Sentencia Penal 344/2025 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 31/2025 de 24 de julio del 2025

PRIMERO.-Con carácter previo, conviene recordar, una vez más, que el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución, dejando de constituir un mero postulado ideal impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito valorativo, ha pasado a ser norma directa vinculante para todos los poderes públicos, erigiéndose en derecho cardinal y básico de todo ciudadano e incorporándose a nuestra Carta Magna entre los diversos derechos fundamentales contenidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución de 1978. Derecho a la presunción de inocencia a que el artículo 24.2 da acogida entre el listado de los derechos fundamentales, y que ya viene reconocido y proclamado en diversos convenios de rango internacional. Así, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley. Declaración reiterada en el artículo 6.2 del Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 y en el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Consignándose en el Acta Final de Helsinki de 1 de agosto de 1975 la importancia atribuida al respeto de los derechos fundamentales, tal y como resulta especialmente de las constituciones de los Estados miembros y de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. De tal derecho se hace adecuado eco la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 , en cuanto constituye precepto constitucional, concibiendo su infracción como basamento suficiente del recurso de casación ( artículo 5.4) y, en adecuado reflejo del artículo 53 de la Constitución, recordando que los derechos y libertades reconocidos en los referidos título y capítulo de la misma, vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales, estando garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos; añadiendo que tales derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido (artículo 7.1 y 2 de la Ley Orgánica citada).

Descendiendo ya a un plano de mayor concreción, es sabido que entre las múltiples facetas que comporta la presunción de inocencia, hay una, procesal, que consiste en desplazar el "onus probandi", con otros efectos añadidos. En tal sentido, el Tribunal Constitucional (Sentencias de 26 de abril de 1990 y 13 de octubre de 1992) ha dicho que la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las cuatro siguientes exigencias:

1ª) La carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.

2ª) Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad.

3ª) De dicha regla sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción.

4ª) La valoración conjunta de la prueba practicada es una facultad exclusiva del Juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración, la cual le corresponde en exclusiva al Órgano Judicial ante el que se haya practicado la prueba, en respeto y cumplimiento del principio de inmediación.

Partiendo de estas ideas iniciales, es reiterada la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de que la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum que exige para ser desvirtuada la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, constitucionalmente legítima, producida con las debidas garantías procesales, que se ofrezca racionalmente de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del acusado; todo ello en relación con el delito de que se trate y los elementos específicos que le configuran (así, SSTC de 27 de noviembre de 1985, 19 de febrero de 1987, 1 de diciembre de 1988 y 20 de febrero de 1989 y del TS de 19 de mayo de 1987 , 17 y 20 de octubre de 1988 , entre otras muchas).

Hechas estas reflexiones, en esencia debemos estudiar estos requisitos en tres aspectos, que son los siguientes:

- Respecto del delito de contrabando debe basarse en el valor de la embarcación en la que navegaban los acusados, para determinar si nos encontramos o no ante un delito de contrabando.

- La segunda de las cuestiones que debemos estudiar hace referencia a la sustancia que iba en las garrafas, y si consideramos que en las mismas había gasolina, determinar si en ese caso nos encontraríamos ante un delito del art. 348 CP.

- Y la tercera hace referencia al delito de atentado por el que también se acusa, basado en el hecho de que por la acusación se indica que la embarcación que llevaban los acusados chocó de forma deliberada con la patrullera de la Guardia Civil, y que esa acción es constitutiva de un delito de atentado.

1.- Delito de contrabando

Sobre la primera de las cuestiones, hemos de partir que la calificación que hace el Ministerio Fiscal es por el art. 2.2.b) de la Ley 12/1995.

En éste precepto se establece que: "Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:

Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes."

El TS declara que a raíz de la entrada en vigor del RD 16/2018 que se aprobó para sancionar estas conductas de uso de embarcaciones de estas características para combatir el tráfico de drogas, la mera tenencia de las mismas en las condiciones que marca el RD 16/2018 es ya delito de contrabando, por lo que la tenencia de la embarcación con las condiciones del RDL 16/2018 es género prohibido y es contrabando la tenencia de género prohibido.

