Sentencia Penal 102/2026 Audiencia Provincial Penal nº 3 de Barcelona, Rec. 131/2023 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS.

Se plantearon cuestiones previas por el Ministerio Fiscal que retiró la petición de expulsión del acusado, cuestión a la que se adhirió la Acusación Particular. Mostro su conformidad la defensa, se acordó tener por retirada dicha petición.

Por la defensa se planteó como cuestión previa la alteración del orden de la práctica de la prueba para que fuese oído el acusado tras haberse practicado el resto de la prueba acordándose de conformidad.

Se refirió la defensa a la ausencia de la aportación completa de la documentación referida a la tasación de costas, y se solicitó cierta documental, fueron oídas las partes.

También planteó la defensa que PISOS DEL RAVAL es nombre comercial que no debía ser responsable civil.

Se resolvió lo siguiente, en cuanto a la solicitud de aportación de documentación, se denegó al no haberse solicitado con carácter previo por la defensa.

Y en cuanto a si PISOS DEL RAVAL era o no nombre comercial, se acordó resolverse en sentencia.

SEGUNDO.-La hipótesis de la acusación se fundamenta en el hecho de que el Sr. Severiano y la Sra. Fidela, interesados en la compra de una vivienda fueron a PISOS DEL RAVAL, propiedad de Sergio, les ofertó la vivienda de la DIRECCION001 de Barcelona, por un precio de 80.000 euros. Tras visitas de la vivienda acordaron las condiciones de la compraventa.

Abonaron los Srs. Severiano y Fidela la suma de 1000 euros en concepto de reserva del piso el 21 de octubre de 2016 y después 10.000 euros en el momento de la firma del contrato de arras el 2 de noviembre de 2016, creyendo que ese documento había sido suscrito con la propiedad, cuando el documento lo firmó el acusado haciéndose pasar por él, sin que constara poder para ello.

Los Srs. Severiano y Fidela actuaron confiando, en todo momento, en la profesionalidad y en el buen hacer del acusado y en la creencia, asimismo errónea, de que estaban adquiriendo una vivienda, tal y como se hizo constar en el contrato de arras.

Que después constataron que en realidad les habían vendido un local, al carecer de cédula de habitibilidad y no tener posibilidad de obtenerla.

Que se siguió procedimiento civil a instancia de la ahora acusación para interesar la nulidad de los contratos y reclamación de los 11.000 euros, procedimiento seguido contra el Sr. Nicanor, en este procedimiento el Sr. Nicanor negó haber firmado el contrato de arras y la existencia de autorización de venta expresa a terceros ni contrato de intermediación en favor del Sr. Sergio, tras la práctica de pruebas periciales caligráficas y a la vista de su resultado, la acusación particular desistió del procedimiento en el que se les condenó al pago de las costas

La defensa niega los hechos, sostiene que PISOS DEL RAVAL era una sociedad que él tenía, un punto de venta, y en relación con ésta operación dijo que él quería comprar la vivienda del Sr. Nicanor y que firmó con éste un contrato de arras para poder comprar o vender el inmueble a un tercero y reformarlo, aunque después los comerciales enseñaron el piso a los Srs. Severiano y Fidela y estos se interesaron.

Dijo que el Sr. Nicanor no le había entregado poder alguno, pero introdujo la cláusula de poder vender a terceros en los contratos de arras, aunque el acusado estaba interesado en comprarlo él.

Que el Sr. Severiano y LA Sra. Fidela hicieron el contrato con el comercial. Que los Srs. Severiano y Fidela querían el piso para alquilarlo y que incluso ellos querían que les hiciese la reforma la inmobiliaria y que eran conocedores de que no tenía cedula de habitabilidad, que ellos conseguirían a cambio de hacer reformas en favor de la comunidad.

Reconoció que él firmó el contrato de arras en el que figuraba el nombre del Sr. Nicanor simulando su firma, pues el vendedor quería llevar a cabo la operación. Pero que les entregó el documento que había firmado con el Sr. Nicanor.

Reconoció haber recibido los 11.000 euros de los compradores.

Que al final la compra se frustro, pero que los compradores eran conocedores de todas las condiciones. Y que incluso tenían la hipoteca para la compra. Que la operación se frustró al enterarse los compradores que el acusado había pactado la compra del piso por un precio inferior, y que pidieron una rebaja a la que se negó el acusado, lo que enturbió la operación.

Que el piso se ofreció como loft, no como local.

En esencia, sostiene que no existió ningún engaño en cuanto a las condiciones del inmueble, ni en cuanto a que el documento -contrato de arras- en el que se decía que intervenía el Sr. Nicanor lo firmo el declarante pues lo firmo en ese momento y además les entregó el previo contrato que el acusado había suscrito con el Sr. Nicanor.

La prueba que se ha practicado ha consistido en oír en declaración a los testigos, Srs. Severiano y Fidela, que dan versión en sintonía con los hechos que son objeto de la acusación, acudir a la inmobiliaria para poder adquirir una vivienda, tener conciencia de comprar un piso y enterarse de que no es una vivienda el objeto del contrato, sino un local, sin posibilidad de obtener cédula de habitabilidad, que el contrato de arras ya se lo dieron firmado por la propiedad, no se firmó en su presencia y que no estaba el Sr. Nicanor en la firma y que el acusado les dijo que éste había firmado el contrato.

Que se les informó el día de la firma del contrato de arras que se reservaba el precio de una 10% y así se hizo mención en el contrato de que "queda acordado que la venta se realiza sobre el 90% de la vivienda quedando retenido en notaría 10% para un heredero en paradero desconocido", mostrando su extrañeza y preguntando si ello podía frustrar la venta a lo que se les dijo por el acusado que no.

Es de interés la declaración del Sr. Nicanor que dio razón de que contactó con el acusado para vender el inmueble. Que le dio la exclusiva para la venta del inmueble y que le dio a cambio 5000 euros.

Que el inmueble es de varios propietarios y que los que están en Alemania no querían vender.

Que sabía que había unos compradores interesados, que no firmo contrato de arras, ni sabía que estos compradores hubiesen firmado un contrato de arras.

Insistió el Sr. Nicanor en el hecho de que no había firmado un contrato de arras, solo firmó un contrato de exclusiva.

También se refirió a una entrevista con un Notario y el Sr. Sergio en el que el declarante estaba presente en que se dijo que si no estaban todos los propietarios no podían vender.

El Sr. Carlos Jesús, que declaró como testigo se refirió a su intervención en los hechos, trabajador de Tinsa, intervino en la tasación del inmueble, folios 40 a 54 de la causa, dio razón de que la tasación era para garantía hipotecaria, dijo no saber si contaba con cédula de habitabilidad el inmueble, y que estaba escriturado como estudio, que podía ser vivienda si se obtenía la cédula de habitabilidad, fue preguntado, si podía obtenerse la cédula con una superficie inferior a 33 metros, y dijo que si se trata de una vivienda de segunda ocupación, puede obtenerse a partir de 20 metros útiles.

Que en el catastro se hacía constar uso residencial, y en el registro de la propiedad se consideraba como local.

También fue oído el Sr. Desiderio, que había sido trabajador de la inmobiliaria del Sr. Sergio que dijo que hizo una visita del piso, una segunda visita con los compradores probablemente, que el piso cree que no tenía cedula de habitabilidad, no recordó haber firmado ningún documento.

Dijo que trabajaba para el Sr. Sergio, PISOS DEL RAVAL, y dijo al serle exhibido el folio 61 vuelto que no recordaba haberlo recibido, pero que era su DNI y la firma era parecida a la suya.

Son de interés el resultado de las manifestaciones del perito que analizaremos después junto con el examen de los informes periciales.

Exige el procedimiento, un análisis de la documentación que obra en autos:

Procedimiento civil, en el que los Srs. Fidela y Severiano demandaron al Sr. Nicanor en solicitud de nulidad del contrato de arras.

En la demanda se decían que el contrato "fue suscrito por el aquí demandado y mis mandantes, abonándose en ese acto, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en efectivo metálico.

Se señalaban las irregularidades detectadas, el hecho de que el Sr. Nicanor interviniese en nombre de una señora que no se relacionaba como propietaria de la vivienda.

Que el Sr. Nicanor no tenía poder del resto de los intervinientes que se señalaban como vendedores.

Se referían a la retención del precio del 10% por el paradero desconocido de un heredero.

A las discrepancias entre los titulares registrales y los que aparecen en el registro.

Al conocimiento que tuvieron de que lo que adquirían no era una vivienda y que por ende carecía de cédula de habitabilidad. En base a ello solicitaban la nulidad del contrato.

Consta al folio 36 la propuesta de compraventa de octubre de 2016 (consta 2017) en la que se entregaron 1000 euros.

El contrato privado de arras de 2 de noviembre de 2016, en los que consta la entrega de 10.000 euros, en el que se dice interviene el Sr. Nicanor en nombre propio y en nombre de otros. Contrato que el acusado ha reconocido haber firmado simulando la firma del Sr. Nicanor.

Obra en autos la tasación del inmueble, constan las superficies al folio 43.

En la contestación a la demanda del Sr. Nicanor aportó el contrato de arras que el mismo suscribió el 22 de junio de 2016 con el acusado y ampliación de dicho contrato de 2 de noviembre de 2016. Este contrato de ampliación de las arras se encuentra a los folios 76 y 77 y también en el 84-85, en el mismo se fija como fecha máxima del otorgamiento de la escritura el 15 de enero de 2017, pactándose en la cláusula sexta que se pudiese realizar la compra venta con un tercero.

El contrato de arras entre el Sr. Nicanor y el acusado que fijaba como fecha límite de escrituración el 22 de septiembre de 2016 se encuentra a los folios 88-89.

Obra en autos el informe pericial que analiza si las firmas del Sr. Nicanor del contrato de arras de 2 de noviembre de 2016, contrato privado de arras en el que figura el Sr. Nicanor y el Sr. Severiano y Sra. Fidela, en el mismo se concluye que la firma dubitada del Sr. Nicanor no es de él.

El propio acusado se ha atribuido la firma del documento en su declaración dando concreta razón de porqué lo hizo, el informe pericial obra a los folios 130 a 145 vuelto en el que aparece la conclusión, finaliza el informe al folio 169.

Obra un segundo informe pericial, folios 184 y s.s. en el que se analiza si las tres firmas que se atribuyen a Sergio y aparecen en el documento nº 2 (ver documento dubitados) han sido realizadas por su mano, destacar folio 188 y la conclusión obrante al folio 203 en el que se concluye que las tres firmas dubitadas se identifican con la grafía propia del acusado.

En el procedimiento civil, los actores desistieron de la prosecución del proceso, dictándose decreto de sobreseimiento el 13 de febrero de 2019 con condena en costas a la actora. Obra el auto resolutorio del recurso de revisión contra el anterior decreto, que lo desestima. Y diligencia que tasa las costas del procedimiento y acuerda dar traslado a las partes para su posible impugnación. Folios 410 y 411.

Así la íntegra prueba practicada permite concluir que el acusado llevó a cabo un acto subsumible en el tipo penal de estafa.

Así como tiene dicho la jurisprudencia " B) En relación al delito de estafa, hemos mantenido en la STS 226/2023, de 29 de marzo , que se integra de los siguientes elementos: «1°) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2°) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias; 3°) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño; 5°) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6°) Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria».

Sobre el negocio jurídico criminalizado hemos manifestado que esta modalidad de estafa aparece «cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplirlo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo» ( STS 534/2020, de 22 de octubre )."

Y ello por cuanto, la prueba practicada permite concluir que cuando el acusado firmó el contrato de arras de 2 de noviembre de 2016 simulando la intervención de D. Nicanor y que éste actuaba en nombre del resto de los propietarios, sabía que el Sr. Nicanor no podía vender por no contar con el consentimiento del resto de los propietarios, que vendía un local que carecía de cédula de habitabilidad.

En este sentido fue claro el Sr. Nicanor cuando dijo en el juicio que el acusado y él y fueron a un notario que les informó que era preciso el consentimiento de todos los propietarios para vender, el acusado no contaba con la autorización de los copropietarios y sabía que no se podía vender. Extremo del que era plenamente conocedor el acusado, que no ha negado haber suscrito el documento simulando la firma del Sr. Nicanor y que ha cobrado el precio de la reserva y arras y que se ha quedado dichos importes como también reconoció. Conocimiento que resulta acreditado por lo declarado por el testigo Sr. Nicanor, por la mención que se hace en el contrato de arras a la reserva de un 10% del precio, -en sintonía con lo que ya se decía en el punto 2 de la propuesta de compraventa del inmueble- que evidencia que ya se intuía el conflicto, y por las respuestas dadas en este punto por el acusado que fueron evasivas.

