Sentencia Penal 15/2025 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 24/2023 de 21 de enero del 2025

PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados en la presente resolución son legalmente constitutivos de un delito de agresión sexual en la modalidad de violación, por penetración por vía vaginal con uso de violencia o intimidación,previsto y sancionado en los arts. 178, apartados 1 y 2, y 179 del Código Penal con la aplicación de los subtipos agravados del art. 180.1.4ª (relación sentimental de análoga afectividad a la matrimonial entre víctima y agresor), y del art. 180.1.6ª del mismo Cuerpo legal (uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código) todos ellos en la redacción aprobada por L.O. 10/2022 de 6 de septiembre, que es más favorable para el acusado que la vigente al tiempo de los hechos, en que la penalidad mínima para este tipo de conductas era de doce años de prisión, en lugar de siete años, que es la mínima establecida por la reforma de 2022.

El delito de violación -no incluido con este «nomen iuris» en la redacción original del Código Penal aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de noviembre pero sí en la reforma, operada en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, por la LO 11/1999, de 30 de abril- requiere los siguientes rasgos definidores: a) fuerza física que se proyecta y actúa sobre el cuerpo de la víctima; b) no precisa ser irresistible o de gravedad inusitada, sino la suficiente, la adecuada para el logro del fin perseguido; c) esa fuerza ha de ponderarse atendiendo al conjunto de circunstancias que rodean el hecho; d) entre la violencia y la acción sexual ejecutada ha de haber una conexión causal, y en cuanto a la resistencia de la víctima se ha convenido que no precisa ser desesperada, es bastante que sea real, verdadera, que exteriorice de forma inequívoca la voluntad opuesta al contacto sexual (entre otras, las ss.TS de 27-1-1997, 23-2-2001, 24-5-2001).

En el supuesto enjuiciado existen los elementos citados: se realizan actos invasores de la sexualidad de la denunciante, no consentidospor ella, al conminarla, esgrimiendo en todo momento un cuchillo, a dirigirse a una zona solitaria donde aquélla residía y, sujetándola del brazo, sin soltar el cuchillo, la obligó a quitarse el pantalón que vestía y a sentarse encima de él, haciendo caso omiso a los ruegos de la mujer, que no deseaba mantener relaciones sexuales, introduciéndole el pene en la vagina hasta eyacular en la zona genital.

El elemento subjetivo, ánimo lúbrico, es deducible de los propios actos realizados, de evidente contenido lascivo y de satisfacción sexual, siendo notorio que el dolo del sujeto abarcó el claro propósito de atentar contra la libertad sexual de la ofendida y de lograrlo mediante el empleo de violencia e intimidación para doblegar la voluntad de la víctima.

En este sentido, la jurisprudencia tiene declarado que el delito de violación se consuma por la «coniuctio membrorum» unida a la penetración del órgano viril masculino en los órganos genitales, aun cuando la penetración haya sido ligera o en la medida de lo posible en atención a las condiciones fisiológicas de los protagonistas, no siendo necesaria que la «inmissio penis» sea completa ( ss. 29-3-1996 y 20-5-1997) y menos aún la existencia de eyaculación, que en este caso sí llegó a producirse.

Resulta de aplicación al caso el subtipo agravado del art. 180.1.4ª del Código Penal invocado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular en sus conclusiones definitivas, dado que víctima y agresor habían mantenido en 2019 y 2020 durante varios meses una relación de pareja, con convivencia, de análoga afectividad a la matrimonial, circunstancia expresamente reconocida por ambos en el acto del plenario.

Asimismo es aplicable el subtipo agravado del art. 180.1.6ª del mismo Código, alegada por ambas partes acusadoras, ya que el acusado se valió de un cuchillo para doblegar la voluntad de su expareja y, pese a que no ha sido encontrado, es susceptible de causar la muerte o cuando menos, lesiones graves, como cualquier arma blanca provista de hoja, en caso de que hubiere penetrado en el cuerpo de la víctima, cosa que no ocurrió, al no oponer la mujer resistencia física al acceso carnal inconsentido.

SEGUNDO.-Los hechos relatados son asimismo constitutivos de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujerdel art. 153.1 del Código Penal, en atención al sujeto pasivo de la infracción, al tratarse de "...mujer que esté o haya estado ligado (con el agresor) por análoga relación de afectividad (a la conyugal) aun sin convivencia",por la agresión inferida por el acusado tanto antes del acceso carnal como en el curso del mismo ya que le propinó una patada y la agarró fuertemente a su pareja causándole hematomas, laceraciones y escoriaciones en distintas zonas del cuerpo (extremidades inferiores y superiores, cuello, espalda y frente) así como a nivel genital (introito vaginal y perineo) como se acredita con el parte facultativo emitido por el Servicio de urgencias del Hospital DIRECCION004 el día de los hechos (folios 74 y 75 del sumario) y con el informe de sanidad emitido por la médico forense que reconoció a la denunciante ese mismo día, unido a los folios 69 y 70, ampliado a los folios 169 y ss con la intervención de un segundo forense, ratificándose en sus informes en el plenario ambos facultativos que depusieron como peritos sometiéndose al interrogatorio contradictorio de las partes.

TERCERO.-Se le acusa asimismo de un delito de quebrantamiento de condena tipificado en el art. 468.2 del Código Penal, cuyos elementos configuradores son los siguientes:

1º) La existencia de una resolución judicial que imponga la condena al acusado de aproximarse a la víctima o comunicar con ella en la forma y por el plazo en ella establecidos.

2º) El conocimiento de dicha condena por parte del acusado, por lo que se requerirá su previa notificación.

3º) El incumplimiento de la pena por su parte, de forma consciente y voluntaria, pues es indudable la naturaleza dolosa del tipo, lo que excluirá, en consecuencia, los supuestos de encuentros puramente fortuitos o los producidos por fuerza mayor, así como cuando pueda el Tribunal apreciar error de prohibición en el obligado, por creer éste que la pena ha quedado judicialmente sin efecto o no alcance a entenderla.

Tales requisitos concurren en el presente caso pues, estando vigente la pena de alejamiento adoptada en virtud de sentencia dictada, por conformidad de las partes, el 25 de mayo de 2020 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº l de Almería en Diligencias Urgentes de Juicio Rápido nº 153/2020, cuya liquidación y notificación consta testimoniada a los folios 46 a 48 de la causa, de todo lo cual el procesado era perfectamente conocedor, y así lo admitió en el juicio, se aproximó a su antigua compañera sentimental -en protección de la cual se estableció dicha prohibición-, y bajo la conminación del cuchillo que esgrimía la llevó a su vivienda, donde la violó, y aun cuando la mujer hubiese consentido dicho quebrantamiento, consentimiento que ella negó categórica y reiteradamente, sería inocuo pues constituye doctrina jurisprudencial consolidada, a partir del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrado el 25-1-2008, que : "...el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468.2 del Código penal ",tesis que fue acogida por la STS 39/2009, 29 de enero, en base a la irrelevancia en derecho penal del perdón de la ofendida por la infracción criminal. La condena por tanto subsiste con el alcance y el deber de cumplimiento que tiene la prohibición impuesta y no queda sin efecto aunque no haya oposición a su incumplimiento por el cónyuge o expareja sentimental en cuyo favor se dicta ( STS 126/2011, de 31 de enero), oposición que en este caso no admite duda.

Ahora bien estas dos últimas infracciones criminales (lesiones y quebrantamiento) se hallan en concurso de normas y no de delitos, en tanto que, existiendo un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer del art. 153.1, el apartado 3 de este último precepto dispone "que las penas previstas en los núm. 1 y 2 de ese artículo se impondrán en su mitad superior cuando el delito...se realice quebrantando una pena de las comprendidas en el art. 48 de este Código...",y por ello en este caso en que se produjo el delito de lesiones quebrantando una pena de prohibición de aproximación nos encontramos, en virtud del principio de especialidad del art. 8.1 del Código Penal, ante un concurso de normas, esto es, ante una acción que puede calificarse por diversas normas, y atendiendo al principio de especialidad debe incardinarse en un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer agravado por el quebrantamiento y no ante uno de quebrantamiento de condena y otro de lesiones, por aplicación de la regla 4º del art. 8 del C. Penal, que lleva a castigar el hecho tan sólo de acuerdo con el tipo que prevé una mayor penalidad que es el art. 153.3 (nueve meses y un día a doce meses de prisión), siendo además mas favorable para el acusado que su punición por separado.

CUARTO.-De las expresadas infracciones es criminalmente responsable, en concepto de autor, el procesado Eduardo, por haberlos perpetrado directa y personalmente, de acuerdo con lo establecido en los art. 27 y 28 del CP.

A tal conclusión llega el Tribunal en función de la libre, conjunta y ponderada valoración de la prueba practicada en el plenario ( art. 741 LECr. ). Ha de señalarse a este respecto que si bien es cierto que en el enjuiciamiento de los delitos contra la libertad sexual resulta especialmente delicada la prueba, tanto de la autoría como de las circunstancias del acceso carnal ya que, de ordinario, el sujeto activo de estos delitos busca la ausencia de testigos que malogren su propósito, consumando la acción sin más presencia que la de la víctima, también es evidente en tales delitos, por esa clandestinidad generalmente existente, que el elemento básico con el que se cuenta respecto a la conducta desarrollada por el agente es el testimonio del propio sujeto pasivo a cuya declaración no se debe negar, por principio, credibilidad, si es clara y mantenida, salvo que aparezca algún móvil espurio o algún otro factor de distorsión.

En este caso, ha de destacarse la testifical de la propia víctima, cuyo testimonio fue introducido en el plenario a través de su interrogatorio contradictorio y practicado, por tanto, con todas las garantías necesarias para ser estimado como prueba de cargo suficiente ( ss. TS de 17/3/99, 10/5/99, 19/5/00, 18/6/01, 22/1/02, y T.C. ss. 201/89, 160/90, 229/91, 64/94), no apareciendo ninguna razón objetiva que invalidar sus afirmaciones. A tal efecto, en orden a la valoración probatoria del testimonio de la víctima, como única prueba de cargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha venido a señalar como notas necesarias para su adecuada ponderación, las siguientes: 1) ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones víctima-acusado; 2) verosimilitud del testimonio, en cuanto rodeado de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo dotan de aptitud probatoria y que contribuyen a reforzar la credibilidad de la víctima; y 3) persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin contradicciones ni ambigüedades ( SSTS 29-4-1997, 22-4-1999, 26-4-2000 y 18-7-2002, entre otras muchas). Presupuestos que concurren plenamente en el supuesto objeto de enjuiciamiento toda vez que, pese a que el acusado reconoció en el juicio haber mantenido relaciones sexuales completas con su expareja el día de autos sosteniendo que fueron mutuamente consentidas, la denunciante, víctima de la agresión, prestó testimonio en el acto del plenario, manifestando, de forma convincente, haber sufrido el ataque sexual que se describe en el Relato fáctico de la presente resolución asegurando que el acceso carnal no fue consentido puesto que el agresor le intimidó desde el primer momento con el cuchillo que esgrimía y además la agarró fuertemente del brazo y le propinó una patada, antes de forzarla sexualmente, y durante la penetración continuó sujetándola y le causó lesiones cuya existencia aparece plenamente corroborada por pruebas objetivas como son el parte facultativo del centro hospitalario en que fue asistida el mismo día y que a su vez se refrenda con el mencionado informe de sanidad forense y el informe psicológico del Instituto de Medicina Legal (folios 235 y ss.), ratificado por sus respectivos autores en el plenario, relato que es sustancialmente conforme con la manifestación que de los hechos realizó la víctima tanto en la denuncia que formuló ante la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de DIRECCION000 de Almería (folios 4 a 6 de la causa) como en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (folio 52), habiéndose encontrado semen en la ropa y la zona genital de la mujer cuyo perfil genético coincide con el ADN y haplotipo del cromosoma Y del procesado, a la luz del informe pericial del Departamento de Biología de la Guardia Civil, incorporado a los folios 132 y ss. del sumario, a cuya impugnación, planteada por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales, renunció en el plenario, razón por la cual todas las partes consideraron innecesaria la ratificación pericial de dicho informe.

En consecuencia, esta Sala considera que la declaración prestada por la víctima en el acto del juicio oral en relación con las que la preceden goza de plena credibilidad en todos sus extremos, tanto en lo relativo al lugar en que sitúa los mismos, características de los actos que integran las agresiones tanto sexual como física y circunstancias específicas que rodearon las mismas y aparece corroborada por otras pruebas, tanto personales como documentales, que refrendan la veracidad de su relato.

QUINTO.-En la ejecución del delito de lesiones con quebrantamiento de condena es de apreciar la circunstancia agravante de reincidencia al haber sido condenado con anterioridad el acusado por un delito de lesiones en sentencia dictada el 25-2-2021 por el Juzgado de Lo Penal nº 5 de Almería en Juicio Rápido nº 2/2021 que dio lugar a la Ejecutoria nº 440/2021, amén de por un delito de quebrantamiento de condena en sentencia de 25 de mayo de 2020 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Almería en Diligencias Urgentes de Juicio Rápido nº 153/2020.

SEXTO.-En orden a la individualización de las penas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.1.6ª del Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo (ss. 21-6-99, 5-10-00, 27-11-00, 24-1-01, 14-3-01), respecto del delito de agresión sexualcon acceso carnal por vía vaginal y utilización de violencia e intimidación tipificado en el art. 178, apartados 1 y 2 y art. 179 del Código Penal, en la redacción aprobada por L.O. 10/2022, de 6 de septiembre, se halla castigado genéricamente con la pena de siete a quince años de prisión, y al ser de aplicación dos subtipos agravados del art. 180.1, como son los previstos en el apartado 4º (relación sentimental de análoga afectividad a la matrimonial entre víctima y agresor), y en el 6º (uso de armas u otros medios igualmente peligrosos), ha de imponerse, por ministerio del art. 180.2 en su mitad superior, esto es, de once años y un día a quince años, estimándose adecuada la imposición de la pena de doce años de privación de libertad, próxima a la mínima legalmente establecida, en atención a la gravedad de la conducta y la violencia empleada por el acusado para doblegar la oposición de la víctima que le causó un quebranto no solo físico sino también psicológico el cual aún persiste. Dicha pena lleva aparejada la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art. 55 y 79 C.P.) . Conforme al art. 89.2 del Código Penal siendo la pena superior a cinco años de privación de libertad, se acuerda el ingreso en prisión del condenado por ser necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, y una vez acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del territorio español, al que no podrá regresar en un plazo de diez años desde la efectividad de la expulsión.

Asimismo, de conformidad con los art. 48 y 57, apartados 1 y 2 del mismo Cuerpo Legal, procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de la víctima, allí donde ésta se encuentre, y de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento, en ambos casos por tiempo de veinte años, que cumplirá de forma simultánea con la pena privativa de libertad, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo "in fine" del citado art. 57.1.

Se le impondrá igualmente, por aplicación del art. 192.3 inciso segundo del C. Penal, en la redacción introducida por L.O. 10/2022, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de veintidós años, es decir, diez más que la pena privativa de libertad, al tratarse de un delito legalmente conceptuado como grave ( art. 13.1 en relación con el 33.2.b) del Código Penal) .

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el art. 192.1 en relación con el 106 del Código Penal, por tratarse, como se ha indicado, de un delito grave al estar genéricamente castigado con pena de prisión cuyo límite máximo supera los cinco años (art. 33.2), es preceptivo imponer al procesado la medida de libertad vigilada durante los diez años siguientes al total cumplimiento de la pena de prisión, cuyo contenido se concretará en el tiempo y forma establecidos en el art. 105.2 en relación con el art. 98 del Código Penal.

En cuanto al delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujerdel art. 153.1, con aplicación del subtipo agravado del apartado 3 del mismo precepto, al haberse perpetrado quebrantando una pena de alejamiento, se halla castigado genéricamente con la pena de nueve meses y un día a un año de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos años y dos días a tres años, que se impondrá en su mitad superior por la concurrencia de la agravante de reincidencia ( art. 66.1.3ª del C.P.) se estima adecuada la imposición de la pena de once meses de privación de libertad y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres años, próxima a la mínima legalmente establecida, en atención a la entidad de la conducta y la violencia empleada por el acusado que llegó a causar lesión a la víctima, y al ser superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la tenencia y porte, conforme al art. 47, párrafo tercero del C. Penal. Dicha pena de prisión lleva asimismo aparejada la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56.1.2º y 79 C.P.) .

Asimismo, de conformidad con los art. 48 y 57, apartados 1 y 2, procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de la víctima, allí donde esta se encuentre, y de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento, en ambos casos por tiempo de tres años, al tratarse de delito menos grave, que cumplirá de forma simultánea con la pena privativa de libertad, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo "in fine" del citado art. 57.1.

No se estima precisa la instauración de dispositivo telemático para el control del cumplimento de las penas de prohibición de aproximación, como interesan el Fiscal y la acusación particular con invocación del art. 48.4 del Código, dado que el acusado se halla en prisión, situación en la que permanecerá varios años años más en cumplimiento de la condena impuesta en esta resolución, de adquirir firmeza. En todo caso, la implantación de dicho dispositivo no constituye una pena adicional a las impuestas en sentencia sino un instrumento útil para controlar el efectivo cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación a la víctima, como previene el citado art. 48.4, y por tanto, si en el futuro se estimara necesario, puede adoptarse en cualquier momento en fase de ejecutoria, hasta la extinción de la condena.

SÉPTIMO.-Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente ( art. 116.1 del C.P.) y, además, debe ser condenado al pago de las costas procesales, incluidas las ocasionadas por la intervención de la acusación particular ( artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

El artículo 110 del mismo cuerpo legal previene que la responsabilidad civil «ex delicto» comprende «la restitución» de la cosa, «la reparación del daño» y la «indemnización de perjuicios materiales y morales». Así pues, por las lesiones padecidas por la víctima se otorga una indemnización de 610 euros, a razón de setenta euros por cada uno de los siete días que estuvo incapacitada para sus ocupaciones, y cuarenta euros por cada uno de los tres días restantes que tardó en curar de las mismas, según el informe de sanidad forense incorporado a la causa (folios 164 y ss). A diferencia del daño físico, el daño moral no es mensurable bajo los patrones del día de lesión o de valor de la restitución o reparación concreta. Si difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, la angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico más aún lo es traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales que, como dispone la STS de 2 de marzo de 1994 «es una consecuencia misma del hecho delictivo y no precisa concretarse en alteraciones patológicas o psicológicas previamente diagnosticadas», quedando, pues, en definitiva, a la prudencia del Tribunal, dentro de los límites de las pretensiones resarcitorias producidas en la causa.

En consecuencia, el acusado debe indemnizar a la víctima en la cantidad de 30.000 euros, por los daños morales y psicológicos que los hechos enjuiciados le han ocasionado y que se reflejan en el informe pericial incorporado al folio 235 y ss.), cantidad que se fija prudencialmente atendiendo a la naturaleza de la agresión e incidencia en su vida personal y familiar.

Dichas cantidades, ascendentes a 30.610 euros, devengarán el interés legal del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos además de los citados, los artículos 1, 2, 3, 5, 10, 116 y 123 del Código Penal vigente y 14, 141, 142, 239, 240, 741, 742 y 779 y siguientes de la Ley Procesal Penal.