Es irrelevante la utilización que se le de a la embarcación, pues con las características que se citan, quienes utilizan la embarcación para hacerla navegar, bien personalmente o bien por persona intermedia, llevando a cabo o impulsando su periplo a las costas peninsulares.

Así, el hecho relativo al empleo de la embarcación intervenida es constitutivo del delito de contrabando tipificado en el art. 2.2 b) en relación con el art. 1 .12 de la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre y son autores los que en la misma se encuentran.

Señala la exposición de motivos del RDL 16/2018 que: "El objetivo de mejorar la eficacia en la prevención y lucha contra el contrabando practicado por medio de este tipo de embarcaciones justifica la calificación de las mismas como género prohibido a efectos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, tomando en consideración sus características técnicas, su titularidad y la finalidad de su uso, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes."

Debemos recordar también, que tendrán la consideración de género prohibido, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, "las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características:

"Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios.

Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total. ( Art. 1 RDL 16/2018)."

Sobre la autoría, debemos también recordar, que la exposición de motivos del RDL 16/2018 hace mención no solo a los patronos, sino también a los tripulantes.

No hay exclusión de responsabilidad penal a los que no sean patronos o titulares de la embarcación, por ello también alcanzará a los usuarios.

Para saber si estamos ante un delito o sólo ante una infracción administrativa, nos debemos pues centrar exclusivamente en el valor que tenía la embarcación.

Debemos aclarar que debemos conocer el valor que tendría la embarcación momentos anteriores al accidente que tuvo con la patrullera de la Guardia Civil, ya que el mismo se vio seriamente mermado con posterioridad.

Hemos de remitirnos al informe pericial que obra en las actuaciones al folio 132 y siguientes, realizado por el Perito Sr. Borja, y sometido a contradicción en el Plenario.

En las conclusiones del mismo, tras hacer una descripción de los daños que se causaron, se determina que el valor de la misma asciende a 114.000 euros, aunque por las reparaciones que hay que hacer y la puesta a punto de la misma, el mismo se reduce en un 90%, por lo que la embarcación en el momento actual tiene un valor de 11.400 euros.

Pero hemos de recordar que antes del accidente, fue perseguida por un largo periodo de tiempo por la patrullera de la Guardia Civil, a pesar de llevar más de dos toneladas de peso, con una velocidad superior a 40 nudos, por lo que hemos de afirmar que su estado de funcionamiento era cercano al óptimo, si es que no esta totalmente óptimo, por lo que su valoración en ese momento debe ser la indicada en primer lugar de 114.000 euros.

Por todo ello, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de contrabando ya mencionado del art. 2.2.b) de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

2.- Delito de riesgo

En segundo lugar, el Ministerio Fiscal acusa por un delito de riesgo del art. 348 CP, que establece:

1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a doce años. Las mismas penas se impondrán a quien, de forma ilegal, produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono.

Nos encontramos en primer lugar, que no existe una prueba directa de lo que era el líquido que estaba en el interior de las garrafas, ya que los acusados no lo han reconocido.

No obstante, aunque éste no debe ser el camino a seguir para probarlo, sí que nos consta por vía indiciaria que se trataba de gasolina lo que era objeto de transporte.

Bastaría con el primero de los indicios que tenemos, ya que los acusados como ellos mismos han afirmado y como se advierte del rumbo que llevaban, iban en dirección sur, es decir para llegar al norte de Africa, y se encontraban en el momento de ser sorprendidos a cinco millas de la costa española (lo que se desprende de las coordenadas que constan en el relato fáctico), por lo que es evidente que con la embarcación y motores que llevaban, lo que tenían las garrafas era gasolina, pues de lo contrario en forma alguna llegarían, ni mucho menos a su destino (no llegarían ni a la Isla de Alborán).

El segundo de los indicios lo tenemos en que todos los Agentes que declararon siempre han manifestado que las garrafas olían a gasolina, en especial destaca la manifestación del Agente NUM006, patrón de la embarcación de la Guardia Civil, que al final de su declaración afirma rotundamente que las petacas llevaban gasolina, y por ello, y así seguimos al tercer indicio, se utiliza una empresa especializada para transportar la gasolina.

