Sentencia Penal 448/2024 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 87/2023 de 21 de octubre del 2024

PRIMERO.-Con carácter previo se alegó por la defensa del acusado la prescripción de los delitos argumentando en el plenario que estaría prescrito el delito de falsificación en documento privado pues han transcurrido los tres años que eran aplicables en aquel momento. Alegaba que el documento presuntamente falso es de 11 de enero de 2.010 y han trascurrido o los tres o los cinco años desde que se produjo el supuesto delito que se le imputa a su cliente, como se menciona en la querella donde se reconoció de adverso que tras marcharse el querellante D. Geronimo se esperó a que se marchase para modificar el importe del documento produciéndose en enero de 2010 la presunta falsificación, que se dice que se hizo en ese acto con dos tintas diferentes. Argumentó la defensa de los acusados que habrá que estar al delito más grave como hablamos de tentativa el delito más grave sería la falsedad, porque está en tentativa la estafa, por lo que si el delito medial estaría prescrito, igualmente lo está la estafa procesal que es el delito final ( STS 11 de abril de 2018).

Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular se opusieron a la prescripción alegada argumentando que pese a que la fecha del recibo es el 1 de enero de 2010 el dies a quo no es la fecha del recibo, sino el tiempo en el que concurren todo los elementos que el tipo exige, y la mendacidad la adquiere cuando existe perjuicio de tercero, desde que lo incorpora al trafico jurídico, desde que lo presenta con su demanda cuando se considera que es el dies a quo, esto es, el 21 de febrero de 2019 que es cuando se presenta la demanda y sería cuando se inicia el cómputo del plazo de prescripción. Los querellantes desconocían cuando se realizó la falsificación. Las modificaciones se realizaron antes de 21 de febrero de 2019 y entran en el trafico jurídico en esa fecha, siendo el plazo de prescripción de la estafa procesal de 10 años.

La alegación debe ser rechazada.

Como establece el Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 17 de julio de 2009 y de 23 de noviembre de 2009, el valor al que sirve la figura de la prescripción penal "es la seguridad jurídica, evitando una pendencia sine die de la amenaza penal sobre aquéllos a quienes pueda considerarse implicados en un delito"( STC 29/2008, de 20 de febrero; y, en el mismo sentido, STC 129/2008, de 27 de octubre, a los efectos de garantizar "su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal" ( SSTC 157/1990, de 18 de octubre ; 29/2008, de 20 de febrero ; y 79/2008, de 14 de julio , razón por la cual "no se vincula sólo al paso del tiempo, sino que (...) se relaciona con la actividad judicial a través de la cual se ejerce el ius puniendi del Estado" ( STC 29/2008, de 20 de febrero )".

En el presente supuesto, alega la defensa del acusado que el dies a quo a efectos de comenzar a computar el plazo relativo al instituto de la prescripción se referiría a fecha de 11 de enero de 2.010, por tratarse de la fecha que consta en el recibo de pago presuntamente falsificado, que fue presentado como medio de prueba ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal Overa.

Sin embargo, tal y como las acusaciones tanto pública como privada detallan en sus respectivos escritos de acusación, en el relato de hechos objeto de acusación, se contiene que la supuesta manipulación del documento se produce en una fecha posterior al 11 de enero de 2.010 y anterior a su presentación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa el 21 de Febrero de 2.019. En tal sentido, el relato de hechos objeto de acusación se refiere al uso de dicho documento como medio de prueba que acompañaría a la demanda interpuesta en la referida última fecha por el acusado.

De este modo, para los supuestos de falsedad en documento privado en cuanto al dies a quo para el cómputo de la prescripción del delito, en las ocasiones en que no consta, como sucede en este caso, el momento en el que documento mendaz ha sido confeccionado, o aquellas en que la vocación de perjuicio surge en su autor con posterioridad, el dies a quo para el cómputo de la prescripción se ha concretado en aquel en que el documento mendaz ha sido introducido al tráfico jurídico ( Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo penal, de 11 de abril de 2018, recurso 1223/2017).

