Sentencia Penal 11/2025 Audiencia Provincial de Málaga. Tribunal Jurado, Rec. 12/2023 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Conforme a la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y por ambas Acusaciones Particulares, y como así se desprende del contenido de sus respectivos escritos de acusación, tales partes acusadoras únicamente contemplaron la posibilidad de que los hechos enjuiciados fuesen constitutivos de un delito de asesinato consumado y otro intentado, del que serían responsables los dos acusados, uno como autor directo y otro como cooperador necesario. No contemplaron la posibilidad de que los hechos pudieran merecer otra calificación como la de homicidio u otro delito distinto, ni la de que los acusados, uno como conductor del vehículo y el otro como acompañante, pudieran tener responsabilidades diferentes.

Solamente la Defensa del acusado Tomás admitió con carácter subsidiario, que los hechos imputados a éste pudieran ser calificados como homicidio, pero no doloso sino imprudente.

Los hechos imputados por las partes acusadoras son los que se recogen en el Hecho 1º del Objeto del Veredicto, encuadrables únicamente en la calificación de asesinato. Los hechos sostenidos por la Defensa del acusado Tomás, son los que se recogen en el Hecho 7º del Objeto del Veredicto, en los que, si bien se niega cualquier tipo de responsabilidad en los hechos enjuiciados, subsidiariamente viene a admitirse que podrían constituir un delito de homicidio imprudente. Y los hechos sostenidos por la Defensa del acusado Pedro Miguel, los que se recogen en el Hecho 8º del Objeto del Veredicto.

Sin embargo, el resultado de la prueba ponía de manifiesto que los hechos realizados por cada uno de los acusados podrían merecer una calificación distinta de la sostenida por las partes acusadoras. Los cometidos por el conductor del vehículo ? Tomás? podían ser susceptibles de homicidio, por dolo directo o eventual, mucho más favorable que el imputado por las partes acusadoras. Y los cometidos por Pedro Miguel tal vez merecían también algún reproche penal, aunque distinto del exigido por las partes acusadoras, pues podía haberse valorado si su conducta integraba un delito de omisión del deber de socorro ( art. 195 del Código Penal), del deber de impedir delitos ( art. 450 CP), o un delito de encubrimiento ( art. 451 CP) .

Por eso, este Magistrado-Presidente, teniendo en cuenta el principio acusatorio, la homogeneidad del bien jurídico protegido por el delito de asesinato y homicidio, y usando de la facultad que le concede el artículo 52.1-g) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, introdujo como proposición alternativa el Hecho 2º del Objeto del Veredicto, para que esa posibilidad, más favorable para el conductor del vehículo, también fuese valorada por el Jurado; pero no planteando ninguna otra alternativa distinta de las presentadas por las partes, respecto de la conducta del acompañante Pedro Miguel.

Como se refleja en el Acta de Deliberación, el Jurado ha desestimado por unanimidad el Hecho 1º del Objeto del Veredicto, esto es, ha descartado los hechos sostenidos por las acusaciones como asesinato. Sin embargo, ha admitido, estimándolos como probados, los hechos recogidos en el Hecho 2º del Objeto de Veredicto. Si se observa el resultado de la votación de los Hechos 2º, 7º, y 19º del Objeto del Veredicto, ocho de los nueve miembros del jurado han considerado que la conducta de Tomás se enmarca en la categoría de homicidio doloso, y uno de ellos en la de homicidio imprudente. Y respecto de la conducta de Pedro Miguel, al no haberse podido ofrecer al Jurado más posibilidad que la de optar por el Hecho 1º o por el Hecho 8º del Objeto del Veredicto, ha optado por ésta última, aprobando el Hecho 8º por unanimidad.

Considera el Jurado que no existe prueba alguna de que hubiera existido un acuerdo previo entre ambos acusados, Pedro Miguel y Tomás, para acabar con la vida de Benjamín y Marcelino; que atendiendo a las grabaciones de las cámaras de seguridad de los bancos de la zona, los hechos ocurrieron de forma muy breve y no tuvieron tiempo para planear esa acción. Que no se puede demostrar la intencionalidad de un asesinato, ni el común acuerdo entre los acusados.

Igualmente considera el Jurado que en principio Tomás no tenía intención de matar ni tampoco móvil para hacerlo, aunque sí que era consciente de que entraba en dirección prohibida y de las consecuencias que ello podría acarrear. Esto lo deduce de la declaración de los agentes de la Policía Nacional, especialmente del agente con número de placa NUM006, que acudieron a la DIRECCION003 la noche del 25 de febrero de 2017, y no vieron a los acusados con predisposición agresiva ni con búsqueda de venganza y con miedo.

Entiende el Jurado que, a tenor de los partes médicos y e informes forenses, queda claro que el fallecido Benjamín murió en el acto por shock traumático y demás lesiones que sufrió según se detalla en el informe médico forense. Y que asimismo, Marcelino sufrió lesiones graves como se indica en el informe de sanidad forense emitido por Dª Esmeralda.

También considera el Jurado que ha quedado acreditado que el hijo de Celsa es igualmente hijo del fallecido Benjamín, conforme a la Sentencia de fecha 16/09/2025 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de Torremolinos.

Asimismo el Jurado considera probado que Pedro Miguel no participó en los hechos que produjeron el fallecimiento, ya que no se ha podido demostrar lo contrario.

SEGUNDO.-Los hechos que han sido estimados probados por el Jurado constituyen un delito consumado de homicidio previsto y penado en el artículo 138.1 del Código Penal, y otro intentado, previsto y penado en el mismo artículo en relación con los artículos 16 y 62 del citado Código, cometidos mediante dolo eventual.

Según reiterada jurisprudencia ( SSTS, Sala Penal, de 6 de marzo de 1985, nº 1286/1997 de 27 de octubre, y nº 20/2002 de 22 de enero, entre otras), son elementos que integran esta figura delictiva: 1º- La destrucción de una vida humana mediante la actividad del sujeto activo; 2º- La existencia de una relación de causalidad entre conducta y resultado; y 3º.- La presencia de un dolo de muerte, tanto directo, determinado o indeterminado, como eventual.

Como tiene declarado la jurisprudencia (SSTS, Sala Penal, nº 54/2015 de 11-2; nº 172/2008 de 30-4; y nº 210/2007 de 15-3; entre otras) el dolo directo o de primer grado está constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca el resultado lesivo al sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido. Y como señalan las SSTS nº 54/2015 de 11-2 y nº 1014/2011 de 10-10, la Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que el dolo eventual es del todo equiparable al dolo directo o intencional en cuanto al merecimiento del castigo aplicable, puesto que ambos suponen igual menosprecio del autor por el bien jurídico tutelado.

En el caso concreto ahora enjuiciado, según lo apreciado por el Jurado, aunque la acción del acusado Tomás al conducir el vehículo metiéndose en dirección prohibida en el carril por el que correctamente venía circulando el ciclomotor, no fuese con la intención de acabar con la vida de sus ocupantes, sí que era conocedor de la posibilidad de colisionar frontalmente con el ciclomotor y de sus gravísimas consecuencias y aún así, continuó con su acción, aceptando que pudiera producirse tan luctuoso resultado, como efectivamente se produjo. Concretamente el fallecimiento de Benjamín, y el de Marcelino que también se hubiera producido de no ser por la rápida intervención de los servicios médicos de urgencia que acudieron al lugar de los hechos; lo que respecto de éste último significó que, aunque el acusado ejecutó todos los actos que objetivamente deberían producir la muerte de Marcelino, este resultado no se produjo por causas independientes de su voluntad ( art. 16.1 CP) .

De tales delitos es criminalmente responsable en concepto de autor el mencionado acusado Tomás, por su participación directa, voluntaria y material en la ejecución de los hechos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

De dichos delitos no se deriva ningún tipo de responsabilidad penal para el otro acusado, Pedro Miguel, a tenor de los hechos estimados como probados por el Jurado, especialmente el Hecho 8º del Objeto del Veredicto.

Tampoco cabe apreciar la existencia de ningún otro delito distinto de los homicidios anteriormente mencionados.

Tanto el Ministerio Fiscal como las Acusaciones Particulares, retiraron la acusación por el delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal. Y aunque las Acusaciones Particulares, en sus conclusiones definitivas manifestaron que mantenían la acusación por el delito contra la seguridad vial (conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás) del artículo 381.1 en relación con el artículo 382 del Código Penal; sin embargo, dicho delito no fue incluido en el Auto de fecha 31/07/2023 de Hechos Justiciables; aparte de que tal conducta ha de entenderse absorbida por los homicidios cometidos.

TERCERO.-En los hechos enjuiciados se aprecia la concurrencia de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en la conducta del acusado Tomás:

La atenuante de intoxicación etílica del artículo 21.1ª del Código Penal, pues el Jurado ha considerado probado que al tiempo de conducir, el acusado Tomás, si bien no se encontraba en un estado de intoxicación plena, que anulase su inteligencia y voluntad, ello sí que mermaba sus facultades para la conducción y para la toma de las decisiones necesarias cuando se realiza dicha actividad. (Hecho 12º del Objeto del Veredicto). Así lo ha estimado probado atendiendo a las propias manifestaciones del acusado, y al testimonio de Jesús Ángel (el camarero del Pub DIRECCION002) quien manifestó que le sirvió copas y chupitos de alcohol la noche de los hechos.

La atenuante de confesión, del artículo 21.4ª del Código Penal, ya que el Jurado ha estimado probado que este acusado se presentó voluntariamente dos días después de lo sucedido, sin que existiese indicio alguno de su participación en los hechos, asumiendo la culpa de haber conducido el vehículo. (Hecho 13º del Objeto del Veredicto.)

La atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal, toda vez que el Jurado ha estimado que la tramitación del procedimiento se ha dilatado en el tiempo por motivos ajenos a los acusados y por la propia saturación del sistema judicial (Hecho 15º del Objeto del Veredicto). Pero esta atenuante no puede ser apreciada como muy cualificada.

Como el Código Penal no define qué se ha de entender por atenuante muy cualificada, la jurisprudencia ( SSTS n.º 819/2015 de 22-12; nº 493/2003 de 4-4; nº 1354/2002 de 18-7) ha recurrido al criterio de que atenuante muy cualificada es aquella que alcanza una superior intensidad comparada con la normal o no cualificada, teniendo a tal fin en cuenta las condiciones del culpable, los antecedentes o circunstancias del hecho y cuantos otros elementos puedan revelar especiales merecimientos en la conducta del inculpado. En el caso concreto que ahora nos ocupa, cierto es que el procedimiento ha tenido una dilatada extensión temporal, pero no puede conceptuarse como extraordinaria, pues todos los procedimientos de la Ley del Tribunal del Jurado son de una tramitación más compleja y extensa que los demás, máxime cuando se investigan varios delitos y concurren varios inculpados, como es el caso concreto que ahora nos ocupa, a lo que se suma el intenso uso que han hecho los acusados de su derecho a recurrir la mayoría de las resoluciones judiciales y a plantear cuestiones incidentales o alternativas; lo que, evidentemente, ha supuesto una tramitación mucho más lenta.

No cabe apreciar la pretendida atenuante de reparación del daño del artículo 21.5ª del Código Penal, pues aunque el Jurado haya estimado probado el Hecho 14º del Objeto del Veredicto, el ofrecimiento de la cantidad de 6.000 € de fianza prestada para garantizar la libertad personal de este acusado, no puede ser valorada como pago de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo. La cantidad prestada en tal concepto sirve para garantizar la libertad provisional en la que ahora se encuentra el acusado, de tal manera que si éste quebrantara su situación personal, la fianza sería adjudicada al Estado ( art. 532 LECr. ); por lo que dicha cantidad ni está, ni puede ser puesta (al menos por ahora), a disposición de las victimas y perjudicados.

La determinación de las anteriores circunstancias atenuantes nos conduce a la individualización de las penas correspondientes por los delitos cometidos.

El delito de homicidio consumado ( art. 138.1 CP) está sancionado con la pena de prisión de diez a quince años; y el homicidio intentado con una pena rebajada en uno o dos grados de la pena señalada para el consumado ( art. 62 CP) .

Para individualizar la pena que procede imponer al autor de tales delitos se ha de tener presente lo dispuesto en el artículo 68 en relación con el artículo 66.1-2ª del Código Penal. Llegados a este punto, el Magistrado que suscribe considera que aunque concurren varias atenuantes y ninguna agravante, sin embargo, también debe tenerse en consideración que el autor, respecto del delito intentado no ejecutó parte, sino todos los actos que objetivamente deberían haber producido la muerte de Marcelino. Y por otro lado, también debe valorarse la especial gravedad de la conducta homicida pues, además del resultado lesivo producido, dicha conducta también tuvo una gravísima repercusión negativa en la seguridad vial por el riesgo que entrañó para otros posibles o potenciales usuarios de la vía pública, toda vez que dicha conducta también tuvo su incidencia negativa en el bien jurídico protegido, como delitos de peligro, en los delitos contra la seguridad vial.

Todo lo anterior nos llevar a rebajar las penas respectivas sólo en un grado, y atendiendo a la concurrencia de las mencionadas circunstancias atenuantes, se fija la pena para el homicidio consumado en siete (7) años de prisión, y para el intentado en tres (3) años de prisión, más las correspondientes accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1-2ª del Código Penal.

También se ha de imponer por el delito de homicidio consumado, atendiendo a lo solicitado por las Acusaciones Particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Código Penal, la prohibición de comunicación y aproximación a las personas que ejercitan la acusación particular ?padres y hermana del fallecido Benjamín?, a su domicilio o lugar de trabajo o aquellos lugares frecuentados por ellas, durante un periodo de diez años, con aproximación de acercamiento genérico a una distancia inferior a los 300 metros.

No procede imponer tales prohibiciones en el caso del homicidio intentando, pues nada ha sido solicitado al respecto para este caso.

CUARTO.-Los responsables criminalmente de un delito lo son también civilmente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 109 a 116 del Código Penal, por los daños y perjuicios derivados de su acción delictiva.

Por consiguiente, en el caso ahora enjuiciado resulta responsable civil directo Tomás como conductor del vehículo utilizado en el hecho delictivo, pero también resulta responsable civil subsidiario Pedro Miguel conforme a lo previsto en el artículo 120.5º del Código Penal, toda vez que éste, que era el propietario del vehículo, autorizó a aquél para que lo condujera. Y se da la circunstancia de que dicho vehículo de motor estaba asegurado en la Compañía Allianz, lo que nos lleva al análisis de la responsabilidad civil que esta Aseguradora pudiera tener por tales hechos.

La cuestión relativa a la responsabilidad civil que deben asumir las compañías aseguradoras ha venido manteniendo dividida a la doctrina, por cuanto, si de un lado, el art. 1 de la Ley de Contrato de Seguro habla de "indemnizar, dentro de los límites pactados", constituyendo un principio indiscutido del contrato de seguro la imposibilidad de asegurar los daños dolosamente causados, por lo que en el art. 19 de la misma Ley se establece que "el asegurador estará obligado al pago de la prestación salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado"; por otro lado, el art. 73 de la propia Ley establece también que "por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a Derecho", y el art. 76, por su parte, dispone que "el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado".

Pero en el ámbito de la circulación de vehículos a motor rige el aseguramiento obligatorio, del que se derivan unas consecuencias que superan las que podrían derivarse del aseguramiento voluntario.

Cuando ocurrieron los hechos ahora enjuiciados aún no se había promulgado la Ley 5/2025 de 24 de julio, por lo que conforme a lo previsto en su Disposición Adicional Novena, los hechos que nos ocupan deben analizarse conforme a la redacción vigente, en el momento de su producción, del Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y en el Real Decreto 1507/2008 que definía el concepto de vehículo de motor y el concepto de hecho de la circulación. Todo ello interpretado conforme al Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007, y jurisprudencia que lo desarrolla.

Establece dicho Acuerdo que: "No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor."

Como indica la STS n.º 427/2007 de 8 de mayo, en la deliberación llevada a cabo sobre esta materia, en el Pleno no Jurisdiccional del día 24 de abril de 2007, se puso de manifiesto que era preciso determinar claramente "qué debe entenderse por hecho de la circulación" y valorar correctamente -desde la perspectiva del dolo de la acción- la circunstancia de que el vehículo de motor haya sido utilizado por el sujeto como instrumento para la comisión del delito contra las personas o los bienes, en cuanto el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor se refiere a daños causados "con motivo de la circulación", y determina claramente que "en todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes". Principios recogidos igualmente en el entonces vigente Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (aprobado por R.D. 7/2001), en el que se precisaba algo más sobre el particular, al decirse que "en todo caso, será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el artículo 383 de dicho Código Penal".

En el artículo 2.3 del Reglamento aprobado por R.D. 1507/2008 de 12/9 se mantiene la misma misma redacción, si bien la anterior referencia al artículo 383 del Código Penal es ahora al artículo 382 de dicho Código.

De todo lo que se desprende que únicamente deben quedar fuera de la cobertura del Seguro Obligatorio los daños causados por "dolo directo", pero no los causados por "dolo eventual".

Este es el criterio que se ha venido reiterando en la jurisprudencia de dicha Sala, pudiéndose citar a título de ejemplo la ya mencionada STS nº 427/02 de 8 de mayo, y otras como las SSTS nº 1077/09 de 3 de noviembre, nº 224/2013 de 19 de marzo, y la nº 54/2015 de 11 de febrero.

Item más. La jurisprudencia ha ido evolucionando en esta materia primando la protección del perjudicado, pues como se recoge en la Sentencia 237/2020 de 26 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconoce la responsabilidad civil subsidiaria de la compañía aseguradora en el ámbito del seguro voluntario, en el supuesto de un atropello intencionado por dolo directo.

Llegados a este punto hemos de indicar que las cantidades solicitadas en concepto de indemnización por el Ministerio Fiscal a favor de los perjudicados, son las que se revelan como más acordes con los daños y perjuicios sufridos por éstos atendiendo también al daño moral derivado por tratarse de delitos dolosos. Sin embargo la Compañía de Seguros Allianz responderá directamente y solidariamente de la indemnización correspondiente únicamente hasta la cobertura del seguro obligatorio conforme al Sistema de Valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, tras la reforma introducida por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre.

Por consiguiente, en el caso de la muerte de Benjamín, corresponde a su padre Feliciano y a su madre Reyes, una indemnización, para cada uno de ellos, atendidos los conceptos de perjuicio básico y perjuicio patrimonial daño emergente, por un importe total de setenta mil quinientos setenta y seis euros (70.576 €). A su hermana Concepción, por los conceptos de perjuicio básico, perjuicio particular, y perjuicio patrimonial daño emergente, la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos sesenta y tres euros con cincuenta céntimos (25.463'50 €). Y a su hijo Benjamín, por los mismos conceptos, la de ciento cincuenta y nueve mil quinientos trece euros con veinticinco céntimos (159.513'25 €). Tales cantidades devengarán el correspondiente interés legal previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

En el caso de Marcelino, la citada Aseguradora responderá asimismo de forma directa y solidaria, hasta la cantidad total de cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos euros con treinta y ocho céntimos (41.472'38 €), atendiendo al perjuicio básico y perjuicio particular por las lesiones temporales (22.942'79 €), y al perjuicio básico por las secuelas (18.529'59 €). Esta indemnización devengará asimismo el interés legal previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

QUINTO.- Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de un delito o falta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, y artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debiéndose incluir también en este supuesto las de la acusación particular. ( STS nº 1458/2004 de 10 de diciembre).

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,