Sentencia Penal 165/2025 Audiencia Provincial Penal de Bizkaia nº 6, Rec. 678/2024 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.-La conclusión alcanzada sobre la participación de la acusada en los hechos y su incriminación, se asientan, en el caso que nos ocupa, sobre la prueba de cargo practicada, con pleno respeto a la garantía derivada de la aplicación y observancia de los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y contradicción, que resulta suficiente a los efectos de desvirtuar la presunción de inocencia que el artículo 24.2 de la Constitución reconoce al acusado, al integrar el mínimo exigible a tal fin desde la perspectiva de la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva.

El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Este derecho fundamental se vulnerará cuando se dicte sentencia condenatoria con ausencia de prueba, pero no en aquellos casos en que se haya reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. De dicha presunción de inocencia deriva el principio " in dubio pro-reo", que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba. Ambos derechos, íntimamente relacionados, operan en distinto nivel. Y así tradicionalmente se ha dicho que la presunción de inocencia supondría la ineludible exigencia de concurrencia de prueba de cargo lícita y válida suficiente para dotar de certeza a la tesis acusatoria y, por su parte, el principio in dubio pro-reo actuaría en un momento posterior, superado la existencia de prueba suficiente, y en el momento de su valoración. la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. La prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. La operatividad del principio in dubio pro reo comenzará cuando, concurrente actividad propia probatoria indispensable, existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integra que integran el tipo penal de que se trate. La STS 302/2019, de 7 de junio manifiesta que "el principio " in dubio pro reo" ....no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en el caso de duda razonable del juzgador; solo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable para el acusado. (...). Expone la sentencia de esta Sala 817/2017, de 13 de diciembre, que "La STS 666/2010, de 14-7, insiste en que "el principio " in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda, pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación.

El derecho constitucional a la presunción de inocencia -ya desde la STC 113/1981- determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o cuando las pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales ( STC 133/1994, de 9 de mayo).Y es que, tal y como sostiene una pacífica Jurisprudencia, sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el "iter" discursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28 de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre). Esto es, de acuerdo con la dicción empleada por la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no es sino una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados, se han fijado en función de las pruebas practicadas en el acto de juicio oral, regularmente traídas al mismo, y que se practicaron con estricta observancia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad y valoradas conforme al art 741 de la LECR.

En el presente y en relación con la prueba practicada hemos contado con la declaración de la acusada Estefanía, que negó la participación en los hechos por los que se le acusaba. No conoce a STEULER TECNICA SLU. Ella pidió un préstamo por internet por importe de 3.000 euros. Ella no abrió ninguna cuenta en La CAIXA con número NUM004. Ya era clienta de La CAIXA. No es titular de otras cuentas en ninguna entidad financiera. Ni Pecunia Cards, ni PFS. Le pidieron un selfie y el DNI cuando pidió el préstamo. Niega que desde su domicilio se abriera una cuenta en La CAIXA. A su domicilio llegó una tarjeta de Imaginbank. Ella va todos los 24 de mes al banco, para cobrar la ayuda vital de 400 euros. Ella no sacó 380 euros de esa cuenta, solo sacó de su cuenta, de ninguna otra cuenta. Ella no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que fue la Guardia Civil a su casa.

No tiene graduado escolar. Ella cobra ayuda vital y ayuda a su marido que tiene una empresa de tapizados. En agosto de 2022 pidió el préstamo para comprar un vehículo. Antes de que fuera la Guardia Civil sacaba en cajero y ventanilla. Cuando le tomó declaración la Guardia Civil en Pilas le bloquearon todas las cuentas. Le dijeron que había sido víctima de una estafa. No tiene ordenador en su casa. Abrió la cuenta de Imaginbank. Ella contactó con una empresa llamada Financeexpres. Habló con una mujer por WhatsApp y le dijeron que abriera cuentas de correos, y la de Imaginbank de La CAIXA. Le llegó a casa una tarjeta. La cuenta asociada es la que abrió desde la IP de su móvil, y la vincularon a su teléfono. Teléfono de DIGI, que tiene en vigor en la actualidad. Aportó los WhatsApp que constan las conversaciones. En agosto de 2022 ya mostró su disconformidad con lo que estaba ocurriendo a la persona con la que hablaba por WhatsApp. Les dio las claves de las cuentas de correos y de Imaginbank. Ella siguió las instrucciones que le dabas pese a que desconfíaba. Vio entradas y salidas y se lo dijo a la persona con la que habla. El 1 de septiembre ya desconfía, pero como esta persona le iba dando confianza, y pensó que si no seguía no iba a ir conseguir el préstamo. Las conversaciones se las presentó a la Guardia Civil, y, cuando le preguntaron, les dijo que no sabía nada. Les dejó todas las tarjetas de Imaginbank y de correos. Nunca ha estado fuera de Andalucía. Continúa yendo al cajero de Pilas, y va a ventanilla. Ha recibido muchas denuncias y ha declarado muchas veces. Presentó denuncia contra Maximiliano al que se le hacían las transferencias. Ella no hizo ninguna transferencia desde su móvil. No conoce a la empresa de transporte "Diaz Alfaro". No recibió el préstamo, ni ninguna otra cantidad de dinero.

Contamos con la declaración de los testigos Celia e Juan Francisco de la empresa STAULER TECNICA SLU, que se ratificaron en la denuncia presentada por la presunta comisión de un delito de estafa.

También con la declaración del agente de la Guardia Civil NUM005, que testificó en el acto de la vista, ratificando el contenido del atestado y en la ampliación de atestado elaborado al efecto como consecuencia del traspaso de las diligencias NUM006, instruidas por el puesto de la Guardia Civil de Algorta (Getxo, Bizkaia), con motivo de requerir las investigaciones de la Unidad especializada en delitos telemáticos y estafas a través de internet. Unidad a la que pertenece el testigo.

