Sentencia Penal 557/2024 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 69/2023 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa informática previsto y penado en al art. 248.1 y 2 a), y 250.1.5º del Código Penal en la redacción vigente a la fecha de los hechos.

Según el art. 248.1 del Código Penal en su redacción vigente a la fecha de los hechos, anterior a la reforma operada por al LO 14/2022 de 22 de diciembre en la que se regulan específicamente las estafas informáticas, "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".

Por su parte el art. 248.2 a) del Código Penal en la fecha de los hechos establecía que también se consideran reos de estafa "Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro."

Los elementos necesarios para su apreciación son los siguientes ( STS núm. 1036/2003 de 2 septiembre, entre otras muchas):

1º) Ha de producirse un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2º) El engaño ha de ser «bastante», es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos.

3º) El engaño debe provocar un error esencial en el sujeto pasivo.

4º) Como consecuencia de lo anterior se lleva a cabo un acto de disposición patrimonial.

5º) La conducta del agente debe estar presidida por un ánimo de lucro antecedente, entendido como propósito por parte del infractor de obtener una ventaja patrimonial correlativa -aunque no necesariamente equivalente- al perjuicio típico ocasionado.

6º) Debe apreciarse un nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

Pese a que los hechos declarados probados son previos a la reforma operada por la LO 10/2022 y a la regulación específica y en artículo distinto de las estafas informáticas en el art. 249 del Código Penal, señalaba ya antes de dicha reforma el Tribunal Supremo que: "El fraude informático está previsto como una modalidad de estafa con configuración propia, que no responde a la estructura tradicional de aquellas. Es un tipo a través del que se pretende proteger el patrimonio de los ataques que propician las nuevas tecnologías y cuyo eje lo constituye lo que el Código describe como "manipulación informática o artificio semejante""( STS nº 137/2020 de 8 de mayo y nº 49/2020 de 12 de febrero entre otras) insistiendo también en que son conductas en las que la argucia, el engaño o ardid sigue persistiendo si bien sin que exista un interlocutor subjetivo. Al respecto, mantiene que la estructura de la estafa informática no necesariamente requiere la concurrencia de engaño alguno por el estafador, baste a título de ejemplo la STS nº 533/2007 de 12 de junio en la que, a propósito de una estafa cometida a través de una transferencia no consentida, mantiene expresamente que no se precisa la concurrencia de engaño alguno por parte del estafador, porque el acecho a patrimonios ajenos realizado mediante manipulaciones informáticas actúa con automatismo en perjuicio de tercero sin que sea necesario el engaño personal precisamente porque existe una manipulación informática.

En el mismo sentido, en la Sentencia nº 49/2020 de 12 de febrero, entre otras, se afirma que a través de este precepto se pretende proteger el patrimonio de los ataques que propician las nuevas tecnologías y cuyo eje lo constituye lo que el Código describe como "manipulación informática o artificio semejante"y son estas maniobras las que han de ser idóneas para conseguir la transferencia inconsentida del activo patrimonial en que se concreta el acto de disposición con el que se enriquece el sujeto activo.

En definitiva, entiende el TS que estas conductas, al materializarse a través manipulaciones informáticas, no se apoyan en la relación interpersonal entre el autor y la víctima sino en el propio empleo de las Tecnologías como vía de acceso al patrimonio de la víctima necesario para conseguir el desplazamiento patrimonial inconsentido. El eje en torno al cual giran no es el engaño, porque en definitiva a la máquina no se le puede engañar, sino en el uso de cualquier "manipulación informática o artificio semejante"de forma que, en estos comportamientos, "a diferencia de lo que ocurre respecto a la estafa prevista en el número 1 del artículo 248 del CP el engaño ya no es un elemento básico ni es de imprescindible presencia, sino que se ha visto sustituido en esa función por los artificios prohibidos empleados a estos fines"( STS nº 845/2014 de 2 de diciembre, nº 137/2020 de 8 de mayo y nº 49/2020 de 12 de febrero entre otras).

Recientemente, el ATS nº 12/2022 de 16 de diciembre analizó los elementos de la estafa informática en un supuesto en el que la acusada, valiéndose de la confianza de que era depositaria por parte de su empleador, se sirvió de las claves y contraseñas de la empresa para operar con sus entidades bancarias ordenando una serie de transferencias no consentidas por aquél. La Sala sostiene que según la doctrina más autorizada los elementos del delito, con las salvedades señaladas (empleo de manipulación informática o artificio técnico semejante), son semejantes a los de la estafa genérica. Afirma al respecto que para la concurrencia del art. 248.2 a) se requiere ánimo de lucro; la manipulación informática o el artificio semejante equivale al engaño bastante y al error; la transferencia no consentida es el acto de disposición que provoca el perjuicio, elemento que también se requiere. Igualmente, se precisa la relación causal entre la manipulación informática, la transferencia electrónica y el perjuicio ajeno. Por ello, en el caso objeto de enjuiciamiento el Tribunal entiende que el engaño existe en tanto en cuanto actuaba manipulando datos para alterar el patrimonio ajeno, lo cual, conforme a la jurisprudencia expuesta, es constitutivo del elemento "engaño" en los casos de estafas informáticas.

Entre las estafas informáticas se engloban comportamientos de muy distinta naturaleza que, además, con frecuencia se cometen en el seno de grupos de delincuencia organizada y que van evolucionando con el tiempo en atención a las nuevas herramientas tecnológicas que son aprovechadas por los delincuentes para cometer el delito o para dificultar su rastreo.

La modalidad defraudatoria que más se adapta a los hechos declarados probados en este caso es la denominada "ataques BEC"o "Fraude al CEO".

Ambas modalidades focalizan su actuación sobre el sector privado, actualmente identificado por las organizaciones criminales como un objetivo de alta capacidad económica que permite obtener un mayor beneficio económico con menor esfuerzo criminal.

En el fraude del BEC (business email compromise) el engaño se centra en suplantar, simular o controlar las cuentas de correo electrónico de empresas, organismos o instituciones o de sus empleados o directivos para conseguir interceptar o redireccionar sus transacciones financieras.

El fraude al CEO (chief executive officer), constituye una modalidad específica del anterior, en la que la actividad criminal se centra sobre los directivos o responsables de la empresa que tienen capacidad de gestión o poder de decisión para acordar operaciones económicas. Ello con la finalidad de suplantar su identidad y, haciéndose pasar por él, efectuar una operación económica o bien de provocar que el propio CEO, movido por el engaño, ordene una transacción económica no querida.

Ambas modalidades suelen ir precedidas de una labor de inteligencia previa en la que los ciberdelincuentes recaban toda la información que existe en la red sobre la empresa que han fijado como su objetivo -redes sociales, páginas web visitadas...etc.- combinando esta tarea con actividades de vigilancia física que les permita conocer en profundidad las costumbres del directivo o persona con capacidad de gestión cuya personalidad va a ser suplantada.

En una segunda fase, los autores utilizan técnicas de hacking dirigidas a la introducción de malware en los dispositivos de las víctimas, haciéndose de esta forma con el control de correos corporativos de personal o directivos de la empresa. Para ello bien explotan alguna vulnerabilidad del sistema informático de la misma o bien ocultan el malware en páginas web que son frecuentadas por la empresa perjudicada para que, cuando alguno de sus empleados acceda a ellas, el código dañino se descargue en el dispositivo de acceso.

A partir de ahí, las acciones que son llevadas a cabo para conseguir el desplazamiento patrimonial en perjuicio de la empresa pueden ser muy diversas: hacerse pasar por el CEO emitiendo un correo - diseñado para confundir al receptor por su semejanza con el genuino - en el que ordena un cambio de cuenta para el pago de la cantidad debida a un cliente; explotar el conocimiento que se tiene de las costumbres del CEO para, aprovechando que se encuentra fuera de su lugar de trabajo, falsificar un correo a su nombre dirigido a un empleado ordenándole la realización de una transferencia bancaria urgente a una cuenta controlada por el delincuente; simular un correo supuestamente procedente de un empleado de una empresa acreedora en el que se solicita que el pago de una cantidad debida se efectúe a una cuenta bancaria distinta, siendo precisamente ésta la operativa seguida en el caso de autos.

Ciertamente en otras modalidades de fraude informático como el phishing o el pharming, por ejemplo, la organización criminal se vale de "mulas"para ejecutar la defraudación y obtener el desplazamiento patrimonial, de los que, en palabras del propio TS, se valen los autores "para poder extraer esos fondos sin suscitar sospechas en la entidad bancaria y, una vez obtenidos aquéllos, colocarlos en un país que asegure la impunidad del desapoderamiento"( STS nº 834/12 de 25 de octubre).

En estos casos la jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes resoluciones sobre la alternativa, planteada en este caso por la acusación, de tipificar los hechos como constitutivos de estafa informática ( art. 248.2a CP) o blanqueo de capitales ( art. 301 CP) en ocasiones en su modalidad imprudente.

Así si la conducta de la mula se analiza en relación con las etapas previas de la ejecución del delito constituirá una etapa más de la actividad defraudatoria y, en consecuencia, se ha de considerar una estafa en la que la mula interviene como cooperador necesario. Visto así, su actuación tiene perfecta cabida en el apartado a) del artículo 248.2. Sin embargo, en la práctica son muchas las ocasiones en las que faltan elementos de prueba suficientes del efectivo conocimiento de la mula sobre lo acaecido en las primeras fases de la operación defraudatoria en las que él no intervino personalmente.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de entender que la mula era autora de un delito de estafa en diversas resoluciones, entre otras podemos señalar las STS nº 533/2007 de 12 de junio, nº 556/2009 de 16 de marzo y el ATS 1548/2011 de 27 de octubre, en las que se considera que tanto la actuación del autor principal de la conducta delictiva como la de la mula merecen similar calificación jurídica como delito de estafa informática, puesto que realizan una actividad conjunta para conseguir la ejecución del desplazamiento patrimonial en perjuicio de un tercero en el que las mulas constituyen un elemento final para la consumación de la conducta delictiva.

Frente a ello, existen otros pronunciamientos favorables a entender el actuar exclusivo de las mulas como delito de blanqueo de capitales imprudente previsto en el artículo 301.3 del Código Penal, razonando para ello que "los supuestos de quienes se limitan a colocar en el extranjero los fondos, permaneciendo totalmente ajenos a la confabulación anterior que hace posible el conocimiento de las claves para el acceso a las cuentas del sujeto engañado, pueden perfectamente ser calificados como un delito de blanqueo de capitales, cometido por dolo eventual o incluso imprudente, tesis asumida en el presente caso por el Tribunal de instancia que debe ser respetada"( STS 506/2015 de 27 de julio).

El Alto Tribunal en STS nº 834/2012 de 25 de octubre de 2012 y nº 664/2014 de 2 de diciembre solventa la cuestión indicando que la relevancia penal del actuar de la mula como delito de estafa informática, receptación o como delito de blanqueo de capitales imprudentes, deberá determinarse en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso. En las resoluciones mencionadas afirma que "la calificación jurídica de los hechos como integrantes de un delito de estafa informática, receptación o blanqueo de capitales, obligará a analizar en qué medida el dolo de ese tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido, capta los elementos del tipo objetivo del delito de estafa. Abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima(que como analizaremos después queda acreditado que ha ocurrido en este caso) encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa, pues en la mayoría de los casos, al autor principal no le será suficiente con disponer de la información precisa sobre las claves personales para ejecutar el acto de desapoderamiento. Necesitará una cuenta corriente que no levante sospechas y que, mediante la extracción de las cantidades transferidas pueda llegar a obtener el beneficio económico perseguido. Precisamente por ello, la contribución de quien se presta interesadamente a convertirse en depositario momentáneo de los fondos sustraídos integrará de ordinario el delito de estafa. Pero para ello resultará indispensable claro es- que quede suficientemente acreditada su participación dolosa en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva".

De la jurisprudencia analizada se extrae que cuando queda acreditado que la mula tiene conocimiento de su condición de engranaje en el entramado criminal de la estafa su conducta ha de ser castigada como delito de estafa informática, tal es el caso del supuesto analizado por la STS nº 51/2020 de 17 de febrero que confirmando la Sentencia de instancia condena a la mula por estafa porque entiende que ésta conocía el origen ilícito de las sumas que le habían sido transferidas directamente por las víctimas, y por tanto tenía conciencia sobre la antijuridicidad de su conducta. En otros casos, cuando no es posible acreditar la conexión de la conducta de la mula con la del autor del delito de estafa, los Tribunales, por lo general, se suelen decantar por la calificación jurídica como delito de blanqueo de capitales de carácter imprudente del artículo 301.3 del Código Penal, en otras ocasiones por delito de blanqueo de capitales doloso del art. 301.1 y 2, al estimar acreditada la previa comisión de un delito de estafa y su conocimiento por los acusados, pero no su participación en dicho fraude delictivo ( STS nº 961/2021 de 1 de diciembre).

La cuantía defraudada en este caso, que asciende a un total de 51.948,95 euros, hace que resulte de aplicación la modalidad agravada de estafa prevista y penada en el art. 250.1.5º del Código Penal.

En lo que se refiere al presente caso y como a continuación se argumentará existen evidentes indicios para considerar acreditado sin atisbo de duda alguna que el acusado tuvo una participación esencial en el desarrollo de las maniobras fraudulentas realizadas para llevar a cabo el desplazamiento patrimonial y era totalmente conocedor el origen ilícito de dinero que se preparó para recibir en una cuenta bancaria abierta ex proceso para recibir las transferencias de la víctima y repartir el dinero en la forma convenida con la organización, realizando disposiciones con tarjeta y realizándose transferencias a otras cuentas de las que también era titular.

SEGUNDO.-El Tribunal considera acreditados los hechos y la autoría del acusado tras la conjunta valoración de la prueba practicada ( art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) , que permite tener por desvirtuada la presunción constitucional de inocencia.

Así, en primer lugar, el propio acusado reconoció ser titular de la cuenta de ING número NUM003, así como que el 18 de septiembre de 2.021 recibió varias transferencias por importe total de 51.948'95 euros, como consta debidamente acreditado por la declaración de la perjudicada y la documental que obra en la causa, concretamente, las copias de las transferencias realizadas por la perjudicada a la cuenta del acusado (folios 81 a 84 de la causa) tras el engaño sufrido por la misma del cambio de la cuenta bancaria de su proveedor (acreditado por los correos recibidos que obran a los folios 76 a 80), y el propio extracto de la cuenta bancaria del acusado donde pueden verse las transferencias recibidas a nombre de la perjudicada (folios 34 y 35).

Quedaron totalmente acreditados todos y cada uno de los elementos típicos de la estafa informática consumada de la prueba practicada en el plenario, no ya solo por la documental arriba reseñada, sino por las declaraciones de los testigos en el plenario que dejaron constancia de la operativa defraudatoria llevada por el procedimiento conocido y más arriba explicado del correo corporativo comprometido (fraude BEC) al que se refiere el atestado a los folios 104 y 105 de la causa.

Así la perjudicada, Dña Tamara explicó en el acto del juicio oral, como ya había hecho en sede policial y judicial, que la empresa Construcciones Artes le estaba haciendo una casa "se emitieron unas facturas que ella tenía que pagar para la obra. No recuerda el mes, le iban emitiendo facturas y ella como le iba facilitando el banco el dinero porque tenía un préstamo de autopromoción de vivienda, iba pagando las facturas, le mandaban las facturas por correo electrónico, ella recibe el dinero del banco y como urgía porque había pagos pendientes en ese momento realiza las transferencias a la cuenta de ellos que tenía en la factura en Cajamar. Les manda un correo a la administración de la constructora informándole que ha pagado las distintas facturas como la manera habitual era esa y ya le responden que habían cambiado el número de cuenta, ya no trabajaban con Cajamar y con un certificado de titularidad de la cuenta le dicen que hiciera los pagos a esa cuenta. El día 18 canceló las transferencias de Cajamar que hizo el día anterior y las hizo en ING. El martes siguiente la llamaron de la constructora porque no habían recibido el pago de las facturas. No ha recuperado este dinero."

Su declaración resulta totalmente creíble y veraz y se haya corrobora por la documental que obra en la causa consistente en los correo recibidos de la empresa de construcción cuya identidad había sido suplantada (folios 76 a 80), así como el certificado de titularidad de la cuenta falseado (folio 12) pues en realidad la cuenta de ING en la que se recibieron las transferencias a las que se refiere la perjudicada y que obran documentadas a los folios 81 a 84 de la causa, es la cuenta titularidad del acusado (folio 34 de la causa).

Tanto los agentes que comparecieron y declararon en el plenario como la persona encargada de la administración de la constructora cuyo correo fue objeto de intervención fraudulenta vinieron igualmente a corroborar la declaración de la perjudicada y acreditar la manipulación informática realizada que materializó el engaño que ocasionó el error en la perjudicada que transfirió el dinero, pensando que se trataba de la cuenta de la empresa acreedora, en la cuenta titularidad del acusado.

Así, el agente de la Guardia Civil con TIP número NUM004 que recibió la denuncia de Dña. Tamara explicó en el juicio que "tras analizar la denuncia la casuística es muy común, una empresa tiene sus cuentas con su cliente y utilizando el mismo dominio del correo electrónico cambian el número de cuenta para desviar esos fondos."Manifestó que él había solicitado la titularidad de la cuenta donde habían ido esos fondos comprobando que el titular era el acusado.

Por su parte el agente de la Guardia Civil con TIP número NUM005 afirmó que realizó la investigación al correo y comprobó que el correo es el original, correspondía al mismo, y que era un típico ataque de ciberdelincuencia. Explicó que los ciberdelincuentes "filtran los correos que les interesan y ellos como tienen acceso al correo filtran los que le interesan, la víctima del correo puede abrirlo y no tiene conocimiento, le usurpan el correo, la empresa no sabe lo que ocurre, vieron que iban a realizar un ingreso y les filtran los correos tanto los que entran y los que salen y la empresa solo ve lo que ellos quieren, no se dan cuenta hasta que sucede."

Por último, la trabajadora de la empresa acreedora en este caso, desde la que se remitieron los correos fraudulentos, Construcciones Artes y Ordoño S.L., Dña. Delia, relató en el plenario que "estaban realizando una obra para Tamara, estaban pendientes en ese momento para recibir ese pago, ellos mandaron la factura sobre julio y estaban pendientes de que realizaran los ingresos pero no sabe el motivo por el que no los realizaron, aproximadamente sobre julio les mandaron las facturas, cree recordar que un martes se puso en contacto con ella porque necesitaban el ingreso, estaban pendientes del ingreso y viendo que no llegaba la llamó un martes y le preguntó que si había ingresado y le dijo que había ingresado el vieres que le había mandado un correo solicitando el cambio de cuenta, se cruzaron en obra y se comentó que se iba a ingresar, le dijo Tamara que le había escrito un correo y le dijo -espérate que te lo voy a reenviar- y en ese momento se dieron cuenta de que no llegaba el correo." Tal y como explicó la testigo pudo comprobar que la cuenta de correo estaba intervenida por la organización criminal puesto que no recibía los mensajes que, como el de la perjudicada haciendo constar el pago, no querían que les llegara para evitar que se descubriera el engaño perpetrado.

Acreditada la estafa informática, también existen abundantes elementos de prueba en este caso para concluir la participación como autor del acusado en la misma, formando parte de la organización que ha llevado a cabo la manipulación informática siendo su intervención esencial, abriendo la cuenta bancaria un día antes con la exclusiva finalidad de que pudiera tener lugar el desplazamiento patrimonial con el que consumar la estafa perpetrada con pleno conocimiento del mecanismo defraudatorio previo y de la ilicitud de los fondos recibidos. De este modo se realiza una actividad conjunta para conseguir la ejecución del desplazamiento patrimonial en perjuicio de la perjudicada en el que el acusado constituye un elemento final para la consumación de la conducta delictiva.

Tal conclusión se alcanza de los siguientes indicios de prueba:

.- En primer lugar, y tal y como ha venido siendo proclamado por la doctrina jurisprudencial más arriba analizada, por al apertura ad hoc de una cuenta bancaria para la recepción del dinero defraudado. Así se deduce con claridad del certificado de titularidad y el extracto bancario que obran en la causa a los folio 34 y 35 donde puede verse que la cuenta en la entidad ING donde se recibe el dinero se abrió el 12/09/21, recibiéndose el dinero pocos días después, el día 18/09/21, no teniendo movimiento alguno previo la cuenta corriente salvo una transferencia de la cuenta del propio acusado con la exigua cantidad de 1 euro el día 17/09/21, un día antes del percibir el dinero defraudado. Con posterioridad los movimientos que existen responden a la única finalidad de repartir el dinero subterfúgiamente recibido.

.- En segundo lugar, del elevado importe de la cantidad defraudada en este caso que se ingresa en la cuenta de exclusiva titularidad del acusado, que cualifica la estafa como agravada conforme al art. 250.1.5º del Código Penal. De este dato se deduce con claridad que el acusado necesariamente era una persona de confianza del entramado criminal pues se ponía a disposición del mismo una cantidad elevada, más de 50.000 euros, de la que podía disponer libremente, depositando en él una confianza que solo es posible si se tiene una relación previa y cierto estatus dentro de la organización.

.- En tercer lugar, del extracto bancario de la cuenta del acusado (folio 35) donde se realizan las transferencias se deducen dos datos que también son claramente reveladores de la participación totalmente consciente del acusado en la operativa defraudatoria; El primero es que aparece de forma clara en el extracto que los ingresos los ordena " Tamara" que nada tiene que ver con la historia relatada por el acusado de que el dinero se lo ingresaba un tal " Edemiro" del que no da dato alguno identificativo, reconociendo el propio acusado en el plenario que comprobó la realización de los ingresos por lo que obviamente se percató de quién los hacía; El segundo, que puede verse como tras recibir los ingresos de la perjudicada el acusado hace una serie de disposiciones o reintegros con su tarjeta, el mismo día, de un total de 3.000 euros, así como que tras realizar las transferencias a otras dos personas físicas y una jurídica realiza dos transferencias a cuentas de su titularidad por importe total de 5.000 euros. Con ello se comprueba que el lucro obtenido por la maniobra llevada a cabo por el acusado ascendió a nada menos que 8.000 euros, no resultando en absoluto creíbles las explicaciones dadas de que para devolver el dinero tenía que recurrir a amigos u otras cuentas para poder entregarlo en efectivo. Percibió el acusado personalmente una elevada suma por su participación en el proceso defraudatorio, indicativa del peso de su participación que fue esencial para el desplazamiento patrimonial en la última fase de la estafa perpetrada.

.- Por último, la versión de los hechos ofrecida por el acusado no se sostiene. Es totalmente inverosímil, lo que hace que se excluya que el mismo pudiera ser engañado por la organización o reclutado como mula sin conocimiento del mecanismo defraudatorio.

Así, el acusado relató en el plenario, como también hizo en sede de instrucción (folios 41 y 42 de la causa) que las transferencias las recibió porque a veces sus paisanos que están en África le envían dinero para comprar un coche. Afirmó que conoce a " Edemiro" y que éste "le dijo que necesitaba una máquina que quiere comprarla si puede informar la máquina, le preguntó y le dijo que la máquina vale de 30.000 a 90.000 euro y él le dijo que vale, le dijo que cuando preparara ese dinero le avisa, después de tres meses le llamó al teléfono y le dijo que lo de la máquina ahora estaba preparado, y le dijo que vale que cuando quiera lo miraban le dijo que valía de 30.000 a 90.000 euros, luego le llamó que si tenía una cuenta le podía enviar dinero y le dijo que tenía ING, le mandó el dinero y luego él compraría la máquina y luego (su amigo) compraría el transporte del barco, le hizo transferencia y él no miró y luego le dijo que se lo había hecho y que mirara si el dinero había llegado, cuando llegó a la casa lo miró y le dijo que si había entrado dinero, y él le dijo que qué hacía ahora, y le dijo que los precios que él le había dicho en España lo había encontrado en algún sitio más barato de los que le había dicho, y que la máquina en Holanda valía 36.000 ó 37.000 y le contestó que ahí estaba su dinero y le pidió que mandara el dinero a otra cuenta para comprar la máquina, le dijo que 15.000 euros por lo menos se quedan (le sobraban) y le dijo que le iba a mandar a una persona para que le entregase el dinero, y él estaba trabajando y era mejor parar él, le dijo a sus paisanos que tenía un dinero de una persona en su cuenta y le pidió ayuda para sacar el dinero, le mandó la persona y él le entregó el dinero."

Afirmó rotundamente que no se ha quedado ningún dinero, "ni un céntimo",añadiendo que "cuando le llamó la Guardia Civil y le dijeron el tema del dinero, empezó a buscar sus contactos y no los consiguió, esta persona tuvo un accidente y ha muerto, la cuenta en la que recibió el dinero era su cuenta personal pero no le pagaban nada. Tenía Sabadell y como le estaba cobrando mucha comisión hizo esta cuenta."Reconoció abrir la cuenta pocos días antes de los hechos, el 12 de junio de 2.021 y que tras los hechos la canceló, le bloquearon la cuenta.

Dijo no percatarse de que la persona que le transmitió el dinero a la cuenta era Dña. Tamara, afirmando no tener ni idea de este detalle ni conocer a esta persona, si bien reconoció que comprobó la realización de los ingresos después de que se realizaran con lo que sin duda se tuvo que apercibir de que los hacía Dña. Tamara y no Edemiro, y que cuando aperturó la cuenta bancaria en la que se produce el ingreso fraudulento tenía un solo euro y que le ingresaron 51.948'95 euros, así como que aparte de esta transferencia no recibió nada. Reconoció también realizar las operaciones que aparecen documentadas en la causa y que tras el ingreso referido sacó 3.000 euros con su tarjeta, si bien manifestó que "fue para guardárselos a Edemiro", y que luego "realizó 4.000 euros para su paisano, 3.500 le transfirió a Rafael" que dijo que era su paisano, y que "le mandó el dinero ahí para que él se lo diera porque no tiene tiempo de ir y sacar el dinero",y que "hizo dos transferencias de 1.000 euros a su cuenta del Sabadell, y por último de 30.000 euros a la cuenta que le dio su amigo para la comprá de la máquina."

Si ya la historia resulta bastante incoherente e inverosímil aún menos creíble resulta el hecho de que proclamó en el plenario el acusado que "no gana ningún dinero con la intermediación de las máquinas, no es su trabajo éste."Relató que compra coches y vende a sus paisanos, "si necesitas coche o furgoneta para su trabajo se lo dicen a él, y él los manda a África, y los lleva al puerto nada más."Dijo que no ganaba nada con eso, para después dar a entender que con estas gestiones sí pero que con lo de la máquina esta vez no había ganado nada y que por su condición de musulmán no puede cobrar.

La versión exculpatoria no convence en absoluto al Tribunal. En primer lugar, es notable la poca convicción y la extravagancia del relato, no pudiendo aportar datos ni siquiera de la máquina que supuestamente le buscó a Edemiro en la que intermedió. Además el acusado no aporta evidencia alguna que permita corroborar mínimamente su relato, pese a que en sede de instrucción dijo tener documentación con la que podía acreditar todos los extremos, no ofreciendo tampoco dato alguno de las personas, algunas de ellas con las que dijo tener cierta relación de amistad o al menos eran compatriotas y conocidos suyos, que corroboraran que le ayudaron a sacar el dinero para devolverlo a su amigo Edemiro.

En suma, dispone la Sala de prueba suficiente por su contenido y significado incriminatorio para tener por desvirtuada la presunción de inocencia del acusado resultando acreditada su participación como co-autor en la estafa perpetrada.

TERCERO.-No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en este caso, no habiéndose alegado ninguna por las partes.

CUARTO.-El art. 250.1.5º del Código Penal establece que el delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses, cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. Considera el Tribunal adecuado imponer al acusado por el delito de estafa la pena de 2 años de prisión, que no la de 4 años solicitada por la acusación, habida cuenta que el importe defraudado supera en poca cuantía la prevista para la agravación pero sin que esté justificada la imposición de la pena mínima habida cuenta que no existen circunstancias atenuadoras y que no se aprecia ni el más mínimo esfuerzo en reparar el grave quebranto económico causado a la perjudicada. Con idénticos argumentos procede imponer la pena de multa de 8 meses, más cercana al mínimo legal y dentro de la mitad inferior, con cuota diaria de 10 euros ya que el acusado manifestó trabajar en el campo, con la responsabilidad personal subsidiaria que proceda en caso de impago ( artículo 53 del Código Penal) . Dicha pena llevará aparejada la accesoria interesada por el Ministerio Fiscal ( artículo 56.1.2° del Código Penal) .

QUINTO.-En concepto de responsabilidad civil ( art. 109 y siguientes CP) el acusado habrá de indemnizar a la perjudicada en la suma reclamada de 51.948,95 euros, que constituye la totalidad de la suma defraudada habiendo afirmado la perjudicada en el plenario que no ha podido recuperar ninguna cantidad. A dicha cantidad se sumarán los intereses legales conforme al art. 576 de la LEC.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe imponerse el pago de las costas procesales al acusado.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,