SECCIÓ PENAL DEL TI DE BARCELONA. PLAÇA NÚM. 10
Procediment Abreujat núm. 212/2024
La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel·lació núm. 258/2025, interposat contra la Sentència pronunciada pel SECCIÓ PENAL DEL TI DE BARCELONA. PLAÇA NÚM. 10 en data 16/7/2025, en procediment Abreujat núm. 212/2024. Han estat parts com apel·lant Simón representada per Ana Salinas Parra i asistida per Joaquín Sugrañes Salvat, com apel·lada Inmaculada representada per Víctor de Daniel Carrasco-Aragay i assistida per Laura Judith Ramírez Cara, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Juli Solaz Ponsirenas.
Barcelona, dos d'abril de dos mil vint-i-sis.
Primer.El dia 16 de juliol de 2025 el Jutjat del Penal núm. 10 de Barcelona dictà una sentència amb la decisió següent: "CONDENO a Simón como autor de:
A) un delito leve de daños del art. 263.1 CP , párrafo segundo, a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 4 euros.
B) Por cada uno de B) y C) dos delitos de maltrato en el ámbito familiar del art. 153.1 y 3 del CP , de 9 meses y 1 día de prisión y privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y 1 día. Por cada uno, como accesorias, la prohibición de acercamiento a una distancia de 1000 m y comunicación respecto de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo u otro en el que se encuentre a una distancia de mil metros por un tiempo de 1 año superior a la pena de prisión.
D) Como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar del artículo 171.4 del Código Penal , de 9 meses y 1 día de prisión y privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y 1 día. Como accesorias, la prohibición de acercamiento a una distancia de 1000 m y comunicación respecto de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo u otro en el que se encuentre a una distancia de mil metros por un tiempo de 1 año superior a la pena de prisión.
Con abono de las medidas cautelares y el tiempo privado de libertad.
En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 135 euros por las lesiones. Más los intereses del art. 576 LEC .
Más las costas procesales.".
A la citada sentència es declaren provats els fets següents: "PRIMERO.- Simón, mayor de edad, nacido el día NUM000 de 1994, en Babalouad (Argelia) con NIE (España) nº NUM001, con otros documentos Argelia nº NUM002, en situación irregular en territorio nacional, según certificado de la Dirección General de la Policía de fecha 12.01.2023, y carente de antecedentes penales; quien había mantenido una relación sentimental de pareja de seis meses de duración con convivencia con la Sra. Inmaculada; Dicha relación finalizó el día 31/12/2022, pero siguieron conviviendo en el mismo domicilio, sito en la DIRECCION000 de Barcelona, donde vivían también los dos hijos menores de edad de la Sra. Inmaculada, fruto de una anterior relación.
El acusado, en hora no determinada del día 26 de noviembre de 2022, después de haber estado en un bautizo con su pareja sentimental, fue a buscarla al domicilio de una amiga donde se había quedado a dormir, y le pidió el teléfono móvil iPhone 13 Pro Max, 128 GB, que él mismo le había regalado, a lo que la Sra. Inmaculada accedió, y entonces, con intención de ocasionar un detrimento en el patrimonio ajeno, se llevó dicho terminal, lo rompió dándole golpes con un martillo, y lo dejó destrozado, y al día siguiente le envió por whatsapp una grabación de estos hechos.
El referido teléfono móvil no ha podido ser tasado pericialmente por insuficiencia de la documentación aportada por la perjudicada, sin que conste por ello que su valor supere 400 euros.
El acusado, en hora no determinada del día 1 de enero de 2023, se hallaba en el domicilio sito en la DIRECCION000 de Barcelona, junto con su pareja y unos amigos de ésta, con ocasión de la cena de fin de año, y tras enfadarse al ver que la Sra. Inmaculada enviaba mensajes con su teléfono móvil, le dijo "hija de puta, estás enviando mensajes a otros" y seguidamente, con intención de menoscabar su integridad física, la zarandeó y escupió en la cara y trató de agredirla, rozando su mano con la cara de la Sra. Inmaculada. A continuación, el acusado siguió a la Sra. Inmaculada y a los amigos de esta hasta la vía pública y en el momento en que iban a coger un taxi, con intención de alterar la tranquilidad personal de su pareja sentimental, le dijo que la iba a matar, que era una puta y la siguió hasta la parada de metro del DIRECCION001, donde sobre las 03:00 horas la cogió del pelo.
No consta que la Sra. Inmaculada sufriera lesiones por estos hechos.
El acusado, el día 10 de enero de 2023, sobre las 16:00 horas, hallándose en el domicilio que compartía con su ya ex pareja sentimental Sra. Inmaculada, mientras esta recogía ropa para lavar de la habitación de su hija y viendo que se acababa de teñir el pelo, con intención de menoscabar su integridad física, la cogió del pelo y le dijo "para quien te has pintado el pelo, hija de puta, por mis cojones que de esta no te salvas" y cuando ella trató de cubrirse la cara, le dio un puñetazo en el brazo derecho. Posteriormente, el acusado, con intención de alterar la tranquilidad personal de su ex pareja, cogió un cable del ordenador y con la otra mano sujetó fuertemente la mano izquierda de la Sra. Inmaculada, profiriéndole expresiones como "empieza a bloquear, bloquea mejor que lo rompa, no quiero romperlo porque es igual si te compras otro, venga, venga. Tú hablas de mi mama que está a punto de morir, te voy a cortar si le pasa algo, puta.Te mato. Te corto a partes. Llama a la policía si voy a prisión voy a volver a ti a matar y con más rabia. Tú no entiendes por las buenas, vas a entender por la violencia. Voy a vivir gratis, voy a hacer todo lo que quiera, hija de puta Tienes hasta la noche para bloquear a todos si no voy bloquear tu cabeza con el móvil. Nadie de hombres, solo de tu familia y tu ex, ni compañero ni mierda, tienes hasta la noche. Si no vas a ver la violencia de verdad. No, no me voy a ir, voy a joder tu vida, todos los días van a ser como ahora"; generándole por ello temor y desasosiego
Por esos hechos, la Sra. Inmaculada sufrió un discreto hematoma en la región del brazo derecho próxima al codo, sin inestabilidades óseas ni ligamentosas ni dolor a la presión de partes blandas, con limitación discretamente dolorosa a la movilidad, precisando para su curación de una primera asistencia facultativa -analgesia/antiinflamatorios con carácter sintomático- y tres días, durante los que no estuvo impedida para sus ocupaciones habituales; sin secuelas.
La perjudicada reclama la indemnización que legalmente pudiera corresponderle.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer no 4 de Barcelona dictó Auto en fecha 23.012023 acordando la orden de protección de la víctima, imponiendo a Simón la prohibición de aproximación a menos de 1000 metros de Inmaculada, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre; a su domicilio o lugar de trabajo y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, con una duración de 2 años, hasta el 23 de enero de 2025 a las 14:30h. La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Vigésima, por Auto de fecha 03.04.2023 confirmó íntegramente dicha resolución.".
Segon.Formulat recurs d'apel·lació per la representació processal de Simón, el Jutjat l'admeté a tràmit, li donà curs i finalment va remetre les actuacions originades a aquest Tribunal per a la decisió. La representació processal de l'acusació particular s'ha oposat al citat recurs i ha demanat la confirmació de la sentència apel·lada. Per la seva banda, el Ministeri fiscal no ha formulat cap al·legació en relació al mencionat recurs.
Tercer.D'aquesta sentència, que expressa la decisió unànime d'aquest Tribunal, ha estat ponent Juli Solaz i Ponsirenas.
Fets provats
S'accepten els fets declarats provats en la sentència recorreguda amb les següents modificacions: el paràgraf primer ha de quedar redactat de la següent manera, " Simón, mayor de edad, nacido el dia NUM000 de 1994, en Babalouad (Argelia), con N.I.E núm. NUM001, en situación irregular ven territorio español y carente de antecedentes penales estuvo viviendo en el domicilio, sito en la DIRECCION000 de Barcelona, viviendo en el mismo domicilio Inmaculada, sin que existiera entre ellos una relación sentimental análoga a la matrimonial, junto con dos hijos menores de edad de la citada Inmaculada, fruto de una relación anterior.".
Es suprimeixen els paràgrafs segon i tercer.
El paràgraf quart es manté substituint l'expressió "junto con su pareja"per "junto con Inmaculada"; i l'expressió "con la intención de alterar la tranquilidad personal de su pareja sentimental.."per "con la intención de alterar la tranquilidad personal de la citada Inmaculada...".
El paràgraf cinquè es manté.
El paràgraf sisè es manté amb les següents modificacions: "en el domicilio que compartía con su ya ex pareja sentimental",s'ha de canviar per "en el domicilio que compartía con Inmaculada...".; "con intención de alterar la tranquilidad personal de su ex pareja" s'ha de modificar per "con intención de alterar la tranquilidad personal de la citada Inmaculada...".
La resta de paràgrafs es mantenen.
Primer.L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint com a motius: 1. Nul·litat de la sentència i del judici oral per infracció del dret de defensa del recurrent i del seu dret a utilitzar tots els mitjans de prova pertinents pera a la seva defensa, nul·litat demanada en virtut de l' article 238.3 de la Llei orgànica del poder judicial, al no haver estat admesa, ni valorada la prova documental proposada en temps i forma per la representació lletrada de l'ara apel·lant; 2. Error en la valoració de la prova en relació al delicte de danys presumptament succeït el dia 26 de novembre de 2022; 3. Error en la valoració de la prova en relació amb l'episodi presumptament ocorregut el dia 1 de gener de 2023; 4. Error en la valoració de la prova relatiu als fets del dia 11 de gener de 2023; i 5. Error en la valoració de la prova respecte de la relació existent entre la denunciat i l'ara recurrent i per tots aquest motius demana, com a pretensió principal, la nul·litat de la sentència apel·lada i del judici previ per tal que es celebri un nou judici amb un jutge diferent i, subsidiàriament, que es revoqui la sentència recorreguda i que la Sala en dicti una altra en la qual s'absolgui al recurrent dels dos delictes de maltractament i del delictes lleus de danys i amenaces pels quals ha estat condemnat en la sentència apel·lada i, també subsidiàriament, únicament es condemni al recurrent com autor d'un delicte lleu de lesions, d'un delicte lleu de maltractament d'obra i d'un delicte lleu d'amenaces.
Segon.El primer i principal motiu no pot ser estimat. Així, aquest motiu es fonamenta en el fet que a l'ara recurrent no li va ser admesa, com a prova documental, uns documents aportats per la seva defensa, en el tràmit de qüestions prèvies, essent protestada formalment aquesta inadmissió pel lletrat del recurrent en el mateix acte. Doncs bé, encara que la situació plantejada sigui certa, la Llei d'enjudiciament criminal preveu una solució per a aquests casos que, en cap cas, comporta la declaració de nul·litat reclamada per la part apel·lant i aquesta solució processal es troba perfectament regulada en l' article 790.3 de la mateixa Llei processal, en el qual, es disposa que, en casos com l'exposat en el recurs, és a dir, quan a una part li ha estat denegada indegudament una prova o quan no s'ha practicat una prova prèviament admesa, la part afectada pot reclamar la seva pràctica en la segona instància, proposant-la com a tal prova en l'escrit del recurs, essent la declaració de nul·litat un opció última quan no existeix cap altra possibilitat legal d'esmenar el defecte processal suposadament comés pel jutjat d'instància. En el cas que ens ocupa, la part recurrent no ha utilitzat la previsió legal establerta en el citat article 790.3 de la Llei d'enjudiciament criminal i, per tant, al no proposar formalment la pràctica de la prova documental en aquesta segona instància, la seva pretensió de declarar la nul·litat de la sentència i del judici previ, per no haver-li estat admesa la referida prova documental, ha de ser completament desestimada.
Tercer.El segon motiu del recurs sí que ha de ser estimat, atès que, el pronunciament condemnatori del delicte lleu de danys, pel qual també ha estat condemnat el recurrent, consistent en el trencament del telèfon mòbil propietat de la denunciant, es fonamenta únicament en les manifestacions de la denunciant sense que s'hagi aportat cap mena de corroboració objectiva que acrediti la realitat dels fets imputats a l'ara apel·lant, atès que, la gravació aportada per la referida denunciant, en cap cas, prova que l'acusat fos l'autor del trencament del seu mòbil, ja que, en la referida gravació no es veu qui és l'autor dels fets i la mencionada gravació és d'origen desconegut, ja que, no s'ha aportat la més mínima prova o indici que la referida gravació li fos enviada pel denunciat a la denunciant. Així, consta en el folis 98 i 99 de la causa, que la denunciant manifesta que els arxius, on suposadament constava la gravació aportada, estan esborrats i la conversa per whatsapp, presumptament mantinguda amb l'ara recurrent, està completament buida, sense que hi hagi cap constància objectiva de que l'interlocutor de la esmentada conversa sigui l'apel·lant, per la qual cosa, la sola manifestació de la denunciant és, en aquest cas, clarament insuficient per poder desvirtuar la presumpció d'innocència que empara a tota persona acusada de la realització de qualsevol il·lícit penal i, per tant, com hem dit abans, aquest segon motiu d'impugnació sí que ha de ser estimat i, conseqüentment, hem de revocar el pronunciament condemnatori relatiu al delicte lleu de danys, contingut en la sentència apel·lada i, en conseqüència, absoldre el recurrent del citat delicte lleu de danys.
Quart.Per raons de lògica processal es fa necessari examinar primer el darrer motiu d'impugnació, plantejat en el recurs de l'apel·lant, és a dir, la suposada inexistència d'una relació sentimental semblant a la matrimonial entre denunciant i denunciat, atès que, l'estimació d'aquest motiu podria comportar automàticament l'estimació parcial o total dels motius tercer i quart del mateix recurs. Doncs bé, és clar que aquest motiu ha de ser estimat, atès que, la esmentada relació sentimental és negada per l'acusat i, en l'acte del plenari, també per la pròpia denunciant. Així, en l'acte del judici oral, la denunciant, a preguntes del Ministeri fiscal, contesta que l'acusat "vivía en mi domicilio", "para mí, relación no era...", "Él vivía en mi domicilio, pero no vivía en mi cama. No dormía en mi cama.";i al ser preguntada si eren parella, contesta "Bueno, no....";i a preguntes de la defensa de l'acusat, sobre si eren parella, respon "Claro...para mí no era una relación.",és a dir, en cap moment la mateixa denunciant afirma que siguin parella sentimental i que la seva relació sigui semblant a la matrimonial i aquest fet és un fet la prova del qual ha de recaure necessàriament en les acusacions, atès que, es tracta d'un element essencial per poder acusar i condemnar a l'acusat com autor dels delictes de maltractament de l' article 153 del Codi penal i d'amenaces de l' article 171.4 del mateix Codi penal, pels qual consta condemnat l'ara recurrent en la sentència apel·lada. En aquest sentit, s'ha pronunciat moltes vegades la Sala Segona del Tribunal Suprem al afirmar, com fa en la seva sentència núm. 697/2017, de 25 d'octubre, que "la relación de afectividad análoga a la conyugal no puede ser presumida en contra del acusado".Per tant, al no resultar acreditada la referida relació sentimental, anàloga a la matrimonial, entre denunciant i denunciat, és clar que el darrer motiu d'impugnació ha de ser estimat amb les conseqüències que desprès explicarem al resoldre els motius tercer i quart del recurs.
Cinquè.El tercer motiu del recurs, en concordança amb el què hem exposat en el raonament jurídic anterior, ha de ser estimat parcialment. Així, el recurrent al·lega que, respecte els fets del dia 1 de gener de 2023, s'ha produït un error en la valoració de la prova per tenir en compte una declaració testifical, aportada al plenari per la via de l' article 730 de la Llei d'enjudiciament criminal, que, a parer de l'apel·lant, no s'ha havia d'haver tingut en compte, atès que, no es donaven els requisits necessaris exigits en el citat article 730. Aquesta legació ha de ser rebutjada, ja que, examinada la causa, es constata que el jutjat competent va fer tot el possible per localitzar a la referida testimoni i, consta en el foli 287 de les actuacions, que els Mossos d'esquadra, desprès de fer les diligències d'esbrinament oportunes, van determinar que totes elles van ser negatives i, per tant, va ser impossible materialment localitzar a la testimoni per a procedir a la seva citació a judici, sense que es pugui acceptar la tesis del recurrent, en el sentit de que, com que la testimoni era amiga de la denunciant, aquesta hauria de saber els eu domicili, ja que, la pròpia denunciant va reconèixer en el plenari que, en el moment de celebrar-se el judici, desconeixia on poder trobar a la testimoni, per la qual cosa, la seva declaració, aportada i llegida en el plenari, per la via de l' article 730 de la Llei d'enjudiciament criminal, era perfectament legal i estava plenament justificada. Per tant, la declaració de la denunciant, respecte dels fets del dia 1 de gener de 2023, està perfectament corroborada per la referida declaració testifical i, fins i tot, en el cas que no fos acceptada la referida prova testifical, igualment existiria una corroboració perifèrica de la versió de la denunciant, ja que consta en la causa una prova documental, foli 188 i 189, consistent en la transcripció de les converses de la mencionada testimoni al servei 112, en les quals, Clara, la testimoni no localitzada, demana clarament ajuda al citat servei pel fet que l'acusat està agredint a la seva amiga, l'aquí denunciant; i, en les referides transcripcions, fa un relat parcial dels fets, ocorreguts el dia 1 de gener de 2023, plenament coincidents amb part dels fets denunciats de la referida data, sense que, a més, aquesta prova documental pugui ser qüestionada, ja que, la mateixa va ser proposada i admesa a instàncies de totes les parts intervinents en aquest judici, inclòs ala defensa de l'acusat. Així, en els corresponents escrits de qualificació provisional del Ministeri fiscal, foli 223; de l'acusació particular, foli 232 i de la defensa de l'acusat, foli 257, es proposa la referida prova documental i la mateixa defensa no la impugna expressament, per la qual cosa, la referida prova documental, juntament amb les manifestacions de la denunciant, és una prova de càrrec vàlida i suficient per poder desvirtuar la presumpció d'innocència que, inicialment, emparava a l'ara recurrent i, per tant, l'agressió del dia 1 de gener de 2023, considerem que ha quedat perfectament acreditada, per la qual cosa, com hem dit anteriorment, la condemna per aquest fet s'ha de mantenir, però tenint en compte que no s'ha acreditat la relació sentimental entre denunciant i denunciat, s'haurà d'absoldre a l'acusat del delicte, previst en l' article 153 del Codi penal i condemnar-lo com autor d'un delicte lleu de maltractament d'obra, previst en l' article 147.3 del Codi penal, al no haver-se acreditat que la denunciant patís cap lesió com a conseqüència d'aquests fets i haver efectuat l'oportuna denuncia en relació els fets del dia 1 de gener de 2023, imposant-li una pena de multa d'un mes i quinze dies, amb una quota diària de sis euros, sense necessitat d'aplicar cap prohibició d'acostament o comunicació amb la denunciant, ja que, en casos de delicte lleus, segons es disposa en l' article 57.3 del Codi penal, les referides prohibicions son potestatives i no d'obligada imposició i, tenint en compte les circumstàncies del cas i la nul·la relació actual dels implicats, entenem que no és necessari imposar cap de les esmentades prohibicions.
Sisè.El darrer motiu del recurs, referit als fets del dia 10 de gener de 2023, també ha de ser estimat parcialment pels mateixos motius que en el cas anterior, és a dir, per una banda no es pot aplicat l' article 153.1 i 3 del Codi penal, ja que, com hem afirmat anteriorment, no s'ha acreditat l'existència d'una relació sentimental anàloga a la matrimonial entre denunciant i denunciat, element fonamental que ha de concorre per aplicar el delicte esmentat; i, per altra banda, els fets objecte d'imputació, relatius al dia citat, entenem que han quedat plenament acreditats amb les proves practicades en el plenari. Així, en aquest cas, la versió de la denunciant està corroborada per un informe mèdic, foli 44 de la causa, i per un dictamen forense, folis 63 i 64, que acrediten l'existència d'una lesió objectiva plenament compatible amb el relat de la referida denunciant, per la qual cosa, considerem que les manifestacions de la esmentada denunciant i aquests dos informes mèdics, son proves de càrrec vàlides i suficients, per poder enervar la presumpció d'innocència que, inicialment, emparava a l'ara recurrent i, per tant, en aquest cas, no s'ha produït cap vulneració del citat dret a la presumpció d'innocència que justifiqui, com pretén la parta apel·lant, la revocació del pronunciament condemnatori contingut en la sentència apel·lada, de tal manera que, com hem dit abans, al no existir la relació sentimental anàloga a la matrimonial entre agressor i agredida, el recurrent ha de ser absolt del delicte, tipificat en l' article 153.1 i 3 del Codi penal pel qual ha estat condemnat en la resolució impugnada i, en els eu lloc, se l'ha de condemnar com autor d'un delicte lleu de lesions, previst en l' article 147.2 del mateix Codi penal, ja que, en aquesta cas, com a conseqüència de la seva conducta, la víctima ha patit una lesió objectiva i aquesta agressió ha estat denunciada expressament per la ressenyada víctima. Per tant, pel citat delicte lleu l'ara apel·lant ha de ser condemnat a la pena de dos mesos multa, amb una quota diària de sis euros, que és la pena mitja imposable legalment, mantenint la indemnització fixada en la sentència per aquest fets, ja que, la responsabilitat civil derivada d'aquesta conducta no ha estat objecte d'impugnació en el recurs que ara estem resolent i, com en el cas dels fets del dia 1 de gener de 2023, entenem que no és necessari imposar pels fets del dia 10 de gener de 2023, ni la prohibició d'acostament, ni la de comunicació amb la víctima pels mateixos motius explicats en el raonament jurídic anterior.
Setè.Finalment pel que fa al delicte continuat d'amenaces lleus en l'àmbit de la violència de gènere de l' article 171.4 del Codi penal, si bé és cert que la realitat d'aquests fets no ha estat qüestionada en el recurs, és clar que, tenint en compte que no ha quedat acreditada la relació anàloga a la matrimonial entre denunciant i denunciada, aquest delicte no pot ser aplicat al mancar un element essencial del mateix, com és, la esmentada relació sentimental i, per tant, com en els casos anteriors, s'ha d'absoldre al recurrent del citat delicte i se l'ha de condemnar com autor d'un delicte lleu continuat d'amenaces, previst en l' article 171.7 del Codi penal, a la pena, en aquest cas màxima, al tractar-se d'un delicte continuat, de tres mesos multa, amb una quota diària de sis euros, sense la imposició de cap de les prohibicions d'acostament i comunicació amb la víctima, pels mateixos motius expressat en els dos casos anteriors.
Vuitè.En darrer terme, és necessari fer una observació en relació a la possibilitat d'haver condemnat, en aquesta segona instància, a l'ara recurrent per uns delictes que no havien estat imputats per les acusacions, com son els delictes lleus de maltractament, de lesions i el continuat d'amenaces, ja que, en aquesta casos no s'ha produït cap mena d'indefensió per a la defensa de l'acusat, ja que, els fets son completament homogenis als inicialment atribuïts i pels qual fou condemnat en primera instància i, per tant, no es tracta d'imputacions noves i diferents contra les quals no s'hagi pogut defensar i, en aquest sentit, entenem que, en el cas que ens ocupa, és de plena aplicació la jurisprudència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, concretament l'establerta en la seva sentència núm. 112/2024, de 6 de febrer, en la qual es matisa, de forma molt clara, les conseqüències de la sentència STJUE de 19 de novembre de 2023, afirmant el següent: "Las cuestiones vinculadas al principio acusatorio han de ser interpretadas con la referencia constitucional del derecho a ser informado de la acusación.
La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa ha sido resaltada por el Tribunal Constitucional al insistir en que del enunciado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación contra él formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el juez los propios, tanto los de carácter fáctico, como los de naturaleza jurídica ( SS del TC 53/1987, de 7 de mayo ; 4/2002, de 14 de enero ):
"Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el juez o tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia" ( SSTC 11/1992, de 27 de enero ; 95/1995, de 19 de junio , 36/1996, de 11 de marzo , 4/2002, de 14 de enero ) 228/2002, de 9 de diciembre ; 35/2004, de 8 de marzo , 7/2005, de 4 de abril , 40/2004 de 22 de marzo y 183/2005 de 4 de julio .
Por su parte y entre muchas, las SSTS 86/2018, de 19 de febrero y 207/2018, de 3 de mayo señalan que, entre las garantías que incluye el principio acusatorio, se encuentra la de que "nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica".
Este derecho constitucional impide que en la sentencia puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho absolutamente cuando se trata de valoraciones jurídicas agravatorias en la medida en que desbordan los límites de la acusación frente a la que se articuló la defensa. Y puede operar también, aunque los puntos de vista jurídicos representen una atenuación frente a los esgrimidos por las acusaciones, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, ni siquiera implícitamente, estaban recogidas en los escritos de acusación.
Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneo con el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación, y que introducen perspectivas nuevas, se vulneraria el derecho a ser informado de la acusación pues, la defensa no tuvo ocasión de rebatir esa nueva valoración jurídica.
Algún ejemplo.
Si se acusa por robo y se condena por hurto, no existe problema en cuanto todos los elementos del hurto están contenidos en la acusación por robo. Pero si se acusa por un delito fiscal del art. 305 y se condena por un delito contable del art. 310, surgirá el problema, aunque la nueva calificación sea menos grave: hay líneas de defensa eficaces frente al art. 310 pero que carecerían de todo sentido si nos situamos frente a una acusación por el delito del art. 305 CP . Una situación parecida encontramos aquí.
Las acusaciones cuentan con la posibilidad de formular conclusiones alternativas incluso con carácter subsidiario. No ha sido este el supuesto.
Las exigencias del derecho de defensa y a ser informado de la acusación reclaman un mecanismo previo a la sentencia, para que la defensa pueda conocer y argumentar frente a esa posible valoración jurídica nueva. Lo decisivo, tratándose del derecho a ser informado de la acusación, es, tal como expone la STS 1187/2011, de 2 de noviembre , no el ajuste mimético de la sentencia con la acusación, sino consideraciones más de fondo que lleven a indagar si se ha producido un menoscabo de las posibilidades de defensa por no haberse explicitado la acusación.
Las circunstancias de cada supuesto condicionarán la solución. Es preciso dilucidar en el caso concreto si en la situación analizada la variación del delito objeto de condena era previsible, lo que nos deriva a cierto casuísmo. No bastan normalmente afirmaciones generales axiomáticas. Convertir una acusación por homicidio doloso en un homicidio imprudente podrá ser posible o no, según el contexto y circunstancias. Si lo que se atribuía es un dolo eventual y toda la discusión giró en torno a si concurrían las exigencias de ese tipo de intención, la condena por imprudencia grave no será sorpresiva. Se descartó el dolo eventual y afloró el siguiente escalón: la imprudencia grave. Si, por el contrario, se acusó por arremeter dolosamente contra una persona con ánimo de atropellarla y la versión de la defensa es que el acusado no era el conductor, no será factible, en principio, una condena por un atropello imprudente (salvo conclusiones alternativas o planteamiento en forma de la tesis del art. 733 LECrim ).
Veamos algunos ejemplos entresacados de la jurisprudencia.
En la STS 1203/2006, de 11 de diciembre se pone de manifiesto en un supuesto en que la acusación se dirigía por un delito de lesiones y se condenó por un delito de maltrato familiar del 153, con pleno respeto de los hechos objeto de la acusación. Pese a que el fiscal citaba en el relato de hechos la relación de convivencia entre la víctima y el acusado, "la referencia no posee más valor que el de una circunstancia integradora de la relación de hechos que ilustran sobre el contexto de confianza existente entre agresor y víctima en el que se desarrollaron las secuencias delictivas. El acusado que no es consciente de que tal circunstancia va a elevarse a presupuesto de un delito (por el que no se acusa) la admite pacíficamente, en la confianza de que no provocará consecuencias desfavorables, ya que con proyección jurídica ni siquiera se menciona en su condición de circunstancia mixta con efectos agravatorios la del art. 23 CP . Así pues, como elemento de hecho imputado al acusado, con virtualidad para integrar uno de los presupuestos típicos del delito, nunca las acusaciones se refirieron a la existencia entre agresor y víctima de una relación de análoga significación a la del matrimonio. Aunque justo es decirlo la circunstancia fue objeto de contradicción en el plenario, cuando acusador y acusado pretendían acreditar cuál de los dos fue el que provocó la ruptura de la convivencia".
Una concepción más amplia se atisba en las SSTS de 27 de noviembre de 2008 y 20 de enero de 2009 . El principio acusatorio, no se vulneró dada la homogeneidad de los delitos: en el primer caso, condena por coacciones frente a la acusación de agresión sexual; y en el segundo, coacciones en lugar de detención ilegal como pedía la acusación. Se enfatizan dos ideas: que el debate comprendió toda la facticidad tenida en cuenta para la resolución final, no identificándose asomo alguno de indefensión; y que los delitos de que se acusaba contenían el núcleo de los tipos finalmente aplicados.
Así pues, si, atendiendo al contexto, el cambio del título de imputación ha privado a la parte pasiva de alguna posibilidad de defensa en tanto no era previsible de forma alguna la aparición de esa nueva figura habrá infracción del acusatorio. Cuando in casu, en cambio, se puede sostener con rotundidad que no existe disminución alguna ni del derecho a ser informado de la acusación ni de las posibilidades de haberse defendido, habrá que afirmar la legitimidad de esa modificación, lejos de fórmulas sacramentales o apriorísticas ( STS 706/2012, de 24 de septiembre ).
La STS 565/2019, de 19 de noviembre ( con cita de las precedentes 285/2015, de 14 de mayo , y 1137/2011, de 2 de noviembre ) estima que no se vulneró el principio acusatorio en un supuesto en que se condena por delito de lesiones culposo cuando la acusación atribuía al acusado la comisión a título de dolo. La sentencia analiza el factum del relato de la sentencia y la narración de los hechos de los escritos de acusación. Los hechos objeto de acusación y luego base de la condena permanecían prácticamente inalterados. Concluye que entre el tipo penal doloso objeto de acusación y el imprudente asumido finalmente por el Tribunal hay homogeneidad, en cuanto se encuentran en la misma línea de tutela de valores jurídicos (la integridad física en ambos casos) y el delito objeto de acusación contiene todos los elementos del delito objeto de condena, por lo que de todos ellos ha podido defenderse el acusado, diferenciándose únicamente la calificación jurídica en un elemento subjetivo. Sin embargo no siempre se ha estimado así ( SSTS 22-3-1991 , 1-7-1993 , 20-9-1994 , 23-10-1995 , 12- 4-1999 y 25-4-2001 y STC 75/2003, de 17 de mayo , que señala que "no puede predicarse la homogeneidad de los tipos delictivos, en tanto en cuanto, situados desde la perspectiva del derecho de defensa, el recurrente no podía defenderse de modo contradictorio ni de los elementos fácticos, ni de los elementos jurídicos del tipo delictivo si la acusación le imputaba una participación a título culposo y no doloso (...)".
En los ordenamientos procesales de nuestro entorno, el juez o tribunal no queda vinculado por la calificación jurídica de la acusación y puede aportar un punto de vista jurídico distinto en la sentencia, aunque no sea asumido por la acusación, siempre que se haya dado oportunidad al acusado de defenderse (así, parágrafos 264.2 y 265 de la Ordenanza Procesal penal alemana y art. 521.1 de la Ley de Procedimiento Penal Italiana ). Esa función la puede asumir en nuestro ordenamiento el art. 733 LECrim . Aquí no se hizo uso de la tesis. Tampoco el Fiscal formuló calificación alternativa.
QUINTO. - El Tribunal solo podría haber condenado por el delito del art. 181 CP si añadía un dato clave al relato fáctico: el aprovechamiento por parte del autor de la condición psíquica de la víctima para obtener su consentimiento. No estaba explicitado en las conclusiones.
A mayor abundamiento, y esto es también razón de peso, la defensa contaba con razones sobradas para pensar que la acusación de ninguna forma valoraba esa posibilidad, ni la creía fundada. En un contexto en que se habían producido en días inmediatamente anteriores relaciones sexuales consentidas entre las mismas personas, sin que en la enjuiciada se apreciase ninguna peculiaridad adicional fuera de la intimidación o presión expresamente descartadas por no probadas, la defensa tenía razones para confiar plenamente en que no podría aflorar subsidiariamente una condena por el delito del art. 181: no tendría explicación que no se hubiese acusado por las relaciones sexuales anteriores.
Esta realidad procesal le permitía deducir con toda lógica que nunca la acusación pensó en un aprovechamiento de las condiciones psíquicas de la víctima para lograr el acceso. Por tanto, era sensato desdeñar, o, ni siquiera plantearse, la posibilidad de solicitar una prueba pericial que incidiese en esa cuestión desde esa perspectiva que no coincide con la más objetiva del art. 180.1.3 CP . Una condena por el delito del art. 181 -ó 182- sin duda hubiese sorprendido. No era coherente con el abstencionismo de las acusaciones respecto de los episodios anteriores, revelador de que no creían que las relaciones sexuales mantenidas por el acusado con la víctima invadiesen el ámbito penal, salvo que se emplease violencia o intimidación. En ese contexto la acusación por el art. 181 no estaba implícita o no era subsidiaria de la acusación por el delito del art. 178, 179 y 180.1.3. Estaba tácitamente excluida pues lo único que distinguía la relación objeto de acusación de las anteriores era la presencia de intimidación. Centrar la defensa en negar la intimidación tratando de desvirtuarla con pruebas, era estrategia lógica. Invertir, en cambio, algún esfuerzo defensivo en descartar el abuso de la vulnerabilidad de la mujer era incongruente con la acusación.
SEXTO.- La solución desestimatoria que se deriva de los fundamentos anteriores queda robustecida con las exigencias que parecen derivarse de la reciente STJUE de 19 de noviembre de 2023 que resuelve una cuestión prejudicial con el referente de la Directiva 2012/13 . A tenor del derecho procesal búlgaro el órgano jurisdiccional está facultado para declarar al acusado culpable sobre la base de una calificación diferente de la formulada en el escrito de acusación, siempre que esta nueva calificación no suponga una modificación sustancial de la parte fáctica de la acusación y no implique una pena más severa.
In casu el Fiscal había acusado por un delito de corrupción. El órgano judicial explica que, en aplicación de la jurisprudencia nacional podría valorar la posibilidad de condena por un delito de estafa más leve, que, además, había sido sugerida por el acusado; o por un delito de tráfico de influencias también menos grave.
La Directiva 2012/13, establece normas mínimas en lo que se refiere a la información a proporcionar a la defensa sobre la acusación. Su art. 6 aborda el derecho a ser informado de la acusación necesario para salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa. El acusado ha de recibir información detallada sobre la acusación, incluida la calificación jurídica del delito.
El Tribunal de Justicia admite que la información relativa a la acusación transmitida a la defensa sea modificada con posterioridad, singularmente en lo que atañe a la calificación jurídica. No obstante, tales variaciones deben comunicarse a la defensa en un momento en el que disponga aún de la oportunidad de reaccionar eficazmente, antes de la fase de deliberación. ( artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ):
"...cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el órgano jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 .
Así sucede, por un lado, cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos, sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.
En tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el órgano jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelación al acusado o a su abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa, y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella.
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se plantea no adoptar la calificación de cohecho por funcionario investigador mediante extorsión por abuso de poder, inicialmente elegida por la Spetsializirana prokuratura (Fiscalía Especial), y sustituirla por la calificación de estafa o de tráfico de influencias. Pues bien, los dos últimos delitos implican elementos constitutivos sobre los que BK aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.
Por otra parte, aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito, la nueva calificación del delito por el órgano jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera.
Es preciso subrayar, además, que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuesta no guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse.
De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 . La necesidad de conceder a la persona acusada un plazo para preparar o modificar su defensa en tal situación y la duración de dicho plazo son elementos que corresponde determinar a tal órgano jurisdiccional con atención a todas las circunstancias pertinentes.
La interpretación contenida en el apartado anterior se ve confirmada por los objetivos de la Directiva 2012/13 . En efecto, como se desprende de sus considerandos 3, 9 y 14, esta Directiva, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, tiene por objeto mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros y, por tanto, facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal.
Pues bien, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 59 a 71 de sus conclusiones, la interpretación realizada en el apartado 47 de la presente sentencia, bajo la forma de una norma clara y de aplicación simple en lo que respecta a la obligación del órgano jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal de informar a la persona acusada con la debida antelación cuando dicho órgano jurisdiccional pretende calificar nuevamente el delito, contribuye al respeto de los derechos de la defensa y a la equidad del procedimiento penal en los Estados miembros. Así, tal interpretación refuerza la confianza mutua entre esos Estados y, por tanto, facilita el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, de conformidad con los objetivos perseguidos por dicha Directiva". (énfasis añadido).
Concluye el TJUE:
"El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativa al derecho a la información en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que permite a un órgano jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal adoptar una calificación jurídica de los hechos imputados distinta de la inicialmente formulada por el Ministerio Fiscal sin informar con la debida antelación al acusado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y, por lo tanto, sin ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a esa nueva calificación. Carece de pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que dicha calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa que el delito del que la persona estaba inicialmente acusada".
No se opone, sin embargo, al derecho de la Unión que sea el Tribunal de oficio quien sugiera esa distinta calificación más leve. En nuestro derecho esa iniciativa se puede canalizar a través del planteamiento de la tesis ( art. 733 LECrim ).
De ese pronunciamiento deducimos que, en este caso, el cambio del titulus condemnationis no solo infringiría el derecho nacional ( art. 24.2 CE ) sino también el derecho de la Unión. Solo si el Fiscal hubiese formulado una calificación alternativa o el Tribunal hubiese hecho uso de la tesis del art. 733 LECrim (lo que puede reputarse discutible, pero es tema que ahora no hay que abordar) podría plantearse la posibilidad de una condena por ese otro tipo sugerido por el Fiscal.".
Per tant, aplicant aquesta doctrina jurisprudencial, és perfectament possible legalment i no suposa cap situació d'indefensió per la part acusada la condemna, en aquesta segona instància, per uns delictes lleu perfectament homogenis amb els delictes inicialment imputats i pels quals fou condemnat l'apel·lant en primera instància.
Novè.D'acord amb l' article 240 de la Llei d'enjudiciament criminal, s'han de declarar d'ofici les costes processals causades en aquesta instància.