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, por delito de apropiación indebida cometido el 20/06/2014; y la Sentencia de 24/07/2015 del JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE PAMPLONA por delito de apropiación indebida cometido el 18/02/2012.

No se alega por la defensa atenuante alguna, pese a ello, vista la documentación aportada, la sala desea señalar que no puede apreciarse circunstancia atenuante de drogadicción por cuanto desconocemos su concreto estado en la fecha de los hechos, pero, dada lo elaborado de los hechos, que exigen una planificación, así como su reiteración en el tiempo y repetición, resultan incompatibles con la relevante disminución de las capacidades intelectivas y volitivas.

SEXTO. - Pena.Señala el art.253 del CP que las penas a aplicar serán las de los art.248 o 250 del CP.

El artículo 250 del CP prevé penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Por su parte, el art. 74.1 del Código Penal como excepción a la imposición de las penas correspondientes a cada delito para su cumplimiento simultáneo señala que "el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado."Y para determinar la extensión de la pena, cuando como acontece en este caso se trata de infracciones contra el patrimonio, establece el número 2 que se tendrá en cuenta el perjuicio total causado.

Por su parte, el artículo 66.1. 3º establece las reglas generales de individualización disponiendo que "3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito".

De esta forma, partiendo de la pena en su mitad superior, nos situamos en una horquilla de 3 años, 6 meses y 1 día a 6 años de prisión y 9 meses y 1 día a 12 meses de multa.

Según criterios jurisprudenciales de la Sala II del TS ha de tenerse en cuenta las circunstancias personales del acusado referidas a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado junto con demás circunstancias que concurran. Y, para determinar la gravedad del hecho, valorarse la descripción de los hechos declarados como probados, y el reproche penal atinente a los mismos en relación al bien jurídico afectado y la forma del ataque al mismo, Y, respecto a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta). Por último, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Pues bien, la actitud del acusado no puede entenderse colaboradora, habiendo dado largas a los perjudicados y ejecutado actuaciones tendentes a eludir su responsabilidad, fingiendo una intención de devolver el dinero que no tenía. Es igualmente relevante la totalidad del perjuicio causado y el especial reproche de su conducta, quebrantando la confianza de los vendedores que acudieron al acusado por la confianza que como profesional les ofrecía, asiendo relevante que los vendedores no vivían en las localidades donde estaba sitas las viviendas sino en otras bastante más lejanas por lo que confiaban en la gestión del acusado.

Es por ello que, partiendo de la horquilla ya señalada, debemos tener en cuenta la concurrencia de la agravante de reincidencia, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la Sala entiende que debe imponérsele una pena de 5 años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la venta de inmuebles y la administración de fincas; multa de 10 meses de prisión con cuota día de 3 euros (por cuanto si bien se encuentra en prisión, ha manifestado que está trabajando), con la responsabilidad personal subsidiaria del art.53 del CP.

SEPTIMO. - Responsabilidad civil

Ha quedado acreditado que, como consecuencia de los delitos cometidos por el acusado, este causo un perjuicio patrimonial da Candido en la cantidad 7.000 euros, a Fructuoso en la cantidad 7.000 euros, a Blanca en la cantidad 7.000 euros, a Teresa en la cantidad de 3.090 euros, a los legítimos herederos de Íñigo en la cantidad de 3.090 euros, a Marí Juana en la cantidad de 3.090 euros, a Sofía, en la cantidad de 3.090 euros y a Pio en la cantidad de 20.000 euros.

Cantidades en las que serán indemnizados por el condenado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 109 y 110 del Código Penal, con el interés legalmente establecido.

OCTAVO. -Por mandato del artículo 123 del Código Penal, procede condenar al acusado al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Según reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala II del TS (STSS 493/2009, de 8 de mayo; 203/2009, de 11 de febrero, 729/2008, de 13 de noviembre y 383/2008, de 25 de junio, entre otras) la doctrina jurisprudencial en materia de la imposición de las costas de la acusación particular en los delitos perseguibles de oficio las incluye como regla general. Únicamente procederá su exclusión cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulada peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia. En el presente caso, la actuación procesal de la acusación particular se considera útil y necesaria, al haber sido quien promovió la querella, propuso diligencias de investigación y pruebas en el juicio oral que han servido, junto a la actuación del Ministerio Fiscal, para el enjuiciamiento de los hechos.

Es por ello que procede la condena en costas, incluyendo las de la acusación particular.

Vistos los preceptos legales citados, así como los de pertinente y general aplicación.

PRIMERO. - Cuestiones previas y prueba practicada.

Con carácter previo al acto del juicio el letrado de la defensa interesó la suspensión de la vista para que el acusado fuera visitado por el médico forense, aportando documentación relativa a sus adicciones. Dicha petición fue rechazada por extemporánea, admitiendo como prueba documental la documentación médica y judicial aportada en relación a su capacidad.

El letrado de la defensa formuló escrito de conclusiones provisionales en fecha 13.10.2025 donde no interesó la práctica de pericial alguna ni introdujo la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad que justifiquen la práctica de dicho medio de prueba. Es por ello que, en la medida en que nada se modificó de dicha calificación, ni como cuestión previa ni al final del juicio, la pericial interesada resulta impertinente, más aún cuando supone la suspensión del acto del juicio: A mayor abundamiento, si la tesis sostenida es la negación de cualquier acto de apropiación, afirmando que se debe el dinero porque a su vez otras personas no le han pagado a él otras cantidades, la pericial es innecesaria.

En cuanto a los medios de prueba,en el acto del juicio, junto a la documental, se practicó la siguiente prueba personal:

Abel, dijo recordar vagamente los hechos, señalando que al estar en prisión por otra causa no podía recordar bien los hechos por que anualmente hacia muchas operaciones. Exhibido el contrato de arras dijo que no sabía quién lo elaboró físicamente. Esa operación fueron 21.000 euros y desconoce si hay otro contrato de arras. El precio de venta eran 70.000 euros y entregaron 14.000. Hay otro contrato de arras de 21.000 euros y por eso se escrituró por 54.000. Que en Notaria no les dijo que le daría 7000 euros a cada uno. Que hay un reconocimiento de pagos de 7.000 euros a cada uno. Que no les dijo que entregaría a Candido, Fructuoso y Blanca, los 7000 euros de diferencia entre los 14.000 y los 21.000. Que no ha entregado dicha cantidad, que no es de noviembre de 2.023 es de enero de 2.024. Él no se ha quedado ningún dinero. Al escriturar tenían que saber ellos cuánto dinero habían dado de arras y, por tanto, cuanto quedaba.

Exhibido del documento 100, contrato de reserva, señaló que es su firma, pero no sabe si es firma original o del sello. No sabe qué pasó con el dinero de la reserva. Los contratos de liquidación que se firmaron el día de la notaría eran 7.000 euros para cada uno de los hermanos. Los compradores le dieron 21.000 euros y eso lo sabían los vendedores. Esos 21.000 euros se ingresaron en la cuenta corriente, se ingresó en la cuenta y no pudieron ser devueltos por la situación de la empresa. Que siempre hacia así las operaciones, se ingresaba en su cuenta y no en la de los vendedores, siempre se hacía igual. Ese dinero no sabe en que se usó; había una asesora que se encargaba de dichas cuestiones. Estaba con el tema de la droga y no se enteraba bien de las cosas. Con Ángeles, se hizo unas arras por unos 12.000 euros, que fueron a su cuenta, le dio a cada uno de los vendedores un reconocimiento de deuda de unos 3.000 euros. El contrato de arras fue por una cantidad distinta de la escriturada. Está en prisión y no ha tenido acceso a la documentación. La cantidad que recibió como arras, no sabe ni quiere contestar. Exhibición documento electrónico 101, cheques, reconoce la firma y no recuerda para que se emitieron. Exhibición de los contratos de arras, documento electrónico 123 y 124, recibió las arras en su cuenta no recuerda como se entregó a los vendedores; el de forma consciente no ha emitido cheques sin fondo. Con Pio fue un contrato de alquiler con opción de compra, de la que es propietario Anibal, no él. Al final Pio no pudo comprar esa casa porque el vendedor no quiso y le ofreció otra vivienda en otra localidad de Sartaguda que finalmente compró. De la vivienda de Lodosa si se firmó un contrato de reserva, entregando 20.000 euros; esa operación se cae y entra en la de Sartaguda, que fue alquiler con opción de compra. Los 20.000 euros irían destinados a la nueva vivienda, le dio una parte al vendedor que era Anibal, pero no recuerda cuanto le entregó.

Que tras la firma de la escritura ha tenido conversaciones con los señores Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo y les ha comunicado que tiene intención de devolver los 12.360 euros de liquidación de arras, 3090 euros a cada uno de los cuatro hermanos Marí Juana Teresa Íñigo.

Las escrituras se ejecutaron en el Notario que pone la cantidad de depósito y lo que falta en la de compraventa. Las cantidades que se le reclaman las reconoce, pero no tiene dinero para pagarlas en relación a los Sres. Candido Fructuoso Blanca y Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo. Con Pio se realizó la segunda operación, fallando la primera porque el vendedor se echó a atrás.

Fructuoso, testigo, relató que eran propietarios de una vivienda en la DIRECCION002 de Lodosa; contactaron con la inmobiliaria del acusado y apareció un comprador, firmaron las arras; la venta eran 70.000 euros y adelantaba el comprador el 20%, 14.000 euros. Firmaron compradores y vendedores. Cuando en febrero fueron a la notaria, los compradores le dijeron ue habían pagado 21.000 en otro contrato de reserva. El acusado, les hizo un contrato de que les ingresaría los 7000 euros. Cuando le reclamaba el dinero a Abel, siempre les daba largas y finalmente le denunciaron. Se le exhibe el contrato de arras que firmaron los tres hermanos antes que los compradores de la vivienda. A los compradores no hablaron nada hasta la notaria, donde les dijeron que ellos habían ingresado 21.000 euros. Reconoce el reconocimiento de deuda, la liquidación, que se firmó en la propia notaria. En abril, recibieron unos pagares o cheques, fueron al banco a ingresarlo y el dinero que habían ingresado se lo quitaron por falta de fondos. En la notaria conoció a los compradores que les dijeron que habían firmado un contrato de reserva que le dieron al testigo para poder poner la denuncia. Les enseño el contrato de arras con la firma de los compradores y le dijeron que ellos eso no lo habían firmado. Que en ningún momento autorizaron al acusado a que pudiera usar de ese dinero, era un depósito de reserva a devolver en el momento de la firma de la escritura. Que vía whassap y por teléfono le reclamó. La inmobiliaria cobraría el 3% de la operación que se le pagó aparte, por la intermediación. Recibieron las facturas los hermanos y lo pagaron. En la escritura el comprador les pagaba con un talón de la parte restante, 54.000 euros. Que en el reconocimiento de deuda no pone la fecha en que le iba a pagar.

Blanca, declara en igual sentido que su hermano. Las arras se firman por 14.000 euros y luego ven que las firmas del contrato no eran de los compradores que, al parecer, reservaron entregando 21.000 euros firmando otro contrato. Esto los descubren en la notaria. Como los compradores entregaron 21.000 euros y no 14.000 euros, el precio final a entregar el día de la compraventa (por 70.000 euros), él les dijo que les entejaría los 21.000 euros, 7000 por hermano, en los días siguientes, cosa que no hizo. Como le reclamaban, les entregó cheques-pagares, que les llegaron por correo certificado, los fueron a cobrar y, finamente, no había fondos y encima tuvieron que pagar 10 euros por el trámite de cobrar un cheque sin fondos y la posterior devolución del dinero. Que fueron a una abogada que hizo una reclamación extrajudicial y que finalmente no puso la denuncia porque les dijo que les iba a salir más caro. Ellos abonaron también la cantidad de 1000 euro por su mediación aparte. Que, pese a que en la Notaria no coincidían las arras, en el notario les dijo el antes de firmar que había habido un malentendido en las cantidades y que eso lo arreglaban con el ingreso que el haría en el transcurso de la semana que viene y por eso confiaron y firmaron el documento.

Gabino, es propietario de una casa en Lodosa. Fijaron el precio con el acusado, 70.000 y dieron de reserva 21.000 euros. El día de la firma entregaron 3 talones y al tiempo le llamaron los vendedores de que la cifra no era la correcta y le remitieron el contrato de arras con sus firmas falsas donde la cifra de 21.000 había pasado a 14.000. Se le exhibe el contrato de 3.11.2023 y reconoce la firma. Exhibidos los folios 67 a 77, el de arras de los vendedores, no lo reconoce y lo firmó, pudiéndose ver claramente que es un corta y pega. Los vendedores no le dijeron en notaria que sospecharan de nada. En el notario firmaron que había pagado 21.000 euros y pago el resto; lo que consta en el notario es lo que él entregó. Otra cosa es que luego eso no fue real.