En cuanto a la documental contamos:

1.- Con el informe de la Guardia Civil (folios 5 y siguientes de la causa), en cuyas conclusiones se indica que la encartada y receptora del dinero, concretamente 3596 euros, es parte necesaria para la consumación de los hechos acaecidos, no siendo necesario que sea la autora intelectual, sino que se trata de una colaboración necesaria para que estos se produzcan, desprendiéndose que detrás de la autoría exista una organización delictiva, dado la complejidad de los mismos. Es práctica habitual en este tipo de delitos que los titulares de las cuentas bancarias son o bien personas ajenas a la creación y titularidad de esa cuenta dado que la misma se ha creado vio online por tercera personas, previamente con la obtención del DNI de la persona suplantada mediante engaño con falsas ofertas de trabajo en las que se solicitan que faciliten captura de dicho documento o bien pertenecen a individuos que son reclutados por otra persona/s o grupo, los cuales reciben en su cuenta los fondos obtenidos fraudulentamente, entregándolos a un tercero, generalmente a cuentas en el extranjero, cobrando una cuantía de dinero por cada operación. Generalmente, estas personas son contactadas a través de anuncios de trabajo en apariencia legales, publicaciones en internet y redes sociales con ofertas de empleo que garantizan la obtención de ganancias de manera rápida y sencilla. La finalidad de suplantar identidades para crear cuentas bancarias o utilizar a terceras personas para la recepción y transferencia del dinero es para dificultar la investigación policial y poder atribuir la autoría delictiva al colaborador no al autor intelectual de presunto autor.

Para llegar a dicha conclusión se hacen las siguientes comprobaciones en relación con la cuenta NUM004 que es donde se ingresa el dinero por parte de STEULER TECNICA SLU. En concreto, se recibe contestación de La Caixa en la que se informa que la cuenta se apertura el 2-08-2022, siendo la titular Estefanía con DNI NUM002. Se apertura online con la IP NUM003, y se adjunta a dicha apertura el DNI (anverso y reverso).

En relación con la IP de creación, que fue proporcionada por la entidad bancaria, se efectúa una búsqueda en la página https: //www.iplocation.com/ (herramienta de dominios e Ips), resultando que la misma se encuentra ubicada en la localidad de Pilas (Sevilla) y ISP (proveedor de servicios) pertenece a la compañía Liberatel Comunicaciones SL.

Además, se realiza una consulta en la página web https:///www.ipqualityscore.com, página que proporciona un servicio de prevención de fraudes y se encarga de analizar y verificar la legitimidad de IPs y si la misma es sospechosa y que se trate de un VPN, (Red privada virtual que permite la oportunidad de establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas) aportando que la conexión a esta IP no es realizada mediante VPN, y corroborando que la localidad desde donde se realiza la conexión es en Pilas (Sevilla)

De todos estos datos llegan a la conclusión de que la identidad de Estefanía no ha sido suplantada para la creación de la cuenta bancaria NUM004, y que la misma tiene acceso a dicha cuenta, como se observa por las grabaciones aportadas por parte de LaCaixa.

2.- Contamos con la ampliación del informe de la Guardia Civil (folios 146 y siguientes), que en sus conclusiones provisionales indicó que Estefanía es una "mula económica", ya que la cantidad de dinero ingresado en la cuenta bancaria NUM004, es posteriormente transferido a cuentas a nombres de terceros. Además, tiene seis cuentas, que han sido abiertas bien de forma presencial, bien de forma online en las cuales se han aportado diferentes fotografías del DNI y distintas fotografías de tipo fe de vida (selfie), de lo que se desprende que no ha sido suplantada su identidad para la apertura de las mismas.

En dicha ampliación se informa de que la acusada no quiso declarar como persona investigada ante la Guardia Civil.

En atención a toda la investigación los agentes consideran que "...tras la autoría de estos hechos existe un grupo u organización criminal toda vez que se requiere de distintas personas, que desempeñen distintas funciones comprendidas desde simular y suplantar la empresa TRANSPORTES MARTINEZ ALFARO SL, hasta la captación de mulas y la distribución del dinero adquirido. Es práctica habitual que en este tipo de delitos no exista un único perjudicado, conclusión a la que se llega tras observar que para la consumación de los mismos es imprescindible que los autores tengan una estructura jerarquizada, en la cual cada componente tenga una función concreta, siendo necesario invertir tiempo y recurso para poder estafar al mayor número de personas posibles. La problemática que existe para una correcta instrucción radica en la dificultad existente para poder relacionar a los diferentes perjudicados, repartidos por el territorio nacional, en un m ismo echo toda vez que existen distintos cuerpos policiales, encargados de recepcionar las denuncias, los cuales no comparte bases de datos lo que conlleva que los distintos hechos denunciados se encuentren judicializados en distintos lugares, por lo que los autores acaban siendo encausados únicamente por un único delito (en ocasiones hasta leve) cuando en realidad han realizado diversos.".

También, como documental, contamos con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad La Caixa de Pilas. Se aportan dos vídeos por la entidad bancaria, relativos a los movimientos vinculados a la cuenta bancaria NUM004, constando un reintegro en taquilla realizada el día 24-11-22, a las 17:11:47 horas en la oficina 78112 sita en la c/ Nuestra Señora de Fátima s/n de la localidad de Pilas (Sevilla) (f.9 y siguientes de las actuaciones, 61, índice electrónico 31 y siguientes). Disco compacto que obra al folio 4 que se visionó en el acto de juicio.

También como documental se cuenta con el extracto bancario de la cuenta NUM004 que consta en los folios 117 y siguientes de las actuaciones, así como los aportados por la defensa.

Se han dado por reproducidos, por lectura, los documentos 2 a 92, 146 a 175 de las actuaciones y del expediente digital, y la reproducción del disco compacto que obra al folio 4, y que se visionó en el acto de juicio.

TERCERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave del art. 301. 1 y 3 del C.Penal.

El artículo 301 del C.Penal establece que:

"1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en el título VII bis, el capítulo V del título VIII, la sección 4.ª del capítulo XI del título XIII, el título XV bis, el capítulo I del título XVI o los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del título XIX.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4. El culpable será igualmente castigado, aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código."

