Sentencia Penal 377/2024 Audiencia Provincial Penal de León nº 3, Rec. 65/2022 de 04 de octubre del 2024

PRIMERO.- CONSIDERACIÓN PREVIA.

La Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León(Rollo de apelación 26/2024), de 10 de abril de 2024 ,estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad mercantil EDITORIAL AKRON, S.A, contra la Sentencia de 8 de enero de 2024 dictada por esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León, y declaró la nulidad de la misma con retroacción de las actuaciones al acto del juicio para que, tras recibirse declaración por la misma Sala que lo celebró a la testigo Dª. Valentina, cuyo testimonio fue propuesto en forma, admitido y no practicado por causa que no le fue imputable a la parte que lo propuso, y con conservación de los demás actos procesales, se procediese a dictar una nueva sentencia. Por ello, aunque esta sentencia se dicta como consecuencia de la nulidad de la anterior, valorará especialmente la declaración de la testigo citada, en conjunción con el resto de la prueba válidamente practicada, y su influencia en la causa, adelantado ya que no apreciamos que su testimonio constituya prueba de cargo que determine una solución distinta a la absolutoria. Consideramos que, para ser respetuosos con los argumentos impugnatorios y de defensa que se contenían en el recurso de apelación, en la adhesión del Ministerio Fiscal y en el escrito de impugnación, no debemos efectuar en esta sentencia una valoración distinta del resto de la prueba cuya validez permanece, ni modificar o reforzar la argumentación ya expuesta en función de los particulares motivos expuestos por las partes en su labor de critica o defensa de la anterior sentencia, pues los mismos deben ser valorados en la sentencia que resuelva el eventual recurso de apelación. Por ello y en la medida de que se han mantenido las conclusiones y los informes, con las matizaciones propias sobre la prueba omitida en la sesión de 19 de diciembre de 2023, mantendremos el mismo esquema de la sentencia anulada en relación con la valoración del resto de la prueba cuya validez se ha mantenido y con la argumentación jurídica.

SE GUNDO.- CU ESTIÓN PREVIA.

El Letrado de Editorial Akron, S.A., que ejercita la acusación particular, planteó como cuestión previa la inadmisión del informe pericial de valoración del fondo editorial emitido por Dª. Carlota, y que había sido propuesto por la defensa de D. Cornelio, siendo el motivo de su petición que no se había presentado con la antelación de veinte días, tal como había dispuesto el auto de 15 de septiembre de 2022. Pues bien, con independencia de que el art. 786 LECr. , permite que, al inicio del juicio se propongan pruebas que se puedan practicarse en el acto de la vista, debe tenerse en cuenta que el informe pericial cuestionado se autorizó en el auto de admisión de pruebas, aunque se estableciese un plazo para su previa presentación. Tal condicionamiento no constituye propiamente un plazo procesal preclusivo, sino que se trata de una previsión, cuya finalidad no es otra que evitar retrasos o suspensiones del juicio oral que puedan estar justificados cuando, por la complejidad del informe, su análisis requiera de un examen previo y detenido por las partes. En el presente caso, el informe se presentó el 12 de diciembre de 2023 y se entregó a la acusación particular con una semana de antelación a la vista oral, sin que haya alegado que no hubiese podido estudiarlo y que se le hubiese producido indefensión, con lo que el incumplimiento de aquel plazo, que podemos calificar como impropio, no puede conllevar la inadmisión de la prueba pericial propuesta.

TE RCERO.- PR ESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Valorando en su conjunto y conforme a lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.), las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no se obtiene la convicción de que los hechos objeto de enjuiciamiento hayan sucedido en los términos en que se describen en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de la entidad mercantil Editorial Akron, S.L. (malversación impropia de caudales públicos o apropiación indebida). Como consideración previa, debe comenzarse por recordar que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya practicado prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea razonablemente suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad. En el mismo orden de cosas, hay que tener en cuenta que de dicha presunción de inocencia deriva el principio "in dubio pro reo", que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba. En relación a este principio aclara el Tribunal Constitucional, que existe una diferencia sustancial entre el mismo y el derecho a la presunción de inocencia, pues la presunción desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales; y el principio de valoración o apreciación probatoria "in dubio", actúa, cuando, concurrente la actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate o sobre la responsabilidad del acusado.