Ángeles, se encargó de la venta de una vivienda de la DIRECCION003 de Viana en nombre suyo y de sus familiares. Contacto con la inmobiliaria del acusado, con quien a había vendido una parcela y todo había ido bien. Quería vender una casa con parcela y cerraron, unos 12360 euros de arras y en la Notaria en Logroño salía que recibió el precio restante; él le dijo al Notario que ella no había recibido el pago de las arras al Notario y él le dijo que ya se las pagaría la inmobiliaria. Le envió cheques sin fondo en pago de las arras tras reclamarle en múltiples ocasiones, que incluso le había mandado copias de trasferencias que no eran reales. El día de la firma de la escritura, como faltaba dinero, ya que ella no había recibido las arras que la compradora si le había pagado, el acusado le firmó un reconocimiento de deuda porque la compradora dijo que si había pagado los 12.360 euros de arras. Que el precio era de 67.400 euros por la casa y una bajera. Exhibido el documento14, folios, reconoce los cheques que eran sin fondos. Exhibido el folio 17, lo reconoce. No autorizaron al acusado para que dispusiera las arras; la comisión la recibió por una trasferencia de forma independiente y antes de la firma en el Notario. Le reclamó, pero ya vio que no había intención de abonar y lo piso en conocimiento de la abogada. Exhibidos los documentos 95 a 103 reconoce los mensajes como los enviados y recibidos con el acusado.

Pio relata que contacto con el acusado para comprar una casa en Lodosa; era para ser su vivienda habitual en España y para poder traer a su mujer y vivir. Primero le enseñó la casa de Lodosa y luego se la cambió. Por la reserva de la vivienda le dio 13.000 y luego 7.000 para la vivienda de la DIRECCION004 de Lodosa. Luego le iba dando largas de ya te entregaré las llaves, la semana que viene, la semana que viene, y nunca llegaba el día. Era para comprar, primero pagaba 20.000 y el resto poco a poco al acusado. Se enfadó con el acusado, le pidió que le devolviera el dinero y al final le ofreció otra de Anibal en Sartaguda. Ahora esta casa la paga poco a poco y tiene recibos. Los 20.00 euros aún no se han imputado a esta nueva casa, ya que el acusado entregó a Anibal un cheque de los 20.000 euros que no vale; están pendientes de lo que aquí ocurra. Luego se enteró por una tercera persona que a casa de Lodosa no había estado a la venta. Hablo con Zaira que le dijo que la vivienda no estaba a la venta. Entonces hablo con Abel que le ofreció otra vivienda. No le gusto la otra casa, pero no quería devolverle el dinero. Aún no ha llegado la fecha de la opción de compra y la propietaria no ha intentado echarle.

Zaira, era propietario de una casa en Lodosa. Ella contrato a la agencia del acusado esa casa. No supo nada de la reserva que de esa casa hizo Pio. Les proponía el acusado vender con arrendamiento y opción de venta, cosa que ellos nunca quisieron ni aceptaron. El precio era unos 70.000 euros, cree. Pero querían vender, no tenían prisa. Nunca supieron de la compra de Pio por 54.000 euros. La inmobiliaria solo les comentó de una oferta muy buena con más entrada, pero ellos no querían y siempre le dijeron que en esas condiciones no, aunque le insistían mucho. De la firma del contrato por Pio se enteró por su hermano que le había comentado alguien algo, no sabe si ese señor. Ella no sabía nada y se enteró en Estella en instrucción. Ellos no han recibido nada de los 20.000 euros. El acusado sabía que no querían arredramiento con opción de compra ni tampoco compraventa con precio aplazado. Ellos querían vender. Hablaba con un chico de la inmobiliaria al que le entrego la llave y luego por teléfono. No sabe si era el acusado.

Anibal, puso una vivienda a la venta en Sartaguda a través del acusado. Firmó un contrato de venta y alquiler, no ha recibido de Abel ni 20.000 ni 19680; le dio un cheque y no tenía fondos.

Braulio, relata que compró en Viana un piso y una bajera en una sola escritura. En concepto de arras dio al acusado 12.360 euros que entregaría a la parte vendedora. Esa cantidad él no sabe cuándo se la tenía que entregar el acusado. Una vez en el Notario se acordó que ese dinero se entregaría a la Sra. Marí Juana que, a la fecha de la escritura, parece que un no se había entregado. Sabe que está pendiente, pero fue un trato entre ellos. El pagó lo que consta en la escritura. Que eta pendiente de que el acusado le de ese dinero para poder venderla a Pio. Que puso una denuncia en la policía local. Que pacto un contrato de venta de una cantidad inicial y pagos mensuales de 500 euros hasta el pago total.

DOCUMENTAL, contratos de arras, de reserva, escrituras públicas, cheques y conversaciones de whassap.

Aporta la defensa documentación medica de fecha 30.04.2024 donde el acusado es atendido por intento autolítico, donde se señala que el paciente presenta "estrés emocional a causa de su trabajo". En la exploración psicopatológica se señala que presenta sus "capacidades volitivas e intelectuales preservadas"; siendo el diagnostico de "problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y consumo perjudicial de cocaína". El resto de documentación médica y del Juzgado de vigilancia, acreditan un posible consumo perjudicial de cocaína y anfetamina en septiembre y una analítica con un resultado de 130 mgDL de creatinina.

SEGUNDO. - Calificación jurídica de los hechos.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa sobre vivienda habitual, y superando la defraudación los 50.000 euros, previsto en los artículos 74, 248 y 250.1 1º y 5º del Código Penal, en concurso medial del artículo 77.1 y 3 del Código Penal, con un delito de falsedad documental del artículo 392.1 y 390.1. 2º del Código Penal; Alternativamente, interesó que el concurso lo fuera con un delito continuado de apropiación indebida. La acusación particular sostuvo su inicial calificación de apropiación indebida.

En primer lugar y en cuanto a la falsedad;los hechos declarados probados en el apartado primero no son constitutivos de un delito de falsificación de documento público del art.392.1 (documento público, oficial o mercantil) y 390.1. 2º del CP ("simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad"), sino que, en todo caso estamos ante la falsedad en un documento privado del art. 395 CP , en relación con el art. 390.1, 1 º y 3º CP ("Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial", la cantidad entregada en concepto de arras; y "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho", en cuanto a la estampación falsa de la firma de los compradores). Todo ello en lo que al contrato de arras de fecha 07.11.2023 se refiere.

En este punto la sala desea recordar que el Tribunal Supremo en STS 24 mayo 2002 planteó la cuestión de si resulta posible la condena por el delito de falsedad en documento privado cuando la acusación se sostenía por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil. Para solucionar esta problemática, el Alto Tribunal parte de la premisa de que el delito de falsedad en documento privado, en atención a la pena prevista para el mismo en el art. 395 CP, no es un delito más grave que el delito de falsedad en documento mercantil, por lo que desde ese punto de vista no existe ningún obstáculo a la condena. Sin embargo, a diferencia de éste, para apreciar la falsedad en documento privado no basta -prosigue el Tribunal Supremo- con la falsificación del documento por medio de alguna de las modalidades previstas en el Código Penal. El art. 395 CP exige, además, la concurrencia del ánimo de perjudicar a otro, lo que en general puede autorizar que se afirme que existen diferencias entre uno y otro delito que impiden sostener la homogeneidad. Ahora bien -continúa el Alto Tribunal-, es preciso tener en consideración que el fundamento material del principio acusatorio no reside en la obtención de efectos puramente formales, sino, sobre todo, en la finalidad de evitar la indefensión material. Por esta razón, la valoración que se haga de la acusación y de la sentencia a estos efectos no puede construirse sobre la creación de compartimentos estancos, sino mediante el examen de la totalidad de los hechos imputados y la totalidad de la calificación jurídica, lo cual conduce en este caso a la negación de la infracción denunciada, pues en la calificación de la acusación pública, que se refiere a unos hechos íntimamente relacionados entre sí de manera que forman un todo único, se contienen todos los elementos que se tienen en cuenta en la sentencia, aunque sean calificados en ésta de forma diferente. Así, el elemento del ánimo de perjudicar a otro aparece en ambos casos, acusación y sentencia, relacionado con la falsificación del documento, si bien en la calificación del Fiscal lo hace como elemento integrante del delito de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que en la sentencia se traslada su valoración al delito de falsedad en documento privado. Por todo ello, la STS 24 mayo 2002 acaba concluyendo que, puesto que de un modo u otro el elemento del ánimo de perjudicar a otro fue objeto de la acusación, y fue, por ello, planteado como objeto de debate en el Juicio Oral, ninguna indefensión se ocasionaba teniéndolo en consideración para condenar por un delito de falsedad en documento privado cuando la acusación había sido formulada por falsedad en documento mercantil.

Es relevante a tales efectos la STS 126/2016 de 23 de febrero que resume la posición del Alto Tribunal frente a la relación medial entre la falsedad de documentos privados y la estafa (aplicable a la apropiación indebida). Dicha resolución recuerda que la relación mencionada "debe reconducirse al concurso de normas del artículo 8 CP ".Y ello porque el artículo 395 CP, que tipifica la falsedad de documentos privados, exige como subjetivo del tipo (adicional al dolo) el ánimo de "perjudicar a otro".La Sala infiere que, como dicho perjuicio coincide con el que se exige en el tipo de estafa y la apropiación indebida, no resolver la concurrencia de ambos delitos con un concurso de leyes "supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio y en definitiva de doble sanción".En base a esta conclusión, se expone que, por regla general, "la estafa absorberá la falsedad en la medida en que el perjuicio efectivamente causado engloba el engaño y ánimo de perjudicar.", haciendo uso del principio de consunción, ex art. 8.3 CP. Pero el TS abre la puerta a resolver el concurso de leyes por medio del principio de alternatividad, que recoge el mismo artículo en su apartado 4º. Y ello sucederá "En concreto cuando la estafa no haya llegado a perfeccionarse, pues en tales casos al no haberse alcanzado el propósito defraudatorio, ambas infracciones tienen el mismo grado especificidad".Es por ello que, en el caso de que el sujeto activo del delito falsee un documento público, oficial o mercantil como medio para cometer una estafa, responderá por ambos delitos en concurso medial. En el caso de haber falseado un documento privado para usarlo como medio para culminar la estafa que ha planeado, responderá únicamente por estafa, por el principio de consunción o por el de falsedad de documento privado, si éste conllevara mayor pena, en base al principio de alternatividad.

Entiende la sala que no estamos ante un delito de estafa sino de apropiación indebida.Y ello por cuanto lo cierto es que las ventas fueron reales (incluso la de Pio que finalmente acepto el cambio de vivienda), el precio era real y fue pagado por el comprador de forma íntegra y de conformidad con lo pactado (siendo en definitiva quienes realizaron el desplazamiento patrimonial), se elevó a escritura pública de conformidad con la realidad de lo pactado entre compradores y vendedores (con el precio real pagado), siendo los perjudicados los vendedores, quienes, pese haber sido abonado por los compradores la totalidad del precio acordado, no han obtenido el precio total al quedarse el acusado todo o parte del dinero consignado en su cuenta en concepto de arras, reserva y precio parcial, en el caso de Pio.

En cuanto a la estafa, debe recordarse que no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que cometerán dicha infracción "los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exige la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: a) Un engaño bastante, es decir, idóneo objetiva y subjetivamente. b) Error en la persona a la que se dirige. c) Que dicho error induzca a realizar un acto de disposición patrimonial. d) Perjuicio propio o de tercero. e) Todo ello llevado a cabo por el autor del engaño con la finalidad de obtener una ventaja o lucro de contenido patrimonial a costa del patrimonio del sujeto engañado o de un tercero. De tal forma que si la existencia de una conducta engañosa previa (con dolo antecedente), la entidad y gravedad de la misma (engaño bastante) por un lado, y la concatenación típica entre éste, error, acto de disposición y perjuicio, son los puntos claves del delito es lo cierto que en este caso la sala no aprecia, como ya hemos dicho, su concurrencia.

Por el contrario, si apreciamos la concurrencia de todos los elementos del delito de apropiación indebida que, como señala la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ( SSTS 513/2007, de 19 de junio, 648/2013, de 18 de julio y 692/3013, de 26 de septiembre, entre otras muchas) establece, como requisitos: a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado y c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.

En definitiva, estamos ante el delito tipificado en el art.253 del CP que señala que "Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido"

Además, concurren los subtipos agravados del art. 250.1, 1º y 5º CP. En el caso de la venta a Pio es de aplicación el art. 250.1, 1º CP, recordando que la jurisprudencia ha venido exigiendo que se trate de la primera vivienda, de modo que si no constituye el domicilio habitual o la morada del perjudicado no cabe dispensar la protección reforzada del indicado precepto ( STS 186/2013, de 6 de marzo). Todo ello vinculado al hecho de que el uso de las viviendas satisface una necesidad elemental como es la de disponer de un espacio apto para el desarrollo de la intimidad personal y familiar. La jurisprudencia añade un elemento adicional, en el sentido de que no basta para aplicar el subtipo agravado que en la dinámica comisiva aparezca una vivienda, pues en otro caso se trataría de un mero automatismo, sino que su aplicación debe aplicarse a los casos en los que el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad ( STS 188/2002, de 8 de febrero).

En el supuesto examinado es de aplicación el indicado subtipo agravado, pues, como ha habido ocasión de exponer, en los casos de las operaciones relacionadas en el relato de hechos probados como 3ª, el perjudicados pretendía adquirió la vivienda para fijar allí su residencia.

Concurre además el subtipo agravado del art. 250.1, 5º CP ya que, en el caso examinado, el valor total de lo defraudado excede de los 50.000 euros si se toma en consideración los importes defraudados a cada uno de los perjudicados, así como las cantidades apropiadas.

Sobre la continuidad delictiva,el art. 74.1 del CP define el delito continuado señalando que lo comete el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito continuado.

Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo nº. 620/12 de 9 de Julio que "según la jurisprudencia consolidada de este Tribunal ( sentencias del Tribunal Supremo nº 1038/04 de 21 de Septiembre ; 820/05 de 23 de Junio ; 309/06 de 16 de Marzo ; 553/07 de 18 de Junio ; 8/08 de 24 de Enero ; y 465/12, de 1 de Junio , entre otras), los requisitos del delito continuado son los siguientes: a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi, lo que significa la uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal".