La sentencia nº 158/23 de de fecha 8 de marzo de 2023 del Tribunal Supremo, establece respecto al delito de blanqueo por imprudencia grave lo siguiente:

"3.- No ha sido ese, tras unas iniciales vacilaciones sobre la cuestión, el entendimiento de este Tribunal Supremo, en línea también con lo sostenido por otro sector de la doctrina científica. Al contrario, hemos considerado este delito de naturaleza común, en la medida en que el precepto penal no limita o restringe el círculo de sus posibles sujetos activos, y resultan, además, identificables reglas concernientes a la diligencia exigible en esta materia, derivadas de la propia lógica y de la sana crítica, concernientes a cualquier ciudadano y que cualquiera debería respetar en la realización de operaciones de carácter financiero. Así lo afirma, por ejemplo, nuestra sentencia número 801/2010, de fecha 23 de septiembre , cuando señala: <<[L]a comisión de ese delito de blanqueo de capitales por imprudencia que según la más moderna jurisprudencia no es un delito especial... Es verdad que alguna sentencia ha considerado que el delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente, es un delito especial que sólo puede ser cometido por aquellos sujetos obligados por la normativa de carácter administrativo (a diferencia de lo que afirmaba la STS 924/2005, de 17 de junio ), y que de esa jurisprudencia se hace eco la sentencia de instancia. Pero en este punto se está imponiendo la posición contraria que es mantenida, entre otras, en la STS 1034/2005, de 14 de septiembre >>.

4.- De lo que no cabe duda, sin embargo, es de que la imprudencia grave, cuando de sujetos obligados se trata conforme a la normativa extrapenal, deberá venir conformada, como elementos de particular relevancia en la valoración, por los estándares normativos, más exigentes, que les resultan impuestos; mientras que cuando, como aquí, las conductas enjuiciadas se atribuyan a quienes no mantienen con respecto a las operaciones financieras realizadas una especial relación de vigilancia y/o control, únicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos.

Lo explicaba también, por ejemplo, nuestra sentencia número 830/2016, de 3 de noviembre . Se trataba, en ese caso y, en síntesis, de un supuesto en el que personas desconocidas trasfirieron dinero a la cuenta del entonces recurrente. Este, a su vez, trasfirió el dinero, luego de convertirlo en dólares americanos y rebajarlo en el importe de una comisión, a otra cuenta que los remitentes le indicaron. Nuestra sentencia expresaba al respecto: <<[E]l blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa grave, en este caso punible, y leve, no punible, participa de la crítica general a la distinción por su "ambigüedad e inespecificidad", y por contradecir el criterio de "taxatividad" de los tipos penales.

En todo caso, reiteramos, aunque el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente del delito, la imprudencia penalmente típica exige que sea grave, es decir, temeraria.

De modo que el sujeto ha de saber la procedencia de los bienes por las circunstancias del caso que le ubique en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles. En ciertas formas de actuación, (no en las de este caso al acusado) aquellos deberes pueden imponerle normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida. Es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedan>>.

A su vez, la sentencia últimamente citada, haciendo cita de 1089/2009, de 27 de octubre , recuerda que: <<"... la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración">>".

En el presente concurren, a nuestro entender, todos y cada uno de los requisitos y presupuestos que legal y jurisprudencialmente se exigen para la apreciación de este tipo penal, por cuanto que, no quedando acreditado, como se dirá, que la acusada supiera que el dinero que se ingresaba a la cuenta del La Caixa NUM004, procediera del engaño del que fue objeto STEULER TECNICA SLU, y pese a haber recibido en dicha cuenta ingresos similares y transferencias que no obedecían a ningún préstamo que pudiera haber solicitado, lo cierto es que no adoptó ninguna prevención al respecto, pese a que debió hacerlo al tomar conciencia de la posible procedencia ilícita del dinero, ocultando dichas operaciones y coadyuvando con ello a beneficiar a los autores de los ilícitos penales.

CUARTO.-Partiendo de lo anterior y de la prueba practicada apreciada de forma conjunta y valorada conforme al artículo 741 de la ley de enjuiciamiento criminal han quedado acreditados los hechos en la forma expuesta en los ordinales de la presente sentencia.

En relación a este ingreso efectuado por la empresa STEULER TECNICA SLU, y que dio origen a la investigación de la Guardia Civil, se debe señalar que no cabe duda de que fue consecuencia de un engaño urdido por persona o personas que no han sido identificadas, para provocar error y obtener un beneficio patrimonial ilícito. Tal y como consta en la denuncia presentada por la empresa, ratificada en el acto de juicio por los testigos Celia e Juan Francisco, necesitaban unos contenedores para unos trabajos en Tarragona, siendo que contactaron con un vendedor a través del correo electrónico infos@trnsportesmartinezalfrossi.es. Tras mantener conversaciones a través del correo electrónico, se acordó la compra de los contenedores por un precio de 3.596 euros, fijando como plazo límite de entrega el 14 de octubre de 2022. En atención a las condiciones pactadas el pago se efectúa por la empresa mediante transferencia bancaria el día 26 de septiembre de 2022, en la cuenta NUM004, siendo beneficiario TRANSPORTES MARTINEZ ALFARO SL. Los contenedores no fueron enviados en la fecha pactada. La empresa intentó ponerse en contacto con el vendedor, siendo imposible contactar con él ni por correo electrónico, ni en la página web, estando de baja.

Este hecho delictivo no puede atribuirse a la acusada.

No consta suficientemente acreditado que la acusada participara dolosamente en el delito de estafa cometido. No ha quedado acreditada que fuera la acusada la que facilitara el correo electrónico infos@trnsportesmartinezalfrossi.es a la empresa STAULER TECNICAL SLU. Ni que fuera ella la que mantuvo las conversaciones a través de dicho correo electrónico, ni siquiera que fuera la persona que facilitó a dicha mercantil el número de cuenta donde debía hacerse el ingreso del precio pactado. No se ha acreditado ningún tipo de relación de la acusada con estos hechos, y la investigación policial no arroja luz sobre quiénes pudieran ser los posibles autores de la estafa, a pesar de que en el acto de juicio la acusada manifestara haber presentado una denuncia contra la persona a la que iban dirigidas las transferencias desde la cuenta.