CUARTO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

I-Desde la perspectiva expuesta, deberán analizarse las cuestiones fundamentales que se han debatido en el juicio y que se analizarán en la valoración de la prueba en este y en los siguientes fundamentos jurídicos, y que consisten básicamente en determinar si D. Cornelio, como Consejero Delegado de la sociedad Gráficas Varona S.A, procedió por propia iniciativa a vender por el precio de 20.000 € a la entidad Maceda Distribución de Libros S.L., cerca de noventa mil libros de la Editorial Akron S.L. que constituían su fondo editorial, sin su conocimiento y sin la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Astorga que previamente había designado a la ejecutante Gráficas Varona, S.A. depositaria de la totalidad de los libros.

II-Los hechos declarados probados, sobre los que no existe propiamente controversia, resultan esencialmente de la documental consistente en el testimonio del procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales ETJ nº 330/2010, en las informaciones remitidas por DIRECCION000., Maceda Distribución de Libros S.L. y Logista Libros S.L., y en los correos y comunicaciones de la Letrada Dª. Valentina aportadas a las actuaciones, y en las periciales realizadas por las Peritos Dª. Valle y Dª. Carlota, así como por las declaraciones testificales de las que destacamos lo siguiente:

III- D. Cornelio declaró que todo lo concerniente al procedimiento ETJ 330/2010 y al concurso de Gráficas Varona, S.A. lo llevó la Letrada Dª. Valentina, y que desconocía que Gráficas Varona, S.A. fuese depositaria de los libros de Editorial Akron S.L., los cuales no llegaron a estar en su poder. Que nunca se le notificó nada respecto al nombramiento de depositario y que pensaba que los libros estaban embargados y que se vendieron para el pago de la deuda por trabajos de impresión, reconocida en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Astorga en el Juicio Ordinario nº 646/2009. Que no sabía nada de la comparecencia en el Juzgado de 20 de septiembre de 2013 ni sobre la oferta de compra de Maceda Distribución de Libros S.L., así como que no intervino en la determinación del precio de la venta de los libros ni tampoco el departamento comercial de Gráficas Varona, S.A. ni efectuó ninguna valoración. Reconoció haber firmado el documento de 10 de mayo de 2013, con DIRECCION000. y Logista Libros S.L., y que no iba a cuestionar a la administración concursal que fue quien le presentó el documento. Que se trataba de un acuerdo para abonar los gastos de almacenamiento. Finalmente, que las actuaciones en la venta de los libros fueron realizadas por la Letrada, que tenía plenos poderes, y que la deuda que Editorial Akron S.L. tenía con Gráficas Varona, S.A. no fue el motivo del concurso de esta sociedad, aunque su fue una importante carga.