Dicho lo cual, como señala el TS en su auto 257/2019, si bien en el delito continuado de naturaleza patrimonial, la pena se determina conforme al perjuicio total causado y se impone en su mitad superior por aplicación del artículo 74.1 del Código Penal. La regla agravatoria de la continuidad delictiva no resulta aplicable cuando la suma del perjuicio total se toma en consideración para aplicar el subtipo agravado de especial gravedad, pues ello vulneraría la prohibición de bis in idem al agravar doblemente por el mismo concepto. Sin embargo, cuando alguna de las acciones que integran el delito continuado alcanza por sí sola una cuantía superior a cincuenta mil euros, determinando ya la aplicación del subtipo agravado del artículo 250.5 del Código Penal, no se produce vulneración del principio de non bis in idem por aplicar además la mayor penalidad prevista en el artículo 74.1 para los delitos continuados, pues de otro modo quedarían sin sanción las conductas defraudatorias añadidas. Partiendo de dicha sentencia, es evidente que en el caso que nos ocupa las apropiaciones lo son de 21.000, 12.360 y 20.000 euros, siendo que solo mediante su suma, se alcanzan los 50.000 euros del art.250.1. 5ª del CP. Ahora bien, como sea que, en uno de los delitos, el tercero, concurre además la agravación del 250.1. 1ª del CP, ya es posible aplicar la continuidad delictiva y el subtipo agravado sin infringir el principio de non bis in eadem.

En similar sentido la STS de 26 de marzo de 2.019 señala que La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado respecto a la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del artículo 250.1. 5º, que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del artículo 250.1. 5º (El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas) del Código Penal, ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio "non bis in idem".Procede por tanto la aplicación del subtipo de especial gravedad siempre que la totalidad de las diversas defraudaciones superen la cantidad de 50.000 euros tras la reforma por Ley Orgánica 5/2010, siendo además aplicable, dada la continuidad delictiva, el art. 74, pero solo en su apartado 2, es decir, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado imponiendo motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente el tribunal, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

TERCERO. - Valoración de la prueba.

En orden a la valoración de la prueba, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la Sala dictará Sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los propios procesados. Cualquier condena penal ha de basarse en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto respeto de los principios de igualdad de armas, contradicción, inmediación y oralidad y publicidad, de modo que la actividad probatoria resulte suficiente para generar en el órgano sentenciador la evidencia de la existencia de un hecho punible y la participación que en él tuvo el acusado. Conviene recordar también la doctrina sobre la posibilidad de que las declaraciones de la víctima (incluso como único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional, ha mantenido ( SSTC 62/1985, de 10 de mayo, 201/1989, de 30 de noviembre; 174/1990, de 12 de noviembre; 229/1991, de 28 de noviembre; 283/1993, de 27 de septiembre; 64/1994, de 28 de febrero) que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador o denunciante( STC 201/1989).

Conforme es reiterada doctrina del TC, la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 C.E. y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en él tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho tribunal desde la ST 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mimo juez o tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de este sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así mismo, no basta que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda considerarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas a favor del reo, en base al principio rector del proceso penal de "in dubio pro reo".

Pues bien, procede analizar, en primer lugar, la prueba de cargo desplegada para acreditar la comisión del delito de falsedad; si bien es cierto que no se ha practicado pericial alguna, no lo es menos que, exhibido el documento al comprador, este señalo que él no había firmado dicho documento, señalando que se podía apreciar como la firma estaba superpuesta. Esta alegación, unida a la afirmación de vendedor y comprador de que cuando cada uno de ellos firmó un contrato con cuantía diversa de arras, resulta suficiente para acreditar la falsedad que, en todo caso, por recaer sobre un contrato privado de arras o reserva, es de documento privado.

En cuanto a la apropiación indebida, el propio acusado ha reconocido finalmente haber recibido las cantidades reflejadas en los hechos probados de esta resolución en concepto de arras, señalando que la práctica habitual era ingresarlas en la cuenta de la inmobiliaria, siendo que no ha podido devolverlos por causas ajenas al mismo y afirmando que en todo caso estamos ante una deuda civil. Afirma que a él le deben mucho dinero y que por tal motivo no pudo hacer frente a la devolución de dichas cantidades. Esta tesis, excluyendo cualquier dolo en su actuar, no puede ser acogida pues sus actos previos, coetáneos y posteriores, revelan precisamente lo contrario. De esta forma, para asegurar las operaciones y generar duda sobre las cantidades ingresadas en concepto de arras, elaboro el documento de arras falso de 07.11.2023; de igual forma, como fuera que a la firma de las escrituras públicas los vendedores comprobaron que la cantidad de arras era otra, mayor de la recibida, emitió los documentos de autoliquidación por el total a fin de lograr que la venta se llevara a efecto sin el devolver la cantidad en depósito. De igual forma actuó en la compraventa de los hermanos Marí Juana Teresa Íñigo, que a la firma de la escritura no habían recibido las arras y en relación a los 20.000 euros de la venta de Pio, que dijo se aplicarían a la nueva casa, entregándoselas al vendedor, cosa que tampoco llevó a cabo. Es relevante a efectos de acreditar el dolo la emisión de pagarés, a sabiendas de que carecía de fondos la cuenta de la sociedad para hacer frente a dichas cantidades. Todo ello, unido a la cercanía temporal entre la entrega de las arras y la no devolución a los vendedores, revela la existencia de un actuar doloso, dejando claro, por la reiteración de operaciones, su doloso actuar.

Dicha prueba resulta más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega la defensa, en descargo de dicha prueba que no hubo intención de apropiarse del dinero, estando ante una mera deuda civil, alegando el acusado que ingresado el dinero, como sea que a él no le han pagado otras personas cantidades que le debían (cosa que no acredita), no pudo finalmente entregarlo al vendedor al no disponer ya de dicho dinero por haberse empleado en otros pagos (que tampoco enumera ni justifica). Pues bien, dicho relato es insuficiente para generar en la sala la duda de si estamos ante un mero incumplimiento civil. Recordando a tal efecto la JPTS recapitulada en la sentencia de 18.11.2021 cuando señala que "como ha señalado la STS 18/2016, de 26 de enero , la admisión de la apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más complejos es necesario constatar que el Legislador ha zanjado la cuestión en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, al mantener específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el nuevo art 253 CP . Lo que exige la doctrina jurisprudencial para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero es que se haya superado lo que se denomina el 'punto sin retorno', es decir que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución ( STS 513/2007 de 19 de junio , STS 938/98, de 8 de julio , STS 374/2008, de 24 de junio , STS 228/2012, de 28 de marzo ".

CUARTO. - Autoría y participación.Del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad en consunción del art.80.3 del cp, anteriormente referidos es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Abel por su participación material y voluntaria en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 primer párrafo del Código Penal.

Su participación dolosa en los delitos que se le imputan no ofrece la más mínima duda razonable al Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas en el juicio oral, celebrado con estricto respeto de los principios de oralidad, contradicción entre acusación y defensa, e inmediación del tribunal sentenciador y valoradas de conformidad con el art. 741 de la Lecrim.

QUINTO. - Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En cuanto a la agravante de reincidencia del art.22.8 del CP, la misma concurre a la vista de su hoja històrica penal pues, a la fecha de comisión de los presentes le constaba condenas anteriores por delito de apropiación indebida; entre ellas la Sentencia de 31/10/2017, firme el 31/10/2017, de la SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, por delito de apropiación indebida cometido el 20/06/2014; y la Sentencia de 24/07/2015 del JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE PAMPLONA por delito de apropiación indebida cometido el 18/02/2012.

No se alega por la defensa atenuante alguna, pese a ello, vista la documentación aportada, la sala desea señalar que no puede apreciarse circunstancia atenuante de drogadicción por cuanto desconocemos su concreto estado en la fecha de los hechos, pero, dada lo elaborado de los hechos, que exigen una planificación, así como su reiteración en el tiempo y repetición, resultan incompatibles con la relevante disminución de las capacidades intelectivas y volitivas.

SEXTO. - Pena.Señala el art.253 del CP que las penas a aplicar serán las de los art.248 o 250 del CP.

El artículo 250 del CP prevé penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Por su parte, el art. 74.1 del Código Penal como excepción a la imposición de las penas correspondientes a cada delito para su cumplimiento simultáneo señala que "el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado."Y para determinar la extensión de la pena, cuando como acontece en este caso se trata de infracciones contra el patrimonio, establece el número 2 que se tendrá en cuenta el perjuicio total causado.

Por su parte, el artículo 66.1. 3º establece las reglas generales de individualización disponiendo que "3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito".

De esta forma, partiendo de la pena en su mitad superior, nos situamos en una horquilla de 3 años, 6 meses y 1 día a 6 años de prisión y 9 meses y 1 día a 12 meses de multa.

Según criterios jurisprudenciales de la Sala II del TS ha de tenerse en cuenta las circunstancias personales del acusado referidas a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado junto con demás circunstancias que concurran. Y, para determinar la gravedad del hecho, valorarse la descripción de los hechos declarados como probados, y el reproche penal atinente a los mismos en relación al bien jurídico afectado y la forma del ataque al mismo, Y, respecto a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta). Por último, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Pues bien, la actitud del acusado no puede entenderse colaboradora, habiendo dado largas a los perjudicados y ejecutado actuaciones tendentes a eludir su responsabilidad, fingiendo una intención de devolver el dinero que no tenía. Es igualmente relevante la totalidad del perjuicio causado y el especial reproche de su conducta, quebrantando la confianza de los vendedores que acudieron al acusado por la confianza que como profesional les ofrecía, asiendo relevante que los vendedores no vivían en las localidades donde estaba sitas las viviendas sino en otras bastante más lejanas por lo que confiaban en la gestión del acusado.

Es por ello que, partiendo de la horquilla ya señalada, debemos tener en cuenta la concurrencia de la agravante de reincidencia, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la Sala entiende que debe imponérsele una pena de 5 años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la venta de inmuebles y la administración de fincas; multa de 10 meses de prisión con cuota día de 3 euros (por cuanto si bien se encuentra en prisión, ha manifestado que está trabajando), con la responsabilidad personal subsidiaria del art.53 del CP.

SEPTIMO. - Responsabilidad civil

Ha quedado acreditado que, como consecuencia de los delitos cometidos por el acusado, este causo un perjuicio patrimonial da Candido en la cantidad 7.000 euros, a Fructuoso en la cantidad 7.000 euros, a Blanca en la cantidad 7.000 euros, a Teresa en la cantidad de 3.090 euros, a los legítimos herederos de Íñigo en la cantidad de 3.090 euros, a Marí Juana en la cantidad de 3.090 euros, a Sofía, en la cantidad de 3.090 euros y a Pio en la cantidad de 20.000 euros.

Cantidades en las que serán indemnizados por el condenado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 109 y 110 del Código Penal, con el interés legalmente establecido.

OCTAVO. -Por mandato del artículo 123 del Código Penal, procede condenar al acusado al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Según reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala II del TS (STSS 493/2009, de 8 de mayo; 203/2009, de 11 de febrero, 729/2008, de 13 de noviembre y 383/2008, de 25 de junio, entre otras) la doctrina jurisprudencial en materia de la imposición de las costas de la acusación particular en los delitos perseguibles de oficio las incluye como regla general. Únicamente procederá su exclusión cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulada peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia. En el presente caso, la actuación procesal de la acusación particular se considera útil y necesaria, al haber sido quien promovió la querella, propuso diligencias de investigación y pruebas en el juicio oral que han servido, junto a la actuación del Ministerio Fiscal, para el enjuiciamiento de los hechos.

Es por ello que procede la condena en costas, incluyendo las de la acusación particular.

Vistos los preceptos legales citados, así como los de pertinente y general aplicación.

PRIMERO. - Cuestiones previas y prueba practicada.

Con carácter previo al acto del juicio el letrado de la defensa interesó la suspensión de la vista para que el acusado fuera visitado por el médico forense, aportando documentación relativa a sus adicciones. Dicha petición fue rechazada por extemporánea, admitiendo como prueba documental la documentación médica y judicial aportada en relación a su capacidad.

El letrado de la defensa formuló escrito de conclusiones provisionales en fecha 13.10.2025 donde no interesó la práctica de pericial alguna ni introdujo la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad que justifiquen la práctica de dicho medio de prueba. Es por ello que, en la medida en que nada se modificó de dicha calificación, ni como cuestión previa ni al final del juicio, la pericial interesada resulta impertinente, más aún cuando supone la suspensión del acto del juicio: A mayor abundamiento, si la tesis sostenida es la negación de cualquier acto de apropiación, afirmando que se debe el dinero porque a su vez otras personas no le han pagado a él otras cantidades, la pericial es innecesaria.

En cuanto a los medios de prueba,en el acto del juicio, junto a la documental, se practicó la siguiente prueba personal:

Abel, dijo recordar vagamente los hechos, señalando que al estar en prisión por otra causa no podía recordar bien los hechos por que anualmente hacia muchas operaciones. Exhibido el contrato de arras dijo que no sabía quién lo elaboró físicamente. Esa operación fueron 21.000 euros y desconoce si hay otro contrato de arras. El precio de venta eran 70.000 euros y entregaron 14.000. Hay otro contrato de arras de 21.000 euros y por eso se escrituró por 54.000. Que en Notaria no les dijo que le daría 7000 euros a cada uno. Que hay un reconocimiento de pagos de 7.000 euros a cada uno. Que no les dijo que entregaría a Candido, Fructuoso y Blanca, los 7000 euros de diferencia entre los 14.000 y los 21.000. Que no ha entregado dicha cantidad, que no es de noviembre de 2.023 es de enero de 2.024. Él no se ha quedado ningún dinero. Al escriturar tenían que saber ellos cuánto dinero habían dado de arras y, por tanto, cuanto quedaba.