Por su parte, en cuanto a la estafa procesal, señala el Tribunal Supremo que el delito se consuma cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, momento en el que se fija el dies a quo, sin que deba confundirse con el agotamiento del delito consistente en el efectivo y material perjuicio ocasionado por la maniobra fraudulenta ( STS 1743/2022, de 22 de octubre de 2002). Sin embargo, al tratarse de un delito en tentativa, y, en consecuencia, no consumado, deberá entenderse que el tiempo de la prescripción comenzó a correr desde que se cesó la actividad delictiva.

Nos recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de 2024 la STS 386/2011, de 18 de abril, con cita de la de 19 de mayo de 2009, según a cual "cuando todo el documento es una mendaz elaboración con la que se pretende documentar falsamente la realización de un acto que nunca existió ... //... y la intervención de personas que no la tuvieron, la fecha que el mendaz documento refleja no tiene que considerarse como fecha en que se materializó la falsificación, pues la propia falsedad de todo el documento impide que su aparente fecha se considere como la verdadera de su material elaboración";añadiendo que en estos supuestos el plazo prescriptivo deberá computarse desde que se tuvo certeza de la existencia o creación del documento.

Por todo ello, en este caso, no podremos partir como fecha inicial a los efectos del cómputo del instituto de la prescripción en la señalada en el documento indicado, que no se corresponderá, como se ha señalado, con la fecha de la confección del documento, sino que, deberemos entender como dies a quo la fecha de interposición de la demanda a través de la cual se hace uso del documento presuntamente falso y se introduce en el tráfico jurídico ante el órgano judicial, siendo así la de 21 de Febrero de 2019 para ambos tipos penales.

De este modo, el plazo de prescripción, en dicha fecha y en virtud del art. 131 del Código Penal, se fijaría en un plazo de 10 años para los delitos de estafa procesal y 5 años para el delito de falsedad por los que se formula acusación en virtud de las penas previstas para cada uno de ellos, aplicándose el art. 131.4 del Código Penal el plazo de prescripción del delito más grave, por lo que en ningún caso, habiéndose admitido a trámite la querella por Auto de fecha 15 de enero de 2.021, tan solo habrían transcurrido un año y once meses desde el dies a quo, por lo que no habría tenido lugar la prescripción de la responsabilidad penal, sin que haya transcurrido durante la tramitación de la causa ningún periodo superior entre actuaciones de carácter sustantivo con eficacia interruptiva del plazo de prescripción y, en consecuencia, no podrá entenderse prescrita la responsabilidad penal.

SEGUNDO.-Recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de 2024 la STS 386/2011, de 18 de abril la doctrina jurisprudencial recogida en la STS 232/2022, de 14 de marzo, emitida por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y reiterada después en múltiples resoluciones ( SSTS 737/2022, de 19 de julio; 241/2023, de 30 de marzo; 269/2023, de 19 de abril; 742/2023, de 5 de octubre; 1023/2022, de 26 de abril de 2023), según la cual "en la falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código Penal el bien jurídico protegido no es solo individual, sino que adquiere una proyección colectiva y social mucho más acentuada que con el delito de falsedad en documento privado, residiendo en esto su mayor reproche punitivo. Destacamos que el documento mercantil aparece mencionado en el artículo 392 del Código Penal junto a los comportamientos falsarios que recaen sobre documentos públicos y oficiales, equiparándose en sus consecuencias penológicas, mostrando con ello que las tres conductas comparten un bien jurídico público y colectivo. Por ello, si el tipo penal protegía el interés general y la confianza de la ciudadanía en el buen uso de las facultades o potestades reconocidas a determinadas autoridades o funcionarios para confeccionar documentos públicos u oficiales, su equiparación con el documento mercantil imponía una particular intensidad lesiva en las funciones documentales de este tipo de documentos, único supuesto en el que la falsedad podía ser equiparable a la de los documentos públicos u oficiales.

