Sentencia Penal 140/2026 Audiencia Provincial Penal nº 23 de Madrid, Rec. 334/2025 de 03 de marzo del 2026

PRIMERO. -Los hechos que hemos declarado probados son resultado de la valoración razonada y en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim.

El cuadro probatorio ha sido muy sencillo. Como prueba personal solo hemos contados con la declaración de la denunciante y de la acusada. Junto a ello hemos contado con abundante prueba documental acreditativa de las transferencias efectuadas, del contrato, firmado meses después de haber efectuado las entregas de dinero, documentación bancaria de la cuenta de destino del dinero perteneciente a la mercantil IWATRIX SL y, muy especialmente, los WhatsApp intercambiados una vez Dª Marí Jose comienza a reclamar el pago de sus intereses y la devolución del dinero.

La acusada reconoció que era amigas, conocía especialmente a su hermana, y entraron en contacto en el año 2021 y Celestina le pidió poder entrar en sus negocios. Que le gustaría invertir. Hacían labores de creación de software, biomedicina, IA. Preguntada por su formación indica que es licenciada en Derecho. Que ella trabajaba todo con asesores externos, que estaba sola, y esencialmente con tres personas que eran ingenieros y física no puede contar más por confidencialidad

La acusada da una versión insostenible, fantasiosa, con supuestos aires de complejidad tecnológica, que no hace sino ocultar la absoluta inexistencia de actividad alguna que justificase las supuestas actividades de inversión. Es llamativo como, en cuanto el Ministerio Fiscal le inquiere información algo más detallada, se ampara en problemas de confidencialidad o la imposibilidad de facilitar el nombre de los supuestos asesores externos que les apoyaban en el desarrollo de los complejos programas de investigación que financiaban. En definitiva, nada de nada. Ni tiene la más mínima formación, ni dispone de personal, ni la cuenta de la sociedad tenía movimiento alguno. Desconocemos si la famosa habitación de la vivienda era de su pareja o no, pero desde luego no existía actividad real alguna, más allá que la figuración de una apariencia empresarial, innovadora, confidencial, de alto rendimiento en búsqueda de aparentar la realidad y seriedad de la actividad haciendo caer en el error a la víctima del engaño.

Por su parte Celestina reconoció que conocía a la acusada desde hace unos 23 años, que era íntima amiga de su hermana mayor, han tenido mucha relación ha acudido a bautizos y bodas. En este contexto, cuando vuelve a España en 2019 retoman la relación La invitaba mucho a su casa y siempre estaba hablando de sus proyectos empresariales, de la potencialidad de grandes proyectos, En creación de nuevas fuentes de energía, y robótica y lo inteligente que era su pareja Inocencio, que había trabajado en la Nasa y era el cerebro gris de todos. Que una vez en su casa, vio unas pantallas gigantes, como conectaron con una cámara virtual con la oficia de Bilbao, siempre confió en ella, era muy amiga de su hermana y creía en todo lo que hacía y decía siempre de la mano de Inocencio. Que creado ese escenario un día le mandó un WhatsApp diciéndole la suerte que tenía de conocerla y de poder invertir en la sociedad, que normalmente se exigían cantidades mucho mayores para permitirles la inversión, pero por ser su amiga le iba a permitir entrar con solo 30.000 euros y que la rentabilidad iba a ser inmediata y altísima. Que tenía absoluta confianza en ella y depositó el dinero en la cuenta de IWATRIX SL que le indicó. Que estaba convencida de haber hecho una gran inversión, cuando, en realidad, todo era un burdo engaño. Que no firmó nada inicialmente,

Tampoco la denunciante aporta mucha más información salvo que eran muy amigas, tenía plena confianza, salían juntos y se vio deslumbrada por la vida y supuestas capacidades de inversión y negocio de su amiga, quien siempre le hablaba de su pareja y del desarrollo de importantes líneas de investigación tecnológica muy innovadora. En este punto menciona una supuesta obtención de energía a partir de algún aparato, y otras cuestiones, como la supuesta tarjeta novedosa que iba a competir con el sistema de PayPal. En todo caso, insiste, en que siempre confió en su amiga, quién además le otorgaba una cierta confidencialidad y trato deferente. "no llegas a los importes del reto de inversores, pero por ser tú te voy a permitir disfrutar de esta increíble oportunidad".

En otra ocasión pasados unos meses desde la primera entrega, también la llamó por teléfono y todo con enorme urgencia y confidencialidad por ser oportunidad también única pero inmediata le pidió que participara en una nueva inversión para esa tarjeta de pago que iba a competir con PayPal de la que incluso le envió un video promocional. Dª Marí Jose le indicó que no tenía liquidez ni dinero para invertir, y ante la insistencia de que tenía que ser ya o perdería una fantástica oportunidad, le dijo que solo podría disponer de 1.500€ a lo que le indicó que se los enviara, y que no se preocupara que era igual, que luego ya más adelante tendría ocasión de ampliar la su participación de lo que iba a ser un negocio multimillonario en esta ocasión l de una tarjeta que iba a competir con PayPal. Que ambos pagos fueron antes de la firma del contrato. Que siempre mencionaba a Inocencio, que era un genio que fabricaba cosas.

No obstante, es necesario, insistir en la relación previa y diferenciada de las dos mujeres, conocidas desde la infancia, compatriotas residiendo en el extranjero, habiendo sido la acusada de joven íntima amiga de la hermana de Dª Marí Jose. Tras una estancia en el extranjero Dª Marí Jose regresa en 2019 a nuestro país, coincide con la acusada Laura y retoman la relación, destacando la denunciante como era frecuentemente invitada a eventos, fiestas y reuniones en casa u organizados por la acusada en la que alardeaba de su buena situación, de la importancia de su pareja, eminente ingeniero que había trabajado en la Nasa, y de los importantes contactos científicos y financieros que les permitían, realizar esos proyectos de investigación y de financiación. Eso sí, todo siempre envuelto en un cierto misterio, y supuesta confidencialidad para no desvelar demasiados datos.

Prueba Documental.

Al folio 29 de las actuaciones consta copia de la transferencia emitida el 25 de enero 2021desde la entidad EVobank a favor de la cuenta de la sociedad mercantil administrada por la acusada en Caixabank

Al folio 31, la segunda transferencia de 1.500€ de fecha 30 de abril de 2021.

Al folio 33-34 consta el supuesto contrato de inversiones entre IWATRIX SL, representada por su administradora única la acusada y la denunciante, en el que se mencionan supuestos proyectos de inversión como: desarrollo de software de predicción financiera bursátil; Nuevas tecnologías en el área eléctrica: wifi eléctrico, baterías eléctricas, Hand Kevin One, Iwatrix Data Storage Center; Prades Personal Fuselaje Drone, Atlantix System Pay.

A partir del folio 36 aparecen las numerosas comunicaciones por WhatsApp mantenidas reclamando la entrega de los intereses pactados y la devolución del dinero "invertido" System Pay.

SEGUNDO. -Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1. 6ª (abuso de relaciones personales) del Código Penal.

La Sala considera como correcta la postura intermedia entre la calificación del Ministerio Fiscal, un único delito de estafa básico, y la de la acusación, un delito continuado de estafa agravada. Como expondremos, sin duda, se trata de una estafa agravada en la que concurre un evidente abuso de una previa relación personal de amistad como algo distinto y añadido el núcleo del engaño consistente en simular una privilegiada posición económica fruto del control de diversas inversiones en rentables proyectos tecnológicos de futuro en los que se va a permitir participar la engañada víctima, pero, aun siendo consciente que fueron dos disposiciones fraudulentas en un periodo diferenciado de tiempo, con varios meses de diferencia, ambas disposiciones era la respuesta a un único propósito o voluntad delictiva, y, en definitiva, a una única maniobra engañosa que abarca ambas disposiciones como un único delito, que incluso se cierra meses después con la firma posterior del denominado contrato de inversión que amparaba ambas disposiciones.

Los elementos estructurales del delito de estafa, conforme a conocida y reiterada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son:

A. La utilización de un engaño previo bastante por parte de la autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva), siendo así que la suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad de los sujetos pasivos en el caso concreto.

B. Que dicho engaño desencadene el error del sujeto pasivo de la acción.

C. Que concurra un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero.

D. La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro.

E. De ella tiene que derivarse un perjuicio para las víctimas, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de las víctimas supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva) (sentencias STS 220/2.010 de 16 de febrero, 752/2.011 de 26 de julio y 465/2.012 de 1de junio).

El requisito esencial o nuclear del delito es la concurrencia de un engaño precedente, bastante y causante. Resalta la jurisprudencia el engaño como factor antecedente y causal que explica el error determinante del desplazamiento patrimonial por parte del sujeto pasivo de la acción en perjuicio propio o de un tercero, desplazamiento que no se habría producido de resultar conocida la naturaleza real de la operación, es decir, de no mediar el error causado por el engaño, de manera que la idoneidad en abstracto de una determinada maquinación sea completada con la suficiencia en el caso concreto en atención a las características personales de las víctimas y de la autora y a las circunstancias que rodean al hecho. En el caso que nos ocupa la acusada despliega toda una artimaña previa en la que simula que su privilegiada posición económica es fruto de su capacidad inversora en rentables e innovadores proyectos tecnológicos de la más diversa índole siempre de la mano de su pareja, un eminente científico que trabajó para la NASA, como paso previo y falaz para convencer a la víctima de que invierta en la financiación de esos proyectos lo que le va a generar una importante ganancia.

En parecidos términos la sentencia 22 de marzo 2.021 afirma que «los elementos configuradores del delito de estafa, conforme a reiterada jurisprudencia, son los siguientes:

1. Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador, de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2. Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3. Generación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4. Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de las diversas etapas del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5. Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el artículo 248 del código penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.»

En el caso que nos ocupa, y pese a la insistencia de la acusada de que todas las inversiones están en curso y prontas a dar los primeros resultados que hasta ahora han impedido la devolución del dinero e intereses prometidos, no tiene mucho interés la discusión sobre si se trató propiamente de una inversión, que hubiera podido conllevar unos riesgos de pérdida o un préstamo, porque, en ambos, lo determinante de la relevancia penal es que obedecían a una mera fabulación, a una simple puesta en escena de la apariencia de actuar en sectores altamente tecnológicos e innovadores, todo lo cual ha resultado ser una pura fabulación al servicio del fraude, una inmensa mentira sin soporte real alguno. Por si ello fuera poco, también se abusaba de la previa y especial confianza que provenía de una antigua amistad íntima entre la perjudicada y una de sus hermanas con la acusada, unido a la confraternización de compatriotas viviendo en un país extranjero.

Los WhatsApp se producen en una fase de agotamiento del delito, cuando los erróneos desplazamientos patrimoniales, ya se han producido, pero dejan bien a las claras la intencionalidad y mendacidad de toda la actuación de la acusada, amparada siempre en supuestos términos financieros, problemas de relación internacional entre compañías, retrasos entre las diferentes entidades bancarias, al hecho de trabajar con fondos y no con entidades bancarias al uso, en definitiva, terminología pseudoprofesional que no pretendía sino prolongar el error causado por el engaño y retrasar la interposición de la correspondiente querella como así sucedió durante casi seis meses.

Ordinariamente, en el delito de estafa el engaño es antecedente a la celebración del contrato y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá o no querrá cumplir con su prestación y, simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su parte, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito, autolesionándose. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento.

Como también señala la STS, 762/2022 del 15 de septiembre de 2022 (ROJ: STS 3264/2022) el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por un previo engaño por parte del sujeto activo. La preexistencia del engaño y su cualificada eficacia causal para la obtención del desplazamiento patrimonial constituyen exigencias de tipicidad inexcusables. La ausencia de una u otra desplaza la intervención penal y obliga a acudir a las reglas civiles para la reparación del daño o del perjuicio causado.

No cabe sostener, ni plantear, que nos encontremos ante un simple incumplimiento contractual, es que el contrato, que, de hecho, se remite para la firma pasados varios meses de que el delito ya esté consumado, y pretendiendo desviar la atención a un posible riesgo de la inversión, fue la promesa de una altísima rentabilidad, entre el 14 y el 29%, como mínimo y la apariencia de una buena y holgada posición económica, proveniente, precisamente, por el éxito de sus numerosas vías de inversión y desarrollo tecnológico lo que por error movieron a la perjudicada a realizar las dos disposiciones.

Se dice así que la frontera entre el ilícito penal y el civil se sitúa, precisamente, en las exigencias de estricta tipicidad que concurren en el primero. No todo incumplimiento, por tanto, de las obligaciones civiles deviene delito de estafa si no se acredita, cumplidamente, la preexistencia de un plan incumplidor y la puesta en escena engañosa como factor causal del desplazamiento patrimonial. En el caso que nos ocupa no puede existir la más mínima duda que toda la actuación se concibió de forma engañosa, pura apariencia de solvencia económica y éxito empresarial, como instrumento encaminado en términos finales y causales a la obtención del beneficio fraudulento, de tal modo que en su propio otorgamiento pueda ya excluirse la existencia de causa negocial, en los términos exigidos en el artículo 1275 CC, en cuanto el defraudador contemplaba desde ese mismo momento el incumplimiento de las obligaciones que contraía. De hecho, es que no existía actividad alguna que pudiera amparar la inversión, ni la posibilidad real de devolución.

Concurre además el subtipo agravado de cometerse la estafa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Sin duda, el centro de la defraudación está en esa simulación de portentoso éxito económico y envidiable posición empresarial gestionando innumerables proyectos de desarrollo tecnológico altamente rentables, pero, también se aprovecha, explota y defrauda la previa relación de amistad íntima, cuasi familiar, de muchos años atrás, haciéndole ver que solo por esa amistad le permitía participar, le abría la puerta de tan exitosos negocios solo al alcance de acaudalados inversores.

Este subtipo, nos dice la jurisprudencia, siempre se ha de aplicar de forma restrictiva. Todo subtipo agravado obliga a identificar el plus de antijuridicidad que justifica la considerable agravación penológica, pero, además, al tratarse los delitos de estafa, apropiación indebida o administración desleal, es decir todos situados dentro del Capítulo VI "de las defraudaciones", siempre tienen ínsita una insatisfacción de las reglas de la buena fe contractual las legítimas expectativas de la contraparte, una frustración de la confianza, incluso como elemento estructural del tipo como sucede en el caso de la apropiación indebida en el que la confianza es previa y ajena a la idea delictiva, pero también en la estafa, aunque en este esa confianza propia de todo negocio jurídico venga generada por ese engaño previo, por esa predeterminación funcional, delictiva, de toda la conducta. No basta pues con que exista esa relación previa, sino que, precisamente su naturaleza la situé en una posición de mayor desprotección o vulnerabilidad. Por eso se insiste que debe tratarse de una relación previa y distinta.

Así la STS 274/2017, de 19 de abril, dice: "Como bien indica el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.7º del Código Penal ( art. 250.1.6 desde la LO 5/2010), si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones, tanto el engaño que define el delito de estafa, como fundamentalmente el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida ( STS 368/2007, de 9 de mayo o 37/2013, de 30 de enero), presentan puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras) porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre ; 785/2005, de 14 de junio ; y 9/2008, de 18 de enero).»

TERCERO. -Del expresado delito es criminalmente responsable en concepto de autora la acusada Laura a tenor de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO. -En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO. -Corresponde en este apartado proceder a la individualización de la pena asignada al delito cometido. Corresponde imponer una pena de dos años y cuatro meses de prisión y multa de nueve meses con fijación de una cuota diaria de diez euros.

Los criterios que nos llevan a incrementar la pena notoriamente por encima del mínimo legal de un año son los siguientes:

Hemos optado por la calificación, como un único delito de estafa, pese a existir dos disposiciones patrimoniales efectuadas por el error causado por el previo engaño, existiendo incluso algún elemento diferenciador o renovador en el segundo supuesto.

La cantidad defraudada, 31.500, supone algo más del 60% de la cuantía de 50.000 que marca la barrera con la agravación objetiva pro el importe. En todo caso, está por encima de la media del tipo básico que iría de 400€ a 50.000€. Según relata la víctima supone además un grave quebranto a la perjudicada, que no tenía mayores ahorros. En la segunda de las entregas la autora es conocedora de esa situación de total falta de mayor liquidez y pese a ello no desiste de que le entregue todo lo que pueda. Y de esa situación de necesidad deviene también la insistencia posterior en el pago de los altísimos intereses o devolución de las cantidades entregadas,

La dinámica delictiva, la puesta en escena y la prolongación temporal del engaño denotan una clara "profesionalidad" y peligrosidad de la conducta, por encima de la media.

Esa misma nota de cierta reiteración profesional y peligrosidad se infiere también de sus antecedentes penales. Si observamos su hoja histórico penal veremos que, si bien, por escasos días no pueden apreciarse la agravante de reincidencia, (la firmeza de la primera sentencia, referida a hechos de 2018, es de junio de 2021), pero, en todo caso, en un muy breve espacio de tiempo le constan ya tres condenas por el mismo tipo delictivo.

Todos esos datos nos permiten ponderar la necesidad de un reproche notoriamente por encima del mínimo legal, superior a la mitad inferior del tipo básico 1 año y 9 meses, y por tanto en el entorno del término medio de la mitad inferior 2 años y 8 meses, los dos seis meses años de prisión, considerando la Sala que la pena de dos años y cuatro meses de prisión.

En cuanto a la fijación de la cuota diaria de multa, el artículo 50.5 del Código Penal dispone que en la fijación de la cuota diaria de la multa se tendrá en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. La jurisprudencia ha señalado que no siempre es procedente la imposición de la cuantía mínima, que debe quedar para supuestos de indigencia, miseria o similares. Como señalan las sentencias núm. 175/2001, de 12 de febrero y STS nº 1265/2005 , que la cita, "con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse".

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS 913/2021 del 24 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4250/2021), con mención de otras también próximas en el tiempo como la sentencia número 529/2021, de 17 de junio, y en relación con un supuesto en el que se fijaba la cuantía diaria de la pena de multa en la cantidad de diez euros, nos indica que tuvo oportunidad de recordar, con cita de la 677/2020, de 11 de diciembre, que: «resulta sobradamente conocida la doctrina de este Tribunal en el sentido de que la cuota mínima que para esta clase de sanciones se deja establecida en el artículo 50.4 del Código Penal (dos euros), debe quedar reservada a los supuestos de indigencia o absoluta carencia de recursos económicos» para posteriormente añadir que «en cualquier caso, la cuota diaria establecida permanece notoriamente más próxima al límite mínimo de las cuantías legalmente previstas en el artículo 50.4 (aun cuando lo supere en cinco veces) que al máximo (cuarenta veces superior)».

La cuantía de 10 euros diarios se mantiene en el primer escalón de los 40 en que cabría dividir la horquilla punitiva que va de 2 a 400 euros, y por ese debe considerarse ajustada sin necesidad de mayores indagaciones sobre su verdadera capacidad económica.

SEXTO. -La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados, según reza el art. 109 del Código Penal, estableciéndose en los artículos siguientes el alcance de dicha responsabilidad, reiterándose en el art. 116 CP que todo criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Por lo que procede, en el presente supuesto, imponer a la condenada el pago en concepto de responsabilidad civil de la cantidad de 30.000 euros, más los intereses legales del art. 576 de la L.E.C. Aunque la cantidad defraudada ascendió a 31.500€ es necesario recordar que llegó a devolver a la víctima 1.500€ simulando ser pago de una parte de los intereses, en mitad de las constantes solicitudes de pago,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 120.4 del Código Penal procede declarar la responsabilidad civil directa la mercantil IWATRIX SL.

SEPTIMO. -Conforme el artículo 123 del Código Penal, las costas han de ser impuestas al acusado condenado, incluidas, sin duda alguna, las de la acusación particular.

VISTOS,además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO. -Los hechos que hemos declarado probados son resultado de la valoración razonada y en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim.

El cuadro probatorio ha sido muy sencillo. Como prueba personal solo hemos contados con la declaración de la denunciante y de la acusada. Junto a ello hemos contado con abundante prueba documental acreditativa de las transferencias efectuadas, del contrato, firmado meses después de haber efectuado las entregas de dinero, documentación bancaria de la cuenta de destino del dinero perteneciente a la mercantil IWATRIX SL y, muy especialmente, los WhatsApp intercambiados una vez Dª Marí Jose comienza a reclamar el pago de sus intereses y la devolución del dinero.

La acusada reconoció que era amigas, conocía especialmente a su hermana, y entraron en contacto en el año 2021 y Celestina le pidió poder entrar en sus negocios. Que le gustaría invertir. Hacían labores de creación de software, biomedicina, IA. Preguntada por su formación indica que es licenciada en Derecho. Que ella trabajaba todo con asesores externos, que estaba sola, y esencialmente con tres personas que eran ingenieros y física no puede contar más por confidencialidad

La acusada da una versión insostenible, fantasiosa, con supuestos aires de complejidad tecnológica, que no hace sino ocultar la absoluta inexistencia de actividad alguna que justificase las supuestas actividades de inversión. Es llamativo como, en cuanto el Ministerio Fiscal le inquiere información algo más detallada, se ampara en problemas de confidencialidad o la imposibilidad de facilitar el nombre de los supuestos asesores externos que les apoyaban en el desarrollo de los complejos programas de investigación que financiaban. En definitiva, nada de nada. Ni tiene la más mínima formación, ni dispone de personal, ni la cuenta de la sociedad tenía movimiento alguno. Desconocemos si la famosa habitación de la vivienda era de su pareja o no, pero desde luego no existía actividad real alguna, más allá que la figuración de una apariencia empresarial, innovadora, confidencial, de alto rendimiento en búsqueda de aparentar la realidad y seriedad de la actividad haciendo caer en el error a la víctima del engaño.

Por su parte Celestina reconoció que conocía a la acusada desde hace unos 23 años, que era íntima amiga de su hermana mayor, han tenido mucha relación ha acudido a bautizos y bodas. En este contexto, cuando vuelve a España en 2019 retoman la relación La invitaba mucho a su casa y siempre estaba hablando de sus proyectos empresariales, de la potencialidad de grandes proyectos, En creación de nuevas fuentes de energía, y robótica y lo inteligente que era su pareja Inocencio, que había trabajado en la Nasa y era el cerebro gris de todos. Que una vez en su casa, vio unas pantallas gigantes, como conectaron con una cámara virtual con la oficia de Bilbao, siempre confió en ella, era muy amiga de su hermana y creía en todo lo que hacía y decía siempre de la mano de Inocencio. Que creado ese escenario un día le mandó un WhatsApp diciéndole la suerte que tenía de conocerla y de poder invertir en la sociedad, que normalmente se exigían cantidades mucho mayores para permitirles la inversión, pero por ser su amiga le iba a permitir entrar con solo 30.000 euros y que la rentabilidad iba a ser inmediata y altísima. Que tenía absoluta confianza en ella y depositó el dinero en la cuenta de IWATRIX SL que le indicó. Que estaba convencida de haber hecho una gran inversión, cuando, en realidad, todo era un burdo engaño. Que no firmó nada inicialmente,

Tampoco la denunciante aporta mucha más información salvo que eran muy amigas, tenía plena confianza, salían juntos y se vio deslumbrada por la vida y supuestas capacidades de inversión y negocio de su amiga, quien siempre le hablaba de su pareja y del desarrollo de importantes líneas de investigación tecnológica muy innovadora. En este punto menciona una supuesta obtención de energía a partir de algún aparato, y otras cuestiones, como la supuesta tarjeta novedosa que iba a competir con el sistema de PayPal. En todo caso, insiste, en que siempre confió en su amiga, quién además le otorgaba una cierta confidencialidad y trato deferente. "no llegas a los importes del reto de inversores, pero por ser tú te voy a permitir disfrutar de esta increíble oportunidad".

En otra ocasión pasados unos meses desde la primera entrega, también la llamó por teléfono y todo con enorme urgencia y confidencialidad por ser oportunidad también única pero inmediata le pidió que participara en una nueva inversión para esa tarjeta de pago que iba a competir con PayPal de la que incluso le envió un video promocional. Dª Marí Jose le indicó que no tenía liquidez ni dinero para invertir, y ante la insistencia de que tenía que ser ya o perdería una fantástica oportunidad, le dijo que solo podría disponer de 1.500€ a lo que le indicó que se los enviara, y que no se preocupara que era igual, que luego ya más adelante tendría ocasión de ampliar la su participación de lo que iba a ser un negocio multimillonario en esta ocasión l de una tarjeta que iba a competir con PayPal. Que ambos pagos fueron antes de la firma del contrato. Que siempre mencionaba a Inocencio, que era un genio que fabricaba cosas.

No obstante, es necesario, insistir en la relación previa y diferenciada de las dos mujeres, conocidas desde la infancia, compatriotas residiendo en el extranjero, habiendo sido la acusada de joven íntima amiga de la hermana de Dª Marí Jose. Tras una estancia en el extranjero Dª Marí Jose regresa en 2019 a nuestro país, coincide con la acusada Laura y retoman la relación, destacando la denunciante como era frecuentemente invitada a eventos, fiestas y reuniones en casa u organizados por la acusada en la que alardeaba de su buena situación, de la importancia de su pareja, eminente ingeniero que había trabajado en la Nasa, y de los importantes contactos científicos y financieros que les permitían, realizar esos proyectos de investigación y de financiación. Eso sí, todo siempre envuelto en un cierto misterio, y supuesta confidencialidad para no desvelar demasiados datos.

Prueba Documental.

Al folio 29 de las actuaciones consta copia de la transferencia emitida el 25 de enero 2021desde la entidad EVobank a favor de la cuenta de la sociedad mercantil administrada por la acusada en Caixabank

Al folio 31, la segunda transferencia de 1.500€ de fecha 30 de abril de 2021.

Al folio 33-34 consta el supuesto contrato de inversiones entre IWATRIX SL, representada por su administradora única la acusada y la denunciante, en el que se mencionan supuestos proyectos de inversión como: desarrollo de software de predicción financiera bursátil; Nuevas tecnologías en el área eléctrica: wifi eléctrico, baterías eléctricas, Hand Kevin One, Iwatrix Data Storage Center; Prades Personal Fuselaje Drone, Atlantix System Pay.

A partir del folio 36 aparecen las numerosas comunicaciones por WhatsApp mantenidas reclamando la entrega de los intereses pactados y la devolución del dinero "invertido" System Pay.

SEGUNDO. -Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1. 6ª (abuso de relaciones personales) del Código Penal.

La Sala considera como correcta la postura intermedia entre la calificación del Ministerio Fiscal, un único delito de estafa básico, y la de la acusación, un delito continuado de estafa agravada. Como expondremos, sin duda, se trata de una estafa agravada en la que concurre un evidente abuso de una previa relación personal de amistad como algo distinto y añadido el núcleo del engaño consistente en simular una privilegiada posición económica fruto del control de diversas inversiones en rentables proyectos tecnológicos de futuro en los que se va a permitir participar la engañada víctima, pero, aun siendo consciente que fueron dos disposiciones fraudulentas en un periodo diferenciado de tiempo, con varios meses de diferencia, ambas disposiciones era la respuesta a un único propósito o voluntad delictiva, y, en definitiva, a una única maniobra engañosa que abarca ambas disposiciones como un único delito, que incluso se cierra meses después con la firma posterior del denominado contrato de inversión que amparaba ambas disposiciones.

Los elementos estructurales del delito de estafa, conforme a conocida y reiterada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son:

A. La utilización de un engaño previo bastante por parte de la autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva), siendo así que la suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad de los sujetos pasivos en el caso concreto.

B. Que dicho engaño desencadene el error del sujeto pasivo de la acción.

C. Que concurra un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero.

D. La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro.

E. De ella tiene que derivarse un perjuicio para las víctimas, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de las víctimas supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva) (sentencias STS 220/2.010 de 16 de febrero, 752/2.011 de 26 de julio y 465/2.012 de 1de junio).

El requisito esencial o nuclear del delito es la concurrencia de un engaño precedente, bastante y causante. Resalta la jurisprudencia el engaño como factor antecedente y causal que explica el error determinante del desplazamiento patrimonial por parte del sujeto pasivo de la acción en perjuicio propio o de un tercero, desplazamiento que no se habría producido de resultar conocida la naturaleza real de la operación, es decir, de no mediar el error causado por el engaño, de manera que la idoneidad en abstracto de una determinada maquinación sea completada con la suficiencia en el caso concreto en atención a las características personales de las víctimas y de la autora y a las circunstancias que rodean al hecho. En el caso que nos ocupa la acusada despliega toda una artimaña previa en la que simula que su privilegiada posición económica es fruto de su capacidad inversora en rentables e innovadores proyectos tecnológicos de la más diversa índole siempre de la mano de su pareja, un eminente científico que trabajó para la NASA, como paso previo y falaz para convencer a la víctima de que invierta en la financiación de esos proyectos lo que le va a generar una importante ganancia.

En parecidos términos la sentencia 22 de marzo 2.021 afirma que «los elementos configuradores del delito de estafa, conforme a reiterada jurisprudencia, son los siguientes:

1. Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador, de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2. Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3. Generación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4. Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de las diversas etapas del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5. Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el artículo 248 del código penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.»

En el caso que nos ocupa, y pese a la insistencia de la acusada de que todas las inversiones están en curso y prontas a dar los primeros resultados que hasta ahora han impedido la devolución del dinero e intereses prometidos, no tiene mucho interés la discusión sobre si se trató propiamente de una inversión, que hubiera podido conllevar unos riesgos de pérdida o un préstamo, porque, en ambos, lo determinante de la relevancia penal es que obedecían a una mera fabulación, a una simple puesta en escena de la apariencia de actuar en sectores altamente tecnológicos e innovadores, todo lo cual ha resultado ser una pura fabulación al servicio del fraude, una inmensa mentira sin soporte real alguno. Por si ello fuera poco, también se abusaba de la previa y especial confianza que provenía de una antigua amistad íntima entre la perjudicada y una de sus hermanas con la acusada, unido a la confraternización de compatriotas viviendo en un país extranjero.

Los WhatsApp se producen en una fase de agotamiento del delito, cuando los erróneos desplazamientos patrimoniales, ya se han producido, pero dejan bien a las claras la intencionalidad y mendacidad de toda la actuación de la acusada, amparada siempre en supuestos términos financieros, problemas de relación internacional entre compañías, retrasos entre las diferentes entidades bancarias, al hecho de trabajar con fondos y no con entidades bancarias al uso, en definitiva, terminología pseudoprofesional que no pretendía sino prolongar el error causado por el engaño y retrasar la interposición de la correspondiente querella como así sucedió durante casi seis meses.

Ordinariamente, en el delito de estafa el engaño es antecedente a la celebración del contrato y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá o no querrá cumplir con su prestación y, simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su parte, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito, autolesionándose. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento.

Como también señala la STS, 762/2022 del 15 de septiembre de 2022 (ROJ: STS 3264/2022) el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por un previo engaño por parte del sujeto activo. La preexistencia del engaño y su cualificada eficacia causal para la obtención del desplazamiento patrimonial constituyen exigencias de tipicidad inexcusables. La ausencia de una u otra desplaza la intervención penal y obliga a acudir a las reglas civiles para la reparación del daño o del perjuicio causado.

No cabe sostener, ni plantear, que nos encontremos ante un simple incumplimiento contractual, es que el contrato, que, de hecho, se remite para la firma pasados varios meses de que el delito ya esté consumado, y pretendiendo desviar la atención a un posible riesgo de la inversión, fue la promesa de una altísima rentabilidad, entre el 14 y el 29%, como mínimo y la apariencia de una buena y holgada posición económica, proveniente, precisamente, por el éxito de sus numerosas vías de inversión y desarrollo tecnológico lo que por error movieron a la perjudicada a realizar las dos disposiciones.

Se dice así que la frontera entre el ilícito penal y el civil se sitúa, precisamente, en las exigencias de estricta tipicidad que concurren en el primero. No todo incumplimiento, por tanto, de las obligaciones civiles deviene delito de estafa si no se acredita, cumplidamente, la preexistencia de un plan incumplidor y la puesta en escena engañosa como factor causal del desplazamiento patrimonial. En el caso que nos ocupa no puede existir la más mínima duda que toda la actuación se concibió de forma engañosa, pura apariencia de solvencia económica y éxito empresarial, como instrumento encaminado en términos finales y causales a la obtención del beneficio fraudulento, de tal modo que en su propio otorgamiento pueda ya excluirse la existencia de causa negocial, en los términos exigidos en el artículo 1275 CC, en cuanto el defraudador contemplaba desde ese mismo momento el incumplimiento de las obligaciones que contraía. De hecho, es que no existía actividad alguna que pudiera amparar la inversión, ni la posibilidad real de devolución.

Concurre además el subtipo agravado de cometerse la estafa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Sin duda, el centro de la defraudación está en esa simulación de portentoso éxito económico y envidiable posición empresarial gestionando innumerables proyectos de desarrollo tecnológico altamente rentables, pero, también se aprovecha, explota y defrauda la previa relación de amistad íntima, cuasi familiar, de muchos años atrás, haciéndole ver que solo por esa amistad le permitía participar, le abría la puerta de tan exitosos negocios solo al alcance de acaudalados inversores.

Este subtipo, nos dice la jurisprudencia, siempre se ha de aplicar de forma restrictiva. Todo subtipo agravado obliga a identificar el plus de antijuridicidad que justifica la considerable agravación penológica, pero, además, al tratarse los delitos de estafa, apropiación indebida o administración desleal, es decir todos situados dentro del Capítulo VI "de las defraudaciones", siempre tienen ínsita una insatisfacción de las reglas de la buena fe contractual las legítimas expectativas de la contraparte, una frustración de la confianza, incluso como elemento estructural del tipo como sucede en el caso de la apropiación indebida en el que la confianza es previa y ajena a la idea delictiva, pero también en la estafa, aunque en este esa confianza propia de todo negocio jurídico venga generada por ese engaño previo, por esa predeterminación funcional, delictiva, de toda la conducta. No basta pues con que exista esa relación previa, sino que, precisamente su naturaleza la situé en una posición de mayor desprotección o vulnerabilidad. Por eso se insiste que debe tratarse de una relación previa y distinta.

Así la STS 274/2017, de 19 de abril, dice: "Como bien indica el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.7º del Código Penal ( art. 250.1.6 desde la LO 5/2010), si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones, tanto el engaño que define el delito de estafa, como fundamentalmente el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida ( STS 368/2007, de 9 de mayo o 37/2013, de 30 de enero), presentan puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras) porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre ; 785/2005, de 14 de junio ; y 9/2008, de 18 de enero).»

TERCERO. -Del expresado delito es criminalmente responsable en concepto de autora la acusada Laura a tenor de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO. -En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO. -Corresponde en este apartado proceder a la individualización de la pena asignada al delito cometido. Corresponde imponer una pena de dos años y cuatro meses de prisión y multa de nueve meses con fijación de una cuota diaria de diez euros.

Los criterios que nos llevan a incrementar la pena notoriamente por encima del mínimo legal de un año son los siguientes:

Hemos optado por la calificación, como un único delito de estafa, pese a existir dos disposiciones patrimoniales efectuadas por el error causado por el previo engaño, existiendo incluso algún elemento diferenciador o renovador en el segundo supuesto.

La cantidad defraudada, 31.500, supone algo más del 60% de la cuantía de 50.000 que marca la barrera con la agravación objetiva pro el importe. En todo caso, está por encima de la media del tipo básico que iría de 400€ a 50.000€. Según relata la víctima supone además un grave quebranto a la perjudicada, que no tenía mayores ahorros. En la segunda de las entregas la autora es conocedora de esa situación de total falta de mayor liquidez y pese a ello no desiste de que le entregue todo lo que pueda. Y de esa situación de necesidad deviene también la insistencia posterior en el pago de los altísimos intereses o devolución de las cantidades entregadas,

La dinámica delictiva, la puesta en escena y la prolongación temporal del engaño denotan una clara "profesionalidad" y peligrosidad de la conducta, por encima de la media.

Esa misma nota de cierta reiteración profesional y peligrosidad se infiere también de sus antecedentes penales. Si observamos su hoja histórico penal veremos que, si bien, por escasos días no pueden apreciarse la agravante de reincidencia, (la firmeza de la primera sentencia, referida a hechos de 2018, es de junio de 2021), pero, en todo caso, en un muy breve espacio de tiempo le constan ya tres condenas por el mismo tipo delictivo.

Todos esos datos nos permiten ponderar la necesidad de un reproche notoriamente por encima del mínimo legal, superior a la mitad inferior del tipo básico 1 año y 9 meses, y por tanto en el entorno del término medio de la mitad inferior 2 años y 8 meses, los dos seis meses años de prisión, considerando la Sala que la pena de dos años y cuatro meses de prisión.

En cuanto a la fijación de la cuota diaria de multa, el artículo 50.5 del Código Penal dispone que en la fijación de la cuota diaria de la multa se tendrá en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. La jurisprudencia ha señalado que no siempre es procedente la imposición de la cuantía mínima, que debe quedar para supuestos de indigencia, miseria o similares. Como señalan las sentencias núm. 175/2001, de 12 de febrero y STS nº 1265/2005 , que la cita, "con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse".

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS 913/2021 del 24 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4250/2021), con mención de otras también próximas en el tiempo como la sentencia número 529/2021, de 17 de junio, y en relación con un supuesto en el que se fijaba la cuantía diaria de la pena de multa en la cantidad de diez euros, nos indica que tuvo oportunidad de recordar, con cita de la 677/2020, de 11 de diciembre, que: «resulta sobradamente conocida la doctrina de este Tribunal en el sentido de que la cuota mínima que para esta clase de sanciones se deja establecida en el artículo 50.4 del Código Penal (dos euros), debe quedar reservada a los supuestos de indigencia o absoluta carencia de recursos económicos» para posteriormente añadir que «en cualquier caso, la cuota diaria establecida permanece notoriamente más próxima al límite mínimo de las cuantías legalmente previstas en el artículo 50.4 (aun cuando lo supere en cinco veces) que al máximo (cuarenta veces superior)».

La cuantía de 10 euros diarios se mantiene en el primer escalón de los 40 en que cabría dividir la horquilla punitiva que va de 2 a 400 euros, y por ese debe considerarse ajustada sin necesidad de mayores indagaciones sobre su verdadera capacidad económica.

SEXTO. -La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados, según reza el art. 109 del Código Penal, estableciéndose en los artículos siguientes el alcance de dicha responsabilidad, reiterándose en el art. 116 CP que todo criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Por lo que procede, en el presente supuesto, imponer a la condenada el pago en concepto de responsabilidad civil de la cantidad de 30.000 euros, más los intereses legales del art. 576 de la L.E.C. Aunque la cantidad defraudada ascendió a 31.500€ es necesario recordar que llegó a devolver a la víctima 1.500€ simulando ser pago de una parte de los intereses, en mitad de las constantes solicitudes de pago,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 120.4 del Código Penal procede declarar la responsabilidad civil directa la mercantil IWATRIX SL.

SEPTIMO. -Conforme el artículo 123 del Código Penal, las costas han de ser impuestas al acusado condenado, incluidas, sin duda alguna, las de la acusación particular.

VISTOS,además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO. -Los hechos que hemos declarado probados son resultado de la valoración razonada y en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim.

El cuadro probatorio ha sido muy sencillo. Como prueba personal solo hemos contados con la declaración de la denunciante y de la acusada. Junto a ello hemos contado con abundante prueba documental acreditativa de las transferencias efectuadas, del contrato, firmado meses después de haber efectuado las entregas de dinero, documentación bancaria de la cuenta de destino del dinero perteneciente a la mercantil IWATRIX SL y, muy especialmente, los WhatsApp intercambiados una vez Dª Marí Jose comienza a reclamar el pago de sus intereses y la devolución del dinero.

La acusada reconoció que era amigas, conocía especialmente a su hermana, y entraron en contacto en el año 2021 y Celestina le pidió poder entrar en sus negocios. Que le gustaría invertir. Hacían labores de creación de software, biomedicina, IA. Preguntada por su formación indica que es licenciada en Derecho. Que ella trabajaba todo con asesores externos, que estaba sola, y esencialmente con tres personas que eran ingenieros y física no puede contar más por confidencialidad

La acusada da una versión insostenible, fantasiosa, con supuestos aires de complejidad tecnológica, que no hace sino ocultar la absoluta inexistencia de actividad alguna que justificase las supuestas actividades de inversión. Es llamativo como, en cuanto el Ministerio Fiscal le inquiere información algo más detallada, se ampara en problemas de confidencialidad o la imposibilidad de facilitar el nombre de los supuestos asesores externos que les apoyaban en el desarrollo de los complejos programas de investigación que financiaban. En definitiva, nada de nada. Ni tiene la más mínima formación, ni dispone de personal, ni la cuenta de la sociedad tenía movimiento alguno. Desconocemos si la famosa habitación de la vivienda era de su pareja o no, pero desde luego no existía actividad real alguna, más allá que la figuración de una apariencia empresarial, innovadora, confidencial, de alto rendimiento en búsqueda de aparentar la realidad y seriedad de la actividad haciendo caer en el error a la víctima del engaño.

Por su parte Celestina reconoció que conocía a la acusada desde hace unos 23 años, que era íntima amiga de su hermana mayor, han tenido mucha relación ha acudido a bautizos y bodas. En este contexto, cuando vuelve a España en 2019 retoman la relación La invitaba mucho a su casa y siempre estaba hablando de sus proyectos empresariales, de la potencialidad de grandes proyectos, En creación de nuevas fuentes de energía, y robótica y lo inteligente que era su pareja Inocencio, que había trabajado en la Nasa y era el cerebro gris de todos. Que una vez en su casa, vio unas pantallas gigantes, como conectaron con una cámara virtual con la oficia de Bilbao, siempre confió en ella, era muy amiga de su hermana y creía en todo lo que hacía y decía siempre de la mano de Inocencio. Que creado ese escenario un día le mandó un WhatsApp diciéndole la suerte que tenía de conocerla y de poder invertir en la sociedad, que normalmente se exigían cantidades mucho mayores para permitirles la inversión, pero por ser su amiga le iba a permitir entrar con solo 30.000 euros y que la rentabilidad iba a ser inmediata y altísima. Que tenía absoluta confianza en ella y depositó el dinero en la cuenta de IWATRIX SL que le indicó. Que estaba convencida de haber hecho una gran inversión, cuando, en realidad, todo era un burdo engaño. Que no firmó nada inicialmente,

Tampoco la denunciante aporta mucha más información salvo que eran muy amigas, tenía plena confianza, salían juntos y se vio deslumbrada por la vida y supuestas capacidades de inversión y negocio de su amiga, quien siempre le hablaba de su pareja y del desarrollo de importantes líneas de investigación tecnológica muy innovadora. En este punto menciona una supuesta obtención de energía a partir de algún aparato, y otras cuestiones, como la supuesta tarjeta novedosa que iba a competir con el sistema de PayPal. En todo caso, insiste, en que siempre confió en su amiga, quién además le otorgaba una cierta confidencialidad y trato deferente. "no llegas a los importes del reto de inversores, pero por ser tú te voy a permitir disfrutar de esta increíble oportunidad".

En otra ocasión pasados unos meses desde la primera entrega, también la llamó por teléfono y todo con enorme urgencia y confidencialidad por ser oportunidad también única pero inmediata le pidió que participara en una nueva inversión para esa tarjeta de pago que iba a competir con PayPal de la que incluso le envió un video promocional. Dª Marí Jose le indicó que no tenía liquidez ni dinero para invertir, y ante la insistencia de que tenía que ser ya o perdería una fantástica oportunidad, le dijo que solo podría disponer de 1.500€ a lo que le indicó que se los enviara, y que no se preocupara que era igual, que luego ya más adelante tendría ocasión de ampliar la su participación de lo que iba a ser un negocio multimillonario en esta ocasión l de una tarjeta que iba a competir con PayPal. Que ambos pagos fueron antes de la firma del contrato. Que siempre mencionaba a Inocencio, que era un genio que fabricaba cosas.

No obstante, es necesario, insistir en la relación previa y diferenciada de las dos mujeres, conocidas desde la infancia, compatriotas residiendo en el extranjero, habiendo sido la acusada de joven íntima amiga de la hermana de Dª Marí Jose. Tras una estancia en el extranjero Dª Marí Jose regresa en 2019 a nuestro país, coincide con la acusada Laura y retoman la relación, destacando la denunciante como era frecuentemente invitada a eventos, fiestas y reuniones en casa u organizados por la acusada en la que alardeaba de su buena situación, de la importancia de su pareja, eminente ingeniero que había trabajado en la Nasa, y de los importantes contactos científicos y financieros que les permitían, realizar esos proyectos de investigación y de financiación. Eso sí, todo siempre envuelto en un cierto misterio, y supuesta confidencialidad para no desvelar demasiados datos.

Prueba Documental.

Al folio 29 de las actuaciones consta copia de la transferencia emitida el 25 de enero 2021desde la entidad EVobank a favor de la cuenta de la sociedad mercantil administrada por la acusada en Caixabank

Al folio 31, la segunda transferencia de 1.500€ de fecha 30 de abril de 2021.

Al folio 33-34 consta el supuesto contrato de inversiones entre IWATRIX SL, representada por su administradora única la acusada y la denunciante, en el que se mencionan supuestos proyectos de inversión como: desarrollo de software de predicción financiera bursátil; Nuevas tecnologías en el área eléctrica: wifi eléctrico, baterías eléctricas, Hand Kevin One, Iwatrix Data Storage Center; Prades Personal Fuselaje Drone, Atlantix System Pay.

A partir del folio 36 aparecen las numerosas comunicaciones por WhatsApp mantenidas reclamando la entrega de los intereses pactados y la devolución del dinero "invertido" System Pay.

SEGUNDO. -Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1. 6ª (abuso de relaciones personales) del Código Penal.

La Sala considera como correcta la postura intermedia entre la calificación del Ministerio Fiscal, un único delito de estafa básico, y la de la acusación, un delito continuado de estafa agravada. Como expondremos, sin duda, se trata de una estafa agravada en la que concurre un evidente abuso de una previa relación personal de amistad como algo distinto y añadido el núcleo del engaño consistente en simular una privilegiada posición económica fruto del control de diversas inversiones en rentables proyectos tecnológicos de futuro en los que se va a permitir participar la engañada víctima, pero, aun siendo consciente que fueron dos disposiciones fraudulentas en un periodo diferenciado de tiempo, con varios meses de diferencia, ambas disposiciones era la respuesta a un único propósito o voluntad delictiva, y, en definitiva, a una única maniobra engañosa que abarca ambas disposiciones como un único delito, que incluso se cierra meses después con la firma posterior del denominado contrato de inversión que amparaba ambas disposiciones.

Los elementos estructurales del delito de estafa, conforme a conocida y reiterada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son:

A. La utilización de un engaño previo bastante por parte de la autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva), siendo así que la suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad de los sujetos pasivos en el caso concreto.

B. Que dicho engaño desencadene el error del sujeto pasivo de la acción.

C. Que concurra un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero.

D. La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro.

E. De ella tiene que derivarse un perjuicio para las víctimas, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de las víctimas supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva) (sentencias STS 220/2.010 de 16 de febrero, 752/2.011 de 26 de julio y 465/2.012 de 1de junio).

El requisito esencial o nuclear del delito es la concurrencia de un engaño precedente, bastante y causante. Resalta la jurisprudencia el engaño como factor antecedente y causal que explica el error determinante del desplazamiento patrimonial por parte del sujeto pasivo de la acción en perjuicio propio o de un tercero, desplazamiento que no se habría producido de resultar conocida la naturaleza real de la operación, es decir, de no mediar el error causado por el engaño, de manera que la idoneidad en abstracto de una determinada maquinación sea completada con la suficiencia en el caso concreto en atención a las características personales de las víctimas y de la autora y a las circunstancias que rodean al hecho. En el caso que nos ocupa la acusada despliega toda una artimaña previa en la que simula que su privilegiada posición económica es fruto de su capacidad inversora en rentables e innovadores proyectos tecnológicos de la más diversa índole siempre de la mano de su pareja, un eminente científico que trabajó para la NASA, como paso previo y falaz para convencer a la víctima de que invierta en la financiación de esos proyectos lo que le va a generar una importante ganancia.

En parecidos términos la sentencia 22 de marzo 2.021 afirma que «los elementos configuradores del delito de estafa, conforme a reiterada jurisprudencia, son los siguientes:

1. Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador, de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2. Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3. Generación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4. Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de las diversas etapas del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5. Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el artículo 248 del código penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.»

En el caso que nos ocupa, y pese a la insistencia de la acusada de que todas las inversiones están en curso y prontas a dar los primeros resultados que hasta ahora han impedido la devolución del dinero e intereses prometidos, no tiene mucho interés la discusión sobre si se trató propiamente de una inversión, que hubiera podido conllevar unos riesgos de pérdida o un préstamo, porque, en ambos, lo determinante de la relevancia penal es que obedecían a una mera fabulación, a una simple puesta en escena de la apariencia de actuar en sectores altamente tecnológicos e innovadores, todo lo cual ha resultado ser una pura fabulación al servicio del fraude, una inmensa mentira sin soporte real alguno. Por si ello fuera poco, también se abusaba de la previa y especial confianza que provenía de una antigua amistad íntima entre la perjudicada y una de sus hermanas con la acusada, unido a la confraternización de compatriotas viviendo en un país extranjero.

Los WhatsApp se producen en una fase de agotamiento del delito, cuando los erróneos desplazamientos patrimoniales, ya se han producido, pero dejan bien a las claras la intencionalidad y mendacidad de toda la actuación de la acusada, amparada siempre en supuestos términos financieros, problemas de relación internacional entre compañías, retrasos entre las diferentes entidades bancarias, al hecho de trabajar con fondos y no con entidades bancarias al uso, en definitiva, terminología pseudoprofesional que no pretendía sino prolongar el error causado por el engaño y retrasar la interposición de la correspondiente querella como así sucedió durante casi seis meses.

Ordinariamente, en el delito de estafa el engaño es antecedente a la celebración del contrato y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá o no querrá cumplir con su prestación y, simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su parte, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito, autolesionándose. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento.

Como también señala la STS, 762/2022 del 15 de septiembre de 2022 (ROJ: STS 3264/2022) el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por un previo engaño por parte del sujeto activo. La preexistencia del engaño y su cualificada eficacia causal para la obtención del desplazamiento patrimonial constituyen exigencias de tipicidad inexcusables. La ausencia de una u otra desplaza la intervención penal y obliga a acudir a las reglas civiles para la reparación del daño o del perjuicio causado.

No cabe sostener, ni plantear, que nos encontremos ante un simple incumplimiento contractual, es que el contrato, que, de hecho, se remite para la firma pasados varios meses de que el delito ya esté consumado, y pretendiendo desviar la atención a un posible riesgo de la inversión, fue la promesa de una altísima rentabilidad, entre el 14 y el 29%, como mínimo y la apariencia de una buena y holgada posición económica, proveniente, precisamente, por el éxito de sus numerosas vías de inversión y desarrollo tecnológico lo que por error movieron a la perjudicada a realizar las dos disposiciones.

Se dice así que la frontera entre el ilícito penal y el civil se sitúa, precisamente, en las exigencias de estricta tipicidad que concurren en el primero. No todo incumplimiento, por tanto, de las obligaciones civiles deviene delito de estafa si no se acredita, cumplidamente, la preexistencia de un plan incumplidor y la puesta en escena engañosa como factor causal del desplazamiento patrimonial. En el caso que nos ocupa no puede existir la más mínima duda que toda la actuación se concibió de forma engañosa, pura apariencia de solvencia económica y éxito empresarial, como instrumento encaminado en términos finales y causales a la obtención del beneficio fraudulento, de tal modo que en su propio otorgamiento pueda ya excluirse la existencia de causa negocial, en los términos exigidos en el artículo 1275 CC, en cuanto el defraudador contemplaba desde ese mismo momento el incumplimiento de las obligaciones que contraía. De hecho, es que no existía actividad alguna que pudiera amparar la inversión, ni la posibilidad real de devolución.

Concurre además el subtipo agravado de cometerse la estafa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Sin duda, el centro de la defraudación está en esa simulación de portentoso éxito económico y envidiable posición empresarial gestionando innumerables proyectos de desarrollo tecnológico altamente rentables, pero, también se aprovecha, explota y defrauda la previa relación de amistad íntima, cuasi familiar, de muchos años atrás, haciéndole ver que solo por esa amistad le permitía participar, le abría la puerta de tan exitosos negocios solo al alcance de acaudalados inversores.

Este subtipo, nos dice la jurisprudencia, siempre se ha de aplicar de forma restrictiva. Todo subtipo agravado obliga a identificar el plus de antijuridicidad que justifica la considerable agravación penológica, pero, además, al tratarse los delitos de estafa, apropiación indebida o administración desleal, es decir todos situados dentro del Capítulo VI "de las defraudaciones", siempre tienen ínsita una insatisfacción de las reglas de la buena fe contractual las legítimas expectativas de la contraparte, una frustración de la confianza, incluso como elemento estructural del tipo como sucede en el caso de la apropiación indebida en el que la confianza es previa y ajena a la idea delictiva, pero también en la estafa, aunque en este esa confianza propia de todo negocio jurídico venga generada por ese engaño previo, por esa predeterminación funcional, delictiva, de toda la conducta. No basta pues con que exista esa relación previa, sino que, precisamente su naturaleza la situé en una posición de mayor desprotección o vulnerabilidad. Por eso se insiste que debe tratarse de una relación previa y distinta.

Así la STS 274/2017, de 19 de abril, dice: "Como bien indica el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.7º del Código Penal ( art. 250.1.6 desde la LO 5/2010), si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones, tanto el engaño que define el delito de estafa, como fundamentalmente el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida ( STS 368/2007, de 9 de mayo o 37/2013, de 30 de enero), presentan puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras) porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre ; 785/2005, de 14 de junio ; y 9/2008, de 18 de enero).»

TERCERO. -Del expresado delito es criminalmente responsable en concepto de autora la acusada Laura a tenor de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO. -En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO. -Corresponde en este apartado proceder a la individualización de la pena asignada al delito cometido. Corresponde imponer una pena de dos años y cuatro meses de prisión y multa de nueve meses con fijación de una cuota diaria de diez euros.

Los criterios que nos llevan a incrementar la pena notoriamente por encima del mínimo legal de un año son los siguientes:

Hemos optado por la calificación, como un único delito de estafa, pese a existir dos disposiciones patrimoniales efectuadas por el error causado por el previo engaño, existiendo incluso algún elemento diferenciador o renovador en el segundo supuesto.

La cantidad defraudada, 31.500, supone algo más del 60% de la cuantía de 50.000 que marca la barrera con la agravación objetiva pro el importe. En todo caso, está por encima de la media del tipo básico que iría de 400€ a 50.000€. Según relata la víctima supone además un grave quebranto a la perjudicada, que no tenía mayores ahorros. En la segunda de las entregas la autora es conocedora de esa situación de total falta de mayor liquidez y pese a ello no desiste de que le entregue todo lo que pueda. Y de esa situación de necesidad deviene también la insistencia posterior en el pago de los altísimos intereses o devolución de las cantidades entregadas,

La dinámica delictiva, la puesta en escena y la prolongación temporal del engaño denotan una clara "profesionalidad" y peligrosidad de la conducta, por encima de la media.

Esa misma nota de cierta reiteración profesional y peligrosidad se infiere también de sus antecedentes penales. Si observamos su hoja histórico penal veremos que, si bien, por escasos días no pueden apreciarse la agravante de reincidencia, (la firmeza de la primera sentencia, referida a hechos de 2018, es de junio de 2021), pero, en todo caso, en un muy breve espacio de tiempo le constan ya tres condenas por el mismo tipo delictivo.

Todos esos datos nos permiten ponderar la necesidad de un reproche notoriamente por encima del mínimo legal, superior a la mitad inferior del tipo básico 1 año y 9 meses, y por tanto en el entorno del término medio de la mitad inferior 2 años y 8 meses, los dos seis meses años de prisión, considerando la Sala que la pena de dos años y cuatro meses de prisión.

En cuanto a la fijación de la cuota diaria de multa, el artículo 50.5 del Código Penal dispone que en la fijación de la cuota diaria de la multa se tendrá en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. La jurisprudencia ha señalado que no siempre es procedente la imposición de la cuantía mínima, que debe quedar para supuestos de indigencia, miseria o similares. Como señalan las sentencias núm. 175/2001, de 12 de febrero y STS nº 1265/2005 , que la cita, "con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse".

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS 913/2021 del 24 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4250/2021), con mención de otras también próximas en el tiempo como la sentencia número 529/2021, de 17 de junio, y en relación con un supuesto en el que se fijaba la cuantía diaria de la pena de multa en la cantidad de diez euros, nos indica que tuvo oportunidad de recordar, con cita de la 677/2020, de 11 de diciembre, que: «resulta sobradamente conocida la doctrina de este Tribunal en el sentido de que la cuota mínima que para esta clase de sanciones se deja establecida en el artículo 50.4 del Código Penal (dos euros), debe quedar reservada a los supuestos de indigencia o absoluta carencia de recursos económicos» para posteriormente añadir que «en cualquier caso, la cuota diaria establecida permanece notoriamente más próxima al límite mínimo de las cuantías legalmente previstas en el artículo 50.4 (aun cuando lo supere en cinco veces) que al máximo (cuarenta veces superior)».

La cuantía de 10 euros diarios se mantiene en el primer escalón de los 40 en que cabría dividir la horquilla punitiva que va de 2 a 400 euros, y por ese debe considerarse ajustada sin necesidad de mayores indagaciones sobre su verdadera capacidad económica.

SEXTO. -La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados, según reza el art. 109 del Código Penal, estableciéndose en los artículos siguientes el alcance de dicha responsabilidad, reiterándose en el art. 116 CP que todo criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Por lo que procede, en el presente supuesto, imponer a la condenada el pago en concepto de responsabilidad civil de la cantidad de 30.000 euros, más los intereses legales del art. 576 de la L.E.C. Aunque la cantidad defraudada ascendió a 31.500€ es necesario recordar que llegó a devolver a la víctima 1.500€ simulando ser pago de una parte de los intereses, en mitad de las constantes solicitudes de pago,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 120.4 del Código Penal procede declarar la responsabilidad civil directa la mercantil IWATRIX SL.

SEPTIMO. -Conforme el artículo 123 del Código Penal, las costas han de ser impuestas al acusado condenado, incluidas, sin duda alguna, las de la acusación particular.

VISTOS,además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO. -Los hechos que hemos declarado probados son resultado de la valoración razonada y en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim.

El cuadro probatorio ha sido muy sencillo. Como prueba personal solo hemos contados con la declaración de la denunciante y de la acusada. Junto a ello hemos contado con abundante prueba documental acreditativa de las transferencias efectuadas, del contrato, firmado meses después de haber efectuado las entregas de dinero, documentación bancaria de la cuenta de destino del dinero perteneciente a la mercantil IWATRIX SL y, muy especialmente, los WhatsApp intercambiados una vez Dª Marí Jose comienza a reclamar el pago de sus intereses y la devolución del dinero.

La acusada reconoció que era amigas, conocía especialmente a su hermana, y entraron en contacto en el año 2021 y Celestina le pidió poder entrar en sus negocios. Que le gustaría invertir. Hacían labores de creación de software, biomedicina, IA. Preguntada por su formación indica que es licenciada en Derecho. Que ella trabajaba todo con asesores externos, que estaba sola, y esencialmente con tres personas que eran ingenieros y física no puede contar más por confidencialidad

La acusada da una versión insostenible, fantasiosa, con supuestos aires de complejidad tecnológica, que no hace sino ocultar la absoluta inexistencia de actividad alguna que justificase las supuestas actividades de inversión. Es llamativo como, en cuanto el Ministerio Fiscal le inquiere información algo más detallada, se ampara en problemas de confidencialidad o la imposibilidad de facilitar el nombre de los supuestos asesores externos que les apoyaban en el desarrollo de los complejos programas de investigación que financiaban. En definitiva, nada de nada. Ni tiene la más mínima formación, ni dispone de personal, ni la cuenta de la sociedad tenía movimiento alguno. Desconocemos si la famosa habitación de la vivienda era de su pareja o no, pero desde luego no existía actividad real alguna, más allá que la figuración de una apariencia empresarial, innovadora, confidencial, de alto rendimiento en búsqueda de aparentar la realidad y seriedad de la actividad haciendo caer en el error a la víctima del engaño.

Por su parte Celestina reconoció que conocía a la acusada desde hace unos 23 años, que era íntima amiga de su hermana mayor, han tenido mucha relación ha acudido a bautizos y bodas. En este contexto, cuando vuelve a España en 2019 retoman la relación La invitaba mucho a su casa y siempre estaba hablando de sus proyectos empresariales, de la potencialidad de grandes proyectos, En creación de nuevas fuentes de energía, y robótica y lo inteligente que era su pareja Inocencio, que había trabajado en la Nasa y era el cerebro gris de todos. Que una vez en su casa, vio unas pantallas gigantes, como conectaron con una cámara virtual con la oficia de Bilbao, siempre confió en ella, era muy amiga de su hermana y creía en todo lo que hacía y decía siempre de la mano de Inocencio. Que creado ese escenario un día le mandó un WhatsApp diciéndole la suerte que tenía de conocerla y de poder invertir en la sociedad, que normalmente se exigían cantidades mucho mayores para permitirles la inversión, pero por ser su amiga le iba a permitir entrar con solo 30.000 euros y que la rentabilidad iba a ser inmediata y altísima. Que tenía absoluta confianza en ella y depositó el dinero en la cuenta de IWATRIX SL que le indicó. Que estaba convencida de haber hecho una gran inversión, cuando, en realidad, todo era un burdo engaño. Que no firmó nada inicialmente,

Tampoco la denunciante aporta mucha más información salvo que eran muy amigas, tenía plena confianza, salían juntos y se vio deslumbrada por la vida y supuestas capacidades de inversión y negocio de su amiga, quien siempre le hablaba de su pareja y del desarrollo de importantes líneas de investigación tecnológica muy innovadora. En este punto menciona una supuesta obtención de energía a partir de algún aparato, y otras cuestiones, como la supuesta tarjeta novedosa que iba a competir con el sistema de PayPal. En todo caso, insiste, en que siempre confió en su amiga, quién además le otorgaba una cierta confidencialidad y trato deferente. "no llegas a los importes del reto de inversores, pero por ser tú te voy a permitir disfrutar de esta increíble oportunidad".

En otra ocasión pasados unos meses desde la primera entrega, también la llamó por teléfono y todo con enorme urgencia y confidencialidad por ser oportunidad también única pero inmediata le pidió que participara en una nueva inversión para esa tarjeta de pago que iba a competir con PayPal de la que incluso le envió un video promocional. Dª Marí Jose le indicó que no tenía liquidez ni dinero para invertir, y ante la insistencia de que tenía que ser ya o perdería una fantástica oportunidad, le dijo que solo podría disponer de 1.500€ a lo que le indicó que se los enviara, y que no se preocupara que era igual, que luego ya más adelante tendría ocasión de ampliar la su participación de lo que iba a ser un negocio multimillonario en esta ocasión l de una tarjeta que iba a competir con PayPal. Que ambos pagos fueron antes de la firma del contrato. Que siempre mencionaba a Inocencio, que era un genio que fabricaba cosas.

No obstante, es necesario, insistir en la relación previa y diferenciada de las dos mujeres, conocidas desde la infancia, compatriotas residiendo en el extranjero, habiendo sido la acusada de joven íntima amiga de la hermana de Dª Marí Jose. Tras una estancia en el extranjero Dª Marí Jose regresa en 2019 a nuestro país, coincide con la acusada Laura y retoman la relación, destacando la denunciante como era frecuentemente invitada a eventos, fiestas y reuniones en casa u organizados por la acusada en la que alardeaba de su buena situación, de la importancia de su pareja, eminente ingeniero que había trabajado en la Nasa, y de los importantes contactos científicos y financieros que les permitían, realizar esos proyectos de investigación y de financiación. Eso sí, todo siempre envuelto en un cierto misterio, y supuesta confidencialidad para no desvelar demasiados datos.

Prueba Documental.

Al folio 29 de las actuaciones consta copia de la transferencia emitida el 25 de enero 2021desde la entidad EVobank a favor de la cuenta de la sociedad mercantil administrada por la acusada en Caixabank

Al folio 31, la segunda transferencia de 1.500€ de fecha 30 de abril de 2021.

Al folio 33-34 consta el supuesto contrato de inversiones entre IWATRIX SL, representada por su administradora única la acusada y la denunciante, en el que se mencionan supuestos proyectos de inversión como: desarrollo de software de predicción financiera bursátil; Nuevas tecnologías en el área eléctrica: wifi eléctrico, baterías eléctricas, Hand Kevin One, Iwatrix Data Storage Center; Prades Personal Fuselaje Drone, Atlantix System Pay.

A partir del folio 36 aparecen las numerosas comunicaciones por WhatsApp mantenidas reclamando la entrega de los intereses pactados y la devolución del dinero "invertido" System Pay.

SEGUNDO. -Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1. 6ª (abuso de relaciones personales) del Código Penal.

La Sala considera como correcta la postura intermedia entre la calificación del Ministerio Fiscal, un único delito de estafa básico, y la de la acusación, un delito continuado de estafa agravada. Como expondremos, sin duda, se trata de una estafa agravada en la que concurre un evidente abuso de una previa relación personal de amistad como algo distinto y añadido el núcleo del engaño consistente en simular una privilegiada posición económica fruto del control de diversas inversiones en rentables proyectos tecnológicos de futuro en los que se va a permitir participar la engañada víctima, pero, aun siendo consciente que fueron dos disposiciones fraudulentas en un periodo diferenciado de tiempo, con varios meses de diferencia, ambas disposiciones era la respuesta a un único propósito o voluntad delictiva, y, en definitiva, a una única maniobra engañosa que abarca ambas disposiciones como un único delito, que incluso se cierra meses después con la firma posterior del denominado contrato de inversión que amparaba ambas disposiciones.

Los elementos estructurales del delito de estafa, conforme a conocida y reiterada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son:

A. La utilización de un engaño previo bastante por parte de la autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva), siendo así que la suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad de los sujetos pasivos en el caso concreto.

B. Que dicho engaño desencadene el error del sujeto pasivo de la acción.

C. Que concurra un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero.

D. La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro.

E. De ella tiene que derivarse un perjuicio para las víctimas, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de las víctimas supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva) (sentencias STS 220/2.010 de 16 de febrero, 752/2.011 de 26 de julio y 465/2.012 de 1de junio).

El requisito esencial o nuclear del delito es la concurrencia de un engaño precedente, bastante y causante. Resalta la jurisprudencia el engaño como factor antecedente y causal que explica el error determinante del desplazamiento patrimonial por parte del sujeto pasivo de la acción en perjuicio propio o de un tercero, desplazamiento que no se habría producido de resultar conocida la naturaleza real de la operación, es decir, de no mediar el error causado por el engaño, de manera que la idoneidad en abstracto de una determinada maquinación sea completada con la suficiencia en el caso concreto en atención a las características personales de las víctimas y de la autora y a las circunstancias que rodean al hecho. En el caso que nos ocupa la acusada despliega toda una artimaña previa en la que simula que su privilegiada posición económica es fruto de su capacidad inversora en rentables e innovadores proyectos tecnológicos de la más diversa índole siempre de la mano de su pareja, un eminente científico que trabajó para la NASA, como paso previo y falaz para convencer a la víctima de que invierta en la financiación de esos proyectos lo que le va a generar una importante ganancia.

En parecidos términos la sentencia 22 de marzo 2.021 afirma que «los elementos configuradores del delito de estafa, conforme a reiterada jurisprudencia, son los siguientes:

1. Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador, de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2. Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3. Generación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4. Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de las diversas etapas del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5. Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el artículo 248 del código penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.»

En el caso que nos ocupa, y pese a la insistencia de la acusada de que todas las inversiones están en curso y prontas a dar los primeros resultados que hasta ahora han impedido la devolución del dinero e intereses prometidos, no tiene mucho interés la discusión sobre si se trató propiamente de una inversión, que hubiera podido conllevar unos riesgos de pérdida o un préstamo, porque, en ambos, lo determinante de la relevancia penal es que obedecían a una mera fabulación, a una simple puesta en escena de la apariencia de actuar en sectores altamente tecnológicos e innovadores, todo lo cual ha resultado ser una pura fabulación al servicio del fraude, una inmensa mentira sin soporte real alguno. Por si ello fuera poco, también se abusaba de la previa y especial confianza que provenía de una antigua amistad íntima entre la perjudicada y una de sus hermanas con la acusada, unido a la confraternización de compatriotas viviendo en un país extranjero.

Los WhatsApp se producen en una fase de agotamiento del delito, cuando los erróneos desplazamientos patrimoniales, ya se han producido, pero dejan bien a las claras la intencionalidad y mendacidad de toda la actuación de la acusada, amparada siempre en supuestos términos financieros, problemas de relación internacional entre compañías, retrasos entre las diferentes entidades bancarias, al hecho de trabajar con fondos y no con entidades bancarias al uso, en definitiva, terminología pseudoprofesional que no pretendía sino prolongar el error causado por el engaño y retrasar la interposición de la correspondiente querella como así sucedió durante casi seis meses.

Ordinariamente, en el delito de estafa el engaño es antecedente a la celebración del contrato y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá o no querrá cumplir con su prestación y, simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su parte, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito, autolesionándose. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento.

Como también señala la STS, 762/2022 del 15 de septiembre de 2022 (ROJ: STS 3264/2022) el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por un previo engaño por parte del sujeto activo. La preexistencia del engaño y su cualificada eficacia causal para la obtención del desplazamiento patrimonial constituyen exigencias de tipicidad inexcusables. La ausencia de una u otra desplaza la intervención penal y obliga a acudir a las reglas civiles para la reparación del daño o del perjuicio causado.

No cabe sostener, ni plantear, que nos encontremos ante un simple incumplimiento contractual, es que el contrato, que, de hecho, se remite para la firma pasados varios meses de que el delito ya esté consumado, y pretendiendo desviar la atención a un posible riesgo de la inversión, fue la promesa de una altísima rentabilidad, entre el 14 y el 29%, como mínimo y la apariencia de una buena y holgada posición económica, proveniente, precisamente, por el éxito de sus numerosas vías de inversión y desarrollo tecnológico lo que por error movieron a la perjudicada a realizar las dos disposiciones.

Se dice así que la frontera entre el ilícito penal y el civil se sitúa, precisamente, en las exigencias de estricta tipicidad que concurren en el primero. No todo incumplimiento, por tanto, de las obligaciones civiles deviene delito de estafa si no se acredita, cumplidamente, la preexistencia de un plan incumplidor y la puesta en escena engañosa como factor causal del desplazamiento patrimonial. En el caso que nos ocupa no puede existir la más mínima duda que toda la actuación se concibió de forma engañosa, pura apariencia de solvencia económica y éxito empresarial, como instrumento encaminado en términos finales y causales a la obtención del beneficio fraudulento, de tal modo que en su propio otorgamiento pueda ya excluirse la existencia de causa negocial, en los términos exigidos en el artículo 1275 CC, en cuanto el defraudador contemplaba desde ese mismo momento el incumplimiento de las obligaciones que contraía. De hecho, es que no existía actividad alguna que pudiera amparar la inversión, ni la posibilidad real de devolución.

Concurre además el subtipo agravado de cometerse la estafa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Sin duda, el centro de la defraudación está en esa simulación de portentoso éxito económico y envidiable posición empresarial gestionando innumerables proyectos de desarrollo tecnológico altamente rentables, pero, también se aprovecha, explota y defrauda la previa relación de amistad íntima, cuasi familiar, de muchos años atrás, haciéndole ver que solo por esa amistad le permitía participar, le abría la puerta de tan exitosos negocios solo al alcance de acaudalados inversores.

Este subtipo, nos dice la jurisprudencia, siempre se ha de aplicar de forma restrictiva. Todo subtipo agravado obliga a identificar el plus de antijuridicidad que justifica la considerable agravación penológica, pero, además, al tratarse los delitos de estafa, apropiación indebida o administración desleal, es decir todos situados dentro del Capítulo VI "de las defraudaciones", siempre tienen ínsita una insatisfacción de las reglas de la buena fe contractual las legítimas expectativas de la contraparte, una frustración de la confianza, incluso como elemento estructural del tipo como sucede en el caso de la apropiación indebida en el que la confianza es previa y ajena a la idea delictiva, pero también en la estafa, aunque en este esa confianza propia de todo negocio jurídico venga generada por ese engaño previo, por esa predeterminación funcional, delictiva, de toda la conducta. No basta pues con que exista esa relación previa, sino que, precisamente su naturaleza la situé en una posición de mayor desprotección o vulnerabilidad. Por eso se insiste que debe tratarse de una relación previa y distinta.

Así la STS 274/2017, de 19 de abril, dice: "Como bien indica el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.7º del Código Penal ( art. 250.1.6 desde la LO 5/2010), si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones, tanto el engaño que define el delito de estafa, como fundamentalmente el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida ( STS 368/2007, de 9 de mayo o 37/2013, de 30 de enero), presentan puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras) porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre ; 785/2005, de 14 de junio ; y 9/2008, de 18 de enero).»

TERCERO. -Del expresado delito es criminalmente responsable en concepto de autora la acusada Laura a tenor de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO. -En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO. -Corresponde en este apartado proceder a la individualización de la pena asignada al delito cometido. Corresponde imponer una pena de dos años y cuatro meses de prisión y multa de nueve meses con fijación de una cuota diaria de diez euros.

Los criterios que nos llevan a incrementar la pena notoriamente por encima del mínimo legal de un año son los siguientes:

Hemos optado por la calificación, como un único delito de estafa, pese a existir dos disposiciones patrimoniales efectuadas por el error causado por el previo engaño, existiendo incluso algún elemento diferenciador o renovador en el segundo supuesto.

La cantidad defraudada, 31.500, supone algo más del 60% de la cuantía de 50.000 que marca la barrera con la agravación objetiva pro el importe. En todo caso, está por encima de la media del tipo básico que iría de 400€ a 50.000€. Según relata la víctima supone además un grave quebranto a la perjudicada, que no tenía mayores ahorros. En la segunda de las entregas la autora es conocedora de esa situación de total falta de mayor liquidez y pese a ello no desiste de que le entregue todo lo que pueda. Y de esa situación de necesidad deviene también la insistencia posterior en el pago de los altísimos intereses o devolución de las cantidades entregadas,

La dinámica delictiva, la puesta en escena y la prolongación temporal del engaño denotan una clara "profesionalidad" y peligrosidad de la conducta, por encima de la media.

Esa misma nota de cierta reiteración profesional y peligrosidad se infiere también de sus antecedentes penales. Si observamos su hoja histórico penal veremos que, si bien, por escasos días no pueden apreciarse la agravante de reincidencia, (la firmeza de la primera sentencia, referida a hechos de 2018, es de junio de 2021), pero, en todo caso, en un muy breve espacio de tiempo le constan ya tres condenas por el mismo tipo delictivo.

Todos esos datos nos permiten ponderar la necesidad de un reproche notoriamente por encima del mínimo legal, superior a la mitad inferior del tipo básico 1 año y 9 meses, y por tanto en el entorno del término medio de la mitad inferior 2 años y 8 meses, los dos seis meses años de prisión, considerando la Sala que la pena de dos años y cuatro meses de prisión.

En cuanto a la fijación de la cuota diaria de multa, el artículo 50.5 del Código Penal dispone que en la fijación de la cuota diaria de la multa se tendrá en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. La jurisprudencia ha señalado que no siempre es procedente la imposición de la cuantía mínima, que debe quedar para supuestos de indigencia, miseria o similares. Como señalan las sentencias núm. 175/2001, de 12 de febrero y STS nº 1265/2005 , que la cita, "con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse".

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS 913/2021 del 24 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4250/2021), con mención de otras también próximas en el tiempo como la sentencia número 529/2021, de 17 de junio, y en relación con un supuesto en el que se fijaba la cuantía diaria de la pena de multa en la cantidad de diez euros, nos indica que tuvo oportunidad de recordar, con cita de la 677/2020, de 11 de diciembre, que: «resulta sobradamente conocida la doctrina de este Tribunal en el sentido de que la cuota mínima que para esta clase de sanciones se deja establecida en el artículo 50.4 del Código Penal (dos euros), debe quedar reservada a los supuestos de indigencia o absoluta carencia de recursos económicos» para posteriormente añadir que «en cualquier caso, la cuota diaria establecida permanece notoriamente más próxima al límite mínimo de las cuantías legalmente previstas en el artículo 50.4 (aun cuando lo supere en cinco veces) que al máximo (cuarenta veces superior)».

La cuantía de 10 euros diarios se mantiene en el primer escalón de los 40 en que cabría dividir la horquilla punitiva que va de 2 a 400 euros, y por ese debe considerarse ajustada sin necesidad de mayores indagaciones sobre su verdadera capacidad económica.

SEXTO. -La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados, según reza el art. 109 del Código Penal, estableciéndose en los artículos siguientes el alcance de dicha responsabilidad, reiterándose en el art. 116 CP que todo criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Por lo que procede, en el presente supuesto, imponer a la condenada el pago en concepto de responsabilidad civil de la cantidad de 30.000 euros, más los intereses legales del art. 576 de la L.E.C. Aunque la cantidad defraudada ascendió a 31.500€ es necesario recordar que llegó a devolver a la víctima 1.500€ simulando ser pago de una parte de los intereses, en mitad de las constantes solicitudes de pago,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 120.4 del Código Penal procede declarar la responsabilidad civil directa la mercantil IWATRIX SL.

SEPTIMO. -Conforme el artículo 123 del Código Penal, las costas han de ser impuestas al acusado condenado, incluidas, sin duda alguna, las de la acusación particular.

VISTOS,además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.