Exhibido del documento 100, contrato de reserva, señaló que es su firma, pero no sabe si es firma original o del sello. No sabe qué pasó con el dinero de la reserva. Los contratos de liquidación que se firmaron el día de la notaría eran 7.000 euros para cada uno de los hermanos. Los compradores le dieron 21.000 euros y eso lo sabían los vendedores. Esos 21.000 euros se ingresaron en la cuenta corriente, se ingresó en la cuenta y no pudieron ser devueltos por la situación de la empresa. Que siempre hacia así las operaciones, se ingresaba en su cuenta y no en la de los vendedores, siempre se hacía igual. Ese dinero no sabe en que se usó; había una asesora que se encargaba de dichas cuestiones. Estaba con el tema de la droga y no se enteraba bien de las cosas. Con Ángeles, se hizo unas arras por unos 12.000 euros, que fueron a su cuenta, le dio a cada uno de los vendedores un reconocimiento de deuda de unos 3.000 euros. El contrato de arras fue por una cantidad distinta de la escriturada. Está en prisión y no ha tenido acceso a la documentación. La cantidad que recibió como arras, no sabe ni quiere contestar. Exhibición documento electrónico 101, cheques, reconoce la firma y no recuerda para que se emitieron. Exhibición de los contratos de arras, documento electrónico 123 y 124, recibió las arras en su cuenta no recuerda como se entregó a los vendedores; el de forma consciente no ha emitido cheques sin fondo. Con Pio fue un contrato de alquiler con opción de compra, de la que es propietario Anibal, no él. Al final Pio no pudo comprar esa casa porque el vendedor no quiso y le ofreció otra vivienda en otra localidad de Sartaguda que finalmente compró. De la vivienda de Lodosa si se firmó un contrato de reserva, entregando 20.000 euros; esa operación se cae y entra en la de Sartaguda, que fue alquiler con opción de compra. Los 20.000 euros irían destinados a la nueva vivienda, le dio una parte al vendedor que era Anibal, pero no recuerda cuanto le entregó.

Que tras la firma de la escritura ha tenido conversaciones con los señores Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo y les ha comunicado que tiene intención de devolver los 12.360 euros de liquidación de arras, 3090 euros a cada uno de los cuatro hermanos Marí Juana Teresa Íñigo.

Las escrituras se ejecutaron en el Notario que pone la cantidad de depósito y lo que falta en la de compraventa. Las cantidades que se le reclaman las reconoce, pero no tiene dinero para pagarlas en relación a los Sres. Candido Fructuoso Blanca y Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo. Con Pio se realizó la segunda operación, fallando la primera porque el vendedor se echó a atrás.

Fructuoso, testigo, relató que eran propietarios de una vivienda en la DIRECCION002 de Lodosa; contactaron con la inmobiliaria del acusado y apareció un comprador, firmaron las arras; la venta eran 70.000 euros y adelantaba el comprador el 20%, 14.000 euros. Firmaron compradores y vendedores. Cuando en febrero fueron a la notaria, los compradores le dijeron ue habían pagado 21.000 en otro contrato de reserva. El acusado, les hizo un contrato de que les ingresaría los 7000 euros. Cuando le reclamaba el dinero a Abel, siempre les daba largas y finalmente le denunciaron. Se le exhibe el contrato de arras que firmaron los tres hermanos antes que los compradores de la vivienda. A los compradores no hablaron nada hasta la notaria, donde les dijeron que ellos habían ingresado 21.000 euros. Reconoce el reconocimiento de deuda, la liquidación, que se firmó en la propia notaria. En abril, recibieron unos pagares o cheques, fueron al banco a ingresarlo y el dinero que habían ingresado se lo quitaron por falta de fondos. En la notaria conoció a los compradores que les dijeron que habían firmado un contrato de reserva que le dieron al testigo para poder poner la denuncia. Les enseño el contrato de arras con la firma de los compradores y le dijeron que ellos eso no lo habían firmado. Que en ningún momento autorizaron al acusado a que pudiera usar de ese dinero, era un depósito de reserva a devolver en el momento de la firma de la escritura. Que vía whassap y por teléfono le reclamó. La inmobiliaria cobraría el 3% de la operación que se le pagó aparte, por la intermediación. Recibieron las facturas los hermanos y lo pagaron. En la escritura el comprador les pagaba con un talón de la parte restante, 54.000 euros. Que en el reconocimiento de deuda no pone la fecha en que le iba a pagar.

Blanca, declara en igual sentido que su hermano. Las arras se firman por 14.000 euros y luego ven que las firmas del contrato no eran de los compradores que, al parecer, reservaron entregando 21.000 euros firmando otro contrato. Esto los descubren en la notaria. Como los compradores entregaron 21.000 euros y no 14.000 euros, el precio final a entregar el día de la compraventa (por 70.000 euros), él les dijo que les entejaría los 21.000 euros, 7000 por hermano, en los días siguientes, cosa que no hizo. Como le reclamaban, les entregó cheques-pagares, que les llegaron por correo certificado, los fueron a cobrar y, finamente, no había fondos y encima tuvieron que pagar 10 euros por el trámite de cobrar un cheque sin fondos y la posterior devolución del dinero. Que fueron a una abogada que hizo una reclamación extrajudicial y que finalmente no puso la denuncia porque les dijo que les iba a salir más caro. Ellos abonaron también la cantidad de 1000 euro por su mediación aparte. Que, pese a que en la Notaria no coincidían las arras, en el notario les dijo el antes de firmar que había habido un malentendido en las cantidades y que eso lo arreglaban con el ingreso que el haría en el transcurso de la semana que viene y por eso confiaron y firmaron el documento.

Gabino, es propietario de una casa en Lodosa. Fijaron el precio con el acusado, 70.000 y dieron de reserva 21.000 euros. El día de la firma entregaron 3 talones y al tiempo le llamaron los vendedores de que la cifra no era la correcta y le remitieron el contrato de arras con sus firmas falsas donde la cifra de 21.000 había pasado a 14.000. Se le exhibe el contrato de 3.11.2023 y reconoce la firma. Exhibidos los folios 67 a 77, el de arras de los vendedores, no lo reconoce y lo firmó, pudiéndose ver claramente que es un corta y pega. Los vendedores no le dijeron en notaria que sospecharan de nada. En el notario firmaron que había pagado 21.000 euros y pago el resto; lo que consta en el notario es lo que él entregó. Otra cosa es que luego eso no fue real.

Ángeles, se encargó de la venta de una vivienda de la DIRECCION003 de Viana en nombre suyo y de sus familiares. Contacto con la inmobiliaria del acusado, con quien a había vendido una parcela y todo había ido bien. Quería vender una casa con parcela y cerraron, unos 12360 euros de arras y en la Notaria en Logroño salía que recibió el precio restante; él le dijo al Notario que ella no había recibido el pago de las arras al Notario y él le dijo que ya se las pagaría la inmobiliaria. Le envió cheques sin fondo en pago de las arras tras reclamarle en múltiples ocasiones, que incluso le había mandado copias de trasferencias que no eran reales. El día de la firma de la escritura, como faltaba dinero, ya que ella no había recibido las arras que la compradora si le había pagado, el acusado le firmó un reconocimiento de deuda porque la compradora dijo que si había pagado los 12.360 euros de arras. Que el precio era de 67.400 euros por la casa y una bajera. Exhibido el documento14, folios, reconoce los cheques que eran sin fondos. Exhibido el folio 17, lo reconoce. No autorizaron al acusado para que dispusiera las arras; la comisión la recibió por una trasferencia de forma independiente y antes de la firma en el Notario. Le reclamó, pero ya vio que no había intención de abonar y lo piso en conocimiento de la abogada. Exhibidos los documentos 95 a 103 reconoce los mensajes como los enviados y recibidos con el acusado.

Pio relata que contacto con el acusado para comprar una casa en Lodosa; era para ser su vivienda habitual en España y para poder traer a su mujer y vivir. Primero le enseñó la casa de Lodosa y luego se la cambió. Por la reserva de la vivienda le dio 13.000 y luego 7.000 para la vivienda de la DIRECCION004 de Lodosa. Luego le iba dando largas de ya te entregaré las llaves, la semana que viene, la semana que viene, y nunca llegaba el día. Era para comprar, primero pagaba 20.000 y el resto poco a poco al acusado. Se enfadó con el acusado, le pidió que le devolviera el dinero y al final le ofreció otra de Anibal en Sartaguda. Ahora esta casa la paga poco a poco y tiene recibos. Los 20.00 euros aún no se han imputado a esta nueva casa, ya que el acusado entregó a Anibal un cheque de los 20.000 euros que no vale; están pendientes de lo que aquí ocurra. Luego se enteró por una tercera persona que a casa de Lodosa no había estado a la venta. Hablo con Zaira que le dijo que la vivienda no estaba a la venta. Entonces hablo con Abel que le ofreció otra vivienda. No le gusto la otra casa, pero no quería devolverle el dinero. Aún no ha llegado la fecha de la opción de compra y la propietaria no ha intentado echarle.

Zaira, era propietario de una casa en Lodosa. Ella contrato a la agencia del acusado esa casa. No supo nada de la reserva que de esa casa hizo Pio. Les proponía el acusado vender con arrendamiento y opción de venta, cosa que ellos nunca quisieron ni aceptaron. El precio era unos 70.000 euros, cree. Pero querían vender, no tenían prisa. Nunca supieron de la compra de Pio por 54.000 euros. La inmobiliaria solo les comentó de una oferta muy buena con más entrada, pero ellos no querían y siempre le dijeron que en esas condiciones no, aunque le insistían mucho. De la firma del contrato por Pio se enteró por su hermano que le había comentado alguien algo, no sabe si ese señor. Ella no sabía nada y se enteró en Estella en instrucción. Ellos no han recibido nada de los 20.000 euros. El acusado sabía que no querían arredramiento con opción de compra ni tampoco compraventa con precio aplazado. Ellos querían vender. Hablaba con un chico de la inmobiliaria al que le entrego la llave y luego por teléfono. No sabe si era el acusado.

Anibal, puso una vivienda a la venta en Sartaguda a través del acusado. Firmó un contrato de venta y alquiler, no ha recibido de Abel ni 20.000 ni 19680; le dio un cheque y no tenía fondos.

Braulio, relata que compró en Viana un piso y una bajera en una sola escritura. En concepto de arras dio al acusado 12.360 euros que entregaría a la parte vendedora. Esa cantidad él no sabe cuándo se la tenía que entregar el acusado. Una vez en el Notario se acordó que ese dinero se entregaría a la Sra. Marí Juana que, a la fecha de la escritura, parece que un no se había entregado. Sabe que está pendiente, pero fue un trato entre ellos. El pagó lo que consta en la escritura. Que eta pendiente de que el acusado le de ese dinero para poder venderla a Pio. Que puso una denuncia en la policía local. Que pacto un contrato de venta de una cantidad inicial y pagos mensuales de 500 euros hasta el pago total.

DOCUMENTAL, contratos de arras, de reserva, escrituras públicas, cheques y conversaciones de whassap.

Aporta la defensa documentación medica de fecha 30.04.2024 donde el acusado es atendido por intento autolítico, donde se señala que el paciente presenta "estrés emocional a causa de su trabajo". En la exploración psicopatológica se señala que presenta sus "capacidades volitivas e intelectuales preservadas"; siendo el diagnostico de "problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y consumo perjudicial de cocaína". El resto de documentación médica y del Juzgado de vigilancia, acreditan un posible consumo perjudicial de cocaína y anfetamina en septiembre y una analítica con un resultado de 130 mgDL de creatinina.

SEGUNDO. - Calificación jurídica de los hechos.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa sobre vivienda habitual, y superando la defraudación los 50.000 euros, previsto en los artículos 74, 248 y 250.1 1º y 5º del Código Penal, en concurso medial del artículo 77.1 y 3 del Código Penal, con un delito de falsedad documental del artículo 392.1 y 390.1. 2º del Código Penal; Alternativamente, interesó que el concurso lo fuera con un delito continuado de apropiación indebida. La acusación particular sostuvo su inicial calificación de apropiación indebida.

En primer lugar y en cuanto a la falsedad;los hechos declarados probados en el apartado primero no son constitutivos de un delito de falsificación de documento público del art.392.1 (documento público, oficial o mercantil) y 390.1. 2º del CP ("simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad"), sino que, en todo caso estamos ante la falsedad en un documento privado del art. 395 CP , en relación con el art. 390.1, 1 º y 3º CP ("Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial", la cantidad entregada en concepto de arras; y "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho", en cuanto a la estampación falsa de la firma de los compradores). Todo ello en lo que al contrato de arras de fecha 07.11.2023 se refiere.

En este punto la sala desea recordar que el Tribunal Supremo en STS 24 mayo 2002 planteó la cuestión de si resulta posible la condena por el delito de falsedad en documento privado cuando la acusación se sostenía por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil. Para solucionar esta problemática, el Alto Tribunal parte de la premisa de que el delito de falsedad en documento privado, en atención a la pena prevista para el mismo en el art. 395 CP, no es un delito más grave que el delito de falsedad en documento mercantil, por lo que desde ese punto de vista no existe ningún obstáculo a la condena. Sin embargo, a diferencia de éste, para apreciar la falsedad en documento privado no basta -prosigue el Tribunal Supremo- con la falsificación del documento por medio de alguna de las modalidades previstas en el Código Penal. El art. 395 CP exige, además, la concurrencia del ánimo de perjudicar a otro, lo que en general puede autorizar que se afirme que existen diferencias entre uno y otro delito que impiden sostener la homogeneidad. Ahora bien -continúa el Alto Tribunal-, es preciso tener en consideración que el fundamento material del principio acusatorio no reside en la obtención de efectos puramente formales, sino, sobre todo, en la finalidad de evitar la indefensión material. Por esta razón, la valoración que se haga de la acusación y de la sentencia a estos efectos no puede construirse sobre la creación de compartimentos estancos, sino mediante el examen de la totalidad de los hechos imputados y la totalidad de la calificación jurídica, lo cual conduce en este caso a la negación de la infracción denunciada, pues en la calificación de la acusación pública, que se refiere a unos hechos íntimamente relacionados entre sí de manera que forman un todo único, se contienen todos los elementos que se tienen en cuenta en la sentencia, aunque sean calificados en ésta de forma diferente. Así, el elemento del ánimo de perjudicar a otro aparece en ambos casos, acusación y sentencia, relacionado con la falsificación del documento, si bien en la calificación del Fiscal lo hace como elemento integrante del delito de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que en la sentencia se traslada su valoración al delito de falsedad en documento privado. Por todo ello, la STS 24 mayo 2002 acaba concluyendo que, puesto que de un modo u otro el elemento del ánimo de perjudicar a otro fue objeto de la acusación, y fue, por ello, planteado como objeto de debate en el Juicio Oral, ninguna indefensión se ocasionaba teniéndolo en consideración para condenar por un delito de falsedad en documento privado cuando la acusación había sido formulada por falsedad en documento mercantil.

Es relevante a tales efectos la STS 126/2016 de 23 de febrero que resume la posición del Alto Tribunal frente a la relación medial entre la falsedad de documentos privados y la estafa (aplicable a la apropiación indebida). Dicha resolución recuerda que la relación mencionada "debe reconducirse al concurso de normas del artículo 8 CP ".Y ello porque el artículo 395 CP, que tipifica la falsedad de documentos privados, exige como subjetivo del tipo (adicional al dolo) el ánimo de "perjudicar a otro".La Sala infiere que, como dicho perjuicio coincide con el que se exige en el tipo de estafa y la apropiación indebida, no resolver la concurrencia de ambos delitos con un concurso de leyes "supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio y en definitiva de doble sanción".En base a esta conclusión, se expone que, por regla general, "la estafa absorberá la falsedad en la medida en que el perjuicio efectivamente causado engloba el engaño y ánimo de perjudicar.", haciendo uso del principio de consunción, ex art. 8.3 CP. Pero el TS abre la puerta a resolver el concurso de leyes por medio del principio de alternatividad, que recoge el mismo artículo en su apartado 4º. Y ello sucederá "En concreto cuando la estafa no haya llegado a perfeccionarse, pues en tales casos al no haberse alcanzado el propósito defraudatorio, ambas infracciones tienen el mismo grado especificidad".Es por ello que, en el caso de que el sujeto activo del delito falsee un documento público, oficial o mercantil como medio para cometer una estafa, responderá por ambos delitos en concurso medial. En el caso de haber falseado un documento privado para usarlo como medio para culminar la estafa que ha planeado, responderá únicamente por estafa, por el principio de consunción o por el de falsedad de documento privado, si éste conllevara mayor pena, en base al principio de alternatividad.

Entiende la sala que no estamos ante un delito de estafa sino de apropiación indebida.Y ello por cuanto lo cierto es que las ventas fueron reales (incluso la de Pio que finalmente acepto el cambio de vivienda), el precio era real y fue pagado por el comprador de forma íntegra y de conformidad con lo pactado (siendo en definitiva quienes realizaron el desplazamiento patrimonial), se elevó a escritura pública de conformidad con la realidad de lo pactado entre compradores y vendedores (con el precio real pagado), siendo los perjudicados los vendedores, quienes, pese haber sido abonado por los compradores la totalidad del precio acordado, no han obtenido el precio total al quedarse el acusado todo o parte del dinero consignado en su cuenta en concepto de arras, reserva y precio parcial, en el caso de Pio.

En cuanto a la estafa, debe recordarse que no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que cometerán dicha infracción "los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exige la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: a) Un engaño bastante, es decir, idóneo objetiva y subjetivamente. b) Error en la persona a la que se dirige. c) Que dicho error induzca a realizar un acto de disposición patrimonial. d) Perjuicio propio o de tercero. e) Todo ello llevado a cabo por el autor del engaño con la finalidad de obtener una ventaja o lucro de contenido patrimonial a costa del patrimonio del sujeto engañado o de un tercero. De tal forma que si la existencia de una conducta engañosa previa (con dolo antecedente), la entidad y gravedad de la misma (engaño bastante) por un lado, y la concatenación típica entre éste, error, acto de disposición y perjuicio, son los puntos claves del delito es lo cierto que en este caso la sala no aprecia, como ya hemos dicho, su concurrencia.

Por el contrario, si apreciamos la concurrencia de todos los elementos del delito de apropiación indebida que, como señala la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ( SSTS 513/2007, de 19 de junio, 648/2013, de 18 de julio y 692/3013, de 26 de septiembre, entre otras muchas) establece, como requisitos: a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado y c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.

En definitiva, estamos ante el delito tipificado en el art.253 del CP que señala que "Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido"

Además, concurren los subtipos agravados del art. 250.1, 1º y 5º CP. En el caso de la venta a Pio es de aplicación el art. 250.1, 1º CP, recordando que la jurisprudencia ha venido exigiendo que se trate de la primera vivienda, de modo que si no constituye el domicilio habitual o la morada del perjudicado no cabe dispensar la protección reforzada del indicado precepto ( STS 186/2013, de 6 de marzo). Todo ello vinculado al hecho de que el uso de las viviendas satisface una necesidad elemental como es la de disponer de un espacio apto para el desarrollo de la intimidad personal y familiar. La jurisprudencia añade un elemento adicional, en el sentido de que no basta para aplicar el subtipo agravado que en la dinámica comisiva aparezca una vivienda, pues en otro caso se trataría de un mero automatismo, sino que su aplicación debe aplicarse a los casos en los que el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad ( STS 188/2002, de 8 de febrero).

En el supuesto examinado es de aplicación el indicado subtipo agravado, pues, como ha habido ocasión de exponer, en los casos de las operaciones relacionadas en el relato de hechos probados como 3ª, el perjudicados pretendía adquirió la vivienda para fijar allí su residencia.

Concurre además el subtipo agravado del art. 250.1, 5º CP ya que, en el caso examinado, el valor total de lo defraudado excede de los 50.000 euros si se toma en consideración los importes defraudados a cada uno de los perjudicados, así como las cantidades apropiadas.

Sobre la continuidad delictiva,el art. 74.1 del CP define el delito continuado señalando que lo comete el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito continuado.

Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo nº. 620/12 de 9 de Julio que "según la jurisprudencia consolidada de este Tribunal ( sentencias del Tribunal Supremo nº 1038/04 de 21 de Septiembre ; 820/05 de 23 de Junio ; 309/06 de 16 de Marzo ; 553/07 de 18 de Junio ; 8/08 de 24 de Enero ; y 465/12, de 1 de Junio , entre otras), los requisitos del delito continuado son los siguientes: a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi, lo que significa la uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal".

Dicho lo cual, como señala el TS en su auto 257/2019, si bien en el delito continuado de naturaleza patrimonial, la pena se determina conforme al perjuicio total causado y se impone en su mitad superior por aplicación del artículo 74.1 del Código Penal. La regla agravatoria de la continuidad delictiva no resulta aplicable cuando la suma del perjuicio total se toma en consideración para aplicar el subtipo agravado de especial gravedad, pues ello vulneraría la prohibición de bis in idem al agravar doblemente por el mismo concepto. Sin embargo, cuando alguna de las acciones que integran el delito continuado alcanza por sí sola una cuantía superior a cincuenta mil euros, determinando ya la aplicación del subtipo agravado del artículo 250.5 del Código Penal, no se produce vulneración del principio de non bis in idem por aplicar además la mayor penalidad prevista en el artículo 74.1 para los delitos continuados, pues de otro modo quedarían sin sanción las conductas defraudatorias añadidas. Partiendo de dicha sentencia, es evidente que en el caso que nos ocupa las apropiaciones lo son de 21.000, 12.360 y 20.000 euros, siendo que solo mediante su suma, se alcanzan los 50.000 euros del art.250.1. 5ª del CP. Ahora bien, como sea que, en uno de los delitos, el tercero, concurre además la agravación del 250.1. 1ª del CP, ya es posible aplicar la continuidad delictiva y el subtipo agravado sin infringir el principio de non bis in eadem.

En similar sentido la STS de 26 de marzo de 2.019 señala que La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado respecto a la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del artículo 250.1. 5º, que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del artículo 250.1. 5º (El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas) del Código Penal, ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio "non bis in idem".Procede por tanto la aplicación del subtipo de especial gravedad siempre que la totalidad de las diversas defraudaciones superen la cantidad de 50.000 euros tras la reforma por Ley Orgánica 5/2010, siendo además aplicable, dada la continuidad delictiva, el art. 74, pero solo en su apartado 2, es decir, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado imponiendo motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente el tribunal, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

TERCERO. - Valoración de la prueba.

En orden a la valoración de la prueba, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la Sala dictará Sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los propios procesados. Cualquier condena penal ha de basarse en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto respeto de los principios de igualdad de armas, contradicción, inmediación y oralidad y publicidad, de modo que la actividad probatoria resulte suficiente para generar en el órgano sentenciador la evidencia de la existencia de un hecho punible y la participación que en él tuvo el acusado. Conviene recordar también la doctrina sobre la posibilidad de que las declaraciones de la víctima (incluso como único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional, ha mantenido ( SSTC 62/1985, de 10 de mayo, 201/1989, de 30 de noviembre; 174/1990, de 12 de noviembre; 229/1991, de 28 de noviembre; 283/1993, de 27 de septiembre; 64/1994, de 28 de febrero) que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador o denunciante( STC 201/1989).

Conforme es reiterada doctrina del TC, la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 C.E. y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en él tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho tribunal desde la ST 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mimo juez o tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de este sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así mismo, no basta que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda considerarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas a favor del reo, en base al principio rector del proceso penal de "in dubio pro reo".

Pues bien, procede analizar, en primer lugar, la prueba de cargo desplegada para acreditar la comisión del delito de falsedad; si bien es cierto que no se ha practicado pericial alguna, no lo es menos que, exhibido el documento al comprador, este señalo que él no había firmado dicho documento, señalando que se podía apreciar como la firma estaba superpuesta. Esta alegación, unida a la afirmación de vendedor y comprador de que cuando cada uno de ellos firmó un contrato con cuantía diversa de arras, resulta suficiente para acreditar la falsedad que, en todo caso, por recaer sobre un contrato privado de arras o reserva, es de documento privado.

En cuanto a la apropiación indebida, el propio acusado ha reconocido finalmente haber recibido las cantidades reflejadas en los hechos probados de esta resolución en concepto de arras, señalando que la práctica habitual era ingresarlas en la cuenta de la inmobiliaria, siendo que no ha podido devolverlos por causas ajenas al mismo y afirmando que en todo caso estamos ante una deuda civil. Afirma que a él le deben mucho dinero y que por tal motivo no pudo hacer frente a la devolución de dichas cantidades. Esta tesis, excluyendo cualquier dolo en su actuar, no puede ser acogida pues sus actos previos, coetáneos y posteriores, revelan precisamente lo contrario. De esta forma, para asegurar las operaciones y generar duda sobre las cantidades ingresadas en concepto de arras, elaboro el documento de arras falso de 07.11.2023; de igual forma, como fuera que a la firma de las escrituras públicas los vendedores comprobaron que la cantidad de arras era otra, mayor de la recibida, emitió los documentos de autoliquidación por el total a fin de lograr que la venta se llevara a efecto sin el devolver la cantidad en depósito. De igual forma actuó en la compraventa de los hermanos Marí Juana Teresa Íñigo, que a la firma de la escritura no habían recibido las arras y en relación a los 20.000 euros de la venta de Pio, que dijo se aplicarían a la nueva casa, entregándoselas al vendedor, cosa que tampoco llevó a cabo. Es relevante a efectos de acreditar el dolo la emisión de pagarés, a sabiendas de que carecía de fondos la cuenta de la sociedad para hacer frente a dichas cantidades. Todo ello, unido a la cercanía temporal entre la entrega de las arras y la no devolución a los vendedores, revela la existencia de un actuar doloso, dejando claro, por la reiteración de operaciones, su doloso actuar.

Dicha prueba resulta más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega la defensa, en descargo de dicha prueba que no hubo intención de apropiarse del dinero, estando ante una mera deuda civil, alegando el acusado que ingresado el dinero, como sea que a él no le han pagado otras personas cantidades que le debían (cosa que no acredita), no pudo finalmente entregarlo al vendedor al no disponer ya de dicho dinero por haberse empleado en otros pagos (que tampoco enumera ni justifica). Pues bien, dicho relato es insuficiente para generar en la sala la duda de si estamos ante un mero incumplimiento civil. Recordando a tal efecto la JPTS recapitulada en la sentencia de 18.11.2021 cuando señala que "como ha señalado la STS 18/2016, de 26 de enero , la admisión de la apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más complejos es necesario constatar que el Legislador ha zanjado la cuestión en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, al mantener específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el nuevo art 253 CP . Lo que exige la doctrina jurisprudencial para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero es que se haya superado lo que se denomina el 'punto sin retorno', es decir que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución ( STS 513/2007 de 19 de junio , STS 938/98, de 8 de julio , STS 374/2008, de 24 de junio , STS 228/2012, de 28 de marzo ".

CUARTO. - Autoría y participación.Del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad en consunción del art.80.3 del cp, anteriormente referidos es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Abel por su participación material y voluntaria en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 primer párrafo del Código Penal.

Su participación dolosa en los delitos que se le imputan no ofrece la más mínima duda razonable al Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas en el juicio oral, celebrado con estricto respeto de los principios de oralidad, contradicción entre acusación y defensa, e inmediación del tribunal sentenciador y valoradas de conformidad con el art. 741 de la Lecrim.

QUINTO. - Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En cuanto a la agravante de reincidencia del art.22.8 del CP, la misma concurre a la vista de su hoja històrica penal pues, a la fecha de comisión de los presentes le constaba condenas anteriores por delito de apropiación indebida; entre ellas la Sentencia de 31/10/2017, firme el 31/10/2017, de la SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, por delito de apropiación indebida cometido el 20/06/2014; y la Sentencia de 24/07/2015 del JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE PAMPLONA por delito de apropiación indebida cometido el 18/02/2012.

No se alega por la defensa atenuante alguna, pese a ello, vista la documentación aportada, la sala desea señalar que no puede apreciarse circunstancia atenuante de drogadicción por cuanto desconocemos su concreto estado en la fecha de los hechos, pero, dada lo elaborado de los hechos, que exigen una planificación, así como su reiteración en el tiempo y repetición, resultan incompatibles con la relevante disminución de las capacidades intelectivas y volitivas.

SEXTO. - Pena.Señala el art.253 del CP que las penas a aplicar serán las de los art.248 o 250 del CP.

El artículo 250 del CP prevé penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Por su parte, el art. 74.1 del Código Penal como excepción a la imposición de las penas correspondientes a cada delito para su cumplimiento simultáneo señala que "el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado."Y para determinar la extensión de la pena, cuando como acontece en este caso se trata de infracciones contra el patrimonio, establece el número 2 que se tendrá en cuenta el perjuicio total causado.

Por su parte, el artículo 66.1. 3º establece las reglas generales de individualización disponiendo que "3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito".

De esta forma, partiendo de la pena en su mitad superior, nos situamos en una horquilla de 3 años, 6 meses y 1 día a 6 años de prisión y 9 meses y 1 día a 12 meses de multa.

Según criterios jurisprudenciales de la Sala II del TS ha de tenerse en cuenta las circunstancias personales del acusado referidas a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado junto con demás circunstancias que concurran. Y, para determinar la gravedad del hecho, valorarse la descripción de los hechos declarados como probados, y el reproche penal atinente a los mismos en relación al bien jurídico afectado y la forma del ataque al mismo, Y, respecto a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta). Por último, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Pues bien, la actitud del acusado no puede entenderse colaboradora, habiendo dado largas a los perjudicados y ejecutado actuaciones tendentes a eludir su responsabilidad, fingiendo una intención de devolver el dinero que no tenía. Es igualmente relevante la totalidad del perjuicio causado y el especial reproche de su conducta, quebrantando la confianza de los vendedores que acudieron al acusado por la confianza que como profesional les ofrecía, asiendo relevante que los vendedores no vivían en las localidades donde estaba sitas las viviendas sino en otras bastante más lejanas por lo que confiaban en la gestión del acusado.

Es por ello que, partiendo de la horquilla ya señalada, debemos tener en cuenta la concurrencia de la agravante de reincidencia, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la Sala entiende que debe imponérsele una pena de 5 años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la venta de inmuebles y la administración de fincas; multa de 10 meses de prisión con cuota día de 3 euros (por cuanto si bien se encuentra en prisión, ha manifestado que está trabajando), con la responsabilidad personal subsidiaria del art.53 del CP.

SEPTIMO. - Responsabilidad civil

Ha quedado acreditado que, como consecuencia de los delitos cometidos por el acusado, este causo un perjuicio patrimonial da Candido en la cantidad 7.000 euros, a Fructuoso en la cantidad 7.000 euros, a Blanca en la cantidad 7.000 euros, a Teresa en la cantidad de 3.090 euros, a los legítimos herederos de Íñigo en la cantidad de 3.090 euros, a Marí Juana en la cantidad de 3.090 euros, a Sofía, en la cantidad de 3.090 euros y a Pio en la cantidad de 20.000 euros.

Cantidades en las que serán indemnizados por el condenado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 109 y 110 del Código Penal, con el interés legalmente establecido.

OCTAVO. -Por mandato del artículo 123 del Código Penal, procede condenar al acusado al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Según reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala II del TS (STSS 493/2009, de 8 de mayo; 203/2009, de 11 de febrero, 729/2008, de 13 de noviembre y 383/2008, de 25 de junio, entre otras) la doctrina jurisprudencial en materia de la imposición de las costas de la acusación particular en los delitos perseguibles de oficio las incluye como regla general. Únicamente procederá su exclusión cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulada peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia. En el presente caso, la actuación procesal de la acusación particular se considera útil y necesaria, al haber sido quien promovió la querella, propuso diligencias de investigación y pruebas en el juicio oral que han servido, junto a la actuación del Ministerio Fiscal, para el enjuiciamiento de los hechos.

Es por ello que procede la condena en costas, incluyendo las de la acusación particular.

Vistos los preceptos legales citados, así como los de pertinente y general aplicación.

PRIMERO. - Cuestiones previas y prueba practicada.

Con carácter previo al acto del juicio el letrado de la defensa interesó la suspensión de la vista para que el acusado fuera visitado por el médico forense, aportando documentación relativa a sus adicciones. Dicha petición fue rechazada por extemporánea, admitiendo como prueba documental la documentación médica y judicial aportada en relación a su capacidad.

El letrado de la defensa formuló escrito de conclusiones provisionales en fecha 13.10.2025 donde no interesó la práctica de pericial alguna ni introdujo la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad que justifiquen la práctica de dicho medio de prueba. Es por ello que, en la medida en que nada se modificó de dicha calificación, ni como cuestión previa ni al final del juicio, la pericial interesada resulta impertinente, más aún cuando supone la suspensión del acto del juicio: A mayor abundamiento, si la tesis sostenida es la negación de cualquier acto de apropiación, afirmando que se debe el dinero porque a su vez otras personas no le han pagado a él otras cantidades, la pericial es innecesaria.

En cuanto a los medios de prueba,en el acto del juicio, junto a la documental, se practicó la siguiente prueba personal:

Abel, dijo recordar vagamente los hechos, señalando que al estar en prisión por otra causa no podía recordar bien los hechos por que anualmente hacia muchas operaciones. Exhibido el contrato de arras dijo que no sabía quién lo elaboró físicamente. Esa operación fueron 21.000 euros y desconoce si hay otro contrato de arras. El precio de venta eran 70.000 euros y entregaron 14.000. Hay otro contrato de arras de 21.000 euros y por eso se escrituró por 54.000. Que en Notaria no les dijo que le daría 7000 euros a cada uno. Que hay un reconocimiento de pagos de 7.000 euros a cada uno. Que no les dijo que entregaría a Candido, Fructuoso y Blanca, los 7000 euros de diferencia entre los 14.000 y los 21.000. Que no ha entregado dicha cantidad, que no es de noviembre de 2.023 es de enero de 2.024. Él no se ha quedado ningún dinero. Al escriturar tenían que saber ellos cuánto dinero habían dado de arras y, por tanto, cuanto quedaba.

Exhibido del documento 100, contrato de reserva, señaló que es su firma, pero no sabe si es firma original o del sello. No sabe qué pasó con el dinero de la reserva. Los contratos de liquidación que se firmaron el día de la notaría eran 7.000 euros para cada uno de los hermanos. Los compradores le dieron 21.000 euros y eso lo sabían los vendedores. Esos 21.000 euros se ingresaron en la cuenta corriente, se ingresó en la cuenta y no pudieron ser devueltos por la situación de la empresa. Que siempre hacia así las operaciones, se ingresaba en su cuenta y no en la de los vendedores, siempre se hacía igual. Ese dinero no sabe en que se usó; había una asesora que se encargaba de dichas cuestiones. Estaba con el tema de la droga y no se enteraba bien de las cosas. Con Ángeles, se hizo unas arras por unos 12.000 euros, que fueron a su cuenta, le dio a cada uno de los vendedores un reconocimiento de deuda de unos 3.000 euros. El contrato de arras fue por una cantidad distinta de la escriturada. Está en prisión y no ha tenido acceso a la documentación. La cantidad que recibió como arras, no sabe ni quiere contestar. Exhibición documento electrónico 101, cheques, reconoce la firma y no recuerda para que se emitieron. Exhibición de los contratos de arras, documento electrónico 123 y 124, recibió las arras en su cuenta no recuerda como se entregó a los vendedores; el de forma consciente no ha emitido cheques sin fondo. Con Pio fue un contrato de alquiler con opción de compra, de la que es propietario Anibal, no él. Al final Pio no pudo comprar esa casa porque el vendedor no quiso y le ofreció otra vivienda en otra localidad de Sartaguda que finalmente compró. De la vivienda de Lodosa si se firmó un contrato de reserva, entregando 20.000 euros; esa operación se cae y entra en la de Sartaguda, que fue alquiler con opción de compra. Los 20.000 euros irían destinados a la nueva vivienda, le dio una parte al vendedor que era Anibal, pero no recuerda cuanto le entregó.

Que tras la firma de la escritura ha tenido conversaciones con los señores Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo y les ha comunicado que tiene intención de devolver los 12.360 euros de liquidación de arras, 3090 euros a cada uno de los cuatro hermanos Marí Juana Teresa Íñigo.

Las escrituras se ejecutaron en el Notario que pone la cantidad de depósito y lo que falta en la de compraventa. Las cantidades que se le reclaman las reconoce, pero no tiene dinero para pagarlas en relación a los Sres. Candido Fructuoso Blanca y Marí Juana Ángeles Teresa Íñigo. Con Pio se realizó la segunda operación, fallando la primera porque el vendedor se echó a atrás.

Fructuoso, testigo, relató que eran propietarios de una vivienda en la DIRECCION002 de Lodosa; contactaron con la inmobiliaria del acusado y apareció un comprador, firmaron las arras; la venta eran 70.000 euros y adelantaba el comprador el 20%, 14.000 euros. Firmaron compradores y vendedores. Cuando en febrero fueron a la notaria, los compradores le dijeron ue habían pagado 21.000 en otro contrato de reserva. El acusado, les hizo un contrato de que les ingresaría los 7000 euros. Cuando le reclamaba el dinero a Abel, siempre les daba largas y finalmente le denunciaron. Se le exhibe el contrato de arras que firmaron los tres hermanos antes que los compradores de la vivienda. A los compradores no hablaron nada hasta la notaria, donde les dijeron que ellos habían ingresado 21.000 euros. Reconoce el reconocimiento de deuda, la liquidación, que se firmó en la propia notaria. En abril, recibieron unos pagares o cheques, fueron al banco a ingresarlo y el dinero que habían ingresado se lo quitaron por falta de fondos. En la notaria conoció a los compradores que les dijeron que habían firmado un contrato de reserva que le dieron al testigo para poder poner la denuncia. Les enseño el contrato de arras con la firma de los compradores y le dijeron que ellos eso no lo habían firmado. Que en ningún momento autorizaron al acusado a que pudiera usar de ese dinero, era un depósito de reserva a devolver en el momento de la firma de la escritura. Que vía whassap y por teléfono le reclamó. La inmobiliaria cobraría el 3% de la operación que se le pagó aparte, por la intermediación. Recibieron las facturas los hermanos y lo pagaron. En la escritura el comprador les pagaba con un talón de la parte restante, 54.000 euros. Que en el reconocimiento de deuda no pone la fecha en que le iba a pagar.

Blanca, declara en igual sentido que su hermano. Las arras se firman por 14.000 euros y luego ven que las firmas del contrato no eran de los compradores que, al parecer, reservaron entregando 21.000 euros firmando otro contrato. Esto los descubren en la notaria. Como los compradores entregaron 21.000 euros y no 14.000 euros, el precio final a entregar el día de la compraventa (por 70.000 euros), él les dijo que les entejaría los 21.000 euros, 7000 por hermano, en los días siguientes, cosa que no hizo. Como le reclamaban, les entregó cheques-pagares, que les llegaron por correo certificado, los fueron a cobrar y, finamente, no había fondos y encima tuvieron que pagar 10 euros por el trámite de cobrar un cheque sin fondos y la posterior devolución del dinero. Que fueron a una abogada que hizo una reclamación extrajudicial y que finalmente no puso la denuncia porque les dijo que les iba a salir más caro. Ellos abonaron también la cantidad de 1000 euro por su mediación aparte. Que, pese a que en la Notaria no coincidían las arras, en el notario les dijo el antes de firmar que había habido un malentendido en las cantidades y que eso lo arreglaban con el ingreso que el haría en el transcurso de la semana que viene y por eso confiaron y firmaron el documento.

