Sentencia Penal 261/2025 Audiencia Provincial Penal de Cáceres nº 2, Rec. 659/2025 de 11 de septiembre del 2025

Primero. -Frente a la Sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado 283/2024 del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, que condenó al acusado Fulgencio como autor responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad, se interpone, en primer término, recurso de apelación por medio de su representación procesal, alegando, de entrada, la infracción de lo dispuesto en el art. 790.2 de la Ley de E. Criminal por error en la apreciación/valoración de la prueba, vista la conclusión a la que se llega sobre la cuestión central que se ha debatido en el procedimiento, a saber, si el Sr. Jose Carlos era mutualista alternativo al RETA o complementario, todo ello en relación con la posibilidad de cumplimiento del mandato judicial a que se vincula el delito de desobediencia por el que ha sido condenado el recurrente. La sentencia de instancia ha considerado que el Sr. Jose Carlos era mutualista complementario, pero, aun así, el apelante indica que "la Mutualidad únicamente hubiera podido entregar o ejecutar el embargo sobre la parte del dinero que en tal condición abonó el Mutualista, no así la parte anterior, que pertenece a la alternatividad y que no sería reembolsable anticipadamente".Se insiste pues en el recurso en la condición del Sr. Jose Carlos de mutualista alternativo, y que "nunca llegó a nacer la póliza de complementario, a pesar de su solicitud de fecha 25 de enero de 2021, al no estar al corriente de pago de las cuotas ni haber llegado tampoco a abonar la primera prima del nuevo seguro contratado",reiterando que nunca ha figurado como dado de alta en el RETA y que "siempre fue mutualista alternativo, nunca fue complementario, se dio de baja en su Colegio Profesional y en la Mutualidad, primero estuvo en suspenso y finalmente se le dio de baja por impago de las cuotas. Motivo por el cual, no se pudo reembolsar anticipadamente los derechos consolidados hasta que no se dieran las dos únicas contingencias posibles: la jubilación, o el fallecimiento si se produjera antes".Igualmente, discute el apelante la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, justificando que de todos los requerimientos tuvieron conocimiento la Mutualidad y el Consejo Directivo, habiendo sido contestados por sus máximos responsables, con las mismas explicaciones facilitadas por el condenado. Indica, además, que a éste solo se le dirigió una única comunicación personal, en concreto la de 15 de junio de 2023, el resto lo fueron a la Mutualidad de Procuradores de España, por lo que, según mantiene, no existió la reiteración que se menciona en la sentencia. A partir de lo anterior, al entender que no ha existido incumplimiento de mandato judicial ni ánimo de desobedecer, se invoca como segundo motivo de apelación la infracción de precepto legal por vulneración de lo establecido en el art. 556 del Código Penal . Para el recurrente, tal desobediencia grave nunca se produjo, ni por parte de la Mutualidad, ni por su empleado, el Sr. Fulgencio, "pues no está en su mano poder cumplir el mandato, ni puede dar las órdenes para que se cumpla ni puede disponer de los derechos consolidados del Mutualista".Indica asimismo que lo actuado no permite apreciar la concurrencia de una negativa contumaz, clara, inequívoca y persistente, reiterada, de burlar el principio de autoridad y que, en todo caso, "la Mutualidad comunica, acredita y justifica la causa legal de la imposibilidad o dificultad para cumplir".Como tercer motivo de apelación, alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en el sentido de entender que la prueba practicada no es suficiente para fundamentar la condena, "habiéndose practicado únicamente pruebas de descargo que acreditan la ausencia de participación en los hechos y también de culpabilidad del acusado".Por último, se solicitaba en el recurso la práctica de prueba en segunda instancia conforme a lo indicado en el art. 790.3 de la Ley de E. Criminal, y en concreto, la prueba consistente en la aportación de los documentos adjuntos al escrito de recurso, a saber, hoja de vida laboral del Sr. Jose Carlos y certificado de la Mutualidad de Procuradores, de 12 de mayo de 2025, manifestando que se aportan, "a la vista de las sorpresivas, pero sobre todo erróneas manifestaciones que se contienen en la sentencia dictada",y que han sido obtenidos con posterioridad al acto del juicio oral. A propósito de esta cuestión ya resolvió la Sala mediante auto de 4 de septiembre(acontecimiento 47 del Rollo de Apelación), en el sentido de no tener por incorporados a la causa los referidos documentos, al no encontrarse en ninguno de los supuestos del aludido art. 790.3 de la Ley de E. Criminal. En todo caso, y en base a lo antes expuesto, se solicita la libre absolución del recurrente.

