Sentencia Penal 43/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 4, Rec. 1062/2022 de 18 de febrero del 2025

PRIMERO.Los hechos declarados probados constituyen un delito de agresión sexual previsto y penado en el art. 179.1 del Código Penal en relación con el art. 178 del Código Penal.

No sólo obró el acusado sin el consentimiento de la víctima sino que el medio comisivo fue la violencia, lo que tiene relevancia a efectos de determinación de la pena. (Pese a que consideramos más favorable la redacción original de la LO 10/22 que no hacía expresa referencia al medio comisivo, como sí hace ahora el art. 179.2)

La LO 1/2022 crea el nuevo delito de agresión sexual, fusionando en una sola figura el anterior delito de abuso sexual y el de agresión sexual, y así el Título I, bajo la rúbrica "De las agresiones sexuales",regula en el 178 CP el tipo básico de agresión sexual y, a su vez, contiene un tipo atenuado en su párrafo tercero "en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable";el art. 179 CP, el que aquí nos ocupa, tipifica un tipo agravado cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.

Por eso la STS de 29 de junio de 2023 subraya que la ley ha establecido "un nuevo modelo o paradigma en el castigo de los delitos contra la libertad sexual, residiendo el eje de la conducta antijurídica en la falta de consentimiento de la víctima, con independencia o prescindiendo de los diferentes medios comisivos a través de los cuales se perpetren (violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad, vulnerabilidad de la víctima o cuando se cometan sobre personas que se hallen privadas de sentido, de cuya situación mental se abusare o cuando tuviere anulada por cualquier causa su voluntad), estableciendo indiferenciadamente y para todos ellos un mismo marco punitivo".

SEGUNDO.Del anterior delito es autor el acusado Evelio ( artículos 27 y 28 del Código Penal) .

TERCERO.En cuanto a la prueba de la cual se deducen los hechos y la autoría del acusado, es esencial la declaración de la víctima. La misma, como es sabido, puede ser tenida como tal prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun cuando fuese la única prueba disponible, sin que deje de ser tenida como tal, incluso aunque se aprecien en su testimonio fisuras o divergencias; si bien habrá de ser valorada con cautela, de ahí la conveniencia de someterla a criterios de máxima objetivación, acudiendo al aval que puedan aportar determinados elementos de corroboración, a valorar en cada caso, según las circunstancias que en él concurran; y, en este sentido, esto es, en orden al valor que quepa dar a dicha prueba, siguiendo doctrina que expresa reiteradamente con el ATS 1502/2010 podemos decir que "Partiendo del hecho de que el testigo-víctima no es exactamente un tercero ajeno a los hechos objeto de enjuiciamiento, en el proceso penal es válido su testimonio, que estará sujeto a la libre apreciación del Tribunal de instancia, ex artículo 741 de la LECrim . Dicha peculiaridad ha determinado que la jurisprudencia venga sentando determinados criterios o cautelas que debe tener en cuenta el Tribunal a la hora de valorar dichos testimonios, verdaderas directrices consolidadas por la jurisprudencia ( STS nº 1.207/2.006, de 22 de Noviembre ). Y, siendo conocidos los tres requisitos tradicionalmente atendidos por esta Sala para valorar la prueba testifical de la víctima -de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos y persistencia en la incriminación-...", "en el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y dado el ámbito de clandestinidad en el que suelen producirse, que en muchas ocasiones convierte a dicha testifical en prueba exclusiva, resulta particularmente relevante lo fijado en sentencias como la STS nº 142/2.005, de 11 de Febrero , que ha añadido a tal contenido: "Conviene decir que, como siempre que nos hallamos ante el problema de medir la eficacia probatoria de alguna prueba consistente en declaraciones prestadas ante el propio Tribunal que las preside y ha de valorarlas, en estos casos ha de prevalecer, como regla general, lo que la Sala de instancia decida al respecto, consecuencia de las exigencias propias del principio de inmediación procesal. Puede ocurrir que de esos tres elementos alguno o algunos de ellos, en todo o en parte, no sea favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima y, sin embargo, el órgano judicial conceda validez como prueba de cargo a tal testimonio. Por esto tiene aquí singular importancia la existencia de una motivación concreta y suficientemente desarrollada al respecto"(en igual sentido, AATS nº 606/2.009, de 26 de Febrero; nº 593/2.009, de 26 de Febrero; y nº 1.537/2.008, de 11 de Diciembre, entre otros).