Ahora bien, la prueba practicada sí que ha acreditado que la acusada fue captada como intermediaria o "mula" para recibir, en la cuenta bancaria NUM004, cantidades de dinero que posteriormente eran transferidas desde esa misma cuenta a terceras personas. La cuenta fue abierta por ella misma y la facilitó a la persona o personas con las que contactó a través de un anuncio de apariencia legal para obtener un préstamo, permitiendo que la cuenta fuera utilizada por estas u otras para estafar a STAULER TECNICA SLU. Y, si bien esa conducta no supone contribución al acto fraudulento y por ello no puede acreditarse que el hecho sea subsumible en el tipo de blanqueo doloso, sí que lo consideramos subsumible en el tipo de blanqueo imprudente.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 8 de abril de 2024, sobre este tipo penal indica que:

"La sentencia recurrida plantea la controversia acerca de la calificación jurídica de la participación de los denominados "muleros bancarios", transcribiendo los párrafos pertinentes de la conocida STS 25 de octubre 2012 ,apuntada por la juez a quo, ya que si bien no parece haber existido discusión acerca de la conducta llevada a cabo por quienes se apoderan de las claves bancarias y, haciendo uso de las mismas, ordenan virtualmente las transferencias no consentidas (encajada en el delito de estafa informática del art. 248.2 a)), sí se ha pugnado acerca de la conducta de los "muleros", barajándose el delito de estafa informática en la modalidad de cooperación necesaria del art. 28.b) C.P , el de blanqueo de capitales preferentemente en su modalidad imprudente del art. 301.1 y 3 CP , y la de receptación del art. 298 del CP .

Según esa jurisprudencia, los hechos probados de la sentencia apelada nos sitúan en un supuesto de blanqueo de capitales, en cuanto la conducta de la recurrente se limitó a recibir la suma transmitida a su cuenta, retirarla y remitirla a terceros, permaneciendo ajeno a las fases anteriores en las que la red de estafadores se nutren de usuarios de chats, foros o correos electrónicos, de una disposición de dinero enviando correos electrónicos bajo la apariencia de tratarse de responsables de la propia empresa que ordenan determinadas disposiciones de dinero a favor de terceros. En este supuesto no se acreditó la directa participación de la acusada, más allá de una vaga sospecha, en los delitos o en la secuencia delictiva que otros terceros ejecutaron previamente, es decir, en los engaños y fraudes previos. Como se estableciera en la STS 25 de octubre de 2012 , la contribución de quien se presta interesadamente a convertirse en depositario momentáneo de los fondos sustraídos, integrará de ordinario el delito de estafa. Pero para ello resultará indispensable que quede suficientemente acreditada su participación dolosa en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva, y esto no ha quedado suficientemente demostrado en este caso, y es que ni se ha determinado quien o desde dónde se envió el email que aparentaba ser enviado por el presidente del club tras un supuesto hackeo de su cuenta de correo electrónica, ni se ha probado la relación de la acusada con esa persona, pues no sabemos si se trata del propio Gabriel que menciona u otras personas, ni hay base para sospechar que con su conducta facilitaba a estos la ejecución de la operación fraudulenta. De hecho, la investigación policial no arroja luz sobre quiénes pudieran ser los posibles autores de la manipulación informática ni ha podido situar a la acusada en el seno de una organización criminal dedicada a este tipo de actividades ilícitas, pareciendo tratarse de un caso puntual.

Efectivamente, el apartado primero del artículo 301 del Código Penal castiga -con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes- a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo -es decir, con conocimiento doloso- que los mismos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, mientras que su apartado tercero castiga, con un pena menor -la de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo-, dichos hechos que se hayan realizado por imprudencia grave. Con independencia de la crítica que ha merecido el hecho de que el legislador no haya creado un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, lo cierto es que la tipificación de la imprudencia como acción delictiva existe -como permitió el artículo 6.3 del Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990 dejando a criterio de cada Estado Parte su punición-, siempre que sea grave o temeraria, y que la misma resulta posible de castigar cuando por el sujeto pasivo del delito -aquellas personas cuya conducta sea reprochable por la infracción de específicos deberes de cuidadose haya incurrido en una grave dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida.

No cabe duda de que en el presente caso se está ante el supuesto contemplado en el art. 301.3 del CP , actuando la acusada en una fase posterior a la obtención de fondos pertenecientes a terceras personas que habían sido previamente engañadas para que la transferencia bancaria se produjese, con la finalidad de que, en una segunda etapa, la persona captada como intermediario o "mula", reciba en su cuenta bancaria dichas sumas que ha de remitir a terceras personas, ya sean las que llevaron a cabo la manipulación u otras puestas de acuerdo con aquéllas. La acusada no se preocupó de indagar o preguntar sobre la procedencia de las cantidades que le fueron ingresadas, sino todo lo contrario, prefirió ignorar cualquier hecho o conocimiento relativo a tales circunstancias, siendo bastante elocuente el hecho de que manifestase que comprobó después de remitir el dinero a terceros que el ingreso respondía a mejoras en la web del club porque aparecía dicho concepto, y sí en cambio ingresos que ascendían a 2.252 euros, resultando extraño que eso no levantara sus sospechas, como tampoco las peticiones que le efectuaba su supuesto amigo en redes sociales al que nunca vio en persona, no tiene su dirección de correo electrónico ni tampoco su actual teléfono ni conserva conversación alguna con el mismo, atendiendo la petición de quien realmente era un total desconocido de que ingresara parte del importe recibido en una cuenta ajena y la otra parte la remitiese a Nigeria".

QUINTO.-Trasladando la doctrina expuesta al hecho sometido a juicio, diremos que los hechos, como se explicará fueron cometidos por la acusada por imprudencia, grave o temeraria, al haber infringido los específicos deberes de cuidado exigidos a un ciudadano medio, e incurriendo, como se razonará, en una grave dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida.