IV- D. Roberto, administrador y representante de Editorial Akron S.L., reconoció la deuda con Gráficas Varona, S.A. derivada del juicio Ordinario nº 646/2009 y que no había presentado las cuentas de la sociedad en el Registro Mercantil desde 2008. Explicó que unos noventa mil libros se encontraban en las instalaciones de Logista Libros S.L. para venderlos, pues dicha sociedad era su distribuidora y que nunca le reclamó gastos de depósito o almacenamiento, emitiendo facturas por tal concepto a partir de que fueron embargados. Que en la comparecencia en el Juzgado de 20 de septiembre de 2013 se pretendía formalizar la venta de los libros de Akron por un precio de 20.000 € lo que le parecía irrisorio, y que dicha comparecencia fue posterior a la venta que se había producido diez meses antes. Que no aceptó la oferta de adquisición de Maceda Distribución de Libros S.L. con quien no había mantenido contactos previos. Que no es correcto venderlos como saldo, pues no se trataba de libros descatalogados y que en la venta saldista debía ofrecerse previamente la adquisición a los autores. Explicó que el proyecto editorial de Akron no es de libros nuevos o actuales y que está activo permanentemente por el interés de las obras, vendiéndose todavía a través de Amazon o la Casa del Libro. Que Editorial Akron S.L. no ha recuperado los libros y que el criterio de valoración de los libros debe tener en cuenta la reparación del daño, que va más allá del precio de venta al publico. Que fue en el año 2014 cuando se enteró por algunos autores que los libros se estaban vendiendo por toda España, en mercadillos y por internet. Que en 2014 el LAJ del Juzgado de Astorga le dijo que eso era un delito y que lo denunciase y así lo hizo, presentado la denuncia formal en 2016. D. Roberto reconoció que nunca tuvo contactos ni conversaciones con D. Cornelio sobre la venta de los libros que solo hablaba con la Abogada de Gráficas Varona, S.A.

V- D. Roberto, declaró ser el representante de Maceda Distribuciones, S.L. Que dicha entidad compraba restos de editoriales en el ejercicio de su actividad como saldista, que calificó de importante. También declaró no conocer ni haber tenido relaciones comerciales con la Editorial Akron, ni Gráficas Varona, S.A. y que no conocía a D. Cornelio. Recordó que en 2012 adquirió un lote de libros por 20.000 €, dentro de lo que es la actividad cotidiana y ordinaria de la sociedad. Que contactó con él, una abogada que decía actuar en representación de Gráficas Varona, S.A. que le ofreció la adquisición de los libros y que con ella fueron todos los contactos para la adquisición de los libros, que se encontraban en las instalaciones de Logista Libros S.L. Cuando se le preguntó sobre el precio, explicó que, en el subsector de la venta de restos de fondos editoriales, es habitual que los precios sean de saldo y reconoció que parte de los libros los vendió por un precio de entre 40.000 o 50000 € y el resto los destruyeron. Afirmó desconocer que los libros estuviesen sujetos a un procedimiento judicial, que no recordaba ninguna comparecencia en el Juzgado de Astorga, que desconoce que significa ETJ, y que, si se puso en la factura no sabría explicar si era un código o si tenía algún un significado legal.

VI- D. Jesús Carlos declaró ser el representante de Logista Libros S.L., que dicha entidad era la depositaria de los libros de Akron, que podrían ser cerca de 90.000 libros y que tuvieron problemas de pagos. Que no sabe si eran libros catalogados o descatalogados. Que no sabe quién es D. Cornelio. Que el depósito lo liberaron cuando el administrador concursal les dijo que podían hacerlo. Que Graficas Varona, S.L. les pago algo porque se quedó con los libros, y que le abonaron los gastos acordados con el administrador del concurso. Cuando se le preguntó por el documento de 10 de mayo de 2013, lo recuerda y admite su realidad y contenido.

VI I- Dª. Fátima, propuesta por la defensa D. Cornelio, declaró que trabajaba para Graficas Varona, S.A., que elaboraba las facturas y se encargaba de cobrarlas. Que redacto la factura de 12 de diciembre de 2012. Que Akron, S.L. devolvía los talones emitidos por los trabajos de impresión. Que hizo la factura a Maceda Distribuciones, S.L. por encargo de Valentina, que era la abogada de la entidad desde hacía muchos años. Que, cuando ella no podía cobrar por los mecanismos ordinarios, era Valentina quien se encargaba de todas las gestiones. Que D. Cornelio ni se encargó ni conoció nada respecto de la adquisición de los libros por parte de Maceda Distribuciones, S.L.

VI II-La perito designada por el Juzgado de Instrucción, Dª. Valle, se ratificó en su informe, y lo explicó afirmando que había tenido en cuenta el precio de venta al público en el año 2022. La Perito-Libera propuesta por la defensa, Dª. Carlota, también se ratificó en su informe, explicándolo y exponiendo que el fondo editorial de Akron estaba en una distribuidora y con gastos de almacenaje y que se vendió como saldo, debido a las posibilidades reales de venta.

IX.- Dª. Valentina, se acogió al secreto profesional, no obstante, se la requirió para que prestase declaración en los términos expuestos en la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Rollo de apelación 26/2024) de 10 de abril de 2024, debiéndonos remitir a lo expuestos en su fundamento jurídico tercero b) del que extraemos el siguiente extracto: "resultaría de suma utilidad conocer extremos tales como quien fue el destinatario de la notificación del Decreto de 26 de noviembre de 2012, dictado por el Juzgado de Astorga en el curso del Procedimiento de ejecución 330/2010 -el relato fáctico de la sentencia habla de la "representación procesal", no de asistencia letrada-; si el Procurador de los Tribunales que recibió dicha notificación la trasladó oportunamente a la letrada que asistía a la parte; o si ésta instruyó a su defendido -que no era otro que el acusado como representante legal de la sociedad ejecutante- de la realidad del depósito, de su nombramiento como depositario del mismo o de las obligaciones que sobre él recaían como consecuencia del mismo". Pues bien, el Letrado de la acusación particular de Editorial Akron, S.A. fue el único que formuló preguntas a la testigo, y básicamente contestó a todas ellas en el sentido de que sus funciones en el el Juicio Ordinario nº 646/2009 y en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales ETJ nº 330/2010 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Astorga no eran otras que las que amparaban el poder general para pleitos que se le había otorgado, y que se ratificaba en todas aquellas en que conste su firma e intervención. Insistió en que su actuación estuvo encaminada exclusivamente a la reclamación de cantidad y al seguimiento de las actuaciones en la ejecución de la sentencia para el cobro de la deuda, pero añadió que no intervino en nada que no estuviera comprendido en el mandato procesal. Respondió que no recordaba si a D. Cornelio le informó sobre las obligaciones concretas del cargo de Depositario, y en definitiva no asumió que fuese ella quien decidiese la venta de los libros depositados, que hubiese emitido facturas, o que no hubiese dado la debida información a D. Cornelio de que había sido nombrada depositaria de Graficas Varona, S.A.

QUINTO.- PRUEBA NO PRACTICADA.

Debe hacerse una mención especial a la prueba testifical de D. Héctor que, previamente admitida, no se ha practicado, habiendo formulado protesta el Letrado de la acusación particular de Editorial Akron, S.A. A pesar de haberse modificado la hora de la declaración de D. Héctor, en función de su solicitud previa, no se conectó por videoconferencia y se acordó la continuación del juicio en aplicación del art. 746.3 LECr. Para la adopción de esta decisión se tuvo en cuenta el derecho de la acusación a hacerse valer de las pruebas propuestas, el derecho del acusado a un juicio sin dilaciones indebidas, el contenido de las pruebas según se fue desarrollando el acto del juicio, y los inconvenientes de suspender el juicio o aplazarlo conforme a lo dispuesto en el art. 788 LECr. derivados de la apretada agenda de señalamientos de esta Sección 3ª. Y especialmente se ha considerado que la intervención de la administración concursal de Graficas Varona, S.A., fue posterior a la venta del fondo editorial de Akron, lo que constituye la esencialidad y el hecho nuclear de los delitos por los que se formula acusación. Y de la misma manera se tuvo en cuenta que la intervención DIRECCION000. está perfectamente documentada y así se ha declarado probada, con especial referencia al acuerdo de 10 de mayo de 2013 sobre los gastos de depósito, el compromiso de abonarlos y la retirada de los libros, comunicando todo ello al Juzgado de Primera Instancia de Astorga. Por ello, consideramos que la declaración de D. Héctor devino prescindible a los efectos de demostrar los hechos que integran la acusación contra D. Cornelio y esa irrelevancia sobrevenida es la justificación de la decisión de continuar el juicio. Y esta decisión es plenamente compartida por la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (de 10 de abril de 2024 que, en su fundamento jurídico tercero, a) expuso la razón de convenir con lo decidido en la instancia "toda vez que ninguna luz arrojaría su declaración sobre unos hechos acaecidos con anterioridad a su toma de posesión como administrador del concurso que afectó a la sociedad presidida por el acusado. Además, cumple afirmar que la prueba no se practicó por no conectarse el testigo por videoconferencia en el momento en el que fue requerido por el Tribunal para ello -estando debidamente compelido a ello-, momento en el que los Sres. Magistrados ponderaron los inconvenientes de suspender el juicio, dando así satisfacción al derecho de la parte acusadora de valerse de las pruebas que tuviera por conveniente o, por el contrario, actuar de acuerdo con los dictados del artículo 746. 31 LECrim y, en atención al derecho de la defensa a no padecer dilaciones innecesarias, rechazar la suspensión al estimar superflua la declaración reseñada

SEXTO. - DELITO DE MALVERSACION IMPROPIA.

I-Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta en lo que se refiere a los delitos objeto de acusación, en primer lugar y tal como dice la STS 1027/07 de 10 de diciembre, que el delito de malversación impropia,tipificado en el art. 435 C.P. es un tipo delictivo construido sobre dos ficciones: La de que el administrador o depositario de los bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública se convierte por su nombramiento para dicho cargo en funcionario público; y la de que dichos bienes se convierten por disposición legal en caudales públicos aunque pertenezcan a particulares. Precisamente porque ésta es la base del injusto típico, la interpretación que debe hacerse de los actos de la autoridad que perfeccionan la ficción debe ser muy rigurosa. Sobre esta doble ficción se han establecido unos requisitos de tipo penal, no siendo suficiente la formal constitución del depósito, sino la constancia de la aceptación del cargo, así como la instrucción al administrador o depositario de sus obligaciones y las responsabilidades penales que pudieran contraer si llegaran a producir el quebrantamiento del depósito.Y en lo que ahora importa destacamos la necesidad de que la aceptación de la condición de depositario sea precedida de una información suficiente sobre las obligaciones y responsabilidades que contrae, puesto que un eventual incumplimiento de los deberes del depositario acarrea una responsabilidad penal, precisamente, a quien ni es funcionario público, ni su conducta se realiza sobre caudales públicos, de no operar las ficciones expuestas con anterioridad. Se hace necesaria, por tanto, una información precisa de las obligaciones que suponen un cambio cualitativo en el depositario y sobre los bienes, y así los reitera la jurisprudencia ( SSTS de 18 de noviembre, de 24 de septiembre y de 10 de diciembre de 1998, 9 de marzo, de 27 de abril y de 2 de noviembre de 1999, de 25 de febrero de 2000, de 11 de junio de 2002 y de 6 de febrero de 2003, entre otras), cuando exige como elemento complementario del tipo penal, la formal y expresa aceptación de la persona designada una vez que ha sido minuciosamente informada de las obligaciones que contrae y de las responsabilidades en que puede incurrir, de tal suerte que la persona designada depositaria conozca perfecta y detalladamente las obligaciones del cargo para el que ha sido nombrada. En este orden de cosas, la mera formalidad de un nombramiento no puede arrastrar tan graves consecuencias como las que pueden derivarse de la aplicación de las previsiones del tipo penal aplicable. Por ello las informaciones puramente rutinarias, genéricas e imprecisas no pueden llevar ligadas, como efecto añadido, la exigencia de responsabilidad penal. En definitiva, el requisito de la información previa se transforma, en el caso de que no exista en la debida forma, en un elemento negativo del tipo que, según alguna sentencia del Tribunal Supremo ( STS de 6 de febrero de 2003) produciría en el sujeto un error invencible de prohibición excluyente de la responsabilidad criminal, que reitera que se requiere para apreciar el tipo penal.