Gabino, es propietario de una casa en Lodosa. Fijaron el precio con el acusado, 70.000 y dieron de reserva 21.000 euros. El día de la firma entregaron 3 talones y al tiempo le llamaron los vendedores de que la cifra no era la correcta y le remitieron el contrato de arras con sus firmas falsas donde la cifra de 21.000 había pasado a 14.000. Se le exhibe el contrato de 3.11.2023 y reconoce la firma. Exhibidos los folios 67 a 77, el de arras de los vendedores, no lo reconoce y lo firmó, pudiéndose ver claramente que es un corta y pega. Los vendedores no le dijeron en notaria que sospecharan de nada. En el notario firmaron que había pagado 21.000 euros y pago el resto; lo que consta en el notario es lo que él entregó. Otra cosa es que luego eso no fue real.

Ángeles, se encargó de la venta de una vivienda de la DIRECCION003 de Viana en nombre suyo y de sus familiares. Contacto con la inmobiliaria del acusado, con quien a había vendido una parcela y todo había ido bien. Quería vender una casa con parcela y cerraron, unos 12360 euros de arras y en la Notaria en Logroño salía que recibió el precio restante; él le dijo al Notario que ella no había recibido el pago de las arras al Notario y él le dijo que ya se las pagaría la inmobiliaria. Le envió cheques sin fondo en pago de las arras tras reclamarle en múltiples ocasiones, que incluso le había mandado copias de trasferencias que no eran reales. El día de la firma de la escritura, como faltaba dinero, ya que ella no había recibido las arras que la compradora si le había pagado, el acusado le firmó un reconocimiento de deuda porque la compradora dijo que si había pagado los 12.360 euros de arras. Que el precio era de 67.400 euros por la casa y una bajera. Exhibido el documento14, folios, reconoce los cheques que eran sin fondos. Exhibido el folio 17, lo reconoce. No autorizaron al acusado para que dispusiera las arras; la comisión la recibió por una trasferencia de forma independiente y antes de la firma en el Notario. Le reclamó, pero ya vio que no había intención de abonar y lo piso en conocimiento de la abogada. Exhibidos los documentos 95 a 103 reconoce los mensajes como los enviados y recibidos con el acusado.

Pio relata que contacto con el acusado para comprar una casa en Lodosa; era para ser su vivienda habitual en España y para poder traer a su mujer y vivir. Primero le enseñó la casa de Lodosa y luego se la cambió. Por la reserva de la vivienda le dio 13.000 y luego 7.000 para la vivienda de la DIRECCION004 de Lodosa. Luego le iba dando largas de ya te entregaré las llaves, la semana que viene, la semana que viene, y nunca llegaba el día. Era para comprar, primero pagaba 20.000 y el resto poco a poco al acusado. Se enfadó con el acusado, le pidió que le devolviera el dinero y al final le ofreció otra de Anibal en Sartaguda. Ahora esta casa la paga poco a poco y tiene recibos. Los 20.00 euros aún no se han imputado a esta nueva casa, ya que el acusado entregó a Anibal un cheque de los 20.000 euros que no vale; están pendientes de lo que aquí ocurra. Luego se enteró por una tercera persona que a casa de Lodosa no había estado a la venta. Hablo con Zaira que le dijo que la vivienda no estaba a la venta. Entonces hablo con Abel que le ofreció otra vivienda. No le gusto la otra casa, pero no quería devolverle el dinero. Aún no ha llegado la fecha de la opción de compra y la propietaria no ha intentado echarle.

Zaira, era propietario de una casa en Lodosa. Ella contrato a la agencia del acusado esa casa. No supo nada de la reserva que de esa casa hizo Pio. Les proponía el acusado vender con arrendamiento y opción de venta, cosa que ellos nunca quisieron ni aceptaron. El precio era unos 70.000 euros, cree. Pero querían vender, no tenían prisa. Nunca supieron de la compra de Pio por 54.000 euros. La inmobiliaria solo les comentó de una oferta muy buena con más entrada, pero ellos no querían y siempre le dijeron que en esas condiciones no, aunque le insistían mucho. De la firma del contrato por Pio se enteró por su hermano que le había comentado alguien algo, no sabe si ese señor. Ella no sabía nada y se enteró en Estella en instrucción. Ellos no han recibido nada de los 20.000 euros. El acusado sabía que no querían arredramiento con opción de compra ni tampoco compraventa con precio aplazado. Ellos querían vender. Hablaba con un chico de la inmobiliaria al que le entrego la llave y luego por teléfono. No sabe si era el acusado.

Anibal, puso una vivienda a la venta en Sartaguda a través del acusado. Firmó un contrato de venta y alquiler, no ha recibido de Abel ni 20.000 ni 19680; le dio un cheque y no tenía fondos.

Braulio, relata que compró en Viana un piso y una bajera en una sola escritura. En concepto de arras dio al acusado 12.360 euros que entregaría a la parte vendedora. Esa cantidad él no sabe cuándo se la tenía que entregar el acusado. Una vez en el Notario se acordó que ese dinero se entregaría a la Sra. Marí Juana que, a la fecha de la escritura, parece que un no se había entregado. Sabe que está pendiente, pero fue un trato entre ellos. El pagó lo que consta en la escritura. Que eta pendiente de que el acusado le de ese dinero para poder venderla a Pio. Que puso una denuncia en la policía local. Que pacto un contrato de venta de una cantidad inicial y pagos mensuales de 500 euros hasta el pago total.

DOCUMENTAL, contratos de arras, de reserva, escrituras públicas, cheques y conversaciones de whassap.

Aporta la defensa documentación medica de fecha 30.04.2024 donde el acusado es atendido por intento autolítico, donde se señala que el paciente presenta "estrés emocional a causa de su trabajo". En la exploración psicopatológica se señala que presenta sus "capacidades volitivas e intelectuales preservadas"; siendo el diagnostico de "problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y consumo perjudicial de cocaína". El resto de documentación médica y del Juzgado de vigilancia, acreditan un posible consumo perjudicial de cocaína y anfetamina en septiembre y una analítica con un resultado de 130 mgDL de creatinina.

SEGUNDO. - Calificación jurídica de los hechos.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa sobre vivienda habitual, y superando la defraudación los 50.000 euros, previsto en los artículos 74, 248 y 250.1 1º y 5º del Código Penal, en concurso medial del artículo 77.1 y 3 del Código Penal, con un delito de falsedad documental del artículo 392.1 y 390.1. 2º del Código Penal; Alternativamente, interesó que el concurso lo fuera con un delito continuado de apropiación indebida. La acusación particular sostuvo su inicial calificación de apropiación indebida.

En primer lugar y en cuanto a la falsedad;los hechos declarados probados en el apartado primero no son constitutivos de un delito de falsificación de documento público del art.392.1 (documento público, oficial o mercantil) y 390.1. 2º del CP ("simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad"), sino que, en todo caso estamos ante la falsedad en un documento privado del art. 395 CP , en relación con el art. 390.1, 1 º y 3º CP ("Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial", la cantidad entregada en concepto de arras; y "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho", en cuanto a la estampación falsa de la firma de los compradores). Todo ello en lo que al contrato de arras de fecha 07.11.2023 se refiere.

En este punto la sala desea recordar que el Tribunal Supremo en STS 24 mayo 2002 planteó la cuestión de si resulta posible la condena por el delito de falsedad en documento privado cuando la acusación se sostenía por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil. Para solucionar esta problemática, el Alto Tribunal parte de la premisa de que el delito de falsedad en documento privado, en atención a la pena prevista para el mismo en el art. 395 CP, no es un delito más grave que el delito de falsedad en documento mercantil, por lo que desde ese punto de vista no existe ningún obstáculo a la condena. Sin embargo, a diferencia de éste, para apreciar la falsedad en documento privado no basta -prosigue el Tribunal Supremo- con la falsificación del documento por medio de alguna de las modalidades previstas en el Código Penal. El art. 395 CP exige, además, la concurrencia del ánimo de perjudicar a otro, lo que en general puede autorizar que se afirme que existen diferencias entre uno y otro delito que impiden sostener la homogeneidad. Ahora bien -continúa el Alto Tribunal-, es preciso tener en consideración que el fundamento material del principio acusatorio no reside en la obtención de efectos puramente formales, sino, sobre todo, en la finalidad de evitar la indefensión material. Por esta razón, la valoración que se haga de la acusación y de la sentencia a estos efectos no puede construirse sobre la creación de compartimentos estancos, sino mediante el examen de la totalidad de los hechos imputados y la totalidad de la calificación jurídica, lo cual conduce en este caso a la negación de la infracción denunciada, pues en la calificación de la acusación pública, que se refiere a unos hechos íntimamente relacionados entre sí de manera que forman un todo único, se contienen todos los elementos que se tienen en cuenta en la sentencia, aunque sean calificados en ésta de forma diferente. Así, el elemento del ánimo de perjudicar a otro aparece en ambos casos, acusación y sentencia, relacionado con la falsificación del documento, si bien en la calificación del Fiscal lo hace como elemento integrante del delito de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que en la sentencia se traslada su valoración al delito de falsedad en documento privado. Por todo ello, la STS 24 mayo 2002 acaba concluyendo que, puesto que de un modo u otro el elemento del ánimo de perjudicar a otro fue objeto de la acusación, y fue, por ello, planteado como objeto de debate en el Juicio Oral, ninguna indefensión se ocasionaba teniéndolo en consideración para condenar por un delito de falsedad en documento privado cuando la acusación había sido formulada por falsedad en documento mercantil.

Es relevante a tales efectos la STS 126/2016 de 23 de febrero que resume la posición del Alto Tribunal frente a la relación medial entre la falsedad de documentos privados y la estafa (aplicable a la apropiación indebida). Dicha resolución recuerda que la relación mencionada "debe reconducirse al concurso de normas del artículo 8 CP ".Y ello porque el artículo 395 CP, que tipifica la falsedad de documentos privados, exige como subjetivo del tipo (adicional al dolo) el ánimo de "perjudicar a otro".La Sala infiere que, como dicho perjuicio coincide con el que se exige en el tipo de estafa y la apropiación indebida, no resolver la concurrencia de ambos delitos con un concurso de leyes "supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio y en definitiva de doble sanción".En base a esta conclusión, se expone que, por regla general, "la estafa absorberá la falsedad en la medida en que el perjuicio efectivamente causado engloba el engaño y ánimo de perjudicar.", haciendo uso del principio de consunción, ex art. 8.3 CP. Pero el TS abre la puerta a resolver el concurso de leyes por medio del principio de alternatividad, que recoge el mismo artículo en su apartado 4º. Y ello sucederá "En concreto cuando la estafa no haya llegado a perfeccionarse, pues en tales casos al no haberse alcanzado el propósito defraudatorio, ambas infracciones tienen el mismo grado especificidad".Es por ello que, en el caso de que el sujeto activo del delito falsee un documento público, oficial o mercantil como medio para cometer una estafa, responderá por ambos delitos en concurso medial. En el caso de haber falseado un documento privado para usarlo como medio para culminar la estafa que ha planeado, responderá únicamente por estafa, por el principio de consunción o por el de falsedad de documento privado, si éste conllevara mayor pena, en base al principio de alternatividad.

Entiende la sala que no estamos ante un delito de estafa sino de apropiación indebida.Y ello por cuanto lo cierto es que las ventas fueron reales (incluso la de Pio que finalmente acepto el cambio de vivienda), el precio era real y fue pagado por el comprador de forma íntegra y de conformidad con lo pactado (siendo en definitiva quienes realizaron el desplazamiento patrimonial), se elevó a escritura pública de conformidad con la realidad de lo pactado entre compradores y vendedores (con el precio real pagado), siendo los perjudicados los vendedores, quienes, pese haber sido abonado por los compradores la totalidad del precio acordado, no han obtenido el precio total al quedarse el acusado todo o parte del dinero consignado en su cuenta en concepto de arras, reserva y precio parcial, en el caso de Pio.

En cuanto a la estafa, debe recordarse que no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que cometerán dicha infracción "los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exige la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: a) Un engaño bastante, es decir, idóneo objetiva y subjetivamente. b) Error en la persona a la que se dirige. c) Que dicho error induzca a realizar un acto de disposición patrimonial. d) Perjuicio propio o de tercero. e) Todo ello llevado a cabo por el autor del engaño con la finalidad de obtener una ventaja o lucro de contenido patrimonial a costa del patrimonio del sujeto engañado o de un tercero. De tal forma que si la existencia de una conducta engañosa previa (con dolo antecedente), la entidad y gravedad de la misma (engaño bastante) por un lado, y la concatenación típica entre éste, error, acto de disposición y perjuicio, son los puntos claves del delito es lo cierto que en este caso la sala no aprecia, como ya hemos dicho, su concurrencia.

Por el contrario, si apreciamos la concurrencia de todos los elementos del delito de apropiación indebida que, como señala la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ( SSTS 513/2007, de 19 de junio, 648/2013, de 18 de julio y 692/3013, de 26 de septiembre, entre otras muchas) establece, como requisitos: a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado y c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.

