Sentencia Penal 75/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 8, Rec. 23/2024 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO.-Entraremos a analizar inicialmente la cuestión previa que planteó la defensa acerca de la concurrencia de cosas juzgada en lo que afectaba al delito contra la seguridad vial del artículo 379 CP que se atribuía al acusado según la acusación vertida por el Ministerio Público, si bien anticipando que poco profundizaremos sobre ello habida cuenta que se concurrencia era evidente y así lo admitió la parte acusadora.

Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo existente en relación a la cosa Juzgada, aquella que puede resumirse en lo que sigue:

1º).-Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica la cosa juzgada es la garantía de todo acusado a defender su derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos, es una de las manifestaciones en las que se proyecta el derecho a un proceso con todas las garantías previsto en el artículo 24.2º de la Constitución Española si bien tiene también evidentes conexiones con el principio "non bis in idem"el cual ha de entenderse implícito en el artículo 25.1º del mismo texto, y por lo tanto aparece vinculado íntimamente a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones, todo lo cual le confiere un rango inequívocamente de garantía constitucional.

2º).-En relación a la resoluciones judiciales que ponen fin al proceso produciendo la eficacia preclusiva de la cosa juzgada material tiene eficacia las sentencias firmes.

3º).-La extimación de la "exceptio res iudicata"requiere:

A).-Que la persona imputada sea la misma contra la que se dirigió la acusación en la primera causa, definitivamente resuelta por condena o por absolución, que efectivamente ha de coincidir con quien sea después el sujeto pasivo de la imputación, que en el segundo proceso se contiene.

B).-Que el objeto del proceso penal lo constituya un hecho histórico individualizado en el "factum"de la resolución antecedente y cuya coincidencia con el relato fáctico subsiguiente, base de la actuación, es fundamental a estos efectos si bien atendiendo únicamente a los elementos esenciales y no a los accesorios o circunstanciales.

Aplicando la doctrina expuesta al caso aquí enjuiciado resulta efectivamente que el acusado fue condenado por sentencia firme de conformidad dictada por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Málaga en fecha 07/10/22 por igual delito contra la seguridad vial por el que en este caso venía siendo acusado y cuya comisión se situaba el mismo día y horas de los hechos -sobre las 00:20 horas del día 6 de octubre de 2.022-, habiendo dado lugar a los autos de Ejecutoria 496/22 seguidos ante el Juzgado de lo Penal nº 1 5 de esta ciudad. La documental aportada por la defensa en consonancia con el contenido de la hoja histórico penal actualizada del acusado no deja lugar a dudas.

Por lo tanto, se estaría ante una resolución judicial que tiene eficacia de cosa juzgada, existiría identidad subjetiva del imputado y de la misma manera identidad objetiva sobre el hecho calificado como se declara en la relación de hechos probados de la sentencia dictada por el referido Juzgado de Instrucción y los que aquí eran objeto de acusación cuando se refería a las circunstancias de conducción del acusado y su estado de afectación alcohólica.

Por todo lo expuesto y, como ya se anticipó, es procedente estimar, como así entendió el Ministerio Fiscal, la cuestión previa planteada por la defensa y considerar que concurre la excepción de cosa Juzgada en el delito contra la seguridad vial tan citado, con la consiguiente absolución del acusado.

SEGUNDO.-En otro orden de cosas, hemos de recordar que el artículo 24 de la Constitución Española consagra como uno de los derechos fundamentales de toda persona el de la presunción de inocencia, derecho que, como ha reconocido reiterada nuestra Jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, consiste en que cada persona ha de ser tenida como inocente salvo que se pruebe lo contrario por medio de verdaderas pruebas, es decir, no por impresiones o apariencias no contrastadas en juicio con arreglo a las normas que regulan la actividad probatoria y con todas las garantías inherentes a un proceso público, esto es, con vigencia plena de los principios de contradicción y publicidad. Para destruir la presunción de inocencia que ampara interina e inicialmente a todo acusado por mandato constitucional, no es suficiente la existencia de actividad probatoria legalmente obtenida, sino que requiere que la prueba sea de cargo y posea un contenido inculpatorio propio, ya sea directo o indiciario, es decir, que sea de tal suficiencia que desvirtúe esa inicial presunción de inocencia (por citar, la STS de 10 de junio de 1.996). Ese derecho fundamental no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular ( artículo 11.1º Declaración de Derechos Humanos de 1.948, artículo 14.2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1.966 y artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas de 1.950), sino que ha de ser la acusación quien corra con la carga de la prueba, la cual solo podrá desvirtuar tal derecho fundamental conforme a la prueba obtenida y con el contenido necesario para que sea declarada suficiente, extendiéndose a dos elementos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado ( SSTS de 6 de febrero y de 21 de marzo de 1.995).

TERCERO.-Sentado lo que precede y entrando ya en el fondo de esta litispenal que nos ocupa, en el caso enjuiciado hemos de afirmar que las pruebas practicadas en el acto del juicio nos permite concluir únicamente que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de tenencia ilícita de arma de fuego corta reglamentada, careciendo de las licencias o permisos necesarios del artículo 564.1-1º del Código Penal, del que la doctrina jurisprudencial (por citar la STS 19/04/2024, con remisión a que otra STS 536/2018, de 8 de noviembre) destaca que estamos ante un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión de arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida , a todos aquéllos que conociendo su existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición.

En cuanto al elemento subjetivo que esta infracción penal precisa se requiere que, junto al "corpus"(detentación, posesión o disponibilidad real mediata o inmediata), concurra el "animus possidendi",o simplemente "detinendi",no siendo indispensable un "animus domini"o "rem sibi habendi",lo que se traduce en una relación entre la persona y el arma que, permitiendo la disponibilidad de la misma, haga factible su utilización merced a la libre voluntad del agente, uso relacionado con el destino o función que es inherente al arma de fuego, ausente siempre la preceptiva cobertura reglamentaria.

El delito de constante referencia exige una relación de hecho con el arma que se puede desdoblar en un "hábeas",consistente en la relación física con el arma, que no precisa ser material y constante, pues tal elemento radica en la disponibilidad de la misma por el agente o sujeción a su voluntad, por lo que el "hábeas"se da tanto portando o llevando consigo el agente el arma, como manteniéndola guardada en su domicilio u ocultándola en otro lugar, con tal de que mantenga aquella disponibilidad o dominio de hecho sobre la misma (así igualmente las SSTS de 7 octubre 1987, de 17 de abril de 1990, de 3 febrero de 1992 o de 22 octubre de 1993 ); y un "animus",que no precisa consistir en el "animus rei sibi habendi",en cuanto la tenencia del arma puede ocurrir en situaciones en que el agente no pretenda adquirir su propiedad o incorporarla a su patrimonio, sino que la posea o detente aun reconociendo la propiedad de un tercero sobre tal arma, configurándose como suficiente soporte anímico de la tenencia tanto el "animus possidendi",como el más inferior "animus detinendi",siempre que se dé la detentación y disponibilidad propias del "hábeas",excluyendo solamente de la conducta típica los supuestos llamados de "tenencia fugaz", como serían los de mera detentación a efectos de contemplación o examen, reparación del arma o de simple transmisión a terceros (por todas la STS de 4 de febrero de 1994).

Y tales extremos han quedado perfectamente acreditados en el caso de autos conforme al relato de hechos que conforma esta sentencia.

Además, podemos anticipar que de tal infracción penal resultaría criminalmente responsable, en concepto de autor, el único acusado a quién se le atribuía, Casiano, que era a quién pertenecía y conducía el turismo en cuya guantera se localizó la referida arma de fuego que se ha detallada en la redacción fáctica de esta sentencia, esto es, quién la detentaba y tenía la disponibilidad exclusiva de ella.

Así, en esta ocasión se ha contado con esa mínima actividad probatoria de cargo como para considerar desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al mentado acusado.

Resultan los hechos declarados probados de la valoración conjunta de la prueba practicada consistente en las manifestaciones del propio acusado Sr. Casiano, junto a la testifical de varios funcionarios de la Policía Local que depusieron en el acto del juicio (nº NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005) y que sometieron a contradicción el contenido de las diligencias policiales que denotaban el desarrollo de la actuación policial, junto al informe sobre pistola y cartuchería confeccionado por el Laboratorio de Balística Forense de la Policía Nacional que no resultó impugnado y se valoró como prueba documental (folios 100 y siguientes) y la constancia de que el acusado carece de licencia o autorización (folio 115).

Aludiendo precisamente a la declaración del acusado, Sr. Casiano, debemos poner de relieve que no se discutió su participación en dicho ilícito penal tal y como predicaba la acusación pública, como así reconoció él mismo explícitamente en el plenario, confesando haber perpetrado tales hechos.

Ciertamente, tal declaración autoinculpatoria reúne los requisitos que son comunes a cualquier tipo de declaración o manifestación y que se reduce a las exigencias de que sea no sólo espontánea, sino también libre y verdadera. El acusado reconoció los hechos que concretamente se le imputaban respecto esa arma de fuego y su defensa se mostró conforme con la calificación jurídica que plasmó el Ministerio Fiscal discrepando únicamente de la pena a imponer.

Siendo así además que, la admisión realizada por el acusado de los hechos que se le imputaban, constituye prueba de cargo apta para destruir la presunción de inocencia. En este sentido la jurisprudencia es unánime ( STS 1494/1997 de 10 de diciembre y 539/1998 de 11 de mayo, entre otras).

Además, como ya anticipamos, la conducta que se le reprocha penalmente en este particular ha sido verificada por el resto de la prueba practicada en el acto del juicio oral a la que ya nos referimos antes (testificales de funcionarios policiales y pericial no contradicha valorada como prueba documental).

Por todo ello la anunciada condena del acusado Casiano por el delito de tenencia ilícita de armas del que venía siendo acusado.

CUARTO.-Sentado lo que precede y entrando en el examen del delito contra la salud pública, hemos de anticipar que nuestra conclusión se ha orientado al dictado de una sentencia absolutoria por falta de pruebas suficientes en el sentido que seguidamente expondremos, como así bien había defendido su dirección letrada.

En este sentido y, en consonancia con lo que ya predicamos en el fundamento de derecho 2º de esta sentencia, en el proceso penal se debe partir del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, vinculante para todos los jueces y tribunales por imperativo del artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e interpretado según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que implica, en primer lugar, un desplazamiento de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión penal a la parte acusadora y, en segundo lugar, que dicha actividad probatoria sea suficiente para generar en el Juzgador la evidencia de la existencia no sólo de un hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado ( SSTC 31/81, 107/83, 124/83, 17/84, 141/86, 150/89, 134/91 ó 76/93). Tal actividad probatoria ha de sustentarse en auténticos actos de prueba obtenidos con estricto respeto a los derechos fundamentales y practicarse en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad, inmediación y publicidad ( SSTC 11/84, 50/86, 150/87, 31/81, 217/89 y 41/91) en relación con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A la luz de los anteriores presupuestos, en el presente caso se advierte en lo que concierne al reseñado delito de tráfico de drogas, sino un absoluto vacío probatorio, si un resultado tan débil de la actividad probatoria desarrollada en el acto del juicio oral, en virtud del cual la presunción de inocencia que ampara a tal acusado, debe considerarse incólume.

En un primer término hemos de señalar que no ha sido un aspecto controvertido el hallazgo de la droga por parte de la fuerza policial bajo las circunstancias que señalaron al deponer los agentes como testigos ni tampoco la naturaleza, cantidad, pureza y valor de esa droga, más concretamente de las distintas partidas halladas en poder de los ocupantes del turismo (acusado/testigo), como bien refleja la pericial sobre análisis de droga que obra como documental no impugnada a los folios 94 a 98.

A diferencia del reconocimiento de hechos efectuado por dicho acusado en lo que al delito de tenencia ilícita de armas competía, en el sentido que ya hemos analizado en el anterior fundamento de derecho, el mismo ha sido tajante en negar dos cuestiones. Por un lado, que la droga que él portaba, ya fuera directamente encima, ya fuera la localizada en la zona de su asiento en el interior del turismo, fuera destinada a la venta a terceras personas, sino que su destino era su propio consumo. Y por otro, que aquella otra que al mismo tiempo portaba su acompañante, Encarna., no tenía nada que ver con él y que pertenecía a la misma, quién también la adquirió para su consumo particular.

En este punto hechos de destacar que ambos, tanto el acusado como la testigo, han defendido de forma unísona y dada su condición de politoxicómanos, que la droga que se encontró en poder de cada uno de ellos -mediata o inmediatamente- les pertenecía particularmente, que la había adquirido antes del mismo proveedir y que pretendían consumirla por su lado, aunque ese día el acusado hubiera ofrecido parte de la suya a esa testigo para hacerlos juntos al encontrarse ambos en un ambiente de consumo lúdico desde hacía horas.

Uno y otro destacaron esa misma versión, cual fue que ella trabajaba en un bar y que el acusado es cliente. Que ese día ambos quedaron para consumir y que cuando acabó su turno los dos fueron juntos a adquirir la droga a la barriada de La Palmilla como en otras ocasiones, que cada uno compró la suya para su consumo por tiempo determinado de semanas, aunque ese mismo día después siguieron de fiesta y acudiendo a otros locales. Mas exactamente la testigo negó que la droga que ella tenía la hubiera adquirido del acusado. Cada uno dio las explicaciones oportunas sobre ello y acerca de la preguntas que les formularon acerca de ese consumo y como la adquirieron, su coste y el precio. Como ya señalamos, fueron concordantes en lo esencial de ese relato, como de la misma manera lo habían sido antes en sede judicial instructora.

La realidad de la condición de consumidores de los referidos y que ese día efectivamente ingirieron droga se ha visto confrontada por el resultado de sendas periciales forenses redactadas tras realizarse los correspondientes protocolos de toxicomanía cuando en un principio los dos depusieron como investigados en sede judicial instructora (documental, acusado Casiano., f 53 a 56; testigo Encarna., f 57 a 60) y de los análisis de orina a los que fueron sometidos (documental incorporada antes del juicio). Al mismo tiempo el acusado lo ha confirmado con más prueba documental aportada, además de pericial que fue sometida a contradicción en el plenario de la que se infería que el mentado ha venido sufriendo problemas psíquicos por el consumo de cocaína (citar al perito psiquiatra Arcadio.)

Debemos señalar que nos ha resultado en cierto modo sorprendente que, en un principio, habiendo intervenido en sede judicial instructora como investigados el hoy acusado Sr. Casiano y la testigo Sra. Encarna, sin embargo por el Juzgado de Instrucción se decidiera sobreseer las actuaciones respecto de esta última dejando a un margen del relato fáctico que se imputaba al citado acusado la droga que se encontró en poder de ésta (10 envoltorios de plástico termosellados que contenían cocaína con un un peso neto total de 2, 94 gramos y una pureza de 79, 71 % y un valor en el mercado ilícito en su venta por dosis de 715, 51 euros, para después al inicio del juicio oral no obstante seguir al margen de la causa dicha señora, modificar el Ministerio Fiscal esos hechos probados de sus conclusiones provisionales defendiendo que la droga que ella portaba se la vendió el acusado o dando a entender que este se la distribuyó de alguna forma o se la dio para esconderla ante la presencia policial, extremos que como ya analizamos antes, tal testigo ha desmentido rotundamente.

Ante este relato exculpatorio que expuso el acusado y que confirmó la testigo, se nos antoja esencial valorar el alcance de la prueba testifical que quedó representada en lo que cada uno de los agentes policiales refirieron acerca de su particular intervención y los aspectos que conocieron en el momento en el que fueron encontrando la sustancia estupefaciente en los términos que hemos considero probado y como no, de la actitud que aquellos ofrecían.

Pero mas allá del hallazgo objetivo de la droga en poder de las personas o en los lugares señalados, ninguno de tales funcionarios policiales antes referidos afirmaron haber observado al acusado materializar ningún acto de venta de drogas ese día, tan siquiera a la tan reseñada testigo. Tampoco llegaron a señalar que la testigo les dijeras que la droga que ella poseía procedía del acusado, esto es, que la adquiriera del mismo a cambio de precio ni tan siquiera que este se la hubiera facilitado. Por tanto la versión de que ambos fueron voluntariamente a adquirir cada uno la droga que portaba no puede descartarse.

En este estado de cosas, hemos de poner de manifiesto que, en la prueba indiciaria, desde un punto de vista formal, la verificación del control se concreta en que el Tribunal sentenciador haga expresión circunstanciada de los indicios o hechos base acreditados y el razonamiento que, partiendo de aquellos, llegue al hecho consecuencia que se quiera acreditar. Desde el punto de vista material, el control se centra en que sean varios los indicios o uno solo de especial potencia acreditativa, que estén interrelacionados entre sí y no destruidos por contraindicios. Finalmente que el juicio de inferencia entendido como "...enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano..." en términos del artículo 386 de la LEC. , sea razonable, estando constituida, en definitiva, la esencia del control casacional en relación a la prueba indiciaria sobre el "juicio de razonabilidad" de dicha inferencia, en la medida que la declaración de culpabilidad fundada en prueba indiciaria, debe aparecer como la única certeza a la que se puede llegar en el caso enjuiciado, porque ese juicio de inferencia del que se deriva la culpabilidad, debe ser estimado como la única certeza posible, con exclusión de cualquier duda razonable en tal sentido (entre otras, las SSTS de 27 de noviembre de 1.998, de 29 de septiembre de 2.000 y de 15 de marzo de 2.001).

Hemos de anticipar como primer juicio conclueynte y redundando en ello que no podríamos relacionar al acusado en modo alguno con la droga encontrada en poder de la testigo Encarna, y por ende, excluirle de cualquier responsabilidad criminal por esos 2, 94 gramos de cocaína con una pureza de 79, 71 % y un valor en el mercado ilícito en su venta por dosis de 715, 51 euros que la policía le incautó a ella.

La cuestión controvertida en ese proceso indiciario valorativo de la prueba quedaría reducido a poder o no afirmar si los 3,11 gramos de cocaína con una pureza del 78, 68 % y un valor en el mercado ilícito en su venta por dosis de 747, 11 euros que el acusado portaba en su bolsillo junto al otro 1, 01 gramo de esa misma droga con una pureza de 78, 51 % y un valor en el mercado ilícito en su venta por dosis de 242, 11 euros que tenía en su turismo se poseyeran por él con objeto de destinarla a su posterior venta y obtener el correspondiente beneficio económico en dinero, efectos y valores como defiende la acusación pública.

En este estado de cosas, refiriéndonos a la doctrina jurisprudencial sentada en los aspectos que aquí son de interés, hemos de prestar atención a la STS 807/2021, de 21 de octubre, que destaca que la condición de consumidor no excluye de manera absoluta el destino al tráfico, sino que en ese caso han de valorarse el resto de las circunstancias concurrentes, singularmente la cantidad de droga ocupada ( STS 484/2012, de 12 de junio y STS 2063/2002 de 23 de mayo, entre muchas otras).

De la misma manera, para acreditar el destino al tráfico en función de la cantidad de droga ocupada, sin concurrencia de ninguna acción de transmisión a terceros, es necesario atender a unas pautas o baremos orientativos basados en el cálculo del consumo medio de cada tipo de droga y en la fijación del máximo de días de provisión cubiertos habitualmente por el consumidor, baremos apoyados en las enseñanzas de la experiencia y en los datos facilitados por los organismos especializados, sin perjuicio de valorar el resto de las circunstancias concurrentes ( STS 1003/2002, de 1 de junio, 1251/2002, de 5 de julio y 773/2013, de 22 de octubre), entre otras).

Particularmente, tal doctrina jurisprudencial ha concretado estas pautas considerando que el destino al tráfico debe ser inferido y estimarse acreditado en los supuestos en que la droga aprehendida exceda del acopio medio de un consumidor durante 5 días. En lo que se refiere a la cocaína se ha fijado el consumo medio diario en aproximadamente 1,5 gramos, apoyándose en el criterio del Instituto Nacional de Toxicología, asumido con fines de unificación de criterios y seguridad jurídica por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 19 de octubre de 2001, infiriendo por ello la finalidad de tráfico en tenencias superiores a 7,5 gramos de cocaína ( STS 2063/2002 de 23 de mayo (EDJ 2003/30200) y STS 1778/2000 de 21 de octubre, entre otras).

Pero no puede obviarse, como así recuerda tal jurisprudencia, que dichos criterios no tiene un carácter absoluto pues este criterio, el del exceso de las necesidades de autoconsumo, es meramente orientativo y muy discutible y de dudosa eficacia si se quiere implantar de modo genérico. No cabe, consecuentemente, considerar que la detentación de una determinada cantidad de sustancia tóxica, evidencia su destino al tráfico, pues se hace preciso comprobar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes ( STS 900/2003 de 17 de junio con remisión a otras como la STS 492/99, de 26 de marzo y 2371/2001, de 5 de diciembre). En estos mismos términos enseña la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 2063/2002 de 23 de mayo que "las declaraciones jurisprudenciales indicadoras de la cantidad de droga que puede estimarse destinada exclusivamente al consumo propio y de la que puede considerarse destinada a la distribución a terceros fijan unas pautas o baremos orientativos basados en el cálculo del consumo medio diario de cada clase de droga y en la determinación del máximo de días de provisión del estupefaciente cubiertos habitualmente por el consumidor y apoyados en las enseñanzas de la experiencia y en los datos facilitados por Organismos dedicados al estudio del fenómeno de la droga; y tales pautas orientativas no pueden coartar de una forma absoluta la libertad apreciativa y valorativa de las pruebas por parte del Tribunal de instancia, reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni impedir por tanto que dicho Órgano Judicial llegue a la conclusión de que el tenedor de la droga destinaba al propio consumo una cantidad superior a la fijada en tales módulos, teniendo en cuenta distintos datos obrantes en el procedimiento. Concretamente, en la sentencia 422/99, de 26 de marzo, se consideraron destinados al autoconsumo 26 grs. de cocaína, con una pureza del 70%, que suponían 18 gramos netos del estupefaciente, y en la sentencia de 22.6.2001, se reputó destinado al consumo del tenedor un montante de 40 grs. de cocaína con una concentración del 77%, que daba un importe neto de estupefaciente de 30 grs. y ocho decigramos".

En el presente caso existen elementos que no harían descabellado que la posesión de la cocaína por el acusado fuera atípica, con respaldo en la ya mentada figura del autoconsumo.

De este modo hemos conocido que tal acusado el día de los hechos había consumido dicha sustancia estupefaciente en un nivel alto, como se desprende en el caso del referido informe pericial médico-forense y el resultado de la analítica de orina que se efectuó y como del mismo modo de desprende del análisis de fluido oral que se llevó a efecto a instancia de la fuerza policial actuante.

También que no fue un consumo ocasional, sino que se enmarcaría en una situación de dependencia que se ha extendido en el tiempo según puso de relieve en el plenario el perito médico psiquiatra que lo viene reconociendo relacionando tal dependencia con problemas mentales que ha padecido.

Dada esa condición de consumidor la cantidad de droga incautada no superaría la cantidad establecida para el autoconsumo atípico.

Y mucho menos si redundamos en el hecho de que la droga que le fue incautada en el momento de los hechos al mismo, de quién no podemos olvidar no se refiere por la fuerza policial actuante que fueran visto realizando ninguna transacción.

Es cierto que el destino al tráfico puede ser inferido, aun cuando la cantidad ocupada no supere el baremo orientativo, en función de otros indicios, como son las modalidades de la posesión, el lugar de ocupación de la droga, la ocupación de material o instrumentos propios del tráfico, la clase y variedad de la droga ocupada, su distribución en unidades aptas para la venta, la capacidad adquisitiva del acusado en relación con el valor de la droga, la actitud adoptada al producirse la ocupación, las manipulaciones realizadas en la droga, la ocupación de cantidades de dinero cuya ausencia de justificación o elevada cantidad en metálico permita inferir su procedencia del tráfico, etc ( STS 832/1997, de 5 de junio (EDJ 1997/5130) y STS 1383/2011, de 21 de diciembre (EDJ 2011/312068), entre otras).

Pero lo elementos que en este caso han confluido, a criterio de esta Sala, no pueden ser considerados indicios determinantes para entender cometido el delito. Que el acusado llevara oculta o separada esa droga puede tener una explicación lógica, cual sería evitar que pueda ser descubierta e intervenida por la policía. Al mismo tiempo, la forma de encontrarse distribuida la sustancia estupefaciente incautada no revelaba la realización de un fácil o rápido acto de intercambio o transacción con un hipotético comprador en la vía pública,

Por otro lado, es cierto que el acusado portaba 1620 euros en billetes fraccionados pero la misma tampoco constituía en cada caso una cantidad elevada de la que inferir que su procedencia derivara exclusivamente de una venta anterior de droga, cuando ninguno de los agentes policiales que depusieron como testigos lo viera ejecutarla, pudiendo por el contrario obedecer a cualquier otra fuente de ingreso, fuera de la naturaleza que fuera, incluso la referida a la ayuda de sus hijos por sus necesidades económicas, pero alejada del menudeo.

En conclusión, el principio de presunción de inocencia, como derecho de rango constitucional, solo puede sucumbir ante una prueba de cargo válida y suficiente para erigir sobre ella "el andamiaje lógico y jurídico de una inculpación fundada", esto es, a partir de la cual pueda inferirse la culpabilidad del acusado de manera que no quepa estimar arbitraria, irracional o absurda, motivando un convencimiento que trascienda del mero juicio de probabilidad o verosimilitud, para instaurarse en el terreno de lo razonablemente acreditado (mencionar las SSTC de 2 de julio de 1.990 y 29 de septiembre de 1.997, y las SSTS de 30 de junio de 1.987 y de 20 de enero de 1.998), lo que no sucede en el presente caso.

A su vez, el principio in dubio pro reo,se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que, a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado ( STS 324/2021, de 21 de abril).

Por ello consideramos que no resultan indicios suficientes e inequívocos que conduzcan a demostrar la autoría del acusado en los hechos descritos anteriormente y que la acusación pública incardina en un delito contra la salud pública y, por ende, a un fallo condenatorio, pues deducir de ello su participación en el mismo con tales datos es una suposición en contra del reo proscrita en nuestro Derecho, cuando ello no es acompañado de ningún otro elemento probatorio que pudiera corroborar la convicción de culpabilidad que se pretende al existir una duda razonable acerca del propósito de poseer la sustancia para ser destinada al tráfico y no poder descartar la tesis de las defensas de encontrarnos ante un supuesto de consumo propio o autoconsumo como de persona adicta a la cocaína, en los términos exigidos por la jurisprudencia.

De ahí la anticipada absolución del acusado de ese delito contra la salud pública.

QUINTO.-En la comisión del expresado delito de tenencia ilícita armas no han concurrido en el acusado circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal.

SEXTO.-En cuanto a la penalidad, acreditada la comisión de los hechos y la participación que en ellos tuvo tal acusado, hemos de destacar que, si bien no sería reincidente, ya le constaba una condena penal por este mismo delito aunque susceptible de ser cancelada, además de su trayectoria delictiva atesorando una responsabilidad criminal reflejada en la comisión de delitos de distinta naturaleza tales como el tráfico de drogas o contra la seguridad vial. A ello sobre todo y centrando la atención en los demás elementos concurrentes en este caso respecto del delito objeto de condena, resaltamos que fue voluntad del mismo ocultar la existencia del arma a la fuerza policial actuante -no siendo sino hasta el plenario cuando asumió su responsabilidad penal por ello-, como las características de ese arma de fuego que poseía, con cinco proyectiles y cargador preparada y apta para disparar, colocada además en una zona del vehículo de fácil y rápido acceso a ella para su inmediato uso en caso de haberlo deseado hacer, cuestión esta además que en esta ocasión se acompañada del peligro que suponía su estado de inhibición y ajeno a mecanismo de control en ese potencial uso derivado del consumo de alcohol y drogas que presentaba el día de autos.

Partiendo de tales aseveraciones, consideramos procedente imponerle, teniendo en cuenta las penas prevista en el artículo 564.1-1º (castigado con prisión de 1 a 2 años), la de 1 año y 3 meses de prisión con accesorias legales correspondientes, situada en la mitad inferior del marco penológico aplicable que consideramos ajustada al reproche penal del que lo consideramos merecedor (la acusación pública interesó la máxima de 2 años y la defensa la mínima de 1 año).

SÉPTIMO.-De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal procede imponer al acusado condenado el abono de la de las costas del procedimiento en lo que al delito por el que ha sido condenado concierne.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es de mencionar que las costas procesales no se impondrán nunca al acusado absuelto, por lo que resulta procedente la declaración de costas de oficio en relación a los delitos contra la salud pública y contra la seguridad vial que no han formado parte de la condena, de acuerdo con lo estipulado en el número primero del mencionado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,