Con esta consideración dijimos que la aplicación de esta conducta falsaria debía limitarse a aquellos documentos mercantiles que, por el grado de confianza que generan para terceros, pueden afectar potencialmente al valor de la seguridad en una dimensión colectiva y no individual del tráfico jurídico-mercantil. Y consideramos que la falsedad de otro tipo de documentos, aun recogiendo operaciones mercantiles o de comercio, quedaba suficientemente amparada mediante la aplicación del tipo penal del artículo 395 del Código Penal .

Entre los documentos cuyo falseamiento compromete el bien jurídico protegido por el artículo 392 del Código Penal señalamos, con fines meramente enunciativos: a) los que tienen el carácter legal de título-valor; b) los que obedezcan al cumplimiento de una obligación normativa de documentación mercantil que funcionalmente les acerca a los documentos emitidos por ciertos funcionarios con capacidad documentadora, como por ejemplo los libros y documentos contables, las actas de juntas de sociedades de capital o las certificaciones con potencial acceso al Registro Mercantil; c) también los que documentan contratos-tipo, clausulados generales o particulares en relaciones de consumo, como contratos de seguro, bancarios, de financiación o transporte; d) además, aquellos contratos sometidos a condiciones normativas de forma o supervisión, incluida la intervención pública, como contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión y e) aquellos documentos que bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tuvieran una finalidad ajena a ese funcionamiento y buscaran la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades bancarias o de crédito."

Como sucede en el supuesto estudiado en la resolución citada completamente aplicable al presente caso, no afecta a la seguridad del tráfico mercantil desde un sentido colectivo, la falsificación de documentos que surge en el ámbito de una relación contractual privada en la que una de las partes es un comerciante o una empresa aunque resultara acreditado que el documento se confeccionara para generar un engaño sobre tercero, a la autoridad judicial como se discute en este caso. El documento presuntamente falseado, un recibo de pago, carece de proyección y eficacia colectiva, buscando únicamente afectar a la obligación recíproca existente entre las partes.

Por ello de entenderse indubitadamente acreditados los hechos por los que se formula acusación, lo que como ahora veremos no es el caso, en todo caso, no estaríamos hablando de un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código Penal sino de un delito de falsedad en documento privado del artículo 395 del mismo texto.

Aclarado este punto, cobraría importancia la doctrina recordada por la Sentencia citada que proclama que aunque la estafa realizada a través de un documento público, oficial o de comercio no consume la antijuridicidad del delito de falsedad, sí se produce esa absorción y existe un conflicto de normas que debe resolverse por el principio de consunción del artículo 8.3 del Código Penal cuando se utilizan documentos privados falsos en el engaño de un tercero, pues el perjuicio de tercero o la intención de perjudicar es un elemento que está incluido en el artículo 395 del Código Penal, al sancionar al que "para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390"( SSTS 1227/1998, de 17 de diciembre; 1529/2003, de 14 de noviembre; 640/2007, de 6 de julio; 431/2011, de 16 de abril o 192/2019, de 9 de abril, entre muchas otras).

TERCERO.-Tras la conjunta valoración de la prueba practicada, conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Tribunal no puede tener por acreditados otros hechos que los reflejados, los cuales no son constitutivos de los delitos de falsedad y estafa procesal, que como ya hemos analizado, en todo caso, se trataría de un único delito de falsedad en documento privado ex art. 395 el Código Penal, por los que se formuló acusación.

En nuestro sistema procesal rige el principio de presunción de inocencia, elevado a la categoría de derecho fundamental ( art. 24 CE) , en virtud del cual nadie puede ser condenado en tanto en cuanto no se demuestre su culpabilidad mediante la práctica de pruebas de cargo, cuya aportación corresponde a la acusación, que permitan considerar acreditada más allá de toda duda razonable tanto la realidad de los hechos que se le atribuyen como su participación en ellos (por todas, SSTC 201/89, 217/89 y 283/93).

En estrecha relación con la presunción de inocencia se halla el principio "in dubio pro reo". El Tribunal Supremo tiene declarado que se trata de un principio de carácter eminentemente procesal, utilizable en el ámbito de la crítica de la prueba, e instrumental en orden a resolver los conflictos en los que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado, supuestos en los que la duda surgida debe ser resuelta a favor del reo ( STS de 25-04-2003).

Se atribuye al acusado haber manipulado el recibo de pago emitido en fecha de 11 de Enero de 2.010 en el que se recoge que el querellante, D. Manuel, recibió del acusado, más concretamente de la empresa de la que éste es administrador único, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMANZORA S.L., también acusada, la cantidad de 95.000 euros. Dicho recibo fue presentado junto con la reclamación judicial interpuesta por la empresa acusada solicitando la resolución del contrato de compraventa de una finca rustica firmado entre ambas partes así como el reintegro de las cantidades abonadas en este concepto, entre las que se encontraba el citado pago que el recibo supuestamente falseado documenta. El querellante, D. Manuel, sostiene que en la citada fecha no recibió la cantidad de 95.000 euros sino la de 5.000 euros, habiendo falseado el acusado el recibo de pago añadiendo el 9 delante del 5 así como el cuerpo del recibo con posterioridad a la firma por éste.

Las afirmaciones del querellante se sustentan fundamentalmente sobre la base de la prueba pericial documentoscopia realizada sobre el citado documento, el recibo de pago, que obra a los folios 60 a 74 de la causa.

En dicha pericial, que fue ratificada en el acto del juicio por el perito caligráfico D. Rafael se concluye, tras el análisis del documento con tres técnicas diferentes (observación técnica microcóspica, examen hiperespectral y examen mediante el sistema Raman), que la cifra 95.000 presenta distintas tonalidades en el pigmento de la tinta, correspondiendo al 9 y al 5 la más oscura, así como que el 5 se halla con un doble trazo habiendo sido repasado con la misma tinta que el número 9 que le precede, distintas del 5 inicial y del resto del guarismo, esto es, de los tres 0 que le siguen, confirmándose la presencia de dos tintas distintas en el documento; una tinta utilizada en la fecha, firma, nombre y apellidos (al pie de firma) y cifra 5.000, y otra tinta diferente utilizada para escribir Proyectos y Const. Almanzora, NOVENTA Y CINCO MIL, compra de terreno polígono 32, parcela 88, líneas y puntos cubriendo espacios y cifra 95.

Las referidas conclusiones según el informe se extraen de todos los estudios practicados que confluyen en la misma dirección por lo que se dictamina que las conclusiones alcanzadas son compatibles con añadidos posteriores al documento inicial.

El referido informe pericial unido a la declaración testifical en el acto del juicio de los querellantes, en particular de D. Manuel que negó categóricamente haber recibido la cantidad de 95.000 euros el citado día, sino tan solo 5.000 euros en concepto de intereses, siendo compatible su declaración con las conclusiones del informe que apuntan a que pudo añadirse con posterioridad tanto el 9 delante del 5.000 como la cantidad y el concepto en letra, son las dos principales pruebas de cargo que se han practicado en el procedimiento.

Sin embargo, se dan circunstancias que impiden tener por acreditado con el necesario nivel de certeza que el citado recibo haya sido efectivamente manipulado o falseado por el acusado, provocando una duda razonable sobre lo que en realidad aconteció en este caso:

.- En primer lugar, el acusado explicó en el plenario de forma coherente y con solvencia el iter de los acontecimientos explicando que "en 2004 era administrador de la mercantil Proyectos y Construcciones Almanzora, y que aparte de esta mercantil tiene otras empresas, como DIRECCION001" y que "suscribió contrato de compraventa y firmaron el contrato el 20 de septiembre de 2004 y fijaron un calendario de pagos",así como que "la finca que se compraba no tenía ningún titulo, no tenía escritura el vendedor, tenía que hacer una expediente de dominio y eso llevaba por lo menos un año. Iba haciéndole pagos, en todos los recibos sobre todo los últimos, se iba ampliando el plazo que era conforme y fueron haciéndole pagos hasta el día del último pago que el vendedor le obligó a hacer un pago muy importante porque si no no hacía escritura."

