Sentencia Penal 365/2025 Audiencia Provincial de Murcia. Tribunal Jurado, Rec. 8/2025 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO: Sobre la conformidad en el Jurado.

Ante la situación procesal planteada con la formulación, al inicio de la vista oral, del escrito de acusación conjunto, de conformidad, respecto a un delito de asesinato, con fijación de una pena de 22 años de prisión, este Magistrado-Presidente entiende, en plena sintonía con lo recogido en la Circular 1/2025, de 26 de junio, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos de usurpación y allanamiento de morada y el instituto de la conformidad en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, que la regulación introducida con ocasión de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, acoge una nueva previsión para el instituto de la conformidad en todo tipo de procedimientos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( ya Sumario, ya Procedimiento Abreviado), de forma expresa, y que irradia sus efectos a la Ley del Tribunal del Jurado, tal y como señala y argumenta la propia Circular 1/2025: Al amparo de la disposición derogatoria única de la LO 1/2025, puede plantearse si se ha producido una derogación del artículo 50.1 LOTJ , en lo referente al límite penológico para la disolución del jurado por conformidad, al establecer que «a la entrada en vigor de la presente ley, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley».

Al contrario de lo dictaminado en cuanto a la cuestión relativa a la competencia del Tribunal del Jurado, la disposición derogatoria sí resulta aplicable en este caso, lo que encuentra como fundamento la disposición final tercera LOTJ , que preceptúa que «la presente Ley tiene naturaleza de orgánica a excepción del capítulo III, la disposición transitoria segunda y los apartados 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la disposición final segunda que tienen el carácter de ley ordinaria». Por consiguiente, hallándose el artículo 50 LOTJ dentro del capítulo III, el mismo ostenta naturaleza de ley ordinaria. En consecuencia, al tener el artículo 20 de la LO 1/2025 carácter de ley ordinaria (disposición final trigésima séptima), sí resulta de aplicación su disposición derogatoria.

Teniendo como punto de partida la aplicabilidad de la citada disposición derogatoria, procede entrar a valorar si la misma es aplicable por entender que la nueva redacción de los artículos 785 y 787 ter LECrim -que suprimen el límite penológico a efectos de conformidad- contradice, se opone o resulta incompatible con el redactado vigente del artículo 50 LOTJ .

La respuesta es afirmativa.

Resulta evidente que, si el legislador ha querido eliminar el límite penológico a los efectos de conformidad para el procedimiento penal en general, mantenerlo en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado contradeciría el nuevo texto legal, máxime cuando la finalidad de la reforma es agilizar procedimientos judiciales. La exposición de motivos de la LO 1/2025 indica que lo que se pretende con esta modificación no es otra cosa que facilitar la conformidad, provocando así que resulte de aplicación su disposición derogatoria, máxime cuando el límite punitivo recogido en el artículo 50 LOTJ coincide plenamente con el modificado en el artículo 655 LECrim .

En definitiva, el último inciso del artículo 50.1 LOTJ ha sido derogado en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, por lo que no existe límite penológico para alcanzar una conformidad en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

En el presente supuesto la conformidad no se ha alcanzado tras la celebración del juicio oral, en el trámite de conclusiones definitivas, por lo que la previsión legal del artículo 50 de la Ley del Tribunal del Jurado no es aplicable en sentido estricto, aunque sí su efecto, por cuanto elegido y constituido el Jurado, ante una conformidad sólo cabe ya la disolución del mismo.

Nos encontramos ante una conformidad alcanzada, plasmada y reconocida tras seleccionarse y constituirse el Jurado, de ahí que haya sido ese el único escrito cuya lectura se ha efectuado, y sobre el mismo han sido preguntadas las partes procesales y el propio acusado.

En definitiva, se han aplicado supletoriamente las previsiones legales contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las conformidades al inicio de la vista oral, en términos que aseguren que la conformidad se ha prestado con ajuste a las exigencias legales, y por parte del acusado libre, consciente y voluntariamente, y conociendo el mismo las consecuencias derivadas de esa conformidad

Se trataría así de uno de los momentos procesales (así los califica la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado) previstos para alcanzar una conformidad en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, al señalar: Un tercer momento es al inicio de las sesiones del juicio oral, en fase de alegaciones previas, conforme al artículo 45 LOTJ , que determina que «el juicio comenzará mediante la lectura por el secretario de los escritos de calificación. Seguidamente el magistrado-presidente abrirá un turno de intervención de las partes para que expongan al jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto». A partir de ese momento, cabe la conformidad, aunque en este caso ya constituido el Tribunal del Jurado, que deberá ser disuelto para que por parte del/de la magistrado/a presidente/a se dicte sentencia de conformidad ( artículos 42 , 45 y 50 LOTJ en relación con los artículos 680 y ss. LECrim ).

La interpretación consolidada que se venía haciendo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en lo referente al instituto de la conformidad, no puede verse sino reforzada con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Como se ha expuesto con anterioridad, la intención del legislador es la de potenciar la conformidad hasta el punto de permitirla sin cortapisa punitiva alguna e, incluso, introduciendo una audiencia preliminar en sede del procedimiento abreviado como nuevo momento procesal previo al acto de juicio oral, con una clara voluntad de incrementar las oportunidades de alcanzar una conformidad antes de proceder al inicio de las sesiones del plenario. Consecuentemente, las interpretaciones que se venían haciendo, en relación con los momentos procesales en los que se puede lograr una conformidad, sin necesidad de celebrar el acto de juicio oral ante el Tribunal del Jurado, para acto seguido proceder a su disolución, son plenamente conformes con el espíritu de la LO 1/2025.

En definitiva, será posible alcanzar una conformidad en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, sin límite penológico alguno, en cuatro momentos procesales diferenciados:

i) (...).

ii) (...).

iii) Al inicio de las sesiones de juicio oral, ya constituido el Tribunal del Jurado, procediéndose a su disolución.

iv) (...).

Esta conformidad, por lo tanto, se ajusta a las exigencias legales, responde a la nueva concepción que sobre el instituto de la conformidad se ha instaurado a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, y ha sido debidamente controlada judicialmente, tanto con relación a las garantías referidas a la persona acusada como a los términos jurídico-penales de la conformidad alcanzada.

SEGUNDO: Valoración probatoria, suficiencia de la conformidad prestada por el acusado atendiendo al relato fáctico reconocido.

El instituto de la conformidad no sólo atiende, en cuanto a la admisión de un relato fáctico incriminatorio para la persona que presta su reconocimiento y conformidad, en una mera manifestación, la de quien se ve acusado, sino que responde a una previa instrucción judicial en la que se han ido recopilando diligencias que contienen elementos acreditativos de inculpación.

En el presente caso el relato plasmado en el escrito de conformidad conjunto describe no sólo el comportamiento delictivo atribuido al acusado, sino el elenco acreditativo en que se funda, con precisa secuencia espacio-temporal, determinación de la conducta de la persona acusada, información brindada por el mismo en cuanto a ese hacer delictivo (no sólo respecto a su ideación, preparación y ejecución, sino posteriores actuaciones tras la agresión mortal), así como la secuencia de obtención de elementos incriminatorios de singular significación inculpatoria, con relevantes acreditaciones objetivas: localización del lugar en que sucedieron los hechos y del cuerpo de la menor, vestigios físicos allí encontrados, así como en las inmediaciones (incluida el arma homicida), recuperación de efectos de especial relevancia inculpatoria (teléfono móvil, arma homicida), lesiones que presentaba el cuerpo de la fallecida, etc..

Una vez obtenidos esos elementos objetivos y vestigios constarían los resultados de las pericias realizados sobre los mismos: autopsia, volcado y análisis de la información que contenía el teléfono móvil, restos de sangre localizados en diversos lugares (incluida el arma homicida) con identificación del ADN del acusado y de la víctima, informes periciales, etc., de todo lo cual queda su reflejo descriptivo en el relato fáctico de conformidad presentado.

Por lo tanto, no se aprecia de todo ello debilidad acreditativa de ningún tipo, ni cabe cuestionar la realidad y certeza del reconocimiento de hechos efectuado libre, consciente, voluntariamente y debidamente asesorado por su Defensa técnica por él designada, por parte del acusado Augusto. En consecuencia, ninguna prevención puede plantearse en orden al convencimiento requerido penalmente a la hora de aceptar la conformidad prestada y que determina el juicio de condena.

TERCERO: Calificación jurídico-penal.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1 ( Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes):1.ª ( Con alevosía)y 3.ª (Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido),y 2 (Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior)del Código Penal.

La concurrencia de esas dos agravaciones del tipo suponen aplicar el apartado 2 del artículo 139 del Código Penal (Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior),lo que conlleva la imposición de la pena típica comprendida de los 20 a los 25 años de prisión.

La descripción plasmada en el relato fáctico de conformidad, que es el acogido en la declaración de hechos probados de esta sentencia, claramente describe las dos cualificaciones que conducen a tipificar la conducta homicida como asesinato.

En primer lugar, concurre la alevosía,entendida ésta como la describe legalmente el Código Penal (según el artículo 22.1º del Código Penal : Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.),es decir, el acusado en este caso no sólo ideó un modo seguro de ejecución de su voluntad homicida (llevando a la víctima a un lugar apartado, alejado de cualquier posibilidad de ayuda de tercero y preservado de miradas ajenas, sino que se proporcionó un arma blanca idónea para dar muerte a quien había sido su novia, ocultando el arma para que no la viera ésta, y una vez en el interior del trastero, encontrándose la misma de espaldas, de forma sorpresiva e inopinada comenzó a asestar puñaladas en la espalda de ésta, ante lo cual la víctima no pudo reaccionar con una defensa efectiva, limitándose a darse la vuelta y tratar de parar la furia homicida del acusado, quien empuñando el arma blanca seguía acuchillándola, hasta que la víctima cae al suelo, boca arriba, colocándose el acusado encima y continuando dándole cuchilladas en la zona frontal del cuerpo, incluido cuello y rostro, desfigurando éste. El número y localización de las cuchilladas es tan elevado, con afectación de algunas zonas vitales, que la capacidad de defensa de la víctima era irrelevante, limitándose a tratar de evitar que siguiera acuchillándola, y provocando unas leves heridas en la piel del acusado, efecto de ciertos movimientos reflejos de defensa, carentes de significación real de defensa efectiva, ante el acometimiento violento y con arma idónea que estaba recibiendo del acusado.

Sobre la alevosía procede mencionar la Jurisprudencia, así la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2019 (Pte. Ferrer García): (...), la jurisprudencia de esta Sala ha exigido para apreciar la alevosía: en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, como requisito objetivo, que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, en el ámbito subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( SSTS 907/2008 de 18 de diciembre ; 25/2009 de 22 de enero ; 37/2009 de 22 de enero ; 172/2009 de 24 de febrero ; 371/2009 de 18 de marzo ; 854/2009 de 9 de julio ; 1180/2010 de 22 de diciembre ; 998/2012 de 10 de diciembre ; 1035/2012 de 20 de diciembre ; 838/2014 de 12 de diciembre ; 110/2015 de 14 de abril o 253/2016 de 32 de marzo).

Recordábamos en la STS 253/2016 de 31 de marzo que en lo que concierne a las modalidades, instrumentos o situaciones de que se vale el agente para asegurar el resultado excluyendo toda defensa y el consiguiente riesgo para su persona, esta Sala ha distinguido tres supuestos de asesinato alevoso: la llamada alevosía proditoria o traicionera, si se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición del que aguarda y acecha. La alevosía sorpresiva, caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto. Y la alevosía por desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de una especial situación y desamparo de la víctima que impide cualquier reacción defensiva, como cuando se ataca a un niño o a una persona inconsciente.

Y también la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2019 (Pte. Llarena Conde): 2. Esta Sala ha declarado que concurre la circunstancia de la alevosía cuando no existe posibilidad alguna de defensa para la víctima, como consecuencia de la manera de realizar la agresión, por sorprenderse al agredido tras haberse ocultado al acecho o en emboscada, o porque se ataca súbita, inesperada y repentinamente a una persona confiada, que no espera el ataque ( SSTS 1193/1997, de 6 de octubre ). De entre los innumerables modos que entrañan una desactivación de la defensa, la Sala ha expresado todos aquellos en los que se aprovecha (...), el marco físico en el que se desarrolla la acción ( SSTS 541/2008, de 22 de septiembre o 1352/2003, de 21 de octubre ) o la carencia por parte del asaltado de armas o de instrumentos adecuados para repeler el ataque ( STS 747/2013, de 10 de octubre ). Del mismo modo, hemos contemplado la situación de indefensión, sin riesgo para el atacante, en aquellos supuestos en los que la víctima (...), o en general en todos aquellos supuestos en los que se trata de un ataque rápido y por sorpresa ( SSTS 1144/1997, de 27 de septiembre o 369/2004, de 11 de marzo ).

Igualmente, hemos destacado que la defensa de la víctima, no puede ser medida bajo parámetros vacuos y carentes de significación esencial.

Por último, la apreciación de esta circunstancia cualificante exige, como elemento subjetivo e intencional, que el conocimiento y la voluntad del autor abarque no sólo el hecho de la muerte, sino también el particular modo en que la alevosía se manifiesta, pues el sujeto ha de querer el homicidio y ha de querer realizarlo con la concreta indefensión de que se trate. (...)

En definitiva, son tres los elementos que requiere la alevosía: A) el elemento normativo, que se cumple al ejecutarse un delito contra las personas; B) el elemento instrumental u objetivo, cuando la conducta del autor asegura totalmente el resultado, sin riesgo alguno para su persona; y C) el elemento culpabilístico o subjetivo, consistente en el ánimo de conseguir la muerte sin ofrecer a la víctima posibilidad alguna de defensa, entendiendo ésta como la efectiva capacidad de reaccionar ante el ataque sufrido.

En este caso resulta manifiesto que las posibilidades de defensa de la víctima eran nulas ante ese tipo de agresión mortal, el riesgo para el agresor inexistente, y el medio y forma empleado en la ejecución directamente dirigido a asegurar el resultado buscado (además de a traición), eliminando toda posibilidad efectiva de defensa por parte de la víctima ante ese ataque, lo que caracteriza la alevosía.

En segundo lugar, concurre el ensañamiento,descrito en el precitado precepto, y que también se define legalmente en el artículo 21. 5ª del Código Penal (Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.).

La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (Pte. Giménez García) analiza el ensañamiento con singular acierto y claridad, e indica: (...) la agravante de ensañamiento que como se sabe supone un lujo de males innecesarios para conseguir -en este caso- la muerte de la víctima. De alguna manera el ensañamiento supone un matar haciendo sufrir gratuitamente, lo que patentiza una mayor culpabilidad/crueldad, que justifica el plus de punición ya que la culpabilidad es la base y medida de la punibilidad - STS 763/2004 -, en definitiva, el ensañamiento supone que se integra por dos elementos: el objetivo constituido por la causación de males innecesarios, y el subjetivo integrado por el conocimiento y consentimiento en tal causación de dolor - STS 912/2010 -, la búsqueda por el autor de la agresión de una satisfacción adicional al último fin apetecido, que en este caso es la muerte de su esposa, ante lo que por decirlo plásticamente, "saborea su poder" con los sufrimientos innecesarios que causa a la víctima - SSTS 2469/2001 ; 319/2007 y 611/2007 -, sin que sea exigible el "ánimo frío" que otrora exigía la jurisprudencia de esta Sala. STS 321/2004 de 11 de Marzo .

En este caso la víctima recibió más de setenta cuchilladas, dirigidas a muy diversas partes de su cuerpo, como fruto de un conjunto de acciones que, por su variedad y por la pluralidad de regiones anatómicas comprometidas, evidencian un propósito de causar dolor a la víctima, incrementando innecesariamente su padecimiento, y, además de una forma angustiosa para ésta, por dirigirse varias de esas cuchilladas a zonas no vitales, pero generadoras de intenso dolor físico, al afectarse el rostro. Por lo tanto, más allá que el propósito del acusado fuera matar a su víctima, su modo de ejecución implicó un desmedido esfuerzo en generar padecimientos a quien hasta hacía unos días era su novia, infligiéndole con ello a ésta un sufrimiento físico absolutamente innecesario para alcanzar el propósito que guiaba su actuar.

CUARTO: Autoría.

Augusto es autor responsable criminalmente del delito de asesinato anterior, en atención a los artículos 27 y 28, párrafo primero, del Código Penal , al ejecutar, con plena conciencia y voluntad, la conducta típica.

QUINTO: Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Concurre la circunstancia agravante de comisión del delito por razones de género conforme al artículo 22.4ª del Código Penal y la circunstancia atenuante analógica de reconocimiento de hechos prevista en el artículo 21.7ª del Código Penal en relación con el artículo 21.4ª del Código Penal .

En cuanto a la atenuante analógica de confesión tardíadel artículo 21. 7ª (Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores),en relación con la 4ª ( La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades),del Código Penal , señalar que la misma es reconocida por la Jurisprudencia, y utilizada por los Juzgados y Tribunales cuando la misma se efectúa al inicio de la vista oral, con asunción de los hechos delictivos atribuidos por parte de la persona acusada, en términos de facilitación del enjuiciamiento y de simplificación del desarrollo del juicio oral.

En tal sentido se puede mencionar la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2021 (Pte. Magro Servet): De la doctrina que analiza esta atenuante se deriva que la apreciación de la atenuante de confesión, sea la propia o la analógica, descansa en, además de la aportación de datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos, en la colaboración con la justicia, lo que justifica la disminución punitiva, circunstancia que no concurre cuando tal confesión y colaboración no es mantenida, y menos cuando es negada, aportando una versión exculpatoria, que, siendo estrategia lícita en uso del derecho de defensa, no merece el reconocimiento de una atenuación penológica por unos hechos, la confesión de la acción de dar muerte a la víctima, que finalmente se niegan.

En este caso se ha producido un escrito de acusación conjunto al inicio de la vista oral, en el que el propio acusado ha reconocido el relato fáctico acusatorio como cierto, lo que facilita y agiliza el enjuiciamiento, además de reflejarse en dicho relato extremos expresivos de que, aunque inicialmente el acusado negó cualquier intervención en los hechos, luego llevó al lugar donde se encontraba el cadáver de la víctima, indicando también dónde había depositado el arma blanca utilizada para provocar la muerte, lo cual, objetivamente, también supuso actuación facilitadora de la labor investigadora.

Atendiendo a esa realidad, cabe entender que la atenuante analógica de confesión tardía se encuentra justificada.

En cuanto a la agravante de discriminación por razón de género( artículo 22.4ª del Código Penal ) la misma, atendiendo al relato fáctico, se vislumbra con nitidez, dado que queda acreditado que la relación afectiva por parte del acusado estaba instaurada en una visión basada en patrones de dominación, sumisión, menosprecio o rebaja en la dignidad de la víctima como mujer.

En tal sentido, se señala la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 23/2022, de 13 de enero (Pte. Ferrer García), que analiza dicha agravante en los siguientes términos: 1. La Ley Orgánica 1/2015 modificó el artículo 22.4 CP añadiendo a la agravante de cometer el delito por motivo de discriminación, la que cristaliza sobre razones de género. Los términos sexo y género aluden a diferentes realidades. Ambos han sido definidos por la OMS: "El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a los hombres y a las mujeres. El género se refiere a los papeles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente, que la sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres". No es el sexo de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios cuando de discriminación por razones de género se trata, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y/o del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. Desigualdad no sustentada en la condición biológica de la mujer, sino ensamblada en una concepción social sobre los roles de relegación y subordinación al varón que tradicionalmente se le han atribuido.

Con la incorporación de esta agravación se pretendió cumplir el compromiso internacional asumido por España como signataria del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Explica el Preámbulo de la Ley 1/2015 que la razón de tal incorporación es que el género , entendido de conformidad con el Convenio nº 210 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011, como "los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres", puede constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente del que abarca la referencia al sexo.

El mismo texto internacional, ratificado por España el 18 de marzo de 2014, señala en su art. 2° que "el presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada"; y, en su artículo 3.d), que se entenderá por violencia contra la mujer por razones de género "toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada".

La concurrencia de una circunstancia de agravación exige de un aditamento, que en el caso de la de discriminación por razones de género se concreta en una base fáctica que permita deducir que el comportamiento de quien agrede cuenta con el plus de antijuridicidad que conlleva el que sea manifestación de la grave y arraigada desigualdad que perpetúa los roles asignados tradicionalmente a los hombres y las mujeres, conformados sobre el dominio y la superioridad de aquellos y la supeditación de éstas. No requiere la agravante de un elemento subjetivo específico entendido como ánimo dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer, (así lo hemos dicho en la STS 99/2019 o en la 444/2020, de 14 de septiembre ) pero sí que objetivamente, prescindiendo de las razones específicas del autor, los hechos sean expresión de ese desigual reparto de papeles al que es consustancial la superioridad del varón, que adquiere así efecto motivador. Todo ello determinado a partir de las particulares circunstancias fácticas concurrentes y del contexto relacional de agresor y víctima, no limitado al ámbito conyugal o de pareja, no lo impone así el precepto ( artículo 22.4 CP ), sino a todos aquellos en los que se conciten hombres y mujeres, y sean susceptibles de reproducir desiguales esquemas de relación que están socialmente asentados. Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de tales elementos que aumentan el injusto, porque colocan a la mujer víctima en un papel de subordinación que perpetúa patrones de discriminación históricos y socialmente asentados; y en lo subjetivo, que al autor haya asumido consciente y voluntariamente ese comportamiento que añade el plus de gravedad.

2. La entrada en escena de la agravante de discriminación por razón del género, como una de las variantes incorporadas al artículo 22.4 CP , ha exigido por parte de la jurisprudencia una delimitación clara de su alcance y de las zonas de confluencia con otras agravantes, especialmente con la de discriminación por motivos de sexo, (...).

La primera, ya lo hemos dicho y repetimos en palabras que ahora tomamos de la STS 420/2018, de 25 de septiembre , hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que diferencian a los hombres de las mujeres, mientras que el género se refiere a aspectos culturales relacionados con los papeles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres ( Convenio de Estambul, art. 3.c ).

(..).

(...), la agravante de discriminación por motivos de género, por imperativo del principio inherencia que proscribe la doble incriminación, no puede concurrir en aquellas figuras penales que incluyen en su tipificación factores de género, como las contempladas en los artículos 148.4 , 153.1 , 171.4 , 172.2, CP . Y, en todo caso, su aplicación requiere que los elementos fácticos de los que se desprenda la concurrencia de las circunstancias que permiten la aplicación de la agravación, aparezcan nítidamente en los hechos probados y, para ello, han de estar debidamente acreditados por prueba válida, suficiente y racional y expresamente valorada en la sentencia.

En tal sentido, el relato fáctico de conformidad describe con nitidez esos patrones de conducta discriminatoria requeridos por la agravación, en términos plenamente acreditados, vista la pluralidad de datos recogidos.

SEXTO: Determinación penas, medidas y consecuencias accesorias.

Ante la concurrencia de la circunstancia agravante de comisión del delito por razones de género y la circunstancia atenuante analógica de reconocimiento de hechos, el escrito de conformidad entiende que valorando y compensando racionalmente, conforme al artículo 66. 1. 7ª del Código Penal , esas circunstancias, la pena a imponer a imponer al acusado Augusto por el delito de asesinato consumado es la de de 22 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena conforme al artículo 55 del Código Penal .

Esa fijación de pena se encuadra dentro de la horquilla penal legalmente prevista, dado que, como se ha significado con anterioridad, al concurrir dos circunstancias cualificadoras del asesinato, la pena a imponer estaría comprendida de los 20 a los 25 años de prisión ( artículo 139.2 del Código Penal ).

Al concurrir una agravante y una atenuante, la fijación puede realizarse dentro de ese marco penológico, y se ha considerado que procede imponerle al acusado algo menos de la mitad de esa previsión, lo cual no se aprecia infundado o injustificado, por lo que ningún reproche cabe plantearse al respecto.

Se ha interesado, además, que conforme al artículo 140 bis y artículo 106, ambos del Código Penal , se le imponga al acusado Augusto la medida de libertad vigilada por tiempo no superior a 10 años, y que consistirá en la obligación de comunicar inmediatamente al Juez o Tribunal cada cambio de lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización del Juez o Tribunal, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a los familiares de la víctima, los padres D. Valentín y Dª Fidela, y los hermanos D. Cipriano y D. Juan, así como la prohibición de comunicación con dichos familiares, y, además, la obligación de participar en programas formativos sobre la violencia de género.

Esa medida de libertad vigilada también se considera plenamente justificada, adecuada al caso y proporcionada, dada la gravedad de la conducta delictiva cometida, la afectación que el delito ha tenido en los familiares más directos de la víctima, y, además, el factor de desprecio a la condición de mujer que el acusado ha mostrado con su víctima, por lo que la libertad vigilada se ajusta a su finalidad y objetivo, en cuanto a su extensión (como límite máximo), se aprecia correcta y no desproporcionada, y respecto a las medidas específicamente señaladas se evidencian en este momento adecuadas (ello sin perjuicio de lo que finalmente resulte al momento de establecerse las mismas, con la propuesta que se efectúe, llegado el caso, por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente).

Por último, atendiendo al artículo 127 del Código Penal , está plenamente justificado el decomiso y posterior destrucción de las piezas de convicción incorporadas a la causa: el cuchillo usado por el acusado para la comisión del delito (por ser el arma del crimen) y el móvil del acusado (por contener datos e información de la víctima que afectan a su imagen y dignidad).

SÉPTIMO: Responsabilidad civil.

En cuanto a la petición indemnizatoria para el resarcimiento civil de los familiares de la víctima, sus padres y hermanos, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular interesan las mismas cantidades, por lo que rigiendo en esta materia el principio de rogación, a esas sumas debe estarse.

Atendiendo a la regulación fijada en los artículos 109 a 116 del Código Penal , procede recordar que la responsabilidad civil derivada del delito comprende todos los perjuicios materiales y morales derivados del delito, teniendo la indemnización por objeto tratar de equilibrar el perjuicio ocasionado por la infracción criminal.

Esas exigencias pueden ser objetivadas en materia de perjuicios materiales, no así cuando se produce una afectación de bienes esenciales como la vida, la integridad física, la libertad o el honor, por ejemplo.

En el presente supuesto, por un delito de asesinato, la víctima ha fallecido, por lo que el valor vida plantea una inseguridad relativa a la fijación de su cuantificación a la hora de acordar la indemnización a favor de los familiares más directos de Dª Valle (sus padres y sus hermanos), que ha sido decidida y fijada de consuno por Ministerio Fiscal y Acusación Particular, y aceptada por la Defensa y el acusado.

La muerte violenta de un hijo y de un hermano, implica un desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia. Y ello es especialmente evidente cuando la fallecida tenía sólo 17 años de edad. Esa pérdida violenta cercena la proyección vital y rompe la estabilidad emocional de los perjudicados referidos, lo que constituye un valor especialmente digno de consideración.

Cualquier indemnización ante el sufrimiento humano derivado de esa pérdida nunca compensará el dolor por dicha privación, especialmente si ésta se produce con carácter violento e intencional, como es el caso. Pero ello no implica renunciar a intentar fijar y adecuar el resarcimiento del daño al perjuicio ocasionado, en su plural proyección, y así lo han efectuado el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular.

En este caso se ha utilizado el sistema de valoración de daños corporales de tráfico por accidentes de tráfico, con correcciones al alza, al tratarse el presente de un delito doloso, sistema respecto al que la jurisprudencia se ha pronunciado en sentido favorable, por ejemplo, en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (Pte. Giménez García), que analizando la valoración del daño corporal fijado en la normativa del seguro de tráfico, indica: (...) en relación al sistema de valoración del daño corporal, como bien dice la sentencia de apelación, tal sistema es solo vinculante en relación a accidentes de tráfico viario y solo ellos, cuestión distinta, es que en relación a daños dolosos, se suele tener en cuenta por los Juzgados y Tribunales como mero referente pero sin sujeción taxativa al mismo. (...).

Por lo que se refiere al valor del baremo en relación a daños dolosos como meramente indicativo se pueden citar las SSTS 1915/2002 ; 2011/2000 ; 310/2010 ; 987/2009 ; 196/2006 ; 1461/2003 ; 915/2010 y 153/2013 , entre otras muchas, que así lo tienen declarado.

Ese sistema facilita un criterio orientador y permite generar una cierta certeza en la fijación de indemnizaciones, lo que brinda un instrumento útil, al que las partes en gran medida suelen someterse o utilizan para cifrar sus indemnizaciones (como ha sido el caso).

Es por ello que se considera razonable y fundada la petición formulada por las Acusaciones, debiendo indemnizarse por Augusto:

- a cada uno de los progenitores, Dª Fidela y D. Valentín, la cantidad de 95.988,40 euros a cada uno de ellos, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos del entierro y funeral de la menor Dª Valle.

- s sus hermanos D. Cipriano y D. Juan en la cantidad de 21.940,21 euros a cada uno de ellos como indemnización por la muerte de su hermana menor Dª Valle.

Es de aplicación el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , generándose intereses legales desde la fecha de la sentencia.

Por último, a fin de garantizar, siquiera parcialmente, la efectiva reparación económica a favor de los familiares de la víctima, procede que se informe a éstos que la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, prevé determinadas ayudas, cuya solicitud habrá de presentarse en los términos temporales fijados en el artículo 7 de dicha ley , y que sólo ellos podrán interesarlas.

OCTAVO: Costas procesales.

En cuanto a las costas, en atención a los artículos 123 del Código Penal y 239 , 240 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se imponen a Augusto, excluyendo las costas de la Acusación Particular, al haber sido expresamente renunciadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.