Sentencia Penal 182/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 4, Rec. 575/2023 de 28 de mayo del 2025

PRIMERO.- Cuestiones previas

Por la defensa del acusado como cuestión previa se solicitó se declarara la nulidad de las diligencias practicadas fuera del plazo de seis meses desde la incoación de diligencias previas, por vulneración de lo prevenido en el artículo 324 de la LECrim. Argumentaba, en síntesis, que el auto de incoación era de fecha 12/04/2018, por lo que la instrucción acabaría el 12/10/2018; y que no obstante, se acordaron diligencias con posterioridad a esta fecha, concretamente en la providencia de fecha 11/12/2018 se acordó la declaración de la perjudicada, la declaración de una testigo, Juliana y el volcado del teléfono de la perjudicada, diligencias relevantes para tomar en consideración la apertura de PA, y por tanto nulas por extemporáneas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular se opusieron a dicha nulidad.

Por la Sala se resolvió la cuestión declarando no haber lugar a la nulidad solicitada, al considerar no se había sobrepasado el plazo de instrucción y por tanto las diligencias que la defensa consideraba nulas se habrían acordado en plazo.

El auto de incoación de diligencias previas es de 12 abril de 2018; en el mismo se acuerda la declaración del investigado y de la denunciante. El periodo de instrucción se paraliza el 28 junio de 2018 (dos meses y 16 días después) cuando se dicta el auto de transformación en procedimiento abreviado, concluyendo así la fase de instrucción. El plazo se reanuda el 17 de septiembre de 2018 cuando tras interponer la defensa recurso de reforma contra el mencionado auto, se desestima la reforma. En ese auto desestimatorio de la reforma se acuerda además la práctica de la declaración testifical de Juliana. El auto se recurre en apelación, resuelto por la Sección 30 de la Audiencia Provincial en fecha 23 de noviembre de 2018, en cuya resolución el Tribunal acuerda la práctica de una serie de diligencias, por tanto, dentro de plazo.

SEGUNDO.- De la prueba practicada en el plenario

Este Tribunal ha llegado a la conclusión de que los hechos declarados como probados son los realmente sucedidos tras una valoración en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del plenario, en condiciones de inmediación, oralidad y contradicción y con todas las garantías legales y constitucionales.

Este Tribunal ha examinado la prueba practicada en el acto del juicio, consistente fundamentalmente en la declaración de la denunciante y perjudicada Dª. Catalina, las testificales de la propietaria de la vivienda Dª. Juliana, de los Policías Nacionales que participaron en la comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados y de la persona que hizo las reformas en la casa, D. Jon. Además se ha tenido en cuenta los informes médicos de la perjudicada, así como la documental obrante en la causa. El acusado se acogió a su derecho a no declarar.

En primer término, contamos con el testimonio de la perjudicada Dª. Catalina, quien declaró: que en febrero vio el anuncio en la web milanuncios y contactó con el anunciante a través de whatsapp; que quedaron para ver el piso, el acusado le dice que hay una chica viviendo pero que se va a ir; se lo enseña y firman un contrato; como él le dijo que está muy liado, ella se encargó de redactar un contrato tipo con los datos de filiación que le da el acusado, que firman tanto ella como el acusado. Exhibido el contrato que consta unido a los folios 9 a13 de los autos, lo reconoce como el contrato que firmaron. Añade que el acusado dijo ser el propietario de la vivienda. Cuando firmaron el contrato, le pagó 400 euros. Como el piso no estaba en muy buenas condiciones, él le dice que no le entregue una fianza para que ella pueda hacer reformas; le entrega la llave y ella entra a vivir y empieza a hacer una reforma en el piso. Nada más entrar a vivir empieza a tener problemas porque la vitrocerámica no le funciona por lo que le escribe y él le contesta que está de viaje fuera de España pero que no se preocupe que le manda un técnico, que nunca apareció. Como un mes después se quedó sin luz y agua, intentó contactar con él pero el teléfono daba como que no existía y que no le llegaban los mensajes, por lo que sospecha que pudiera ser víctima de una estafa y acude a Comisaría y allí le dice la policía que esta persona no es la propietaria de la vivienda, que vaya al Registro de la Propiedad a pedir una copia simple; además, se ponen en contacto con la dueña, la cual acude a la Comisaría y hablando con la dicente resulta que la propietaria dice no conocer al arrendador. Revisando cajones en la casa, ve dos cartas con el nombre de un tal Silvio, lo busca en redes sociales y reconoce en las fotografías de su perfil en Facebook al que había dicho ser Jacobo.