Al margen de ser sabedor de que lo que vendía no era una vivienda, circunstancia que por su profesión e información con la que contaba conocía.

En estos términos el actuar del acusado evidencia que la suscripción del contrato con los Srs. Severiano y Fidela le generaba un beneficio, percibo del dinero que ha reconocido haberse quedado, y sabía que el contrato no se podía culminar pues el propietario en nombre del que el acusado dijo actuar, no podía vender por carecer de la autorización del resto de los propietarios.

Así las cosas, al margen del actuar del Sr. Nicanor un tanto confusa, conocedor de que el inmueble no se podía vender como él dijo, pero que firmo un contrato de arras con el acusado el mismo día, lo anterior, en nada empaña el actuar del acusado que también sabía que el inmueble no se podría vender.

A lo que cabe añadir que el inmueble no contaba con cédula de habitabilidad, siendo un elemento esencial el hecho de que fuese una vivienda el objeto del negocio, esa era la voluntad de los compradores, que anticipó - pues no se hubiese podido realizar- que los compradores no pudiesen culminar la operación al no obtener la financiación bancaria precisa para la adquisición del inmueble, pues el mismo fue tasado como local.

TERCERO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.

Ya hemos dejado expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal y acusación particular.

La acusación particular califica los hechos por un delito de estafa en tentativa y estafa continuada agravada. O por un delito de apropiación indebida, descartamos la subsunción de los hechos en este tipo penal pues lo cierto es que los hechos probados tienen natural encaje en el delito de estafa, no pudiendo acogerse el fraccionamiento de la acción como pretende la acusación particular, desgajando los hechos, pues el hecho desplegado tiene su natural encaje en un delito de estafa único, se consuma en el momento en que se lleva a cabo el negocio, sin perjuicio de los posteriores actos de agotamiento de la acción.

Por lo que nos vamos a ceñir, descartadas las pretensiones formuladas por la acusación particular, a la calificación jurídica de los hechos que efectúa el Ministerio Fiscal a la que se ha adherido también la acusación particular.

La calificación del hecho la entendemos como un delito de estafa del art. 248.1 CP, al darse los elementos típicos precisos que ya hemos expuesto en el anterior fundamento.

Un engaño precedente, se llevó a cabo toda la operación siendo conocedor el acusado de que el negocio no se podría culminar, siendo el engaño bastante, para ello el acusado se valió de la posición que le dotaba el actuar amparándose en su profesión de Agente Inmobiliario que conllevó que los Srs. Severiano y Fidela se confiasen en la bonanza del negocio y de lo que firmaban, lo que les movió a error que conllevó el desplazamiento patrimonial, habiendo ello generado un beneficio económico al acusado que hizo suyo el dinero recibido y consiguiente perjuicio económico a dichos señores.

Consideramos que el hecho es subsumible en el tipo básico al no concurrir ninguna de las agravaciones que pretenden las acusaciones, en cuanto a la del art. 250.1 1º CP recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social,cabe destacar que en este caso las dudas sobre la posibilidad de aplicación del precepto se disipan o cuanto menos generan serias dudas en cuanto a su concurrencia, a la vista de lo manifestado por la Sra. Fidela, es cierto que querían adquirir una vivienda, pero lo era, como dicha testigo declaró, para alquilar a tercero, dijo también que su pareja tenía otra propiedad.

Así, con independencia de que se quisiese adquirir una vivienda, no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su concurrencia, pues como tiene dicho el Tribunal Supremo, ATS 9843/2025 - ECLI:ES:TS:2025:9843ª "Sobre esta cuestión, hemos indicado en la STS 338/2018, de 5 de julio , que debe tratarse de «la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario».

Por otro lado, la STS 193/2021, de 3 de marzo , afirma que «cualquier clase de vivienda no es apta para merecer la especial consideración penal que le proporciona este art. 250. 1.1, que persigue la protección de los consumidores en aquellos contratos que tienen por objeto las cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, entre los que incluye las viviendas, sin duda porque el uso de éstas satisface una necesidad tal elemental como es que se puede disponer de un espacio apto para que en él sea posible el desarrollo de nuestra propia intimidad personal y familiar ( art. 18.1 CE ).

El art. 47 de esta misma ley Fundamental recoge como uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y aunque cualquier espacio cerrado utilizado para el desarrollo de la intimidad merece la especial protección que la Constitución y las Leyes reconocen al domicilio ( art. 18.2 CE ), sin embargo, cualquier vivienda no se encuentra comprendida en el ámbito de la aquí estudiada circunstancia 1ª del art. 250.1, sino solo aquella que pude considerarse bien de "primera necesidad" o "de reconocida utilidad social", esto es, la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario. El subtipo agravado no será de aplicación, por tanto, en los casos en que la víctima dispone de dinero para adquirir otra vivienda, distinta de aquella en la que habita, como inversión, recreo o para aumentar su patrimonio, o incluso en los casos de cambio de domicilio, si no se acredita la venta de la primera vivienda y la realidad del traslado, pues siendo esta condición de primera vivienda elemento del tipo agravado, la carga de la prueba de tal circunstancia comprenderá a la acusación por aplicación de la presunción de inocencia del art. 24.2 CE ».

Por lo que los hechos no son incardinables en dicho tipo agravado.

Tampoco cabe apreciar la agravación del art. 250.1 6º CP, se cometa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional.Es cierto que el acusado vio propiciada su acción ilícita y para ello se amparó en su profesión que desarrollaba en Agencia Inmobiliaria.

Pero no es menos cierto que como tiene dicho el Tribunal Supremo, en su sentencia, ECLI: ES:TS:2025:3248 :

"5.2.Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva,pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

En este caso no apreciamos, una relación distinta a la que por si misma se representa en la conducta engañosa, que ya se constituye por el hecho de que el acusado se prevalió para dotar de bonanza a su acción de su condición de profesional del sector inmobiliario, pero sin que se apunte ni se indique otro elemento, un plus de relación previa, de confianza, que permita la aplicación de la agravación.

En cuanto al delito de falsedad, el relato del hecho probado que resulta de la prueba practicada, por el propio reconocimiento del acusado que asume haber estampado la firma que se atribuye al Sr. Nicanor en el contrato de arras de 2 de noviembre colma los requisitos típicos del art. 390 1 2º y 3º, permitió su acción, estampar la firma simulando la del Sr. Nicanor, inducir a error sobre su autenticidad, haciendo parecer que en el documento intervenía el Sr. Nicanor cuando no era así, pues éste no le había autorizado.

No tiene sentido el argumento del acusado por el que intentó justificar en el plenario lo acontecido, no cabe entender que el contrato de arras firmado con el Sr. Nicanor el 2 de noviembre, le autorizaba para firmar el contrato de arras con el Sr. Severiano y Fidela, cuando ese contrato era un contrato de arras para comprar el acusado, y en su caso se decía "en caso de que no sea posible realizar la compra venta, se podrá realizar a un tercero", pero esa cláusula no le amparaba para simular la intervención del Sr. Nicanor en el contrato de arras suscrito con los Srs. Fidela y Severiano. Por lo que los hechos son subsumibles en el art. 395 en relación con el art. 390 1. 2º y 3º CP en concurso de normas del art. 8.3 CP.

Los hechos permiten constatar que no nos encontramos ante un ilícito civil, pues el acusado ha simulado un propósito serio de contratar, cuando solo pretendía aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de la otra parte ocultando su decidida intención de incumplir con sus obligaciones.

CUARTO.- Personas criminalmente responsables.-Del citado delito es responsable en concepto de autor el acusado Sergio por su participación directa y material en los hechos, conforme a los arts. 27 y 28 del CP.

QUINTO.- Circunstancias modificativas.-

Se peticiona la atenuante de dilaciones indebidas como mu cualificadas habida cuenta la fecha de incoación del procedimiento, la fecha del auto de acomodación, y señalamiento del juicio en el mes de febrero de 2025, no computa como tiempo de dilación el tiempo transcurrido entre ese día y el nuevo señalamiento al haberse suspendido el juicio por causa imputable a la defensa.

Hemos consignado en el hecho probado los tiempos que han transcurrido en el procedimiento, y las paralizaciones que hemos constatado, así en instrucción apreciamos un periodo que va del 1 de marzo de 2021 al 26 de agosto de 2021 de inactividad, otro que va del 25 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022 y desde esa fecha al 6 de octubre de 2022.

En la Audiencia se produjo un periodo de inactividad desde el 3 de noviembre de 2023 al 5 de febrero de 2025. Desde el juicio celebrado se dicta la sentencia el día de la fecha.

Ello no obstante la suma de los periodos si bien se aproximan a los tiempos que permitirían entender la dilación como cualificada según acuerdo de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, no lo alcanza, siendo que la duración en total del procedimiento ha sufrido demoras importantes por la localización del acusado, personación y comparecencia del responsable civil o suspensión del juicio por causa atribuible a la defensa. Por ello se aprecia la dilación con el carácter de simple del art. 21.6 CP.

SEXTO.- Penalidad.-

En este punto es de destacar que las acusaciones califican los hechos como delito de falsificación de los artículos dichos en concurso de normas del art. 8.3 CP con el delito de estafa.

Así las cosas, el delito de estafa lleva aparejada la pena de prisión de 6 meses a 3 años, conforme a lo dispuesto en el art. 249 CP, dada la concurrencia de una circunstancia atenuante, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 66.1.1º CP, imponiéndose la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito lo que nos sitúa entre los 6 meses y los 21 meses.

Tomando en consideración los criterios de modulación de la pena a que se refiere el precepto, dada la cantidad objeto de defraudación 11.000 euros, el perjuicio ocasionado a las víctimas por la pérdida de la expectativa de compra, que para llevar a cabo la operación se simuló la firma de uno de los propietarios del inmueble, la ausencia de conocimiento previo entre las partes, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 66.1 1º CP, estimamos proporcionada la imposición de la pena UN AÑO Y SEIS meses de prisión, pena que consideramos ajustada y proporcionada al desvalor de la acción.

Con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

No se estima proporcionada la privación para la profesión de gestor inmobiliario o representación de entidades inmobiliarias por no contar con previos antecedentes y tratarse el que nos ocupa de un hecho puntual.

SEPTIMO.- Responsabilidad civil.-La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109.1 y 116.1 CP) .

En este caso en atención a la suma interesada por el Ministerio Fiscal y acusación particular en concepto de responsabilidad civil que se corresponde a las cantidades que en su día fueron entregadas en concepto de reserva y arras, 11.000 euros, suma que el acusado ha hecho suya procede condenar al acusado a reintegrar a las víctimas dicha cantidad, más los intereses legales desde la fecha en que el acusado las incorporó a su patrimonio, 1000 euros el 21 de octubre de 2016 y 10.000 euros el 2 de noviembre de 2016, e intereses del art. 576 LEC.

En cuanto a la cantidad que abonaron en concepto de costas los perjudicados en el previo procedimiento civil seguido contra el Sr. Nicanor señalar que no procede la condena al pago de dicha cantidad en base a las siguientes consideraciones, en primer lugar la condena en costas fue fruto del desistimiento voluntario de los aquí acusación particular en ese proceso, no consta que las costas fuesen definitivamente aprobadas ni que hayan sido abonadas, por lo que no procede su inclusión en la condena al pago de la responsabilidad civil.

Y en orden a la polémica suscitada sobre si PISOS DEL RAVAL es persona jurídica o nombre comercial, lo cierto es que no se ha acreditado que PISOS DEL RAVAL sea persona jurídica, no consta información alguna en ese sentido y la referencia a la cuestión de los intervinientes, incluso del propio acusado ha sido confusa, por lo que no procede la condena como responsable civil subsidiaria.

OCTAVO.- Costas procesales.-Conforme a lo dispuesto en el art. 123 CP se condena al acusado al pago de las costas causadas incluidas las de la acusación particular.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS.

Se plantearon cuestiones previas por el Ministerio Fiscal que retiró la petición de expulsión del acusado, cuestión a la que se adhirió la Acusación Particular. Mostro su conformidad la defensa, se acordó tener por retirada dicha petición.

Por la defensa se planteó como cuestión previa la alteración del orden de la práctica de la prueba para que fuese oído el acusado tras haberse practicado el resto de la prueba acordándose de conformidad.

Se refirió la defensa a la ausencia de la aportación completa de la documentación referida a la tasación de costas, y se solicitó cierta documental, fueron oídas las partes.

También planteó la defensa que PISOS DEL RAVAL es nombre comercial que no debía ser responsable civil.

Se resolvió lo siguiente, en cuanto a la solicitud de aportación de documentación, se denegó al no haberse solicitado con carácter previo por la defensa.

Y en cuanto a si PISOS DEL RAVAL era o no nombre comercial, se acordó resolverse en sentencia.

SEGUNDO.-La hipótesis de la acusación se fundamenta en el hecho de que el Sr. Severiano y la Sra. Fidela, interesados en la compra de una vivienda fueron a PISOS DEL RAVAL, propiedad de Sergio, les ofertó la vivienda de la DIRECCION001 de Barcelona, por un precio de 80.000 euros. Tras visitas de la vivienda acordaron las condiciones de la compraventa.

Abonaron los Srs. Severiano y Fidela la suma de 1000 euros en concepto de reserva del piso el 21 de octubre de 2016 y después 10.000 euros en el momento de la firma del contrato de arras el 2 de noviembre de 2016, creyendo que ese documento había sido suscrito con la propiedad, cuando el documento lo firmó el acusado haciéndose pasar por él, sin que constara poder para ello.

Los Srs. Severiano y Fidela actuaron confiando, en todo momento, en la profesionalidad y en el buen hacer del acusado y en la creencia, asimismo errónea, de que estaban adquiriendo una vivienda, tal y como se hizo constar en el contrato de arras.

Que después constataron que en realidad les habían vendido un local, al carecer de cédula de habitibilidad y no tener posibilidad de obtenerla.

Que se siguió procedimiento civil a instancia de la ahora acusación para interesar la nulidad de los contratos y reclamación de los 11.000 euros, procedimiento seguido contra el Sr. Nicanor, en este procedimiento el Sr. Nicanor negó haber firmado el contrato de arras y la existencia de autorización de venta expresa a terceros ni contrato de intermediación en favor del Sr. Sergio, tras la práctica de pruebas periciales caligráficas y a la vista de su resultado, la acusación particular desistió del procedimiento en el que se les condenó al pago de las costas

La defensa niega los hechos, sostiene que PISOS DEL RAVAL era una sociedad que él tenía, un punto de venta, y en relación con ésta operación dijo que él quería comprar la vivienda del Sr. Nicanor y que firmó con éste un contrato de arras para poder comprar o vender el inmueble a un tercero y reformarlo, aunque después los comerciales enseñaron el piso a los Srs. Severiano y Fidela y estos se interesaron.

Dijo que el Sr. Nicanor no le había entregado poder alguno, pero introdujo la cláusula de poder vender a terceros en los contratos de arras, aunque el acusado estaba interesado en comprarlo él.

Que el Sr. Severiano y LA Sra. Fidela hicieron el contrato con el comercial. Que los Srs. Severiano y Fidela querían el piso para alquilarlo y que incluso ellos querían que les hiciese la reforma la inmobiliaria y que eran conocedores de que no tenía cedula de habitabilidad, que ellos conseguirían a cambio de hacer reformas en favor de la comunidad.

Reconoció que él firmó el contrato de arras en el que figuraba el nombre del Sr. Nicanor simulando su firma, pues el vendedor quería llevar a cabo la operación. Pero que les entregó el documento que había firmado con el Sr. Nicanor.

Reconoció haber recibido los 11.000 euros de los compradores.

Que al final la compra se frustro, pero que los compradores eran conocedores de todas las condiciones. Y que incluso tenían la hipoteca para la compra. Que la operación se frustró al enterarse los compradores que el acusado había pactado la compra del piso por un precio inferior, y que pidieron una rebaja a la que se negó el acusado, lo que enturbió la operación.

Que el piso se ofreció como loft, no como local.

En esencia, sostiene que no existió ningún engaño en cuanto a las condiciones del inmueble, ni en cuanto a que el documento -contrato de arras- en el que se decía que intervenía el Sr. Nicanor lo firmo el declarante pues lo firmo en ese momento y además les entregó el previo contrato que el acusado había suscrito con el Sr. Nicanor.

La prueba que se ha practicado ha consistido en oír en declaración a los testigos, Srs. Severiano y Fidela, que dan versión en sintonía con los hechos que son objeto de la acusación, acudir a la inmobiliaria para poder adquirir una vivienda, tener conciencia de comprar un piso y enterarse de que no es una vivienda el objeto del contrato, sino un local, sin posibilidad de obtener cédula de habitabilidad, que el contrato de arras ya se lo dieron firmado por la propiedad, no se firmó en su presencia y que no estaba el Sr. Nicanor en la firma y que el acusado les dijo que éste había firmado el contrato.

Que se les informó el día de la firma del contrato de arras que se reservaba el precio de una 10% y así se hizo mención en el contrato de que "queda acordado que la venta se realiza sobre el 90% de la vivienda quedando retenido en notaría 10% para un heredero en paradero desconocido", mostrando su extrañeza y preguntando si ello podía frustrar la venta a lo que se les dijo por el acusado que no.

Es de interés la declaración del Sr. Nicanor que dio razón de que contactó con el acusado para vender el inmueble. Que le dio la exclusiva para la venta del inmueble y que le dio a cambio 5000 euros.

Que el inmueble es de varios propietarios y que los que están en Alemania no querían vender.

Que sabía que había unos compradores interesados, que no firmo contrato de arras, ni sabía que estos compradores hubiesen firmado un contrato de arras.

Insistió el Sr. Nicanor en el hecho de que no había firmado un contrato de arras, solo firmó un contrato de exclusiva.

También se refirió a una entrevista con un Notario y el Sr. Sergio en el que el declarante estaba presente en que se dijo que si no estaban todos los propietarios no podían vender.

El Sr. Carlos Jesús, que declaró como testigo se refirió a su intervención en los hechos, trabajador de Tinsa, intervino en la tasación del inmueble, folios 40 a 54 de la causa, dio razón de que la tasación era para garantía hipotecaria, dijo no saber si contaba con cédula de habitabilidad el inmueble, y que estaba escriturado como estudio, que podía ser vivienda si se obtenía la cédula de habitabilidad, fue preguntado, si podía obtenerse la cédula con una superficie inferior a 33 metros, y dijo que si se trata de una vivienda de segunda ocupación, puede obtenerse a partir de 20 metros útiles.

Que en el catastro se hacía constar uso residencial, y en el registro de la propiedad se consideraba como local.

También fue oído el Sr. Desiderio, que había sido trabajador de la inmobiliaria del Sr. Sergio que dijo que hizo una visita del piso, una segunda visita con los compradores probablemente, que el piso cree que no tenía cedula de habitabilidad, no recordó haber firmado ningún documento.

Dijo que trabajaba para el Sr. Sergio, PISOS DEL RAVAL, y dijo al serle exhibido el folio 61 vuelto que no recordaba haberlo recibido, pero que era su DNI y la firma era parecida a la suya.

Son de interés el resultado de las manifestaciones del perito que analizaremos después junto con el examen de los informes periciales.

Exige el procedimiento, un análisis de la documentación que obra en autos:

Procedimiento civil, en el que los Srs. Fidela y Severiano demandaron al Sr. Nicanor en solicitud de nulidad del contrato de arras.

En la demanda se decían que el contrato "fue suscrito por el aquí demandado y mis mandantes, abonándose en ese acto, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en efectivo metálico.

Se señalaban las irregularidades detectadas, el hecho de que el Sr. Nicanor interviniese en nombre de una señora que no se relacionaba como propietaria de la vivienda.

Que el Sr. Nicanor no tenía poder del resto de los intervinientes que se señalaban como vendedores.

Se referían a la retención del precio del 10% por el paradero desconocido de un heredero.

A las discrepancias entre los titulares registrales y los que aparecen en el registro.

Al conocimiento que tuvieron de que lo que adquirían no era una vivienda y que por ende carecía de cédula de habitabilidad. En base a ello solicitaban la nulidad del contrato.

Consta al folio 36 la propuesta de compraventa de octubre de 2016 (consta 2017) en la que se entregaron 1000 euros.

El contrato privado de arras de 2 de noviembre de 2016, en los que consta la entrega de 10.000 euros, en el que se dice interviene el Sr. Nicanor en nombre propio y en nombre de otros. Contrato que el acusado ha reconocido haber firmado simulando la firma del Sr. Nicanor.

Obra en autos la tasación del inmueble, constan las superficies al folio 43.

En la contestación a la demanda del Sr. Nicanor aportó el contrato de arras que el mismo suscribió el 22 de junio de 2016 con el acusado y ampliación de dicho contrato de 2 de noviembre de 2016. Este contrato de ampliación de las arras se encuentra a los folios 76 y 77 y también en el 84-85, en el mismo se fija como fecha máxima del otorgamiento de la escritura el 15 de enero de 2017, pactándose en la cláusula sexta que se pudiese realizar la compra venta con un tercero.

El contrato de arras entre el Sr. Nicanor y el acusado que fijaba como fecha límite de escrituración el 22 de septiembre de 2016 se encuentra a los folios 88-89.

Obra en autos el informe pericial que analiza si las firmas del Sr. Nicanor del contrato de arras de 2 de noviembre de 2016, contrato privado de arras en el que figura el Sr. Nicanor y el Sr. Severiano y Sra. Fidela, en el mismo se concluye que la firma dubitada del Sr. Nicanor no es de él.

El propio acusado se ha atribuido la firma del documento en su declaración dando concreta razón de porqué lo hizo, el informe pericial obra a los folios 130 a 145 vuelto en el que aparece la conclusión, finaliza el informe al folio 169.

Obra un segundo informe pericial, folios 184 y s.s. en el que se analiza si las tres firmas que se atribuyen a Sergio y aparecen en el documento nº 2 (ver documento dubitados) han sido realizadas por su mano, destacar folio 188 y la conclusión obrante al folio 203 en el que se concluye que las tres firmas dubitadas se identifican con la grafía propia del acusado.

En el procedimiento civil, los actores desistieron de la prosecución del proceso, dictándose decreto de sobreseimiento el 13 de febrero de 2019 con condena en costas a la actora. Obra el auto resolutorio del recurso de revisión contra el anterior decreto, que lo desestima. Y diligencia que tasa las costas del procedimiento y acuerda dar traslado a las partes para su posible impugnación. Folios 410 y 411.

Así la íntegra prueba practicada permite concluir que el acusado llevó a cabo un acto subsumible en el tipo penal de estafa.

Así como tiene dicho la jurisprudencia " B) En relación al delito de estafa, hemos mantenido en la STS 226/2023, de 29 de marzo , que se integra de los siguientes elementos: «1°) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2°) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias; 3°) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño; 5°) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6°) Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria».

Sobre el negocio jurídico criminalizado hemos manifestado que esta modalidad de estafa aparece «cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplirlo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo» ( STS 534/2020, de 22 de octubre )."

Y ello por cuanto, la prueba practicada permite concluir que cuando el acusado firmó el contrato de arras de 2 de noviembre de 2016 simulando la intervención de D. Nicanor y que éste actuaba en nombre del resto de los propietarios, sabía que el Sr. Nicanor no podía vender por no contar con el consentimiento del resto de los propietarios, que vendía un local que carecía de cédula de habitabilidad.

En este sentido fue claro el Sr. Nicanor cuando dijo en el juicio que el acusado y él y fueron a un notario que les informó que era preciso el consentimiento de todos los propietarios para vender, el acusado no contaba con la autorización de los copropietarios y sabía que no se podía vender. Extremo del que era plenamente conocedor el acusado, que no ha negado haber suscrito el documento simulando la firma del Sr. Nicanor y que ha cobrado el precio de la reserva y arras y que se ha quedado dichos importes como también reconoció. Conocimiento que resulta acreditado por lo declarado por el testigo Sr. Nicanor, por la mención que se hace en el contrato de arras a la reserva de un 10% del precio, -en sintonía con lo que ya se decía en el punto 2 de la propuesta de compraventa del inmueble- que evidencia que ya se intuía el conflicto, y por las respuestas dadas en este punto por el acusado que fueron evasivas.

Al margen de ser sabedor de que lo que vendía no era una vivienda, circunstancia que por su profesión e información con la que contaba conocía.

En estos términos el actuar del acusado evidencia que la suscripción del contrato con los Srs. Severiano y Fidela le generaba un beneficio, percibo del dinero que ha reconocido haberse quedado, y sabía que el contrato no se podía culminar pues el propietario en nombre del que el acusado dijo actuar, no podía vender por carecer de la autorización del resto de los propietarios.

Así las cosas, al margen del actuar del Sr. Nicanor un tanto confusa, conocedor de que el inmueble no se podía vender como él dijo, pero que firmo un contrato de arras con el acusado el mismo día, lo anterior, en nada empaña el actuar del acusado que también sabía que el inmueble no se podría vender.

A lo que cabe añadir que el inmueble no contaba con cédula de habitabilidad, siendo un elemento esencial el hecho de que fuese una vivienda el objeto del negocio, esa era la voluntad de los compradores, que anticipó - pues no se hubiese podido realizar- que los compradores no pudiesen culminar la operación al no obtener la financiación bancaria precisa para la adquisición del inmueble, pues el mismo fue tasado como local.

TERCERO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.

Ya hemos dejado expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal y acusación particular.

La acusación particular califica los hechos por un delito de estafa en tentativa y estafa continuada agravada. O por un delito de apropiación indebida, descartamos la subsunción de los hechos en este tipo penal pues lo cierto es que los hechos probados tienen natural encaje en el delito de estafa, no pudiendo acogerse el fraccionamiento de la acción como pretende la acusación particular, desgajando los hechos, pues el hecho desplegado tiene su natural encaje en un delito de estafa único, se consuma en el momento en que se lleva a cabo el negocio, sin perjuicio de los posteriores actos de agotamiento de la acción.

Por lo que nos vamos a ceñir, descartadas las pretensiones formuladas por la acusación particular, a la calificación jurídica de los hechos que efectúa el Ministerio Fiscal a la que se ha adherido también la acusación particular.

La calificación del hecho la entendemos como un delito de estafa del art. 248.1 CP, al darse los elementos típicos precisos que ya hemos expuesto en el anterior fundamento.

Un engaño precedente, se llevó a cabo toda la operación siendo conocedor el acusado de que el negocio no se podría culminar, siendo el engaño bastante, para ello el acusado se valió de la posición que le dotaba el actuar amparándose en su profesión de Agente Inmobiliario que conllevó que los Srs. Severiano y Fidela se confiasen en la bonanza del negocio y de lo que firmaban, lo que les movió a error que conllevó el desplazamiento patrimonial, habiendo ello generado un beneficio económico al acusado que hizo suyo el dinero recibido y consiguiente perjuicio económico a dichos señores.

Consideramos que el hecho es subsumible en el tipo básico al no concurrir ninguna de las agravaciones que pretenden las acusaciones, en cuanto a la del art. 250.1 1º CP recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social,cabe destacar que en este caso las dudas sobre la posibilidad de aplicación del precepto se disipan o cuanto menos generan serias dudas en cuanto a su concurrencia, a la vista de lo manifestado por la Sra. Fidela, es cierto que querían adquirir una vivienda, pero lo era, como dicha testigo declaró, para alquilar a tercero, dijo también que su pareja tenía otra propiedad.

Así, con independencia de que se quisiese adquirir una vivienda, no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su concurrencia, pues como tiene dicho el Tribunal Supremo, ATS 9843/2025 - ECLI:ES:TS:2025:9843ª "Sobre esta cuestión, hemos indicado en la STS 338/2018, de 5 de julio , que debe tratarse de «la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario».

Por otro lado, la STS 193/2021, de 3 de marzo , afirma que «cualquier clase de vivienda no es apta para merecer la especial consideración penal que le proporciona este art. 250. 1.1, que persigue la protección de los consumidores en aquellos contratos que tienen por objeto las cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, entre los que incluye las viviendas, sin duda porque el uso de éstas satisface una necesidad tal elemental como es que se puede disponer de un espacio apto para que en él sea posible el desarrollo de nuestra propia intimidad personal y familiar ( art. 18.1 CE ).

El art. 47 de esta misma ley Fundamental recoge como uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y aunque cualquier espacio cerrado utilizado para el desarrollo de la intimidad merece la especial protección que la Constitución y las Leyes reconocen al domicilio ( art. 18.2 CE ), sin embargo, cualquier vivienda no se encuentra comprendida en el ámbito de la aquí estudiada circunstancia 1ª del art. 250.1, sino solo aquella que pude considerarse bien de "primera necesidad" o "de reconocida utilidad social", esto es, la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario. El subtipo agravado no será de aplicación, por tanto, en los casos en que la víctima dispone de dinero para adquirir otra vivienda, distinta de aquella en la que habita, como inversión, recreo o para aumentar su patrimonio, o incluso en los casos de cambio de domicilio, si no se acredita la venta de la primera vivienda y la realidad del traslado, pues siendo esta condición de primera vivienda elemento del tipo agravado, la carga de la prueba de tal circunstancia comprenderá a la acusación por aplicación de la presunción de inocencia del art. 24.2 CE ».

Por lo que los hechos no son incardinables en dicho tipo agravado.

Tampoco cabe apreciar la agravación del art. 250.1 6º CP, se cometa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional.Es cierto que el acusado vio propiciada su acción ilícita y para ello se amparó en su profesión que desarrollaba en Agencia Inmobiliaria.

Pero no es menos cierto que como tiene dicho el Tribunal Supremo, en su sentencia, ECLI: ES:TS:2025:3248 :

"5.2.Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva,pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

En este caso no apreciamos, una relación distinta a la que por si misma se representa en la conducta engañosa, que ya se constituye por el hecho de que el acusado se prevalió para dotar de bonanza a su acción de su condición de profesional del sector inmobiliario, pero sin que se apunte ni se indique otro elemento, un plus de relación previa, de confianza, que permita la aplicación de la agravación.

En cuanto al delito de falsedad, el relato del hecho probado que resulta de la prueba practicada, por el propio reconocimiento del acusado que asume haber estampado la firma que se atribuye al Sr. Nicanor en el contrato de arras de 2 de noviembre colma los requisitos típicos del art. 390 1 2º y 3º, permitió su acción, estampar la firma simulando la del Sr. Nicanor, inducir a error sobre su autenticidad, haciendo parecer que en el documento intervenía el Sr. Nicanor cuando no era así, pues éste no le había autorizado.

No tiene sentido el argumento del acusado por el que intentó justificar en el plenario lo acontecido, no cabe entender que el contrato de arras firmado con el Sr. Nicanor el 2 de noviembre, le autorizaba para firmar el contrato de arras con el Sr. Severiano y Fidela, cuando ese contrato era un contrato de arras para comprar el acusado, y en su caso se decía "en caso de que no sea posible realizar la compra venta, se podrá realizar a un tercero", pero esa cláusula no le amparaba para simular la intervención del Sr. Nicanor en el contrato de arras suscrito con los Srs. Fidela y Severiano. Por lo que los hechos son subsumibles en el art. 395 en relación con el art. 390 1. 2º y 3º CP en concurso de normas del art. 8.3 CP.

Los hechos permiten constatar que no nos encontramos ante un ilícito civil, pues el acusado ha simulado un propósito serio de contratar, cuando solo pretendía aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de la otra parte ocultando su decidida intención de incumplir con sus obligaciones.

CUARTO.- Personas criminalmente responsables.-Del citado delito es responsable en concepto de autor el acusado Sergio por su participación directa y material en los hechos, conforme a los arts. 27 y 28 del CP.

QUINTO.- Circunstancias modificativas.-

Se peticiona la atenuante de dilaciones indebidas como mu cualificadas habida cuenta la fecha de incoación del procedimiento, la fecha del auto de acomodación, y señalamiento del juicio en el mes de febrero de 2025, no computa como tiempo de dilación el tiempo transcurrido entre ese día y el nuevo señalamiento al haberse suspendido el juicio por causa imputable a la defensa.

Hemos consignado en el hecho probado los tiempos que han transcurrido en el procedimiento, y las paralizaciones que hemos constatado, así en instrucción apreciamos un periodo que va del 1 de marzo de 2021 al 26 de agosto de 2021 de inactividad, otro que va del 25 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022 y desde esa fecha al 6 de octubre de 2022.

En la Audiencia se produjo un periodo de inactividad desde el 3 de noviembre de 2023 al 5 de febrero de 2025. Desde el juicio celebrado se dicta la sentencia el día de la fecha.

Ello no obstante la suma de los periodos si bien se aproximan a los tiempos que permitirían entender la dilación como cualificada según acuerdo de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, no lo alcanza, siendo que la duración en total del procedimiento ha sufrido demoras importantes por la localización del acusado, personación y comparecencia del responsable civil o suspensión del juicio por causa atribuible a la defensa. Por ello se aprecia la dilación con el carácter de simple del art. 21.6 CP.

SEXTO.- Penalidad.-

En este punto es de destacar que las acusaciones califican los hechos como delito de falsificación de los artículos dichos en concurso de normas del art. 8.3 CP con el delito de estafa.

Así las cosas, el delito de estafa lleva aparejada la pena de prisión de 6 meses a 3 años, conforme a lo dispuesto en el art. 249 CP, dada la concurrencia de una circunstancia atenuante, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 66.1.1º CP, imponiéndose la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito lo que nos sitúa entre los 6 meses y los 21 meses.

Tomando en consideración los criterios de modulación de la pena a que se refiere el precepto, dada la cantidad objeto de defraudación 11.000 euros, el perjuicio ocasionado a las víctimas por la pérdida de la expectativa de compra, que para llevar a cabo la operación se simuló la firma de uno de los propietarios del inmueble, la ausencia de conocimiento previo entre las partes, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 66.1 1º CP, estimamos proporcionada la imposición de la pena UN AÑO Y SEIS meses de prisión, pena que consideramos ajustada y proporcionada al desvalor de la acción.

Con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

No se estima proporcionada la privación para la profesión de gestor inmobiliario o representación de entidades inmobiliarias por no contar con previos antecedentes y tratarse el que nos ocupa de un hecho puntual.

SEPTIMO.- Responsabilidad civil.-La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109.1 y 116.1 CP) .

En este caso en atención a la suma interesada por el Ministerio Fiscal y acusación particular en concepto de responsabilidad civil que se corresponde a las cantidades que en su día fueron entregadas en concepto de reserva y arras, 11.000 euros, suma que el acusado ha hecho suya procede condenar al acusado a reintegrar a las víctimas dicha cantidad, más los intereses legales desde la fecha en que el acusado las incorporó a su patrimonio, 1000 euros el 21 de octubre de 2016 y 10.000 euros el 2 de noviembre de 2016, e intereses del art. 576 LEC.

En cuanto a la cantidad que abonaron en concepto de costas los perjudicados en el previo procedimiento civil seguido contra el Sr. Nicanor señalar que no procede la condena al pago de dicha cantidad en base a las siguientes consideraciones, en primer lugar la condena en costas fue fruto del desistimiento voluntario de los aquí acusación particular en ese proceso, no consta que las costas fuesen definitivamente aprobadas ni que hayan sido abonadas, por lo que no procede su inclusión en la condena al pago de la responsabilidad civil.

Y en orden a la polémica suscitada sobre si PISOS DEL RAVAL es persona jurídica o nombre comercial, lo cierto es que no se ha acreditado que PISOS DEL RAVAL sea persona jurídica, no consta información alguna en ese sentido y la referencia a la cuestión de los intervinientes, incluso del propio acusado ha sido confusa, por lo que no procede la condena como responsable civil subsidiaria.

OCTAVO.- Costas procesales.-Conforme a lo dispuesto en el art. 123 CP se condena al acusado al pago de las costas causadas incluidas las de la acusación particular.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS.

Se plantearon cuestiones previas por el Ministerio Fiscal que retiró la petición de expulsión del acusado, cuestión a la que se adhirió la Acusación Particular. Mostro su conformidad la defensa, se acordó tener por retirada dicha petición.

Por la defensa se planteó como cuestión previa la alteración del orden de la práctica de la prueba para que fuese oído el acusado tras haberse practicado el resto de la prueba acordándose de conformidad.

Se refirió la defensa a la ausencia de la aportación completa de la documentación referida a la tasación de costas, y se solicitó cierta documental, fueron oídas las partes.

También planteó la defensa que PISOS DEL RAVAL es nombre comercial que no debía ser responsable civil.

Se resolvió lo siguiente, en cuanto a la solicitud de aportación de documentación, se denegó al no haberse solicitado con carácter previo por la defensa.

Y en cuanto a si PISOS DEL RAVAL era o no nombre comercial, se acordó resolverse en sentencia.

SEGUNDO.-La hipótesis de la acusación se fundamenta en el hecho de que el Sr. Severiano y la Sra. Fidela, interesados en la compra de una vivienda fueron a PISOS DEL RAVAL, propiedad de Sergio, les ofertó la vivienda de la DIRECCION001 de Barcelona, por un precio de 80.000 euros. Tras visitas de la vivienda acordaron las condiciones de la compraventa.

Abonaron los Srs. Severiano y Fidela la suma de 1000 euros en concepto de reserva del piso el 21 de octubre de 2016 y después 10.000 euros en el momento de la firma del contrato de arras el 2 de noviembre de 2016, creyendo que ese documento había sido suscrito con la propiedad, cuando el documento lo firmó el acusado haciéndose pasar por él, sin que constara poder para ello.

Los Srs. Severiano y Fidela actuaron confiando, en todo momento, en la profesionalidad y en el buen hacer del acusado y en la creencia, asimismo errónea, de que estaban adquiriendo una vivienda, tal y como se hizo constar en el contrato de arras.

Que después constataron que en realidad les habían vendido un local, al carecer de cédula de habitibilidad y no tener posibilidad de obtenerla.

Que se siguió procedimiento civil a instancia de la ahora acusación para interesar la nulidad de los contratos y reclamación de los 11.000 euros, procedimiento seguido contra el Sr. Nicanor, en este procedimiento el Sr. Nicanor negó haber firmado el contrato de arras y la existencia de autorización de venta expresa a terceros ni contrato de intermediación en favor del Sr. Sergio, tras la práctica de pruebas periciales caligráficas y a la vista de su resultado, la acusación particular desistió del procedimiento en el que se les condenó al pago de las costas

La defensa niega los hechos, sostiene que PISOS DEL RAVAL era una sociedad que él tenía, un punto de venta, y en relación con ésta operación dijo que él quería comprar la vivienda del Sr. Nicanor y que firmó con éste un contrato de arras para poder comprar o vender el inmueble a un tercero y reformarlo, aunque después los comerciales enseñaron el piso a los Srs. Severiano y Fidela y estos se interesaron.

Dijo que el Sr. Nicanor no le había entregado poder alguno, pero introdujo la cláusula de poder vender a terceros en los contratos de arras, aunque el acusado estaba interesado en comprarlo él.

Que el Sr. Severiano y LA Sra. Fidela hicieron el contrato con el comercial. Que los Srs. Severiano y Fidela querían el piso para alquilarlo y que incluso ellos querían que les hiciese la reforma la inmobiliaria y que eran conocedores de que no tenía cedula de habitabilidad, que ellos conseguirían a cambio de hacer reformas en favor de la comunidad.

Reconoció que él firmó el contrato de arras en el que figuraba el nombre del Sr. Nicanor simulando su firma, pues el vendedor quería llevar a cabo la operación. Pero que les entregó el documento que había firmado con el Sr. Nicanor.

Reconoció haber recibido los 11.000 euros de los compradores.

Que al final la compra se frustro, pero que los compradores eran conocedores de todas las condiciones. Y que incluso tenían la hipoteca para la compra. Que la operación se frustró al enterarse los compradores que el acusado había pactado la compra del piso por un precio inferior, y que pidieron una rebaja a la que se negó el acusado, lo que enturbió la operación.

Que el piso se ofreció como loft, no como local.

En esencia, sostiene que no existió ningún engaño en cuanto a las condiciones del inmueble, ni en cuanto a que el documento -contrato de arras- en el que se decía que intervenía el Sr. Nicanor lo firmo el declarante pues lo firmo en ese momento y además les entregó el previo contrato que el acusado había suscrito con el Sr. Nicanor.

La prueba que se ha practicado ha consistido en oír en declaración a los testigos, Srs. Severiano y Fidela, que dan versión en sintonía con los hechos que son objeto de la acusación, acudir a la inmobiliaria para poder adquirir una vivienda, tener conciencia de comprar un piso y enterarse de que no es una vivienda el objeto del contrato, sino un local, sin posibilidad de obtener cédula de habitabilidad, que el contrato de arras ya se lo dieron firmado por la propiedad, no se firmó en su presencia y que no estaba el Sr. Nicanor en la firma y que el acusado les dijo que éste había firmado el contrato.

Que se les informó el día de la firma del contrato de arras que se reservaba el precio de una 10% y así se hizo mención en el contrato de que "queda acordado que la venta se realiza sobre el 90% de la vivienda quedando retenido en notaría 10% para un heredero en paradero desconocido", mostrando su extrañeza y preguntando si ello podía frustrar la venta a lo que se les dijo por el acusado que no.

Es de interés la declaración del Sr. Nicanor que dio razón de que contactó con el acusado para vender el inmueble. Que le dio la exclusiva para la venta del inmueble y que le dio a cambio 5000 euros.

Que el inmueble es de varios propietarios y que los que están en Alemania no querían vender.

Que sabía que había unos compradores interesados, que no firmo contrato de arras, ni sabía que estos compradores hubiesen firmado un contrato de arras.

Insistió el Sr. Nicanor en el hecho de que no había firmado un contrato de arras, solo firmó un contrato de exclusiva.

También se refirió a una entrevista con un Notario y el Sr. Sergio en el que el declarante estaba presente en que se dijo que si no estaban todos los propietarios no podían vender.

El Sr. Carlos Jesús, que declaró como testigo se refirió a su intervención en los hechos, trabajador de Tinsa, intervino en la tasación del inmueble, folios 40 a 54 de la causa, dio razón de que la tasación era para garantía hipotecaria, dijo no saber si contaba con cédula de habitabilidad el inmueble, y que estaba escriturado como estudio, que podía ser vivienda si se obtenía la cédula de habitabilidad, fue preguntado, si podía obtenerse la cédula con una superficie inferior a 33 metros, y dijo que si se trata de una vivienda de segunda ocupación, puede obtenerse a partir de 20 metros útiles.

Que en el catastro se hacía constar uso residencial, y en el registro de la propiedad se consideraba como local.

También fue oído el Sr. Desiderio, que había sido trabajador de la inmobiliaria del Sr. Sergio que dijo que hizo una visita del piso, una segunda visita con los compradores probablemente, que el piso cree que no tenía cedula de habitabilidad, no recordó haber firmado ningún documento.

Dijo que trabajaba para el Sr. Sergio, PISOS DEL RAVAL, y dijo al serle exhibido el folio 61 vuelto que no recordaba haberlo recibido, pero que era su DNI y la firma era parecida a la suya.

Son de interés el resultado de las manifestaciones del perito que analizaremos después junto con el examen de los informes periciales.

Exige el procedimiento, un análisis de la documentación que obra en autos:

Procedimiento civil, en el que los Srs. Fidela y Severiano demandaron al Sr. Nicanor en solicitud de nulidad del contrato de arras.

En la demanda se decían que el contrato "fue suscrito por el aquí demandado y mis mandantes, abonándose en ese acto, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en efectivo metálico.

Se señalaban las irregularidades detectadas, el hecho de que el Sr. Nicanor interviniese en nombre de una señora que no se relacionaba como propietaria de la vivienda.

Que el Sr. Nicanor no tenía poder del resto de los intervinientes que se señalaban como vendedores.

Se referían a la retención del precio del 10% por el paradero desconocido de un heredero.

A las discrepancias entre los titulares registrales y los que aparecen en el registro.

Al conocimiento que tuvieron de que lo que adquirían no era una vivienda y que por ende carecía de cédula de habitabilidad. En base a ello solicitaban la nulidad del contrato.

Consta al folio 36 la propuesta de compraventa de octubre de 2016 (consta 2017) en la que se entregaron 1000 euros.

El contrato privado de arras de 2 de noviembre de 2016, en los que consta la entrega de 10.000 euros, en el que se dice interviene el Sr. Nicanor en nombre propio y en nombre de otros. Contrato que el acusado ha reconocido haber firmado simulando la firma del Sr. Nicanor.

Obra en autos la tasación del inmueble, constan las superficies al folio 43.

En la contestación a la demanda del Sr. Nicanor aportó el contrato de arras que el mismo suscribió el 22 de junio de 2016 con el acusado y ampliación de dicho contrato de 2 de noviembre de 2016. Este contrato de ampliación de las arras se encuentra a los folios 76 y 77 y también en el 84-85, en el mismo se fija como fecha máxima del otorgamiento de la escritura el 15 de enero de 2017, pactándose en la cláusula sexta que se pudiese realizar la compra venta con un tercero.

El contrato de arras entre el Sr. Nicanor y el acusado que fijaba como fecha límite de escrituración el 22 de septiembre de 2016 se encuentra a los folios 88-89.

Obra en autos el informe pericial que analiza si las firmas del Sr. Nicanor del contrato de arras de 2 de noviembre de 2016, contrato privado de arras en el que figura el Sr. Nicanor y el Sr. Severiano y Sra. Fidela, en el mismo se concluye que la firma dubitada del Sr. Nicanor no es de él.

El propio acusado se ha atribuido la firma del documento en su declaración dando concreta razón de porqué lo hizo, el informe pericial obra a los folios 130 a 145 vuelto en el que aparece la conclusión, finaliza el informe al folio 169.

Obra un segundo informe pericial, folios 184 y s.s. en el que se analiza si las tres firmas que se atribuyen a Sergio y aparecen en el documento nº 2 (ver documento dubitados) han sido realizadas por su mano, destacar folio 188 y la conclusión obrante al folio 203 en el que se concluye que las tres firmas dubitadas se identifican con la grafía propia del acusado.

En el procedimiento civil, los actores desistieron de la prosecución del proceso, dictándose decreto de sobreseimiento el 13 de febrero de 2019 con condena en costas a la actora. Obra el auto resolutorio del recurso de revisión contra el anterior decreto, que lo desestima. Y diligencia que tasa las costas del procedimiento y acuerda dar traslado a las partes para su posible impugnación. Folios 410 y 411.

Así la íntegra prueba practicada permite concluir que el acusado llevó a cabo un acto subsumible en el tipo penal de estafa.

Así como tiene dicho la jurisprudencia " B) En relación al delito de estafa, hemos mantenido en la STS 226/2023, de 29 de marzo , que se integra de los siguientes elementos: «1°) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2°) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias; 3°) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño; 5°) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6°) Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria».

Sobre el negocio jurídico criminalizado hemos manifestado que esta modalidad de estafa aparece «cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplirlo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo» ( STS 534/2020, de 22 de octubre )."

Y ello por cuanto, la prueba practicada permite concluir que cuando el acusado firmó el contrato de arras de 2 de noviembre de 2016 simulando la intervención de D. Nicanor y que éste actuaba en nombre del resto de los propietarios, sabía que el Sr. Nicanor no podía vender por no contar con el consentimiento del resto de los propietarios, que vendía un local que carecía de cédula de habitabilidad.

En este sentido fue claro el Sr. Nicanor cuando dijo en el juicio que el acusado y él y fueron a un notario que les informó que era preciso el consentimiento de todos los propietarios para vender, el acusado no contaba con la autorización de los copropietarios y sabía que no se podía vender. Extremo del que era plenamente conocedor el acusado, que no ha negado haber suscrito el documento simulando la firma del Sr. Nicanor y que ha cobrado el precio de la reserva y arras y que se ha quedado dichos importes como también reconoció. Conocimiento que resulta acreditado por lo declarado por el testigo Sr. Nicanor, por la mención que se hace en el contrato de arras a la reserva de un 10% del precio, -en sintonía con lo que ya se decía en el punto 2 de la propuesta de compraventa del inmueble- que evidencia que ya se intuía el conflicto, y por las respuestas dadas en este punto por el acusado que fueron evasivas.

Al margen de ser sabedor de que lo que vendía no era una vivienda, circunstancia que por su profesión e información con la que contaba conocía.

En estos términos el actuar del acusado evidencia que la suscripción del contrato con los Srs. Severiano y Fidela le generaba un beneficio, percibo del dinero que ha reconocido haberse quedado, y sabía que el contrato no se podía culminar pues el propietario en nombre del que el acusado dijo actuar, no podía vender por carecer de la autorización del resto de los propietarios.

Así las cosas, al margen del actuar del Sr. Nicanor un tanto confusa, conocedor de que el inmueble no se podía vender como él dijo, pero que firmo un contrato de arras con el acusado el mismo día, lo anterior, en nada empaña el actuar del acusado que también sabía que el inmueble no se podría vender.

A lo que cabe añadir que el inmueble no contaba con cédula de habitabilidad, siendo un elemento esencial el hecho de que fuese una vivienda el objeto del negocio, esa era la voluntad de los compradores, que anticipó - pues no se hubiese podido realizar- que los compradores no pudiesen culminar la operación al no obtener la financiación bancaria precisa para la adquisición del inmueble, pues el mismo fue tasado como local.

TERCERO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.

Ya hemos dejado expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal y acusación particular.

La acusación particular califica los hechos por un delito de estafa en tentativa y estafa continuada agravada. O por un delito de apropiación indebida, descartamos la subsunción de los hechos en este tipo penal pues lo cierto es que los hechos probados tienen natural encaje en el delito de estafa, no pudiendo acogerse el fraccionamiento de la acción como pretende la acusación particular, desgajando los hechos, pues el hecho desplegado tiene su natural encaje en un delito de estafa único, se consuma en el momento en que se lleva a cabo el negocio, sin perjuicio de los posteriores actos de agotamiento de la acción.

Por lo que nos vamos a ceñir, descartadas las pretensiones formuladas por la acusación particular, a la calificación jurídica de los hechos que efectúa el Ministerio Fiscal a la que se ha adherido también la acusación particular.

La calificación del hecho la entendemos como un delito de estafa del art. 248.1 CP, al darse los elementos típicos precisos que ya hemos expuesto en el anterior fundamento.

Un engaño precedente, se llevó a cabo toda la operación siendo conocedor el acusado de que el negocio no se podría culminar, siendo el engaño bastante, para ello el acusado se valió de la posición que le dotaba el actuar amparándose en su profesión de Agente Inmobiliario que conllevó que los Srs. Severiano y Fidela se confiasen en la bonanza del negocio y de lo que firmaban, lo que les movió a error que conllevó el desplazamiento patrimonial, habiendo ello generado un beneficio económico al acusado que hizo suyo el dinero recibido y consiguiente perjuicio económico a dichos señores.

Consideramos que el hecho es subsumible en el tipo básico al no concurrir ninguna de las agravaciones que pretenden las acusaciones, en cuanto a la del art. 250.1 1º CP recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social,cabe destacar que en este caso las dudas sobre la posibilidad de aplicación del precepto se disipan o cuanto menos generan serias dudas en cuanto a su concurrencia, a la vista de lo manifestado por la Sra. Fidela, es cierto que querían adquirir una vivienda, pero lo era, como dicha testigo declaró, para alquilar a tercero, dijo también que su pareja tenía otra propiedad.

Así, con independencia de que se quisiese adquirir una vivienda, no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su concurrencia, pues como tiene dicho el Tribunal Supremo, ATS 9843/2025 - ECLI:ES:TS:2025:9843ª "Sobre esta cuestión, hemos indicado en la STS 338/2018, de 5 de julio , que debe tratarse de «la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario».

Por otro lado, la STS 193/2021, de 3 de marzo , afirma que «cualquier clase de vivienda no es apta para merecer la especial consideración penal que le proporciona este art. 250. 1.1, que persigue la protección de los consumidores en aquellos contratos que tienen por objeto las cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, entre los que incluye las viviendas, sin duda porque el uso de éstas satisface una necesidad tal elemental como es que se puede disponer de un espacio apto para que en él sea posible el desarrollo de nuestra propia intimidad personal y familiar ( art. 18.1 CE ).

El art. 47 de esta misma ley Fundamental recoge como uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y aunque cualquier espacio cerrado utilizado para el desarrollo de la intimidad merece la especial protección que la Constitución y las Leyes reconocen al domicilio ( art. 18.2 CE ), sin embargo, cualquier vivienda no se encuentra comprendida en el ámbito de la aquí estudiada circunstancia 1ª del art. 250.1, sino solo aquella que pude considerarse bien de "primera necesidad" o "de reconocida utilidad social", esto es, la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario. El subtipo agravado no será de aplicación, por tanto, en los casos en que la víctima dispone de dinero para adquirir otra vivienda, distinta de aquella en la que habita, como inversión, recreo o para aumentar su patrimonio, o incluso en los casos de cambio de domicilio, si no se acredita la venta de la primera vivienda y la realidad del traslado, pues siendo esta condición de primera vivienda elemento del tipo agravado, la carga de la prueba de tal circunstancia comprenderá a la acusación por aplicación de la presunción de inocencia del art. 24.2 CE ».

Por lo que los hechos no son incardinables en dicho tipo agravado.

Tampoco cabe apreciar la agravación del art. 250.1 6º CP, se cometa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional.Es cierto que el acusado vio propiciada su acción ilícita y para ello se amparó en su profesión que desarrollaba en Agencia Inmobiliaria.

Pero no es menos cierto que como tiene dicho el Tribunal Supremo, en su sentencia, ECLI: ES:TS:2025:3248 :

"5.2.Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva,pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

En este caso no apreciamos, una relación distinta a la que por si misma se representa en la conducta engañosa, que ya se constituye por el hecho de que el acusado se prevalió para dotar de bonanza a su acción de su condición de profesional del sector inmobiliario, pero sin que se apunte ni se indique otro elemento, un plus de relación previa, de confianza, que permita la aplicación de la agravación.

En cuanto al delito de falsedad, el relato del hecho probado que resulta de la prueba practicada, por el propio reconocimiento del acusado que asume haber estampado la firma que se atribuye al Sr. Nicanor en el contrato de arras de 2 de noviembre colma los requisitos típicos del art. 390 1 2º y 3º, permitió su acción, estampar la firma simulando la del Sr. Nicanor, inducir a error sobre su autenticidad, haciendo parecer que en el documento intervenía el Sr. Nicanor cuando no era así, pues éste no le había autorizado.

No tiene sentido el argumento del acusado por el que intentó justificar en el plenario lo acontecido, no cabe entender que el contrato de arras firmado con el Sr. Nicanor el 2 de noviembre, le autorizaba para firmar el contrato de arras con el Sr. Severiano y Fidela, cuando ese contrato era un contrato de arras para comprar el acusado, y en su caso se decía "en caso de que no sea posible realizar la compra venta, se podrá realizar a un tercero", pero esa cláusula no le amparaba para simular la intervención del Sr. Nicanor en el contrato de arras suscrito con los Srs. Fidela y Severiano. Por lo que los hechos son subsumibles en el art. 395 en relación con el art. 390 1. 2º y 3º CP en concurso de normas del art. 8.3 CP.

Los hechos permiten constatar que no nos encontramos ante un ilícito civil, pues el acusado ha simulado un propósito serio de contratar, cuando solo pretendía aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de la otra parte ocultando su decidida intención de incumplir con sus obligaciones.

CUARTO.- Personas criminalmente responsables.-Del citado delito es responsable en concepto de autor el acusado Sergio por su participación directa y material en los hechos, conforme a los arts. 27 y 28 del CP.

QUINTO.- Circunstancias modificativas.-

Se peticiona la atenuante de dilaciones indebidas como mu cualificadas habida cuenta la fecha de incoación del procedimiento, la fecha del auto de acomodación, y señalamiento del juicio en el mes de febrero de 2025, no computa como tiempo de dilación el tiempo transcurrido entre ese día y el nuevo señalamiento al haberse suspendido el juicio por causa imputable a la defensa.

Hemos consignado en el hecho probado los tiempos que han transcurrido en el procedimiento, y las paralizaciones que hemos constatado, así en instrucción apreciamos un periodo que va del 1 de marzo de 2021 al 26 de agosto de 2021 de inactividad, otro que va del 25 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022 y desde esa fecha al 6 de octubre de 2022.

En la Audiencia se produjo un periodo de inactividad desde el 3 de noviembre de 2023 al 5 de febrero de 2025. Desde el juicio celebrado se dicta la sentencia el día de la fecha.

Ello no obstante la suma de los periodos si bien se aproximan a los tiempos que permitirían entender la dilación como cualificada según acuerdo de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, no lo alcanza, siendo que la duración en total del procedimiento ha sufrido demoras importantes por la localización del acusado, personación y comparecencia del responsable civil o suspensión del juicio por causa atribuible a la defensa. Por ello se aprecia la dilación con el carácter de simple del art. 21.6 CP.

SEXTO.- Penalidad.-

En este punto es de destacar que las acusaciones califican los hechos como delito de falsificación de los artículos dichos en concurso de normas del art. 8.3 CP con el delito de estafa.

Así las cosas, el delito de estafa lleva aparejada la pena de prisión de 6 meses a 3 años, conforme a lo dispuesto en el art. 249 CP, dada la concurrencia de una circunstancia atenuante, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 66.1.1º CP, imponiéndose la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito lo que nos sitúa entre los 6 meses y los 21 meses.

Tomando en consideración los criterios de modulación de la pena a que se refiere el precepto, dada la cantidad objeto de defraudación 11.000 euros, el perjuicio ocasionado a las víctimas por la pérdida de la expectativa de compra, que para llevar a cabo la operación se simuló la firma de uno de los propietarios del inmueble, la ausencia de conocimiento previo entre las partes, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 66.1 1º CP, estimamos proporcionada la imposición de la pena UN AÑO Y SEIS meses de prisión, pena que consideramos ajustada y proporcionada al desvalor de la acción.

Con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

No se estima proporcionada la privación para la profesión de gestor inmobiliario o representación de entidades inmobiliarias por no contar con previos antecedentes y tratarse el que nos ocupa de un hecho puntual.

SEPTIMO.- Responsabilidad civil.-La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109.1 y 116.1 CP) .

En este caso en atención a la suma interesada por el Ministerio Fiscal y acusación particular en concepto de responsabilidad civil que se corresponde a las cantidades que en su día fueron entregadas en concepto de reserva y arras, 11.000 euros, suma que el acusado ha hecho suya procede condenar al acusado a reintegrar a las víctimas dicha cantidad, más los intereses legales desde la fecha en que el acusado las incorporó a su patrimonio, 1000 euros el 21 de octubre de 2016 y 10.000 euros el 2 de noviembre de 2016, e intereses del art. 576 LEC.

En cuanto a la cantidad que abonaron en concepto de costas los perjudicados en el previo procedimiento civil seguido contra el Sr. Nicanor señalar que no procede la condena al pago de dicha cantidad en base a las siguientes consideraciones, en primer lugar la condena en costas fue fruto del desistimiento voluntario de los aquí acusación particular en ese proceso, no consta que las costas fuesen definitivamente aprobadas ni que hayan sido abonadas, por lo que no procede su inclusión en la condena al pago de la responsabilidad civil.

Y en orden a la polémica suscitada sobre si PISOS DEL RAVAL es persona jurídica o nombre comercial, lo cierto es que no se ha acreditado que PISOS DEL RAVAL sea persona jurídica, no consta información alguna en ese sentido y la referencia a la cuestión de los intervinientes, incluso del propio acusado ha sido confusa, por lo que no procede la condena como responsable civil subsidiaria.

OCTAVO.- Costas procesales.-Conforme a lo dispuesto en el art. 123 CP se condena al acusado al pago de las costas causadas incluidas las de la acusación particular.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS.

Se plantearon cuestiones previas por el Ministerio Fiscal que retiró la petición de expulsión del acusado, cuestión a la que se adhirió la Acusación Particular. Mostro su conformidad la defensa, se acordó tener por retirada dicha petición.

Por la defensa se planteó como cuestión previa la alteración del orden de la práctica de la prueba para que fuese oído el acusado tras haberse practicado el resto de la prueba acordándose de conformidad.

Se refirió la defensa a la ausencia de la aportación completa de la documentación referida a la tasación de costas, y se solicitó cierta documental, fueron oídas las partes.

También planteó la defensa que PISOS DEL RAVAL es nombre comercial que no debía ser responsable civil.

Se resolvió lo siguiente, en cuanto a la solicitud de aportación de documentación, se denegó al no haberse solicitado con carácter previo por la defensa.

Y en cuanto a si PISOS DEL RAVAL era o no nombre comercial, se acordó resolverse en sentencia.

SEGUNDO.-La hipótesis de la acusación se fundamenta en el hecho de que el Sr. Severiano y la Sra. Fidela, interesados en la compra de una vivienda fueron a PISOS DEL RAVAL, propiedad de Sergio, les ofertó la vivienda de la DIRECCION001 de Barcelona, por un precio de 80.000 euros. Tras visitas de la vivienda acordaron las condiciones de la compraventa.

Abonaron los Srs. Severiano y Fidela la suma de 1000 euros en concepto de reserva del piso el 21 de octubre de 2016 y después 10.000 euros en el momento de la firma del contrato de arras el 2 de noviembre de 2016, creyendo que ese documento había sido suscrito con la propiedad, cuando el documento lo firmó el acusado haciéndose pasar por él, sin que constara poder para ello.

Los Srs. Severiano y Fidela actuaron confiando, en todo momento, en la profesionalidad y en el buen hacer del acusado y en la creencia, asimismo errónea, de que estaban adquiriendo una vivienda, tal y como se hizo constar en el contrato de arras.

Que después constataron que en realidad les habían vendido un local, al carecer de cédula de habitibilidad y no tener posibilidad de obtenerla.

Que se siguió procedimiento civil a instancia de la ahora acusación para interesar la nulidad de los contratos y reclamación de los 11.000 euros, procedimiento seguido contra el Sr. Nicanor, en este procedimiento el Sr. Nicanor negó haber firmado el contrato de arras y la existencia de autorización de venta expresa a terceros ni contrato de intermediación en favor del Sr. Sergio, tras la práctica de pruebas periciales caligráficas y a la vista de su resultado, la acusación particular desistió del procedimiento en el que se les condenó al pago de las costas

La defensa niega los hechos, sostiene que PISOS DEL RAVAL era una sociedad que él tenía, un punto de venta, y en relación con ésta operación dijo que él quería comprar la vivienda del Sr. Nicanor y que firmó con éste un contrato de arras para poder comprar o vender el inmueble a un tercero y reformarlo, aunque después los comerciales enseñaron el piso a los Srs. Severiano y Fidela y estos se interesaron.

Dijo que el Sr. Nicanor no le había entregado poder alguno, pero introdujo la cláusula de poder vender a terceros en los contratos de arras, aunque el acusado estaba interesado en comprarlo él.

Que el Sr. Severiano y LA Sra. Fidela hicieron el contrato con el comercial. Que los Srs. Severiano y Fidela querían el piso para alquilarlo y que incluso ellos querían que les hiciese la reforma la inmobiliaria y que eran conocedores de que no tenía cedula de habitabilidad, que ellos conseguirían a cambio de hacer reformas en favor de la comunidad.

Reconoció que él firmó el contrato de arras en el que figuraba el nombre del Sr. Nicanor simulando su firma, pues el vendedor quería llevar a cabo la operación. Pero que les entregó el documento que había firmado con el Sr. Nicanor.

Reconoció haber recibido los 11.000 euros de los compradores.

Que al final la compra se frustro, pero que los compradores eran conocedores de todas las condiciones. Y que incluso tenían la hipoteca para la compra. Que la operación se frustró al enterarse los compradores que el acusado había pactado la compra del piso por un precio inferior, y que pidieron una rebaja a la que se negó el acusado, lo que enturbió la operación.

Que el piso se ofreció como loft, no como local.

En esencia, sostiene que no existió ningún engaño en cuanto a las condiciones del inmueble, ni en cuanto a que el documento -contrato de arras- en el que se decía que intervenía el Sr. Nicanor lo firmo el declarante pues lo firmo en ese momento y además les entregó el previo contrato que el acusado había suscrito con el Sr. Nicanor.

La prueba que se ha practicado ha consistido en oír en declaración a los testigos, Srs. Severiano y Fidela, que dan versión en sintonía con los hechos que son objeto de la acusación, acudir a la inmobiliaria para poder adquirir una vivienda, tener conciencia de comprar un piso y enterarse de que no es una vivienda el objeto del contrato, sino un local, sin posibilidad de obtener cédula de habitabilidad, que el contrato de arras ya se lo dieron firmado por la propiedad, no se firmó en su presencia y que no estaba el Sr. Nicanor en la firma y que el acusado les dijo que éste había firmado el contrato.

Que se les informó el día de la firma del contrato de arras que se reservaba el precio de una 10% y así se hizo mención en el contrato de que "queda acordado que la venta se realiza sobre el 90% de la vivienda quedando retenido en notaría 10% para un heredero en paradero desconocido", mostrando su extrañeza y preguntando si ello podía frustrar la venta a lo que se les dijo por el acusado que no.

Es de interés la declaración del Sr. Nicanor que dio razón de que contactó con el acusado para vender el inmueble. Que le dio la exclusiva para la venta del inmueble y que le dio a cambio 5000 euros.

Que el inmueble es de varios propietarios y que los que están en Alemania no querían vender.

Que sabía que había unos compradores interesados, que no firmo contrato de arras, ni sabía que estos compradores hubiesen firmado un contrato de arras.

Insistió el Sr. Nicanor en el hecho de que no había firmado un contrato de arras, solo firmó un contrato de exclusiva.

También se refirió a una entrevista con un Notario y el Sr. Sergio en el que el declarante estaba presente en que se dijo que si no estaban todos los propietarios no podían vender.

El Sr. Carlos Jesús, que declaró como testigo se refirió a su intervención en los hechos, trabajador de Tinsa, intervino en la tasación del inmueble, folios 40 a 54 de la causa, dio razón de que la tasación era para garantía hipotecaria, dijo no saber si contaba con cédula de habitabilidad el inmueble, y que estaba escriturado como estudio, que podía ser vivienda si se obtenía la cédula de habitabilidad, fue preguntado, si podía obtenerse la cédula con una superficie inferior a 33 metros, y dijo que si se trata de una vivienda de segunda ocupación, puede obtenerse a partir de 20 metros útiles.

Que en el catastro se hacía constar uso residencial, y en el registro de la propiedad se consideraba como local.

También fue oído el Sr. Desiderio, que había sido trabajador de la inmobiliaria del Sr. Sergio que dijo que hizo una visita del piso, una segunda visita con los compradores probablemente, que el piso cree que no tenía cedula de habitabilidad, no recordó haber firmado ningún documento.

Dijo que trabajaba para el Sr. Sergio, PISOS DEL RAVAL, y dijo al serle exhibido el folio 61 vuelto que no recordaba haberlo recibido, pero que era su DNI y la firma era parecida a la suya.

Son de interés el resultado de las manifestaciones del perito que analizaremos después junto con el examen de los informes periciales.

Exige el procedimiento, un análisis de la documentación que obra en autos:

Procedimiento civil, en el que los Srs. Fidela y Severiano demandaron al Sr. Nicanor en solicitud de nulidad del contrato de arras.

En la demanda se decían que el contrato "fue suscrito por el aquí demandado y mis mandantes, abonándose en ese acto, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) en efectivo metálico.

Se señalaban las irregularidades detectadas, el hecho de que el Sr. Nicanor interviniese en nombre de una señora que no se relacionaba como propietaria de la vivienda.

Que el Sr. Nicanor no tenía poder del resto de los intervinientes que se señalaban como vendedores.

Se referían a la retención del precio del 10% por el paradero desconocido de un heredero.

A las discrepancias entre los titulares registrales y los que aparecen en el registro.

Al conocimiento que tuvieron de que lo que adquirían no era una vivienda y que por ende carecía de cédula de habitabilidad. En base a ello solicitaban la nulidad del contrato.

Consta al folio 36 la propuesta de compraventa de octubre de 2016 (consta 2017) en la que se entregaron 1000 euros.

El contrato privado de arras de 2 de noviembre de 2016, en los que consta la entrega de 10.000 euros, en el que se dice interviene el Sr. Nicanor en nombre propio y en nombre de otros. Contrato que el acusado ha reconocido haber firmado simulando la firma del Sr. Nicanor.

Obra en autos la tasación del inmueble, constan las superficies al folio 43.

En la contestación a la demanda del Sr. Nicanor aportó el contrato de arras que el mismo suscribió el 22 de junio de 2016 con el acusado y ampliación de dicho contrato de 2 de noviembre de 2016. Este contrato de ampliación de las arras se encuentra a los folios 76 y 77 y también en el 84-85, en el mismo se fija como fecha máxima del otorgamiento de la escritura el 15 de enero de 2017, pactándose en la cláusula sexta que se pudiese realizar la compra venta con un tercero.

El contrato de arras entre el Sr. Nicanor y el acusado que fijaba como fecha límite de escrituración el 22 de septiembre de 2016 se encuentra a los folios 88-89.

Obra en autos el informe pericial que analiza si las firmas del Sr. Nicanor del contrato de arras de 2 de noviembre de 2016, contrato privado de arras en el que figura el Sr. Nicanor y el Sr. Severiano y Sra. Fidela, en el mismo se concluye que la firma dubitada del Sr. Nicanor no es de él.

El propio acusado se ha atribuido la firma del documento en su declaración dando concreta razón de porqué lo hizo, el informe pericial obra a los folios 130 a 145 vuelto en el que aparece la conclusión, finaliza el informe al folio 169.

Obra un segundo informe pericial, folios 184 y s.s. en el que se analiza si las tres firmas que se atribuyen a Sergio y aparecen en el documento nº 2 (ver documento dubitados) han sido realizadas por su mano, destacar folio 188 y la conclusión obrante al folio 203 en el que se concluye que las tres firmas dubitadas se identifican con la grafía propia del acusado.

En el procedimiento civil, los actores desistieron de la prosecución del proceso, dictándose decreto de sobreseimiento el 13 de febrero de 2019 con condena en costas a la actora. Obra el auto resolutorio del recurso de revisión contra el anterior decreto, que lo desestima. Y diligencia que tasa las costas del procedimiento y acuerda dar traslado a las partes para su posible impugnación. Folios 410 y 411.

Así la íntegra prueba practicada permite concluir que el acusado llevó a cabo un acto subsumible en el tipo penal de estafa.

Así como tiene dicho la jurisprudencia " B) En relación al delito de estafa, hemos mantenido en la STS 226/2023, de 29 de marzo , que se integra de los siguientes elementos: «1°) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2°) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias; 3°) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño; 5°) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6°) Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria».

Sobre el negocio jurídico criminalizado hemos manifestado que esta modalidad de estafa aparece «cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplirlo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo» ( STS 534/2020, de 22 de octubre )."

Y ello por cuanto, la prueba practicada permite concluir que cuando el acusado firmó el contrato de arras de 2 de noviembre de 2016 simulando la intervención de D. Nicanor y que éste actuaba en nombre del resto de los propietarios, sabía que el Sr. Nicanor no podía vender por no contar con el consentimiento del resto de los propietarios, que vendía un local que carecía de cédula de habitabilidad.

En este sentido fue claro el Sr. Nicanor cuando dijo en el juicio que el acusado y él y fueron a un notario que les informó que era preciso el consentimiento de todos los propietarios para vender, el acusado no contaba con la autorización de los copropietarios y sabía que no se podía vender. Extremo del que era plenamente conocedor el acusado, que no ha negado haber suscrito el documento simulando la firma del Sr. Nicanor y que ha cobrado el precio de la reserva y arras y que se ha quedado dichos importes como también reconoció. Conocimiento que resulta acreditado por lo declarado por el testigo Sr. Nicanor, por la mención que se hace en el contrato de arras a la reserva de un 10% del precio, -en sintonía con lo que ya se decía en el punto 2 de la propuesta de compraventa del inmueble- que evidencia que ya se intuía el conflicto, y por las respuestas dadas en este punto por el acusado que fueron evasivas.

Al margen de ser sabedor de que lo que vendía no era una vivienda, circunstancia que por su profesión e información con la que contaba conocía.

En estos términos el actuar del acusado evidencia que la suscripción del contrato con los Srs. Severiano y Fidela le generaba un beneficio, percibo del dinero que ha reconocido haberse quedado, y sabía que el contrato no se podía culminar pues el propietario en nombre del que el acusado dijo actuar, no podía vender por carecer de la autorización del resto de los propietarios.

Así las cosas, al margen del actuar del Sr. Nicanor un tanto confusa, conocedor de que el inmueble no se podía vender como él dijo, pero que firmo un contrato de arras con el acusado el mismo día, lo anterior, en nada empaña el actuar del acusado que también sabía que el inmueble no se podría vender.

A lo que cabe añadir que el inmueble no contaba con cédula de habitabilidad, siendo un elemento esencial el hecho de que fuese una vivienda el objeto del negocio, esa era la voluntad de los compradores, que anticipó - pues no se hubiese podido realizar- que los compradores no pudiesen culminar la operación al no obtener la financiación bancaria precisa para la adquisición del inmueble, pues el mismo fue tasado como local.

TERCERO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.

Ya hemos dejado expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal y acusación particular.

La acusación particular califica los hechos por un delito de estafa en tentativa y estafa continuada agravada. O por un delito de apropiación indebida, descartamos la subsunción de los hechos en este tipo penal pues lo cierto es que los hechos probados tienen natural encaje en el delito de estafa, no pudiendo acogerse el fraccionamiento de la acción como pretende la acusación particular, desgajando los hechos, pues el hecho desplegado tiene su natural encaje en un delito de estafa único, se consuma en el momento en que se lleva a cabo el negocio, sin perjuicio de los posteriores actos de agotamiento de la acción.

Por lo que nos vamos a ceñir, descartadas las pretensiones formuladas por la acusación particular, a la calificación jurídica de los hechos que efectúa el Ministerio Fiscal a la que se ha adherido también la acusación particular.

La calificación del hecho la entendemos como un delito de estafa del art. 248.1 CP, al darse los elementos típicos precisos que ya hemos expuesto en el anterior fundamento.

Un engaño precedente, se llevó a cabo toda la operación siendo conocedor el acusado de que el negocio no se podría culminar, siendo el engaño bastante, para ello el acusado se valió de la posición que le dotaba el actuar amparándose en su profesión de Agente Inmobiliario que conllevó que los Srs. Severiano y Fidela se confiasen en la bonanza del negocio y de lo que firmaban, lo que les movió a error que conllevó el desplazamiento patrimonial, habiendo ello generado un beneficio económico al acusado que hizo suyo el dinero recibido y consiguiente perjuicio económico a dichos señores.

Consideramos que el hecho es subsumible en el tipo básico al no concurrir ninguna de las agravaciones que pretenden las acusaciones, en cuanto a la del art. 250.1 1º CP recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social,cabe destacar que en este caso las dudas sobre la posibilidad de aplicación del precepto se disipan o cuanto menos generan serias dudas en cuanto a su concurrencia, a la vista de lo manifestado por la Sra. Fidela, es cierto que querían adquirir una vivienda, pero lo era, como dicha testigo declaró, para alquilar a tercero, dijo también que su pareja tenía otra propiedad.

Así, con independencia de que se quisiese adquirir una vivienda, no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su concurrencia, pues como tiene dicho el Tribunal Supremo, ATS 9843/2025 - ECLI:ES:TS:2025:9843ª "Sobre esta cuestión, hemos indicado en la STS 338/2018, de 5 de julio , que debe tratarse de «la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario».

Por otro lado, la STS 193/2021, de 3 de marzo , afirma que «cualquier clase de vivienda no es apta para merecer la especial consideración penal que le proporciona este art. 250. 1.1, que persigue la protección de los consumidores en aquellos contratos que tienen por objeto las cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, entre los que incluye las viviendas, sin duda porque el uso de éstas satisface una necesidad tal elemental como es que se puede disponer de un espacio apto para que en él sea posible el desarrollo de nuestra propia intimidad personal y familiar ( art. 18.1 CE ).

El art. 47 de esta misma ley Fundamental recoge como uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y aunque cualquier espacio cerrado utilizado para el desarrollo de la intimidad merece la especial protección que la Constitución y las Leyes reconocen al domicilio ( art. 18.2 CE ), sin embargo, cualquier vivienda no se encuentra comprendida en el ámbito de la aquí estudiada circunstancia 1ª del art. 250.1, sino solo aquella que pude considerarse bien de "primera necesidad" o "de reconocida utilidad social", esto es, la primera vivienda que tenga una persona para la satisfacción de esa fundamental necesidad de disponer de un albergue que le permita atender sus propias exigencias personales, y en su caso, familiares, excluyendo las que no sirven para este derecho prioritario. El subtipo agravado no será de aplicación, por tanto, en los casos en que la víctima dispone de dinero para adquirir otra vivienda, distinta de aquella en la que habita, como inversión, recreo o para aumentar su patrimonio, o incluso en los casos de cambio de domicilio, si no se acredita la venta de la primera vivienda y la realidad del traslado, pues siendo esta condición de primera vivienda elemento del tipo agravado, la carga de la prueba de tal circunstancia comprenderá a la acusación por aplicación de la presunción de inocencia del art. 24.2 CE ».

Por lo que los hechos no son incardinables en dicho tipo agravado.

Tampoco cabe apreciar la agravación del art. 250.1 6º CP, se cometa con abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional.Es cierto que el acusado vio propiciada su acción ilícita y para ello se amparó en su profesión que desarrollaba en Agencia Inmobiliaria.

Pero no es menos cierto que como tiene dicho el Tribunal Supremo, en su sentencia, ECLI: ES:TS:2025:3248 :

"5.2.Como destaca el recurrente, la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.6.º del Código Penal contempla un grado de especial vinculación entre autor y víctima que debe ser apreciado de manera restrictiva,pues en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa se desarrolla en un contexto de ciertas coincidencias con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2 de julio). Consecuentemente, la agravación específica debe quedar reservada a supuestos en los que, además de quebrantarse una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento ( SSTS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo; 813/2009, de 7 de julio o 274/2017, de 19 de abril, entre muchas otras). Y en la necesidad de concretar los elementos diferenciales entre el tipo básico y aquellos en los que es apreciable la agravación específica que ahora contemplamos, hemos expresado que los supuestos de mayor antijuricidad se identifican cuando se aprecia que el sujeto activo, para la consumación de los hechos, ha aprovechado y atropellado una fidelidad nacida en una situación anterior y que resulta ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). La aplicación de la agravación resulta procedente cuando el autor aprovecha para el engaño una relación de confianza preexistente y no creada ex novo para abordar el fraude( STS 1090/2009, de 30 de octubre), supuestos entre los que hemos incluido las relaciones existentes entre un empleado bancario y determinados clientes específicos con los que aquel mantiene un trato comercial personal y singular, hasta el punto de extender el desarrollo de la actividad bancaria más allá del espacio físico de la entidad ( SSTS 145/2005, de 27 de diciembre o 760/2013, de 17 de octubre); no apreciándola, sin embargo, cuando la relación con la entidad bancaria se ajusta a los usos mercantiles ordinarios ( STS 890/2003, de 19 de junio).

En este caso no apreciamos, una relación distinta a la que por si misma se representa en la conducta engañosa, que ya se constituye por el hecho de que el acusado se prevalió para dotar de bonanza a su acción de su condición de profesional del sector inmobiliario, pero sin que se apunte ni se indique otro elemento, un plus de relación previa, de confianza, que permita la aplicación de la agravación.

En cuanto al delito de falsedad, el relato del hecho probado que resulta de la prueba practicada, por el propio reconocimiento del acusado que asume haber estampado la firma que se atribuye al Sr. Nicanor en el contrato de arras de 2 de noviembre colma los requisitos típicos del art. 390 1 2º y 3º, permitió su acción, estampar la firma simulando la del Sr. Nicanor, inducir a error sobre su autenticidad, haciendo parecer que en el documento intervenía el Sr. Nicanor cuando no era así, pues éste no le había autorizado.

No tiene sentido el argumento del acusado por el que intentó justificar en el plenario lo acontecido, no cabe entender que el contrato de arras firmado con el Sr. Nicanor el 2 de noviembre, le autorizaba para firmar el contrato de arras con el Sr. Severiano y Fidela, cuando ese contrato era un contrato de arras para comprar el acusado, y en su caso se decía "en caso de que no sea posible realizar la compra venta, se podrá realizar a un tercero", pero esa cláusula no le amparaba para simular la intervención del Sr. Nicanor en el contrato de arras suscrito con los Srs. Fidela y Severiano. Por lo que los hechos son subsumibles en el art. 395 en relación con el art. 390 1. 2º y 3º CP en concurso de normas del art. 8.3 CP.

Los hechos permiten constatar que no nos encontramos ante un ilícito civil, pues el acusado ha simulado un propósito serio de contratar, cuando solo pretendía aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de la otra parte ocultando su decidida intención de incumplir con sus obligaciones.

CUARTO.- Personas criminalmente responsables.-Del citado delito es responsable en concepto de autor el acusado Sergio por su participación directa y material en los hechos, conforme a los arts. 27 y 28 del CP.

QUINTO.- Circunstancias modificativas.-

Se peticiona la atenuante de dilaciones indebidas como mu cualificadas habida cuenta la fecha de incoación del procedimiento, la fecha del auto de acomodación, y señalamiento del juicio en el mes de febrero de 2025, no computa como tiempo de dilación el tiempo transcurrido entre ese día y el nuevo señalamiento al haberse suspendido el juicio por causa imputable a la defensa.

Hemos consignado en el hecho probado los tiempos que han transcurrido en el procedimiento, y las paralizaciones que hemos constatado, así en instrucción apreciamos un periodo que va del 1 de marzo de 2021 al 26 de agosto de 2021 de inactividad, otro que va del 25 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022 y desde esa fecha al 6 de octubre de 2022.

En la Audiencia se produjo un periodo de inactividad desde el 3 de noviembre de 2023 al 5 de febrero de 2025. Desde el juicio celebrado se dicta la sentencia el día de la fecha.

Ello no obstante la suma de los periodos si bien se aproximan a los tiempos que permitirían entender la dilación como cualificada según acuerdo de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, no lo alcanza, siendo que la duración en total del procedimiento ha sufrido demoras importantes por la localización del acusado, personación y comparecencia del responsable civil o suspensión del juicio por causa atribuible a la defensa. Por ello se aprecia la dilación con el carácter de simple del art. 21.6 CP.

SEXTO.- Penalidad.-

En este punto es de destacar que las acusaciones califican los hechos como delito de falsificación de los artículos dichos en concurso de normas del art. 8.3 CP con el delito de estafa.

Así las cosas, el delito de estafa lleva aparejada la pena de prisión de 6 meses a 3 años, conforme a lo dispuesto en el art. 249 CP, dada la concurrencia de una circunstancia atenuante, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 66.1.1º CP, imponiéndose la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito lo que nos sitúa entre los 6 meses y los 21 meses.

Tomando en consideración los criterios de modulación de la pena a que se refiere el precepto, dada la cantidad objeto de defraudación 11.000 euros, el perjuicio ocasionado a las víctimas por la pérdida de la expectativa de compra, que para llevar a cabo la operación se simuló la firma de uno de los propietarios del inmueble, la ausencia de conocimiento previo entre las partes, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 66.1 1º CP, estimamos proporcionada la imposición de la pena UN AÑO Y SEIS meses de prisión, pena que consideramos ajustada y proporcionada al desvalor de la acción.

Con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

No se estima proporcionada la privación para la profesión de gestor inmobiliario o representación de entidades inmobiliarias por no contar con previos antecedentes y tratarse el que nos ocupa de un hecho puntual.

SEPTIMO.- Responsabilidad civil.-La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109.1 y 116.1 CP) .

En este caso en atención a la suma interesada por el Ministerio Fiscal y acusación particular en concepto de responsabilidad civil que se corresponde a las cantidades que en su día fueron entregadas en concepto de reserva y arras, 11.000 euros, suma que el acusado ha hecho suya procede condenar al acusado a reintegrar a las víctimas dicha cantidad, más los intereses legales desde la fecha en que el acusado las incorporó a su patrimonio, 1000 euros el 21 de octubre de 2016 y 10.000 euros el 2 de noviembre de 2016, e intereses del art. 576 LEC.

En cuanto a la cantidad que abonaron en concepto de costas los perjudicados en el previo procedimiento civil seguido contra el Sr. Nicanor señalar que no procede la condena al pago de dicha cantidad en base a las siguientes consideraciones, en primer lugar la condena en costas fue fruto del desistimiento voluntario de los aquí acusación particular en ese proceso, no consta que las costas fuesen definitivamente aprobadas ni que hayan sido abonadas, por lo que no procede su inclusión en la condena al pago de la responsabilidad civil.

Y en orden a la polémica suscitada sobre si PISOS DEL RAVAL es persona jurídica o nombre comercial, lo cierto es que no se ha acreditado que PISOS DEL RAVAL sea persona jurídica, no consta información alguna en ese sentido y la referencia a la cuestión de los intervinientes, incluso del propio acusado ha sido confusa, por lo que no procede la condena como responsable civil subsidiaria.

OCTAVO.- Costas procesales.-Conforme a lo dispuesto en el art. 123 CP se condena al acusado al pago de las costas causadas incluidas las de la acusación particular.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,