Y, siendo conocidos los tres requisitos tradicionalmente atendidos por la Sala II para valorar la prueba testifical de la víctima -de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos y persistencia en la incriminación".

En lo que respecta a la credibilidad subjetiva de las víctimas, se acostumbra a constatar, por la concurrencia de móviles espurios, en función de las relaciones anteriores con el sujeto activo (odio, resentimiento, venganza o enemistad), o de otras razones (ánimo de proteger a un tercero o interés de cualquier índole que limite la aptitud de la declaración para generar certidumbre).

En lo concerniente al parámetro de la credibilidad objetiva, o verosimilitud del testimonio, lo centra la jurisprudencia en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico (coherencia externa).

Y en lo que atañe a la persistencia en la incriminación, se plasma en la ausencia de modificaciones y de contradicciones sustanciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima en el curso del procedimiento, tanto en su versión general de los hechos como en sus particularidades y circunstancias más relevantes y significativas.

Así y sin caer en invocaciones cuasi mágicas a la inmediación, ante la prueba testifical en general, y para operar con rigor epistémico, el tribunal debe huir de la apelación a una supuesta capacidad propia, casi taumatúrgica, como hermeneuta de elementos extralingüísticos y gestuales. Sólo desde el prisma de la presunción de inocencia y teniendo en cuenta las otras fuentes de prueba disponibles podemos intentar establecer que es aquello que probablemente pudo ocurrir, siempre con la regla base de la presunción de inocencia como eje del establecimiento de cualquier conclusión. Evitando así el riesgo de error en la valoración de dicha prueba testifical, sin atender a criterios tópicos como la "vehemencia", "convicción" o "claridad" del testimonio. El tribunal no alcanza a adivinar de manera cuasi mágica qué testigos dicen la verdad con base en estos elementos, sino tan sólo podemos prudentemente cotejar el contenido de tales testimonios con el resto de pruebas.

Es decir, debemos afrontar la valoración de estos medios de prueba partiendo lógicamente del parámetro metodológico constitucional de la presunción de inocencia.

En palabras de la reciente STS núm. 136/2022, de 17 de febrero: "... cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria, el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción.

Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria".

El problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis. Una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no.

Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen ambas hipótesis. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, la conclusividad de la primera. No, de forma necesaria, excluirla (así expuesto por nuestra SAP Madrid, sección 4ª, 428/2022 de 1 de septiembre).

CUARTO.La declaración de Vicenta se ha desarrollado por sistema de videoconferencia desde el lugar en el que está siguiendo tratamiento. Se percibe sin dificultad que se trata de una persona vulnerable, que se quiebra con facilidad al narrar su experiencia y que tiene una larga experiencia de ingresos de naturaleza psiquiátrica (como puede verse a folio 137 del rollo de sala , tomo I, la doctora forense Dª Ana María informa en el sentido de que hay 147 informes médicos relativos a Vicenta , "la gran mayoría del servicio de psiquiatría del Hospital DIRECCION003" y que su diagnóstico es de " DIRECCION004, DIRECCION005 y DIRECCION006", habiendo cursado "múltiples intentos autolíticos").

Ese carácter vulnerable quedó patente en la propia organización del acto del juicio. En las proximidades del señalamiento del mes de julio (que hubo de ser suspendido por otra causa) leemos correo electrónico (folio 198) del tenor "...Ana Soto Povedano, letrada de la víctima ...me informa que desde el domingo Vicenta está ingresada en un centro psiquiátrico y están a la espera de que el psiquiatra hable con la madre y el de el parte médico para saber si está en condiciones de afrontar el juicio, o solicitar realizarlo por videollamada o solicitar la suspensión por no estar en condiciones óptimas".