En el presente ha quedado acreditado que, a principios del mes de agosto de 2022, la acusada se puso en contacto a través de redes sociales (WhatsApp), con una empresa denominaba Financeexpres, que anunciaba un servicio de ayuda financiera. La acusada declaró que se puso en contacto con la misma para solicitar un préstamo de 3.000 euros. Ha quedado acreditado que a la acusada le pidieron que aportara una fotografía del DNI (anverso y reverso) y foto tipo selfie, con las que se abrió una cuenta bancaria NUM007, perteneciente a la entidad bancaria PFS CARD SERVICES, y cuenta bancaria NUM008, perteneciente a la entidad Pecunia Cards, con fecha de apertura 25/08/2022, tal y como consta en las contestaciones de PFS Card y Pecunia Cards (Anexo III y V del atestado policial -folios 13 a 15 de las actuaciones).

En relación a la cuenta de La Caixa número NUM004, fue la propia acusada la que procedió a abrir esta cuenta donde se hizo el ingreso fraudulento por parte de STEULER TECNICA SLU, para lo que no era necesario que aportara su DNI, puesto que al ser ya clienta de dicha entidad bancaria los datos se volcaban automáticamente. La acusada se desvincula de esta cuenta, indicando que ella solo solicitó una tarjeta Imaginbank, pero lo cierto es que las pruebas practicadas, sobre la base de las indagaciones efectuadas por la Guardia Civil, permite acreditar que fue ella misma la que apertura dicha cuenta el día 2-08-22, en el mismo momento que toma contacto con la anunciante del servicio de ayuda financiera, que como ella misma indicó fue a principios de agosto.

Consta acreditado, por las certificaciones bancarias aportadas por La Caixa, y en concreto el contrato de apertura que obra en las actuaciones, que dicha cuenta se abrió desde internet. Asimismo, se hace constar la IP desde la que se crea la cuenta. La IP tiene asignada la siguiente numeración: NUM003. La acusada ha negado que en su domicilio tenga un ordenador, y que en consecuencia no pudo contratar la apertura de dicha cuenta, pero lo cierto es que para conectarse a internet basta con un terminal telefónico del que sí dispone. La IP de creación de la cuenta, estaba está ubicada en la localidad de Pilas (Sevilla), localidad donde reside la acusada, siendo además que la IP no es fraudulenta, ya que, como se indica en el atestado policial y ha sido confirmado por el agente de la Guardia Civil que declaró como testigo en el acto de juico, no se trata de una IP fraudulenta, ni se ha realizado mediante una VPN (red privada virtual que permite la oportunidad de establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas).

Por lo que se puede concluir, sin ningún género de duda, que la identidad de la acusada no fue suplantada para la creación de la cuenta bancaria, y que la misma fue creada desde su teléfono móvil ya que, además, la ISP pertenece a Liberatel Comunicaciones, SL. La empresa Liberatel Comunicaciones remitió el registro de datos de asignación de la IP desde el día 1-08-22 al 3-08-22, acreditándose que la concesión estaba asignada a la acusada, constando la misma como titular del contrato con dicha empresa firmado en fecha 25-02-22. Contrato de servicio de Internet "fibra bronce", en su domicilio sito en la DIRECCION000 de la localidad de Pilas ( DIRECCION001 del índice electrónico).

La acusada indicó que le dijeron que tenía que abrir una cuenta Imaginbank, y es precisamente esto lo que ella apertura, un banco para dispositivos móviles, perteneciente a La Caixa, en la que no es necesario cumplir ningún requisito específico. Pero esta cuenta imaginbank es precisamente, como hemos indicado, la cuenta NUM004, que ella misma aperturó y que facilita a la persona de la empresa denominada Financeexpres, para que en ella le hicieran el ingreso del préstamo que quería solicitar, y poder pagar las cuotas del préstamo.

La propia acusada aportó las conversaciones de WhatsApp mantenidas con el servicio de ayuda financiera con el que había concertado el préstamo y que han sido reproducidas en el acto de juicio, y que acredita que conocía la existencia de la cuenta NUM004, que había sido facilitada por ella a la persona de la empresa Financeexpres que anunciaba el servicio de ayuda financiera. Si bien, pudo ser que inicialmente en el momento más inmediato a que se pusiera en contacto con las persona de la Financeexpres no supiera para qué iba a ser utilizada la cuenta, lo cierto es que también desde muy pronto tuvo conocimiento de que en dicha se estaban haciendo diversos ingresos dinerarios y transferencias que nada tenían que ver con el préstamo que había solicitado. En muchas de las capturas de pantalla que hace la acusada para evidenciar estos movimientos aparece el número de cuenta referido. Por lo que no puede alegar desconocimiento.

Así, por ejemplo: En fecha 8 de septiembre de 2022,la acusada se dirige a la persona del anuncio a las 18:24 horas diciéndole: "Señora deja de dale movimiento a mi cuenta as el favor que me han embargado la cuenta con todo lo que está entrando y quitándome vosotros".Adjunta un pantallazo de las transferencias que se están efectuando desde la cuenta NUM004, por importes de 1300 euros, 760 euros, 990 euros, 715 euros, 998 euros, 990 euros, 500 euros; En fecha 13 de septiembre de 2022,sobre las 19:32 se adjunta también pantallazo de un ingreso de 1.000 euros, y de transferencia de 999 euros, indicando en un mensaje: "Mira que rápido me lo quitáis", "a qué estas jugando señora";y en fecha 13 de octubre de 2022,en dicha cuenta recibe un ingreso de 1.104,89 euros, y después de aportar la captura de pantalla del ingreso en el que se puede ver el número de cuenta NUM004 pregunta a las 11:57: "Señora y está tarjeta", "Que". "es". La persona con la que se pone en contacto le contesta a las 11:57: "Recibiste los 1102 euros en tu cuenta?", y ella le dice a las 11:58: "Si", "Pero en la inmaji", "Que algo". La persona referida le indica a las 11:58: "Comprar neosurf 500E y enviarme"; y la acusada le contesta a las 11:58 también: "Pero donde boy"; y la persona le contesta: "Y te doy el resto"; "No tienes otra cuenta?", "Primero transfiera el dinero a otra cuenta", "Y dime", y la acusada contesta a las 11:59: "La de inmaji", acompañando una captura de pantalla de una traspaso de 1.103,79 euros, y otra en la que se indica que el saldo es insuficiente para hacer el envió porque está enviando más dinero del disponible, y añade a las 12:09: "Esto es lo que me pone", "Y todo el dinero no lo puedo coger con la tarjeta inmaji". La persona le dice a las 12:35: "Si", y la acusada le dice: "Hea y la transferencia por qué no se ase la transferencia de los 3mil E entero aquí". La persona le contesta: "hacer los que te digo primero", y ella contesta a las 12:52: "Entonces que ago lo saco todo", " y boy al estanco".

Todas esos ingresos y transferencias bancarias que se efectúan en la cuenta NUM004, facilitada a la persona de la empresa denominada Financeexpres, tienen su correspondencia en el propio extracto bancario de dicha cuenta aportado por la acusada, donde puede observarse los distintos ingresos y transferencias realizados, en concreto, los referidos en los pantallazos aludidos, y, que acreditan, sin ningún género de duda, que sabe y es consciente en todo momento de lo que ocurre en dicha cuenta, y de que se están recibiendo importantes cantidades de dinero que no tienen correspondencia con su préstamo ("todo lo que está entrando") y que son posteriormente extraídas o transferidas a su nombre ("quitándome vosotros") - conversación de 8-09-22- a terceros. Los pantallazos de las conversaciones de WhatsApp y los extractos bancarios, referidos, constan en nº 64 y nº 65 del índice electrónico, y en los folios 117 y siguientes de las actuaciones.

En dichos extractos también figura la cantidad de 3.596 euros que efectúa STAULER TECNICA SLU, en fecha 27.09.22.

SEXTO.-A este respecto, la Guardia Civil , hace un estudio de los movimientos bancarios de esa cuenta, a partir de los movimientos que son aportados por La Caixa (f. 117 y siguientes) y llega a la conclusión (f. 153 de las actuaciones), ratificada en el acto de la vista, de que entre los días 21-09-22 y el día 3-11-22, se reciben en esta cuenta 28 ingresos bancarios mediante trasferencia, por un importe total de 25.729,84 euros. Al menos cinco de ellos habían sido denunciados en distintas localidades del territorio nacional, coincidiendo el mismo modus operandi utilizado como el que motivó la investigación -denuncia presentada por STEULER TECNICA SLU- . La suma de estos ingresos (incluida la de STEULER TECNICA SLU) asciende a un total de 10.893 euros. También se constata que entre los días 21-09-22 y el día 3-11-22, se realizan desde la cuenta 38 transferencias bancarias, por un importe total de 25.013 euros. La Guardia Civil, consciente de la dificultad que tiene el rastreo y trazado de todas las operaciones, indica que no se puede concluir que la totalidad de las transferencias realizadas sean procedentes de estafa. Pero lo que está acreditado, porque así consta en las denuncias presentadas por STEULER TECNICA SLU, y que ha sido corroborado por los testigos Celia e Juan Francisco, es que la transferencia que se recibe en dicha cuenta en fecha 27/09/2022 efectuada por dicha mercantil, por importe de 3.596 euros, es fruto de una ilícito penal, y puede acreditarse que una vez que se recibe el ingreso en la cuenta referida, se efectúan cuatro transferencias por un importe total de 3.593 euros.

Por tanto, la prueba practicada, como ya se indicó, no revela que la acusada participara en el delito de estafa a la empresa STEULER TECNICA SLU, pero sí que actuó como "mula económica", permitiendo que ,en la cuenta de La Caixa que abrió on-line desde su domicilio, se efectuaran ingresos de importantes sumas de dinero que inmediatamente eran transferidas a terceros.

La anormalidad e ilicitud de dichas operaciones, fue intuido por la propia acusada, porque como se desprende de las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con la persona que se hacía pasar por un servicio de ayuda financiera que iba a concederle un préstamo, varias ocasiones, a lo largo de los meses que duró el contacto, hizo alusión a que se sentía engañada y que iba a denunciar los hechos. Por ejemplo, el día 25-08-22, a las 12:56 indicó: "no me molestas más porque mi marido no deja de decime que todo uele a estafa";el día 26-08-22, a las 12:31 escribió: "si pero yo boy a pagar este préstamo con lo que trabajo en negro señora pero ya está bien mirey o boy a poner esto en un familia que tengo guardia civil porque tanto confía y confía y todo lo que usted me está demostrando es lo contario entonces 30E que pasa lo 5E qué pasa y lo dela tarjeta de correo que mire mándame un justificante de anula el préstamo o me libere por las malas lo siento mucho señora",a las 12:38 dijo: "yo confío en mi pero en hustede no";13-09-22, 19:54 la acusada dice: "puto engaño" ,"tengo casurado todo las conversaciones", "no me cero nada ya está bien" "si hoy no lo tengo ya le envio todo donde tengo que ir", "ya no juega con mi familia";y a las 20:01 dice: "no engañe más a nadie más","muchas veces jura y nada sale", entre otros.

Pero, a pesar de que la acusa se percata de que algo no es correcto, y a pesar de que el origen de los distintos ingresos, incluido el de la empresa STEULER TECNICA, eran fácilmente identificables, que carecían de cualquier justificación y que no guardaban relación alguna con el préstamo que se habían comprometido a concederle, siendo que incluso llegaron a superar el importe de este como ella misma reconoció en el acto de juicio, no adoptó una mínima cautela para poner fin a dichos e injustificados movimientos bancarios. La acusada consintió que está operativa se llevara a cabo, y que se utilizara la cuenta que ella misma había abierto en La Caixa para ocultar y encubrir el ilícito origen de las cantidades que allí se ingresaban.

La acusada no llevó a cabo ninguna conducta tendente a poner fin a dichas conductas, pese a que no recibió los 3.000 euros que le habían prometido, y omitió con ello cualquier clase de diligencias exigible en un ciudadano medio.