II-Aplicando las consideraciones precedentes al caso enjuiciado, observamos que, en el procedimiento de ejecución ETJ 330/2010, por Decreto de 26 de noviembre de 2012, se acordó nombrar a la ejecutante Gráficas Varona, S.A. depositaria de la totalidad de los libros propiedad de la ejecutada Editorial Akron, S.L., pero en ningún caso se designó a D. Cornelio, que era el representante legal de la ejecutante, sin que, por otra parte, conste en el testimonio del ETJ 330/2010 instrucción o apercibimiento concretos sobre las responsabilidades del depositario y su incumplimiento, pues simplemente se notificó el cargo a la representación procesal de la ejecutante.Y siendo ello así, deviene obligatoria la absolución del acusado respecto de este delito de malversación impropia

SÉPTIMO.- DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

I-Dispone el art. 252 C.P., en su redacción aplicable en la fecha de los hechos enjuiciados, que serán castigados con las penas del artículo 249 o 250 C.P., en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Y el reenvió al artículo 250.1.5º y 6ª C.P. determina que el delito de apropiación indebida será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses, cuando el valor de lo apropiado supere los 50.000 € o se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con que el delito de apropiación indebidaexige que se den los siguientes requisitos: a) Una posesión legítima inicial por parte del sujeto activo que recibe el dinero u otra cosa mueble. b) Que el título en cuya virtud ha adquirido ese dinero u objetos, conlleve la obligación de entregarlo o devolverlo a su legítimo titular. c) Un acto de disposición del sujeto activo que torciendo el inicial destino de lo que había recibido, dispone de ello. d) Un elemento interno, subjetivo, constituido por el ánimo de lucro que se evidencia en la conciencia y voluntad del agente de disponer en su propio beneficio de tales efectos. Junto a estos requisitos, es obvio que el valor de los bienes apropiados o desposeídos necesariamente debe constar acreditado como un elemento del tipo penal. Y en este punto, los libros del fondo editorial de Akron, S.L han sido tasados por la Perito Dª. Valle en 1.652.222,49 €, pero la valoración se corresponde con el precio de venta al público en 2022 y no en diciembre de 2012 que es cuando se procedió a la venta a Maceda Distribución de Libros S.L. Por su parte, la Perito Dª. Carlota ha valorado el fondo editorial en 234.807,76 €, aunque, dadas las posibilidades reales de venta de dicho fondo editorial, la venta en 2012 que se realizó por el precio de 20.000 € se ajustaría a los estándares de una venta a precio de saldo en el sector de la distribución de libros. Esto viene a colación por cuanto si convenimos que el valor de los libros era inferior a 50.000 €, que la venta de los libros se produce el 12 de diciembre de 2012, y que por providencia de 12 de diciembre de 2018 se acordó la declaración como investigado de D. Cornelio, el delito básico de apropiación indebido -no cualificado por el valor de lo apropiado- habría prescrito por aplicación de los arts. 131 y 249 C.P. Ahora bien, aunque no exista una valoración pericial en la fecha de los hechos, si aparece probado que se trató de una venta saldista a Maceda Distribución de Libros S.L. y que seguidamente dicha entidad, en el ejercicio propio de su actividad mercantil, procedió a la venta de 48.247 ejemplares por 53.474,79 €, con lo que resultaría acreditado que el valor de todos los libros en diciembre de 2012 excedería de 50.000 €.

