Sentencia Penal 439/2025 Audiencia Provincial Penal de Tarragona nº 2, Rec. 41/2025 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO.-El gravamen que articula primeramente el recurso, es la insuficiencia de la actividad probatoria para traducirse en un pronunciamiento condenatorio, ya que se alega que, si bien que el recurrente conducía ese vehículo el día de los hechos, no lo conducía temerariamente, siendo que en todo momento respetó las normas de tráfico y no puso en peligro a ningún transeúnte ni conductor.

Por otro lado, tampoco es cierto que el Sr. Jon propinara puñetazos, patadas y golpes a los agentes de Mossos d'Esquadra de modo intencionado, ni que golpeara el vehículo policial, siendo probable que dichos daños fueran causados antes de su detención por otra persona, puesto que el Sr. Jon no actuó en ningún momento de forma violenta contra los agentes, debiendo prevalecer el principio de presunción de inocencia. Se considera que no existe actividad probatoria suficiente respecto a los elementos esenciales del delito, de los cuales se puede inferir de forma razonable que el Sr. Jon sea el autor de los delitos por los cuales se le condena.

En segundo lugar, se cuestiona el error en la determinación de la pena en cuanto al delito de conducción temeraria, teniendo en cuenta que, vistas las circunstancias atenuantes y agravantes, debería ponerse la pena mínima de quince meses y un día de prisión y tres años, seis meses y un día de privación del derecho a conducir vehículos o motores ciclomotores. En cuanto al delito de atentado, teniendo en cuenta las circunstancias, debería imponerse la pena mínima de seis meses de prisión y por los tres delitos de lesiones la pena de quince días de multa por cada uno de los tres delitos a razón de tres euros diarios. Y en cuanto al delito de daños, la pena mínima de siete meses quince días a razón de tres euros diarios de pena de multa, dada la escasez de recursos económicos del recurrente.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso, considerando la resolución plenamente ajustada a derecho.

A modo de marco de la presente resolución, hay que señalar que el Tribunal Constitucional señala que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial ad quempara resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium( SSTC 129/2004, 6/2002, 139/2000, 120/1994, 157/1995 entre otras muchas), siempre dicha atribución de pleno conocimiento con la restricción que impone la prohibición de la reformatio in peius( SSTC 54/1985, 84/1985) y sin perjuicio de que ha matizado posteriormente su doctrina en cuanto a las sentencias absolutorias basadas en valoración de prueba personal en la Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre (y en otras posteriores).

Por tanto, la apelación garantiza el derecho fundamental a la doble instancia penal, lo que conlleva que el Juzgador ad quemasuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también y en cuanto a las sentencias condenatorias, para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (así STC 184/2013, de 4 de noviembre que expresamente determina la no aplicabilidad de la doctrina de la STC 167/2002 en la revisión de sentencias condenatorias; SSTC 172/1997, 120/1999, ATC 220/1999, STC 167/2002, 200/2002, 230/2002, 41/2003, 10/2004, 12/2004, entre otras muchas).

SEGUNDO.-Con carácter previo a entrar sobre el fondo del recurso planteado debemos poner de manifiesto que la insuficiente declaración fáctica contenida en la sentencia dictada en la instancia respecto al delito de conducción temeraria, que nos debe llevar a revocar este pronunciamiento condenatorio. Sobre la base de los hechos declarados probados en la misma, esta Sala no puede compartir la condena del denunciado como autor de un delito de conducción temeraria.

Las exigencias derivadas del derecho a conocer la acusación no se extinguen con la concreción por parte de las acusaciones de los hechos sobre los que fundan sus respectivas pretensiones de condena sino que alcanza su máximo auge con la propia sentencia, pues las partes deben conocer con claridad y precisión, como se reclama en las leyes procesales, los hechos sobre los que se basa la declaración de condena ( SSTEDH, Caso Gea Catalán contra España, de 10 de febrero de 1995; Caso Pèllisier y Sassi contra Francia, de 25 de marzo de 1999; caso Dallos contra Hungría, de 1 de marzo de 2001; Caso Sipavicius contra Lituania, de 21 de febrero de 2002). Así, la subsunción penal reclama la valoración normativa por parte del juez del hecho clara y precisamente determinado. De ahí, la trascendencia de la precisión en el relato fáctico, pues éste constituye la única fuente de la que el juez puede suministrarse información para la construcción de su inferencia normativa y, en lógica correspondencia, de la que las partes, tanto acusadoras como acusadas, deben servirse para impugnar tanto por error de valoración probatoria como por error de subsunción, la sentencia generadora de gravamen ( SSTS 6.10.2003, 16.12.2002, 5.12.2002).

Pues bien, como decíamos, apreciamos una absoluta insuficiencia descriptiva en relación con la conducción temeraria, toda vez que en la descripción de los mismos únicamente refleja que el acusado "conducia el vehículo Ford, modelo Fiesta, con matrícula NUM002, por la avenida President Macià, de la localidad de Reus, con consciente desprecio por las normas más básicas de seguridad vial, saltándose un semáforo en rojo, provocando con esta c.",sin concretar en modo alguno las concretas circunstancias de la acción ejecutada presuntamente por el acusado más allá de que se saltó un semáforo en rojo, lo que no pasaría de ser una mera infracción administrativa. Parece evidente que se ha producido un error en los hechos declarados probados, en los que se ha dejado inconclusa una frase, siendo que de hecho en la motivación probatoria, la juez a quo razona de manera completa la existencia de una conducción con riesgo para peatones y otros conductores. En concreto dice: "Y es que hubo puesta en concreto peligro de otros conductores y peatones, toda vez que de hecho el vehículo conducido por el acusado, tras saltarse un semáforo en rojo, provocó que con dicha conducción un peatón se viese obligado a retroceder a fin de evitar ser alcanzado y, acto seguido, accedió a una rotonda en la que no respetó una señal de ceda el paso, lo que obligó a un vehículo que circulaba correctamente por la zona a llevar a cabo una maniobra evasiva para evitar una colisión con el vehículo del acusado."

Ahora bien, el relato factico contenido en los hechos declarados probados, presenta una pobreza descriptiva que impediría extraer de él con claridad la concurrencia de los elementos necesarios para el nacimiento del delito de conducción temeraria. Y la subsunción penal reclama la valoración normativa por parte del juez del hecho histórico clara y terminantemente determinado. De ahí, la trascendencia de la precisión en el relato fáctico pues este constituye la única fuente de la que el juez puede suministrarse información para la construcción de su inferencia normativa y, en lógica correspondencia, de la que las partes, tanto acusadoras como acusadas, deben servirse para impugnar tanto por error de valoración probatoria como por error de subsunción, la sentencia generadora de gravamen - SSTS 6 de octubre de 2003, 16 de diciembre de 2002, 5 de diciembre de 2002-.

Las exigencias de precisión fáctica coligan no sólo con el genérico derecho a la tutela judicial efectiva sino con el núcleo duro de los derechos de defensa, entre los cuales destaca por su especial vigor y trascendencia el derecho a conocer los hechos por los que una persona es privada de libertad, entre otras razones para poder defenderse de los mismos mediante el ejercicio del derecho a los recursos. Como explicó la STS 732/2023, de 29 de septiembre, las exigencias derivadas del derecho a conocer la acusación no se extinguen con la concreción por parte de las acusaciones de los hechos sobre los que fundan sus respectivas pretensiones de condena, que en una suerte de progresión cualitativa, alcanzan su máximo auge garantizador con la propia sentencia pues las partes debe conocer con claridad y precisión, como se reclama en las leyes procesales, los hechos sobre los que se basa la declaración de condena -vid. SSTEDH, caso Gea Catalán contra España, de 10 de febrero de 1995; caso Pèllisier y Sassi contra Francia, de 25 de marzo de 1999; caso Dallos contra Hungría, de 1 de marzo de 2001; caso Sipavicius contra Lituania, de 21 de febrero de 2002; caso Varela Geis contra España, de 13 de marzo de 2013.

Es cierto, no obstante, que el Tribunal Supremo - SSTS 14 de junio de 2002, 21 de junio de 1999, 23 de septiembre de 1998 - ha, en ocasiones, dulcificado las consecuencias casacionales de un relato de hechos probados incompleto pero siempre que los datos preteridos u omitidos en el correspondiente apartado de la resolución aparecieran en términos suficientemente precisos y descriptivos en la fundamentación jurídica, permitiendo, por tanto, una suerte de heterointegración.

Pero cierto es también que dicha cláusula de escape mediante posibilidades heterointegradoras ha sido seriamente puesta en entredicho y actualmente solo se admite en beneficio de reo. El Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de fecha 28 de marzo de 2006 en el que se fija "la necesidad de incorporar a la declaración de hechos probados los aspectos básicos del tipo objetivo, dejando para cada caso concreto la posible heterointegración de los elementos accesorios acudiendo a la motivación o razonamiento jurídico siempre que pueda identificarse con la necesaria precisión y contundencia de tales datos como probados."

A este respecto dice la Sentencia del Tribunal Supremo 263/2024 de 18 de marzo que la heterointegración con afirmaciones, aun de carácter fáctico, incorporadas a la fundamentación jurídica no es posible, salvo que se trate de asertos que claramente beneficien las tesis defensivas, indicando que a través de este mecanismo sólo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales. Si la sentencia es o pretende ser un cuerpo sistemático y armónico, su redacción deberá respetar estos presupuestos y distinguir perfectamente los diferentes planos -fáctico y jurídico- que intervienen en su composición. Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado para completar o integrar el hecho probado y mucho menos para ampliarlo en perjuicio del acusado.

En este caso, las deficiencias e imprecisiones descriptivas de la secuencia fáctica en cuanto a la conducción temeraria desarrollada nos vinculan, y llevan sin más a la absolución por tal delito. Desaparecido en consecuencia el concurso ideal de delitos, recobra plena vigencia punitiva el delito de conducción sin permiso del art. 384 CP.

TERCERO.-Respecto al resto de delitos que ha sido objeto de condena el recurrente y que se cuestionan, esto es, el delito de daños, atentado y lesiones (no se cuestiona la conducción sin permiso) y, al contrario de lo sostenido por la defensa, consideramos que sí que existe prueba suficiente para atribuir al acusado los mismos. Pues bien, hemos de señalar que visionada por la Sala la grabación de la vista, consideramos por un lado que la juez a quo ha seguido la metodología exigible, tanto en el desarrollo del acto de juicio y práctica de la prueba debidamente propuesta y admitida -con la excepción que se dirá respecto a la prueba pericial-, como en la propia Sentencia, ya que ha realizado una identificación y exposición de la información relevante surgida de los medios de prueba practicados, una valoración individual y conjunta de los mismos, y, con ello, habría alcanzado la conclusión fáctica que se presenta como racional y razonable en los términos expuestos para fundar el pronunciamiento condenatorio.

El Mosso d'Esquadra con TIP NUM008 refirió que estaba de patrulla con el sargento con TIP NUM009 y escucharon por emisora que los compañeros pedían refuerzos en el parking que hay al lado de la Comisaría de Policía de Reus, porque habían parado a un vehículo con unos ocupantes y tenían problemas, que escucharon por la emisora que querían parar el coche, que era un coche que estaba dando vueltas, y la actuación "había subido de nivel, de tono". Llegaron ellos y otra patrulla y vieron que sus compañeros estaban intentando reducir a tres personas que habían allí. Una de ellas, el acusado. El declarante redujo al otro acusado fallecido -respecto del cual se declaró la extinción de la responsabilidad penal-. Cuando llegó el agente, las tres personas estaban fuera de los vehículos, y "los agentes estaban en lucha con ellos". Refirió el agente que presenció una maraña de personas, los agentes intentando controlar la situación, los otros alterando el orden, y concretó que vio al acusado pegar puñetazos a uno de los agentes cuyo TIP no recordaba, en concreto al que tenía enfrente y preguntado en qué zona vio los golpes, refirió que en la cara. Relató que todos los agentes estaban uniformados. Aun cuando el agente se encargaba de la custodia del Sr. Cesar, narró que cada detenido tiene que ir en un coche policial y que pudo apreciar como cuando sus compañeros introducían en el coche al acusado, este rompió el cristal de dos vehículos a patadas, concretando que él se encontraba en el exterior y que pudo verlo claramente, trasladándosele finalmente a un tercer vehículo. También manifestó ver a sus compañeros contusionados como consecuencia de la agresión.

Por su parte, el Mosso d'Esquadra con TIP NUM003 iba en la patrulla que presenció la conducción del acusado. Tras describir la conducción, indicó el testigo que pararon el vehículo e hicieron que todos los ocupantes, que eran tres ocupantes, estuviesen dentro del vehículo, pero estas personas estaban "en tono burlesco o de fiesta" y no les hacían caso.

Explicó que su compañero se puso en el lado del conductor, del Sr. Jon y él se puso en el lado del acompañante, que era el Sr. Cesar. En ese momento les dieron orden de que salieran del vehículo, haciéndolo el Sr. Cesar y el hijo del Sr. Jon que era el tercer ocupante que iba en la parte de atrás, pasó por el interior y se puso en el lado donde estaba antes el Sr. Cesar, apreciando como ambos estaban hablando con su compañero y Jon salió del vehículo y se encaró con su compañero. Seguidamente, también por el mismo lado del conductor, salió su hijo y se enfrentaron a su compañero. Refirió que entonces dejó al Sr. Cesar y se dirigió al acusado, lo cogió por la espalda, por detrás y se cayeron al suelo, que allí le dio algún golpe con el codo en el estómago y en eses momento llegaron el resto de patrullas.

Contó que cuando le sujetó por la espalda, el acusado ya había golpeado a su compañero, y que cuando estaban en el suelo y le empezó a dar codazos, y se siguió resistiendo, gritando sobre todo hacia su compañero. Refirió que cuando llegaron las otras patrullas lo introdujeron en un vehículo y que al levantarlo del suelo para introducirlo en el vehículo sí que continuaba resistiéndose y daba patadas a los agentes. Preguntado si sus compañeros tenían lesiones visibles, reseñó que algunos se quejaban algún golpe en las manos o en los brazos, refiriendo que él mismo también presentaba rojeces en los brazos. El testigo fue uno de los agentes que introdujo al acusado en el interior del vehículo policial y describió como rompió a patadas los cristales de las puertas, en dos de los vehículos.

El agente de Mossos d' Esquadra con TIP NUM004 expuso que mientras patrullaban vieron un vehículo que se saltaba un Ford Focus, que se saltaba un semáforo en rojo, describiendo la conducción del mismo. Declaró que a unos 200 metros lo pudieron parar. Identificó a los ocupantes en el mismo lugar dentro del vehículo que había referido su compañero. Se acercó por la parte del conductor y les pidió que le enseñaran las manos. Refirió que primero bajaron al Sr. Cesar y que el Sr. Carlos Ramón haciendo caso omiso de sus indicaciones, saltó a la parte delantera, la puerta donde estaba el Sr. Jon estaba abierta, para tenerlo controlado y le dijo al hijo de este que obedeciera las órdenes, que les enseñara las manos, porque las tenían los bolsillos y entonces el Sr. Carlos Ramón, refirió, saltó por delante del Sr. Jon, lanzando la mano hacia adelante donde tenía la pistola, y entonces le apartó la mano y le dijo que se echara para atrás. En ese momento, continuó relatando, el Sr. Jon dijo que él había pegado a su hijo, y se lanzó hacia él, tirándole un puñetazo en el pecho, luego se abalanzó y se tiró para atrás, empujándolo, se abalanzó otra vez sobre él, añadiendo que recibió otro puñetazo del Sr. Carlos Ramón tras salir del vehículo, en concreto en el pulmón, llegando entonces los agentes y pudiendo finalmente reducir al acusado. Refirió que estaban correctamente uniformados y que el vehículo que utilizaron estaba logotipado. Como consecuencia de estos hechos, el agente sufrió lesiones.

Cuando se le pusieron los grilletes al Sr. Jon, añadió, este estaba muy alterado, estaba moviéndose, quejando, chillando, y lo pusieron en uno de los coches patrulla y reventó dos coches patrullas. Y finalmente también causó daños a un tercer coche patrulla. A su parecer, podía ser que el acusado estuviera bajo el consumo de alguna sustancia.

Por último, el agente de Mossos d'Esquadra con TIP NUM005, que estaba en una de las patrullas que acudieron en apoyo, refirió que cuando él llegó, las personas que estaban allí estaban nerviosas, que se niegan a ser detenidas y que hay que usar la fuerza para reducirlas y detenerlas y que cuando llegó en concreto el acusado estaba forcejeando con el Sr. Jon y él acudió en ayuda de su compañero, refiriendo que en ese momento él no vio ningún puñetazo en el pecho de su compañero. Cuando lo enmanillaron, refirió, lo introdujeron dentro del coche y rompió el cristal, concretando que a él le dio alguna patada en la mano tras romper el cristal del primer vehículo y acudir a ver qué ocurría.

Desencajó el cristal de un segundo coche policial y finalmente lo introdujeron en el tercero. Declaró que todos los agentes se encontraban debidamente uniformados y que a su parecer el acusado estaba bastante alterado y supuestamente bajo el efecto de sustancias.

El acusado por su parte negó haber agredido a ningún agente y haber causado daños a los vehículos policiales.

Efectivamente consideramos que las declaraciones de los agentes, soportadas por la documental médica de asistencia de los mismos en circunstancias espacio temporales coincidentes con los hechos, son suficientes para traducirse en un pronunciamiento condenatorio. Y respecto de la valoración del testimonio policial, no aplicó la juez a quo, como no puede ser de otra manera, estándares de preferencia valorativa o de presunción de veracidad en lo relatado por los agentes, lo que resultaría incompatible con los presupuestos constitucionales de la presunción de inocencia como regla de enjuiciamiento, sino porque su versión ofrece un alto grado de credibilidad tanto subjetiva como objetiva. En relación con la primera de las variables, lo cierto es que no se ha identificado un prejuicio o intención de perjuicio de los agentes, que permita ni tan siquiera sugerir, en atención a relaciones o conflictos previos, la mendacidad en la versión -. Y por otro lado, y desde el punto de vista objetivo, el relato policial es coincidente en los extremos nucleares expuestos por los agentes, tanto los que tuvieron la intervención policial como los que acudieron en apoyo, siendo que estos no pudieron presenciar el acometimiento inicial del acusado contra el agente con TIP NUM004, pero sí la resistencia a ser detenido y los golpes que propinaba a tal efecto. Ahora bien, no se declaró por parte de ninguno de los agentes la frase "te voy a matar hijo de puta", frase que debe excluirse de los hechos declarados probados.

Por otro lado, y en relación con la prueba respecto al delito de daños, aun cuando se consideren acreditados los daños partiendo de la declaración de los agentes, lo cierto es que no se ha practicado prueba en el plenario para acreditar la cuantía de los mismos. La pericial del valor de daños no se ha practicado en la forma adecuada en el plenario, en la medida en que el informe pericial no se ha introducido de forma personal en el acto del juicio oral, siendo el documento elaborado en fase de instrucción únicamente el soporte documentado de la pericia que ha de ser introducido en juicio a través de la declaración del perito emisor del mismo.

Es cierto que la jurisprudencia, en una constante doctrina desmotivadora de las exigencias plenarias, ha admitido el aprovechamiento probatorio de determinadas periciales documentadas sin necesidad de ratificación plenaria del perito que emitió el informe o dictamen y que, incluso, el legislador por la reforma del artículo 788 LECr, operada por LO 10/2003, ha transmutado la naturaleza de la prueba pericial en documental, pero tanto en un caso como en otro se parte de la idea de excepción a la regla de necesidad de prueba personal plenaria, limitando su alcance a pericias emitidas por organismos públicos dotados de una particular y acreditada capacidad técnica y respecto a objetos periciales específicos relativos a análisis de sustancias tóxicas u otro tipo de comprobaciones protocolizadas bajo parámetros de asumida universalidad científica de métodos y conclusiones (pruebas dactiloscópicas o lofoscópicas).

Resulta evidente que este no es el supuesto que nos ocupa. El tribunal desconoce desde la formación académica, experiencia y méritos del perito o metodología empleada a los presupuestos epistémicos de la conclusión del perito, todo lo cual no ha sido sometido a debate, instrumentándose su acceso al proceso por la inadecuada vía documental, la cual, además, ni tan siquiera se practicó con respeto al programa de exigencias establecido por la doctrina constitucional ( SSTC 173/97, 33/2000).Es el plenario donde se produce la prueba con plena sujeción a los principios de contradicción e inmediación. Y ello, al margen de que haya habido o no, impugnación del informe. Por tanto, el valor de los daños que se consideran probados, de modo que los hechos deben calificarse como delito leve de daños. Por otro lado, no consideramos que estemos ante un delito continuado sino ante una unidad de acción que reclama la condena por un único delito, ya que desde la perspectiva de la antijuricidad material se presentan como una infracción unitaria. Los daños causados de manera inmediata en una secuencia única intentando trasladar al acusado a la comisaría, constituyen una verdadera "realidad jurídica", que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva ( SSTS 97/2010, 89/2010, 860/2008, 554/2008, 11/2007 y 309/2006 entre otras), descartando la Sala la continuidad delictiva.

En definitiva, procede la estimación parcial del recurso, con los correspondientes ajustes en materia de pena habiendo además sido cuestionado las penas impuestas que se pretenden inferiores.

CUARTO.-Por lo que se refiere al juicio de punibilidad, la sentencia de instancia aprecia la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP, la atenuante analógica de drogadicción del art 21.7 en relación con el art. 21.1. y 20.2 CP y la concurrencia de la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP respecto del delito de atentado y contra la seguridad vial. El juez a quo razona que debe imponerse la pena de los delitos contra la seguridad vial y el delito de atentado, dentro de su mitad inferior, dado que concurren dos circunstancias atenuantes y una circunstancia agravante, de conformidad con el art. 66.1.7ª CP. No obstante, la Sala no coincide con tal criterio, ya que ha de predicarse la subsistencia bien del fundamento cualificado de atenuación o de agravación. Y consideramos que, en este caso, como se infiere del propio razonamiento de la sentencia de instancia también, prevalece un fundamento atenuador que lleva a la imposición de la pena inferior en grado.

Descartado el régimen concursal vista la absolución por el delito de conducción temeraria, el art. 384 CP prevé la imposición de la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Dentro de esa horquilla, optando la Sala por la pena menos aflictiva, la de multa, no podemos trasladar el razonamiento de la juez a quo, que abogaba como hemos dicho por la pena en su mitad inferior "pero no en su extensión mínima dado que le constan diversos antecedentes penales por la previa comisión de delitos contra la seguridad vial, por lo que en atención a la nula eficacia disuasiva que han producido en el acusado las anteriores condenas por delitos de conducción",porque ello se identifica naturalmente con la agravante de reincidencia e implicaría una doble valoración, por lo que procede imponer la pena de 6 meses de multa, a razón de 5 euros diarios, cuota está fijada en la sentencia de instancia de manera razonada ("toda vez que el acusado se encuentra en edad laboral y además en ningún momento alega y menos aún acredita que se encuentre en situación de indigencia. Por tanto, dicha cuota se considera que es ajustada a derecho y proporcional a los ingresos mínimos de cualquier ciudadano medio")no habiéndose tampoco por la defensa acreditado la situación económica del acusado que refiere en su recurso.

En relación con el delito de atentado, la pena prevista es de prisión de 6 meses a 3 años, la pena inferior en grado nos sitúa en un marco penológico de 3 a 6 meses de prisión. Trasladando el razonamiento de la juez a quo ("el acusado respaldó su conducta en la presencia de las dos personas que le acompañaban, con la superioridad numérica que ello denota, hasta el punto de que los agentes tuvieron que recabar el auxilio de otros compañeros para contener al acusado, que no facilitó en absoluto su detención, ni siquiera cuando ya estaba en el interior de los vehículos policiales, poniendo de manifiesto una conducta incontrolable y especialmente agresiva"), se acuerda imponer la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena, manteniéndose la condena por los tres delitos leves de lesiones, a la pena de veinte días de multa con cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal, que ya se encuentra ajustada a las circunstancias concurrentes.

La pena a imponer ex art. 263.1. 2º CP atendiendo a que son dos los vehículos afectados, pero valorando también la circunstancia del estado etílico del acusado, en dos meses de multa con una cuota diaria de 5 euros (por los motivos antes expuestos) y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 CP. Igualmente quedará para ejecución de sentencia la correspondiente valoración de los daños sufridos excluida que ha sido la pericial del acervo probatorio.

QUINTO.-Las costas de este recurso se declaran de oficio, no reduciéndose las de la instancia en la parte correspondiente al delito por el que ha sido absuelto el recurrente que ha sido sustituido por otro título de condena por exclusión del régimen concursal, y lo mismo ha de predicarse respecto a la condena por delito de daños que se ha transmutado en delito leve de daños debiendo subsistir la condena en costas.