También interpone recurso contra la sentencia la representación de la acusación particular ejercitada por Alexander, quien alega, como motivo único, la vulneración de los arts. 109 , 110 , 116 y 120.4 del Código Penal en relación con la responsabilidad civil del acusado y la subsidiaria de la Mutualidad de los Procuradores. Trae causa dicha alegación del hecho de que, pese a que la sentencia declara penalmente responsable al Sr. Fulgencio, en su condición de subdirector general de la Mutualidad de Procuradores, sin embargo, no establece indemnización alguna en concepto de responsabilidad civil. Discrepa frontalmente el recurrente de tal decisión, insistiendo en que la conducta del acusado al no cumplir los requerimientos judiciales le causó un indudable perjuicio que debe ser reparado por aquél, con la responsabilidad civil subsidiaria de la Mutualidad de Procuradores. Al igual que sucedía con el recurso del condenado, se acompañan al escrito del Sr. Alexander varios documentos cuya admisión se solicitaba en segunda instancia, cuestión que igualmente ha sido resuelta en el referido auto de 4 de septiembre,en esta ocasión, en el sentido de admitir dichos documentos (consistentes en ingreso en la cuenta de consignaciones por parte de la MUTUALIDAD DE PROCURADORES de la cantidad reclamada por intereses y costas derivada del embargo a Jose Carlos) para su incorporación al procedimiento.

Por su parte, la MUTUALIDAD DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA se ha adherido, en primer término, al recurso de apelación formulado por el Sr. Fulgencio, suscribiendo sus motivos de discrepancia con la sentencia dictada, y asimismo, ha impugnado el recurso de Alexander, interesando su desestimación y argumentando que "resulta evidente que la relación de causalidad entre la acción delictiva, el bien jurídico protegido y el daño que se reclama no se encuentra acreditada, ni resulta en modo alguno procedente o viable ante la propia naturaleza del delito de desobediencia, queriendo así desvirtuar el procedimiento penal la representación de la acusación particular a fin de que el mismo englobe una supuesta respuesta indemnizatoria por hechos que no son derivados del delito imputado".

A su vez, la representación de Alexander impugna el recurso articulado por Fulgencio, e igualmente, la adhesión de la MUTUALIDAD DE PROCURADORES al recurso de éste. Del mismo modo, la representación procesal de Fulgencio se ha opuesto al recurso articulado por Alexander, interesando su desestimación.

Y finalmente, el Ministerio Fiscal se ha opuesto a todos los recursos anteriormente señalados, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia apelada.

Segundo. -Expuestos los términos en que se articulan los recursos formulados, necesariamente hemos de entrar a resolver en primer lugar el del acusado Fulgencio, pues el de la acusación particular tiene como presupuesto el mantenimiento de la condena, que, sin embargo, aquél combate.

En todo caso, no podemos pasar por alto que, en su mayor parte, los hechos que han sido objeto del procedimiento no se discuten, centrándose la controversia en torno a sus consecuencias jurídicas. Partimos así de que todo trae causa de lo acordado en los autos de Ejecución de Títulos no Judiciales seguidos en el Juzgado de lo Social núm. 2 de Cáceres, y del Decreto de 31 de agosto de 2020 por el que se ordenaba el embargo de todas las cantidades que por cualquier concepto recibiera o debiera recibir el ejecutado Jose Carlos de la MUTUALIDAD GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA, hasta cubrir la cantidad de 19.069,04 euros en concepto de principal más 3.108,83 euros que se presupuestaban para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación y tasación. Aparece igualmente constatado a tenor de la documental obrante en la causa que se verificaron las actuaciones correspondientes para llevar a efecto ese embargo, y en este sentido, se libraron sucesivos oficios a la Mutualidad de Procuradores para que procediera a dicho embargo y pusiera a disposición del Juzgado las cantidades indicadas, comprobándose que, en todos los supuestos, el ahora recurrente, Sr. Fulgencio, en su condición de Subdirector General de dicha Mutualidad y en nombre de ésta, contestó al requerimiento judicial en el sentido de indicar que no podía procederse a la ejecución del mentado embargo, porque hasta la fecha, no se habían dado ninguna de las contingencias previstas para satisfacer la prestación a que tenía derecho el Sr. Jose Carlos. A fin de clarificar tales circunstancias, el Juzgado de lo Social dicta providencia en fecha 3 de marzo de 2022, por la que se solicita de la Mutualidad, a la vista de sus reiteradas respuestas, que especifique "qué concretas contingencias o situaciones dan lugar al reembolso del capital retenido",vista la baja definitiva total y absoluta del ejecutado en el Colegio de Procuradores con fecha 1 de noviembre de 2021. Consta la respuesta de la Mutualidad a través de su Director General mediante escrito de 15 de noviembre de 2021, en la que insiste en la condición del ejecutado como "mutualista en suspenso",indicando que los derechos embargados continuarán retenidos hasta que se produzcan algunas de las contingencias o situaciones que dan lugar al reembolso conforme al art. 8.8 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Reiteró no obstante el Juzgado los requerimientos para la ejecución del embargo mediante sucesivas diligencias, llamando la atención acerca de la situación del Sr. Jose Carlos (su baja definitiva y total),recordándosele (véase diligencia de 10 de abril de 2023),el deber de colaboración con la administración de justicia. Llegados a este punto sin resolverse la cuestión, queda acreditado que se dicta nueva diligencia en fecha 15 de junio de 2023, por la que se acuerda requerir una vez más a la Mutualidad, "en la persona del subdirector general Fulgencio", a los mismos fines, concediéndosele un plazo de diez días para el ingreso de las cantidades y con apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial. Nuevamente la respuesta de la Mutualidad, a través del acusado, es la misma, insistiéndose en que Jose Carlos "consta como mutualista alternativo al RETA en suspenso"y que no se dan las contingencias para satisfacer la prestación.

La defensa del Sr. Fulgencio ha mantenido en el plenario y luego en el recurso los mismos argumentos que se han venido exponiendo, insistiendo en que en ningún momento existió voluntad de desobedecer o incumplir los mandatos judiciales y que, de hecho, en todo caso se expresaron las razones que justificarían la no ejecución del embargo, llamando la atención acerca de las diferentes consecuencias jurídicas que conlleva la condición de mutualista alternativo o complementario al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que a partir del 1 de enero de 1999, en el caso de los profesionales colegiados, pueden quedar exceptuados de la obligatoria afiliación al RETA, optando por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que tuviera establecido su Colegio Profesional, en tanto sea una de las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995, al amparo del artículo 1.2º del Reglamento de Entidades de Previsión Social, RD 2615/1985, esto es, de adscripción obligatoria (DA 15.primera, párrafos 1º y 3º), de manera que dichas Mutualidades quedan configuradas legalmente como mecanismos de protección y aseguramiento "alternativos" al RETA de la Seguridad Social. En unificación de doctrina, ( STS Sala 4ª de 25 de enero de 2000), se ha declarado que no existe incompatibilidad entre los dos heterogéneos sistemas de protección, de manera que cuando el interesado opta por mantenerse de forma simultánea en alta en el RETA y en la correspondiente Mutualidad, ésta desempeñará la función de complementación prevista por el artículo 64 de la Ley 30/95, mientras que en los casos en que se opta exclusivamente por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social prevista por el correspondiente Colegio Profesional, la función de la Mutualidad será la de "alternativa" al sistema de Seguridad Social. Consecuencia de esa opción en exclusiva por la Mutualidad de Previsión Social es que el mutualista obtiene a través de la misma la protección y aseguramiento que los demás trabajadores autónomos obtienen a través del RETA, estando obligado, al igual que ellos, a mantenerse en alta y al día en el abono de las correspondientes cuotas.

Tercero. -Llegados a este punto, ya anticipábamos que la defensa del acusado, Sr. Fulgencio, se ha orientado en el sentido de discutir la concurrencia, en el supuesto enjuiciado, de los presupuestos que configuran el delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal, insistiendo en que no se ha actuado con ánimo de ignorar o contradecir los mandatos judiciales, y que, de hecho, no solo se dio respuesta a todos los oficios recibidos, sino que también se procedió a la anotación del embargo preventivo de las cantidades que se indicaban, aun cuando no se pusieran a disposición del Juzgado, habida cuenta de las razones que eran expuestas, esto es, como se ha dicho, que no se daban las contingencias cubiertas que permitían la percepción de dichas sumas, reiterando que la baja en la actividad del mutualista no era uno de tales supuestos.

La Magistrada de lo Penal consideró, sin embargo, que sí se había incurrido por parte del acusado en la comisión del mentado delito de desobediencia, recordando nuevamente la sucesión de los oficios de requerimiento que no se atendieron (en cuanto a la puesta a disposición del importe reclamado)y que, como señala en la sentencia, eran órdenes "de obligado cumplimiento".En cuanto a las razones esgrimidas para justificar dicho actuar, la Juzgadora terminará considerando que de las pruebas practicadas vendría a deducirse que el Sr. Jose Carlos ostentaba la condición de mutualista complementario al RETA,y, por tanto, que no operaban los argumentos invocados por la Mutualidad y sus responsables para no acceder al ingreso de los fondos. En este orden de cosas, vemos que la sentencia llama la atención acerca del "anexo a las condiciones particulares del Mutualista NUM000", firmado el 25 de enero de 2021 (obra al acontecimiento 232, páginas 64 y siguientes),documento relativo a la modificación de las condiciones particulares de su póliza y donde figura la mención de "COMPLEMENTARIO NO EJERCIENTE", constando en todo caso con claridad que las garantías contratadas se refieren a la prestación de jubilación y de fallecimiento. Tal indicación acerca de la naturaleza del mutualista que aparece en el referido formulario es tenida en cuenta por la Juzgadora para deducir de ello que el Sr. Jose Carlos tenía dicha condición. Tal convicción se refuerza a la vista del contenido del correo electrónico que Esperanza, del Departamento de Tesorería de la Mutualidad, le envía el 22 de septiembre de 2020, exponiéndole las opciones que corresponden al mutualista una vez recibido el oficio de su baja en el Colegio. En este documento se indica "al cotizar a la Mutualidad mediante la modalidad complementaria",extremo que nuevamente vendría a resultar indiciario de que se trataba de un mutualista de esta naturaleza.

Advertimos pues varias cuestiones a propósito de tal controversia. De entrada, y como indica la Magistrada de lo Penal, la Mutualidad tiene conocimiento de la baja del Sr. Jose Carlos como ejerciente. Hasta ese momento, su aseguramiento venía dado desde el 1 de enero de 2013 (véase condiciones particulares, acontecimiento 232, páginas 55 y siguientes),mediante la modalidad de capitalización individual, habiendo solicitado con posterioridad a la mencionada baja la modificación de dicho régimen, en el sentido de "quedarse voluntariamente como no ejerciente con la cuota general",lo que se desprende de la carta (página 78), que se le remite el 30 de septiembre de 2010, si bien advirtiéndole de que debía ponerse al día en el pago de las cuotas. Tal solicitud de modificación es atendida mediante carta de 18 de enero de 2021 (página 81), a la que se adjunta el antes aludido anexo a las condiciones particulares, que es donde ya aparece la referencia a "complementario no ejerciente". Aparte lo anterior, comprobamos también que al Sr. Jose Carlos se le terminará dando de baja de la Mutualidad (véase carta de 30 de marzo de 2021, página 73 del acontecimiento 232), por impago de las cuotas y desde la fecha de la última que fue abonada que, según lo consignado en la página 74, sería la del 31 de enero de 2020.

A nuestro entender, pese a lo indicado en la sentencia, sin perjuicio de su exhaustiva interpretación de los elementos probatorios aportados, la cuestión no resulta tan clara a la hora de establecer cuál era la concreta modalidad de mutualista del Sr. Jose Carlos, máxime cuando no se ha dispuesto de ningún documento que claramente permitiera constatar que estaba o había estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), constando solamente una certificación en el sentido de que no era perceptor de pensiones públicas (en fecha 11 de octubre de 2022). Es cierto que la modificación de las condiciones de la póliza se contempla para el supuesto de "complementario no ejerciente",pero ¿cuál era la modalidad a que se encontraba sujeto con anterioridad? En ninguno de los documentos aportados se indica que su condición fuera precisamente la de complementario (insistimos, de alta en la Mutualidad y al mismo, en el RETA),más allá de la aludida mención que figura en el formulario del anexo a las condiciones particulares que se suscribe a raíz de la solicitud del mutualista tras su cese como ejerciente. ¿Era entonces alternativo, como sostienen el acusado y la Mutualidad? Ya hemos dicho que no consta que estuviera dado de alta en el RETA, por lo que no parece posible asegurar que la cotización a la Mutualidad lo fuera con ese carácter de complementario al sistema público. Por otra parte, ¿llegaron a tener efectividad las nuevas condiciones contractuales firmadas en enero de 2021? En este punto, no podemos pasar por alto que al mutualista se le dio de baja por impago de las primas, apareciendo éstas sin abonar desde febrero de 2020. En estas circunstancias, entendemos que afirmar que el Sr. Jose Carlos era mutualista complementario suscita evidentes dudas, por cuanto, insistimos, no solo no se ha certificado su afiliación al RETA, sino que ni siquiera esas nuevas condiciones de la póliza en las que se le consideraba como tal habrían llegado a estar operativas.

No puede pasarse por alto lo anterior a la hora de precisar si concurren los requisitos del delito por el que se ha pronunciado la condena del Sr. Fulgencio. Nos encontramos ante un cúmulo de circunstancias que confluyen respecto de los concretos hechos y que han de ser necesariamente evaluadas. Téngase en cuenta que el incumplimiento que puede dar lugar al delito de desobediencia a la autoridad contemplado en el art. 556 del Código Penal ha de ser, efectivamente, reiterado, tenaz, persistente, de forma que evidencie la voluntad obstativa al cumplimiento de lo ordenado, pero también, ha de ser imputable al obligado, no revistiendo relevancia penal aquellos supuestos en los que la orden no se cumple por motivos ajenos a la voluntad del requerido. En el presente caso, no existe controversia acerca de la sucesión de requerimientos que se efectuaron, bien a la Mutualidad a través de sus representantes, como al propio acusado, en su calidad de subdirector general de dicha entidad. En todos los casos, también hemos visto cómo la Mutualidad opone su argumentario para denegar la puesta a disposición de los fondos, no así para su embargo preventivo, insistiendo en que de acuerdo con la condición de mutualista del Sr. Jose Carlos (alternativo al RETA),no era posible esa entrega del dinero hasta que no se produjera alguna de las contingencias cubiertas (jubilación o fallecimiento).El no cumplimiento deriva, por consiguiente, de la invocación de una causa o un motivo que vendría legalmente a impedir la materialización de lo ordenado, circunstancia cuya realidad, como se ha visto, no puede ser descartada, habida cuenta de lo que se ha puesto de manifiesto acerca de la situación del mutualista y las dudas que suscita la modalidad de afiliación a que se encontraría adscrito. En este punto, no podemos ignorar tampoco que el delito de desobediencia requiere la concurrencia de una voluntad rebelde en cuanto elemento subjetivo que demuestre con claridad que el incumplimiento del mandato judicial no obedece a motivos serios o fundados que lo justifiquen. Tal es la cuestión que aquí se ha planteado y que se encuentra inmediatamente vinculada a la propia esencia del delito en lo que se refiere al requisito de que concurra la ya mencionada voluntad expresa y contumaz de menoscabar la autoridad del órgano judicial requirente. En el contexto que hemos analizado, ya anticipábamos las dudas en orden a la presencia de este elemento en la conducta del acusado en su condición de representante de la Mutualidad. No solo se atiende a la solicitud de que se embarguen los fondos del Sr. Jose Carlos, sino que a los mencionados requerimientos se contesta poniendo de manifiesto cuáles son los motivos que, según los requeridos, impedirían la eficacia de lo solicitado en lo que respecta a la inmediata puesta a disposición de dichos fondos mediante su ingreso en la cuenta del Juzgado (imposibilidad de hacer efectivo anticipadamente el derecho económico de los productos utilizados como alternativa al RETA, salvo en los supuestos legalmente establecidos).Se produce una controversia jurídica e interpretativa acerca de las circunstancias contractuales del asegurado que, entendemos, dista de haberse aclarado en el ámbito del juicio celebrado, al existir puntos que no han resultado debidamente contrastados, en particular, si el Sr. Jose Carlos se encontraba afiliado al RETA y, por tanto, si su condición de mutualista era la de complementario, supuesto éste en el que al concebirse sus aportaciones a la Mutualidad como una especie de ahorro adicional voluntario, sí podría tener opciones de un rescate anticipado.

Llegados a este punto, la Sala va a acoger el recurso articulado por el Sr. Fulgencio, al considerar la sentencia acreditados determinados hechos a pesar de que subsisten dudas razonables respecto de éstos, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia y toda vez que tales deficiencias probatorias afectan indefectiblemente a la concurrencia de los presupuestos determinantes del delito que ha sido objeto de las actuaciones. En estas circunstancias, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2024, de 7 de mayo , "la culpabilidad ha de ser probada de forma suficiente más allá de toda duda razonable", de forma que, si ésta no se ha establecido más allá de tal duda, la decisión que ha de adoptarse será la más favorable al acusado, esto es, su absolución.

Evidentemente, ante tal decisión absolutoria, consecuente de la estimación del recurso articulado por el acusado, procederá la correlativa desestimación del que formulaba la representación de la acusación particular, cuyo fundamento necesariamente exigía el mantenimiento de la condena (sin condena, no puede declararse la responsabilidad civil que se está pretendiendo).

Cuarto. -Estimado el recurso formulado por la representación del Sr. Fulgencio (al que se había adherido la representación de la MUTUALIDAD DE PROCURADORES),y desestimado el que se articulaba por la defensa de Alexander, no apreciando la concurrencia de circunstancias que justifiquen su imposición, procederá declarar de oficio las costas de ambas instancias, conforme a lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de E. Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español,