Además, es un hecho notorio, que una embarcación de las características de la aprehendida, con los motores que llevaba, y con una gran cantidad de garrafas, lo que llevan estas en su interior es gasolina.

Según el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, están excluidos de necesidad de prueba los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. 1) La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 4 de febrero de 1998 dijo que los hechos notorios «han de tener unas características rotundas de ser conocidos de una manera general y absoluta». Pero, según la STS, Pleno Sala 1ª, de 3 de febrero de 2016, tales exigencias no pueden ser entendidas de forma tan rígida, siendo suficiente que «el tribunal los conozca y tenga la convicción de que tal conocimiento es compartido y está generalizado, en el momento de formular el juicio de hecho -límite temporal-, entre los ciudadanos medios, miembros de la comunidad cuando se trata de materias de interés público, y entre los consumidores que forman parte del segmento de la comunidad al que los mismos afectan -ámbito de la difusión del conocimiento-, (y) en la que se desarrolla el litigio -límite espacial-, con la lógica consecuencia de que en tal caso, quedan exentos de prueba». La doctrina ya había propugnado esta mayor flexibilidad, defendiendo que puede ser suficiente una notoriedad relativa en el lugar de los hechos. 2) Se discute si estos hechos deben ser alegados y, por lo tanto, si el juez puede introducirlos de oficio en el proceso. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional ( TC) 143/1987, de 23 de septiembre, «el hecho notorio o de incontestable evidencia, no necesita de alegación o prueba».

Cuando por fuerzas de la Guardia Civil es sorprendido uno de estos depósitos de gasolina, que supera los dos mil litros, partimos de que es un material potencialmente explosivo y posible productor de gases tóxicos, bien de forma directa por inhalación o por humos producidos por una eventual combustión, posibilidades nada ilusorias dada la forma en que dicho carburante se almacena, incluso en bidones de material plástico, al o los responsables de este almacenamiento se les denuncia habitualmente en vía Administrativa.

Ahora, por el Ministerio Fiscal, se afirma que no incurren en quebrantamiento de normas Administrativas simplemente, sino en una conducta de desvalor penal, en un pleno ilícito penal.

En primer lugar hemos de citar Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Norma de indudable complejidad técnica que en forma alguna cumplen ni aproximadamente siquiera esas acumulaciones de carburantes de carácter clandestino sobre las que se está juzgando y que son las garantes de la seguridad en el almacenamiento y manejo de cantidades de combustibles tanto en estado liquido como gaseoso.

Una simple lectura superficial del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, nos demuestra que tampoco cabria cobertura alguna para estos peligrosos acúmulos de carburante.

Descendiendo a la normativa Autonómica en el caso de Andalucia, vemos que tampoco se da cumplimiento alguno en los casos que comentamos al Decreto 30/1998, de 17 de febrero, por el que se regulan las revisiones, pruebas e inspecciones periódicas de los establecimientos e instalaciones en los que se realicen actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución al por mayor, al por menor, de venta directa al público y de usos propios, de productos petrolíferos líquidos (combustibles y carburantes).

Toda la profusa normativa técnica, está destinada a regular el trasporte almacenaje y distribución de carburantes entre otros productos que entrañan peligrosidad, esta principalmente encaminada a las empresas encargadas de su distribución y comercialización si bien hace referencia incluso a los casos en que para consumo agrícola y otros usos industriales se permite cierto grado de almacenamiento, siempre bajo unas condiciones técnicas que garantizan la seguridad, cuestión por la que debe entenderse que cualquier almacenamiento que no cumpla con las finalidades y condiciones de carácter técnico y de seguridad que impone la normativa Administrativa estará produciendo un riesgo cierto.

Tenemos en cuenta la característica de ultima ratio del Derecho Penal, pero los casos que nos ocupan deben en principio superar la simple infracción administrativa, prevista en esencia para las empresas que transportan estas sustancias, y cosa muy distinta es la manipulación ilegal en su totalidad del manejo y almacenamiento de carburantes sin siquiera el mas mínimo respeto a norma alguna de seguridad, poniendo en riesgo a la población circundante a los puntos donde se realiza este acumulo y almacenaje de sustancias potencialmente peligrosas.

Por todo ello, hemos de ver, si una persona o varias, no solo conculcando sino ignorando en su totalidad las medidas que para la seguridad publica se establecen por la Administración en relación con el manejo y almacenamiento de carburantes, materias peligrosas por inflamables, potencialmente explosivas y emisoras de gases tóxicos, están o no incurriendo en un delito de riesgo perfectamente tipificado en el art. 348 CP

El relato de hechos probados nos lleva a determinar que transportar en la embarcación referida, primero por hacer un transporte inadecuado de las mismas, con los continuos virajes que se hicieron con la embarcación, unido a tirar los 2300 litros de gasolina al mar, y al hacerlo en una zona de especial protección, como así se recoge en el relato de hechos probados y pericialmente ha sido ratificado, si bien la situación de peligro concreto puede que no sea inmediata, pero sí que con el tiempo, no sabemos si poco o mucho, y estando en zona de especial protección, como consta en el informe pericial que obra al folio 140 y siguientes, totalmente ratificado en el Plenario, sí que se va a ver alterado el ecosistema marino, por lo que podemos afirmar que se ha creado una situación de peligro concreto por los que transportaban la gasolina y la tiraron al mar, lo que nos lleva a considerar que nos encontramos ante un delito de riesgo del art. 348 CP

3.- Delito de atentado

La tercera de las cuestiones planteadas hace referencia al delito de atentado, por entender el Ministerio Fiscal, que por parte del patrón de la embarcación en la que iban los acusados se intentó acometer a los Agentes, entendiendo que el choque fue deliberado y con esa intención.

La comisión del delito referido precisa de la concurrencia de los siguientes elementos objetivos y subjetivos: 1) Carácter de Agente de la Autoridad o funcionario público en el sujeto pasivo, 2) Que el sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, 3) Un acto típico consistente por cualquier actividad de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación gravo o resistencia también grave, 4) Conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y 5) Un dolo específico de ofender, denigrar y menospreciar el principio de autoridad.

Entendemos, en primer lugar por las manifestaciones de los Agentes que intervinieron, que siempre señalaron que la embarcación sólo quería huir, que nunca hubo dolo de acometer a la patrullera, lo que también viene refrendado por la forma en la que se produce la colisión, recordemos que es esencialmente en la parte trasera de la embarcación en la que iban los acusados, cuando estos hacían una maniobra evasiva, pero tremendamente imprudente de pasar por delante de la patrullera de la Guardia Civil, sin conocer porque se hacía esta maniobra, que en realidad a quien puso en grave peligro fue a los tripulantes de la embarcación en la que iban los acusados con las garrafas de gasolina.

Consecuentemente, esta conducta ni es delito de atentado ni se puede considerar como resistencia o desobediencia como alternativamente señala el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO:En la ejecución de dichos delitos de contrabando y de riesgo procede no apreciar la existencia de circunstancia s modificativa s de la responsabilidad criminal, siendo autora la acusada.

TERCERO:Que todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y, además debe ser condenado al pago de las costas procesales.

CUARTO:Respecto a la pena a imponer, tanto por el delito de riesgo como por el de contrabando se trata de hechos de especial gravedad, cometidos por cuatro personas puestas de acuerdo, aunque no se acusó por organización criminal, pero sí que nos demuestran un plus de peligrosidad y relevancia en el caso presente, por lo que las penas de ambos delitos se impondrán justo en el máximo de la mitad inferior, así será de tres años de prisión por el delito de contrabando y de un año y nueve meses de prisión por el delito de riesgo.

Respecto de la cuota de la multa consideramos que no hay motivo para que esta sea superior a 10 euros por día, siendo correcta la petición de trece meses de multa por el delito de riesgo.

En el delito de contrabando, siendo la multa que se puede imponer del tanto al sextuplo, consideramos adecuada y proporcional la petición de 300.000 € con 40 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.