Sentencia Penal 219/2025 Audiencia Provincial Penal de Navarra nº 2, Rec. 214/2025 de 15 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La pretensión en ambos recurrentes se dirige a obtener un pronunciamiento absolutorio en relación con el delito contra el orden socioeconómico por el que han sido condenados. Y además discrepan ambos y alegan error en la determinación de la pena y en la fijación de la responsabilidad civil con carácter subsidiario.

La representación procesal de D Marcial argumenta sus motivos diciendo :

"PRIMERA.- Error en la apreciación de la prueba. Entiende la defensa que no ha quedado totalmente acreditada la autoría por parte de mi representado Marcial, con la plena seguridad que exige una condena penal, en el delito por el que ha sido condenado. Ello por los motivos siguientes

Uno.- En los hechos probados podemos comprobar la mínima participación de Marcial en los presuntos hechos delictivos por los que ha sido condenado. Así, la Sentencia recurrida, en relación con mi representado, señala: El día 07/08/2020 , Donato, realizó una transferencia desde la cuenta corriente NUM002 del BANCO PICHINCHA, 20.000 euros a la cuenta NUM003 del banco N26 cuyo titular era Marcial.

La sentencia, acto seguido señala también: En esa misma fecha y desde esa misma cuenta corriente, Marcial transfirió 10.000 euros a la cuenta NUM004 del banco N26, cuyo

titular era Donato.

Ahí acaba toda la participación que se le reprocha a Marcial.

Dos.- Mi representado Marcial manifestó, tanto en la instrucción de la causa como en el acto de la vista oral, que conoció al Sr. Juan Pedro (la persona que les pidió a ver si le podían hacer un favor y dejarle usar sus cuentas), en una discoteca. Manifestó que esta persona les dio confianza, por ser africano como ellos y también porque les pareció ser una persona de fiar. Y que por no disponer en aquel momento de una cuenta bancaria propia, por motivos administrativos, les solicitó la de ellos le cedieran la suya, a fin de poder hacer unos negocios

de compra-venta de automóviles.

Señaló también Marcial que este señor, Juan Pedro, les mostró su documentación (pasaporte) del que les entregó una copia.

Documento este que fue aportado a la causa por la defensa.

Y, finalmente, manifestó que no sospechó que el dinero que llegó a su cuenta (20.000€) proveniente de la cuenta que le había cedido el otro acusado, Donato, pudiera tener un origen ilícito.

Finalmente, tampoco sospechó de que el envío que se hizo desde su cuenta, la cedida al Sr. Juan Pedro, de 10.000€, fuera con fines ilícitos. Al fin y al cabo, el motivo que les alegó Juan Pedro para que le ayudasen era el de la necesidad de enviar y recibir dinero como consecuencia de su actividad comercial. Que, en definitiva, era lo que se dio en su cuenta bancaria prestada.

De que el origen y sentido de tales transacciones monetarias fuera ilícito ahora no cabe ninguna duda, pero en aquel momento y desde la perspectiva de mi representado Marcial, no podía tener los indicios o elementos para sospechar que fuera así. Y con ello tiene mucho que ver el hecho ya citado de que los dos únicos movimientos bancarios que se hacen en la cuenta de Marcial son un ingreso que recibe y una posterior transferencia que este hace a la cuenta que le pide el Sr. Juan Pedro.

¿Es ello prueba evidente de la comisión de un delito de blanqueo imprudente de capital? Entiende esta defensa que en absoluto.

Entendemos que una cosa es creer que Marcial debería haber sido más diligente y precavido y por ello no ceder su cuenta bancaria a un, digamos, desconocido, y cosa distinta es entender que por ello se puede llegar a la conclusión incuestionable de que se ha cometido un delito, y condenarle con las gravísimas penas que le impone la sentencia citada.

Tres.- Dice la sentencia recurrida en el Fto. de Dcho. Primero que la conducta de Marcial, a la que nos hemos referido, "es una conducta manifiestamente imprudente".

