Sentencia Penal 264/2025 Audiencia Provincial Penal de Bizkaia nº 6, Rec. 1196/2024 de 06 de junio del 2025

PRIMERO.-Las pruebas practicadas en el juicio oral, valoradas en conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las debidas garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, acreditan unos hechos que, son legalmente constitutivos de un delito de un delito de asesinato en grado de tentativa

La presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe prueba de cargo válida, adecuada y suficiente. Ya " la Sentencia del Tribunal Supremo 754/2016, de 13 de octubre, recuerda que el control del respeto al derecho a la presunción de inocencia -tal y como decíamos en las Sentencias del Tribunal Supremo 444/2011, de 4 de mayo; 954/2009, de 30 de septiembre y 49/2008, de 25 de febrero - autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Está también fuera de dudas -y así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 1199/2006, de 11 de diciembre - que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional. El juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia" ( ATS 341/19, de 14 de febrero).

La prueba de cargo, en el presente caso, consiste en la declaración del procesado que reconoció los hechos. Estos además vienen corroborados por la abundante prueba documental que obra en las actuaciones.

Conforme a lo expuesto, como resultado de la prueba practicada en el acto de juicio oral, y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, esta Sala ha alcanzado la plena convicción de la existencia y realidad de los hechos denunciados y enjuiciados, así como de la autoría del procesado, por lo que constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable y dictar un fallo condenatorio.

Habiendo mostrado la defensa su conformidad se informó por el presidente del Tribunal al procesado de sus consecuencias, y, requerido a fin de que manifestase si la prestaba, así lo hizo, sin que por su defensa y por las acusaciones se considerase necesario la continuación del juicio, quedando el mismo visto para sentencia.

SEGUNDO.-Según la calificación mutuamente aceptada por las partes, resultando que los hechos declarados probados son constitutivos, como ya se ha indicado, de

a)UN DELITO DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 173.2 párrafos 2º y 3º del C.Penal en relación con el artículo 48.2 y 3 y 57.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal.

El art. 173.2 del C.Penal establece que: "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad de la persona, en este caso de Melisa, y su derecho a no ser sometida a tratos inhumanos y degradante en el ámbito de la familia, protegiéndose al tiempo, la paz en el núcleo familiar como bien jurídico colectivo. Aspecto, que como señala la STS 63/25, de 30 de enero, "que quedó reforzado tras la reforma operada por la LO 11/2003, que situó los malos tratos habituales entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, y los sancionó de modo agravado respecto del tipo básico, principalmente en atención a las características propias del ámbito familiar en el que se producen. Además los límites del bien jurídico se ampliaron, pues se eliminó como exigencia la convivencia en los supuestos de relaciones de afectividad análogas a las de los cónyuges y se amplió expresamente el abanico de posibles sujetos pasivos del delito a las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados."

b)UN DELITO CONTINUADO DE AGRESIÓN SEXUAL previsto y penado en los arts. 179.1 y 2 y 180.1. 2º, 4º Y 2 del C.Penal en relación con los artículos 74, 48.2 y 3, 55, 57.1 y 2, 192.1 y 3 del C.Penal.

El artículo 179.1 y 2 del C.Penal establece que: "1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años."

Y el art. 180.1 del mismo texto dispone que: "1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:(...)

2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.(....)

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.(...)

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad e indemnidad sexual de la persona, en el presente de Melisa.

c)UN DELITO DE AMENAZAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del artículo 171 número 4 y 5 párrafo 2º del C.Penal en relación con los artículos 48.2 y 3 y 57.1 y 2 de la misma Ley sustantiva.

El art. 171.4 y 5 del C.Penal establece que: "4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.(...)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad y seguridad, es decir, el derecho que todos tienen, al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida. En este sentido lo recoge la STS 750/24, de 18 de julio, cuando señala que: "Nuestra STS 1008/2021 , con cita de las SSTS 909/2016 y 49/2019 , recoge que el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo, siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir, el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida."

d)UN DELITO DE MALTRATO NO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 153.1 Y 3 del C.Penal, en relación con los artículos 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del C.Penal.

El artículo 153.1 y 3 del C. Penal establece que: "1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

(...)

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

(...)."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro la integridad física de la mujer.

e)UN DELITO DE COACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del art. 172.2 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 172.2 del C.Penal establece que: "2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante, lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que es la libertad personal de actuar de la persona, en este caso, Melisa frente a los comportamientos incompatibles con dicha libertad.

f)UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL previsto y penado en el artículo 173.1 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 173.1 del C.Penal establece que: "1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. (.....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad e inviolabilidad de la persona, en el presente Melisa, y al derecho que tiene a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

Como señala la STS 580/24 de 12 de junio, "La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos ( SSTS 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 ).

De todas formas, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que fluyen todos ellos.

En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral" ( SSTS 1061/2009, de 26-10 ; 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 , entre otras)."

g)UN DELITO CONTINUADO DE EXTORSIÓN previsto y penado en el artículo 243 del C.Penal en relación con los arts. 74.1 y 2, 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 273 del C.Penal establece que: "el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que el patrimonio, la integridad física y la libertad de la persona, que en el presente no es otra que Melisa.

TERCERO.-Del mencionado delito es responsable en concepto de AUTOR el procesado Jose Augusto, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del C.Penal.

Concurre en el encausado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal prevista en el art. 21.1 en relación con el art. 20.2 del C.Penal y 68 del mismo texto legal, así como la atenuante simple del art. 21.7 en relación con el art. 21.5 del C.Penal, respecto de todos los delitos.

Además, concurre en el encausado la circunstancia agravante del art. 23 del C.Penal y del art. 22.4 del C.Penal, respecto de los delitos contra la integridad moral (f.) y de extorsión (g.)

CUARTO.-En cuanto a la individualización de la pena es la recogida los escritos de acusación y en la parte dispositiva de la presente resolución, penas con las que se ha conformado el procesado.

QUINTO.-En concepto de responsabilidad civil de conformidad con lo solicitado deberá indemnizar a DÑA. Melisa en la cantidad de 45.000 euros por las lesiones físicas, psíquicas y secuelas padecidas, así como por el perjuicio económico derivado de las trasferencias, todo ello con aplicación de interés legal ex art 576 LEC.

Jose Augusto ha indemnizado a la perjudicada en la cantidad de 15.000 euros ingresados en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, comprometiéndose a abonar el resto de la responsabilidad civil hasta alcanzar el total de esta en un plazo máximo de 6 meses desde la firmeza de la sentencia.

SEXTO.-Y en cuanto a las costas procesales, de acuerdo con el art. 123 C.Penal, se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito, resultando de aplicación igualmente los arts. 239 y 240 de la LECriminal.

Por tanto, se condena a su pago al procesado.

VISTOS,los artículos citados y demás de aplicación del C.Penal y de la legislación orgánica y procesal,

Por todo ello,

PRIMERO.-Las pruebas practicadas en el juicio oral, valoradas en conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las debidas garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, acreditan unos hechos que, son legalmente constitutivos de un delito de un delito de asesinato en grado de tentativa

La presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe prueba de cargo válida, adecuada y suficiente. Ya " la Sentencia del Tribunal Supremo 754/2016, de 13 de octubre, recuerda que el control del respeto al derecho a la presunción de inocencia -tal y como decíamos en las Sentencias del Tribunal Supremo 444/2011, de 4 de mayo; 954/2009, de 30 de septiembre y 49/2008, de 25 de febrero - autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Está también fuera de dudas -y así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 1199/2006, de 11 de diciembre - que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional. El juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia" ( ATS 341/19, de 14 de febrero).

La prueba de cargo, en el presente caso, consiste en la declaración del procesado que reconoció los hechos. Estos además vienen corroborados por la abundante prueba documental que obra en las actuaciones.

Conforme a lo expuesto, como resultado de la prueba practicada en el acto de juicio oral, y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, esta Sala ha alcanzado la plena convicción de la existencia y realidad de los hechos denunciados y enjuiciados, así como de la autoría del procesado, por lo que constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable y dictar un fallo condenatorio.

Habiendo mostrado la defensa su conformidad se informó por el presidente del Tribunal al procesado de sus consecuencias, y, requerido a fin de que manifestase si la prestaba, así lo hizo, sin que por su defensa y por las acusaciones se considerase necesario la continuación del juicio, quedando el mismo visto para sentencia.

SEGUNDO.-Según la calificación mutuamente aceptada por las partes, resultando que los hechos declarados probados son constitutivos, como ya se ha indicado, de

a)UN DELITO DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 173.2 párrafos 2º y 3º del C.Penal en relación con el artículo 48.2 y 3 y 57.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal.

El art. 173.2 del C.Penal establece que: "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad de la persona, en este caso de Melisa, y su derecho a no ser sometida a tratos inhumanos y degradante en el ámbito de la familia, protegiéndose al tiempo, la paz en el núcleo familiar como bien jurídico colectivo. Aspecto, que como señala la STS 63/25, de 30 de enero, "que quedó reforzado tras la reforma operada por la LO 11/2003, que situó los malos tratos habituales entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, y los sancionó de modo agravado respecto del tipo básico, principalmente en atención a las características propias del ámbito familiar en el que se producen. Además los límites del bien jurídico se ampliaron, pues se eliminó como exigencia la convivencia en los supuestos de relaciones de afectividad análogas a las de los cónyuges y se amplió expresamente el abanico de posibles sujetos pasivos del delito a las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados."

b)UN DELITO CONTINUADO DE AGRESIÓN SEXUAL previsto y penado en los arts. 179.1 y 2 y 180.1. 2º, 4º Y 2 del C.Penal en relación con los artículos 74, 48.2 y 3, 55, 57.1 y 2, 192.1 y 3 del C.Penal.

El artículo 179.1 y 2 del C.Penal establece que: "1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años."

Y el art. 180.1 del mismo texto dispone que: "1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:(...)

2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.(....)

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.(...)

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad e indemnidad sexual de la persona, en el presente de Melisa.

c)UN DELITO DE AMENAZAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del artículo 171 número 4 y 5 párrafo 2º del C.Penal en relación con los artículos 48.2 y 3 y 57.1 y 2 de la misma Ley sustantiva.

El art. 171.4 y 5 del C.Penal establece que: "4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.(...)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad y seguridad, es decir, el derecho que todos tienen, al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida. En este sentido lo recoge la STS 750/24, de 18 de julio, cuando señala que: "Nuestra STS 1008/2021 , con cita de las SSTS 909/2016 y 49/2019 , recoge que el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo, siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir, el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida."

d)UN DELITO DE MALTRATO NO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 153.1 Y 3 del C.Penal, en relación con los artículos 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del C.Penal.

El artículo 153.1 y 3 del C. Penal establece que: "1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

(...)

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

(...)."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro la integridad física de la mujer.

e)UN DELITO DE COACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del art. 172.2 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 172.2 del C.Penal establece que: "2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante, lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que es la libertad personal de actuar de la persona, en este caso, Melisa frente a los comportamientos incompatibles con dicha libertad.

f)UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL previsto y penado en el artículo 173.1 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 173.1 del C.Penal establece que: "1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. (.....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad e inviolabilidad de la persona, en el presente Melisa, y al derecho que tiene a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

Como señala la STS 580/24 de 12 de junio, "La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos ( SSTS 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 ).

De todas formas, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que fluyen todos ellos.

En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral" ( SSTS 1061/2009, de 26-10 ; 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 , entre otras)."

g)UN DELITO CONTINUADO DE EXTORSIÓN previsto y penado en el artículo 243 del C.Penal en relación con los arts. 74.1 y 2, 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 273 del C.Penal establece que: "el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que el patrimonio, la integridad física y la libertad de la persona, que en el presente no es otra que Melisa.

TERCERO.-Del mencionado delito es responsable en concepto de AUTOR el procesado Jose Augusto, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del C.Penal.

Concurre en el encausado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal prevista en el art. 21.1 en relación con el art. 20.2 del C.Penal y 68 del mismo texto legal, así como la atenuante simple del art. 21.7 en relación con el art. 21.5 del C.Penal, respecto de todos los delitos.

Además, concurre en el encausado la circunstancia agravante del art. 23 del C.Penal y del art. 22.4 del C.Penal, respecto de los delitos contra la integridad moral (f.) y de extorsión (g.)

CUARTO.-En cuanto a la individualización de la pena es la recogida los escritos de acusación y en la parte dispositiva de la presente resolución, penas con las que se ha conformado el procesado.

QUINTO.-En concepto de responsabilidad civil de conformidad con lo solicitado deberá indemnizar a DÑA. Melisa en la cantidad de 45.000 euros por las lesiones físicas, psíquicas y secuelas padecidas, así como por el perjuicio económico derivado de las trasferencias, todo ello con aplicación de interés legal ex art 576 LEC.

Jose Augusto ha indemnizado a la perjudicada en la cantidad de 15.000 euros ingresados en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, comprometiéndose a abonar el resto de la responsabilidad civil hasta alcanzar el total de esta en un plazo máximo de 6 meses desde la firmeza de la sentencia.

SEXTO.-Y en cuanto a las costas procesales, de acuerdo con el art. 123 C.Penal, se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito, resultando de aplicación igualmente los arts. 239 y 240 de la LECriminal.

Por tanto, se condena a su pago al procesado.

VISTOS,los artículos citados y demás de aplicación del C.Penal y de la legislación orgánica y procesal,

Por todo ello,

PRIMERO.-Las pruebas practicadas en el juicio oral, valoradas en conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las debidas garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, acreditan unos hechos que, son legalmente constitutivos de un delito de un delito de asesinato en grado de tentativa

La presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe prueba de cargo válida, adecuada y suficiente. Ya " la Sentencia del Tribunal Supremo 754/2016, de 13 de octubre, recuerda que el control del respeto al derecho a la presunción de inocencia -tal y como decíamos en las Sentencias del Tribunal Supremo 444/2011, de 4 de mayo; 954/2009, de 30 de septiembre y 49/2008, de 25 de febrero - autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Está también fuera de dudas -y así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 1199/2006, de 11 de diciembre - que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional. El juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia" ( ATS 341/19, de 14 de febrero).

La prueba de cargo, en el presente caso, consiste en la declaración del procesado que reconoció los hechos. Estos además vienen corroborados por la abundante prueba documental que obra en las actuaciones.

Conforme a lo expuesto, como resultado de la prueba practicada en el acto de juicio oral, y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, esta Sala ha alcanzado la plena convicción de la existencia y realidad de los hechos denunciados y enjuiciados, así como de la autoría del procesado, por lo que constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable y dictar un fallo condenatorio.

Habiendo mostrado la defensa su conformidad se informó por el presidente del Tribunal al procesado de sus consecuencias, y, requerido a fin de que manifestase si la prestaba, así lo hizo, sin que por su defensa y por las acusaciones se considerase necesario la continuación del juicio, quedando el mismo visto para sentencia.

SEGUNDO.-Según la calificación mutuamente aceptada por las partes, resultando que los hechos declarados probados son constitutivos, como ya se ha indicado, de

a)UN DELITO DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 173.2 párrafos 2º y 3º del C.Penal en relación con el artículo 48.2 y 3 y 57.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal.

El art. 173.2 del C.Penal establece que: "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad de la persona, en este caso de Melisa, y su derecho a no ser sometida a tratos inhumanos y degradante en el ámbito de la familia, protegiéndose al tiempo, la paz en el núcleo familiar como bien jurídico colectivo. Aspecto, que como señala la STS 63/25, de 30 de enero, "que quedó reforzado tras la reforma operada por la LO 11/2003, que situó los malos tratos habituales entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, y los sancionó de modo agravado respecto del tipo básico, principalmente en atención a las características propias del ámbito familiar en el que se producen. Además los límites del bien jurídico se ampliaron, pues se eliminó como exigencia la convivencia en los supuestos de relaciones de afectividad análogas a las de los cónyuges y se amplió expresamente el abanico de posibles sujetos pasivos del delito a las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados."

b)UN DELITO CONTINUADO DE AGRESIÓN SEXUAL previsto y penado en los arts. 179.1 y 2 y 180.1. 2º, 4º Y 2 del C.Penal en relación con los artículos 74, 48.2 y 3, 55, 57.1 y 2, 192.1 y 3 del C.Penal.

El artículo 179.1 y 2 del C.Penal establece que: "1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años."

Y el art. 180.1 del mismo texto dispone que: "1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:(...)

2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.(....)

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.(...)

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad e indemnidad sexual de la persona, en el presente de Melisa.

c)UN DELITO DE AMENAZAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del artículo 171 número 4 y 5 párrafo 2º del C.Penal en relación con los artículos 48.2 y 3 y 57.1 y 2 de la misma Ley sustantiva.

El art. 171.4 y 5 del C.Penal establece que: "4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.(...)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad y seguridad, es decir, el derecho que todos tienen, al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida. En este sentido lo recoge la STS 750/24, de 18 de julio, cuando señala que: "Nuestra STS 1008/2021 , con cita de las SSTS 909/2016 y 49/2019 , recoge que el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo, siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir, el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida."

d)UN DELITO DE MALTRATO NO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 153.1 Y 3 del C.Penal, en relación con los artículos 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del C.Penal.

El artículo 153.1 y 3 del C. Penal establece que: "1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

(...)

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

(...)."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro la integridad física de la mujer.

e)UN DELITO DE COACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del art. 172.2 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 172.2 del C.Penal establece que: "2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante, lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que es la libertad personal de actuar de la persona, en este caso, Melisa frente a los comportamientos incompatibles con dicha libertad.

f)UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL previsto y penado en el artículo 173.1 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 173.1 del C.Penal establece que: "1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. (.....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad e inviolabilidad de la persona, en el presente Melisa, y al derecho que tiene a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

Como señala la STS 580/24 de 12 de junio, "La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos ( SSTS 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 ).

De todas formas, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que fluyen todos ellos.

En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral" ( SSTS 1061/2009, de 26-10 ; 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 , entre otras)."

g)UN DELITO CONTINUADO DE EXTORSIÓN previsto y penado en el artículo 243 del C.Penal en relación con los arts. 74.1 y 2, 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 273 del C.Penal establece que: "el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que el patrimonio, la integridad física y la libertad de la persona, que en el presente no es otra que Melisa.

TERCERO.-Del mencionado delito es responsable en concepto de AUTOR el procesado Jose Augusto, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del C.Penal.

Concurre en el encausado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal prevista en el art. 21.1 en relación con el art. 20.2 del C.Penal y 68 del mismo texto legal, así como la atenuante simple del art. 21.7 en relación con el art. 21.5 del C.Penal, respecto de todos los delitos.

Además, concurre en el encausado la circunstancia agravante del art. 23 del C.Penal y del art. 22.4 del C.Penal, respecto de los delitos contra la integridad moral (f.) y de extorsión (g.)

CUARTO.-En cuanto a la individualización de la pena es la recogida los escritos de acusación y en la parte dispositiva de la presente resolución, penas con las que se ha conformado el procesado.

QUINTO.-En concepto de responsabilidad civil de conformidad con lo solicitado deberá indemnizar a DÑA. Melisa en la cantidad de 45.000 euros por las lesiones físicas, psíquicas y secuelas padecidas, así como por el perjuicio económico derivado de las trasferencias, todo ello con aplicación de interés legal ex art 576 LEC.

Jose Augusto ha indemnizado a la perjudicada en la cantidad de 15.000 euros ingresados en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, comprometiéndose a abonar el resto de la responsabilidad civil hasta alcanzar el total de esta en un plazo máximo de 6 meses desde la firmeza de la sentencia.

SEXTO.-Y en cuanto a las costas procesales, de acuerdo con el art. 123 C.Penal, se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito, resultando de aplicación igualmente los arts. 239 y 240 de la LECriminal.

Por tanto, se condena a su pago al procesado.

VISTOS,los artículos citados y demás de aplicación del C.Penal y de la legislación orgánica y procesal,

Por todo ello,

PRIMERO.-Las pruebas practicadas en el juicio oral, valoradas en conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las debidas garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, acreditan unos hechos que, son legalmente constitutivos de un delito de un delito de asesinato en grado de tentativa

La presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe prueba de cargo válida, adecuada y suficiente. Ya " la Sentencia del Tribunal Supremo 754/2016, de 13 de octubre, recuerda que el control del respeto al derecho a la presunción de inocencia -tal y como decíamos en las Sentencias del Tribunal Supremo 444/2011, de 4 de mayo; 954/2009, de 30 de septiembre y 49/2008, de 25 de febrero - autoriza a esta Sala a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Está también fuera de dudas -y así lo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 1199/2006, de 11 de diciembre - que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional. El juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia" ( ATS 341/19, de 14 de febrero).

La prueba de cargo, en el presente caso, consiste en la declaración del procesado que reconoció los hechos. Estos además vienen corroborados por la abundante prueba documental que obra en las actuaciones.

Conforme a lo expuesto, como resultado de la prueba practicada en el acto de juicio oral, y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, esta Sala ha alcanzado la plena convicción de la existencia y realidad de los hechos denunciados y enjuiciados, así como de la autoría del procesado, por lo que constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable y dictar un fallo condenatorio.

Habiendo mostrado la defensa su conformidad se informó por el presidente del Tribunal al procesado de sus consecuencias, y, requerido a fin de que manifestase si la prestaba, así lo hizo, sin que por su defensa y por las acusaciones se considerase necesario la continuación del juicio, quedando el mismo visto para sentencia.

SEGUNDO.-Según la calificación mutuamente aceptada por las partes, resultando que los hechos declarados probados son constitutivos, como ya se ha indicado, de

a)UN DELITO DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 173.2 párrafos 2º y 3º del C.Penal en relación con el artículo 48.2 y 3 y 57.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal.

El art. 173.2 del C.Penal establece que: "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad de la persona, en este caso de Melisa, y su derecho a no ser sometida a tratos inhumanos y degradante en el ámbito de la familia, protegiéndose al tiempo, la paz en el núcleo familiar como bien jurídico colectivo. Aspecto, que como señala la STS 63/25, de 30 de enero, "que quedó reforzado tras la reforma operada por la LO 11/2003, que situó los malos tratos habituales entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, y los sancionó de modo agravado respecto del tipo básico, principalmente en atención a las características propias del ámbito familiar en el que se producen. Además los límites del bien jurídico se ampliaron, pues se eliminó como exigencia la convivencia en los supuestos de relaciones de afectividad análogas a las de los cónyuges y se amplió expresamente el abanico de posibles sujetos pasivos del delito a las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados."

b)UN DELITO CONTINUADO DE AGRESIÓN SEXUAL previsto y penado en los arts. 179.1 y 2 y 180.1. 2º, 4º Y 2 del C.Penal en relación con los artículos 74, 48.2 y 3, 55, 57.1 y 2, 192.1 y 3 del C.Penal.

El artículo 179.1 y 2 del C.Penal establece que: "1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años."

Y el art. 180.1 del mismo texto dispone que: "1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:(...)

2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.(....)

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.(...)

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad e indemnidad sexual de la persona, en el presente de Melisa.

c)UN DELITO DE AMENAZAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del artículo 171 número 4 y 5 párrafo 2º del C.Penal en relación con los artículos 48.2 y 3 y 57.1 y 2 de la misma Ley sustantiva.

El art. 171.4 y 5 del C.Penal establece que: "4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.(...)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la libertad y seguridad, es decir, el derecho que todos tienen, al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida. En este sentido lo recoge la STS 750/24, de 18 de julio, cuando señala que: "Nuestra STS 1008/2021 , con cita de las SSTS 909/2016 y 49/2019 , recoge que el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo, siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir, el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida."

d)UN DELITO DE MALTRATO NO HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado en el artículo 153.1 Y 3 del C.Penal, en relación con los artículos 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del C.Penal.

El artículo 153.1 y 3 del C. Penal establece que: "1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

(...)

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

(...)."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro la integridad física de la mujer.

e)UN DELITO DE COACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO del art. 172.2 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 172.2 del C.Penal establece que: "2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante, lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.(....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que es la libertad personal de actuar de la persona, en este caso, Melisa frente a los comportamientos incompatibles con dicha libertad.

f)UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL previsto y penado en el artículo 173.1 del C.Penal en relación con los arts. 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 173.1 del C.Penal establece que: "1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. (.....)"

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que la dignidad e inviolabilidad de la persona, en el presente Melisa, y al derecho que tiene a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

Como señala la STS 580/24 de 12 de junio, "La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos ( SSTS 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 ).

De todas formas, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que fluyen todos ellos.

En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral" ( SSTS 1061/2009, de 26-10 ; 255/2011, de 6-4 ; y 255/2012, de 29-3 , entre otras)."

g)UN DELITO CONTINUADO DE EXTORSIÓN previsto y penado en el artículo 243 del C.Penal en relación con los arts. 74.1 y 2, 57.1 y 2 y 48.2 y 3 del mismo texto legal.

El artículo 273 del C.Penal establece que: "el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados."

El procesado ha reconocido unos hechos, constitutivos de este delito, y los mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos recogidos por la jurisprudencia para subsumir la conducta en el tipo penal, habiendo, con ello, lesionado el bien jurídico que trata de proteger y que no es otro que el patrimonio, la integridad física y la libertad de la persona, que en el presente no es otra que Melisa.

TERCERO.-Del mencionado delito es responsable en concepto de AUTOR el procesado Jose Augusto, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del C.Penal.

Concurre en el encausado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal prevista en el art. 21.1 en relación con el art. 20.2 del C.Penal y 68 del mismo texto legal, así como la atenuante simple del art. 21.7 en relación con el art. 21.5 del C.Penal, respecto de todos los delitos.

Además, concurre en el encausado la circunstancia agravante del art. 23 del C.Penal y del art. 22.4 del C.Penal, respecto de los delitos contra la integridad moral (f.) y de extorsión (g.)

CUARTO.-En cuanto a la individualización de la pena es la recogida los escritos de acusación y en la parte dispositiva de la presente resolución, penas con las que se ha conformado el procesado.

QUINTO.-En concepto de responsabilidad civil de conformidad con lo solicitado deberá indemnizar a DÑA. Melisa en la cantidad de 45.000 euros por las lesiones físicas, psíquicas y secuelas padecidas, así como por el perjuicio económico derivado de las trasferencias, todo ello con aplicación de interés legal ex art 576 LEC.

Jose Augusto ha indemnizado a la perjudicada en la cantidad de 15.000 euros ingresados en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, comprometiéndose a abonar el resto de la responsabilidad civil hasta alcanzar el total de esta en un plazo máximo de 6 meses desde la firmeza de la sentencia.

SEXTO.-Y en cuanto a las costas procesales, de acuerdo con el art. 123 C.Penal, se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito, resultando de aplicación igualmente los arts. 239 y 240 de la LECriminal.

Por tanto, se condena a su pago al procesado.

VISTOS,los artículos citados y demás de aplicación del C.Penal y de la legislación orgánica y procesal,

Por todo ello,