Se cursó por medio de providencia solicitud al Hospital DIRECCION003 para que informase sobre si Vicenta podría razonablemente prestar declaración, dando lugar a una extensa respuesta en la que se llega a decir que "por la posible descompensación tendría que acompañarse de personal sanitario",recomendando que preste declaración en el centro en el que está ingresada (folio 212 del rollo de Sala).

Se trató de una declaración en la que sustancialmente se narra aquello que ya contó en sus anteriores declaraciones y que en esencia constituyen los hechos del escrito de acusación. Y lo contó del modo que ya había predicho el Dr. D. Teofilo en el correo electrónico al que antes hacía referencia: "...en el control de las emociones es donde la paciente experimenta las mayores dificultades",y "testificar...es probable que le genere una respuesta emocional intensa",como así ocurrió. Sin, como dijimos, incurrir en invocaciones a una supuesta capacidad de percepción sobrehumana del tribunal, capaz de discriminar entre lo veraz y lo falso con la mera inmediación de la declaración, en principio fue un testimonio impactante que nos llamó más la atención todavía por detalles de crudo realismo como los referentes a las náuseas que sintió al practicar la felación al acusado (recordemos que tras ser penetrada analmente).

De nuevo apelando al correo obrante a folio 212, el Dr. Teofilo, al referirse a la capacidad de Vicenta para testificar manifestó que "...tiene capacidad para hacer un relato coherente",y efectivamente lo hizo. Su intensa narración no ofreció detalles que sugieran un discurso delirante, ni contenía nada estridente ni exageraciones. Es un relato intenso emocionalmente en el que se narran, en esencia, los hechos que sostienes los escritos de acusación.

A partir de ahí hay que comprobar qué refuerzo tiene esa declaración en otros elementos periféricos y descartar móviles espurios.

Hemos contado con alguna declaración periférica concurrente a la de la víctima, por ejemplo la declaración de Adela, madre de la víctima. Si cruzamos su relato con lo narrado por alguno de los especialistas que ha venido atendiendo a Vicenta, cobra plenamente sentido el hecho (apuntado por la defensa como algo que desmerece la credibilidad del testimonio de Vicenta) de la tardanza en denunciar (unos dos años y medio después de ocurrir los hechos). Fenómeno, por lo demás, característico en muchas víctimas de agresiones sexuales.

Efectivamente Adela narró que su hija le contó el episodio en una cafetería, en el contexto de uno de sus ingresos hospitalarios. A la semana le dieron el alta y denunció. El resto de referencias al episodio en sí mismo es que Vicenta le dijo que había llegado a casa llorando y que tuvo dolores en la zona anal. Posteriormente contó a la sala que Vicenta estuvo mucho tiempo sin salir a la calle, que decía que tenía miedo.

También corrobora el testimonio de Vicenta la declaración de Natalia, amiga de la perjudicada y persona a la cual le contó los hechos nada más ocurrir los mismos. En concreto narró que Vicenta llamó por teléfono y le dijo que necesitaba verla, y le contó todo, "ella estaba fatal".Respetó finalmente su decisión de no denunciar y dijo que Vicenta le contó que le dolían el cuello y los brazos.

A estas corroboraciones hay que unir otras declaraciones que además desvirtúan las dudas que la defensa pone en el elemento de persistencia en la incriminación y que hace derivar que el extenso tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la interposición de la denuncia.

Han sido muy interesantes las declaraciones de los diferentes doctores que han atendido a Vicenta en relación con sus patologías. La Dra. Mariana refirió que le habló de ese abuso de 2017 con posterioridad a su comisión. Muy relevante ha sido el testimonio de D. Miguel Ángel, psiquiatra que ha atendido desde hace muchos años a Vicenta, fundamentalmente por causa de su DIRECCION007 que cursaba con depresiones.

Refirió que Vicenta planteó en las terapias muchas veces la cuestión de este episodio violento, pero con bastante posterioridad a que aconteciera. E insistió en que se trata de un "patrón normal en personas con traumas":tardan en contarlo, y es más, especificó que es algo muy característico de la propia Vicenta.

Refirió también que tuvo conocimiento del episodio en abril de 2018. En cuanto a la credibilidad de lo que narra Vicenta, apuntó que es una persona que tiene conservado el juicio. Y que incluso "a veces es demasiado sincera", en referencia a que dar su parecer sobre las cosas con las que no está de acuerdo le puede traer en ocasiones problemas.

Abundando en lo manifestado en su declaración, a folio 157 leemos correo electrónico del mismo Dr. Avelino "según consta en los informes de atención de urgencias de fechas 30-05-17, 22-07-17, 16-07-18 y 24-01-19 no constan referencias al abuso sufrido"añadiendo "que resulta frecuente en la praxis psiquiátrica hospitalaria que se identifiquen/ comuniquen por los pacientes abusos que no han sido denunciados ni informados previamente".El relato del doctor tiene la doble virtualidad de corroborar lo narrado por Vicenta y desdibujar esa supuesta "falta de persistencia en la incriminación"que alega la defensa y que por lo demás, y como recuerda la STC 48/2024 de 8 de abril, al reprochar el tiempo que se tardó en denunciar "desconoce las repercusiones específicas que los delitos relacionados con la violencia sexual tienen sobre sus víctimas, y cómo afectan a su conducta en relación con la denuncia y persecución del delito".

También es muy ilustrativa la conversación por Instagram entre acusado y denunciante muy próxima a los hechos (folios 16 a 19), es relativamente inespecífica, pero desde luego reveladora de que Vicenta está enfadada (le ha bloqueado en otra aplicación y le dice a Evelio "que me dejes en paz")y el acusado está disculpándose. Finalmente ocurre algo que nos parece es muy coherente con el carácter de Vicenta y su fragilidad, ante la insistencia del acusado acaba diciendo que si, que acepta que queden ese mismo día.

No hay ni rastro de algo que buscó la defensa: identificar a Vicenta como una persona que reiteradamente ha presentado denuncias o ha narrado a los médicos haber sido víctima de agresiones sexuales. Evaristo, y Ana María peritos forenses que han elaborado informe al respecto, rastrearon las entradas de historial médico de Vicenta y no vieron referencias previas de este tipo.

A folio 147 leemos "paciente diagnosticada de DIRECCION004, DIRECCION005 y DIRECCION006...según el periodo. La paciente ha tenido múltiples intentos autolíticos, principal motivo por el cual ha estado ingresada en el servicio de psiquiatría de hospitales madrileños", incidiendo en lo manifestado por su psiquiatra, que siendo una paciente con reiterados ingresos, tiene el juicio conservado. Aspecto que corroboramos en uno de los ingresos más recientes de Vicenta y previos a su testimonio, el de 23 de junio de 2024, en el que podemos leer (folio 208) que a la exploración presenta "Discurso correcto, sin alteraciones en forma ni contenido. No clínica delirante".

No constan relatos de episodios donde ella refiere abusos. A folio 134 leemos "hay descritos en la actualidad 130 informes...revisados los informes evolutivos que abarcan desde el 2016, no encontramos la existencia documentada de relato de episodios donde la misma refiera abusos".También en el informe de Dª Ana María leemos que la paciente no tiene síntomas psicóticos, sin encontrar tampoco referencias a abusos sexuales si bien parece que se constriñe la investigación a los días próximos a los hechos (folio 147).

Pero es que si bien parece sugerirse con la solicitud de dicha prueba de remisión de todos los informes rastreables de Vicenta en busca de anteriores relatos de abusos, su ausencia también se usa de manera contraria (folios 225 y ss del rollo) como argumento en contra de la denunciante, puesto que por lo que parece , especialmente y con bloqueo de mayúsculas en el folio 226, determina una falta de persistencia en la incriminación no haber relatado ante los profesionales que la asisten la existencia de este episodio.

Frente a todo esto el acusado sostiene que la relación fue absolutamente consentida. El supuesto móvil espurio es según parece, porque se formula muy vagamente, que le sentó mal que él la dejara. De nuevo y de manera vaga insinuó el acusado que había otros abusos a los que Vicenta en algún momento le hizo mención.

En su informe el letrado de la defensa intentó desacreditar a la víctima aseverando la importancia de sus patologías: "es que está enferma desde hace muchos años"(frente a lo que antes hemos referido del Dr. Avelino) que su versión , "no cuadra ni a martillazos"y que Evelio es un joven "sin antecedente de ningún tipo"aseveración irrelevante pero engañosa en tanto que con posterioridad a los hechos fue condenado por un delito de amenazas en el ámbito familiar (sentencia de 4 de marzo de 2021 del Juzgado de Instrucción 1 de Torrejón), también por un delito leve de hurto en sentencia de 9 de octubre de 2017 , en otro de la misma naturaleza en 2019.

Además recurrió a exponer, algo también relativamente habitual, el deber serde las víctimas de agresiones sexuales: cuándo deben denunciar, qué actitud deben tener etc. Así lo expresó con frases como "lo que hubiera sido congruente", refiriéndose también a cómo debió ser la conversación de Instagram y a lo que en realidad debió decir ahí Vicenta conforme a su situación de víctimaen el parecer del letrado de la defensa. El móvil espurio que apunta el acusado es que "le sentó mal que él la dejara"y que su defendido la dejó porque "recuerda que se hizo cortes con una cuchilla"y le pareció que era una relación que podía ser muy problemática. Luego aseguró haber tenido relaciones sexuales con ella con posterioridad a los hechos y que era Vicenta la que marcaba la pauta en las relaciones.

Frente a todo lo expuesto, esta versión nos parece endeble. Además de que encaja mal con la conversación por la red Instagram a la que hicimos referencia.

Es decir: a la declaración de la víctima (en principio creíble y sin contradicciones relevantes) tenemos que añadir: el testimonio de una amiga que dice haber hablado con ella la misma noche de los hechos, el testimonio de su madre a la cual le narra el episodio años después e interponen denuncia. Tenemos también unas declaraciones del psiquiatra que la trata que entiende como algo casi consustancial a al paciente haber relatado los hechos años más tarde. El mismo psiquiatra y los forenses inciden en que es una persona con el juicio conservado. Una conversación entre acusado y denunciante muy próxima a los hechos releva al acusado pidiendo perdón, insistiendo en volver a verse y rogándole que no le bloquee en alguna concreta aplicación.

Frente a ello sostener que la denunciante ha interpuesto una denuncia falsa por puro despecho no nos parece una construcción defensiva con suficiente entidad. Entendemos enervada la presunción de inocencia y acreditados los hechos que hemos declarado probados.

QUINTO.No concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Por supuesto, y para comenzar, no se puede tener en cuenta a ningún efecto el tiempo que Vicenta tardó en denunciar. Específicamente sobre esta misma cuestión trató la antes citada STC 48/2024 de ocho de abril que deja dicho que "... responsabilizar a las perjudicadas por el delito de la demora en denunciar, no solo es irrazonable desde la perspectiva del art. 24.1 CE , sino que desconoce también el mandato de prohibición de discriminación por razón de sexo contenido en el art. 14 CE ".Pero además y citando la misma resolución y las que allí aparecen a su vez referenciadas, "Resulta incontrovertible, a partir de lo dispuesto en el art. 21.6 CP , que para determinar si se ha incurrido en dilaciones indebidas hay que tomar en cuenta únicamente la duración del proceso judicial; dado que su reconocimiento como circunstancia atenuante tiene por objeto que se establezca «un adecuado equilibrio entre la realización de toda la actividad judicial indispensable para la resolución del caso del que se conoce y para la garantía de los derechos de las partes, de un lado, y, de otro, la limitación del tiempo en el que dicha actividad judicial se desarrolle, que habrá de ser el más breve posible» ( SSTC 124/1999, de 28 de junio, FJ 2 , y 153/2005, de 6 de junio , FJ 2)"y , en fin, que "Responsabilizar a víctimas de unas «dilaciones indebidas», que deben referirse exclusivamente a la tramitación del proceso judicial y a la diligencia de los órganos judiciales a la hora de llevar a cabo esta tarea, es también irrazonable".

Tampoco es ajeno a la falta de apreciación de la atenuante el que parte de las dilaciones del proceso las ha generado la defensa. La suspensión de la sesión de juicio de 4 de julio de 2024 se debió a una incomparecencia del acusado, finalmente documentada en una asistencia médica. De nuevo citado para juicio a fin de comparecer en fecha 11 de diciembre de 2024, se solicitó de nuevo la suspensión. Ante el nuevo señalamiento, hubo de nuevo otra modificación en su fecha a petición de la defensa. En fin, todavía se intentó una nueva suspensión el día anterior al juicio mediante una renuncia de su letrado que no fue admitida por la sala. Previamente se solicitó también la suspensión de la declaración indagatoria que del día 25 de marzo pasó a señalarse (folio 187) para 29 de abril,

En el análisis de las paralizaciones de la causa observamos que denunciados los hechos en enero de 2020, se incoaron diligencias previas por medio de auto de fecha 22 de enero de 2020. Es cierto que un ingreso psiquiátrico de Vicenta retardó su declaración (vid. folio 78) y es cierto que no se tomó declaración al investigado hasta fecha 11 de noviembre de 2020.

Ulteriormente se acuerdan algunas declaraciones testificales en fecha 17 de noviembre de 2020 (folio 104), y vista la complejidad de lo ordenado en fecha 18 de febrero de 2021 (requerir al psiquiatra que atiene a Vicenta para que a la vista de todo el historial clínico de la misma "remita a este juzgado , relato de episodios donde la misma refiera abusos sexuales , así como informe del diagnóstico")no se cumplimentó hasta que el forense remite informe en fecha 7 de julio de 2021 (folio 134) y ulteriormente el propio Dr. Avelino en fecha 21 de febrero de 2022. Se lleva a cabo otro informe forense en fecha 4 de febrero de 2022 (folio 147) e inmediatamente se dicta auto transformando las diligencias previas en procedimiento sumario; también de manera próxima (2 de marzo de 2022) se dicta auto de procesamiento y es entonces cuando el acusado cambia de letrado (vid. folio 166 y ss)

Dicha dirección letrada recurrió en reforma el auto de procesamiento en fecha 4 de mayo de 2022 , y se desestimó el recurso en fecha 11 de julio de 2022, causando entrada el sumario en esta sección de la Audiencia en fecha 1 de septiembre de 2022. Se dictó auto de apertura el 29 de noviembre de 2022 y una vez recibidas las calificaciones de las acusaciones se dio traslado a la defensa a fin de formular su calificación (17 de enero de 2023). Se dictó auto de fecha 2 de febrero acordando practicar una prueba y se señaló el juicio oral para fecha 15 de abril de 2024 que fue suspendido a petición esta vez de la acusación particular. Y se señaló para el 4 de julio, con la suspensión a la que antes se hizo referencia.

Es decir, sin tener en cuenta (por los motivos que antes dijimos) el transcurso del tiempo entre el hecho y la incoación de diligencias y tampoco el posterior al señalamiento de 4 de julio de 2024, el plazo transcurrido desde el comienzo de la instrucción de la causa (enero de 2020) el señalamiento por providencia de 2 de diciembre de 2023 para el día 4 de julio de 2024, si bien no es precisamente muy satisfactorio, no integra la atenuante solicitada. La paralización más relevante es la que guarda relación con los informes médicos solicitados, que partían de la base de que los doctores requeridos debían hacer acopio y leer todos los informes médicos relativos a la denunciante, y hacer un rastreo buscando referencias a episodios previos de abusos.

De todo lo anterior, extraemos que ( ATS 19 de septiembre de 2024) que el carácter razonable o irrazonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España; 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España; SSTC 237/2001, 177/2004, 153/2005 y 38/2008; y SSTS 1733/2003, de 27-12; 858/2004, de 1-7; 1293/2005, de 9-11; 535/2006, de 3-5; 705/2006, de 28-6; 892/2008, de 26-12; 40/2009, de 28-1; 202/2009, de 3-3; 271/2010, de 30-3; 470/2010, de 20-5; y 484/2012, de 12-6, entre otras).

La atenuante reclamada exige la existencia de una paralización o de una tramitación inútil e inapropiada, y, a mayor abundamiento, la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas exige, además de la acreditación de ese paralización o de ese retraso indebido, no imputable al acusado, que sea extraordinario y anómalo (vid. SSTS 636/2018, de 12 de diciembre; 72/2019, de 11 de febrero; y 109/2019, de 5 de marzo).

La reciente STS del 16 de enero de 2025, (129/2025) a título de ejemplo, contempla el caso de una atenuación simple con una completa paralización de tres años, rechazando que pueda tenerse por muy cualificada.

No concurren, pues, los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la aplicación de la circunstancia atenuante pretendida y, en particular, los requisitos de que la dilación fuese injustificada y extraordinaria,ya que la duración global del procedimiento, dadas las circunstancias reflejadas en los párrafos precedentes, no puede reputarse como tal.

SEXTO.No concurriendo atenuantes ni agravantes, y ex. 66.1.6 CP debemos apuntar con la STS 17 de febrero de 2022 (649/2022) que "...la mayor o menor gravedad del hecho dependerá: En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto.

En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica.

En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta).

Y en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Se trata en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 LECrim . para la infracción de Ley".

Dentro de ese conglomerado de aspectos que dotan de mayor o menor antijuridicidad y culpabilidad al hecho punible no puede desconocerse que el ataque a la libertad sexual tiene un fuerte componente de antijuridicidad material en tanto que:

a) Se opera con violencia como medio comisivo.

b) Se llevan a cabo dos modalidades sexuales, y la segunda en una felación sobre el pene del agresor que acaba de extraerlo de la cavidad anal de la víctima, con todo lo degradante que tiene dicha conducta.

c) Se verifica sobre persona en ese momento menor de edad y con respecto de la cual conocía el acusado de su especial fragilidad.

d) No obstante debe tenerse en cuenta que el acusado, cuando ocurren los hechos tenía prácticamente recién cumplidos los 18 años.

Así las cosas entendemos que dentro del arco de pena tan extenso del art. 179.1 la pena de seis años de prisión es adecuada y proporcional a la antijuridicidad del hecho concreto y a la culpabilidad del acusado.

Es pertinente la pena de los arts. 47 y 57 CP, que por las razones antes expuestas se impone en la extensión de diez años y limitada a una distancia de 500 metros y a la comunicación por cualquier medio.

Y conforme al artículo 192.1 del Código Penal la imposición de libertad vigilada durante siete años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, quedando sujeto a control judicial del cumplimiento de las medidas previstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Código Penal, que se concretarán de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2º del número 2 de este artículo.

Y por imperativo del art, 192. 3 imponemos también la pena de prohibición de ejercer cualquier profesión y oficio que suponga un contacto regular con menores de edad por un periodo de siete años.

SÉPTIMO.Con imposición de las costas, ex. 123 y ss y 239 y ss de la LECR, con inclusión de las de la acusación particular.

OCTAVO.La comisión del delito antes descrito conlleva, ex. arts. 109 y ss CP el pago de la correspondiente responsabilidad civil. Entendemos necesario acordar la solicitada en atención al mal causado, edad de la afectada, y por la carga psíquica posterior y en consonancia con criterios que ha venido manteniendo la Sala II en el sentido de que "...el daño moral no puede identificarse con secuelas psicológicas, sino que tiene un espacio propio, en el que las situaciones de angustia, frustración, miedo o padecimientos, en general, que ha soportado quien sufre las consecuencias del delito merecen un resarcimiento",( STS 8 de abril de 2022) y en vista de lo anterior es razonable la cantidad solicitada por acusación particular y Ministerio Fiscal de 12.000 €, más los intereses del art. 576 LEC.

VISTOS, los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación