Sentencia Penal 126/2026 Audiencia Provincial Penal nº 8 de Asturias, Rec. 40/2022 de 31 de marzo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio oral, toda vez que:

1º) El testimonio de cargo prestado en el acto del juicio por Isabel y Herminia, corroborando sustancialmente sus anteriores manifestaciones prestadas tanto en sede policial como judicial - véanse los folios nº 7 a 9 y 11 a 15 del acontecimiento nº 1, el acontecimiento nº 36, el acontecimiento nº 51, los folios nº 31, 149 y 150 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 115 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, así como los coincidentes reconocimientos en rueda del acusado Artemio como uno de los partícipes en la criminal actuación objeto de enjuiciamiento - véanse los folios 1 a 4 del acontecimiento nº 165 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - permite constatar la realidad de los hechos descritos en el punto 1º del relato de hechos probados de la presente resolución.

2º) No obsta a esta conclusión, en lo atinente a los hechos perpetrados por Artemio, la documentación de descargo - véase el acontecimiento nº 258 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - pretendidamente acreditativa de una imposibilidad de encontrarse en el ámbito temporal y espacial de referencia, toda vez que, si bien es cierto que aquella documentación constata determinada intervención quirúrgica tenida lugar el día 06/08/2020 dimanante de un siniestro circulatorio acontecido el día 28/07/2020 que pudiera determinar una limitación de la capacidad de deambulación de Artemio, no lo es menos que la misma documentación no patentiza en modo alguno un verdadero impedimento que no hiciera posible tal deambulación - ya plena, ya limitada - el día 28/08/2020, dado que se refleja la posibilidad de valerse de una muleta para ello.

Así planteadas las cosas, contando, tal y como se ha reseñado anteriormente, con diversos reconocimientos y testimonios de cargo que permiten constatar la presencia de Artemio en el ámbito temporal y espacial de referencia y no ofreciéndose por lo expuesto solventes mecanismos probatorios de descargo que permitan poner en cuestión las conclusiones que de tales reconocimientos y testimonios se derivan, no cabe por menos de reputar debidamente acreditada la indicada presencia.

3º) En relación con el comportamiento desarrollado por Filomena, varios son los elementos que no hacen sino apuntalar la debida acreditación de la tesis de cargo en relación con aquella, elementos que cabe sistematizar en los siguientes términos:

3.1 A la vista del testimonio prestado en el acto del juicio por Delia y Herminia, cabe apreciar que resulta inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - que aquella, tras atar Delia y Herminia, pudo, a diferencia de estas, liberarse sin dificultad alguna de las aparentes ataduras que Artemio y un tercero realizaron a Filomena.

3.2. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como criolla labrado con greca de color dorado,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que ella llevaba puesto el día en que tuvo lugar la perpetración delictiva objeto de enjuiciamiento - véanse, a estos efectos, los folios nº 19, 31, 33, 34 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 72 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, nuevamente, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

3.3. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como pendiente suelto dorado tipo criolla labrado alternado con lisa,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que se encontraba en el domicilio de Isabel sito en la DIRECCION003 de GIJÓN - véanse, a estos efectos, los acontecimientos nº 72, 115 y 137 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, ya por tercera vez, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

4º) Llegados a este punto, 1/ si durante los hechos inicialmente cometidos por Artemio y Filomena se produjo el ilícito desapoderamiento de las llaves del domicilio de Isabel, 2/ si con inmediatez temporal a tales hechos tuvo lugar una no consentida sustracción de efectos del interior de dicho domicilio, 3/ si, por si todo ello fuera poco, uno de tales efectos, en un momento posterior, se encontraba en poder precisamente de Filomena y 4/ si, una vez tomados en consideración los elementos anteriores, los reseñados acusados no acreditan debidamente la versión de descargo por su representación sostenida - que no habrían tenido participación en los hechos objeto de enjuiciamiento - no cabe por menos que concluir que no resulta ilógico, arbitrario o irrazonable, sino todo lo contrario, apreciar la presencia de plurales elementos no esencialmente desvirtuados por prueba alguna que determinan la condición de responsables predicable de los acusados en relación con las infracciones criminales de referencia y ello en forma de la común responsabilidad de aquellos - siquiera sea de forma mediata en los hechos acontecidos en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN -, ya que de otro modo no se explica, a ojos de un imparcial observador externo, tal carrusel de coincidencias tenidas lugar en relación con aquellos.

Estamos en presencia, en suma, de una conclusión inculpatoria en relación con la que no existe prueba directa pero sí de naturaleza indiciaria, apreciándose la concurrencia de todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos al efecto para su toma en consideración y conllevar un pronunciamiento condenatorio; véase, en este sentido, la sentencia dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 11/11/2013, donde recogiendo la jurisprudencia en la materia, señala, en su fundamento de Derecho 32º, que los requisitos formales y materiales de esta modalidad probatoria son:

1º) Desde el punto de vista formal:

a) Que la sentencia exprese cuales son los hechos base o indicios que se consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o inferencia.

b) Que la sentencia de cuenta del razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que - aun cuando pueda ser sucinta o escueta- es necesaria en el caso de la prueba indiciaria, para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

2º) Desde el punto de vista material los requisitos se refieren en primer lugar a los indicios, en sí mismos, y en segundo a la deducción o inferencia.

A) En cuanto a los indicios es necesario:

a) Que estén plenamente acreditados;

b) Que sean plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa;

c) Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar;

d) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.

B) Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

5º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 98 del procedimiento abreviado nº 040/2022 tramitado por este órgano jurisdiccional e incorporado al sistema informático HORUS - constata la valoración de los efectos sustraídos a Isabel no consistentes en dinero en efectivo y ello en los términos reflejados en el punto 1.6 del relato de hechos probados de la presente resolución.

6º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 53 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la entidad y naturaleza del detrimento en la integridad corporal padecido por Isabel a resultas del criminal actuar objeto de enjuiciamiento y ello en los términos reflejados en el punto 1.2 del relato de hechos probados de la presente resolución.

7º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios nº 36 a 42 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la realidad de la asistencia sanitaria reflejada en el punto 2º del relato de hechos probados de la presente resolución.

8º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 51 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la renuncia consignada en el punto 3º del relato de hechos probados de la presente resolución.

9º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios 294 y 295 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN - constata la carencia de antecedentes penales de las personas acusadas en los términos reflejados en el punto 4º del relato de hechos probados de la presente resolución.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados encuentran acomodo en el comportamiento criminal - lesiones agravadas - previsto en el artículo 148.1º del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal citado - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos, que la utilización de una empuñadura metálica de un arma de fuego para golpear partes tan sensibles de la víctima como sus ojos, cara o boca cabe configurarlo como empleo de instrumento peligroso y ello porque no cabe desconocer que el uso de aquella, dado el peso inmanente a tal efecto, incrementa notoriamente la potencialidad lesiva de la agresión de referencia y ello a diferencia de si solo se hubieran desarrollado puñetazos o golpes, por llamarlos así, comunessin el complemento de aquella empuñadura.

Cabe citar, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, la sentencia nº 353/2016 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 26/04/2016 que confirma la catalogación de la conducta allí enjuiciada como lesiones del artículo 148 del Código Penal y ello en un supuesto de uso del denominado puño americano,cuya estructura metálica permite apreciar evidentes similitudes con el medio comisivo utilizado en el concreto supuesto ahora sometido a la consideración de este tribunal.

Los hechos declarados probados encuentran igualmente acomodo, en lo atinente a la sustracción tenida lugar en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con fuerza en casa habitada mediante el uso de llaves falsas - previsto en los artículos 237, 238.4º, 239.2 y 241.1, párrafo 1 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -.

Los hechos declarados probados encuentran también acomodo, en lo atinente a lo acontecido en el interior de la vivienda sita en la DIRECCION002 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con violencia o intimidación mediante el uso de medios peligrosos - previsto en los artículos 237 y 242.1 y 3 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, sin que se aprecie que dicho robo pueda reconducirse al supuesto de casa habitada contemplado en el artículo 242.2 del Código Penal y ello en la medida en que no consta acreditado en modo alguno que el inmueble de referencia viniera destinado a constituir la morada de persona alguna, tal y como establece, a efectos definitorios, el artículo 241.3 del Código Penal, sino a actividades de prostitución.

Finalmente, no se aprecia, a diferencia de lo sostenido por la acusación particular, que resulte de aplicación el supuesto de detención ilegal contemplado en los artículos 163 y siguientes del Código Penal, toda vez que, en el concreto asunto sometido a la consideración de este tribunal, las inmovilizaciones de referencia se circunscribieron - temporalmente hablando - a la perpetración del robo con violencia o intimidación antes reseñado y ello hasta el punto de que fue una de sus autoras la que, tras la comisión delictiva acontecida, procedió a desatar a las víctimas de referencia, tal y como se ha reseñado en el punto 1.5 del relato de hechos probados de la presente resolución, a la vista de todo lo cual entra en juego el concurso de normas en la modalidad contemplada en el artículo 8, regla 3ª del Código Penal - que determina la inaplicabilidad del artículo 163 del Código Penal - y ello al integrarse la privación de libertad tenida lugar en la violencia inmanente a la sustracción acontecida en el interior del inmueble donde se produjo aquella privación.

Abona este planteamiento el consolidado criterio jurisprudencial en la materia representado por la sentencia nº 685/2012 dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 20/09/2012 en la que se reseña que la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, que se plasma, entre muchas otras, en la STS de 29 de diciembre de 2007 , o las de 5 de mayo y 13 de octubre de 2010 , distingue en el plano teórico nítidamente tres situaciones distintas. Así, la STS 337/2004 , con cita de copiosa jurisprudencia precedente, definiendo la relación del delito de robo con intimidación y el de detención ilegal, expone que existirá concurso de normas únicamente en aquellos supuestos de mínima duración temporal, en los que la detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento, es decir, mientras se desarrolla la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer, y la privación de la libertad ambulatoria de la víctima queda limitada al tiempo e intensidad estrictamente necesarios para efectuar el despojo conforme a la dinámica comisiva empleada, entendiendo que sólo en estos casos la detención ilegal queda absorbida por el robo, teniendo en cuenta que este delito con violencia o intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad ambulatoria del perjudicado ( artículo 8.3 CP ) (también SSTS 1632 y 1706/2002 , 372/2003 o 931 y 1134/2004 ), como ocurre en los casos de mínima privación de libertad en caso de acudir a un cajero automático, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala. Debemos señalar a este respecto que es indiferente que el propósito del sujeto activo sea desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, en la medida que ello no implica la ausencia del dolo propio de la detención ilegal (basta que la acción sea voluntaria y el conocimiento del agente abarque el hecho de la privación de libertad), pues el mencionado propósito no es otra cosa que el móvil que guía al autor y la trascendencia de su conducta no puede quedar a expensas de la mera discrecionalidad del mismo. En segundo lugar, precisamente en aquellos casos en que la privación de libertad ambulatoria no se limita al tiempo e intensidad necesarios para cometer el delito de robo con intimidación se dará el concurso ideal (en su modalidad medial) siempre que aquélla (la privación de libertad) constituya un medio necesario, en sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, pero su intensidad o duración excedan la mínima privación momentánea de libertad ínsita[sic] en la dinámica comisiva del delito contra la propiedad, afectando de un modo relevante y autónomo el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. Cuando la dinámica comisiva desplegada conlleva previa y necesariamente ( artículo 77.1 CP ) la inmovilización de la víctima como medio para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga de forma relevante excediendo del mínimo indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos. Por último, el concurso real entre ambos delitos se dará cuando la duración e intensidad de la privación de libertad, con independencia de su relación con el delito contra la propiedad, se aparta notoriamente de su dinámica comisiva, se desconecta de ésta por su manifiesto exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de medio necesario para la comisión del robo, excediendo de esta forma el alcance del concurso medial (encerrar o inmovilizar a la víctima indefinidamente con independencia del tiempo empleado para perpetrar la acción de desapoderamiento).

TERCERO.-De los expresados delitos son criminalmente responsables las personas respectivamente acusadas por cada uno de ellos en concepto de autores - bien por su directa realización en cumplimiento de un plan conjunto previamente elaborado bien por haber desarrollado actos tales como la colaboración para la entrega de llaves falsas que permitieron el acceso a uno de los inmuebles sustraídos o la inmovilización de las víctimas de referencia sin los cuales aquellos delitos no habrían tenido lugar - por la ejecución material y voluntaria que llevaron a cabo de los mismos conforme al artículo 28 del Código Penal, extremos que han quedado acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento primero de la presente resolución.

A ello cabe añadir que nos encontramos ante un supuesto de coautoría en el que las personas acusadas contribuyeron decisivamente en la realización de, cuanto menos, un aspecto relevante de los ilícitos criminales de referencia, pudiendo haber detenido y/o evitado el desarrollo de la dinámica que integraba los mentados ilícitos, lo que no tuvo lugar y sí una efectiva materialización de actos sucesivos reveladores de su verdadero propósito que no era otro que el de ejecutar un plan preconcebido dirigido a alcanzar la ilícita sustracción de determinados efectos ajenos.

En este sentido, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, cabe tener en cuenta la sentencia nº 603/2015 dictada por la sección 1ª de la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 06/10/2015 en la que se señala que la jurisprudencia de esta Sala sobre la coautoría por condominio funcional del hecho puede sintetizarse, a tenor de las resoluciones dictadas (529/2005, de 27-4; 1315/2005, de 10-11; 497/2006, de 3-V; 1032/2006, de 25-10; 434/2007, de 16-5; 258/2007, de 19-7; 120/2008, de 27-2; 16/2009, de 27-1; 989/2009, de 29-9; 1028/2009, de 14-10; 338/2010, de 16-4; 383/2010, de 5-5; 708/2010, de 14-7; 1180/2010, de 22-12; 109/2012, de 14-2; 575/2012, de 3-7 y 729/2012, de 25-9, entre otras), en los siguientes apartados:

1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Ello requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y, de otra, un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.

2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a esta (coautoría adhesiva o sucesiva). Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

3) No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum sceleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.

4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que resulta imprescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando este ya se haya consumado.

5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el domino funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. A este respecto, se afirma que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones.

6) La realización conjunta del hecho solo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Solo pueden ser dominados los hechos que se conocen.

7) Cuando uno de los coautores "se excede" por su cuenta del plan acordado, sin que los demás lo consientan, el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca. De no entenderlo así se vulneraría el principio de responsabilidad subjetiva y el de culpabilidad por el hecho. No obstante, sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual.

CUARTO.-No concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la vista de lo cual tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 66.1.6ª, 148, 241 y 242 del Código Penal, cabría imponer, en abstracto, a las personas acusadas las siguientes penas:

Por el delito de lesiones: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada mediante el uso de llaves falsas: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con violencia o intimidación: prisión de 3 años, 6 meses y 1 día a 5 años.

Sentado lo anterior, vistas las peticiones formuladas por la parte acusadora y valorando que, si bien es cierto que estamos en presencia de delincuentes primarios, no lo es menos que no concurre circunstancia atenuante alguna que aconseje la imposición de la pena mínima legalmente prevista y que el comportamiento criminal objeto de enjuiciamiento estuvo revestido de un singular componente violento notoriamente generador de un relevante quebranto emocional e intranquilidad en las víctimas de referencia, se aprecia la procedencia de imponer por los delitos objeto de acusación las penas respectivas de 3 años - lesiones -, 3 años - robo con fuerza en las cosas - y 4 años - robo con violencia o intimidación - de prisión, penas estas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.2º del Código Penal y vista la petición formulada por la parte acusadora, habrán de llevar aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Finalmente, a la vista de las peticiones formuladas, cabe apreciar la procedencia de imponer a los acusados, valorando que el comportamiento de referencia tuvo un inmanente componente violento y que generó un relevante detrimento en la integridad corporal de una de las víctimas y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Penal, las prohibiciones correspondientes establecidas en el artículo 48.2 y 3 del Código Penal, prohibiciones que habrán de tener una duración de 1 año superior a las respectivas penas de prisión, todo ello en los términos que se recogerán en el fallo de la concurrente resolución.

QUINTO.-En lo atinente a la solicitada sustitución de las penas de prisión impuestas, apreciándose la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella ante la falta de elementos que permitan determinar fundadamente la presencia o no de un hipotético arraigo actual que pudiera condicionar el contenido de la decisión de referencia, se entiende procedente diferir el correspondiente pronunciamiento al trámite de ejecución de sentencia.

SEXTO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal, se aprecia la necesidad de realizar las siguientes consideraciones:

1/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de los hechos constitutivos de un delito de lesiones, hemos de partir del extremo de que Filomena no ha sido acusada por tal delito, a la vista de lo cual no se aprecia la viabilidad de exigirle el abono de cantidad alguna por tal concepto, debiendo ser Artemio el que asuma la correspondiente indemnización en virtud del mismo en su integridad, entendiéndose procedente, a la vista de la entidad del detrimento en la integridad corporal padecido por la víctima de referencia, acoger el planteamiento sostenido por el MINISTERIO FISCAL en este ámbito y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

2/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de la perpetración de sucesivos hechos determinantes de correlativos delitos de robo, se aprecia la procedencia de imponer su abono a los acusados de forma solidaria, dada la situación de coautoría en el que ambos se encuentran, y en la cuantía de 24.492 € correspondiente a la valoración del detrimento patrimonial ocasionado a la víctima de referencia y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

3/ En relación con la responsabilidad civil reclamada a favor de Herminia, hemos de tomar en consideración su renuncia a las acciones civiles obrante en las actuaciones, lo que determina la improcedencia de establecer cantidad alguna a su favor, dado que asumir como procedente la pretensión aquí examinada se aprecia, a la vista de las circunstancias en presencia, contrario a las previsiones normativas contenidas en los artículos 108 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello en la medida en que, si bien es cierto que el artículo 112 del Código Penal permite, en determinados supuestos, la revocación de una renuncia pretéritamente formulada durante la tramitación de un procedimiento penal dado, no lo es menos que tal hipotética revocación cuenta con un momento preclusivo representado por el trámite de calificación del delito contemplado en los artículos 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se compadece en modo alguno con lo aquí acontecido y ello haberse superado sobradamente tal trámite procesal en el momento en el que se efectúo la indicada revocación en el concreto supuesto sometido a la consideración de este tribunal.

En definitiva, habiendo la persona perjudicada formulado la correspondiente renuncia de forma clara y terminante - no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos - en la fase de instrucción del procedimiento de referencia y constatándose que la mentada revocación tuvo lugar en el acto del juicio, cabe concluir la improcedencia de establecer pronunciamiento estimatorio en relación con el concepto que aquí se examina.

SÉPTIMO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de imposición de costas, tal y como se reseña en la sentencia nº 72/2021 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 28/01/2021, cuando hay varios delitos imputados y existe condena por unos y no por otros, se han de hacer las partes correspondientes para imponer las costas respecto de aquellas infracciones por las que se condena y declararlas de oficio en relación a las que fueron objeto de absolución, y lo mismo cuando hay varias personas acusadas y unas son absueltas y otras no.

Así planteadas las cosas, siendo 7 los delitos objeto de acusación y conllevando el dictado de la presente resolución la condena por la comisión de 5 de ellos, se aprecia la procedencia de imponer a cada uno de los acusados el pago de la correspondiente parte proporcional que se señalará seguidamente en el fallo en atención al concreto número de delitos en relación con los que cada uno de ellos es efectivamente condenado, declarándose el resto de oficio y ello con inclusión de la parte correspondiente a la acusación particular.

Con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio oral, toda vez que:

1º) El testimonio de cargo prestado en el acto del juicio por Isabel y Herminia, corroborando sustancialmente sus anteriores manifestaciones prestadas tanto en sede policial como judicial - véanse los folios nº 7 a 9 y 11 a 15 del acontecimiento nº 1, el acontecimiento nº 36, el acontecimiento nº 51, los folios nº 31, 149 y 150 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 115 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, así como los coincidentes reconocimientos en rueda del acusado Artemio como uno de los partícipes en la criminal actuación objeto de enjuiciamiento - véanse los folios 1 a 4 del acontecimiento nº 165 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - permite constatar la realidad de los hechos descritos en el punto 1º del relato de hechos probados de la presente resolución.

2º) No obsta a esta conclusión, en lo atinente a los hechos perpetrados por Artemio, la documentación de descargo - véase el acontecimiento nº 258 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - pretendidamente acreditativa de una imposibilidad de encontrarse en el ámbito temporal y espacial de referencia, toda vez que, si bien es cierto que aquella documentación constata determinada intervención quirúrgica tenida lugar el día 06/08/2020 dimanante de un siniestro circulatorio acontecido el día 28/07/2020 que pudiera determinar una limitación de la capacidad de deambulación de Artemio, no lo es menos que la misma documentación no patentiza en modo alguno un verdadero impedimento que no hiciera posible tal deambulación - ya plena, ya limitada - el día 28/08/2020, dado que se refleja la posibilidad de valerse de una muleta para ello.

Así planteadas las cosas, contando, tal y como se ha reseñado anteriormente, con diversos reconocimientos y testimonios de cargo que permiten constatar la presencia de Artemio en el ámbito temporal y espacial de referencia y no ofreciéndose por lo expuesto solventes mecanismos probatorios de descargo que permitan poner en cuestión las conclusiones que de tales reconocimientos y testimonios se derivan, no cabe por menos de reputar debidamente acreditada la indicada presencia.

3º) En relación con el comportamiento desarrollado por Filomena, varios son los elementos que no hacen sino apuntalar la debida acreditación de la tesis de cargo en relación con aquella, elementos que cabe sistematizar en los siguientes términos:

3.1 A la vista del testimonio prestado en el acto del juicio por Delia y Herminia, cabe apreciar que resulta inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - que aquella, tras atar Delia y Herminia, pudo, a diferencia de estas, liberarse sin dificultad alguna de las aparentes ataduras que Artemio y un tercero realizaron a Filomena.

3.2. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como criolla labrado con greca de color dorado,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que ella llevaba puesto el día en que tuvo lugar la perpetración delictiva objeto de enjuiciamiento - véanse, a estos efectos, los folios nº 19, 31, 33, 34 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 72 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, nuevamente, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

3.3. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como pendiente suelto dorado tipo criolla labrado alternado con lisa,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que se encontraba en el domicilio de Isabel sito en la DIRECCION003 de GIJÓN - véanse, a estos efectos, los acontecimientos nº 72, 115 y 137 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, ya por tercera vez, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

4º) Llegados a este punto, 1/ si durante los hechos inicialmente cometidos por Artemio y Filomena se produjo el ilícito desapoderamiento de las llaves del domicilio de Isabel, 2/ si con inmediatez temporal a tales hechos tuvo lugar una no consentida sustracción de efectos del interior de dicho domicilio, 3/ si, por si todo ello fuera poco, uno de tales efectos, en un momento posterior, se encontraba en poder precisamente de Filomena y 4/ si, una vez tomados en consideración los elementos anteriores, los reseñados acusados no acreditan debidamente la versión de descargo por su representación sostenida - que no habrían tenido participación en los hechos objeto de enjuiciamiento - no cabe por menos que concluir que no resulta ilógico, arbitrario o irrazonable, sino todo lo contrario, apreciar la presencia de plurales elementos no esencialmente desvirtuados por prueba alguna que determinan la condición de responsables predicable de los acusados en relación con las infracciones criminales de referencia y ello en forma de la común responsabilidad de aquellos - siquiera sea de forma mediata en los hechos acontecidos en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN -, ya que de otro modo no se explica, a ojos de un imparcial observador externo, tal carrusel de coincidencias tenidas lugar en relación con aquellos.

Estamos en presencia, en suma, de una conclusión inculpatoria en relación con la que no existe prueba directa pero sí de naturaleza indiciaria, apreciándose la concurrencia de todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos al efecto para su toma en consideración y conllevar un pronunciamiento condenatorio; véase, en este sentido, la sentencia dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 11/11/2013, donde recogiendo la jurisprudencia en la materia, señala, en su fundamento de Derecho 32º, que los requisitos formales y materiales de esta modalidad probatoria son:

1º) Desde el punto de vista formal:

a) Que la sentencia exprese cuales son los hechos base o indicios que se consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o inferencia.

b) Que la sentencia de cuenta del razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que - aun cuando pueda ser sucinta o escueta- es necesaria en el caso de la prueba indiciaria, para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

2º) Desde el punto de vista material los requisitos se refieren en primer lugar a los indicios, en sí mismos, y en segundo a la deducción o inferencia.

A) En cuanto a los indicios es necesario:

a) Que estén plenamente acreditados;

b) Que sean plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa;

c) Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar;

d) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.

B) Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

5º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 98 del procedimiento abreviado nº 040/2022 tramitado por este órgano jurisdiccional e incorporado al sistema informático HORUS - constata la valoración de los efectos sustraídos a Isabel no consistentes en dinero en efectivo y ello en los términos reflejados en el punto 1.6 del relato de hechos probados de la presente resolución.

6º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 53 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la entidad y naturaleza del detrimento en la integridad corporal padecido por Isabel a resultas del criminal actuar objeto de enjuiciamiento y ello en los términos reflejados en el punto 1.2 del relato de hechos probados de la presente resolución.

7º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios nº 36 a 42 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la realidad de la asistencia sanitaria reflejada en el punto 2º del relato de hechos probados de la presente resolución.

8º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 51 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la renuncia consignada en el punto 3º del relato de hechos probados de la presente resolución.

9º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios 294 y 295 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN - constata la carencia de antecedentes penales de las personas acusadas en los términos reflejados en el punto 4º del relato de hechos probados de la presente resolución.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados encuentran acomodo en el comportamiento criminal - lesiones agravadas - previsto en el artículo 148.1º del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal citado - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos, que la utilización de una empuñadura metálica de un arma de fuego para golpear partes tan sensibles de la víctima como sus ojos, cara o boca cabe configurarlo como empleo de instrumento peligroso y ello porque no cabe desconocer que el uso de aquella, dado el peso inmanente a tal efecto, incrementa notoriamente la potencialidad lesiva de la agresión de referencia y ello a diferencia de si solo se hubieran desarrollado puñetazos o golpes, por llamarlos así, comunessin el complemento de aquella empuñadura.

Cabe citar, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, la sentencia nº 353/2016 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 26/04/2016 que confirma la catalogación de la conducta allí enjuiciada como lesiones del artículo 148 del Código Penal y ello en un supuesto de uso del denominado puño americano,cuya estructura metálica permite apreciar evidentes similitudes con el medio comisivo utilizado en el concreto supuesto ahora sometido a la consideración de este tribunal.

Los hechos declarados probados encuentran igualmente acomodo, en lo atinente a la sustracción tenida lugar en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con fuerza en casa habitada mediante el uso de llaves falsas - previsto en los artículos 237, 238.4º, 239.2 y 241.1, párrafo 1 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -.

Los hechos declarados probados encuentran también acomodo, en lo atinente a lo acontecido en el interior de la vivienda sita en la DIRECCION002 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con violencia o intimidación mediante el uso de medios peligrosos - previsto en los artículos 237 y 242.1 y 3 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, sin que se aprecie que dicho robo pueda reconducirse al supuesto de casa habitada contemplado en el artículo 242.2 del Código Penal y ello en la medida en que no consta acreditado en modo alguno que el inmueble de referencia viniera destinado a constituir la morada de persona alguna, tal y como establece, a efectos definitorios, el artículo 241.3 del Código Penal, sino a actividades de prostitución.

Finalmente, no se aprecia, a diferencia de lo sostenido por la acusación particular, que resulte de aplicación el supuesto de detención ilegal contemplado en los artículos 163 y siguientes del Código Penal, toda vez que, en el concreto asunto sometido a la consideración de este tribunal, las inmovilizaciones de referencia se circunscribieron - temporalmente hablando - a la perpetración del robo con violencia o intimidación antes reseñado y ello hasta el punto de que fue una de sus autoras la que, tras la comisión delictiva acontecida, procedió a desatar a las víctimas de referencia, tal y como se ha reseñado en el punto 1.5 del relato de hechos probados de la presente resolución, a la vista de todo lo cual entra en juego el concurso de normas en la modalidad contemplada en el artículo 8, regla 3ª del Código Penal - que determina la inaplicabilidad del artículo 163 del Código Penal - y ello al integrarse la privación de libertad tenida lugar en la violencia inmanente a la sustracción acontecida en el interior del inmueble donde se produjo aquella privación.

Abona este planteamiento el consolidado criterio jurisprudencial en la materia representado por la sentencia nº 685/2012 dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 20/09/2012 en la que se reseña que la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, que se plasma, entre muchas otras, en la STS de 29 de diciembre de 2007 , o las de 5 de mayo y 13 de octubre de 2010 , distingue en el plano teórico nítidamente tres situaciones distintas. Así, la STS 337/2004 , con cita de copiosa jurisprudencia precedente, definiendo la relación del delito de robo con intimidación y el de detención ilegal, expone que existirá concurso de normas únicamente en aquellos supuestos de mínima duración temporal, en los que la detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento, es decir, mientras se desarrolla la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer, y la privación de la libertad ambulatoria de la víctima queda limitada al tiempo e intensidad estrictamente necesarios para efectuar el despojo conforme a la dinámica comisiva empleada, entendiendo que sólo en estos casos la detención ilegal queda absorbida por el robo, teniendo en cuenta que este delito con violencia o intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad ambulatoria del perjudicado ( artículo 8.3 CP ) (también SSTS 1632 y 1706/2002 , 372/2003 o 931 y 1134/2004 ), como ocurre en los casos de mínima privación de libertad en caso de acudir a un cajero automático, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala. Debemos señalar a este respecto que es indiferente que el propósito del sujeto activo sea desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, en la medida que ello no implica la ausencia del dolo propio de la detención ilegal (basta que la acción sea voluntaria y el conocimiento del agente abarque el hecho de la privación de libertad), pues el mencionado propósito no es otra cosa que el móvil que guía al autor y la trascendencia de su conducta no puede quedar a expensas de la mera discrecionalidad del mismo. En segundo lugar, precisamente en aquellos casos en que la privación de libertad ambulatoria no se limita al tiempo e intensidad necesarios para cometer el delito de robo con intimidación se dará el concurso ideal (en su modalidad medial) siempre que aquélla (la privación de libertad) constituya un medio necesario, en sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, pero su intensidad o duración excedan la mínima privación momentánea de libertad ínsita[sic] en la dinámica comisiva del delito contra la propiedad, afectando de un modo relevante y autónomo el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. Cuando la dinámica comisiva desplegada conlleva previa y necesariamente ( artículo 77.1 CP ) la inmovilización de la víctima como medio para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga de forma relevante excediendo del mínimo indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos. Por último, el concurso real entre ambos delitos se dará cuando la duración e intensidad de la privación de libertad, con independencia de su relación con el delito contra la propiedad, se aparta notoriamente de su dinámica comisiva, se desconecta de ésta por su manifiesto exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de medio necesario para la comisión del robo, excediendo de esta forma el alcance del concurso medial (encerrar o inmovilizar a la víctima indefinidamente con independencia del tiempo empleado para perpetrar la acción de desapoderamiento).

TERCERO.-De los expresados delitos son criminalmente responsables las personas respectivamente acusadas por cada uno de ellos en concepto de autores - bien por su directa realización en cumplimiento de un plan conjunto previamente elaborado bien por haber desarrollado actos tales como la colaboración para la entrega de llaves falsas que permitieron el acceso a uno de los inmuebles sustraídos o la inmovilización de las víctimas de referencia sin los cuales aquellos delitos no habrían tenido lugar - por la ejecución material y voluntaria que llevaron a cabo de los mismos conforme al artículo 28 del Código Penal, extremos que han quedado acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento primero de la presente resolución.

A ello cabe añadir que nos encontramos ante un supuesto de coautoría en el que las personas acusadas contribuyeron decisivamente en la realización de, cuanto menos, un aspecto relevante de los ilícitos criminales de referencia, pudiendo haber detenido y/o evitado el desarrollo de la dinámica que integraba los mentados ilícitos, lo que no tuvo lugar y sí una efectiva materialización de actos sucesivos reveladores de su verdadero propósito que no era otro que el de ejecutar un plan preconcebido dirigido a alcanzar la ilícita sustracción de determinados efectos ajenos.

En este sentido, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, cabe tener en cuenta la sentencia nº 603/2015 dictada por la sección 1ª de la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 06/10/2015 en la que se señala que la jurisprudencia de esta Sala sobre la coautoría por condominio funcional del hecho puede sintetizarse, a tenor de las resoluciones dictadas (529/2005, de 27-4; 1315/2005, de 10-11; 497/2006, de 3-V; 1032/2006, de 25-10; 434/2007, de 16-5; 258/2007, de 19-7; 120/2008, de 27-2; 16/2009, de 27-1; 989/2009, de 29-9; 1028/2009, de 14-10; 338/2010, de 16-4; 383/2010, de 5-5; 708/2010, de 14-7; 1180/2010, de 22-12; 109/2012, de 14-2; 575/2012, de 3-7 y 729/2012, de 25-9, entre otras), en los siguientes apartados:

1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Ello requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y, de otra, un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.

2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a esta (coautoría adhesiva o sucesiva). Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

3) No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum sceleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.

4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que resulta imprescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando este ya se haya consumado.

5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el domino funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. A este respecto, se afirma que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones.

6) La realización conjunta del hecho solo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Solo pueden ser dominados los hechos que se conocen.

7) Cuando uno de los coautores "se excede" por su cuenta del plan acordado, sin que los demás lo consientan, el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca. De no entenderlo así se vulneraría el principio de responsabilidad subjetiva y el de culpabilidad por el hecho. No obstante, sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual.

CUARTO.-No concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la vista de lo cual tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 66.1.6ª, 148, 241 y 242 del Código Penal, cabría imponer, en abstracto, a las personas acusadas las siguientes penas:

Por el delito de lesiones: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada mediante el uso de llaves falsas: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con violencia o intimidación: prisión de 3 años, 6 meses y 1 día a 5 años.

Sentado lo anterior, vistas las peticiones formuladas por la parte acusadora y valorando que, si bien es cierto que estamos en presencia de delincuentes primarios, no lo es menos que no concurre circunstancia atenuante alguna que aconseje la imposición de la pena mínima legalmente prevista y que el comportamiento criminal objeto de enjuiciamiento estuvo revestido de un singular componente violento notoriamente generador de un relevante quebranto emocional e intranquilidad en las víctimas de referencia, se aprecia la procedencia de imponer por los delitos objeto de acusación las penas respectivas de 3 años - lesiones -, 3 años - robo con fuerza en las cosas - y 4 años - robo con violencia o intimidación - de prisión, penas estas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.2º del Código Penal y vista la petición formulada por la parte acusadora, habrán de llevar aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Finalmente, a la vista de las peticiones formuladas, cabe apreciar la procedencia de imponer a los acusados, valorando que el comportamiento de referencia tuvo un inmanente componente violento y que generó un relevante detrimento en la integridad corporal de una de las víctimas y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Penal, las prohibiciones correspondientes establecidas en el artículo 48.2 y 3 del Código Penal, prohibiciones que habrán de tener una duración de 1 año superior a las respectivas penas de prisión, todo ello en los términos que se recogerán en el fallo de la concurrente resolución.

QUINTO.-En lo atinente a la solicitada sustitución de las penas de prisión impuestas, apreciándose la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella ante la falta de elementos que permitan determinar fundadamente la presencia o no de un hipotético arraigo actual que pudiera condicionar el contenido de la decisión de referencia, se entiende procedente diferir el correspondiente pronunciamiento al trámite de ejecución de sentencia.

SEXTO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal, se aprecia la necesidad de realizar las siguientes consideraciones:

1/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de los hechos constitutivos de un delito de lesiones, hemos de partir del extremo de que Filomena no ha sido acusada por tal delito, a la vista de lo cual no se aprecia la viabilidad de exigirle el abono de cantidad alguna por tal concepto, debiendo ser Artemio el que asuma la correspondiente indemnización en virtud del mismo en su integridad, entendiéndose procedente, a la vista de la entidad del detrimento en la integridad corporal padecido por la víctima de referencia, acoger el planteamiento sostenido por el MINISTERIO FISCAL en este ámbito y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

2/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de la perpetración de sucesivos hechos determinantes de correlativos delitos de robo, se aprecia la procedencia de imponer su abono a los acusados de forma solidaria, dada la situación de coautoría en el que ambos se encuentran, y en la cuantía de 24.492 € correspondiente a la valoración del detrimento patrimonial ocasionado a la víctima de referencia y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

3/ En relación con la responsabilidad civil reclamada a favor de Herminia, hemos de tomar en consideración su renuncia a las acciones civiles obrante en las actuaciones, lo que determina la improcedencia de establecer cantidad alguna a su favor, dado que asumir como procedente la pretensión aquí examinada se aprecia, a la vista de las circunstancias en presencia, contrario a las previsiones normativas contenidas en los artículos 108 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello en la medida en que, si bien es cierto que el artículo 112 del Código Penal permite, en determinados supuestos, la revocación de una renuncia pretéritamente formulada durante la tramitación de un procedimiento penal dado, no lo es menos que tal hipotética revocación cuenta con un momento preclusivo representado por el trámite de calificación del delito contemplado en los artículos 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se compadece en modo alguno con lo aquí acontecido y ello haberse superado sobradamente tal trámite procesal en el momento en el que se efectúo la indicada revocación en el concreto supuesto sometido a la consideración de este tribunal.

En definitiva, habiendo la persona perjudicada formulado la correspondiente renuncia de forma clara y terminante - no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos - en la fase de instrucción del procedimiento de referencia y constatándose que la mentada revocación tuvo lugar en el acto del juicio, cabe concluir la improcedencia de establecer pronunciamiento estimatorio en relación con el concepto que aquí se examina.

SÉPTIMO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de imposición de costas, tal y como se reseña en la sentencia nº 72/2021 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 28/01/2021, cuando hay varios delitos imputados y existe condena por unos y no por otros, se han de hacer las partes correspondientes para imponer las costas respecto de aquellas infracciones por las que se condena y declararlas de oficio en relación a las que fueron objeto de absolución, y lo mismo cuando hay varias personas acusadas y unas son absueltas y otras no.

Así planteadas las cosas, siendo 7 los delitos objeto de acusación y conllevando el dictado de la presente resolución la condena por la comisión de 5 de ellos, se aprecia la procedencia de imponer a cada uno de los acusados el pago de la correspondiente parte proporcional que se señalará seguidamente en el fallo en atención al concreto número de delitos en relación con los que cada uno de ellos es efectivamente condenado, declarándose el resto de oficio y ello con inclusión de la parte correspondiente a la acusación particular.

Con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio oral, toda vez que:

1º) El testimonio de cargo prestado en el acto del juicio por Isabel y Herminia, corroborando sustancialmente sus anteriores manifestaciones prestadas tanto en sede policial como judicial - véanse los folios nº 7 a 9 y 11 a 15 del acontecimiento nº 1, el acontecimiento nº 36, el acontecimiento nº 51, los folios nº 31, 149 y 150 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 115 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, así como los coincidentes reconocimientos en rueda del acusado Artemio como uno de los partícipes en la criminal actuación objeto de enjuiciamiento - véanse los folios 1 a 4 del acontecimiento nº 165 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - permite constatar la realidad de los hechos descritos en el punto 1º del relato de hechos probados de la presente resolución.

2º) No obsta a esta conclusión, en lo atinente a los hechos perpetrados por Artemio, la documentación de descargo - véase el acontecimiento nº 258 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - pretendidamente acreditativa de una imposibilidad de encontrarse en el ámbito temporal y espacial de referencia, toda vez que, si bien es cierto que aquella documentación constata determinada intervención quirúrgica tenida lugar el día 06/08/2020 dimanante de un siniestro circulatorio acontecido el día 28/07/2020 que pudiera determinar una limitación de la capacidad de deambulación de Artemio, no lo es menos que la misma documentación no patentiza en modo alguno un verdadero impedimento que no hiciera posible tal deambulación - ya plena, ya limitada - el día 28/08/2020, dado que se refleja la posibilidad de valerse de una muleta para ello.

Así planteadas las cosas, contando, tal y como se ha reseñado anteriormente, con diversos reconocimientos y testimonios de cargo que permiten constatar la presencia de Artemio en el ámbito temporal y espacial de referencia y no ofreciéndose por lo expuesto solventes mecanismos probatorios de descargo que permitan poner en cuestión las conclusiones que de tales reconocimientos y testimonios se derivan, no cabe por menos de reputar debidamente acreditada la indicada presencia.

3º) En relación con el comportamiento desarrollado por Filomena, varios son los elementos que no hacen sino apuntalar la debida acreditación de la tesis de cargo en relación con aquella, elementos que cabe sistematizar en los siguientes términos:

3.1 A la vista del testimonio prestado en el acto del juicio por Delia y Herminia, cabe apreciar que resulta inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - que aquella, tras atar Delia y Herminia, pudo, a diferencia de estas, liberarse sin dificultad alguna de las aparentes ataduras que Artemio y un tercero realizaron a Filomena.

3.2. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como criolla labrado con greca de color dorado,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que ella llevaba puesto el día en que tuvo lugar la perpetración delictiva objeto de enjuiciamiento - véanse, a estos efectos, los folios nº 19, 31, 33, 34 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 72 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, nuevamente, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

3.3. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como pendiente suelto dorado tipo criolla labrado alternado con lisa,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que se encontraba en el domicilio de Isabel sito en la DIRECCION003 de GIJÓN - véanse, a estos efectos, los acontecimientos nº 72, 115 y 137 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, ya por tercera vez, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

4º) Llegados a este punto, 1/ si durante los hechos inicialmente cometidos por Artemio y Filomena se produjo el ilícito desapoderamiento de las llaves del domicilio de Isabel, 2/ si con inmediatez temporal a tales hechos tuvo lugar una no consentida sustracción de efectos del interior de dicho domicilio, 3/ si, por si todo ello fuera poco, uno de tales efectos, en un momento posterior, se encontraba en poder precisamente de Filomena y 4/ si, una vez tomados en consideración los elementos anteriores, los reseñados acusados no acreditan debidamente la versión de descargo por su representación sostenida - que no habrían tenido participación en los hechos objeto de enjuiciamiento - no cabe por menos que concluir que no resulta ilógico, arbitrario o irrazonable, sino todo lo contrario, apreciar la presencia de plurales elementos no esencialmente desvirtuados por prueba alguna que determinan la condición de responsables predicable de los acusados en relación con las infracciones criminales de referencia y ello en forma de la común responsabilidad de aquellos - siquiera sea de forma mediata en los hechos acontecidos en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN -, ya que de otro modo no se explica, a ojos de un imparcial observador externo, tal carrusel de coincidencias tenidas lugar en relación con aquellos.

Estamos en presencia, en suma, de una conclusión inculpatoria en relación con la que no existe prueba directa pero sí de naturaleza indiciaria, apreciándose la concurrencia de todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos al efecto para su toma en consideración y conllevar un pronunciamiento condenatorio; véase, en este sentido, la sentencia dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 11/11/2013, donde recogiendo la jurisprudencia en la materia, señala, en su fundamento de Derecho 32º, que los requisitos formales y materiales de esta modalidad probatoria son:

1º) Desde el punto de vista formal:

a) Que la sentencia exprese cuales son los hechos base o indicios que se consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o inferencia.

b) Que la sentencia de cuenta del razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que - aun cuando pueda ser sucinta o escueta- es necesaria en el caso de la prueba indiciaria, para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

2º) Desde el punto de vista material los requisitos se refieren en primer lugar a los indicios, en sí mismos, y en segundo a la deducción o inferencia.

A) En cuanto a los indicios es necesario:

a) Que estén plenamente acreditados;

b) Que sean plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa;

c) Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar;

d) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.

B) Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

5º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 98 del procedimiento abreviado nº 040/2022 tramitado por este órgano jurisdiccional e incorporado al sistema informático HORUS - constata la valoración de los efectos sustraídos a Isabel no consistentes en dinero en efectivo y ello en los términos reflejados en el punto 1.6 del relato de hechos probados de la presente resolución.

6º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 53 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la entidad y naturaleza del detrimento en la integridad corporal padecido por Isabel a resultas del criminal actuar objeto de enjuiciamiento y ello en los términos reflejados en el punto 1.2 del relato de hechos probados de la presente resolución.

7º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios nº 36 a 42 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la realidad de la asistencia sanitaria reflejada en el punto 2º del relato de hechos probados de la presente resolución.

8º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 51 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la renuncia consignada en el punto 3º del relato de hechos probados de la presente resolución.

9º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios 294 y 295 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN - constata la carencia de antecedentes penales de las personas acusadas en los términos reflejados en el punto 4º del relato de hechos probados de la presente resolución.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados encuentran acomodo en el comportamiento criminal - lesiones agravadas - previsto en el artículo 148.1º del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal citado - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos, que la utilización de una empuñadura metálica de un arma de fuego para golpear partes tan sensibles de la víctima como sus ojos, cara o boca cabe configurarlo como empleo de instrumento peligroso y ello porque no cabe desconocer que el uso de aquella, dado el peso inmanente a tal efecto, incrementa notoriamente la potencialidad lesiva de la agresión de referencia y ello a diferencia de si solo se hubieran desarrollado puñetazos o golpes, por llamarlos así, comunessin el complemento de aquella empuñadura.

Cabe citar, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, la sentencia nº 353/2016 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 26/04/2016 que confirma la catalogación de la conducta allí enjuiciada como lesiones del artículo 148 del Código Penal y ello en un supuesto de uso del denominado puño americano,cuya estructura metálica permite apreciar evidentes similitudes con el medio comisivo utilizado en el concreto supuesto ahora sometido a la consideración de este tribunal.

Los hechos declarados probados encuentran igualmente acomodo, en lo atinente a la sustracción tenida lugar en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con fuerza en casa habitada mediante el uso de llaves falsas - previsto en los artículos 237, 238.4º, 239.2 y 241.1, párrafo 1 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -.

Los hechos declarados probados encuentran también acomodo, en lo atinente a lo acontecido en el interior de la vivienda sita en la DIRECCION002 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con violencia o intimidación mediante el uso de medios peligrosos - previsto en los artículos 237 y 242.1 y 3 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, sin que se aprecie que dicho robo pueda reconducirse al supuesto de casa habitada contemplado en el artículo 242.2 del Código Penal y ello en la medida en que no consta acreditado en modo alguno que el inmueble de referencia viniera destinado a constituir la morada de persona alguna, tal y como establece, a efectos definitorios, el artículo 241.3 del Código Penal, sino a actividades de prostitución.

Finalmente, no se aprecia, a diferencia de lo sostenido por la acusación particular, que resulte de aplicación el supuesto de detención ilegal contemplado en los artículos 163 y siguientes del Código Penal, toda vez que, en el concreto asunto sometido a la consideración de este tribunal, las inmovilizaciones de referencia se circunscribieron - temporalmente hablando - a la perpetración del robo con violencia o intimidación antes reseñado y ello hasta el punto de que fue una de sus autoras la que, tras la comisión delictiva acontecida, procedió a desatar a las víctimas de referencia, tal y como se ha reseñado en el punto 1.5 del relato de hechos probados de la presente resolución, a la vista de todo lo cual entra en juego el concurso de normas en la modalidad contemplada en el artículo 8, regla 3ª del Código Penal - que determina la inaplicabilidad del artículo 163 del Código Penal - y ello al integrarse la privación de libertad tenida lugar en la violencia inmanente a la sustracción acontecida en el interior del inmueble donde se produjo aquella privación.

Abona este planteamiento el consolidado criterio jurisprudencial en la materia representado por la sentencia nº 685/2012 dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 20/09/2012 en la que se reseña que la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, que se plasma, entre muchas otras, en la STS de 29 de diciembre de 2007 , o las de 5 de mayo y 13 de octubre de 2010 , distingue en el plano teórico nítidamente tres situaciones distintas. Así, la STS 337/2004 , con cita de copiosa jurisprudencia precedente, definiendo la relación del delito de robo con intimidación y el de detención ilegal, expone que existirá concurso de normas únicamente en aquellos supuestos de mínima duración temporal, en los que la detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento, es decir, mientras se desarrolla la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer, y la privación de la libertad ambulatoria de la víctima queda limitada al tiempo e intensidad estrictamente necesarios para efectuar el despojo conforme a la dinámica comisiva empleada, entendiendo que sólo en estos casos la detención ilegal queda absorbida por el robo, teniendo en cuenta que este delito con violencia o intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad ambulatoria del perjudicado ( artículo 8.3 CP ) (también SSTS 1632 y 1706/2002 , 372/2003 o 931 y 1134/2004 ), como ocurre en los casos de mínima privación de libertad en caso de acudir a un cajero automático, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala. Debemos señalar a este respecto que es indiferente que el propósito del sujeto activo sea desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, en la medida que ello no implica la ausencia del dolo propio de la detención ilegal (basta que la acción sea voluntaria y el conocimiento del agente abarque el hecho de la privación de libertad), pues el mencionado propósito no es otra cosa que el móvil que guía al autor y la trascendencia de su conducta no puede quedar a expensas de la mera discrecionalidad del mismo. En segundo lugar, precisamente en aquellos casos en que la privación de libertad ambulatoria no se limita al tiempo e intensidad necesarios para cometer el delito de robo con intimidación se dará el concurso ideal (en su modalidad medial) siempre que aquélla (la privación de libertad) constituya un medio necesario, en sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, pero su intensidad o duración excedan la mínima privación momentánea de libertad ínsita[sic] en la dinámica comisiva del delito contra la propiedad, afectando de un modo relevante y autónomo el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. Cuando la dinámica comisiva desplegada conlleva previa y necesariamente ( artículo 77.1 CP ) la inmovilización de la víctima como medio para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga de forma relevante excediendo del mínimo indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos. Por último, el concurso real entre ambos delitos se dará cuando la duración e intensidad de la privación de libertad, con independencia de su relación con el delito contra la propiedad, se aparta notoriamente de su dinámica comisiva, se desconecta de ésta por su manifiesto exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de medio necesario para la comisión del robo, excediendo de esta forma el alcance del concurso medial (encerrar o inmovilizar a la víctima indefinidamente con independencia del tiempo empleado para perpetrar la acción de desapoderamiento).

TERCERO.-De los expresados delitos son criminalmente responsables las personas respectivamente acusadas por cada uno de ellos en concepto de autores - bien por su directa realización en cumplimiento de un plan conjunto previamente elaborado bien por haber desarrollado actos tales como la colaboración para la entrega de llaves falsas que permitieron el acceso a uno de los inmuebles sustraídos o la inmovilización de las víctimas de referencia sin los cuales aquellos delitos no habrían tenido lugar - por la ejecución material y voluntaria que llevaron a cabo de los mismos conforme al artículo 28 del Código Penal, extremos que han quedado acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento primero de la presente resolución.

A ello cabe añadir que nos encontramos ante un supuesto de coautoría en el que las personas acusadas contribuyeron decisivamente en la realización de, cuanto menos, un aspecto relevante de los ilícitos criminales de referencia, pudiendo haber detenido y/o evitado el desarrollo de la dinámica que integraba los mentados ilícitos, lo que no tuvo lugar y sí una efectiva materialización de actos sucesivos reveladores de su verdadero propósito que no era otro que el de ejecutar un plan preconcebido dirigido a alcanzar la ilícita sustracción de determinados efectos ajenos.

En este sentido, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, cabe tener en cuenta la sentencia nº 603/2015 dictada por la sección 1ª de la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 06/10/2015 en la que se señala que la jurisprudencia de esta Sala sobre la coautoría por condominio funcional del hecho puede sintetizarse, a tenor de las resoluciones dictadas (529/2005, de 27-4; 1315/2005, de 10-11; 497/2006, de 3-V; 1032/2006, de 25-10; 434/2007, de 16-5; 258/2007, de 19-7; 120/2008, de 27-2; 16/2009, de 27-1; 989/2009, de 29-9; 1028/2009, de 14-10; 338/2010, de 16-4; 383/2010, de 5-5; 708/2010, de 14-7; 1180/2010, de 22-12; 109/2012, de 14-2; 575/2012, de 3-7 y 729/2012, de 25-9, entre otras), en los siguientes apartados:

1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Ello requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y, de otra, un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.

2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a esta (coautoría adhesiva o sucesiva). Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

3) No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum sceleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.

4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que resulta imprescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando este ya se haya consumado.

5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el domino funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. A este respecto, se afirma que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones.

6) La realización conjunta del hecho solo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Solo pueden ser dominados los hechos que se conocen.

7) Cuando uno de los coautores "se excede" por su cuenta del plan acordado, sin que los demás lo consientan, el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca. De no entenderlo así se vulneraría el principio de responsabilidad subjetiva y el de culpabilidad por el hecho. No obstante, sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual.

CUARTO.-No concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la vista de lo cual tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 66.1.6ª, 148, 241 y 242 del Código Penal, cabría imponer, en abstracto, a las personas acusadas las siguientes penas:

Por el delito de lesiones: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada mediante el uso de llaves falsas: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con violencia o intimidación: prisión de 3 años, 6 meses y 1 día a 5 años.

Sentado lo anterior, vistas las peticiones formuladas por la parte acusadora y valorando que, si bien es cierto que estamos en presencia de delincuentes primarios, no lo es menos que no concurre circunstancia atenuante alguna que aconseje la imposición de la pena mínima legalmente prevista y que el comportamiento criminal objeto de enjuiciamiento estuvo revestido de un singular componente violento notoriamente generador de un relevante quebranto emocional e intranquilidad en las víctimas de referencia, se aprecia la procedencia de imponer por los delitos objeto de acusación las penas respectivas de 3 años - lesiones -, 3 años - robo con fuerza en las cosas - y 4 años - robo con violencia o intimidación - de prisión, penas estas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.2º del Código Penal y vista la petición formulada por la parte acusadora, habrán de llevar aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Finalmente, a la vista de las peticiones formuladas, cabe apreciar la procedencia de imponer a los acusados, valorando que el comportamiento de referencia tuvo un inmanente componente violento y que generó un relevante detrimento en la integridad corporal de una de las víctimas y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Penal, las prohibiciones correspondientes establecidas en el artículo 48.2 y 3 del Código Penal, prohibiciones que habrán de tener una duración de 1 año superior a las respectivas penas de prisión, todo ello en los términos que se recogerán en el fallo de la concurrente resolución.

QUINTO.-En lo atinente a la solicitada sustitución de las penas de prisión impuestas, apreciándose la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella ante la falta de elementos que permitan determinar fundadamente la presencia o no de un hipotético arraigo actual que pudiera condicionar el contenido de la decisión de referencia, se entiende procedente diferir el correspondiente pronunciamiento al trámite de ejecución de sentencia.

SEXTO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal, se aprecia la necesidad de realizar las siguientes consideraciones:

1/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de los hechos constitutivos de un delito de lesiones, hemos de partir del extremo de que Filomena no ha sido acusada por tal delito, a la vista de lo cual no se aprecia la viabilidad de exigirle el abono de cantidad alguna por tal concepto, debiendo ser Artemio el que asuma la correspondiente indemnización en virtud del mismo en su integridad, entendiéndose procedente, a la vista de la entidad del detrimento en la integridad corporal padecido por la víctima de referencia, acoger el planteamiento sostenido por el MINISTERIO FISCAL en este ámbito y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

2/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de la perpetración de sucesivos hechos determinantes de correlativos delitos de robo, se aprecia la procedencia de imponer su abono a los acusados de forma solidaria, dada la situación de coautoría en el que ambos se encuentran, y en la cuantía de 24.492 € correspondiente a la valoración del detrimento patrimonial ocasionado a la víctima de referencia y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

3/ En relación con la responsabilidad civil reclamada a favor de Herminia, hemos de tomar en consideración su renuncia a las acciones civiles obrante en las actuaciones, lo que determina la improcedencia de establecer cantidad alguna a su favor, dado que asumir como procedente la pretensión aquí examinada se aprecia, a la vista de las circunstancias en presencia, contrario a las previsiones normativas contenidas en los artículos 108 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello en la medida en que, si bien es cierto que el artículo 112 del Código Penal permite, en determinados supuestos, la revocación de una renuncia pretéritamente formulada durante la tramitación de un procedimiento penal dado, no lo es menos que tal hipotética revocación cuenta con un momento preclusivo representado por el trámite de calificación del delito contemplado en los artículos 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se compadece en modo alguno con lo aquí acontecido y ello haberse superado sobradamente tal trámite procesal en el momento en el que se efectúo la indicada revocación en el concreto supuesto sometido a la consideración de este tribunal.

En definitiva, habiendo la persona perjudicada formulado la correspondiente renuncia de forma clara y terminante - no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos - en la fase de instrucción del procedimiento de referencia y constatándose que la mentada revocación tuvo lugar en el acto del juicio, cabe concluir la improcedencia de establecer pronunciamiento estimatorio en relación con el concepto que aquí se examina.

SÉPTIMO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de imposición de costas, tal y como se reseña en la sentencia nº 72/2021 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 28/01/2021, cuando hay varios delitos imputados y existe condena por unos y no por otros, se han de hacer las partes correspondientes para imponer las costas respecto de aquellas infracciones por las que se condena y declararlas de oficio en relación a las que fueron objeto de absolución, y lo mismo cuando hay varias personas acusadas y unas son absueltas y otras no.

Así planteadas las cosas, siendo 7 los delitos objeto de acusación y conllevando el dictado de la presente resolución la condena por la comisión de 5 de ellos, se aprecia la procedencia de imponer a cada uno de los acusados el pago de la correspondiente parte proporcional que se señalará seguidamente en el fallo en atención al concreto número de delitos en relación con los que cada uno de ellos es efectivamente condenado, declarándose el resto de oficio y ello con inclusión de la parte correspondiente a la acusación particular.

Con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio oral, toda vez que:

1º) El testimonio de cargo prestado en el acto del juicio por Isabel y Herminia, corroborando sustancialmente sus anteriores manifestaciones prestadas tanto en sede policial como judicial - véanse los folios nº 7 a 9 y 11 a 15 del acontecimiento nº 1, el acontecimiento nº 36, el acontecimiento nº 51, los folios nº 31, 149 y 150 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 115 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, así como los coincidentes reconocimientos en rueda del acusado Artemio como uno de los partícipes en la criminal actuación objeto de enjuiciamiento - véanse los folios 1 a 4 del acontecimiento nº 165 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - permite constatar la realidad de los hechos descritos en el punto 1º del relato de hechos probados de la presente resolución.

2º) No obsta a esta conclusión, en lo atinente a los hechos perpetrados por Artemio, la documentación de descargo - véase el acontecimiento nº 258 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - pretendidamente acreditativa de una imposibilidad de encontrarse en el ámbito temporal y espacial de referencia, toda vez que, si bien es cierto que aquella documentación constata determinada intervención quirúrgica tenida lugar el día 06/08/2020 dimanante de un siniestro circulatorio acontecido el día 28/07/2020 que pudiera determinar una limitación de la capacidad de deambulación de Artemio, no lo es menos que la misma documentación no patentiza en modo alguno un verdadero impedimento que no hiciera posible tal deambulación - ya plena, ya limitada - el día 28/08/2020, dado que se refleja la posibilidad de valerse de una muleta para ello.

Así planteadas las cosas, contando, tal y como se ha reseñado anteriormente, con diversos reconocimientos y testimonios de cargo que permiten constatar la presencia de Artemio en el ámbito temporal y espacial de referencia y no ofreciéndose por lo expuesto solventes mecanismos probatorios de descargo que permitan poner en cuestión las conclusiones que de tales reconocimientos y testimonios se derivan, no cabe por menos de reputar debidamente acreditada la indicada presencia.

3º) En relación con el comportamiento desarrollado por Filomena, varios son los elementos que no hacen sino apuntalar la debida acreditación de la tesis de cargo en relación con aquella, elementos que cabe sistematizar en los siguientes términos:

3.1 A la vista del testimonio prestado en el acto del juicio por Delia y Herminia, cabe apreciar que resulta inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - que aquella, tras atar Delia y Herminia, pudo, a diferencia de estas, liberarse sin dificultad alguna de las aparentes ataduras que Artemio y un tercero realizaron a Filomena.

3.2. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como criolla labrado con greca de color dorado,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que ella llevaba puesto el día en que tuvo lugar la perpetración delictiva objeto de enjuiciamiento - véanse, a estos efectos, los folios nº 19, 31, 33, 34 del acontecimiento nº 69 y el acontecimiento nº 72 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, nuevamente, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

3.3. Entre los efectos intervenidos a Filomena con ocasión de su detención a resultas de su la investigación policial en su día desarrollada, figura un pendiente descrito como pendiente suelto dorado tipo criolla labrado alternado con lisa,que es reconocido como propio de forma indubitada por Isabel, además de ser un efecto que se encontraba en el domicilio de Isabel sito en la DIRECCION003 de GIJÓN - véanse, a estos efectos, los acontecimientos nº 72, 115 y 137 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS -, a la vista de lo cual, ya por tercera vez, cabe apreciar como inexplicable e inexplicado - si no es porque Filomena tuvo participación en los hechos criminales de referencia - tal sobrevenida posesión del mentado efecto por parte de Filomena.

4º) Llegados a este punto, 1/ si durante los hechos inicialmente cometidos por Artemio y Filomena se produjo el ilícito desapoderamiento de las llaves del domicilio de Isabel, 2/ si con inmediatez temporal a tales hechos tuvo lugar una no consentida sustracción de efectos del interior de dicho domicilio, 3/ si, por si todo ello fuera poco, uno de tales efectos, en un momento posterior, se encontraba en poder precisamente de Filomena y 4/ si, una vez tomados en consideración los elementos anteriores, los reseñados acusados no acreditan debidamente la versión de descargo por su representación sostenida - que no habrían tenido participación en los hechos objeto de enjuiciamiento - no cabe por menos que concluir que no resulta ilógico, arbitrario o irrazonable, sino todo lo contrario, apreciar la presencia de plurales elementos no esencialmente desvirtuados por prueba alguna que determinan la condición de responsables predicable de los acusados en relación con las infracciones criminales de referencia y ello en forma de la común responsabilidad de aquellos - siquiera sea de forma mediata en los hechos acontecidos en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN -, ya que de otro modo no se explica, a ojos de un imparcial observador externo, tal carrusel de coincidencias tenidas lugar en relación con aquellos.

Estamos en presencia, en suma, de una conclusión inculpatoria en relación con la que no existe prueba directa pero sí de naturaleza indiciaria, apreciándose la concurrencia de todos los requisitos jurisprudencialmente exigidos al efecto para su toma en consideración y conllevar un pronunciamiento condenatorio; véase, en este sentido, la sentencia dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 11/11/2013, donde recogiendo la jurisprudencia en la materia, señala, en su fundamento de Derecho 32º, que los requisitos formales y materiales de esta modalidad probatoria son:

1º) Desde el punto de vista formal:

a) Que la sentencia exprese cuales son los hechos base o indicios que se consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o inferencia.

b) Que la sentencia de cuenta del razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que - aun cuando pueda ser sucinta o escueta- es necesaria en el caso de la prueba indiciaria, para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

2º) Desde el punto de vista material los requisitos se refieren en primer lugar a los indicios, en sí mismos, y en segundo a la deducción o inferencia.

A) En cuanto a los indicios es necesario:

a) Que estén plenamente acreditados;

b) Que sean plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa;

c) Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar;

d) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.

B) Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

5º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 98 del procedimiento abreviado nº 040/2022 tramitado por este órgano jurisdiccional e incorporado al sistema informático HORUS - constata la valoración de los efectos sustraídos a Isabel no consistentes en dinero en efectivo y ello en los términos reflejados en el punto 1.6 del relato de hechos probados de la presente resolución.

6º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 53 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la entidad y naturaleza del detrimento en la integridad corporal padecido por Isabel a resultas del criminal actuar objeto de enjuiciamiento y ello en los términos reflejados en el punto 1.2 del relato de hechos probados de la presente resolución.

7º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios nº 36 a 42 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la realidad de la asistencia sanitaria reflejada en el punto 2º del relato de hechos probados de la presente resolución.

8º) La documentación obrante en las actuaciones - véase el acontecimiento nº 51 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2022 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN e incorporado al sistema informático HORUS - constata la renuncia consignada en el punto 3º del relato de hechos probados de la presente resolución.

9º) La documentación obrante en las actuaciones - véanse los folios 294 y 295 del procedimiento de diligencias previas nº 1357/2020 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de GIJÓN - constata la carencia de antecedentes penales de las personas acusadas en los términos reflejados en el punto 4º del relato de hechos probados de la presente resolución.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados encuentran acomodo en el comportamiento criminal - lesiones agravadas - previsto en el artículo 148.1º del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal citado - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos, que la utilización de una empuñadura metálica de un arma de fuego para golpear partes tan sensibles de la víctima como sus ojos, cara o boca cabe configurarlo como empleo de instrumento peligroso y ello porque no cabe desconocer que el uso de aquella, dado el peso inmanente a tal efecto, incrementa notoriamente la potencialidad lesiva de la agresión de referencia y ello a diferencia de si solo se hubieran desarrollado puñetazos o golpes, por llamarlos así, comunessin el complemento de aquella empuñadura.

Cabe citar, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, la sentencia nº 353/2016 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 26/04/2016 que confirma la catalogación de la conducta allí enjuiciada como lesiones del artículo 148 del Código Penal y ello en un supuesto de uso del denominado puño americano,cuya estructura metálica permite apreciar evidentes similitudes con el medio comisivo utilizado en el concreto supuesto ahora sometido a la consideración de este tribunal.

Los hechos declarados probados encuentran igualmente acomodo, en lo atinente a la sustracción tenida lugar en el domicilio sito en la DIRECCION003 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con fuerza en casa habitada mediante el uso de llaves falsas - previsto en los artículos 237, 238.4º, 239.2 y 241.1, párrafo 1 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -.

Los hechos declarados probados encuentran también acomodo, en lo atinente a lo acontecido en el interior de la vivienda sita en la DIRECCION002 de GIJÓN, en el comportamiento criminal - robo con violencia o intimidación mediante el uso de medios peligrosos - previsto en los artículos 237 y 242.1 y 3 del Código Penal y ello al apreciarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran los tipos penales citados - lo que determina que el grado de ejecución de la conducta se corresponda con el de consumación -, sin que se aprecie que dicho robo pueda reconducirse al supuesto de casa habitada contemplado en el artículo 242.2 del Código Penal y ello en la medida en que no consta acreditado en modo alguno que el inmueble de referencia viniera destinado a constituir la morada de persona alguna, tal y como establece, a efectos definitorios, el artículo 241.3 del Código Penal, sino a actividades de prostitución.

Finalmente, no se aprecia, a diferencia de lo sostenido por la acusación particular, que resulte de aplicación el supuesto de detención ilegal contemplado en los artículos 163 y siguientes del Código Penal, toda vez que, en el concreto asunto sometido a la consideración de este tribunal, las inmovilizaciones de referencia se circunscribieron - temporalmente hablando - a la perpetración del robo con violencia o intimidación antes reseñado y ello hasta el punto de que fue una de sus autoras la que, tras la comisión delictiva acontecida, procedió a desatar a las víctimas de referencia, tal y como se ha reseñado en el punto 1.5 del relato de hechos probados de la presente resolución, a la vista de todo lo cual entra en juego el concurso de normas en la modalidad contemplada en el artículo 8, regla 3ª del Código Penal - que determina la inaplicabilidad del artículo 163 del Código Penal - y ello al integrarse la privación de libertad tenida lugar en la violencia inmanente a la sustracción acontecida en el interior del inmueble donde se produjo aquella privación.

Abona este planteamiento el consolidado criterio jurisprudencial en la materia representado por la sentencia nº 685/2012 dictada por la sala 2ª del Tribunal Supremo el día 20/09/2012 en la que se reseña que la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, que se plasma, entre muchas otras, en la STS de 29 de diciembre de 2007 , o las de 5 de mayo y 13 de octubre de 2010 , distingue en el plano teórico nítidamente tres situaciones distintas. Así, la STS 337/2004 , con cita de copiosa jurisprudencia precedente, definiendo la relación del delito de robo con intimidación y el de detención ilegal, expone que existirá concurso de normas únicamente en aquellos supuestos de mínima duración temporal, en los que la detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento, es decir, mientras se desarrolla la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer, y la privación de la libertad ambulatoria de la víctima queda limitada al tiempo e intensidad estrictamente necesarios para efectuar el despojo conforme a la dinámica comisiva empleada, entendiendo que sólo en estos casos la detención ilegal queda absorbida por el robo, teniendo en cuenta que este delito con violencia o intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad ambulatoria del perjudicado ( artículo 8.3 CP ) (también SSTS 1632 y 1706/2002 , 372/2003 o 931 y 1134/2004 ), como ocurre en los casos de mínima privación de libertad en caso de acudir a un cajero automático, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala. Debemos señalar a este respecto que es indiferente que el propósito del sujeto activo sea desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, en la medida que ello no implica la ausencia del dolo propio de la detención ilegal (basta que la acción sea voluntaria y el conocimiento del agente abarque el hecho de la privación de libertad), pues el mencionado propósito no es otra cosa que el móvil que guía al autor y la trascendencia de su conducta no puede quedar a expensas de la mera discrecionalidad del mismo. En segundo lugar, precisamente en aquellos casos en que la privación de libertad ambulatoria no se limita al tiempo e intensidad necesarios para cometer el delito de robo con intimidación se dará el concurso ideal (en su modalidad medial) siempre que aquélla (la privación de libertad) constituya un medio necesario, en sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, pero su intensidad o duración excedan la mínima privación momentánea de libertad ínsita[sic] en la dinámica comisiva del delito contra la propiedad, afectando de un modo relevante y autónomo el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. Cuando la dinámica comisiva desplegada conlleva previa y necesariamente ( artículo 77.1 CP ) la inmovilización de la víctima como medio para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga de forma relevante excediendo del mínimo indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos. Por último, el concurso real entre ambos delitos se dará cuando la duración e intensidad de la privación de libertad, con independencia de su relación con el delito contra la propiedad, se aparta notoriamente de su dinámica comisiva, se desconecta de ésta por su manifiesto exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de medio necesario para la comisión del robo, excediendo de esta forma el alcance del concurso medial (encerrar o inmovilizar a la víctima indefinidamente con independencia del tiempo empleado para perpetrar la acción de desapoderamiento).

TERCERO.-De los expresados delitos son criminalmente responsables las personas respectivamente acusadas por cada uno de ellos en concepto de autores - bien por su directa realización en cumplimiento de un plan conjunto previamente elaborado bien por haber desarrollado actos tales como la colaboración para la entrega de llaves falsas que permitieron el acceso a uno de los inmuebles sustraídos o la inmovilización de las víctimas de referencia sin los cuales aquellos delitos no habrían tenido lugar - por la ejecución material y voluntaria que llevaron a cabo de los mismos conforme al artículo 28 del Código Penal, extremos que han quedado acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento primero de la presente resolución.

A ello cabe añadir que nos encontramos ante un supuesto de coautoría en el que las personas acusadas contribuyeron decisivamente en la realización de, cuanto menos, un aspecto relevante de los ilícitos criminales de referencia, pudiendo haber detenido y/o evitado el desarrollo de la dinámica que integraba los mentados ilícitos, lo que no tuvo lugar y sí una efectiva materialización de actos sucesivos reveladores de su verdadero propósito que no era otro que el de ejecutar un plan preconcebido dirigido a alcanzar la ilícita sustracción de determinados efectos ajenos.

En este sentido, como apoyo argumentativo de lo recién expuesto, cabe tener en cuenta la sentencia nº 603/2015 dictada por la sección 1ª de la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 06/10/2015 en la que se señala que la jurisprudencia de esta Sala sobre la coautoría por condominio funcional del hecho puede sintetizarse, a tenor de las resoluciones dictadas (529/2005, de 27-4; 1315/2005, de 10-11; 497/2006, de 3-V; 1032/2006, de 25-10; 434/2007, de 16-5; 258/2007, de 19-7; 120/2008, de 27-2; 16/2009, de 27-1; 989/2009, de 29-9; 1028/2009, de 14-10; 338/2010, de 16-4; 383/2010, de 5-5; 708/2010, de 14-7; 1180/2010, de 22-12; 109/2012, de 14-2; 575/2012, de 3-7 y 729/2012, de 25-9, entre otras), en los siguientes apartados:

1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Ello requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y, de otra, un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.

2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a esta (coautoría adhesiva o sucesiva). Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

3) No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum sceleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.

4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que resulta imprescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando este ya se haya consumado.

5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el domino funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. A este respecto, se afirma que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no solo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones.

6) La realización conjunta del hecho solo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Solo pueden ser dominados los hechos que se conocen.

7) Cuando uno de los coautores "se excede" por su cuenta del plan acordado, sin que los demás lo consientan, el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca. De no entenderlo así se vulneraría el principio de responsabilidad subjetiva y el de culpabilidad por el hecho. No obstante, sí responderán los coautores de las desviaciones de uno de ellos que fueran previsibles y asumidas por los restantes, de suerte que en la conducta de estos concurran los elementos propios del dolo eventual.

CUARTO.-No concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la vista de lo cual tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 66.1.6ª, 148, 241 y 242 del Código Penal, cabría imponer, en abstracto, a las personas acusadas las siguientes penas:

Por el delito de lesiones: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada mediante el uso de llaves falsas: prisión de 2 a 5 años.

Por cada uno de los delitos de robo con violencia o intimidación: prisión de 3 años, 6 meses y 1 día a 5 años.

Sentado lo anterior, vistas las peticiones formuladas por la parte acusadora y valorando que, si bien es cierto que estamos en presencia de delincuentes primarios, no lo es menos que no concurre circunstancia atenuante alguna que aconseje la imposición de la pena mínima legalmente prevista y que el comportamiento criminal objeto de enjuiciamiento estuvo revestido de un singular componente violento notoriamente generador de un relevante quebranto emocional e intranquilidad en las víctimas de referencia, se aprecia la procedencia de imponer por los delitos objeto de acusación las penas respectivas de 3 años - lesiones -, 3 años - robo con fuerza en las cosas - y 4 años - robo con violencia o intimidación - de prisión, penas estas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.2º del Código Penal y vista la petición formulada por la parte acusadora, habrán de llevar aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Finalmente, a la vista de las peticiones formuladas, cabe apreciar la procedencia de imponer a los acusados, valorando que el comportamiento de referencia tuvo un inmanente componente violento y que generó un relevante detrimento en la integridad corporal de una de las víctimas y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Penal, las prohibiciones correspondientes establecidas en el artículo 48.2 y 3 del Código Penal, prohibiciones que habrán de tener una duración de 1 año superior a las respectivas penas de prisión, todo ello en los términos que se recogerán en el fallo de la concurrente resolución.

QUINTO.-En lo atinente a la solicitada sustitución de las penas de prisión impuestas, apreciándose la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de aquella ante la falta de elementos que permitan determinar fundadamente la presencia o no de un hipotético arraigo actual que pudiera condicionar el contenido de la decisión de referencia, se entiende procedente diferir el correspondiente pronunciamiento al trámite de ejecución de sentencia.

SEXTO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal, se aprecia la necesidad de realizar las siguientes consideraciones:

1/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de los hechos constitutivos de un delito de lesiones, hemos de partir del extremo de que Filomena no ha sido acusada por tal delito, a la vista de lo cual no se aprecia la viabilidad de exigirle el abono de cantidad alguna por tal concepto, debiendo ser Artemio el que asuma la correspondiente indemnización en virtud del mismo en su integridad, entendiéndose procedente, a la vista de la entidad del detrimento en la integridad corporal padecido por la víctima de referencia, acoger el planteamiento sostenido por el MINISTERIO FISCAL en este ámbito y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

2/ En relación con la responsabilidad civil dimanante de la perpetración de sucesivos hechos determinantes de correlativos delitos de robo, se aprecia la procedencia de imponer su abono a los acusados de forma solidaria, dada la situación de coautoría en el que ambos se encuentran, y en la cuantía de 24.492 € correspondiente a la valoración del detrimento patrimonial ocasionado a la víctima de referencia y ello en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución.

3/ En relación con la responsabilidad civil reclamada a favor de Herminia, hemos de tomar en consideración su renuncia a las acciones civiles obrante en las actuaciones, lo que determina la improcedencia de establecer cantidad alguna a su favor, dado que asumir como procedente la pretensión aquí examinada se aprecia, a la vista de las circunstancias en presencia, contrario a las previsiones normativas contenidas en los artículos 108 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello en la medida en que, si bien es cierto que el artículo 112 del Código Penal permite, en determinados supuestos, la revocación de una renuncia pretéritamente formulada durante la tramitación de un procedimiento penal dado, no lo es menos que tal hipotética revocación cuenta con un momento preclusivo representado por el trámite de calificación del delito contemplado en los artículos 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se compadece en modo alguno con lo aquí acontecido y ello haberse superado sobradamente tal trámite procesal en el momento en el que se efectúo la indicada revocación en el concreto supuesto sometido a la consideración de este tribunal.

En definitiva, habiendo la persona perjudicada formulado la correspondiente renuncia de forma clara y terminante - no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos - en la fase de instrucción del procedimiento de referencia y constatándose que la mentada revocación tuvo lugar en el acto del juicio, cabe concluir la improcedencia de establecer pronunciamiento estimatorio en relación con el concepto que aquí se examina.

SÉPTIMO.-A la vista de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de imposición de costas, tal y como se reseña en la sentencia nº 72/2021 dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo el día 28/01/2021, cuando hay varios delitos imputados y existe condena por unos y no por otros, se han de hacer las partes correspondientes para imponer las costas respecto de aquellas infracciones por las que se condena y declararlas de oficio en relación a las que fueron objeto de absolución, y lo mismo cuando hay varias personas acusadas y unas son absueltas y otras no.

Así planteadas las cosas, siendo 7 los delitos objeto de acusación y conllevando el dictado de la presente resolución la condena por la comisión de 5 de ellos, se aprecia la procedencia de imponer a cada uno de los acusados el pago de la correspondiente parte proporcional que se señalará seguidamente en el fallo en atención al concreto número de delitos en relación con los que cada uno de ellos es efectivamente condenado, declarándose el resto de oficio y ello con inclusión de la parte correspondiente a la acusación particular.

Con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,