Esto es, como indica sentencia nº 158/23 de fecha 8 de marzo de 2023 del Tribunal Supremo a la que nos hemos referido anteriormente, que:

"los acusados beneficiarios económicamente por la realización de dichas conductas, omitieron cualquier clase de diligencia exigible, por mínima que esta fuera, para poner término a dichos injustificados circuitos (ingresos/egresos) o para esclarecer su procedencia y destino. Pese a la constancia de su procedencia formal (titularidad de las cuentas desde las que se realizaba la transferencia), no emprendieron, directamente o a través de su propia entidad bancaria, conducta alguna enderezada a esclarecer el origen, eventualmente delictivo, de dichos fondos; ni tampoco el destino de los mismos."

La acusada no puede no ser tenida como una ciudadana media que puede y debe actuar con la diligencia que es exigible en supuestos como el presente. Ya que con independencia de que por la misma se indicara que no tiene estudios, lo que no quiere decir que sea analfabeta, ha quedado acreditado, por la actuación llevada a cabo por ella y las manifestaciones efectuadas en el juicio, que tiene nivel suficiente para operar con las entidades bancarias (abrir cuentas, interpretar los movimientos bancarios, acudir a la entidad bancaria con regularidad, tratar con el personal del banco), utilizar redes sociales (incluso para llegar a solicitar un préstamo), e interponer denuncias, entre otras.

Por ello, no ha quedado acreditado que no sepa comprender mínimamente, lo que estaba ocurriendo. Como dice la sentencia antes aludida refiriéndose precisamente al estándar que determina la ideal figura del ciudadano medio, que:

"...resulta de general conocimiento que la repetida y periódica imposición de ingresos en una cuenta bancaria, sin justificación o fundamento alguno, para, seguidamente, disponerse de dichos fondos a través de sucesivos reintegros en metálico, carentes también de cualquier fundamento económico justificable, pudiera estar comportando, como aquí sucedió, un proceso de regularización aparente o incorporación censurable al circuito financiero de fondos procedentes de actividades delictivas. Cuando, a partir de este conocimiento, el titular de las cuentas empleadas para materializar dichas operaciones, consiente en la realización de las mismas, omitiendo cualquier clase de comprobación, incluso elemental, sobre el origen de los referidos fondos y sobre su destino final, así como también cualquier otra orientada a poner término a dicho recurrente y censurable circuito, máxime cuando se actúa a cambio de obtener también un cierto beneficio económico, incurre en un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, al desentenderse por completo del origen de dichos fondos (que, aún no conocido por ellos, resulta claramente " representable"), omitiendo cualquier actuación, sencilla y asequible sin dificultad alguna, exigible, en esas circunstancias, al menos atento o al más descuidado de los ciudadanos."

Por tanto, la acusada conocía y consintió que en la cuenta de su titularidad se llevaran a cabo unos ingresos y transferencias sin justificación, que no tenían ninguna relación económica con el préstamo solicitado, sospechando que ese dinero tenía un origen ilícito, como ella misma manifestó en sus conversaciones de WhatsApp. En estos, como ya se ha señalado anteriormente, llega a mencionar que todo es una estafa o como, por ejemplo, el día 7-09-22, a las 0:23 en el que indica: "dame el papel del préstamo devuelto", "y as el favor de no mandarme préstamo y luego me lo quite que mi cuenta no tiene necesidad de tener movimiento".

A pesar de esta sospecha, consintió en que se siguieran realizando estas operaciones y no comprobó lo que se estaba haciendo- el origen y destino de dichas cantidades-, porque, sin duda, actuaba movida por el ánimo de obtener un beneficio económico como era la obtención de 3.000 euros de préstamo. Préstamo del que desconocemos las condiciones, pero que inferimos le hubieran podido prometer unas condiciones más ventajosas (al menos iba a pagar con "dinero negro" como ella misma indica en uno de los mensajes al que se ha hecho referencia anteriormente) a cambio de permitir que se operara en la cuenta NUM004, del modo y manera que se hizo desde agosto de 2022.

La comprobación de que lo que se estaba haciendo en la misma no era lícito, era sencilla puesto que simplemente podía haber acudido al banco, como según ella manifestó hacía todos los 24 de cada mes, y asesorarse o interesarse por lo que allí se hacía. También podía haber acudido a informarse a la policía. Esto no entrañaba ningún tipo de dificultad, y podía haber llegado a la conclusión de la ilicitud de dichas operaciones, pero no quiso hacerlo y con ello consintió en que en esa cuenta se hicieran esos ingresos, incluido el de STEULER TECNICA SLU, y posteriormente fuera transferido - con su nombre- a cuentas a nombre de terceros.

Las conversaciones de WhatsApp aportadas por la acusada son las que ha mantenido con quien dijo ser el servicio de asesoría financiera hasta el día 13 de octubre de 2022 (desconociendo si existen más conversaciones posteriores porque las mismas fueron aportadas por la defensa, sin que las mismas fueran cotejadas con las originales). En la última conversación la acusada dice que va a ir a la guardia civil, que ya está bien "puta mentira todo", pero lo cierto es que no consta que interpusiera la denuncia ante la Guardia Civil en dicha fecha, y, además, a pesar de ello, de estas manifestaciones, en la cuenta NUM004, se siguieron produciendo ingresos de importantes cantidades de dinero en fechas posteriores al 13 de octubre, y también transferencias efectuadas a su nombre. Aun así, no emprende conducta alguna en esclarecer el origen y destino de dichos fondos, permitiendo que esta operativa siga inalterable hasta que a principios del mes de noviembre le avisó la Guardia Civil que había sido denunciada por estafa.

La denuncia no la interpuso hasta el día 8 de noviembre de 2022 (a pesar de que dijo en las conversaciones de WhatsApp el día 13-10-23 que iba a acudir a hacerlo, como ya se ha analizado) y, consideramos acreditado que lo hizo, no porque hubiera dejado de consentir que se utilizara la cuenta NUM004, sino porque a principio del mes de noviembre la Guardia Civil de Pila se puso en contacto con ella debido a que le habían denunciado por estafa en un pueblo de Valladolid. En la denuncia, indicó que hasta ese momento no se había percatado de que estaba siendo víctima de una estafa y de usurpación de identidad ya que no había realizado ningún tipo de transacción con dichas cuentas bancarias (índice electrónico nº 25).

Esta manifestación efectuada en la denuncia contrasta con las conversaciones de WhatsApp aportadas, y con el acreditado conocimiento que tenía de las transacciones que se efectuaban en la cuenta NUM004, y contrasta con el hecho de que habiendo sido citada a declarar por la Guardia Civil (UOPJ Sevilla), en el mes de marzo de 2023, como indicó el agente que declaró en el acto de juicio, en calidad de investigada no detenida por los hechos objeto de la investigación que se llevó a cabo tras la denuncia de STEULER TECNICA SLU, no quisiera declarar, obstaculizando la labor investigadora de los agentes, cuando según relató en su denuncia, y en la que interpuso el día 6 de septiembre de 2023 ( índice electrónico nº 26), y mantuvo en el acto de juicio, efectivamente no tenía nada que ver con los hechos (f. 152 de las actuaciones) No consta tampoco que la acusada, a pesar de lo que manifestó en el acto de la vista, entregara a los agentes de la Guardia Civil en algún momento las conversaciones de WhatsApp para que fueran investigadas.

Es sorprendente que en ninguna de las dos denuncias se hiciera referencia a la cuenta NUM004, en la que precisamente se venían haciendo las operaciones fraudulentas, y que, precisamente, y a pesar de la presentación de la denuncia en fecha 8-11-22, posteriormente, en concreto, el día 24-11-22, acudiera a la entidad bancaria La Caixa de Pilas, y reintegrara 380 euros que fueron transferidos el día 3-11-24, tal y como consta en los extractos bancarios (f. 147 y siguiente), y en las imágenes que son aportada por la propia entidad, y que fueron visionadas en el acto de la vista. La propia entidad certifico que ese día se operó en esa cuenta en la ventanilla de la sucursal de Pilas. No nos queda acreditado que ese día acudiera a la entidad bancaria a extraer dinero de otra cuenta de LaCaixa, puesto que a pesar de que se indicó que todos los 24 de noviembre, sacaba el dinero que le ingresaban de la renta vital, lo cierto es que no se nos ha aportado por la defensa documental en tal sentido, y en concreto de extracción alguna realizada en la cuenta en la que le ingresaban la renta vita ese día.

En consecuencia, ha quedado suficientemente acreditado que la acusada no solo consintió la utilización de la cuenta NUM004 que había abierto el día 2-08-22 desde internet en su domicilio ex profeso para que pudiera ser utilizada por la persona que supuestamente respondía al servicio de ayuda financiera, accediendo a que en la misma se hicieran ingresos de cantidades que habían sido obtenidas ilícitamente, en la que se incluye la estafada a STEULER TECNICA SLU, y se transfirieran inmediatamente a terceras personas, sino que omitió cualquier deber de cuidado al permitir este tipo de operativa, descuidando las más elementales precauciones que hubieran permitido impedir el prejuicio ocasionado a terceros. La acusada sospechaba que se podría estar produciendo una conducta delictiva, y a pesar de ello, no acudió a su banco o a la policía a informarse sobre el origen y destino de dichas trasferencias, en ningún momento entre agosto y noviembre de 2022, pese a que las mismas superaban con creces el importe de 3.000 euros que le iban a prestar. No se preocupó de indagar o preguntar sobre la procedencia de las cantidades que le fueron ingresadas, sino todo lo contrario, prefirió ignorar cualquier hecho o conocimiento relativo a tales circunstancias.

No interpuso denuncia hasta que no le informaron que había sido denunciada por una presunta estafa, siendo que ocultó cualquier tipo de información sobre la cuenta NUM004 a la Guardia Civil, impidiendo el esclarecimiento de los hechos. Y, finalmente extrajo de dicha cuenta la cantidad de 380 euros, a sabiendas, en el momento en el que se produjo la extracción, que estaba siendo investigada y que las cantidades que obraban en esa cuenta tenían un origen ilícito, obteniendo un benefició ilícito de toda esta actividad ilegal. A la vista de lo ya expuesto, también resulta irrelevante y no aporta ningún elemento en descargo de la acusada, que se hayan aportado resolución judiciales de sobreseimiento dictadas en otros procedimientos.

Además, el delito de blanqueo imprudente es un delito común que puede ser cometido perfectamente por la acusada sin necesidad de que tuviera que tener una determinada cualidad, posición o aptitud, por lo que el comportamiento descrito debe ser considerado grave, resultado de una grosera inobservancia de los deberes de cuidado y atención que cualquier ciudadano medio habría observado.

Por consiguiente, la presunción de inocencia que amparaba a la acusada ha quedado enervada por la prueba incriminatoria desarrollada en el plenario, con estricta y rigurosa observancia de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y debe dictarse una sentencia condenatoria por la comisión de un delito de blanqueo por imprudencia grave.

SÉPTIMO.-En la conducta del acusado no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

OCTAVO.-Responde la acusada en concepto de autora ( art. 27, 28 y 31 C.P.)

NOVENO.-Para individualizar la pena se debe tener en cuenta lo expuesto, así como la pena a imponer, conforme a lo indicado en el artículo 301. 1 y 3 que prevé un pena de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo, se entiende ajustada a la gravedad de los hechos la pena en su extensión mínima, esto es, de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena en aplicación de lo dispuesto en el art. 56 del Código Penal, y la pena de multa de 3.596 euros.

Las penas en ambos casos se imponen en una extensión que se considera proporcional a los hechos cometidos.

DÉCIMO.-El art. 116 del Código Penal establece que toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente, integrando el art. 110 del mismo texto legal el alcance y contenido de tal responsabilidad que comprende la restitución de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios, tanto materiales como morales, causados por razón del delito al agraviado, a su familia o a un tercero.

En aplicación de estos preceptos, teniendo en cuenta la cuantía distraída, el acusado deberá indemnizar a STAULER TECNICA SLU en la cantidad de 3.596 euros. A esta cantidad será de aplicación lo dispuesto en el art. 576 del a LEC.

UNDÉCIMO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Código Penal, y en los artículos 239 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito.

Por lo que en el presente caso procede imponer al acusado el pago de las costas causadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación