Sentencia Penal 171/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 47/2025 de 15 de mayo del 2025

PRIMERO.La sentencia de instancia condena a la Sra. Almudena como autora de un delito de apropiación indebida del art. 253.1 y le absuelve del delito de falsedad documental de los arts. 390.1 y 392.1, siempre del CP. Interponen recurso de apelación tanto la condenada como la acusación particular. En el de la primera, la controversia en ambas instancias se centra en la valoración de la prueba.

La sentencia declara probado que la Sra. Almudena, abogada de profesión, actuó en defensa de la denunciante, Sra. Gabriela, en el procedimiento de Ejecución Forzosa de Familia 655/2016, en cuyo seno cobró personalmente el 19 de diciembre de 2018 un mandamiento de pago que el juzgado emitió a favor de su clienta por importe de 1.346,69 euros, y que para ello hizo uso del poder general para pleitos que aquella le había otorgado el 27 de enero de 2015, sin que trasladara el importe a doña Gabriela, haciéndolo propio contra la voluntad de ésta.

La resolución apelada llega a tal convicción atendiendo, de un lado, al propio reconocimiento de la acusada de que se expidió el mandamiento y de que lo cobró ella en el Banco de Santander merced al calendado poder general. De otro, a que la obligación de reembolso subsiste, aunque converja con la larga relación de amistad mantenida entre ambas, que invoca la defensa. Y finalmente, a que no se ha probado que la letrada entregase el importe percibido a su titular, la Sra. Gabriela. Explica que la tesis de aquella de que le dio a doña Gabriela el dinero en un sobre con el mandamiento, cuando estaba junto con doña Penélope en un coche, un día que iban a comer juntas, no se ha acreditado, pues fue negado por ambas testigos, y la acusada no ha aportado ningún dato objetivo que lo avale o que generase duda, máxime cuando la versión de la Sra. Gabriela, que negó también la prolongada relación de amistad, viene corroborada por doña Penélope y por la pericial caligráfica, que concluye que la firma que aparece en el mandamiento no es de la Sra. Gabriela, ello unido a que la denunciada no ha acreditado interés espurio alguno en ninguna de ambas testigos. Finalmente, remarca que si habían quedado para comer ese día, lo lógico es que letrada le hubiese entregado el mandamiento a la Sra. Gabriela para que ella lo hubiese cobrado personalmente; o si, como afirma, le entregó el dinero junto con el mandamiento, lo esperable es que en el restaurante le hubiese solicitado a la Sra. Gabriela la firma del mandamiento; e igualmente, parece extraño que en el wasap que le remitió en fecha 12 de febrero de 2020 no mencionase nada del lugar en el que le había hecho entrega del dinero («...puesto que se han emitido dos Mandamientos de pago, que tú has cobrado, por lo tanto insinuar que yo...»).

SEGUNDO.Frente a ello, el recurso de la Sra. Almudena denuncia error en la valoración de la prueba e infracción del in dubio pro reo.En necesaria síntesis -dada la extensión del recurso-, el conjunto de su argumentario se centra en las siguientes ideas:

1. Insiste en su versión de los hechos, en que ella, en uso de las facultades otorgadas por el poder general para pleitos, procedió a la retirada del mandamiento en fecha 19 diciembre de 2018; y en que, con ocasión de la comida que tuvo lugar ese mismo día entre las partes, no le dio importancia a entregarle el dinero que previamente había cobrado en un sobre junto a la copia del mandamiento, hecho entendible en una relación de amistad duradera como la que ella mantenía entonces con la Sra. Gabriela. Que la entrega fue en el coche y que, por ello, en ese momento no le pidió que le firmase el recibo, sin perjuicio de que le devolviese copia firmada del mandamiento otro día, como hizo, pero desconociendo la Sra. Almudena si efectivamente lo firmó la Sra. Gabriela u otra persona, porque ella no lo presenció.

2. Que la denuncia se plantea por aquella a la vista de la reclamación de honorarios formulada en enero de 2020 por la ahora apelante, para no pagarle, aprovechando que existe un mandamiento donde no consta su firma.

3. Censura que la documental aportada en el acto de la vista no haya sido analizada en la sentencia combatida, y que de ella y de otros elementos probatorios se deduce la realidad de su versión. En particular, del bloque documental núm. 1:

-- De la denuncia, en la que la denunciante no manifestó no haber recibido el dinero objeto de la causa.

-- Que el 7 de febrero de 2020 doña Gabriela se persona en la notaría de doña Manuela Isabel Marzal Musso al objeto de obtener copia testimoniada de su DNI, documental que precisaba para elaborar el informe caligráfico, pese a que todavía no tenía en su poder el mandamiento que supuestamente ella no había firmado, pues tanto la denunciante como su testigo, la Sra. Penélope, manifestaron en fase de instrucción que tuvieron conocimiento de la existencia del mandamiento en un momento posterior, a través de su nueva letrada, y en el plenario la denunciante dijo que se percató de la ilicitud del mandamiento al revisar la documentación que le fue enviada el 5 de febrero, cuando en realidad fue el 17 de febrero, a las 17:06 horas, fecha en que la apelante le remite copia de los mandamientos de pago solicitados (folio 41), no antes. De todo ello, infiere que la denunciante, desde el principio, era conocedora que la firma del mandamiento no guardaba correspondencia con la suya.

-- Que la denuncia origen de esta litis se plantea el 28 de febrero de 2020, el día después de que la denunciada interpusiera reclamación de la minuta profesional de honorarios por importe de 1.803,51 euros, y para entonces ya contaba con al menos las conclusiones del mentado informe pericial, emitido un día antes.

4. Que el testimonio de doña Penélope no es fiable dada la acreditada relación de amistad íntima que mantenía con la Sra. Gabriela, que ella misma reconoció (era como una hermana), hasta el extremo que le hizo un poder general de representación para cualquier tema, menos los relativos a la salud. Además, también aludió a que supieron de las irregularidades del mandamiento el 5 de febrero cuando hasta el 17 siguiente no los tuvieron en su poder. La testigo admitió que habían quedado muchas veces, aunque nunca se entregó el dinero.

5. En el bloque documental 2, obran fotografías que prueban que las partes mantenían una relación de amistad de toda la vida, tanto ellas como sus familias, y que recogen momentos de vida privada que nada tienen que ver con la relación abogado-cliente. La denunciante se reconoció en todas ellas.

6. La pericial calígrafa abunda en el mismo sentido, en cuanto no acredita que la apelante fuese la que falsificó la firma de la denunciante.

7. Obra un mensaje de WhatsApp de en el que la abogada comenta a la Sra. Gabriela que «se han emitido dos mandamientos de pago que tú has cobrado». Destaca que la Sra. Gabriela no le respondió, y que la expresión «tú has cobrado» no quiere expresar que los cobrase personalmente esta última, sino que el dinero había llegado a sus manos o esfera patrimonial.

Por su parte, la fiscal y la acusación particular impugnan el recurso. Esta última, también en lo esencial, abunda en los razonamientos de la sentencia apelada, niega la relación de amistad entre denunciante y denunciada; insiste en que desde el primer momento ya afirmó que no había recibido el dinero objeto del mandamiento de pago; que la copia testimoniada del DNI nada tiene que ver con los hechos enjuiciados y nunca fue utilizada por el perito grafólogo, que practicó la pericia cuando tuvieron los mandamientos, que antes no pudieron; que el hecho de que la acusada reclamara el pago de la minuta evidenciaría que el importe apropiado no fue retenido con intención de compensar aquella; que la Sra. Almudena ha ofrecido hasta cinco versiones diferentes de lo sucedido; y que la víctima tuvo conocimiento en febrero de 2020, con el cambio de letrada, del cobro por aquella del mandamiento.

TERCERO.Como recuerdan la STS 136/2022, de 17 de febrero, 570/2022, de 8 de junio, y 514/2023, de 28 de junio, entre otras, cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena, el tribunal ad quemdispone de plenas facultades revisoras porque en ese caso «el efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena, como sostiene el apelante, sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia». La apelación plenamente devolutiva «es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia».

Tal doctrina ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 80/2024, de 3 de junio, al referir la anterior doctrina del Tribunal Supremo y cuando agrega (en su FJ 4) que «Este tribunal no ha vedado al tribunal de segunda instancia que valore la prueba cuando es llamado a revisar sentencias condenatorias, pues ello conlleva que el juzgador ad quemasuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el juez a quo,no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo.El hecho de que el tribunal ad quemdeba respetar las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE no puede argüirse para coartar el derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior, pues negarse a ello "como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002", no solo representa un déficit de motivación e incongruencia con las pretensiones deducidas en el recurso, sino además, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria ( STC 184/2013, de 4 de noviembre, FJ 7).

CUARTO.Dentro del anterior marco revisorio, entiende esta sala, en línea con el argumentario del recurso, que este ha de tener favorable acogida. Nos encontramos con dos versiones completamente contradictorias, la de denunciada, que reconoce el cobro del mandamiento de pago litigioso, pero que abonó su importe a la denunciada, y la de ésta, que lo niega rotundamente. La primera precisó en el plenario que le hizo el pago en metálico, en un sobre, un día que estaban en el interior del coche, en presencia también de doña Penélope, con ocasión de haberse juntado, como tantas otras veces, para comer; que también le entregó el mandamiento y que en ese momento no le pidió que lo firmase, que se lo devolvieron días después firmado, sin que recordase si lo hizo doña Gabriela o doña Penélope, como tampoco sabía quién lo había firmado; y que si se hizo así, fue por relación de amistad que les unía desde jóvenes. Por su parte, la Sra. Gabriela niega no sólo el encuentro, sino incluso la relación de amistad, versión que viene corroborada por la testifical de la Sra. Penélope.

La cuestión nuclear se ciñe a determinar cuál de las dos versiones debe prevalecer. Al parecer de la Sala, en el testimonio de la denunciante convergen razones que le restan credibilidad. En primer término, descuella que aquella niegue el hecho invocado por la denunciada para que ésta accediera a entregarle el dinero en metálico sin acuse de recibo en ese momento: la relación de amistad. Se trata de un dato mayor, en la medida en que podría explicar que la letrada relajase sus prevenciones para la entrega del dinero a su legítima acreedora. Las fotografías aportadas por la defensa, al contrario de lo que declaró la Sra. Gabriela, apuntan vehementemente a que les unía algo más que coincidencias personales puntuales y son compatibles con una relación entre ellas en la que reinase un ambiente de confianza, en el que es comprensible que no le pidiese inmediatamente la suscrición del recibí. Además, en la relación profesional abogado-cliente, nada impide que el primero pueda dispensar a su cliente de firmarle un justificante de pago, especialmente cuando se trata de personas con vínculos de afecto.

Por otro lado, no pueden descartarse móviles espurios en la denunciante, entonces irritada con doña Almudena porque pretendiese cobrarle unos honorarios cuando le había demostrado una grave falta de profesionalidad en la llevanza de sus asuntos, según declaró -sumamente alterada- en el plenario.

A tal convicción no es óbice la testifical de doña Penélope, dada su intensa vinculación con la denunciante, como se desprende de que esta le otorgase poderes generales de representación, que la experiencia enseña sólo se confieren a personas de máxima confianza. Incluso ella calificó su relación como de hermanas.

Por otro lado, la Sra. Almudena ha sido persistente en su relato. No es cierto lo que afirma la defensa que ha ofrecido cinco versiones diferentes. La realidad es que todas ellas son complementarias, no se advierte ninguna contradicción relevante, sino que sucesivamente va aportando más detalles.

A lo anterior puede sumarse, aunque con mucha menor relevancia, la falta de explicación por la denunciante de la aparición en el atestado de una fotocopia de un acta notarial de su DNI. No parece que tuviese relación con la pericial caligráfica porque el perito no lo utiliza ni lo menciona, pero, desde luego, no se comprende tal presencia. En todo caso, desechada la relación entre el acta y la pericial, no hay evidencias sólidas de que la Sra. Gabriela supiese de la existencia del mandamiento de pago antes de la emisión de aquel dictamen.

Con las testificales de cargo puestas en cuarentena y evidenciada una relación de cierta amistada entre abogada y clienta, lo único que resta para sustentar la condena son las incoherencias que cita la sentencia a quo,como que la letrada no le entregase a su amiga el mandamiento para que lo cobrase ella directamente, que una vez en el restaurante no le hubiese solicitado el recibí, o que en el wasap que remitió a la Sra. Gabriela el 12 de febrero de 2020 no refiriese para nada las circunstancias en las que le había entregado el dinero (en el coche, cuando se juntaron para comer, etc.). Sin embargo, tales hipótesis, con ser razonables, se nos antojan de insuficiente entidad como para enervar la presunción constitucional de inocencia, especialmente porque todas podrían ser entendibles en el seno de la amistad latente.

En definitiva, la valoración global de las consideraciones expuestas nos priva de adquirir la seguridad que el derecho penal sobre el hecho imputado, que la apelante no llegase a entregar el importe del mandamiento a la Sra. Gabriela. E,n la duda, ha de prevalecer el in dubio pro reo,con el consiguiente dictado de un pronunciamiento absolutorio.

QUINTO.Formula también recurso de apelación la acusación particular contra el fallo de la sentencia a quopor el delito por el que ella acusaba en solitario, la falsedad documental. También solicita se imponga como accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión habitual, y se eleve la pena de prisión hasta los dieciocho meses en el caso del delito de apropiación indebida.

Estas dos últimas peticiones han de decaer, al haber quedado sin efecto la condena por el delito de apropiación indebida.

Sobre la falsedad documental, razona la sentencia de instancia que no ha quedado probado que la acusada sea su autora ante la ausencia de prueba calígrafa que acredite que la firma que consta en el mandamiento fue plasmada por ella. Añade que, aunque es cierto que ella tenía el mandamiento en su poder y hubiera sido la beneficiaria si se hubiera producido «error» en la Sra. Gabriela y hubiese creído que la firma era suya, sin embargo, no es bastante para enervar la presunción de inocencia que le ampara.

Del profuso alegato del recurso, cabe reseñar como fundamento principal de la condena que la sentencia incurre en error en la apreciación de la prueba, lo que sostiene en que doña Almudena ha sido condenada por la apropiación del importe, la firma se ha acreditado falsa y fue ella la que siempre tuvo en su poder el mandamiento y fue la beneficiaria; y en que, aunque no hubiese sido ella quien realizó materialmente la firma, tenía el dominio funcional del hecho (autora mediata).

El fiscal y la defensa se han opuesto al recurso y estiman acertada las consideraciones probatorias de la sentencia.

SEXTO.La pretensión no puede acogerse por razones formales, porque se pide algo que está procesalmente vedado al tribunal ad quema tenor de lo prevenido en los arts. 790.2, ú ltimo párrafo, en relación con el 792.2 LECrim y 240.2 LOPJ, y la doctrina constitucional española y del TEDH.

Cuando, como aquí sucede, lo que se pretende es la condena de un acusado que ha sido absuelto en la instancia o la agravación penológica, y el motivo que se invoca para ello es error en la valoración de pruebas sometidas a inmediación y contradicción, lo único que cabe hacer en alzada es, previa petición de parte, declarar la nulidad de la sentencia absolutoria y ordenar la retroacción de lo actuado para que se dicte nueva sentencia y, en su caso, se celebre de nuevo el juicio oral por el mismo juzgador u otro diferente. El tribunal de apelación no puede, en estos casos, revocar la sentencia y condenar directamente al acusado absuelto, ni tampoco agravar la pena del allí condenado.

Así se deduce de los citados preceptos. El 792.2 establece la prohibición al decir que «La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en la primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.» Sin embargo, la misma norma, a continuación, abre la vía para solventar estas situaciones: la declaración de nulidad de la sentencia apelada por el tribunal ad quemy la devolución de la causa al tribunal a quo.El segundo párrafo del mismo 792.2, ordena que: «No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.»

La viabilidad de la declaración de nulidad por el tribunal ad quemde la sentencia absolutoria en el iterdescrito requiere dos condiciones. De un lado, que se pida expresamente, porque el art. 240.2 LOPJ impide que la nulidad pueda ser acogida de oficio en sede de apelación. Y de otro, que el error en la apreciación de las pruebas en que se sustenta el petitumsea fruto, según establece el art. 790.2, ú ltimo párrafo, de alguno de estos motivos: de «la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.»

L a solución es, además, acorde con la jurisprudencia constitucional. Así, la STC 80/2024, de 3 de junio, recuerda que:

«Si lo que se recurre en apelación es una sentencia absolutoria el control "se desplaza del juicio de adecuación de la valoración probatoria al juicio de validez del razonamiento probatorio empleado por el tribunal de instancia. Lo que se traduce en un notable estrechamiento del espacio de intervención del tribunal de segunda instancia. Este solo puede declarar la nulidad de la sentencia por falta de validez de las razones probatorias ofrecidas por el tribunal de instancia en dos supuestos: uno, si no se ha valorado de manera completa toda la información probatoria significativa producida en el plenario, privando, por ello, de la consistencia interna exigible a la decisión adoptada. Y, el otro, cuando los estándares utilizados para la valoración de la información probatoria sean irracionales". De ahí que el control de racionalidad de las decisiones absolutorias por parte de los tribunales superiores deba hacerse "no desde posiciones subrogadas, de sustitución de un discurso racional por otro que se estima más convincente o más adecuado, sino mediante la aplicación de un estándar autorrestrictivo o de racionalidad sustancial mínima"».

Y en el mismo sentido, la STC 72/2024, de 7 de mayo, FJ 4 e), ha especificado que el canon de control de una sentencia absolutoria queda constitucionalmente limitado:

«...a un control de razonabilidad cuyo objeto puede extenderse: (i) a la motivación o justificación de la conclusión probatoria; cuando resulte ausente, insuficiente o apoyada en un error de hecho patente que derive de las actuaciones; (ii) a la utilización de reglas de inferencia fáctica contrarias a la lógica, el conocimiento científico o las máximas de experiencia; (iii) a la omisión de razonamiento sobre pruebas practicadas que sean relevantes para el fallo; o finalmente (iv) a la previa decisión de excluirlas del acervo probatorio por considerarlas inválidas (contrarias a los principios de igualdad de armas y contradicción) o ilegítimas (por haberse declarado que fueron obtenidas como consecuencia de la vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales sustantivos)»

SÉPTIMO.En el caso que se examina, no se cumplen las anteriores exigencias legales. El recurso no ha interesado, ni siquiera implícitamente, la nulidad de la sentencia a quopara que, una vez estimada, retornen las actuaciones al juzgado de instancia (que habría de dictar nueva sentencia), sino la revocación de un pronunciamiento absolutorio para que se torne en condenatorio y la imposición de una nueva pena y el agravamiento de otra, todo ello por el tribunal ad quemy basado en una reevaluación de la prueba personal (la declaración de las dos testigos, el perito y la acusada), con nueva fijación de hechos probados.

En consecuencia, el recurso no puede admitirse ni cabe abordar su fondo. En este momento procesal, el motivo de inadmisión se convierte en causa de desestimación.

Pero es que, en cuanto al fondo, también sería inasumible la pretendida revocación, al faltar la premisa de partida. Dado que este tribunal admite como posible la versión de la acusada, cabe que fuese una tercera persona próxima al círculo de la ahora apelante la que falsificara su firma. En este escenario, en que la falsificación podía provenir de cualquiera de los dos bandos, no bastaba, como se ha hecho, con descartar a la Sra. Gabriela, era imprescindible haber averiguado quién fue el autor material. Por lo tanto, otra vez se impondría el in dubio pro reo.

VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su majestad el rey D. Felipe VI de España,