II-En cualquier caso, la circunstancia de que no exista acusación contra la persona jurídica de Graficas Varona S.A. y que D. Cornelio, tuviese las facultades de representación de dicha sociedad, habida cuenta que fue nombrado, en Junta General de 29 de junio de 2012, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado con atribución de todas las facultades del Consejo, nos traslada a la responsabilidad penal de los Administradores, ex art. 31 C.P . por "actuaciones en nombre de otro".El art. 31 C.P. dispone que, el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. El art. 31 C.P. lo que pretende es que no exista una laguna de punibilidad en casos en que, en el delito especial propio, la calificación de la autoría recaiga en una persona jurídica. No se trata de una presunción de autoría que prescinda del art. 28 C.P., sino de un complemento del mismo para aquellos supuestos en los que el tipo delictivo exige ciertos y especiales elementos de la autoría que concurran en la persona representada (persona física o jurídica), pero no en la del representante (persona física que actúa como representante de hecho o de derecho). Ahora bien, una adecuada hermenéutica del precepto conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS de 18 de diciembre de 2000, de 23 de enero de 2001, de 25 de octubre de 2002, de 7 de marzo de 2005, de 29 de mayo de 2008 y las más recientes SSTS de 2 de junio 2015, 29 de octubre de 2020 y 8 de octubre de 2022) no permite declarar, sin más y de forma automática, la responsabilidad de los administradores por delitos que se cometan por una persona jurídica. O dicho de otra manera, el art. 31 C.P. no puede servir como criterio de atribución de responsabilidad penal por sí mismo en los delitos empresariales. Ese modo de operar lo que provocaría es la creación de una inaceptable responsabilidad objetiva por el cargo, una responsabilidad por la mera circunstancia de ser administrador y no una responsabilidad por el hecho, única que debe aceptarse, conforme al principio de culpabilidad. En definitiva, para exigir responsabilidad penal al administrador de la persona jurídica de que se trate, no basta con que el mismo ostente un cargo representativo o que lo ejerza de facto, sino que además habrá de desarrollar una acción u omisión contributiva a la realización del tipo por el que se le haya condenado, concretamente debería realizar algún acto de ejecución material que contribuya al resultado típico. Junto a ello, habrá que tener en cuenta que el dolo en el delito de apropiación indebida es la voluntad consciente de realizar los elementos objetivos del tipo, es decir, la incorporación a un patrimonio, ajeno al sujeto pasivo, del bien recibido que obliga a la restitución o a la devolución y un perjuicio para aquel sujeto. El elemento subjetivo de la apropiación (el animus rem sibi habendi) se caracteriza por dos elementos: a) la voluntad (directa o al menos eventual) de privar de forma definitiva al titular de los bienes mediante la sustracción; y b) el propósito de incorporar las cosas a su patrimonio -o el de un tercero- ejerciendo sobre ellas facultades propias del dueño.

