Sentencia Penal 13/2025 Audiencia Provincial Penal de Asturias nº 8, Rec. 7/2024 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa, infracción penal contra el patrimonio, prevista y penada en el artículo 248.1 del Código Penal -"Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno"-.

Dentro de la reseñada figura delictiva los hechos se encuadran en el ámbito de los denominados contratos civiles criminalizados, variedad de la estafa donde el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de la prestación a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales o legales ( STS de 8 de noviembre de 2016).

Nos hallamos por tanto en presencia de tal especie o modalidad defraudatoria cuando una de las partes contratantes disimula su verdadera intención -el autor o sujeto activo sabe, desde el primer momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá dar cumplimiento a la contraprestación que le corresponde- y valiéndose del engaño consistente en la simulación de un propósito serio de contratar, la parte contraria cumple lo pactado y realiza un acto de disposición patrimonial del que se lucra y beneficia el otro.

Como señalan las SSTS 262/2019 de 24 de mayo y 182/2021 de 3 de marzo "El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más engaño.

La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento ( arts. 1265 , 1269 y 1270 CC ). Por ello, por sí sólo no constituye ese engaño requerido por el tipo de la estafa, es decir, la maniobra torticera y falaz por medio de la cual el agente, ocultando la realidad, juega dentro de la apariencia para ganar la voluntad del perjudicado o perjudicados, haciéndoles creer y aceptar lo que no es verdadero.

El delito de estafa hace preciso que concurra por parte del sujeto activo un medio engañoso de cualquier tipo que induzca a la víctima, por la vía del error, a realizar un determinado desprendimiento patrimonial del que, en relación de causa a efecto, se beneficia el instigador de la operación, que persigue desde el inicio ese fin lucrativo; sus elementos son, por tanto, engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal ( SSTS 16 de junio y 16 de octubre de 1992 , 18 de octubre de 1993 , 15 de junio de 1995 y 31 de enero de 1996 , entre otras).

Se exige, al mismo tiempo, un específico dolo que abarque esa voluntad en el sujeto de que, cuando realiza la actividad contractual con la parte perjudicada, no vaya a ejecutar la parte el contrato que al mismo le compete, unido ello a cualquier medio de engaño que lleve a la otra parte a aceptarlo por la vía de la creencia de que se va a producir ese cumplimiento que se le ofrece. El dolo por sí mismo entendido supondría aisladamente la existencia de un vicio en el consentimiento que tendría sus consecuencias en la órbita del derecho civil, pero que, por el principio de intervención mínima del Derecho penal, no es aceptado para entender que ese incumplimiento del contrato tiene efectos y sanciones penales".

SEGUNDO.-Del indicado delito de estafa se considera responsable en concepto de autor al acusado Luis Manuel, por haber llevado a cabo su ejecución de forma material, voluntaria y directa conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

La Sala alcanza la convicción inculpatoria en base a la actividad probatoria desarrollada en el acto de la vista oral, con sujeción a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, cuya conjunta y racional valoración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 717 y 741 de la L.E.Criminal desvirtúa la presunción constitucional de inocencia, al deducirse sin género de duda alguna la culpabilidad de la persona acusada en relación con el delito cuya existencia se declara probada en la presente sentencia, elementos específicos que configuran dicha infracción penal y su autoría o participación.

Las fuentes de conocimiento ponderadas para alcanzar la conclusión inculpatoria viene constituidas por las declaraciones personales prestadas en el plenario por los perjudicados y el acusado, junto con la documental obrante en las actuaciones, instrumentos probatorios acreditativos de que el acusado no tenía intención alguna de cumplir el acuerdo que alcanzó con los perjudicados -instalación de una fachada ventilada de pizarra en una vivienda unifamiliar que se estaba construyendo en el DIRECCION000, de Gijón-, disimulando su verdadero propósito de no cumplimentar dicha obligación pero sí recibiendo el dinero que, para la compra de los materiales que se iban a emplear en los trabajos, abonaron los perjudicados, obteniendo de esta forma un lucro patrimonial o provecho de contenido económico.

En relación con las declaraciones testificales de los perjudicados, su análisis y valoración con arreglo a las pautas, parámetros o puntos de contraste que la doctrina jurisprudencial suele establecer para valorar la fiabilidad del testigo-víctima -persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores y ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva-, permite apreciar la concurrencia de las normas de credibilidad jurisprudencialmente exigidas para considerar veraces tales declaraciones inculpatorias, conclusión que se fundamenta en los siguientes motivos.

En primer lugar, no se aprecian motivos de incredibilidad subjetiva en los perjudicados-denunciantes, pues entre éstos y el acusado no existían otros vínculos que los propios de la relación delictiva, y nada se ha alegado por el acusado ni por la defensa para fundar la presencia de motivaciones espurias que siembren dudas sobre la autenticidad de los testimonios inculpatorios en términos de sospecha razonable de inveracidad o incluso de falaz incriminación, sin que apreciemos la concurrencia de circunstancias de ningún tipo que expliquen el mantenimiento del relato incriminatorio por razones ajenas a la sincera exposición de lo declarado, ya que el recurso a la vía penal por parte de los denunciantes tuvo lugar como último remedio ante la falta de respuesta del acusado a sus legítimas exigencias de dar cumplimiento a lo que habían acordado o, en su caso, la restitución de las cantidades entregadas.

En segundo lugar, las declaraciones de los perjudicados son verosímiles en sí mismas, puesto que no relatan nada que resulte extraño, fabuloso o producto de la inventiva de quienes las realizan, siendo asimismo persistentes, prolongadas en el tiempo, sin apreciar la existencia de ambigüedades, generalidades o vaguedades ni tampoco contradicciones en lo esencial. Los distintos testimonios prestados por las víctimas durante la tramitación del procedimiento, en la fase instructora y en el acto de la vista oral, son coherentes en los extremos relevantes y lo referido mantiene la necesaria conexión lógica entre las versiones narradas en las dos etapas procedimentales.

La defensa no destacó la existencia de contradicciones ambigüedades o impersistencias actitudinales en las manifestaciones inculpatorias que los denunciantes realizaron en el acto de la vista oral, y en lo concerniente a las corroboraciones objetivas de los testimonios incriminatorias, además de que la capacidad de convicción de las declaraciones prestadas por los testigos, en cuanto víctimas del delito, es susceptible de llevar al ánimo de este Tribunal el convencimiento de que los testimonios son veraces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la L.E.Criminal, en tanto que la mecánica de los hechos así lo permite, aquellas declaraciones inculpatorias aparecen avaladas, refrendadas o corroboradas por la prueba documental aportada al procedimiento, constituida por el presupuesto conteniendo la descripción de los trabajos a efectuar y el precio a satisfacer para la realización de la obra y forma de pago, cuya autenticidad no ha sido en ningún momento cuestionada y tampoco discutida su eficacia demostrativa ni como elemento o razón de cargo ni como medio de prueba, por lo que despliega la virtualidad probatoria que le es propia y que con su aportación al proceso se pretendía.

Por lo que atañe a la prueba de descargo ofrecida por el acusado, además de que el análisis comparativo de las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción y el plenario sí revela y pone de manifiesto la existencia de contradicciones -en un primer momento afirmó que los materiales destinados a la obra los devolvió a su proveedor y, posteriormente, desdiciéndose de su inicial aseveración, declaró que se quedó con ellos-, sin que los argumentos de inculpabilidad, excusas y demás alegaciones defensivas tengan que ser desvirtuados forzosamente por la acusación, pues la presunción de inocencia exige partir de la inocencia del acusado respecto de los hechos delictivos que se le imputan, pero en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones, es lo cierto que la introducción en el debate de hechos exculpatorios desplaza sobre la defensa ( SSTC. 197/1999; 36/1996; 48/1998, y ATC 100/1990) la carga probatoria de acreditarlos, puesto que lo que dispensa y libera de tal exigencia es la simple y mera negación de la existencia de los hechos objeto de imputación y de la intervención o participación en su ejecución, pero acreditada dicha participación se produce una nivelación procesal en las partes y así, el acusado, si introduce en la causa un hecho de carácter extintivo o impeditivo está obligado a justificar probatoriamente su existencia ( SSTS. de 11-12-1995, 19-2-1996 y 1-4-1998), ya que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC. 31/1989; 107/195, 17/1984 y 303/1993) ha limitado la carga de la prueba que corresponde a la ejecución a la de los hechos constitutivos de la pretensión penal.

Pues bien, en el caso enjuiciado, las alegaciones y explicaciones del acusado no resultan convincentes por falta de credibilidad, ello habida cuenta de que no acreditó haber llevado a cabo, no ya al cometido que voluntariamente asumió fruto del acuerdo alcanzado con los perjudicados, sino siquiera la realización de las actividades previas tendentes a la adquisición del material preciso para el revestimiento de la fachada, ya que no aportó -y tuvo la posibilidad para ello- la documental que demostrara haber efectuado el pedido o incluso la devolución si, como sostuvo, ya no estaba la contraparte en disposición de que efectuase aquel trabajo, carga probatoria que no puede desplazar sobre la acusación dado que no sólo se trataría de un hecho impeditivo sino que, además, sería el acusado quien estaría en la mejor disposición para su demostración probatoria, al disponer de los resortes precisos para ello -documentos justificativos del encargo, copia del albarán o factura del transporte, correos o comunicaciones intercambiadas con el proveedor de los materiales destinados a la obra-, de forma que sobre esta cuestión asumimos y hacemos nuestro el discurso elaborado por la acusación particular para lograr el convencimiento de este Tribunal sobre la suficiencia de la propuesta de hechos que ofrecía en apoyo de la tesis acusatoria.

Asimismo, no es admisible hacer recaer sobre los perjudicados el incumplimiento de lo pactado ya que ninguna omisión patentemente negligente de las mínimas normas de cuidado o contrarias a las mínimas normas de diligencia se denuncia por parte del acusado o su defensa, lo que no sería predicable en el marco de los negocios jurídicos civiles como el contrato de obra, que debe estar presidido bajo los criterios de la buena fe y el principio de confianza, a lo que evidentemente se ajustaron en su actuar los perjudicados, quienes dieron puntual y preciso cumplimiento a los compromisos que contrajeron con el acusado, haciendo las entregas de numerario por éste exigidas.

Para finalizar, tampoco es posible apreciar la existencia de un incumplimiento contractual sobrevenido en la fase de ejecución que carecería de absoluto fundamento -el acusado veladamente aludió a circunstancias personales que le impidieron realizar el trabajo pero sin una mayor explicitación-, porque ninguna prueba al respecto propuso y, porque, además el prologando lapso temporal transcurrido desde que el acusado recepcionó las sumas sin efectuar contraprestación de ningún tipo es claramente revelador del dolo exigido para la existencia del delito de estafa en cuanto expresión de su voluntad de no ejecutar o cumplir la parte del contrato que al mismo le competía.

Existe en definitiva, la presencia de un engaño por parte del sujeto activo consistente en la simulación de un propósito de contratar con aparente seriedad, acompañado de una ocultación de datos relevantes, un acto de disposición por parte de los perjudicados, un nexo causal entre el engaño y el perjuicio patrimonial, y un claro propósito de no cumplir o de tan solo iniciar el cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento, por lo que el proceder del acusado constituye un ataque grave e intolerable al bien jurídico objeto de protección por la norma penal reguladora del delito de estafa y se hace por ello acreedor de la sanción penal que dicho precepto establece.

No es posible en consecuencia incardinar el comportamiento del denunciado en el que describe el tipo penal regulador del delito de apropiación indebida, puesto que el contrato por el que se verificó la entrega -arrendamiento de obra- al comportar la trasmisión de la propiedad del dinero, es un título excluido de la protección dispensada por aquel tipo penal, ( STS 802/2021) y aunque se disponga, en provecho propio, de lo recibido, no se perpetrará delito de apropiación indebida, ya que no se halla criminalizada la conducta de quienes disponen o se adueñan de lo que es propio.

CUARTO.-En el escrito de conclusiones provisionales que la acusación particular, formalizada la actividad probatoria desarrollada en el acto de la vista oral, elevó a definitivas, entiende que el acusado, además de quebrantar la confianza genérica propia del delito de estafa, perpetró dicha comisión delictiva desde una situación de mayor confianza dada la especial relación existente con los perjudicados, puesto que su esposa era compañera de trabajo de la hija del perjudicado Candido, y ésta última le recomendó para efectuar los trabajos de revestimiento.

A juicio de la acusación, se produjo un claro abuso y aprovechamiento de tal relación personal, lo que constituyendo un plus de antijuricidad justifica la aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 250.1.6 del Código Penal.

Como señala la STS 383/2013, de 12 de abril, la confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de una interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa relación entre agente y víctima, se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio). Junto al engaño característico del delito de estafa ha de existir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que se abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión del delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero). Asimismo, sobre el criterio restrictivo que ha de presidir la interpretación y aplicación de esta agravante, la STS 767/2010,de 14 de octubre, recuerda que es exigible "algo más", un añadido al abuso de confianza inherente a todo engaño, para ahuyentar al riesgo de incurrir en un "bis in ídem". En toda estafa se abusa de la confianza. Y en un abultado número de estafas se establece una relación personal entre defraudador y víctima. La jurisprudencia ha incidido en la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida como el engaño que define el delito de estafa, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado.

La STS 349/2016,de 25 de abril indica que la aplicación del subtipo exacerbado por el abuso de relaciones personales del número 6 del artículo 250 del Código Penal queda reservado para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza a determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como delito de estafa.

La doctrina de esta Sala respecto al referido subtipo agravado de abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador, tiene declarado que cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un plus añadido al abuso de confianza en cuyo seno se realiza la estafa que supone siempre una relación previa entre defraudador y víctima.

En lo referente a las relaciones personales, se pone el acento en una especial vinculación por razones de amistad o familiaridad -en tal sentido STS 343/2014 -, o por razones profesionales.

Dicho de otra forma, la estafa opera en una situación de "engaño genérico" que dada la naturaleza relacional de la estafa, porque engañado y defraudador se conocen, y ese conocimiento previo hace posible y creíble el engaño injertado en el perjudicado, que le lleva al perjudicado a efectuar, él mismo, el propio acto de disposición en su propio perjuicio. Por ello cuando se quiere activar el subtipo de abuso de relaciones personales, esta situación debe ser algo diferente y distinta so pena de valorar dos veces una misma situación, lo que supondría un bis in idem. Por tanto, si las relaciones existentes entre víctima y defraudador se toman en consideración para afirmar el injusto típico como engaño antecedente, causante y bastante, no podrá apreciarse esta situación para la aplicación del subtipo agravado.

No faltan posiciones en la dogmática que consideran tarea imposible descubrir dos confianzas defraudadas: la genérica de toda estafa y otra superpuesta determinante de la agravación. Pero el principio interpretativo de vigencia obliga a buscar un ámbito para este subtipo expresamente querido por el legislador y, tal y como enseña la jurisprudencia, encontraremos ese espacio exigiendo unas relaciones personales concretas entre el autor y la víctima previas a la conducta delictiva, que sean distintas a la relación jurídica que integra la base fáctica del tipo penal, de la que se abusa específicamente en la dinámica comisiva y que representante un mayor desvalor ( STS 295/2013, de 1 de marzo).

No se detecta en el caso enjuiciado ese plus de desvalor que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza que aquí no existía con anterioridad, ello por cuanto que la relación previa no era de los perjudicados con el propio acusado personalmente, sino entre la hija de una de las víctimas -el codenunciante Candido y la esposa del acusado, quien era compañera de trabajo de aquella, por lo que no resulta de los propios hechos una situación anterior y ajena a los actos defraudatorios en si mismos considerados, previos a la trama o engaño para obtener el ilícito patrimonial de los que pudiéramos afirmar que hubiera abusado o de los que se hubiera aprovechado el acusado.

QUINTO. -En lo concerniente a la individualización y determinación de la pena a imponer al acusado, desestimada la aplicación del subtipo agravado, no se aduce ni tampoco se aprecia la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal alguna, por lo que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66.1.6ª y 250.1 del Código Penal, se aplicará la pena en la extensión adecuada en atención, como parámetros generales, a las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho, y como criterios de individualización propios del delito de estafa declarado en la sentencia, se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Hechas las precedentes consideraciones, la Sala estima adecuada y proporcional a los parámetros de individualización y circunstancias concurrentes en el caso imponer al acusado la pena privativa de libertad de 1 año de prisión, fijándola en su grado medio mitad inferior, y esta individualización se efectúa teniendo en consideración que el acusado carece de antecedentes penales por lo que se trata de un delincuente primario, siendo el hecho un incidente que aparenta ser aislado y excepcional en el ejercicio de la actividad profesional que viene desarrollando en el sector de la construcción.

La pena privativa de libertad señalada llevará aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.2ª del Código Penal.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1, primer inciso, del Código Penal, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por el acusado, disponiendo a su vez el artículo 116.1 del citado texto punitivo, que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños y perjuicios, lo que en el presente caso se traduce en que el acusado Luis Manuel indemnizará a los perjudicados Rosaura en la cantidad de 4.125 € y a Candido en la cantidad de 2.870 €, sumas que devengarán los intereses legales previstos en los artículos 576 de la L.E.Civil y 1.108 del Código Civil.

SÉPTIMO.-Las costas procesales devengadas, con inclusión de las de la acusación particular, deben imponerse al acusado en virtud de su condena, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los artículos citados, 56.2º, 58 y 79 del Código Penal, y 741, 742 y 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,