En definitiva, estamos ante el delito tipificado en el art.253 del CP que señala que "Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido"

Además, concurren los subtipos agravados del art. 250.1, 1º y 5º CP. En el caso de la venta a Pio es de aplicación el art. 250.1, 1º CP, recordando que la jurisprudencia ha venido exigiendo que se trate de la primera vivienda, de modo que si no constituye el domicilio habitual o la morada del perjudicado no cabe dispensar la protección reforzada del indicado precepto ( STS 186/2013, de 6 de marzo). Todo ello vinculado al hecho de que el uso de las viviendas satisface una necesidad elemental como es la de disponer de un espacio apto para el desarrollo de la intimidad personal y familiar. La jurisprudencia añade un elemento adicional, en el sentido de que no basta para aplicar el subtipo agravado que en la dinámica comisiva aparezca una vivienda, pues en otro caso se trataría de un mero automatismo, sino que su aplicación debe aplicarse a los casos en los que el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad ( STS 188/2002, de 8 de febrero).

En el supuesto examinado es de aplicación el indicado subtipo agravado, pues, como ha habido ocasión de exponer, en los casos de las operaciones relacionadas en el relato de hechos probados como 3ª, el perjudicados pretendía adquirió la vivienda para fijar allí su residencia.

Concurre además el subtipo agravado del art. 250.1, 5º CP ya que, en el caso examinado, el valor total de lo defraudado excede de los 50.000 euros si se toma en consideración los importes defraudados a cada uno de los perjudicados, así como las cantidades apropiadas.

Sobre la continuidad delictiva,el art. 74.1 del CP define el delito continuado señalando que lo comete el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito continuado.

Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo nº. 620/12 de 9 de Julio que "según la jurisprudencia consolidada de este Tribunal ( sentencias del Tribunal Supremo nº 1038/04 de 21 de Septiembre ; 820/05 de 23 de Junio ; 309/06 de 16 de Marzo ; 553/07 de 18 de Junio ; 8/08 de 24 de Enero ; y 465/12, de 1 de Junio , entre otras), los requisitos del delito continuado son los siguientes: a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi, lo que significa la uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal".

Dicho lo cual, como señala el TS en su auto 257/2019, si bien en el delito continuado de naturaleza patrimonial, la pena se determina conforme al perjuicio total causado y se impone en su mitad superior por aplicación del artículo 74.1 del Código Penal. La regla agravatoria de la continuidad delictiva no resulta aplicable cuando la suma del perjuicio total se toma en consideración para aplicar el subtipo agravado de especial gravedad, pues ello vulneraría la prohibición de bis in idem al agravar doblemente por el mismo concepto. Sin embargo, cuando alguna de las acciones que integran el delito continuado alcanza por sí sola una cuantía superior a cincuenta mil euros, determinando ya la aplicación del subtipo agravado del artículo 250.5 del Código Penal, no se produce vulneración del principio de non bis in idem por aplicar además la mayor penalidad prevista en el artículo 74.1 para los delitos continuados, pues de otro modo quedarían sin sanción las conductas defraudatorias añadidas. Partiendo de dicha sentencia, es evidente que en el caso que nos ocupa las apropiaciones lo son de 21.000, 12.360 y 20.000 euros, siendo que solo mediante su suma, se alcanzan los 50.000 euros del art.250.1. 5ª del CP. Ahora bien, como sea que, en uno de los delitos, el tercero, concurre además la agravación del 250.1. 1ª del CP, ya es posible aplicar la continuidad delictiva y el subtipo agravado sin infringir el principio de non bis in eadem.

En similar sentido la STS de 26 de marzo de 2.019 señala que La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado respecto a la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del artículo 250.1. 5º, que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del artículo 250.1. 5º (El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas) del Código Penal, ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio "non bis in idem".Procede por tanto la aplicación del subtipo de especial gravedad siempre que la totalidad de las diversas defraudaciones superen la cantidad de 50.000 euros tras la reforma por Ley Orgánica 5/2010, siendo además aplicable, dada la continuidad delictiva, el art. 74, pero solo en su apartado 2, es decir, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado imponiendo motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente el tribunal, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

TERCERO. - Valoración de la prueba.

En orden a la valoración de la prueba, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la Sala dictará Sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los propios procesados. Cualquier condena penal ha de basarse en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto respeto de los principios de igualdad de armas, contradicción, inmediación y oralidad y publicidad, de modo que la actividad probatoria resulte suficiente para generar en el órgano sentenciador la evidencia de la existencia de un hecho punible y la participación que en él tuvo el acusado. Conviene recordar también la doctrina sobre la posibilidad de que las declaraciones de la víctima (incluso como único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional, ha mantenido ( SSTC 62/1985, de 10 de mayo, 201/1989, de 30 de noviembre; 174/1990, de 12 de noviembre; 229/1991, de 28 de noviembre; 283/1993, de 27 de septiembre; 64/1994, de 28 de febrero) que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador o denunciante( STC 201/1989).

Conforme es reiterada doctrina del TC, la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuarla a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 C.E. y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en él tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho tribunal desde la ST 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mimo juez o tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de este sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así mismo, no basta que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda considerarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas a favor del reo, en base al principio rector del proceso penal de "in dubio pro reo".

Pues bien, procede analizar, en primer lugar, la prueba de cargo desplegada para acreditar la comisión del delito de falsedad; si bien es cierto que no se ha practicado pericial alguna, no lo es menos que, exhibido el documento al comprador, este señalo que él no había firmado dicho documento, señalando que se podía apreciar como la firma estaba superpuesta. Esta alegación, unida a la afirmación de vendedor y comprador de que cuando cada uno de ellos firmó un contrato con cuantía diversa de arras, resulta suficiente para acreditar la falsedad que, en todo caso, por recaer sobre un contrato privado de arras o reserva, es de documento privado.

En cuanto a la apropiación indebida, el propio acusado ha reconocido finalmente haber recibido las cantidades reflejadas en los hechos probados de esta resolución en concepto de arras, señalando que la práctica habitual era ingresarlas en la cuenta de la inmobiliaria, siendo que no ha podido devolverlos por causas ajenas al mismo y afirmando que en todo caso estamos ante una deuda civil. Afirma que a él le deben mucho dinero y que por tal motivo no pudo hacer frente a la devolución de dichas cantidades. Esta tesis, excluyendo cualquier dolo en su actuar, no puede ser acogida pues sus actos previos, coetáneos y posteriores, revelan precisamente lo contrario. De esta forma, para asegurar las operaciones y generar duda sobre las cantidades ingresadas en concepto de arras, elaboro el documento de arras falso de 07.11.2023; de igual forma, como fuera que a la firma de las escrituras públicas los vendedores comprobaron que la cantidad de arras era otra, mayor de la recibida, emitió los documentos de autoliquidación por el total a fin de lograr que la venta se llevara a efecto sin el devolver la cantidad en depósito. De igual forma actuó en la compraventa de los hermanos Marí Juana Teresa Íñigo, que a la firma de la escritura no habían recibido las arras y en relación a los 20.000 euros de la venta de Pio, que dijo se aplicarían a la nueva casa, entregándoselas al vendedor, cosa que tampoco llevó a cabo. Es relevante a efectos de acreditar el dolo la emisión de pagarés, a sabiendas de que carecía de fondos la cuenta de la sociedad para hacer frente a dichas cantidades. Todo ello, unido a la cercanía temporal entre la entrega de las arras y la no devolución a los vendedores, revela la existencia de un actuar doloso, dejando claro, por la reiteración de operaciones, su doloso actuar.

Dicha prueba resulta más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega la defensa, en descargo de dicha prueba que no hubo intención de apropiarse del dinero, estando ante una mera deuda civil, alegando el acusado que ingresado el dinero, como sea que a él no le han pagado otras personas cantidades que le debían (cosa que no acredita), no pudo finalmente entregarlo al vendedor al no disponer ya de dicho dinero por haberse empleado en otros pagos (que tampoco enumera ni justifica). Pues bien, dicho relato es insuficiente para generar en la sala la duda de si estamos ante un mero incumplimiento civil. Recordando a tal efecto la JPTS recapitulada en la sentencia de 18.11.2021 cuando señala que "como ha señalado la STS 18/2016, de 26 de enero , la admisión de la apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más complejos es necesario constatar que el Legislador ha zanjado la cuestión en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, al mantener específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el nuevo art 253 CP . Lo que exige la doctrina jurisprudencial para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero es que se haya superado lo que se denomina el 'punto sin retorno', es decir que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución ( STS 513/2007 de 19 de junio , STS 938/98, de 8 de julio , STS 374/2008, de 24 de junio , STS 228/2012, de 28 de marzo ".

CUARTO. - Autoría y participación.Del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad en consunción del art.80.3 del cp, anteriormente referidos es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Abel por su participación material y voluntaria en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 primer párrafo del Código Penal.

Su participación dolosa en los delitos que se le imputan no ofrece la más mínima duda razonable al Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas en el juicio oral, celebrado con estricto respeto de los principios de oralidad, contradicción entre acusación y defensa, e inmediación del tribunal sentenciador y valoradas de conformidad con el art. 741 de la Lecrim.

QUINTO. - Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En cuanto a la agravante de reincidencia del art.22.8 del CP, la misma concurre a la vista de su hoja històrica penal pues, a la fecha de comisión de los presentes le constaba condenas anteriores por delito de apropiación indebida; entre ellas la Sentencia de 31/10/2017, firme el 31/10/2017, de la SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, por delito de apropiación indebida cometido el 20/06/2014; y la Sentencia de 24/07/2015 del JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE PAMPLONA por delito de apropiación indebida cometido el 18/02/2012.

No se alega por la defensa atenuante alguna, pese a ello, vista la documentación aportada, la sala desea señalar que no puede apreciarse circunstancia atenuante de drogadicción por cuanto desconocemos su concreto estado en la fecha de los hechos, pero, dada lo elaborado de los hechos, que exigen una planificación, así como su reiteración en el tiempo y repetición, resultan incompatibles con la relevante disminución de las capacidades intelectivas y volitivas.

SEXTO. - Pena.Señala el art.253 del CP que las penas a aplicar serán las de los art.248 o 250 del CP.

El artículo 250 del CP prevé penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Por su parte, el art. 74.1 del Código Penal como excepción a la imposición de las penas correspondientes a cada delito para su cumplimiento simultáneo señala que "el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado."Y para determinar la extensión de la pena, cuando como acontece en este caso se trata de infracciones contra el patrimonio, establece el número 2 que se tendrá en cuenta el perjuicio total causado.

Por su parte, el artículo 66.1. 3º establece las reglas generales de individualización disponiendo que "3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito".

De esta forma, partiendo de la pena en su mitad superior, nos situamos en una horquilla de 3 años, 6 meses y 1 día a 6 años de prisión y 9 meses y 1 día a 12 meses de multa.

Según criterios jurisprudenciales de la Sala II del TS ha de tenerse en cuenta las circunstancias personales del acusado referidas a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado junto con demás circunstancias que concurran. Y, para determinar la gravedad del hecho, valorarse la descripción de los hechos declarados como probados, y el reproche penal atinente a los mismos en relación al bien jurídico afectado y la forma del ataque al mismo, Y, respecto a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta). Por último, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Pues bien, la actitud del acusado no puede entenderse colaboradora, habiendo dado largas a los perjudicados y ejecutado actuaciones tendentes a eludir su responsabilidad, fingiendo una intención de devolver el dinero que no tenía. Es igualmente relevante la totalidad del perjuicio causado y el especial reproche de su conducta, quebrantando la confianza de los vendedores que acudieron al acusado por la confianza que como profesional les ofrecía, asiendo relevante que los vendedores no vivían en las localidades donde estaba sitas las viviendas sino en otras bastante más lejanas por lo que confiaban en la gestión del acusado.

Es por ello que, partiendo de la horquilla ya señalada, debemos tener en cuenta la concurrencia de la agravante de reincidencia, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la Sala entiende que debe imponérsele una pena de 5 años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la venta de inmuebles y la administración de fincas; multa de 10 meses de prisión con cuota día de 3 euros (por cuanto si bien se encuentra en prisión, ha manifestado que está trabajando), con la responsabilidad personal subsidiaria del art.53 del CP.

SEPTIMO. - Responsabilidad civil

Ha quedado acreditado que, como consecuencia de los delitos cometidos por el acusado, este causo un perjuicio patrimonial da Candido en la cantidad 7.000 euros, a Fructuoso en la cantidad 7.000 euros, a Blanca en la cantidad 7.000 euros, a Teresa en la cantidad de 3.090 euros, a los legítimos herederos de Íñigo en la cantidad de 3.090 euros, a Marí Juana en la cantidad de 3.090 euros, a Sofía, en la cantidad de 3.090 euros y a Pio en la cantidad de 20.000 euros.

Cantidades en las que serán indemnizados por el condenado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 109 y 110 del Código Penal, con el interés legalmente establecido.

OCTAVO. -Por mandato del artículo 123 del Código Penal, procede condenar al acusado al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Según reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala II del TS (STSS 493/2009, de 8 de mayo; 203/2009, de 11 de febrero, 729/2008, de 13 de noviembre y 383/2008, de 25 de junio, entre otras) la doctrina jurisprudencial en materia de la imposición de las costas de la acusación particular en los delitos perseguibles de oficio las incluye como regla general. Únicamente procederá su exclusión cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulada peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia. En el presente caso, la actuación procesal de la acusación particular se considera útil y necesaria, al haber sido quien promovió la querella, propuso diligencias de investigación y pruebas en el juicio oral que han servido, junto a la actuación del Ministerio Fiscal, para el enjuiciamiento de los hechos.

Es por ello que procede la condena en costas, incluyendo las de la acusación particular.

Vistos los preceptos legales citados, así como los de pertinente y general aplicación.