Continuó relatando que "este hombre (el querellante) le exigió que todos los pagos fueran en metálico, desde el primero hasta el ultimo, todos y hasta el último de 95.000 euros le exigió que fueran en metálico, y en todas y cada una de las entregas hay un recibo firmado, todo está en el expediente, con recibos en metálico, se aporta justificante de que ha sacado dinero en metálico porque lo quería todo en metálico, no es verdad que esas cantidades fueron por intereses, fue pasando el tiempo, y él fue haciéndole pagos pero no quería hacer la escritura, y le obligó a hacerle un último pago de 95.000 euros."

Respecto de este último pago del 11 de enero de 2010, detalló que "la situación económica de su empresa ya estaba muy mal en esa fecha pero la verdad que hicieron un esfuerzo máximo para cumplir y reunieron los 95.000 euros, pero la finca ya estaba pagada casi en la totalidad, de golpe entrega esa cantidad porque no le hacía la escritura. Le dijo que o le hacía un pago importante o no le hacía la escritura, y veía que iba a perder la finca. No añadió nada, él hace cientos de recibos y con este hombre siempre lo hace igual, era un pequeño empresario de la construcción, les vendió casas a los ingleses, y se subió al carro, se manejaba en notarias, tenía sus asesores, le vendió varias fincas."

El acusado dijo que "era falso que rescindiera el contrato, lo hace todo por escrito, como va a perder esa cantidad que ya había dado, es falso rotundamente que haya rescindido nada verbalmente, después del pago del año 2010 la verdad que ya la finca no la necesitaba mucho no se podía construir mucho con el ladrillo, él tenía que hacer un expediente de dominio y eso tarda más de un año. El recibo lo rellenó él, saco el dinero del banco que ahí tiene las disposiciones, contamos el dinero, vio que estaba todo el dinero, y este hombre lo firmó porque este hombre no firma nada a medias. Tuvo que ir sacando el dinero poco a poco, el banco no tenía dinero, lo fue sacando desde el día 11 de diciembre en cinco o seis disposiciones como ahí viene y tuvo que tenerlo guardado asustado y cuando volvieron de navidad le pagó."

Indicó que "siempre hacía los recibos igual, Manuel estaba enfrente el dinero se contó se relleno el recibo y después lo firmó. No sabe si estaba resaltado o no, si les interrumpieron o no, de esto hace ya catorce años, sabe que el dinero estaba allí, que él estaba allí, después de contarlo lo firmó. Como hace tanto tiempo él lo que sabe es que a este hombre le entregó el dinero rellenaron el recibo y lo firmó y él siempre se llevaba copia del recibo."

Reiteró que "lo único que cuestiona es el último recibo de 95.000 euros, tuvo que sacarlos del banco y ha aportado 5 ó 6 recibos, e incluso tuvo que ir a dos pueblos porque cerraban por la navidad, y quiso dejar todo el dinero preparado, eso es aplastante, el retiró en disposiciones en efectivo, mas claro no sabe que tiene que hacer ya. DIRECCION001 es una empresa de la que es administrador y tuvo que sacar el dinero también de esa cuenta, es su empresa de la que retiró el dinero, ahí están los cinco justificantes del dinero que el sacó, es una empresa de él que es el administrador y el dueño."

Su declaración es totalmente coherente con lo que manifestó el acusado ya en sede de instrucción en la que ofreció idénticas explicaciones volviendo a reiterar que todos los pagos eran como pago de la finca, siendo falso que fueran por intereses, que nunca se habló de intereses, y se pagó un último recibo de 95.000 euros, así como que el querellante nunca jamas firmó en blanco, que siempre se llevaba copia de los recibos, y que era imposible que se manipulara el recibo y que añadiera nada. En la declaración en sede de instrucción se puede comprobar que el acusado portaba consigo unos documentos que ya entonces decía que justificaban de donde salieron los 95.000 euros, detallando que eran disposiciones en efectivo que relaciona durante su declaración poniendo a disposición del Juzgado los recibos de las extracciones que hizo del banco y que suman 95.000 euros.

.- Corroborando sus manifestaciones el acusado aportó al inicio del acto del juicio cinco documentos del Banco Popular correspondientes a cinco disposiciones de efectivo en las que se puede comprobar, pues en algunas de ellas se identifica al acusado, D. Geronimo como la persona que dispone de la cuenta de la empresa DIRECCION001 SL, siendo la misma firma en todas las disposiciones, que es el acusado personalmente el que retiró en efectivo en fechas inmediatamente anteriores a la firma del recibo de pago dubitado, entre el 11 y el 31 de Diciembre de 2.009, diferentes cantidades que suman la cantidad exacta de 95.000 euros.

Se trata de una cantidad muy elevada para tenerla en efectivo y que se corresponde con exactitud con que afirma el acusado que le entregó pocos días después, el 11 de Enero de 2.010 a D. Manuel viniendo a corroborarse de esta manera su afirmación.

.- La declaración del querellante, D. Manuel, no resulta del todo creíble en dos aspectos concretos que detalla de la relación contractual, el supuesto pago de intereses y lo términos de la supuesta resolución consensuada del contrato.

En el plenario D. Manuel, reconoció que no era la primera vez que realizaba negocios con el acusado, que ya le había vendido dos fincas más, y afirmó que "le pagó los tres primeros pagos y deja de pagar cuando la junta le dice que no puede construir, quedan en un aplazamiento de pagarle los intereses a ver si la cosa cambiaba y por la crisis económica, acordaron que le pagara los intereses, el aplazamiento no lo acordaron, se lo entregaba en dinero, le hacían recibo pero en números, solo ponía una cantidad, solo la cantidad en numero, y firmaba ese recibo en ese momento, los recibos de intereses estaban todos hechos a mano, no tiene cabeza para acordarse si le firmaba cosas en blanco no."Claramente recordaba que el recibo último era de 5.000 euros y "que tuvo que coger a su padre(del acusado) y fue su padre el que le dio los 5.000 euros y el acusado le hizo el recibo, él le firmó el recibo de 5.000 euros y le dio el dinero su padre, no le dio resguardo ni le dio nada de nada, el recibo el vio que ponía 5000 euros en metálico, el siempre le ha pagado en metálico."

El primero de los aspectos que no resulta creíble se refiere al hecho de que las cantidades abonadas en los años 2.007, 2008, 2009 y 2.010 lo fueran en concepto de intereses. Primero porque no es este el concepto de aparecía en los recibos de pago, como puede comprobarse a los folios 127, 128 y 129 de la causa donde figuran tres de los referidos recibos, indicándose que el pago es por la compra de terreno. Y segundo, por el hecho de que no se concreta ni siquiera de forma genérica como se calculaban los supuestos intereses resultando llamativo que las cantidades abonadas difieran tanto en los diferentes periodos anuales. Así durante el año 2.007 son solo 2.000 euros mientras en 2.008 se abonan en total 8.000 euros en diferentes pagos y en 2.009 tan solo 2.500 euros. No se observa ningún patrón en las entregas que permita deducir que se trata de intereses calculados de una suma.

Por otro lado, también resultan confusas sus explicaciones sobre la forma y las condiciones en las que según su relato quedó resuelto el contrato de compraventa privado celebrado entre las partes, pues reconoce D. Manuel que del total del precio pactado por la finca, 256.752 euros, recibió al menos la cantidad de 134.000 euros, algo más de la mitad de la totalidad del precio, sin contar los supuestos pagos por intereses.