III-Siendo ello como se ha expuesto, noconsideramos probado que D. Cornelio hubiese intervenido en la venta de los libros de la Editorial Akron, S.L. Ha resultado probado que la entidad mercantil Gráficas Varona, S.A. era acreedora de la Editorial Akron, S.L. de un crédito de 138.436 € por trabajos de impresión realizados y no pagados, reconocido en Sentencia 40/10, de 26 de abril de 2.010 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Astorga en el Juicio Ordinario nº 646/2009, confirmada por la Sentencia de esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León 310/2010, de 24 de septiembre de 2.010. Que, en el procedimiento de ejecución ETJ 330/2010, por Decreto de 26 de noviembre de 2012, se acordó nombrar a la ejecutante Gráficas Varona, S.A. depositaria de la totalidad de los libros propiedad de la ejecutada Editorial Akron, S.L. Que tal designación se comunicó exclusivamente a la representación procesal de la ejecutante. Que el 12 de diciembre de 2012, la entidad mercantil Gráficas Varona, S.A. vendió a la entidad Maceda Distribución de Libros S.L., 88.216 libros de la Editorial Akron S.L., sin su conocimiento y sin autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Astorga, emitiéndose factura de la misma fecha por un importe total de 20.000 €, IVA incluido, que se abonó mediante transferencia bancaria del día siguiente, si bien en dicha fecha no se entregaron los libros a la entidad compradora. También se probó que los libros se encontraban en las instalaciones de Logista Libros S.L., en Cabanillas del Campo (Guadalajara), siendo retirados por Nobert Dentressangle Gerposa, y que se recibieron por Maceda Distribución de Libros S.L., entre el 17 y 24 de mayo de 2013. Ahora bien, el propio D. Roberto, representante legal de Editorial Akron S.L., declaró que nunca tuvo contactos ni conversaciones con D. Cornelio sobre la venta de los libros y que únicamente se relacionó con la Abogada de Gráficas Varona, S.A. De la misma manera, D. Roberto, representante de Maceda Distribuciones, S.L. declaró que no conocía a D. Cornelio y que los contactos para la adquisición de los libros fueron con la Abogada de Graficas Varona, S.A., así como los realizados para la homologación judicial del acuerdo, lo que también resulta de la documental. En la misma línea declaró D. Jesús Carlos, representante de Logista Libros S.L., que negó cualquier contacto o relación con el acusado. Y también, Dª. Fátima, empleada de Graficas Varona, S.A, declaró que D. Cornelio ni se encargaba ni conocía nada de la adquisición de los libros por parte de Maceda Distribuciones, S.L. y que, fuera de los mecanismos ordinarios de cobro de facturas, era Dª. Valentina quien se encargaba de las gestiones oportunas de la sociedad, como sucedió en el tema de los Libros. Aunque Dª. Valentina, en su declaración, no haya admitido que fuese ella la que decidió la venta de los libros o realizase gestiones para ello sin la autorización del Juzgado, lo cierto es que su declaración, limitándose a exponer que sus funciones no se extralimitaron de las inherentes a su poder general para pleitos o mandato procesal, contradice las afirmaciones expuestas por los otros testigos indicados, en los que, a salvo de la relación laboral de Dª. Fátima con Graficas Varona, S.A., no se aprecian razones o motivos de incredibilidad objetiva ni subjetiva. La declaración de Dª. Valentina es totalmente insuficiente para deducir que D. Cornelio hubiese cometido un delito de apropiación indebida. Es claro que actualmente existen intereses contrapuestos entre el acusado y la testigo, pues la defensa de D. Cornelio atribuye la decisión de la venta de los libros a la Letrada, y ésta no ha admitido tal intervención. En cualquier caso, consideramos que, no existe prueba de cargo suficiente de que D. Cornelio hubiese intervenido en la venta de los libros de la Editorial Akron, S.L. ni de que tuviese conocimiento de que se hubiese hecho a espaldas de esta sociedad y sin autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga. Cuando el 12 de octubre de 2011 se ordenó por el Juzgado la retención de los libros, todavía no era Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado el 29 de junio de 2012. Y, aun siendo cierto que posteriormente - 26 de noviembre de 2012- se designó a Graficas Varona S.A. como depositaria del fondo editorial de Akron y que éste se vendió el 12 de diciembre de 2012, no consta ningún acto procesal o extraprocesal que le vincule con esta operación. Pero es que además de los actos posteriores tampoco se puede deducir su participación en la venta de los libros. El 23 de enero de 2013 presentó solicitud de concurso voluntario de Graficas Varona, S.A.; el 10 de mayo de 2013 firmó un acuerdo con la administración concursal y Logista Libros S.L., cuantificando los gastos de almacenaje de los libros, asumiéndolos, y disponiendo su retirada, sin que de ello y dada la situación jurídica de la sociedad pueda presumirse o deducirse ni el conocimiento ni la intervención en la venta anterior. Y por último, en la comparecencia celebrada el 20 de septiembre de 2013, que pretendía la homologación de la venta a Maceda Distribuciones, S.L., no intervino D. Cornelio. Por todas las consideraciones expuestas, deberá dictarse sentencia absolutoria respecto del delito de apropiación indebida.

OC TAVO.- CO STAS.

Las costasdeben declararse de oficioen aplicación del art. 123 C.P., 239 y 240 LECr. , al no apreciarse mala fe ni temeridad en la acusación particular.

En atención a todo lo que antecede, así como por lo dispuesto en los preceptos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español a través de la Constitución y en nombre de S.M. el Rey, acordamos lo siguiente: