Sentencia Penal 316/2024 Audiencia Provincial Penal de Valladolid nº 4, Rec. 14/2024 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO. -Los hechos declarados probados en la presente resolución son constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 párrafo 1º del Código Penal ,en la redacción vigente al tiempo de cometerse los hechos (anterior a la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre).

Comenzando por el delito de estafa, los elementos que la jurisprudencia reiteradamente viene exigiendo para la existencia del delito de estafa son los siguientes:

a) la realidad del engaño precedente o concurrente;

b) que tal engaño sea adecuado, eficaz y suficiente para producir un error esencial en el sujeto pasivo;

c) que dicho error determine al sujeto pasivo a hacer un acto de disposición patrimonial, que causa un perjuicio en el mismo o en un tercero;

d) existencia de relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio patrimonial producido;

y e) que el culpable actúe guiado por el ánimo de lucro.

Hemos de indicar que de lo que aparece en la causa el acusado les engañó a los hermanos Joaquín y Luis María prácticamente en todo lo que les dijo.

Cuando el acusado puso en venta el vehículo Mercedes ML 280, matrícula NUM001, matriculado en el año 2006 anunciando que tenía 291.759 kilómetros, ya les engañó, dado que el vehículo tenía 319.000 kilómetros, hecho que ha sido así reconocido por el acusado, y así lo reflejó en el documento privado que se confeccionó. Fue al tiempo de formalizarse la compraventa (cuando los perjudicados ya habían abonado 500 euros y se habían desplazado de Valladolid a Sevilla para terminar de hacer la operación) cuando el acusado les informó de que el vehículo en realidad tenía más kilómetros, cerca de 30.000 kilómetros más.

Después, cuando los hermanos Joaquín y Luis María se desplazaron a Utrera (Sevilla) para terminar de hacer la operación, el acusado les pidió que le abonaran en metálico el resto del precio de la operación, precio que era el que ya se había pactado en los WhatsApp (y que han sido aportados a la causa), es decir, la diferencia entre lo pactado con anterioridad (7.200 euros), y los 500 euros que habían sido ya enviados con anterioridad como señal, es decir, 6.700 euros.

Los perjudicados dicen que en ese momento el acusado también les pidió la cantidad de 200 euros para satisfacer el seguro que se había suscrito de Garantiplus, pero lo cierto es que sobre este extremo sólo se cuenta con las versiones contradictorias de ambas partes, de ahí que no se haya dado por probado este extremo.

Ciertamente, como han reconocido los hermanos Joaquín Luis María, abonaron el precio sin haber procedido previamente a comprobar el estado del vehículo, simplemente al parecer lo arrancaron y vieron la apariencia que tenía por fuera, y así comprobaron que tenía una bombilla fundida. Pero lo cierto es que ellos se fiaron de que se trataba de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos de segunda mano, lo cual ya de por sí significa una garantía de que la operación es correcta, y no tenían motivos para pensar que les estuvieran engañando.

El acusado les puso a la firma un documento privado de compraventa de vehículo que fue firmado en ese momento, y que se debería corresponder con lo pactado con anterioridad, si bien como han indicado los perjudicados, no figuraban datos que después han aparecido en el documento aportado (y que ha terminado de ser elaborado unilateralmente por el acusado).

Los hermanos Joaquín y Luis María se llevaron el vehículo de la nave del acusado y al poco tiempo descubrieron dos cosas:

1.- que el acusado les había dicho que les dejaba la documentación en el vehículo, lo que no era cierto, dado que no les había dejado copia del contrato de compraventa del vehículo que acaban de firmar, ni copia de la documentación del vehículo, ni documentación del seguro (que no existía), ni el justificante y ficha técnica de la ITV (puesto que no la tenía), dejándoles solo una fotocopia y un justificante de tramitación de vehículos, así como la garantía sellada (que son los documentos aportados con la denuncia). Los perjudicados no han tenido nunca en su poder todos esos documentos.

2.- que el vehículo tenía varias averías muy graves, cuya reparación tenía un valor muy superior al que ellos habían pagado por el vehículo, y superior al valor real del vehículo, por lo que era un vehículo que no servía para el fin que se supone ha de servir, que es el poder circular con el mismo.

En relación con los denominados "negocios jurídicos criminalizados" (que es en definitiva lo que aquí es objeto de enjuiciamiento), el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en multitud de ocasiones.

Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2020 ( ROJ STS 1777/2020) indica lo siguiente:

"Como decíamos en la STS. 16.10.2007 , procede en sede teórica recordar la distinción entre dolo civil y el dolo penal. La STS. 17.11.97 , indica que: "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa (en) la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles...".

En definitiva, la tipicidad es la verdadera enseña y divisa de la antijuricidad penal, quedando extramuros de ella el resto de las ilicitudes para las que la "sanción" existe pero no es penal. Solo así se salvaguarda la función del derecho penal, como última ratio y el principio de mínima intervención que lo inspira.

Consecuentemente esta modalidad de estafa, aparece -vid STS. 1998/2001, de 29.10 - cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo ( SS.T.S. de 12 de mayo de 1.998 , 2 de marzo y 2 de noviembre de 2.000 , entre otras).

Al respeto, existe abundantísima jurisprudencia que cifra el delito de estafa en la presencia de un engaño como factor antecedente y causal de las consecuencias de carácter económico a que acaba de aludirse (por todas SSTS 580/2000, de 19 de mayo y 1012/2000, de 5 de junio ).

Por ello, esta Sala casacional ha declarado a estos efectos qué si el dolo del autor ha surgido después del incumplimiento, estaríamos, en todo caso ante un "dolo subsequens" que, como es sabido, nunca puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa. En efecto, el dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Por el contrario, el conocimiento posterior de las circunstancias de la acción, cuando ya se ha provocado, sin dolo del autor, el error y la disposición patrimonial del supuesto perjudicado, no puede fundamentar el carácter doloso del engaño, a excepción de los supuestos de omisión impropia. Es indudable, por lo tanto, que el dolo debe preceder en todo caso de los demás elementos del tipo de la estafa ( STS 8.5.96 ).

Añadiendo la jurisprudencia que si ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción, elemento fundamental en el delito de estafa, la apariencia, la simulación de un inexistente propósito y voluntad de cumplimiento contractual en una convención bilateral y recíproca supone al engaño bastante para producir el error en el otro contratante. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe -S. 1045/94, de 13.5-. Así la criminalización de los negocios civiles y mercantiles, se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del dolo "subsequens" del mero incumplimiento contractual ( sentencias por todas de 16.8.91 , 24.3.92 , 5.3.93 y 16.7.96 ).

En definitiva, esta Sala ha considerado, entre otras en la sentencia 42/2014, de 5 de febrero , que el engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del perjudicado.

Además, la Sala ha establecido en múltiples precedentes que configura el engaño típico la afirmación del propósito de cumplir las obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible. En ocasiones -precisa la STS. 1341/2005, de 18.11 - se designa a esta hipótesis como "negocio criminalizado", terminología que no es la más recomendable, pues todo negocio jurídico en el que se logra mediante engaño una disposición patrimonial del sujeto pasivo es constitutivo del delito de estafa. Dicho de otra manera, la Ley penal no criminaliza en el tipo penal de la estafa ningún negocio jurídico, sino un delito.

Y, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla general que sólo debe quebrar en situaciones excepcionales y muy concretas. Regla general que enuncia la STS. 1243/2000, de 11.7 , del siguiente modo: "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. Y decimos esto porque interpretar ese requisito de la suficiencia con un carácter estricto, es tanto como trasvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción, al sujeto pasivo, exonerando a aquél de responsabilidad por el simple hecho, ajeno normalmente a su voluntad delictual, de que un tercero, la víctima, haya tenido un descuido en su manera de proceder o en el cumplimiento de sus obligaciones. Esa dialéctica la entendemos poco adecuada cuando se trata de medir la culpabilidad del sometido a enjuiciamiento por delito de estafa, y que podría darse más bien en los supuestos de tentativa y, sobre todo, de tentativa inidónea"".

En nuestro caso consta que el acusado se dedica profesionalmente, a través de su empresa PALANCAMAR, S.L., a la compraventa de vehículos de segunda mano, y concretamente (acontecimiento 94), en la información remitida por la Dirección General de Tráfico se comprueba que el acusado había comprado el vehículo el día 29 de octubre de 2021 en una subasta a la empresa BCA ESPAÑA AUTOSUBASTAS VEHÍCULOS.

No consta el precio que pagó en la citada subasta, ni consta si el acusado efectuó comprobación alguna sobre el estado del vehículo (se trata de hechos difíciles de probar por las acusaciones, salvo que el acusado hubiera reconocido tales extremos), pero lo cierto es que se trata de una persona que se dedica profesionalmente a esta actividad, por lo que le era muy fácilmente el haber detectado las averías que presentaba el vehículo, y sin embargo lo le prestó la más mínima diligencia para comprobar el estado del vehículo antes de ponerlo a la venta, por lo que ya fuera con dolo directo (en el caso de que supiera las condiciones en las que estaba el vehículo, con todas sus deficiencias), o ya fuera por dolo eventual (aceptando la posibilidad de que les pudiera estar engañando a los posibles compradores del vehículo, que obviamente no lo hubieran comprado de saber que el vehículo no servía para la función que es propia), procedió a ponerlo en venta a través de una página de internet reclamando la cantidad de 7.499 euros.

Por lo que ya desde el primer momento el acusado sabía, o al menos aceptó, el hecho de que con tal operación podía estar engañando a las personas que trataran de comprar el vehículo a ese precio, dado que el mismo presentaba unas muy graves deficiencias que lo hacían inservible para el fin que se supone debe servir un vehículo, que es poder circular con él.

Y una vez que consiguió que los perjudicados le pagaran la totalidad del precio pactado (faltaban por pagar 6.700 euros de lo pactado), les dejó que se llevaran el vehículo en las condiciones que ya se han descrito: sin darles la documentación de vehículo, sin tener pasada la ITV, sin tener en vigor el seguro del vehículo, y además, de manera casi inmediata, el vehículo comenzó a sacar a la luz las graves averías que tenía, y que hacían imposible su utilización para circular con él. Los perjudicados, como han explicado (y así ha admitido el acusado) se pusieron inmediatamente en contacto con el acusado, pero como ellos han dicho, les contestó que esto no era el "Pull and Bear",que no les devolvía el dinero y que no quería saber ya nada del vehículo dado que para él la operación ya estaba hecha y cobrada.

La estafa, por su propia esencia, implica la existencia de un engaño, que ha sido definido como "la acción y el efecto de hacer creer a alguien, con palabras o de cualquier otro modo, algo que no es verdad".Suele presentarse en la práctica en múltiples formas, como la realización de algún tipo de maniobras fraudulentas, o puesta en escena, atribución de cualidades falsas, uso de nombre o representación no veraz, simulación de hechos falsos, deformación u ocultación de hechos verdaderos, etc, siempre que se presenten con un dolo de engañar antecedente o simultáneo al hecho.

Sobre esta materia cabe recordar la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero de 2015 (Ponente Sr. del Moral García) donde se explica que es preciso acreditar en el delito de estafa, esa intencionalidad previa esencial en este delito y piedra de toque para discriminar entre un ilícito civil (incluso doloso) y los llamados -con expresión más o menos afortunada pero que ha cristalizado en la práctica- negocios jurídicos criminalizados. El dolo antecedente es requisito sine qua nonde estos. La sentencia del TS se refiere a la construcción de una vivienda y aquí nuestro asunto se refiere a la venta de un vehículo, pero el contenido doctrinal es el mismo.

Dice la citada Sentencia: "Basta a estos efectos con el dolo eventual. Incluso un dolo eventual que, ausente inicialmente, ha podido ir emergiendo progresivamente en el desarrollo de una actividad negocial. Tal modalidad de dolo lleva al defraudador a persistir en su actividad para enriquecerse pese a ser consciente de la insolvencia y la consiguiente imposibilidad de atender a compromisos que se siguen contrayendo irresponsable, frívola o alegremente para incrementar su patrimonio o para disminuir su pasivo.

El dolo no solamente se satisface con un dolo directo de primer grado que se da cuando el acusado ni siquiera tiene en mente construir la vivienda. También se colma el tipo subjetivo de la estafa con el dolo eventual. En un plano gráfico de pensamiento supone en el acusado la siguiente reflexión: prefiero no privarme del contrato y del cobro de la vivienda aun a sabiendas de que es prácticamente imposible cumplir y en la esperanza remota de que en un futuro pueda arreglarse la situación, es decir, haciendo recaer sobre los compradores el riesgo de la operación y sin avisarles en modo alguno de ello ( STS 691/2013, de 3 de julio ).

El carácter anticipado del dolo, ( Sentencia de esta Sala 121/2013 de 25 de enero ) viene referido no necesariamente al momento de la contratación, sino al tiempo del desplazamiento patrimonial. Es perfectamente imaginable un contrato lícito en su origen que se transmuta en medio defraudatorio cuando una de las partes sabedora de que su propósito inicial de atender las obligaciones contraídas deviene ya imposible, calla u oculta circunstancias relevantes o aparenta que nada ha cambiado, para prolongar la percepción de los fondos, servicios, mercancías o materiales pactados a pesar de prever y asumir que no habrá contraprestación. Ese silencio o apariencia de "normalidad" fingida en el curso de la relación negocial se erige en acto concluyente constitutivo del engaño que vertebra el delito de estafa".

Esta doctrina es plenamente aplicable al caso aquí analizado, en el que como ya hemos explicado, el acusado se dedica profesionalmente a la compraventa de vehículos de segunda mano, por lo que al comprar en una subasta el citado vehículo, necesariamente tuvo que informarse del estado del mismo para saber lo que se podía ofrecer en la subasta, tiene a su disposición los contactos con mecánicos de vehículos (de hecho, ha reconocido que les envió a los perjudicados a un taller para que le cambiaran una bombilla, y que llamó a un empleado o mecánico para que fuera a atenderles a los perjudicados al taller al que él los había mandado, para que les arrancara el vehículo averiado), por lo que tenía la posibilidad de conocer el estado del vehículo que vendía, y aún así lo puso en venta por un determinado precio, que finalmente quedó fijado en 7.200 euros, precio que sin perjuicio de que se tratara de un vehículo con varios años de antigüedad y con muchos kilómetros, debería de servir para la función que le es propia, es decir, para viajar y desplazarse con él, y resultó que desde el primer momento el vehículo no funcionaba y presentaba múltiples y graves averías de las que el acusado ya no quiso hacerse cargo, desentendiéndose del vehículo, de ahí que estimemos que no nos encontramos ante un mero incumplimiento contractual, o ante un problema de saneamiento por vicios ocultos ( artículo 1484 del Código Civil) , sino que estimamos en cambio que los hechos sí son constitutivos de un delito de estafa.

SEGUNDO. -Por la acusación particular se acusa también a la persona jurídica PALANCAMAR, S.L. como autora de un delito de estafa del artículo 251 bis, en relación con el artículo 248 del Código Penal, todo ello con remisión al artículo 31 bis del Código Penal.

Sobre esta materia merece ser recordada la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2017 ( Sentencia n1 668/2017), la cual expone lo siguiente:

"...más allá de la rica complejidad que anima el debate dogmático acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la jurisprudencia hasta ahora dictada en esta materia ha proclamado la necesidad, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, de que «... cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal». No cabe, por tanto, una objetivación de este rupturista régimen de responsabilidad criminal de los entes colectivos,construido de espaldas al principio de culpabilidad proclamado por el art. 5 del CP (cfr. STS 514/2015, 2 de septiembre ). La responsabilidad por el hecho propio y la reivindicación de un injusto diferenciado se han perfilado como presupuestos sine qua non para proclamar la autoría penal de una persona jurídica. Así lo afirmábamos en la STS 154/2016, 29 de febrero : «... el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización».Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina "... la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos".

La Sala es consciente de que la opción jurisprudencial por un sistema de autorresponsabilidad no es ajena a las críticas dogmáticas de quienes entienden que la idea de empresa como una organización autopoiética que se administra y organiza a sí misma, conduce a una irreparable invasión del espacio que ha de reservarse a la psique del individuo como presupuesto de cualquier idea de culpabilidad.

Sea como fuere, ya en el ámbito que es propio de las garantías que han de presidir el enjuiciamiento penal, singularmente en lo afectante al derecho a la presunción de inocencia, la STS 221/2016, 16 de marzo , recordaba que «... sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado».

La confirmación de la línea jurisprudencial favorable a la autorresponsabilidad tuvo un exponente más próximo en la STS 516/2016, 13 de junio . En ella se señala que «... en el diseño de esta imputación a título de autor del delito a la persona jurídica, el legislador ha optado por un sistema de autorresponsabilidad (cfr. auto de aclaración), siendo independiente la responsabilidad penal de la persona física y de la jurídica ( art. 31 ter CP ), respondiendo cada una de ellas de su propia responsabilidad» .

En la STS 583/2017, 19 de julio , insistíamos en la necesidad de preservar cualquier conflicto de intereses entre la dirección letrada de la persona jurídica investigada y la persona física autora del delito de referencia. Decíamos entonces que «... dejar en manos de quien se sabe autor del delito originario, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones como las de buscar una rápida conformidad de la persona jurídica, proceder a la indemnización con cargo a ésta de los eventuales perjudicados y, obviamente, no colaborar con las autoridades para el completo esclarecimiento de los hechos, supondría una intolerable limitación del ejercicio de su derecho de defensa para su representada, con el único objetivo de ocultar la propia responsabilidad del representante o, cuando menos, de desincentivar el interés en proseguir las complejas diligencias dirigidas a averiguar la identidad del autor físico de la infracción inicial, incluso para los propios perjudicados por el delito una vez que han visto ya satisfecho su derecho a la reparación ». También descartábamos la posible vulneración del derecho de defensa que alegaba el recurrente a la vista del no ofrecimiento por el Tribunal a quo del derecho a la última palabra a la persona jurídica investigada. La coincidente estrategia defensiva de ambos sujetos imputados -persona física y persona jurídica-, descartaba en el caso entonces enjuiciado cualquier vulneración de relevancia constitucional.

Hemos negado la existencia de un extravagante litis consorcio pasivo necesario entre la persona jurídica y la persona física, recordando la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica frente a la que es predicable del directivo o empleado que comete el delito de referencia ( STS 455/2017, 21 de junio ).

En definitiva, la ausencia de todo hilo argumental encaminado a hacer valer una base fáctica, ligada a la ausencia de medidas de control eficaz para evitar la actividad de contaminación sonora, obligan a descartar la prosperabilidad del segundo de los motivos hecho valer por ambos recurrentes".

Como se desprende de esta doctrina, no basta con el hecho de que el acusado como persona física, actúe amparado como representante legal de una persona jurídica para que surja ya de manera automática la responsabilidad penal de ésta, pues no se trata de una responsabilidad objetiva, y es preciso que se alegue y se acredite que la empresa no ha adoptado las medidas de control dirigidas a evitar la actividad delictiva desarrollada por el acusado persona física, y en nuestro caso nada se ha alegado, ni ha sido objeto de debate, en relación con este elemento que se indica, por lo que la responsabilidad de la empresa PALANCAMAR S.L. habrá de centrase exclusivamente en el ámbito de la responsabilidad civil, tal y como así lo recoge el Ministerio Fiscal en su acusación, y es procedente la absolución de la persona jurídica PALANCAMAR, S.L. del delito de estafa por el que venía acusado.

TERCERO. -Los hechos son también constitutivos de un delito de falsedad en documento privado del artículo 395, en relación con el artículo 390.1 del Código Penal .

Por lo que se refiere al pretendido delito de falsedad en documento privado del artículo 395, en relación con el artículo 390.1º y 3º del Código Penal, lo primero que hemos de indicar son los requisitos que han de configurar este delito. Son los siguientes: en primer lugar el elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, la mutación de la verdad por alguno de los procedimientos o formas enumerados en el artículo 390 del Código Penal; en segundo lugar, que la mutatio veritatis recaiga sobre elementos capitales o esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración del delito los mudamientos de la verdad inocuos o intranscendentes para la finalidad del documento, y, en tercer lugar, elemento subjetivo o dolo falsario, consistente en la concurrencia en el agente de la conciencia y voluntad de transmutar la verdad.

En nuestro caso es de aplicación el artículo 390.1 apartado 1º, dado que el acusado alteró el documento inicial, apartándose claramente de lo que había sido previamente pactado, aprovechando que los perjudicados no se habían dado cuenta de que no les había dejado entre la documentación una copia del documento suscrito, añadió un elemento esencial como es el precio de la compraventa del vehículo, poniendo un precio distinto del pactado, y añadió también otros datos que no eran ciertos, como lo relativo a que tuviera la ITV caducada y que la batería estuviera en mal estado.

En nuestro caso, de lo que aparece en la documentación aportada, el negocio jurídico de la compraventa fue realizado primeramente a través del formulario de la página web por los perjudicados, después el día 2/11/2021 Luis María habló telefónicamente con Jose Carlos, y después en las conversaciones de WhatsApp es donde acordaron un precio de 7200€, motivo por el que Luis María procedió a abonar el día 2 de noviembre de 2021 la cantidad de 500€ en concepto de reserva a favor de Palancamar SL, en la cuenta titularidad de ésta.

Y además consta en las conversaciones de WhatsApp que Luis María le preguntó al acusado si el vehículo tenía la ITV en regla y el seguro en vigor, y Jose Carlos le respondió que no había problema al respecto, por lo que lo pactado era que el vehículo tuviera la ITV ya pasada y que obviamente dispusiera de seguro.

El documento fue aportado (en fotocopia) inicialmente por la defensa del investigado (acontecimiento 41) con el escrito de fecha 9 de junio de 2022, cuando interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de Imputación, efectivamente con el fin de confundir y engañar a los órganos judiciales, pretendiendo que prevalecieran los datos que de manera torticera había puesto el acusado de manera unilateral en el documento.

Concretamente se ha probado que el precio que figuraba en el contrato escrito no era el correcto dado que se había puesto la cantidad de 5.600 euros cuando lo pactado eran 7.200 euros, y además se habían añadido dos datos también relevantes que no eran ciertos, concretamente que tuviera la ITV caducada (en los mensajes les dijo que estaba todo correcto), y que la batería estuviera en mal estado (el problema de la batería fue un problema que surgió con posterioridad a la entrega del vehículo, por lo que no podía figurar en el contrato).

El acusado ha reconocido haber sido él quien ha procedido a rellenar todos los datos a bolígrafo que figuran en el citado documento, además de haber sido practicada una prueba pericial al respecto.

El concepto de documento a efectos penales nos lo describe el artículo 26 del Código Penal.

Que la falsedad se cometió para perjudicar a otro, es un elemento también acreditado en la causa. Ante la reclamación de la que estaba siendo objeto el acusado en este procedimiento penal, con su correspondiente responsabilidad penal, así como las posibles responsabilidades civiles que se pudieran derivar, el acusado decidió rellenar datos en el documento privado que ya estaba firmado, poniendo a su antojo datos nuevos y distintos de los que inicialmente figuraban en el mismo, todo ello con el fin de eludir su responsabilidad en lo que ya significaba un procedimiento penal en curso contra él.

CUARTO. -Los hechos declarados probados en la presente resolución son también constitutivos del delito de estafa procesal en grado de tentativa del artículo 250.7º, en relación con los artículos 16.1 y 62 del Código Penal.

Como ya antes hemos indicado, el acusado, al tener ya un procedimiento penal abierto contra él en el que se perfilaban la posibles responsabilidades penales por un posible delito de estafa, así como las responsabilidades civiles que conjuntamente se le iban a reclamar, optó por completar el documento privado que tenía en su poder (a lo que ya hemos aludido antes), y además presentarlo ante el Juzgado de Instrucción que instruía la causa, a fin de manipular las pruebas en que se basaban las pretensiones que contra él se iban a ejercitar, y así lograr salir impune, tanto de las pretensiones penales como civiles que contra él se dirigían.

Lo que sucede es que con relación a este delito, esta Sala considera que resulta de aplicación la doctrina sentada por el Tribunal Supremo del autoencubrimiento impune.

La STS de 17 de julio de 2018 (Ponente Sr. Monterde Ferrer), nos indica que "Y el uso del documento ante el juez del orden civil, sólo puede entenderse como una actuación en búsqueda de la consecución de la impunidad, o un autoencubrimiento impune, en tanto que, creado un documento de cobertura para la apropiación del dinero retenido, y con tal finalidad fue utilizado.

En efecto, el autoencubrimiento ha sido declarado por esta Sala como impune en muy diversas ocasiones (STS núm. 497/2012, de 4 de junio , SSTS núm. 600/2007, de 11 de septiembre , y 671/2006, de 21 de junio , STS de 05/02/1990 ), debiéndose admitir que el autoencubrimiento puede conllevar la realización de una acción típica en alguna ocasión.

Pues, como recuerda la STS 20/2016 de 26 de enero , en un caso en el que los actos llevados a cabo para encubrir un delito rebasan la antijuridicidad que abarca el mismo, el autoencubrimiento impune no puede estimarse. De manera que podrán castigarse aquellos actos dirigidos a encubrirse a uno mismo si éstos constituyen por sí mismos un nuevo delito cuyo desvalor no es subsumible en el del delito que origina esta conducta. Lo que no es nuestro caso".

De igual manera, la STS de 22 de febrero de 2016 (Ponente Sr. Del Moral García) nos indica que "La apropiación indebida previa puede absorber la posterior estafa procesal (art. 250.1.7ª) tipo que en su actual morfología no es aquí valorable pues son hechos anteriores a la entrada en vigor de esa norma (antes la estafa procesal exigía ser demandante). Ahora bien, no puede legitimar un acto que supone un incremento del desvalor como es la presentación de un documento falso en un proceso judicial. Es éste un delito pluriofensivo como demuestra la duplicidad de tipicidades que existía en la redacción originaria del CP 1995 (antiguo art. 461.2 CP que desapareció precisamente porque había dos tipos idénticos en dos títulos distintos del Código). El plus de antijuricidad no queda embebido por la apropiación indebida previa. La aportación de un documento falso a un proceso jurisdiccional comporta un desvalor (lesión del bien jurídico Administración de Justicia) que no queda cubierto por la previa conducta apropiatoria. Merece una respuesta penal separada. Como la merecería que en ese proceso posterior hubiese presentado testigos falsos".

Por otra parte, la STS de 3 de junio de 2015 nos recuerda que "Muchas falsedades tienen finalidades de autoencubrimiento, se alega por fin. Pero no todo autoencubrimiento es impune como no toda acción con móvil de autoencubrimiento es impune. Si colma otro tipo penal será un concurso real aunque con conexiones en sentido procesal ( art. 17 LECrim ). Esto es obvio: robar un coche para huir, matar al testigo para no ser descubierto, quemar la vivienda para no dejar huellas ... son acciones de autoencubrimiento. Pero eso no equivale a decir que deban permanecer impunes".

Esto es lo que sucede en nuestro caso con el delito de falsedad en documento privado por el que sí se le va a condenar al acusado. Para tratar de encubrir el delito de estafa previo en el que había incurrido, lo que hizo fue cometer un delito distinto, un delito de falsedad documental, que claramente rebasa la antijuridicidad del delito de estafa, y para tratar de encubrir el primero de los delitos lo que hizo fue cometer otro delito distinto, que constituye por sí mismo un nuevo delito cuyo desvalor no es subsumible en el del delito de estafa que originó su conducta, de ahí que sí sea procedente la condena por el delito de falsedad.

Pero no sucede lo mismo con el delito de estafa procesal en grado de tentativa por el que también venía acusado (en concurso medial con el delito de falsedad), dado que con el intento de estafa procesal lo que se pretendía era buscar la impunidad del delito de estafa precedentemente cometido, y en este caso sí nos encontramos ante un supuesto de autoencubrimiento impune, de ahí que sea procedente absolver al acusado del delito de estafa procesal en grado de tentativa por el que venía acusado.

QUINTO. -n 21;?e la Administracientosento Civil), sino ante unos documentos oficiales, que son los documentos que, sin ser documentosDe los delitos de estafa y de falsedad en documento privado anteriormente mencionados, se considera responsable en concepto de autor al acusado por su participación directa y voluntaria, todo ello conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal, en los términos que se acaban de exponer.

SEXTO. -No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

SEPTIMO. -Las penas que procede imponer son las siguientes:

Por el delito de estafa, la pena de SEIS MESES DE PRISION, no apreciándose motivos para imponer una pena superior a la mínima.

La pena de prisión impuesta, conforme al artículo 56.1.2º y 3º del Código Penal, lo es con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por el delito de falsedad en documento privado del artículo 395, en relación con el artículo 390.1 del Código Penal, la pena de SEIS MESES DE PRISION.

La pena de prisión impuesta, conforme al artículo 56.1.2º y 3º del Código Penal, lo es con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

OCTAVO. -Conforme establecen los artículos 109 y concordantes del C.P., el acusado Jose Carlos viene obligado a reparar los daños y perjuicios causados, estando prevista en primer lugar la restitución ( artículo 110 CP) , por lo que se declara la nulidad del contrato de compraventa que fue concertado entre las partes de fecha 5 de noviembre de 2021, por lo que el acusado ha de abonar al perjudicado Joaquín la totalidad del precio por él pagado por la compra del vehículo, esto es, la suma de 7.200 euros, y la entrega a PALANCAMAR S.L. del turismo matrícula NUM001, debiendo indicar el perjudicado el lugar en el que lo tiene depositado para que por la citada empresa se proceda a la retirada del mismo.

En concepto de gastos generados al perjudicado, el acusado Jose Carlos, con la responsabilidad civil subsidiaria de PALANCAMAR SL. (conforme el artículo 120.4º del Código Penal) , ha de indemnizar a Joaquín en la cantidad de 205,40 euros por la elaboración del presupuesto de Mercedes ADARSA, que ha servido para determinar los graves desperfectos que padecía el vehículo, así como la cantidad de 169,40 euros, por el importe de la grúa para trasladar el vehículo desde el lugar en el que lo tenía depositado el perjudicado hasta ADARSA. En total, 419,80 euros.

Por las acusaciones se ha solicitado igualmente la cantidad de 20.230 euros en concepto de perjuicios generados al perjudicado (folio 197 de los autos), conforme a una valoración hipotética, en el supuesto de que el perjudicado hubiera tenido que alquilar un vehículo de sustitución, concretamente un Fiat 500, durante 578 días, suponiendo un coste de 35€/día, motivo por el cual arroja según sus cálculos la suma de 20.230 €. Pero lo cierto es que no se ha acreditado que se haya producido el citado perjuicio, pues no consta que la utilización del vehículo fuera algo necesario para la actividad ordinaria del perjudicado, y como indicaron los hermanos al ser interrogados en el juicio, la necesidad de utilizar un vehículo fue suplida con otros vehículos de los que disponía la familia, por lo que no está acreditado que se produjera el perjuicio indicado.

Las citadas cantidades, la suma de 7.200 euros, más la cantidad de 419,80 euros por gastos acreditados, devengarán los intereses prevenidos en el art. 576 de la LEC desde el dictado de la presente resolución.

NOVENO. -Conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que son cuatro los delitos por los que se ha formulado la acusación, y que es condenado el acusado por dos delitos, procediendo la absolución respecto de los otros dos delitos, es procedente imponer al acusado la mitad de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular, declarándose de oficio la otra mitad de las costas procesales causadas.