Sin embargo, esta defensa entiende que la actividad llevada a cabo por mi representado, si bien no es plausible, no llega al grado de imprudencia que exige la norma y la jurisprudencia para poder condenar por un delito de blanqueo imprudente. Así, la STS 412/2014, de 20 de mayo , señala:

"En cuanto al delito de blanqueo por imprudencia hemos dicho en nuestra STS de 20 de febrero de 2013 que "... el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa grave, en este caso punible, y leve, no punible, participa de la crítica general a la distinción por su "ambigüedad e inespecificidad", y por contradecir el criterio de "taxatividad" de los tipos penales. A pesar de ello, recuerda la doctrina que el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida. Es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquéllos procedan".

Aquí, en cuanto a en la participación de Marcial, no se ha dado, en absoluto, una imprudencia temeraria. Por ello, la infracción de la norma objetiva de cuidado en que consiste la imprudencia entendemos que no se ha dado en el caso que nos ocupa, al menos en relación con Marcial. Podemos hablar genéricamente de falta de diligencia debida, ya sea al ceder de manera bienintencionada una cuenta bancaria, o ante la falta de sospecha al recibir y hacer una transferencia, pero en absoluto podemos hablar de imprudencia temeraria. Más aún si tenemos en cuenta la edad de mi representado en el momento de los hechos: 23 años.

Cuatro.- Señala la sentencia recurrida en su Fto. de Dcho. Segundo

"En este sentido, brevemente debo señalar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo incluye en el tipo del artículo 301 del CP por el que se mantiene acusación, blanqueo de capitales, diversas conductas:

1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito ( art. 301.1 CP ).

2.- Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen ( núm. 1, art. 301 CP ).

3.- Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base a eludir las consecuencias de sus actos (núm. 1 del artículo citado).

4.- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita ( núm. 2 del art. 301 CP ).

Debemos responder que en el caso que nos ocupa, y concretamente en relación con la participación de Marcial, no hay prueba alguna que constate el conocimiento por parte de Marcial del origen ilícito del dinero que llegó a su cuenta. Ninguno.

SEGUNDA.- VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Señala la Sentencia nº 410/2018, de 19 de septiembre, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal , en relación con las pruebas practicadas y la necesidad de contar con una prueba de cargo:

"En todo caso, el art. 24.2 CE , al consagrar la presunción de inocencia como regla de juicio, obliga al juzgador a realizar un tratamiento racional del resultado de la actividad probatoria, dotado de la transparencia necesaria para que pueda ser examinado críticamente y para que, si mediase una impugnación, otro tribunal pudiera enjuiciar la corrección del discurso. Esto es, comprobar si tiene o no apoyo en una apreciación tendencialmente objetiva de toda la prueba, tanto la de cargo como la de descargo; si se han tomado en consideración todos los elementos de juicio relevantes, justificando los descartes y también la opción de atribuir valor convictivo a los que se acepten; si no se ha prescindido de forma arbitraria de datos que podrían ser de importancia en el plano explicativo; y si, en fin, se ha sometido todo ese material a un tratamiento racional y conforme a máximas de experiencia de validez acreditada ( STS 1579/2003, 21 noviembre )".

Por lo expuesto, y entendiendo que no ha quedado suficientemente probado, con la seguridad que exige una condena penal, la autoría por parte de Marcial, del delito por el que ha sido procesado y condenado, solicitamos se revoque la sentencia recurrida y dicte una sentencia absolutoria.

TERCERO.- Subsidiariamente, pena a imponer.

Señala la sentencia recurrida en su Fundamento de Dcho. Quinto que dentro de la horquilla de pena de prisión de 6 meses a 2 años del artículo 301.3 CP , al ser el caso que nos ocupa un delito continuado procede imponer la pena en su mitad superior, esto es, entre 15 meses y 2 años de prisión.

No compartimos la consideración de delito continuado los hechos atribuidos a mi representado Marcial. En Hechos probados, la acción reprochada a este es, exclusivamente, la siguiente:

El día 07/08/2020, Donato, realizó una transferencia desde la cuenta corriente NUM002 del BANCO PICHINCHA, 20.000 euros a la cuenta NUM003 del banco N26 cuyo titular era

Marcial.

En esa misma fecha y desde esa misma cuenta corriente, Marcial transfirió 10.000 euros a la cuenta NUM004 del banco N26, cuyo titular era Donato. Ahí acaba toda la participación que se le reprocha a Marcial.

Es decir, la acción que se le atribuye a Marcial es el ingreso (por parte de Donato) de una cantidad de dinero en la cuenta de la que Marcial era titular, y la transferencia por parte de Marcial a otra cuenta, en la misma fecha. Entiende esta parte que tal acción no puede ser considerada como "Una pluralidad de acciones", que exige el artículo 74 CP para la existencia del delito continuado.

Motivo por el que, de manera subsidiaria, si la sala entendiera se que ha quedado absolutamente probado el delito de blanqueo imprudente de capital por el que ha sido condenado mi representado Marcial, entendemos que no es de aplicación la consideración de delito continuado, motivo por el que, en su caso, habría que ir, dentro de la horquilla del artículo 301.3 CP , de pena de prisión de 6 a 2 años, a su parte más baja, por haberse reconocido en sentencia la atenuante de dilaciones indebidas. Motivo por el que, en tal caso, entendemos correspondería la imposición de la pena de prisión de 6 meses. Y multa del tanto, de la cantidad estafada, esto es, 45.000€.

En cuanto a la responsabilidad civil, tal y como se alegó por esta defensa en la vista oral, y en consideración a la mínima intervención en los hechos probados por parte de mi representado Marcial, entendemos que procedería, en su caso, el pago de la responsabilidad civil de la cantidad que llegó a su cuenta (20.000€) o de la que se transfirió desde su cuenta (10.000€), no del total de la cantidad estafada por terceros cuya autoría se da por desconocida en la sentencia aquí recurrida".

Y por la representación procesal de DON Donato se argumenta diciendo :

PRIMERA.- ERROR EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

En efecto, si nos atenemos a un examen y valoración exhaustiva de la actividad probatoria practicada, en su día, en el acto del juicio oral, así como de la documental que obra en las presentes actuaciones, no puede conducirnos a la conclusión de considerar a Donato autor de un delito continuado de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

La Jurisprudencia ha determinado que al Tribunal ad quem "no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, a partir de ella, confirmar la valoración del Tribunal de Instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal Sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas, legalmente practicadas y de suficiente contenido incriminatorio y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y racionalidad"

( Sentencia de 11 de diciembre de la Sala Segunda del Tribunal supremo, Rec. 1562/2017).

El proceso penal se desarrolló con todas las garantías procesales y de acuerdo con los principios de publicidad, contradicción e inmediación, pero por el Juzgador "a quo", a la hora de enjuiciar la presente causa, lo hace, dicho sea con el debido respeto, sin tener apenas consideración alguna a la intervención de una tercera persona, el Sr. Juan Pedro, que indujo a los dos acusados a dejarle usar sus cuentas bancarias con el fin de poder realizar unos negocios de compra-venta de automóviles.

En el apartado de Hechos Probados, la Sentencia que se recurre, hace una especial mención a que Donato "Sin que conste que haya participado materialmente como autor material de la estafa y apropiación de las cantidades de dinero, conociendo que el origen del dinero era irregular, y actuando con el fin de ocultar y encubrir su origen ilícito, recibió el mismo día 06/08/2020 el importe de 45.000 euros".

Por esta parte, no se discute el origen ilícito de la procedencia del dinero, puesto que por la documental que obra en las presentes actuaciones y por el testimonio de la Sra. Ruth, que manifestó que fue quien hizo la transferencia por valor de 45.000 euros en base a un email que luego resultó ser fraudulento, y que dicha cantidad fue ingresada en una cuenta corriente del BANCO PICHINCHA de la cual era titular el Sr. Donato.

Así pues, una primera cuestión a debatir en la interposición del presente recurso es la de la manera de calificarse la actitud de los dos acusados que facilitaron sus cuentas a un tercero al que solo conocían de vista, es decir, si esa actitud debe ser considerada como una conducta imprudente.

El Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia que se recurre considera que los hechos considerados como probados constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Sin embargo, la defensa del Sr. Donato considera que su conducta al ceder las cuentas al Sr. Jon no constituye una prueba evidente de la comisión de tal delito.

En efecto, entendemos que mi representado no observo la diligencia debida al facilitar su cuenta bancaria poniéndola al servicio de una tercera persona, a la que solo conocía de vista, pero por este simple hecho, no cabe llegar a la conclusión de que su actuación deba ser calificada de una conducta manifiestamente imprudente.

El Tribunal Supremo, en Sentencia 412/2014, de 20 de mayo, establece, en el supuesto concreto de delito de blanqueo por imprudencia, en que recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados.

Mi representado no tenía ningún tipo de conocimiento del origen delictivo de la transferencia que recibió en su cuenta del Banco Pichincha, puesto que tal y como establece la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº Uno de Pamplona "no había ninguna constancia de que Donato participara como autor material de la estafa y apropiación de las cantidades de dinero".

Así pues, podríamos calificar su conducta de una falta de diligencia en una persona que, en el momento de los hechos, contaba con la edad de 20 años y que desconocía por completo este tipo de operaciones fraudulentas, pero, de ningún modo, podemos hablar de imprudencia temeraria.

Una segunda cuestión a tratar en la valoración de la presente causa es la calificación que se hace en la Fundamentación Jurídica la Sentencia, objeto de recurso, al considerar la referida conducta de los dos acusados como un delito continuado.

Es cierto que del seguimiento desde la primera cuenta corriente NUM002, Del Banco Pichincha, se llegó a través de una investigación policial a los dos acusados.

Cierto es también que mí representado, desde esa cuenta, realizó las siguientes transferencias:

a).- 20.000 euros a la cuenta del Banco N26, cuyo titular era Marcial, bajo el concepto de compra del vehículo.

b).- 15.000 euros en una cuenta del Banco de Santander, de la que figuraba el mismo como titular.

c).- Finalmente, 10.000 euros a una cuenta del Banco de Santander, titularidad de un tercero que se encuentra requisitoriado.

En el acto del juicio oral, el Sr. Donato, manifestó lo siguiente:

1.- En primer lugar, que el Sr. al que habían conocido y que, precisamente, fue el que les pidió usar sus cuentas bancarias, les había dado unas instrucciones muy concretas de lo que tenían que hacer con ese dinero que habían recibido y que consistían en enviarlo, a su vez, a diferentes cuentas para sacarlo en efectivo y entregárselo a esa persona en efectivo y en propia mano, ya que carecía de cuenta bancaria.

2.- Más tarde, cuando recibieron en su propio domicilio una notificación de la policía por la que se les imputaba la autoría de un delito de estafa, ya habían transcurrido 5 ó 6 meses de que vaciaron el dinero de las cuentas bancarias que fue entregado a esa tercera persona de la que facilitaron a la policía una fotografía que figuraba en el pasaporte.

3.- Un mes después de que saliera todo el dinero del Banco Pichincha, Donato fue a informarse a dicha entidad bancaria el por qué figuraba bloqueada su cuenta, a lo que le respondieron que era por un presunto delito de estafa.

4.- Finalmente, cuando intentaron comunicarse con dicha persona, el Sr. Jon, ya habían perdido por completo su pista, momento en el que los dos acusados se dieron cuenta que habían sido manipulados y engañados por ese individuo.

La Sentencia que se recurre, señala en su Fundamento de Derecho Segundo que "en este sentido, brevemente debo señalar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo incluye en el tipo del artículo 301 del Código Penal por el que se mantiene acusación, blanqueo de capitales, diversas conductas:

1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito.

2.- Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen.

3.- Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base a eludir las consecuencias de sus actos.

4.- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita".

En este sentido, queremos alegar que el penado, Donato, no era consciente ni sabía nada acerca de la irregularidad de las operaciones que estaba realizando, puesto que no conocía el origen ilícito de un dinero que llegó a parar a su cuenta del Banco Pichincha, cuenta de la que él era el titular.

SEGUNDA.- INFRACCION DE NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO.

Así pues, a tenor de lo expuesto, entendemos que se ha vulnerado el artículo 24 de la CE, concretamente el derecho a la presunción de inocencia, puesto que al haberse enjuiciado la presente causa basándose única y exclusivamente en unas declaraciones contradictorias existentes de una de las partes, sin contar con el apoyo de ninguna prueba testifical ni documental que pueda corroborar su versión, no puede ser considerada prueba de cargo y de suficiente contenido incriminatorio para poder imputarle a Donato la autoría de un delito continuado de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

En definitiva, entiendo que no ha quedado del todo acreditado que la conducta de mi mandante deba ser considerada como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales por imprudencia grave, razón por la que solicitamos se revoque la sentencia que se recurre y, en su lugar, se proceda a dictar sentencia absolutoria.

TERCERA.- SUBSIDIARIAMENTE, PENA A IMPONER EN CASO DE CONDENA.

La Sentencia recurrida, en su Fundamento de Derecho Quinto, establece que dentro de la horquilla de pena de prisión de 6 meses a 2 años del artículo 301.3 del Código Penal, al tratarse de un delito continuado, procede imponer la pena en su mitad superior, esto es, entre 15 meses y dos años.

Discrepamos, dicho sea con el debido respeto, del Juzgado "a quo" en lo que respecta a la valoración de la conducta seguida por Donato, al calificarla de delito continuado, ya que, por las razones expuestas con anterioridad, no desplegó ningún tipo de control en la operación de blanqueo, puesto que desconocía por completo el origen ilícito de una cantidad de dinero que fue a parar a una cuenta que figuraba él como titular.

Asimismo, si se tiene que se ha reconocido en la sentencia condenatoria la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, entendemos que, en el supuesto que nos ocupa, procedería aplicar la pena de los seis mes de prisión y la multa de 120.000 euros, con responsabilidad penal subsidiaria para caso de impago de un día por cada 500 euros impagados.

En cuanto a la responsabilidad civil, conforme con lo establecido en el Fundamento de Derecho Séptimo de la sentencia recurrida, de indemnizar conjunta y solidariamente, junto con el otro condenado a Hidro Rubber Ibérica en la cantidad de 45.000 euros.

Siendo dos los recursos planteados ambos tienen en común la alegación como motivo de recurso de error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia así como la determinación de la pena y la fijación de la responsabilidad civil

SEGUNDO.- I.- Para concluir sobre este motivo de recurso debemos, como punto de partida, acotar el alcance de la revisión que debe realizar esta Sala de apelación en relación con la valoración de la prueba efectuada en la instancia, y que ha sido objeto de varios pronunciamientos del Tribunal Supremo; entre ellos, la sentencia 17 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:2932), en la que el Alto Tribunal destaca que ...aunque el control por parte del Tribunal de apelación sobre la coherencia del juicio probatorio del Tribunal de instancia no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han presentado, sí debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado con claridad las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. (...) Todo ello cribado por el tamiz de la racionalidad y solidez de la inferencia en la que se sustenta la prueba indiciaria, no solo desde su cohesión lógica, esto es, que es irrazonable la conclusión si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él, sino desde su calidad concluyente, pues el desenlace propuesto nunca puede ser válido si la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa. En todo caso, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, han proclamado que el control de la calidad concluyente de la inferencia debe de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo, y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio; de modo que solo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 d de noviembre o 123/2006 de 24 de abril , entre otras).

En idéntico sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:862) estableció que Si al tribunal de instancia le corresponde la valoración de la prueba en los términos que se derivan de la percepción inmediata de la prueba propuesta por las partes, al tribunal de la apelación le compete un análisis completo de la actividad probatoria, cuando se trata de sentencias condenatorias, con posibilidad de anular la sentencia, cuando se trata de valoraciones irrazonables de la prueba, pudiendo dictar sentencia absolutoria, cuando en su función jurisdiccional, comprueba la insuficiencia de la actividad probatoria; parámetros que ya había recogido y matizado la de 4 de julio de 2019 ( ECLI:ES:TS:2019:2200) al manifestar que ...es constante doctrina jurisprudencial, en relación con el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos penales, la que establece que aun cuando se trata de un recurso amplio, respecto del cual el Tribunal ad quem puede examinar el objeto del mismo con igual amplitud y potestad con que lo hizo el Tribunal "a quo", ha de tenerse en cuenta que el acto del juicio oral tiene lugar ante éste último, que recibe con inmediación las pruebas, de lo que cabe deducir que, pese a aquella amplitud del recurso, en la generalidad de los casos, y en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación que de la prueba en conjunto y subsiguiente valoración de los hechos haya realizado el tribunal de instancia, al ser el que puede aprovechar mejor las ventajas de haber presenciado directamente la práctica de dichas pruebas. Es decir, que esta Sala de apelaciones tiene un amplio margen de valoración de la prueba cuando sea "a favor de reo" pero siempre teniendo en cuenta que la valoración realizada por el Tribunal a quo goza de las ventajas de la inmediación; nuestra función como Sala de segunda instancia no es celebrar un nuevo juicio sobre la base de la prueba practicada en la instancia, sino que consiste en un "juicio del juicio" en el que se valida la calidad de la inferencia probatoria ejecutada por el Juzgador , su racionalidad, y su motivación. Como hemos dicho en múltiples sentencias a esta Sala Penal no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, a partir de ella, confirmar o no la valoración del tribunal de instancia. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del tribunal "a quo "se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad, de forma que, [e]l error en la valoración de la prueba ha de ser entendido como el error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron..., no pudiendo alcanzar a la realización de valoraciones alternativas a las que hizo el Tribunal que gozó de la inmediación.

Constatada por tanto en el supuesto de autos la ausencia de cualquier ilicitud surgida de la posible vulneración de los principios que legitiman la actividad probatoria, incumbe valorar la existencia de verdadera prueba de cargo, esto es, su suficiencia. Pues bien, la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio

Además, el Juzgado de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal.

Y en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego, las intuiciones valorativas ni la proclamación de presentimientos percibidos como reales. Lo contrario supondría alejar el proceso penal y, de modo especial, las técnicas de valoración probatoria, de su verdadero fundamento racional. En definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas.

II.6 A la luz de lo anterior, debemos determinar si se cumplen los requisitos jurisprudenciales para confirmar la racionalidad del proceso que determina los hechos declarados probados. Y debemos concluir que el razonamiento del Juzgador debe ser confirmado ya que todos estos parámetros, se cumplidamente, en la razonada Sentencia de instancia, a la que en modo alguno, se le puede atribuir el reproche de omisión resolutoria, falta de razonabilidad o insuficiencia argumentativa.

Dicho lo anterior, el razonamiento probatorio del Tribunal a quo es razonable y lógico, por lo que debe ser confirmado. Su inferencia se asienta en la declaración de los propios acusados y muy especialmente de la documental bancaria y el análisis de los movimientos y titularidades de las cuentas bancarias tanto de emisión como de recepción de las diferentes cuantías de las transferencias y en las declaraciones de los testigos en concreto la Sra. Ruth, directora financiera y de recursos humanos de Hidroruber que confirmo la recepción del correo del correo fraudulento aparentando ser de su proveedora con el cambio de cuenta para efectuar el ingreso del pago y que se hizo y la declaración del agente NUM008, que explicó que iniciaron la investigación por las cuentas y examinaron las distintas transferencias siguiendo por tanto los traspasos de dicho dinero que comparecieron en el juicio oral, así como en las restantes pruebas aportadas y obrantes en la causa . Así mismo no se acredita la concurrencia de motivos espurios en la denunciante que puede contaminar el acervo probatorio de carga porque no se ha aportado prueba alguna de lo contrario

A juicio de la Sala, es intachable la evaluación que verifica la juzgadora de instancia de las declaraciones tanto de los acusados como de los testigos e impecable evaluación, del conjunto de la actividad probatoria, desde las exigencias constitucionales a cuya observancia están obligados los órganos judiciales del orden penal, relacionadas con el principio de presunción de inocencia. También debemos descartar la vulneración del principio in dubio pro reo. Si bien este principio no aparece expresamente reconocido en nuestra Constitución el artículo 6 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 expresamente dice: Los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto. En relación con el principio in dubio pro reo para que este concurra como ha expuesto la jurisprudencia este exige un elemento de duda razonable y lógico en relación con los hechos enjuiciados, una vez determinada la existencia de prueba de cargo válida y razonable ( auto del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2019 - ECLI:ES:TS:2019:2840 A); además debe ser una duda objetiva, una duda que asaltaría a cualquier observador imparcial, no bastando con ofrecer hipótesis alternativas más o menos verosímiles, sino que deben tener similar nivel de credibilidad a la aserción sobre la que se basa la condena. Como dice el auto del Tribunal Supremo citado, implica la existencia de una prueba contradictoria que los Jueces valoran, de acuerdo con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y solo deben absolver si como consecuencia de esa valoración se introduce un elemento de duda razonable y lógico respecto de la realidad de los hechos.

En el presente caso no se nos ha ofrecido una alternativa valorativa que suponga para esta Sala una duda objetiva, razonable que lleve a la absolución

Por todo ello, debemos descartar los motivos relativos al error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia que ambos invocan los recurrentes al concurrir prueba de cargo licita suficiente y eficaz en la causa y haber sido valorada de forma racional y razonable , lógica y sin extravagancias que efectúa la juzgadora y que esta Sala comparte y por ello desestimar dichos motivos de recurso de los recursos de ambos recurrentes y confirmar los hechos declarados probados.

TERCERO.-Ambos recurrentes así mismo discrepan de la sentencia en cuanto a la fijación de la pena . Así en el recurso del Sr Marcial se discute la continuidad delictiva al entender que el mismo solo habría participado en la recepción de una cantidad en su cuenta y de ella habría efectuado una transferencia a otra cuenta Ciertamente en este caso y no aportando la juzgadora una explicación o fundamento para entender la continuidad delictiva, ya que aun cuando tratándose de una única estafa la que se efectuó respecto de la perjudicada la empresa Hidrorube, puede ser múltiples las operaciones de ocultación y por tanto múltiples los mecanismos que se han utilizado para conseguir la finalidad de blanquear el capital pero efectivamente el acusado Sr Marcial intervino solo en una operación de Blanqueo de parte de los fondos con la intención de romper la trazabilidad y posibilidad de seguimiento del dinero ilícitamente obtenido por tanto en su caso no puede entenderse como alega que respecto del mismo el delito sea un delito continuado, ya que aun si hubieran sido varias las transferencias , son el conjunto de las mismas una única mecánica comisiva para obtener el fin hay un único delito de blanqueo de capitales imprudente y ello obviamente repercute en la pena a imponer al mismo por lo que estimando en parte dicho motivo de recurso apreciándose como ya lo hace la sentencia la atenuante simple de dilaciones indebidas procede fijar la pena en seis meses de prisión y multa del tanto de la cantidad es decir 45.000 €. con responsabilidad personal de un día por cada 500 euros impagado

El recurrente Sr Donato también se discrepa en la definición del delito en su caso como delito continuado y en la concreta determinación de la pena en consecuencia . Tal y como se dice en la sentencia y también en la impugnación del Ministerio Fiscal Donato fue quien recibió en su cuenta los 45.000€ procedentes de la estafa a la perjudicada y fue quien distribuyo las cantidades a diversas personas y cuentas en distintas y varias transferencia teniendo pues el control de la operación de blanqueo pero es una sola operación de blanqueo para la que se utiliza diversas transferencias con ese fin precisamente de impedir u ocultar la procedencia del dinero y permitiendo así ocultar el origen ilícito del dinero y ello para obtención de beneficio derivado del mismo permitiendo a quien fuera la persona que cometió la estafa aprovechar beneficio del mismo, sin embargo tiene razón la parte en que no se trata de un delito continuado de blanqueo , ya que lo que se efectúa en total no es sino una única operación de blanqueo imprudente , y la mecánica de la comisión lleva a la necesidad de hacerlo con transferencias diversas de distintas cuentas para conseguir el fin pretendido . El que se efectúen varias transferencias de distintas cantidades no implica continuidad delictiva al ser una única operación de blanqueo , por lo que no estamos ante un delito continuado sino ante un delito de blanqueo imprudente de capital del art 301 del C.P.. En lo que esta sala esta de acuerdo con la Juzgadora es que de las pruebas y su análisis lo que si se evidencia es que fue el Sr Donato tuvo una intervención y control de la operación de blanqueo superior, por lo que en la determinación concreta de la pena esta debe ser mayor . Así respecto del mismo y aplicando la atenuante de dilaciones indebidas apreciada en la sentencia procede fijar dicha pena en 10 meses de prisión y multa de 80.000€ con responsabilidad personal de un día por cada 500 euros impagado

CUARTO.-También respecto de la responsabilidad impuesta en sentencia a ambos acusados de forma conjunta y solidaria discrepan los recurrentes en sus respectivos recursos . Sin embargo en dicha materia la fundamentación y argumentos de la sentencia deben mantenerse dado que ambos participaron y conocían la operación de blanqueo por lo que ambos responderán de forma solidaria al abono del daño sufrido por la perjudicada . Por lo que en ese extremo procede desestimar los motivos de ambos recursos .

QUINTO.-Procede declarar de oficio las costas causadas en esta alzada .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.