Relato en el juicio D. Manuel que respecto de la resolución del contrato le dijo al acusado "mira no quiero quedarme con un tanto tuyo así, te voy dar un trozo de terreno y resolvemos el contrato y le dijo que había un problema que no se puede segregar, y lo arregló en el catastro, le dio un terreno para compensarlo."Sin embargo no quedó claro como se realizó la compensación de la que habló, de la que tampoco se aportó principio de prueba alguno en el procedimiento penal. Tampoco resultan coherentes las explicaciones dadas en el plenario con lo que el propio querellante, a través de su representación procesal, relató en la contestación a la demanda interpuesta en el procedimiento judicial civil instando por el acusado para la resolución contractual en la que se explica (si bien solo constan algunos folios) que ambas partes de mutuo acuerdo debido a los graves incumplimientos del comprador deciden resolver y rescindir el contrato de compraventa, resarciéndose los querrellantes con las cantidades entregadas a cuenta y en concepto de intereses por dicho incumplimiento (folio 102 de la causa). Su postura procesal no resulta coherente en ambos procesos, explicando de forma distinta en el proceso civil que en el penal como tuvo lugar la resolución del contrato.

.- La pericial documentoscopica, pese a ser la fundamental prueba de cargo en este caso tan solo hace prueba de que en el documento presuntamente falseado se emplearon dos tintas diferentes pero ninguna de sus conclusiones precisa si se utilizaron en un mismo momento temporal o no, esto es, más allá de dictaminar que es compatible con que el documento pudiera ser posteriormente manipulado, no es capaz de precisar tras los estudios realizados el intervalo temporal que medió en la utilización de las dos tintas que se emplearon en la confección del documento, pese a que el perito en el acto del juicio afirmara que en la cifra 95.000 hay una superposición y que hay distintas tintas que indican distintos momentos en la ejecución del grafiado. Esto tiene trascendencia pues no es lógico pensar que la supuesta falsificación se operara cuando el documento se confeccionó en el año 2.010, ya que no tendría ningún sentido realizar tal manipulación para que fuese utilizada nueve años después, que fue cuando se interpuso la demanda. Lo lógico es que se manipulara en un momento muy posterior, probablemente cuando el acusado conoció que se había vendido la finca a un tercero y se planteara presentar la demanda. Sin embargo, la pericia realizada sobre el documento original no ha sido capaz de concretar la data siquiera aproximada de la utilización de las diferentes tintas empleadas en el documento con lo cual el resultado de la misma también es compatible con el hecho de que el acusado utilizara dos bolígrafos distintos cuando confeccionó el documento, primero uno y luego el otro, pero previamente a su firma por el querellante. La pericial practicada, por lo tanto, no puede considerarse concluyente respecto de la falsedad del documento.

.- La prueba pericial judicial grafotécnica obrante a los folios 197 a 201 de la causa, que también fue ratificada en el acto del juicio por la perito Dña. Marí Juana, no aporta ningún dato significativo pues se limita a analizar la autoría de la firma y letra del documento dubitado, el recibo de pago, corresponde al acusado o los querellantes, concluyendo, como ya ha sido reconocido por sus propios autores, que la firma del recibo presenta indicios de su autoría por D. Manuel y que de la escritura que rellena el recibo es autor el acusado.

Respecto de la querellante, Dña. Carmen, esposa de D. Manuel que ningún dato relevante pudo aportar sobre lo ocurrido en el plenario, ni la escritura ni la firma del recibo se corresponden con su autoría.

En suma, la prueba practicada no permite descartar con el debido grado de certeza que el recibo de pago aportado por el acusado al procedimientos civil sea auténtico, lo cual es tanto como afirmar -teniendo en cuenta el principio in dubio pro reo- que no ha quedado acreditada la falsificación objeto de acusación ni, en consecuencia, la presentación de un documento falso al Juzgado para obtener un lucro ilícito. Procede, por tanto, la libre absolución de los acusados.

CUARTO.-Por aplicación de los art. 240.1 LECR y 123 CP, deben ser declaradas de oficio las costas procesales.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,