Continúa diciendo que arrendó la vivienda con la intención de que fuera su vivienda habitual; que gastó unos 1.500 euros en reformas, que reclama; que tuvo que solicitar un préstamo de 2.000 euros porque se quedó en la calle, sin dinero, pudiendo solo devolver 1.000 euros del préstamo, por lo que reclama los 1.000 euros restantes. Que los muebles que compró los vendió a través de wallapop a excepción del frigorífico que había comprado, que se lo llevó a la siguiente casa a la que fue. Que esta situación le afectó profesionalmente, tuvo ansiedad y problemas de voz siendo ella cantante; que fue a varios otorrinos y además necesitó ayuda psiquiátrica. Añade que un día apareció en su vivienda una vecina a preguntarle que quién era, que porqué tenía llaves de la vivienda y que la vivienda era de Juliana, a lo que ella le respondió se la había alquilado un señor; que este incidente se lo contó al acusado y éste le dijo que la vecina estaba loca y que cambiara el bombín, lo que hizo.

Preguntada cómo pensaba pagar la renta dado que en el contrato de arrendamiento no figura ningún número de una cuenta bancaria, señaló que se iba a hacer a través de la cuenta que estaba pendiente que el acusado le facilitase y que le había pedido a través de whatsapp.

Contamos igualmente con el testimonio de Dª. Juliana, propietaria de la vivienda arrendad, quien declaró: que conocía al acusado porque alquiló su vivienda a la novia de éste; que es copropietaria de la vivienda junto con su hermano; que la tenía alquilada desde el año 2014 a Clemencia ( Clemencia), por 350 euros/mes, si bien le había informado a ésta que tenía que abandonar el piso porque tenía que entregarlo al Banco ya que su hermano había contraído deudas de la comunidad y no podía pagarlas; que una vecina la llamó para preguntarle si había cambiado de inquilina, que ahora estaba una chica joven y guapa que no era la de antes, por lo que habló con Clemencia la cual le dijo que era una amiga que estaba recogiendo sus cosas. Añadió que el novio de Clemencia es el acusado; lo vio en las fotos del perfil de whatsapp de Clemencia, donde aparecían los dos vestidos de novios.

En su presencia se reprodujo un audio de una conversación telefónica mantenida entre el acusado y la denunciante, reconociendo la voz del varón como la del novio de Clemencia, manifestando que mantuvo conversaciones con él en dos ocasiones, una vez para cambiar un termo, la otra vez cree que sobre el año 2017; y añadiendo que conoce su voz porque lo sigue en redes sociales y en ellas él habla.

Contamos también con el testimonio de los agentes de policía que intervinieron en la elaboración del atestado. Así, el Policía Nacional con nº profesional NUM002 manifestó que su intervención consistió en recepcionar la denuncia de Catalina, localizar a la verdadera propietaria, que no tenía conocimiento de estos hechos, e identificar al autor. Añadió que la propietaria les manifestó tener alquilado el piso a alguien si bien no recuerda si ese arrendatario tenía alguna relación con el acusado; y que la denunciante aportó capturas de pantalla de fotos del denunciado sacadas de redes sociales, creyendo recordar que hicieron reconocimiento fotográfico. Por su parte, la intervención del Policía Nacional con nº profesional NUM003 según su declaración, consistió en hacer determinadas gestiones: con el Registro de la Propiedad, ver que el DNI del que figuraba como arrendador, un tal Jacobo, no se correspondía con el verdadero; también revisaron Facebook y la persona que aparecía era el arrendador pero con distinto nombre; que hicieron un reconocimiento fotográfico con la denunciante; que hablaron con la propietaria, quien manifestó que el piso lo tenía alquilado a una tal Clemencia, que le había dejado a deber facturas, si bien no recuerda si le dijo que todavía era la inquilina; que esa tal Clemencia aparecía en redes sociales que daban a entender que mantenía una relación íntima con el acusado, y que el nº de teléfono que aparecía en el anuncio de Milanuncios correspondía al de la tal Clemencia.

Por último, declaró D. Jon quien declaró: que es propietario de la empresa que hizo las reformas en la vivienda alquilada por Catalina; que la reforma consistió en pintar y poner el suelo. Exhibida la factura que obra al folio 350 de las actuaciones, la reconoce y manifiesta que se la abonó Catalina.

Y de la documental obrante en las actuaciones merece destacarse:

A) contrato de arrendamiento de fecha 26/02/2018 de la vivienda de la DIRECCION000 entre Jacobo y Catalina (f.9 a 13);

B) factura de los trabajos de reforma llevadas a cabo por la empresa "Reformas Integrales JFECHARLYS, SL en la vivienda de la DIRECCION000 (f.126);

C) recibos de compra de muebles y electrodomésticos por la perjudicada (folios 127 a 130)

D) documentación encontrada por la denunciante en el domicilio de la DIRECCION000 a nombre de Silvio (folios 123 a 125);

E) dos transferencias recibidas por la denunciante a su favor en su cuenta de Triodos Bank con fechas 27/03/2018 y 02/05/2018, por importe de 1.000 euros cada una, realizadas por Luis;

F) informe médico del Hospital 12 de Octubre de la denunciante de fecha 18/06/2018 (folios 138 a 140);

G) contrato de arrendamiento de fecha 15/11/2014 de la vivienda de la DIRECCION000 entre Juliana y Clemencia (f.71 a 74);

H) nota simple informativa del Registro de la Propiedad acreditando la titularidad de la vivienda referida, correspondiendo la propiedad por mitad a los hermanos Juliana, Juliana y Germán (folio 79 y 80)

I) fotografías sacadas de las redes sociales del acusado y su pareja Clemencia (folios 81 a 84)

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, colocándose voluntariamente en una situación de indiferencia defensiva. También lo hizo en la fase de instrucción, cuando se le tomó declaración en calidad de investigado. Cuestiona la defensa la identificación del acusado, que dice estar viciada desde el principio, cuando la perjudicada busca unas fotos a través de redes sociales, las aporta a la policía y luego se hace un reconocimiento fotográfico.

De la prueba practicada, no hay duda de que el acusado es la persona con la que la perjudicada contactó a través de la página web Milanuncios y concertó una cita para ver el piso que el acusado ofertaba en alquiler y con quien formalizó el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la DIRECCION000 de Madrid. Ante todo, porque la denunciante reconoció al acusado como el individuo que le alquiló la vivienda haciéndose pasar por Jacobo. Pero además se desprende de los datos obrantes en autos: así, se ha comprobado que el teléfono de contacto que aparece en la página web y el que consta en el contrato de arrendamiento como del arrendador es el de Clemencia, pareja del acusado, curiosamente la inquilina real de la vivienda arrendada; contamos con las fotos del acusado colgadas en Facebook con su nombre real; y con la declaración por parte de la propietaria de la vivienda de no tener dudas de que el acusado era el novio de su inquilina, al que dice haber visto en la foto de perfil del whatsapp de su novia Clemencia y reconociendo la voz del acusado como la del varón que mantuvo conversaciones con la denunciante con motivo del alquiler de la vivienda; por último, en la vivienda alquilada, la denunciante encontró documentos a nombre de Silvio, el ahora acusado.

TERCERO.- Calificación jurídica

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa previsto en el artículo 248, en relación con el artículo 250.1.1º del Código Penal.

El artículo 248 del Código Penal señala que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Son elementos constitutivos del tipo citado: el engaño, que ha de ser bastante para producir error en el disponente, el error sufrido por este, entendido como un defecto en la apreciación de la realidad, un acto de disposición, consecuencia del error y del antecedente engaño y el consiguiente perjuicio del disponente o de un tercero. Como elemento subjetivo del tipo ha de concurrir ánimo de lucro.

El delito de estafa exige, pues, que haya una verdadera acción engañosa, precedente o concurrente, que viene a constituir su ratio essendi, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro); que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo; que en virtud de ese error dicho sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero; y que por consiguiente exista relación de causalidad entre el engaño de una parte, y el acto dispositivo y perjuicio de otra, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo subsequens, es decir el sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate ( STS 885/2008, de 16-12-2008).

En el supuesto analizado se considera probado que el acusado desplegó un conjunto de artificios a fin de generar en la denunciante Sra. Catalina la errónea creencia de que era el propietario de la vivienda y que por tanto podía alquilársela. El resultado fue que la denunciante formalizó un contrato de arrendamiento de la vivienda y abonó 400 euros en concepto de primera mensualidad y además afrontó unos gastos de reforma de la vivienda, consentidos por el acusado, formando también parte del propósito estafador inicial para así dar apariencia de veracidad a su falsa condición de propietario.

Una vez acreditado que el acusado es la persona que formalizó el contrato de arrendamiento con Catalina y que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, se plantea el problema de si estamos ante un delito leve de estafa o ante un delito menos grave de estafa. La defensa señala que en el momento de la firma del contrato de arrendamiento, se entregó por la perjudicada la suma de 400 euros, siendo éste el único perjuicio patrimonial causado. No obstante, la perjudicada no solo denuncia la estafa consistente en la entrega de esos 400 euros en concepto de primer pago de la renta mensual del arrendamiento suscrito, sino que considera que el engaño sufrido comprende las obras de reforma que realizó en la vivienda, consentidas por el investigado, cuyo importe ascendería a la cantidad de 1.555 euros.

De la prueba practicada, principalmente de lo declarado por la perjudicada y de los términos en que está redactado el contrato de arrendamiento, entiende este Tribunal que el engaño abarcó no solo el importe de la mensualidad dada sino también los gastos de las reformas realizadas por la perjudicada, que el acusado consintió, formando también parte del propósito estafador inicial para así dar apariencia de veracidad a su falsa condición de propietario. Formó parte del engaño, pues como manifestó la perjudicada, como el piso no estaba en muy buenas condiciones, el acusado, buscando la perfección del alquiler, le dijo a la denunciante que no le entregara fianza alguna para que ella pudiera hacer reformas, lo que se reflejó en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes cuando en la cláusula octava se hace constar que se prescinde de fianzas por acuerdo mutuo de las partes.

Por el Ministerio Fiscal se califican los hechos como constitutivos de un delito de estafa agravada del artículo 250.1º del CP, por recaer sobre vivienda, en concurso de normas con un delito de falsedad en documento privado. La Acusación Particular ha calificado los hechos como una estafa agravada del artículo 250.1º y 4º del CP, por recaer sobre vivienda y además por revestir especial gravedad.

Respecto a la estafa agravada del nº 1º del artículo 250.1 del CP, "recaer sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social", conviene citar la reciente STS nº 624/2024, de 19 de junio, que establece lo siguiente: "No, por menos, puede predicarse de la conducta de la recurrente que ha participado en la estafa dirigida al aprovechamiento de la necesidad de vivienda que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles en un contexto de elevación de precios en el mercado de alquiler, por lo que es reprochable desde el punto de vista penal la realización de ofertas en internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene en alquiler la persona que lo ofrece por internet, ni tiene disponibilidad sobre el mismo, por lo que ese aprovechamiento en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda integra una estafa agravada, y, como decimos, reprochable por el aprovechamiento que existe en quienes así actúan por medio de internet, u otros foros, de oferta de pisos en alquiler para conseguir un enriquecimiento patrimonial y un perjuicio a personas que demandan un inmueble en alquiler a un precio asequible.

Señala, por eso, la sentencia de la AP que "la estafa agravada del n. 1º del artículo 250, del repetido Código, se fundamenta en la idea de dar una mayor protección de bienes de primera necesidad como las viviendas, y solo es procedente cuando la defraudación recaiga sobre viviendas que se destinen a su uso propio, como lugar de residencia, donde puede establecer su domicilio, pues estas son la únicas que pueden ser consideradas de primera necesidad".

Así, es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa de personas que ofrecen inmuebles en alquiler que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa.

Hay que tener en cuenta la especial gravedad del hecho de utilizar un medio que permite una amplia difusión, como es Internet, para realizar la estafa del falso alquiler con falsas identificaciones y con el aprovechamiento del ámbito de necesidad que provoca hoy en día la búsqueda de vivienda, dados los precios que existen y se manejan, tanto en la compra de vivienda como la de alquiler.

Es esta necesidad de la búsqueda de una vivienda en alquiler a un precio asequible lo que provoca el descenso de las medidas de autoprotección por las víctimas y un exceso en la ejecución del principio de confianza en que la oferta que se detecta en Internet es real y no falsa, como ocurre en casos que como el presente proliferan en Internet, causando graves perjuicios en personas que confían en la veracidad de la oferta y la realidad del inmueble, así como en la identificación del titular con la persona que la oferta, provocando, posteriormente, un grave perjuicio, no solamente económico en cuanto a la pérdida de la cantidad ingresada, sino, también, moral y psicológico, al darse cuenta que ha perdido, tanto el dinero como la disponibilidad de la posesión del inmueble que pretendía, debiendo proceder a la búsqueda de un nuevo inmueble, con la pérdida incluida económica a haber sido víctima de una estafa inmobiliaria.

Se asegura por los expertos que el tensionado mercado de vivienda en alquiler propicia el aumento de las ciberestafas y en cuanto a la metodología la propia Federación nacional de asociaciones inmobiliarias señala que el estafador entra en portales y páginas web y copian anuncios de propiedades en alquiler utilizando el logo para publicitarlos a un precio más reducido, lo que provoca que personas que buscan un inmueble sean víctimas asequibles cuando el importe inmueble es superior, que es, en la realidad, lo que facilita la existencia de la ciberestafa inmobiliaria. Así, los autores y cooperadores de estas estafas inmobiliarias se aprovechan de la delicada situación de muchas personas, que ven complicado encontrar una casa en la que vivir, para engañarles, lo que en muchos casos supone agravar la ya de por sí vulnerable posición de las víctimas, haciéndoles más vulnerables aún".

Bajo estos parámetros, y a juicio de este tribunal, las manifestaciones de la perjudicada sobre los perjuicios ocasionados con motivo del engaño sufrido, sin que exista razón para no dar credibilidad a la testigo sobre este extremo, en circunstancias de traslado laboral, buscando un piso para destinarlo a su propia residencia, viéndose sola en Madrid, sin apenas dinero y quedándose de un día para otro sin sitio donde ir, consideramos se incluye dentro de este tipo agravado.

La Acusación Particular también acusa por un delito de estafa agravada del nº 4 del artículo 250.1, esto es, cuando la estafa revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

Entendemos que a la vista de la prueba practicada no puede aplicarse este tipo agravado. Al respecto, el monto del perjuicio en este supuesto ha ascendido a un total de 1.955 (400 euros por el importe de una mensualidad de alquiler y 1.555 euros por las reformas llevadas a cabo en la vivienda), cifra escasa que no es propia de una gravedad cualificada como de especial entidad. Y tampoco se ha desarrollado una actividad probatoria que demuestre que la perjudicada haya sufrido un quebranto económico importante derivado de estos hechos, que pueda justificar la aplicación del subtipo agravado pretendido por la acusación particular, más allá de haber tenido que pedir a amigos un préstamo personal de 2.000 euros, habiéndose acreditado que en esa época tenía un trabajo remunerado y que poco después pudo alquilar otra vivienda.

- Respecto a la comisión del delito de falsedad en documento privado por el que también califica el Ministerio Fiscal, en concurso de normas con la estafa, es numerosa la jurisprudencia que exige que la alteración de la verdad afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para incidir en su normal eficacia en el tráfico jurídico, de modo que no puede apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva ( SSTS 165/2010 de 18 de febrero; 880/2010 de 27 de octubre; 312/2011 de 29 de abril y 843/2015 de 22 de diciembre). Ya que cuando de falsedad en documento privado se trata, la falta de verdad que comporta toda falsedad documental no es suficiente, es preciso que la mendacidad esté encaminada a causar a otro un perjuicio que en la mayoría de los casos será económicamente evaluable (entre otras muchas STS 860/2013, de 26 de noviembre)".

En el presente caso, el contrato privado celebrado para documentar el arrendamiento de la vivienda no ha sido confeccionado como medio para culminar la estafa, que ya estaba consumada previamente. Dicho contrato contenía como mención falaz la identidad del arrendador. Nos encontramos ante la mención de datos falsos en un documento privado, pero tal mención constituye una "falsedad ideológica" que carece de relevancia típica. La STS 2354/2015, de 19 de mayo distingue entre "la completa creación ex novo de un documento, relativo a un negocio u operación absolutamente inexistente cuya realidad se pretende simular o aparentar, pues verdaderamente no existe en modo alguno, conteniendo datos que, por lo tanto, son inveraces o inexactos, constituye una conducta subsumible en el artículo 390.1.2° del Código Penal. Por el contrario, cuando se confecciona un documento para reflejar una realidad negocial existente, la introducción de datos falsos o inexactos constituiría un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos, impune cuando el autor es un particular ( STS 18 de marzo de 2014)".

En la falsedad no se exige el engaño. Esto es propio del delito de estafa, pero no de la falsedad. En éste lo necesario para su tipicidad es el ánimo de perjudicar, no el ánimo de engañar. Puede existir, o no, pero no es elemento del tipo penal. Y como el delito de falsedad del art 395 del CP requiere además que la mendacidad escrita en un documento privado esté encaminada a causar a otro un perjuicio, en el presente caso, no concurre dicho requisito pues la intención con esa falsificación no era perjudicar a Dª. Catalina, quien ya había sido víctima de la estafa.

CUARTO.- Participación del acusado

Del delito antes referido es responsable criminalmente en concepto de autor D. Silvio, por haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que lo integran ( artículos 27 y 28 CP) .

QUINTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Alegó la Defensa por vía de informe de forma alternativa la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Concurre en el acusado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del CP que entendemos hay que aplicar como muy muy cualificada. Se señala como atenuante la "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".Es decir, la dilación ha de ser extraordinaria para que proceda apreciar la atenuante simple. De manera que para que proceda la atenuante muy cualificada será necesario que el tiempo de paralización transcurrido sea superior al extraordinario.

La apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) que tenga lugar una dilación indebida en el sentido de no justificada; b) que sea extraordinaria, en el sentido de relevante; c) que ocurra durante la tramitación del procedimiento; d) que esa demora o retraso no sea atribuible al imputado; y e) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio, lo que constituye en último término una especificación concreta de un requisito anterior: que sean indebidas ( STS 1883/2016, de 6-04, entre otras).

La STS 360/2014, de 21 de abril, explica que la "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional (derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable), y reaccional (traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas).

En el presente caso, la denuncia se presenta el 16/03/2018 y se incoan diligencias previas el 12/04/2018; el 28/06/2018 se dicta un primer auto de procedimiento abreviado, que es recurrido en apelación, recovándose y dictándose nuevo auto de PA el 16/09/2019. El auto de apertura de juicio oral es de 27/01/2020 y el escrito de defensa se presenta en marzo de ese mismo año. Se remiten las actuaciones la Juzgado de lo Penal nº 24 de Madrid, el cual dicta auto de admisión de pruebas el 08/06/2020 y señala para la celebración de juicio oral el 31/01/2023 (es decir, dos años y medio después), suspendiéndose dicho señalamiento y señalando nueva fecha el 17/04/2023, día de celebración del juicio donde el Ministerio Fiscal plantea como cuestión previa la falta de competencia de los Juzgados de lo Penal para conocer del juicio, dictándose auto de ese mismo día acordando la devolución de las actuaciones al Juzgado de Instrucción para su remisión a la Audiencia Provincial, remitiéndose el 12/05/2023. Esta Sección dicta auto de admisión de pruebas el 10/10/2023 y se señala juicio el 07/05/2024. Tras varias suspensiones y nuevos señalamientos (18/12/2024, 13/02/2025) se celebra finalmente el 06/03/2025.

En definitiva, la causa ha tardado 7 años en enjuiciarse.

Por tanto, bajo las premisas anteriores, debe apreciarse la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, pues entiende este Tribunal que la duración total del presente procedimiento, tratándose de una causa no compleja y de tramitación sencilla, excede con creces del plazo razonable que como derecho tiene todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, estando justificada la apreciación de la atenuante como muy cualificada, puesto que las dilaciones alcanzan la entidad suficiente para ser calificadas de especialmente extraordinarias. Ahora bien, no se aprecia que la entidad de la citada circunstancia muy cualificada hagan procedente la rebaja en dos grados, al no existir excepcionales circunstancias que así lo aconsejen, pues ni el acusado ha manifestado haber sufrido algún perjuicio concreto por la lentitud de la tramitación de la causa, ni la defensa instó la apreciación de la atenuante en el momento procesal oportuno, de hecho, lo hizo en vía de informe en el acto del plenario.

SEXTO.- Pena

El artículo 250.1.1º del CP fija la pena para el delito de estafa agravada la de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Al concurrir la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, la consecuencia sería, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.1.2ª del CP, la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados. En efecto dice este artículo que "cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferir en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y entidad de dichas circunstancias atenuantes".

En el presente caso, teniendo en cuenta que estamos en presencia de una sola circunstancia atenuante muy cualificada, consideramos adecuada la imposición de la pena inferior en grado. Por tanto, la horquilla penológica se situaría entre los 6 y los 12 meses de prisión y multa de 3 a 6 meses. Consideramos que teniendo en cuenta la escasa cuantía de lo defraudado, el tribunal no debe apartarse del mínimo legal establecido de 6 MESES DE PRISIÓN y MULTA DE 3 MESES. En cuanto a la cuota diaria, la Acusación Particular solicita la imposición de una cuota diaria de 3 euros. La cuota diaria de la multa se determina teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales ( artículo 50.5 CP) y tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros ( artículo 50.4 CP) . Para los casos de falta de averiguación patrimonial o de falta de información precisa de esa situación, como aquí sucede, la STS 320/2012, 3-05 razona que "...la fijación de una cuota cercana a la cuantía mínima no precisa de una especial motivación".Una cuota diaria de 3 euros, casi en el límite del mínimo legal, es la solicitada por la Acusación Particular y es la que se va a acordar.

SÉPTIMO.- Responsabilidad civil

El artículo 116.1 del CP establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. El artículo 109 del CP establece que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. Y el artículo 110 CP establece que la responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

El Ministerio Fiscal solicita una indemnización a favor de la denunciante de 1.955 euros correspondiente al importe del alquiler y las reformas de la vivienda. La Acusación Particular la eleva a 4.925 euros, correspondientes a un mes de alquiler, gastos de reforma, mobiliario y préstamo; y añade como daños morales 800 euros mensuales desde la presentación del delito hasta la curación de las secuelas por ansiedad derivada de la angustia por la pérdida de voz sufrida., y que a fecha 18/07/2018 (fecha del informe de psiquiatría) ascendía a 3.200 euros, a definir la cantidad definitiva en ejecución de sentencia.

Se va a conceder la cuantía indemnizatoria solicitada por el Ministerio Fiscal. Consideramos que los muebles y demás enseres comprados por la denunciante para amueblar la casa no forman parte de los daños y perjuicios puesto que pudo sacarlos de la vivienda y/o venderlos o llevarlos a la nueva vivienda que alquiló poco después. Dice la Acusación Particular que se vio obligada a pedir un préstamo de 2.000 euros para salir adelante, y que no pudo devolver 1.000 euros, pero se trata de una mera afirmación sin refrendo probatorio y sin que sepamos las consecuencias de ese supuesto impago de parte del préstamo. Respecto al daño moral, no consta acreditado más allá de los informes médicos que hablan efectivamente de una situación de ansiedad de la denunciante motivada por estos hechos, pero la acusación intenta anudar esa ansiedad a la angustia por la pérdida de voz, sin que en ninguno de los informes médicos se haga referencia a esta circunstancia de la pérdida de voz.

OCTAVO.- Costas procesales

A tenor de lo preceptuado en el artículo 123 del Código Penal y artículo 240 LECrim, las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables del delito, que incluirán las de la acusación particular,

La condena en costas incluye como regla general las costas devengadas por la acusación particular o actor civil. A tal respecto, hay que decir que el criterio de la condena en costas a favor de la parte acusadora según constante jurisprudencia -por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril del 2000-, constituye la regla general que sólo ha de quebrar cuando su intervención en el proceso sólo aporte peticiones superfluas, innecesarias, incoherentes o perturbadoras para el enjuiciamiento, o bien cuando se aprecie una absoluta heterogeneidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal al que después en sentencia se acepta su tesis.

Por tanto, en este caso, en la condena a las costas procesales se incluyen las de la acusación particular pues su intervención no puede calificarse como superflua, inútil o perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia, ni ha sostenido pretensiones manifiestamente inviables (en este sentido, entre otras muchas, SSTS 458/2019 de 9 de octubre, 605/2017 de 5 de septiembre y 222/2017 de 29 de marzo).

Vistos los artículos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. EL REY