Sentencia Penal 774/2025 Audiencia Provincial de Madrid. Tribunal Jurado, Rec. 715/2025 de 24 de noviembre del 2025

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, debe expresamente declararse que el juicio oral se ha desarrollado en diversas sesiones, en las que se ha practicado la prueba propuesta por las partes. Toda vez que el veredicto ha sido de culpabilidad, debe también consignarse que ha existido prueba de cargo, producida y aportada al proceso con todas las garantías y por tanto susceptible de ser valorada de forma crítica con la de descargo y de fundamentar, como así ha sido, un veredicto de culpabilidad con destrucción de la presunción de inocencia. Las pruebas ofrecidas a la valoración del Tribunal del Jurado fueron la declaración del acusado, testigos, peritos y documental.

SEGUNDO.-El Jurado contó para llegar a la convicción sobre los hechos declarados probados con la prueba practicada en el juicio oral, cuya valoración le compete en exclusiva, y explicó en el acta de la votación las razones de su decisión, siendo racional su juicio de inferencia, atendida la suficiencia de la prueba de cargo, sin que quepa apreciar vulneración alguna del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Sobre este apartado de la fundamentación probatoria, conviene subrayar que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 11-IX-2000, ahondando en la doctrina que ya había introducido la STS de 29-V-2000 y reafirmado después en las SSTS 11-XII-2001, 3-XII-2001 y 8-V-2002, ha sentado las siguientes pautas sobre la motivación fáctica en las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado:

"Tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado exige una "sucinta explicación de las razones..." (art. 61.1.d) en el que ha de expresarse las razones de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, en los términos antes analizados, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ. ( STS 29 de mayo de 2000).

La exigencia al Jurado de la motivación del veredicto, que sólo debe consistir en la referencia a los elementos de convicción que han tomado en consideración para efectuar sus pronunciamientos fácticos, como previene el art. 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, como sucinta explicación de las razones que determinan su convicción, pues la convicción, como constatación de la realidad de una proposición fáctica, se fundamenta en el resultado de las pruebas que avalan la realidad de dicha proposición".

En concreto, el jurado ha basado su convicción en:

Delito de maltrato habitual la declaración del hijo del acusado y los familiares de Adela, padres y hermana, que refieren un trato vejatorio hacia la misma, amenazas, seguimientos, celos, que ellos han podido presenciar.

Delito de amenazas continuado en la declaración del hijo menor.

Delito de asesinato declaraciones del acusado reconociendo ser él, la persona que causa las heridas mortales a Adela, el hijo menor Eusebio. que presencia parte de la agresión, los informes médico forenses que establecen la causa de la muerte, la declaración de los agentes que realizan la inspección ocular. El hecho de que la puerta de la casa no se abriera por el acusado.

Delito de lesiones psíquicas en la ratificación del informe de las forenses psiquiatras y la declaración del menor.

TERCERO.- Los hechos declarados probados por el Jurado son legalmente constitutivos de:

1.- Un delito de maltrato habitual previsto y penado en el artículo 173. 2 del Código Penal.

"Se refleja, por la doctrina, que el maltrato habitual es un delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de la víctima, tratando de impedir la vivencia en un estado hostil y vejatorio continuo. Y, lo que es importante, su forma de manifestación puede ser física, pero, también, psicológica, pudiendo causar, incluso en algunos casos, más daño a las víctimas el psicológico que el físico, por cuanto aquél puede que ni tan siquiera lleguen a percibir que están siendo víctimas, lo que agrava más el hecho de la no denuncia en muchos casos y la permanencia en el tiempo del maltrato psicológico que puede afectar, y de gravedad, a la psique.

Se trata de un tipo con sustantividad propia que sanciona la consolidación por parte de sujeto activo de un clima de violencia y dominación; de una atmósfera psicológica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la víctima e impedir su libre desarrollo como persona, precisamente por el temor, la humillación y la angustia inducidos. Un estado con autonomía propia y diferenciada, que se vertebra sobre la habitualidad, pero en la que los distintos actos que lo conforman sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor ( SSTS 684/2021, de 15 de septiembre , 271/2022, de 23 de marzo ,y 63/2025, de 30 de enero ,entre otras)". ( STS 325/25).

Los hechos se han acreditado por las declaraciones del entorno familiar de la víctima.

El menor Eusebio. en la declaración prestada puso de manifiesto la situación que se vivía en su casa.

Declara que su padre no trataba bien a su madre, que la insultaba y empujaba desde siempre. Que cuando su madre se quedaba sola en casa no estaba tranquilo. Antes del divorcio había empujones, que su padre, cuando se habían iniciado los trámites de divorcio, les perseguía por DIRECCION001.

Que siempre tenían que hacer lo que él decía, y si no hacían daba voces.

Su padre después del divorcio le pedía la contraseña del móvil de su madre.

La declaración del menor ha sido corroborada por los familiares del mismo, en concreto la hermana y padres de la fallecida.

En el acto de la vista estos han declarado: Fidela que el acusado a su hermana le gritaba, cuando salía con ella le hacía llamadas para controlarla, "donde estás", "te falta mucho para venir", en su presencia le dijo que "la inteligencia se mide a final de mes", cuando su hermana tenía un sueldo inferior al acusado, le insultaba, "gorda", donde vas así".

Relata que en las Navidades de 2022 su hermana le cuenta que va a separarse, y cuando le pregunta si se lo ha dicho al acusado dice que va a esperar a que termine la temporada de caza porque le tiene miedo.

Refiere que una vez iniciados los trámites de la separación y no yendo ya el acusado a la casa de sus padres. éste aparcaba su coche cerca de la casa de ellos, pese a que, por aquel entonces el acusado vivía en casa de sus padres en el otro extremo del pueblo. Adela le pedía que viera si el acusado estaba cerca porque la seguía.

El padre Miguel Ángel manifestó que a él, no le decían muchas cosas, si que presenció insultos a su hija, en concreto en un viaje familiar le habló mal. Oyó comentar que su hija podía aparecer en una cuneta.

La madre Natalia declara que el acusado insultaba a su hija, "gorda", "gilipollas", "fea", manejaba a su hija, que a raíz de la separación en el pueblo vigilaba a su hija, que por presión del acusado su hija no iba a la peña del pueblo, al decir el acusado a Adela que sólo iba a que la sobaran. Que su hija estaba atemorizaba, refiriendo a la misma expresiones amenazantes.

Se ha manifestado que la fallecida no había presentado denuncias de los posibles hechos de maltrato, pero esta circunstancia no implica que el maltrato no se haya producido porque en ocasiones es el propio hecho del maltrato y dominación lo que impide que la víctima denuncie

2.- Un delito de amenazas continuado previsto y penado en el artículo 169.2 y 74 del Código Penal.

La STS 869/2015, de 28 de diciembre:

"La jurisprudencia de esta Sala, ya desde antiguo (SSTS 9-10-1984 , 18-91986 , 23-5-1989 y 28-12-1990), ha considerado el delito de amenazas como de mera actividad, que se consuma con la llegada del anuncio a su destinatario, y su ejecución consiste en la conminación de un mal con apariencia de seriedad y firmeza, sin que sea necesario la producción de la perturbación anímica que el autor persigue, de manera que basta con que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrentar a la víctima".

El hecho queda acreditado por la declaración del menor que manifiesta que oye frases de su padre como que le tenía una sorpresa preparada, le decía que le iba a amargar la vida, que le iba a joder la vida, que el día que se reunieran con los abogados (8 de mayo), le tenía una sorpresa preparada.

Los familiares de Adela recuerdan expresiones del acusado, la testigo Natalia refiere expresiones como "cuidado con lo que haces, tengo armas y te puedes ver en una cuneta", "tengo una sorpresa preparada que no te vas a esperar", que inicialmente pensó que era en relación a la separación. La madre Natalia refiere expresiones como "no creas que te vas a ir de rositas", "hay muchas cunetas y te vas a ver en una de ellas".

Se ha solicitado la condena por el artículo 169.2 y consideramos que este debe ser el aplicable porque como dice la STS 901/24, de 28 de septiembre "Las amenazas tipificadas en los arts. 169.2 y 171.7 CP - modalidades de delito grave y leve, respectivamente- comparten denominación y estructura jurídica. Se diferencian solo por la gravedad de la amenaza, que ha de valorarse, como expone el informe del Fiscal, en función de la ocasión en que se profiere; personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores...; en definitiva, por la constelación de circunstancias que rodean el suceso".

En este caso las iniciales amenazas culminan en la muerte de Adela a manos del acusado.

3.- Un delito de asesinato del artículo 138 y 139.1. 1ª del Código Penal en el hecho de la muerte de Adela; al haber quedado plenamente acreditados todos los elementos integrantes del tipo penal.

Adela, falleció en el hospital 12 de Octubre de Madrid, días después de ser ingresada con lesiones incompatibles con la vida, según se desprende tanto de los informes médicos del hospital 12 de Octubre donde ingresa con lesiones y como consecuencia de ellas presentaba exanguinación y parada cardiorrespiratoria prolongada, que recupera tras esfuerzos resucitativos. Posteriormente ha presentado evolución clínica desfavorable falleció en situación de fallo multiorgánico y siendo exitus a las 17:10 horas del 11 de mayo de 2023. Según el informe de autopsia Adela fallece "como causa inmediata ha sido el fallo multiorgánico por schock hipovolémico y distributivo y la causa fundamental las heridas por arma blanca en el cuello".Y el informe médico forense establece "1. las heridas determinantes del fallecimiento fueron las cervicales que produjeron sección de la vena yugular y la arteria tiroidea. 2.- las heridas cervicales eran incompatibles con la vida".

La muerte de Adela fue buscada por el acusado, es decir, su conducta es inequívocamente reveladora del "animus necandi", a la vista de la evidente potencialidad método utilizado y el lugar hacia el que se han dirigido la agresión, en este caso la navaja tenía potencialidad suficiente para causar las lesiones tan graves que causa como la sección de venas y arterias así como del cuello, así como la tráquea.

En cuanto al lugar donde se producen la agresión que es el cuello no cabe duda que se buscó la muerte porque en el mismo se sitúan venas y arterias cuya sección puede causar la muerte, así como la tráquea que impide la respiración.

El acusado actuó de forma alevosa.

Dispone el artículo 22.1 CP que es circunstancia agravante "ejecutar el hecho con alevosía" y que "hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

De acuerdo con esta definición legal, para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor utilice, precisamente en la ejecución, medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su utilización tendente a asegurar la ejecución y a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS núm.1866/2002, de 7 noviembre).

De lo expuesto se desprende que la esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados. Subjetivamente, el autor debe conocer los efectos que los medios, modos o formas en la ejecución, elegidos directamente o aprovechados, van a producir en la supresión de las posibilidades de defensa del agredido.

La STS 3-2-16 dice: "La alevosía, es decir la elección de un medio o forma de ejecución que tienda directamente a eliminar las posibilidades de defensa, ha de referirse a la agresión contemplada como un todo y no a sus últimos eslabones; ha de valorarse el episodio en su conjunto y no solo en los avatares que preceden inmediatamente a la muerte de la víctima".

En este caso, y a tenor de lo que se ha declarado probado el hecho se produce en la madrugada del día 8 de mayo de 2023, el acusado que se iba de su casa al trabajo sobre las 5:30 de la mañana, vuelve a su casa antes de las 6 de la mañana, por lo que en principio, Adela no sabía que el acusado estaba en la casa, el ataque se produce en el dormitorio de ella, lo que se desprende tanto de la inspección ocular así como lo manifestado por el menor que acude a la habitación donde dormía su madre. El acusado portaba un arma y las lesiones según los informes médicos se dirigen hacia el cuello, lo que impide la defensa eficaz de Adela, pues si bien presenta heridas en la mano, no cabe descartar que se trate de una acción refleja.

La STS 3-2-16 "La eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, y es compatible con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación pero sin eficacia verdadera contra el agresor y la acción homicida (en este sentido STS 626/2015 de 18 de octubre y las que ella cita).

Además, en este caso, una vez el menor sale de la casa para solicitar ayuda, el acusado cierra la puerta de la vivienda de tal forma que se impide la ayuda a Adela, en ese sentido los agentes de policía y vecinos que acuden en socorro de la víctima han declarado la imposibilidad de abrir la puerta de la vivienda, y ello pese a que los familiares de Adela subieron a la casa con llaves para poder abrir la puerta. Declaran los testigos que oyeron el sonido de las llaves cuando el acusado abre, finalmente, la puerta.

El hecho desde una perspectiva global, cumple los presupuestos que justifican la consideración del ataque que protagonizó el acusado como alevoso.

La manera en que se desarrolló y los instrumentos utilizados desvanecieron cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima.

4.- Delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.1 y 148.3 del Código Penal.

El artículo 417.1 del Código Penal establece: "El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico"

El artículo 148. 3º del Código Penal establece: "Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección".

En el caso de autos ha quedado constatado que el acusado conocía que su hijo menor se encontraba en el domicilio cuando realiza su acción homicida, por lo que la circunstancia de que pudiera visualizar el hecho homicida era altamente probable, además, se ha acreditado que el menor presencia como su padre está encima de su madre, que trata de separarlo y su padre le empuja, en ese momento ve el cuchillo, así como a su madre con sangre, se va de la habitación a coger el móvil para pedir ayuda y cuando vuelve a la habitación de su madre presencia como su padre, con un con cuchillo, ataca a su madre.

Este hecho según el informe médico del SAMUR ocasionó al menor una crisis de ansiedad, se le deriva a pediatría para seguimiento y al PMORVG de zona para tratamiento urgente.

El mismo en dicho centro tuvo un contacto con psicología/ psiquiatría, siendo que posteriormente acude a CSM donde se le diagnóstica "problemas relacionados con acontecimientos vitales negativos de la infancia".

En el informe pericial psiquiátrico se dice que "se pone de manifiesto un cuadro afectivo compatible con la vivencia de una situación traumática, con clínica compatible con un DIRECCION004, que requiere de seguimiento continuo en salud mental para amortiguar la evolución a un duelo patológico o potenciarse un trauma complejo.

El informe concluye con que las lesiones psíquicas han requerido de tratamiento médico para alcanzar la estabilidad lesional, consistente en seguimiento psicológico.

Las peritos en el acto de la vista manifestaron que el menor desde su doctora de atención primaria se le deriva a salud mental y el 7 de julio de 2023 empieza en psiquiatría y luego pasó a psicología. Hubo un inicial seguimiento psiquiátrico, pues al ser derivado a salud mental es el psiquiatra el que decide si tiene más sentido el tratamiento psiquiátrico o psicológico o ambos.

Consideramos que atendiendo al resultado producido, conforme al informe que las psiquiatras han ratificado en la vista debe subsumirse el hecho en el artículo 148 del Código Penal, porque en dicho informe se dice: "En base a la documentación obrante en Autos y a la entrevista mantenida con el menor, se objetivan hechos que pueden dañar significativamente la salud y desarrollo psíquico de un individuo, como son problemas vinculares reactivos a la ausencia de figuras de apego (en concreto con figura paterna) y vivenciar la muerte de su madre a manos de su padre. Las víctimas de sucesos traumáticos de esta magnitud pueden sufrir un DIRECCION004 que puede dar lugar a un conjunto de síntomas disociativos y/o ansioso-deprcsivos, pudiendo llegar a experimentar clínica psíquica grave en algún momento vital posterior reactiva a la experiencia de trauma complejo. El trauma a su vez puede interferir negativamente en la calidad de vida de la persona y afectarle en su vida cotidiana y cn las relaciones sociales".

5.- El Jurado ha declarado no probado el delito de maltrato del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, al considerar que el menor, a consecuencia de la acción del acusado, no tuvo ningún tipo de lesión, y que la acción del acusado no fue dolosa. Procede absolver al acusado por este hecho.

CUARTO.-De los referidos ilícitos es criminalmente responsable, en concepto de autor, conforme a lo dispuesto el párrafo primero del artículo 28 del Código Penal, el acusado Rogelio, por haber realizado los actos que los integran directa y voluntariamente, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado.

QUINTO. -Concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

A.- Concurre la circunstancia agravante de parentesco ( art. 23 CP) , en el delito de amenazas y en el delito de asesinato, pues el acusado estaba casado con Adela y concurre en el delito de lesiones al ser el acusado padre de Eusebio.

B.- Concurre en el asesinato de Adela la agravante de género del artículo 22.4 del Código Penal.

Como se recoge en la STS 9-7-19: "la agravante de género, nos dice la STS 565/2018, de 19 de noviembre : "aparece regulada en el artículo 22 del Código Penal , que establece: "Son circunstancias agravantes: 4º. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad."

Esta agravante fue introducida por la LO 1/2015, de 30 de marzo.

Por otra parte, el Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011, ratificado por España el 18 de marzo de 2014, en su art. 3 apartado d ) Por "violencia contra la mujer por razones de género", "se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada".

Con ello, el Convenio se pronuncia sobre esta cuestión exigiendo el establecimiento de una agravación. Y este Convenio fue ratificado en España (BOE 6 de junio de 2014) en virtud del Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.

Es evidente que el fundamento de las agravaciones recogidas en este apartado 4º reside en el mayor reproche penal que supone que el autor cometa los hechos motivado por sentirse superior a uno de los colectivos que en el mismo se citan y como medio para demostrar además a la víctima que la considera inferior. La agravante de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma; es decir, en aquellos casos en que se cometió el hecho por esa motivación, que atenta contra el principio constitucional de igualdad.

En este caso el jurado ha establecido que el acusado cometió el hecho de la muerte de Adela fue una consecuencia del hecho de no aceptar el acusado el divorcio, pues como han manifestado los familiares de la víctima, con anterioridad la presentación de la demanda de divorcio el acusado tenía un control sobre Adela, es el hecho de dar el paso de divorciarse de él, que el acusado no acepta, lo que desemboca en el hecho homicida, ello porque Adela se situaba fuera de su esfera de dominio. Hay que reseñar que como dijo Fidela, el acusado realizaba comentarios despectivos sobre Adela, a la que consideraba inferior.

C.- No concurre la circunstancia atenuante analógica de confesión artículo 21.7ª en relación con el artículo 21.4ª porque no se acreditan los elementos que son necesarios para su posible apreciación.

Conforme la STS 909/24, 30 de octubre "la doctrina de esta Sala que reconoce la posibilidad de apreciar la atenuante de confesión como atenuante analógica. Se trata de aquellos casos en los que, no respetándose el requisito temporal, sin embargo, el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante para la justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que, de alguna forma, contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado ( SSTS 809/2004, de 23 junio ,y 1348/2004, de 25 de noviembre ).

Es decir, cuando la confesión no es tempestiva, cuando se preste, iniciado el procedimiento, para su apreciación analógica, se necesita que suponga una cooperación del acusado con la autoridad judicial en orden al más completo esclarecimiento de los hechos investigados y revele una voluntad de coadyuvar a los fines del ordenamiento jurídico que contrarresten la anterior voluntad antijurídica mostrada al cometer la infracción requiere una cooperación eficaz, seria y muy relevante ( SSTS 332/2002, de 1 de marzo , 25/2003, de 16 de enero ,y 767/2008, de 18 de noviembre y 1044/2002, de 7 de junio ,por todas)".

En el caso de autos cabe decir que la confesión era inevitable, en tanto que la única persona que se encontraba en la casa al margen de la fallecida es el acusado, al que su hijo había visto acometer a su madre.

Además, es de señalar que según han declarado en la vista los Policías Nacionales que realizaron la Inspección Ocular Técnico Policial, en compañía del acusado y su letrada, este les señaló como lugar donde deja el cuchillo un cajón de la cocina y ante el requerimiento de los policías, de que ninguno de los que allí había se correspondía con el arma homicida, sólo el hecho de que se iba a solicitar una orden de entrada y registro fue lo que llevó al acusado a señalar el lugar cierto donde se encontraba el arma.

Durante la causa no ha aportado nada nuevo, ni esencial para el esclarecimiento de los hechos, es más sus manifestaciones sobre el arma utilizada, en el ámbito a su derecho a no declararse culpable, ocultaban la posible planificación del hecho. Finalmente, en el acto de la vista describe lo ocurrido, como un hecho imprevisto, manifestando que él es el atacado, coge el arma de forma casual y lo hace para defenderse.

No se consideró acreditado por el Jurado la circunstancia atenuante de obcecación.

SEXTO.-La pena a imponer por el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, atendiendo al razonamiento del jurado, y al ocurrir parte de los hechos en el domicilio de la víctima y en presencia del menor, es la de 1 año y 10 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un plazo de 4 años, prohibición de aproximarse al menor Eusebio., a su domicilio, o cualquier otro frecuentado por este a una distancia no inferior a 300 metros y comunicarse con él por tiempo de 3 años.

La pena a imponer por el delito de amenazas continuado, previsto y penado en el artículo 169.2 y 74 del Código Penal, con agravante de parentesco es la de 1 año y 8 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

La pena a imponer por el delito de asesinato del artículo 139.1.1ª, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y de género, valorando que el hecho se produce en el domicilio familiar, parte del mismo en presencia del menor, así como que la acción del acusado cerrando la puerta de tal modo que impidió la posibilidad de ayuda a Adela se establece en 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 bis 1 del Código Penal la medida de libertad vigilada durante 5 años, una vez cumplida la pena, y conforme al artículo 140 bis 2 la privación de la patria potestad. Conforme con el art. 57 CP, la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 300 metros a su hijo Eusebio., a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios y cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, y prohibición de comunicación con él por cualquier medio, todo ello durante 26 años; así como la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 300 metros a Natalia, abuela materna del menor, quien ostenta su custodia, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro lugar frecuentado por ella, y prohibición de comunicación con ella por cualquier medio, todo ello durante 26 años.

La pena a imponer por el delito de lesiones psíquicas de los artículos 147.1 y 148.3 del Código Penal concurriendo la agravante de parentesco se establece en 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 300 metros a su hijo Eusebio., a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios y cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, y prohibición de comunicación con él por cualquier medio, todo ello durante 5 años.

SEPTIMO.-Las costas procesales se imponen, por imperativo del artículo 123 del Código Penal, a los penalmente responsables de todo delito o falta, incluyendo las de la acusación particular, declarando un quinto de las costas de oficio.

Los artículos 109 y 110 del Código Penal disponen que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios por él causados y que dicha responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

En el caso de autos se considera ajustada la indemnización solicitada por las acusaciones a favor de Miguel Ángel y Natalia en la cantidad para cada uno de ellos de 60.000 €, respecto a la hermana Fidela se fija una cantidad de 24.000 €, respecto al menor Eusebio. se establece la cantidad por el fallecimiento de su madre de 135.000 €, cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal, al considerar que la misma engloba el perjuicio ocasionado al menor, sin que se haya acreditado el lucro cesante solicitado por la acusación particular, por lesiones psíquicas del menor Eusebio. la cantidad de 39.960 €, por los 318 días de estabilización peritados y 18.174 €, por la secuela, conforme solicita la acusación particular, más los intereses previstos en el artículo 576 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.