Sentencia Penal 114/2026 Audiencia Provincial. Tribunal Jurado de Murcia, Rec. 5/2025 de 14 de mayo del 2026

PRIMERO. -En palabras de su exposición de motivos (apartado VI), la preocupación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado por la motivación de la resolución «lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los Jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquel ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto». Esta exigencia se plasma en artículo 70.2 de la Ley, que prescribe que cuando el veredicto fuere de culpabilidad, como ocurre en el caso de autos, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Dando cumplimiento al precepto transcrito, es obligado ahora consignar que el Jurado ha dispuesto para emitir su veredicto sobre los hechos que ha declarado probados, y sobre los cuales ha declarado la culpabilidad del acusado, de prueba de cargo practicada válidamente en el acto del juicio y con aptitud suficiente para enervar la aludida presunción constitucional respecto del hechos delictivos enjuiciado, delito de asesinato, por el que venían acusados; permitiéndose así que el Jurado entrase en la deliberación para apreciar en ella según su conciencia la prueba practicada, como así lo ha hecho, expresando sucinta pero claramente los motivos de su convicción de la culpabilidad del acusado en el apartado correspondiente del acta del veredicto.

Recordando en este punto en lo referente a la motivación del veredicto la doctrina recogida por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30/09/2013 donde se expresa:

« .....es cierto que, cuando se trata de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, no puede exigirse a los ciudadanos que integran el tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al juez profesional y por ello la ley orgánica del tribunal del Jurado sólo requiere que conste en el acta de votación la expresión de los documentos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han declarado como probados unos determinados hechos....".

Así las cosas, no es necesario que el Jurado haga una ponderación argumentada de los medios de prueba, sino que ponga en conocimiento del acusado y, eventualmente, del tribunal que tenga facultades para revisar el fallo, los elementos que permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado, reconstruyendo el proceso mental que conduce a la condena. A tales efectos, dice la sentencia del Tribunal Supremo del 5/122000, basta con la enumeración de los medios de prueba de los que el Jurado ha partido, pues con ellos ya es posible comprobar la corrección o incorrección del juicio sobre los hechos ocurridos y, en los mismos términos se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 13/122001.

SEGUNDO. -En efecto, para declarar probado que el acusado Jenaro dio muerte a Marcelino, el Jurado ha valorado diferentes medios de prueba:

1.-Atribuye un valor destacado a la confesión ofrecida por Clemencia dentro de un vehículo que se pudo reproducir en el acto del juicio y que fue grabada con un teléfono móvil por Santiaga y Julieta.

En estas manifestaciones, ante las preguntas de Santiaga y de Julieta, Clemencia viene a reconocer con claridad que mantenía una relación sentimental con Jenaro, que Jenaro mató a Marcelino por celos, que llevaba varios meses con Jenaro, que en Navidad ya estaba con él, que Jenaro le había dicho que iba a matar a Marcelino y que incluso el mismo día de los hechos Jenaro la llamó cuando estaba trabajando en el tomate, manifestando que habían discutido, que iba a buscar a Marcelino, que le iba a pegar un tiro y lo iba a matar, manifestando ella que estaba en casa. También afirmó que la escopeta era de Íñigo, que la tenían en la casa del DIRECCION000, pero que no sabía dónde la dejó; que le dijo que había matado a Marcelino y que este estaba en el suelo; que Jenaro ya tenía planeado matar a Marcelino y que ese día le dijo que se fuera a trabajar.

También manifiesta en esta grabación que su hermano Jenaro le dijo que había sido Jenaro quien había matado a Marcelino, que le vio detrás de un coche y que subió el callejón para arriba.

El contenido de este medio de prueba ha sido reiteradamente impugnado por la defensa de la Sra. Clemencia, al entender que se trataba de una prueba ilícita por vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones de su patrocinada.

Aun cuando esta impugnación no se introdujo en forma como cuestión previa al amparo de lo prevenido en el art, 45 de la LOTJ, la Sala se ha pronunciado al respecto, otorgando validez al medio de prueba, y se ha instruido de este modo al jurado, al entender que no se ha producido la vulneración del derecho a las comunicaciones de la Sra. Clemencia, pues las conversaciones se grabaron por personas que intervinieron en ellas, constituyendo así un medio de prueba cuya validez ha sido declarada por la jurisprudencia constante de nuestro TS, por todas la STS de 6 de febrero de 2024, que dice: "Contrariamente a lo afirmado por esta parte recurrente, el Tribunal en la sesión del juicio oral celebrada el día 29 de junio de 2021 resolvió sobre la impugnación de las grabaciones que había formulado la defensa de Íñigo en su escrito de calificación. Se acordó por el Tribunal desestimar esta impugnación, al no apreciar vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, pues en la ejecución de las grabacionesno había existido intervención de terceros ajenos a la grabación,sino de las propiaspartes que interviene en la conversación.

Es cierto que en la STS 421/2014, de 16 de mayo ,citada por la defensa, se afirma que "quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE ;por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado". Sin embargo, en este caso no se ha acreditado que la grabación de las conversaciones que unos u otros acusados mantuvieron con Ángel Daniel o con los hermanos Sara hubieran sido realizadas por un tercero ajeno a sus interlocutores. No consta en la causa ni se aportó en el juicio ningún elemento probatorio que indicara que las grabaciones se habían efectuado por alguien ajeno a los interlocutores, por lo que la afirmación de la parte recurrente carece de respaldo probatorio.

Decíamos en nuestra STS 56/2022, de 24 de enero ,que, en materia de secreto de las comunicaciones, el Tribunal Constitucional ha aplicado estándares de protección diferentes cuando la grabación de la conversación se realiza entre particulares que a su vez son interlocutores - SSTC 29/84 , 56/2003 -,admitiendo el potencial probatorio de las conversaciones registradas. Estándar que, sin embargo, resulta de imposible utilización cuando el interlocutor es un agente estatal en persecución de un delito o la conversación estuviera siendo observada o intervenida por las autoridades del Estado aun cuando la interlocución fuera entre particulares y uno de ellos hubiera admitido la injerencia estatal - SSTEDH, caso Krusling contra Francia, de 24 de febrero de 1990 ; caso Allan contra Reino Unido, de 5 de noviembre de 2002 .En sentido contrario, SSTEDH, caso Bykov c. Rusia, de 10 de marzo de 2009 y caso Heglas c. República Checa, de 9 de julio de 2007"

2.-En el veredicto se citan además las páginas 11, 12, 13, 25 y 42 de los mensajes de WhatsApp que obran en autos, en los que Clemencia también le reconoce a Santiaga que Jenaro le había dicho que iba a matar a Marcelino, que lo sabía desde el día de antes, que Jenaro le dijo que ese día se fuera a trabajar y que le llamo al trabajo el mismo día diciéndole que lo iba a matar. También indica que el arma no sabía dónde lo escondió, y que Jenaro le llamo con el teléfono de Marcelino para decirle que ya lo había matado.

3.-El Jurado también ha valorado las declaraciones del Guardia Civil NUM004, que manifestó como testigo que al detener a Jenaro éste les dijo que llevaba 24 horas borracho y que se había metido droga, que no recordaba lo que había hecho en el último periodo de tiempo y, sobre todo, que "quien hubiera disparado a Marcelino a la cabeza había tenido mucha sangre fría", manifestando su extrañeza de que Jenaro dispusiera de este dato cuando aún no había trascendido la información de que Marcelino había recibido un disparo en la cabeza. De hecho, indicó que el medico forense llevó e cabo el levantamiento del cadáver como si se tratase de una muerte natural.

Es cierto que ninguna de los medios citados reviste el carácter de prueba directa de los hechos. No obstante, constituyen indicios que a su vez se apoyan en otros y que pueden ser suficientes para enervar la presunción de inocencia y fundamentar la condena del acusado, tal y como reiteradamente tiene sentado nuestra jurisprudencia, siempre y cuando estos indicios sean plurales y que conjuntamente valorados permitan arrojar una convicción incriminatoria, por todas la STS de 9 de febrero de 2026, en la que se expone que: "Hemos dicho reiteradamente que el análisis de los marcadores indiciarios debe ser conjunto e interrelacionado, de modo que la fuerza de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y combinación de los diferentes indicios, que convergen y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección. No es adecuado por tanto efectuar un análisis aislado de cada uno de los indicios en su particularidad probatoria, pues pueden ser, en sí mismos, cada uno de ellos insuficientes, pero en conjunto arrojar, a juicio de la sala sentenciadora, una convicción incriminatoria no extraíble de cada uno de ellos en particular ( STS de 16 de mayo de 2014 )"

Como se ha expuesto, los indicios indicados por el jurado encuentran apoyatura en otros diferentes que se extraen de los siguientes medios de prueba practicadas en el acto del juicio oral.

1.- Obra en autos la reproducción de la declaración prestada en sede de instrucción por Maximo cuando ostentaba la calidad de imputado. Aun cuando es cierto que esta declaración se prestó por el Sr. Clemencia utilizando pocas palabras y siendo muy parco en detalles, ubicó sin dudas en el lugar de los hechos a Jenaro, manifestó escuchar un disparo, que después vio a Marcelino en el suelo y que llevaba un chándal.

2.- Santiaga corroboró la autenticidad de las grabaciones escuchadas en el acto del juicio, y manifestó que Clemencia le reconoció la relación extramatrimonial con Jenaro, que días antes de lo ocurrido Jenaro tiene la intención de matar a Marcelino, que la noche de antes le dijo que se fuera a trabajar al tomate, y que tras hacerlo le dijo, "vente que ya lo he matado". También manifiesta que Jenaro estaba presente por el lugar el día de los hechos y que vestía el mismo chándal que llevaba el día que lo detuvieron. Clemencia también le comentó que tenían previsto decir que la chaqueta en la que posteriormente aparecieron restos de pólvora pertenecía a otra persona.

3.- Del mismo modo, Mariana manifestó que Clemencia le contó que habían planeado matar a Marcelino, y que su hermano Maximo le dijo que vio a Jenaro escondido y que Marcelino salió a fregar.

4.-La agente de la Guardia Civil NUM005 declaró que tomó manifestación a Maximo, que este le dijo que escuchó un petardazo, que se asomó por la ventana y vio a su cuñado Marcelino en el suelo, que Jenaro estaba fumando un cigarro y llevaba un chándal oscuro, azul marino.

5.- Emilia declaró que el día de los hechos, sobre las 13.37 horas, recibió una llamada de Jenaro, diciendo que a sus padres le había sucedido algo, y que fuera a casa sin avisar a nadie ni llamar a la policía. Que esa llamada fue en un tanto rara, pues nunca había recibo una llamada de esta persona.

6.- Obra en autos informe emitido por los Especialistas del Departamento de Química y Medio Ambiente del Servicio de Criminalístico de la Guardia Civil con TIP NUM006 y NUM007 debidamente ratificado en el acto del juicio oral. En este informe se poden de relieve que los porta muestras aplicados sobre la chaqueta que portaba Jenaro en el momento de su detención se detectaron residuos de disparo con plomo, antimonio y bario, compatibles con restos del fulminante que se utiliza en la munición de armas de fuego en España. Como se ha expuesto más arriba, Santiaga declaró que Jenaro vestía la misma chaqueta de chándal el día de los hechos y la Guardia Civil NUM005 manifestó que Maximo le dijo que Jenaro llevaba un chándal oscuro, azul marino.

En la ratificación judicial el Guardia civil NUM006 manifestó que esos restos eran compatibles con estar en las proximidad a un lugar en el que se había realizado un disparo, o con haberlo efectuado, por la zona en que se encontraba (parte anterior de la chaqueta), y aunque no descartó con rotundidad la posibilidad de que los restos llegaran por contaminación posterior en el momento de la detención por agentes de la guardia Civil, sí que manifestó que era improbable, pues era preciso que se produjera una sucesión muy concreta de acontecimientos. En concreto era preciso que hubieran disparado esa misma mañana sus armas reglamentarias, que no se hubieran lavado las manos y que posteriormente tocaran a Jenaro en la parte de la chaqueta en que se hallaron los residuos.

Y aun cuando es cierto que la defensa del Sr. Jenaro pretendió hacer ver que esos residuos pudieron tener su origen en la actividad de caza que vendría desarrollando el auténtico propietario de la chaqueta, Luis Miguel, este relato se antoja poco coherente con el resto de prueba practicada, al haberse identificado la chaqueta como la que llevaba Jenaro el día de los hechos. Incluso la testigo Rita afirmó que Luis Miguel era cazador, pero que cuando salía a cazar solía llevar un chaleco de camuflaje.

7.-Y, por último, el informe del médico forense hace constar que los hallazgos de autopsia son compatibles con una muerte por destrucción de centros neurológicos vitales, de etiología violenta y homicida, ocasionada por herida penetrante en cavidad craneal secundaria a disparo de arma de fuego, cargada con cartucho de proyectiles múltiples de pequeño tamaño, perdigones. Los perdigones, han penetrado en partes blandas de la cabeza, por parte posterior y lateral derecho, abriéndose paso hacia el interior de cavidad craneal por región occipital atravesando el hueso y afectando centros neurológicos vitales. Los perdigones a su vez, han atravesado las partes blandas del cuello lesionándolas, llegando hasta paquete neurovascular derecho del cuello, tejidos de la base del cráneo y cavidad bucal incluido labio inferior. (imágenes 23 a 27). El disparo ha alcanzado a la víctima por la parte posterior y lateral derecho de cabeza y cuello, hombro derecho, extremo distal de antebrazo derecho y mano, lo que puede ser compatible con una posición de la cabeza ligeramente flexionada y la mano derecha elevada, próxima a la cabeza, en un posible gesto de defensa. La distancia del disparo es compatible en principio con disparo a media distancia, extremo que puede variar dependiendo de las características del arma empleada.

TERCERO.-Respecto de la concurrencia del ánimo de matar y perteneciendo dicho elemento subjetivo al conocimiento y voluntad del sujeto y a su esfera íntima, en la mayoría de los supuestos, dicho elemento debe inferirse de determinadas circunstancias que el Tribunal Supremo considera relevantes, tales como las actitudes acaecidas en los momentos anteriores al ataque, el objeto, medio o arma empleada en el ataque por su idoneidad para matar o lesionar, zonas del cuerpo de la víctima lesionadas, afectación de órganos vitales o número de golpes o agresiones violentas ejecutadas. En el supuesto de autos no cabe duda que a la vista del medio empleado y la zona del cuerpo de la víctima afectada, el acusado Jenaro tenía la intención de matar al efectuar el disparo sobre Marcelino.

CUARTO.-El art. 139 dispone que: "Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Con alevosía.

2.ª Por precio, recompensa o promesa.

3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra."

De este modo, para que el homicidio doloso alcance la categoría de asesinato es preciso que concurra alguno de los elementos más arriba indicados. En este caso el jurado ha declarado probada la concurrencia de alevosía.

El ATS de 19 de marzo de 2026 dispone que: "Respecto a la alevosía, hemos señalado que la esencia de la misma se encuentra en la eliminación de la defensa o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes (por todas, STS 22-3-2005). Y como forma específica de alevosía hemos destacado, junto a la proditoria y la de desvalimiento, la llamada alevosía inopinada o sorpresiva en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible ( STS 22-1-2004).

Para apreciar la alevosía que convierte en asesinato el homicidio hay que atender al marco global de la acción. La alevosía, es decir la elección de un medio o forma de ejecución que tienda directamente a eliminar las posibilidades de defensa, ha de referirse a la agresión contemplada como un todo y no a sus últimos eslabones; ha de valorarse el episodio en su conjunto y no solo en los avatares que preceden inmediatamente a la muerte de la víctima ( STS 569/2014, de 14 julio ).

Por ello, esta Sala arrancando de la definición legal de la alevosía, refiere invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos ( SSTS 155/2005 de 15-2 , 375/2005 de 22-3):

1º.- En primer lugar, un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las personas.

2º.- En segundo lugar, un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad.

3º.- En tercer lugar, un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Es decir el agente ha de haber buscado intencionadamente la producción de la muerte a través de los medios indicados, o cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del resultado, sin riesgo.

4º.- Y en cuarto lugar, un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS 1866/2002 de 7-11 ; 455/2014, de 10-6 )

Esta Sala entre las modalidades de la alevosía, ha incluido la sorpresiva, la que se produce de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino. En estos casos, «... es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo aviso» ( STS 5-5-2020). Como sucede en el presente caso, el ataque fue inesperado, sorpresivo y por la espalda

El jurado ha declarado probado que: "El acusado tomó la decisión de dar muerte a Marcelino con carácter previo al día de los hechos y que lo llevaría a cabo el día 31 de marzo de 2017, al representar este un obstáculo para la relación sentimental que mantenía con la acusada Clemencia. El Sr. Jenaro disparó la escopeta tras permanecer oculto detrás un coche apuntando a la cabeza, sorpresivamente, por la espalda, a corta distancia, forma de proceder que dejó a la víctima sin posibilidad de defensa, impidiéndole reaccionar."

Tal y como se ha expuesto, los hechos probados determinantes de la alevosía se han obtenido tanto de las declaraciones testificales más arriba indicadas, de las que se infiere que Jenaro estaba oculto tras un coche, como del informe médico forense, que indicó que las lesiones que causaron la muerte eran compatibles con un disparo por la espalda dirigido a la cabeza a media distancia, entendiendo por media distancia de un metro y medio a dos metros.

Este modo de proceder constituye sin duda un ataque alevoso, pues se trata de un acometimiento preparado, sorpresivo, por la espalda y utilizando un medio tan potente y a una distancia tan corta que impedía cualquier tipo de defensa o reacción por parte de la víctima.

QUINTO.- Participación de Clemencia. El jurado ha declarado probado que " Clemencia colaboró con Jenaro para dar muerte a Marcelino y que Jenaro lo llevaría a cabo el día 31 de marzo de 2017. En ejecución de este plan el día 31 de marzo de 2017 ambos acordaron que Clemencia acudiría ese día al trabajo, en el tomate. La mañana de ese día por la mañana Clemencia recibió una llamada de Marcelino, diciéndole que había discutido con Jenaro. Acto seguido Jenaro le hizo una nueva llamada telefónica, preguntando por el lugar en que se encontraba su marido, Marcelino, anunciando que lo iba matar. Clemencia informó a Jenaro de que estaba en casa. Clemencia no contactó con Marcelino ni llevó a cabo alguno para evitar lo anunciado, resultando estos actos determinantes a la hora de producirse la muerte de Marcelino."

Los medios de prueba valorados por el jurado para llegar a esta conclusión son los mismos vídeos y declaraciones testificales que han sido ya valoradas a la hora de justifica la participación de Jenaro. En concreto señalan el video y las testificales de Santiaga y Julieta.

Tal y como se ha expuesto más arriba, Clemencia vino a reconocer que sabía que Jenaro iba a dar muerte a Marcelino el día de los hechos, que recibió una llamada de Marcelino, y otra de Jenaro diciendo que lo iba a matar, informándole ella de que Marcelino estaba en casa, y sin advertir a Marcelino de lo que iba a ocurrir.

Las acusaciones particulares difieren con el Ministerio Fiscal a la hora de calificar jurídicamente los hechos. El Ministerio Público sostiene que Clemencia fue cómplice de los actos de Jenaro, mientras que las acusaciones particulares observan actos de cooperación necesaria, y, por lo tanto, de coautoría.

La STS de 24 de septiembre de 2025 dispone que: "En la Sentencia de esta Sala 518/2010, de 17 de mayo (reproducida entre otras en las SSTS 554/2014 de 16 de junio , 881/2014 de 15 de diciembre , 793/2015 de 1 de diciembre o en la 386/2016 de 5 de mayo o 990/2016 de 12 de enero de 2017 ),se establecía sobre las diferencias entre la coautoría y la complicidad que, el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél. De manera que el cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su colaboración voluntaria concretada en actos secundarios, no necesarios para el desarrollo del iter criminis.

Por su parte también ha declarado esta Sala reiteradamente que la complicidad se distingue de la cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, bien en sentido propio, bien en el sentido de ser fácilmente sustituible al no tratarse de un bien escaso. Lo decisivo para deslindar la cooperación necesaria de la complicidad es la importancia de la aportación en la ejecución del plan del autor o autores; la complicidad requiere una participación meramente accesoria, no esencial, que se ha interpretado en términos de prescindibilidad concreta o relacionada con el caso enjuiciado, no en términos de hipotéticas coyunturas comisivas, debiendo existir entre la conducta del cómplice y la ejecución de la infracción una aportación que aunque, no sea necesaria, facilite eficazmente la realización del delito de autor principal ( SSTS. 676/2002, de 7 de mayo ; 1216/2002, de 28 de junio ; 185/2005, de 21 de febrero ; 94/2006, de 10 de enero ; 16/2009, de 27 de enero ;y 109/2012, 14 de febrero o 165/2016 de 2 de marzo )."

La Sala entiende que los actos de colaboración declarados probados que se imputan a Clemencia consistentes en informar del lugar en que se encontraba Marcelino y no advertirle del propósito de Jenaro de acabar con su vida son actos de ejecución secundaria y prescindibles, pues Marcelino no se encontraba en un lugar de difícil acceso o localización, y la falta de advertencia de la intención de Jenaro de acabar con la vida de Marcelino, sería más bien incardinable en el delito de omisión del deber de impedir delitos del art. 450 del CP por el que acusó el Ministerio Fiscal en sus conclusión definitivas.

Por lo expuesto, los actos de la participación de Clemencia en el resultado lesivo han de ser considerados constitutivo de complicidad y no de coautoría.

SEXTO.- AUTORIALos hechos que el Jurado ha declarado probados, en lo que se refiere al acusados Jenaro, constituyen, conforme al veredicto de culpabilidad pronunciado por éste, un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, por cuanto dicho acusado puso fin intencionadamente a la vida de Marcelino mediante un ataque alevoso que impidió a aquel la posibilidad de defensa o reacción de la víctima, valiéndose para ello de la colaboración de Clemencia, que siendo consciente del propósito de Jenaro de acabar con la vida de Marcelino, le facilitó información sobre el lugar en el que se encontraba, omitiendo cualquier tipo de advertencia o AVISO a Marcelino sobre las intenciones de Jenaro.

De dicho delito es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Jenaro, por su directa y personal ejecución de los hechos punibles, conforme a los artículos 27 y 28, párrafo 1º, del Código Penal. Y la acusada Clemencia es criminalmente responsable en conceto de cómplice del art. 29 del CP.

SÉPTIMO. - CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

Con respecto de Clemencia, según se reconoce unánimemente por el jurado, en la participación en la ejecución del delito de asesinato concurre como agravante la circunstancia mixta de parentesco prevista en el artículo 23 del Código Penal al convivir con la víctima, que era su pareja de hecho, con el que tenía cinco hijos en común, y entenderse por regla general que el parentesco opera como agravante en los delitos contra las personas (por todas, sentencias de 25 de noviembre de 1992, 13 de octubre de 1993, 12 de julio de 1994, 6 de octubre de 1995 y 26 de enero de 1996 ). En el caso de autos obra el reconocimiento de la acusada y las manifestaciones de los testigos.

Con respecto de Jenaro, el jurado reconoció por mayoría de seis a tres que concurre la atenuante de alcoholismo y drogadicción prevenida en el art. 21.2 CP.

Y con respecto de ambos, el jurado ha declarado probado por unanimidad la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas.

La Sentencia del TS 10 de junio de 2025 establece que: "A la hora de interpretar la atenuante de dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un "plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , que reconoce 9 JURISPRUDENCIA a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2 . La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda tener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/2010, de 15 de febrero o 416/2013, de 26 de abril ). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/2005, de 20 de diciembre ), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/2002, de 16 de septiembre ), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/2008, de 10 de diciembre ). Complementariamente, nuestra jurisprudencia destaca que la circunstancia atenuante puede y debe estimarse como cualificada cuando los elementos que configuran la razón atenuatoria concurran de manera relevante e intensa en la hipótesis concernida, esto es, superando en mucho lo que sería la normal exigencia para que la atenuación se considere estimable con carácter genérico ( STS 668/2008, de 22 de octubre ). Y dado que la atenuante ordinaria precisa que las dilaciones sean extraordinarias o "fuera de toda normalidad", la atenuación cualificada exige una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente, bien proyectada en una duración que es radicalmente inasumible por los justiciables en todo caso, bien haciendo referencia a paralizaciones que no se aciertan a entender, resultan excepcionales o -como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión_superextraordinarias ( STS 251/2012, de 20 de marzo ). Como recordábamos en nuestra Sentencia 388/2016, de 6 de mayo , nuestra Jurisprudencia ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre , ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción, o en la STS 630/2007, de 6 de julio , por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Y la misma sentencia, con cita de la STS 416/2013, de 26 de abril , respecto a la duración total del proceso, compendiábamos que en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho o nueve años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las SSTS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso ; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación ; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración ; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero , por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre ; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero , que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento. Lo expuesto muestra la pertinencia de aplicar la atenuante simple de dilaciones indebidas apreciada en la sentencia de instancia, dado que transcurrieron más de cinco años desde que se inició el procedimiento judicial hasta que se dictó sentencia en primera instancia, con un incuestionable desbordamiento del llamado "plazo razonable" para un procedimiento de escasa complejidad como el actual, pero sin que se hayan alcanzado los más dilatados plazos que hemos expresado."

En el supuesto de autos, concurre la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, en tanto que los hechos ocurrieron en marzo de 2017 y el juicio se ha celebrado más de nueve años más tarde, en el mes de abril de 2026, y ello pese a tratarse de una causa en la que Jenaro estuvo privado de libertad durante casi dos años.

OCTAVO. - INDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS

En sede de individualización penológica, el art. 66.2 del CP dispone que: "2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes", y el apartado 7º del mismo precepto en el que se dispone que: "7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior".

Con respecto de Jenaro, el arco para el tipo del asesinato va de los 15 a los 25 años. La apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada junto a la atenuante de alcoholismo determina la oportunidad de imponer la pena inferior en un grado, que iría de los siete años y medio a los quince, siendo adecuada la pena solicitada por el Ministerio Fiscal de 12 años de prisión, encontrándose próxima a la mitad inferior de esta pena inferior en grado. Las circunstancias de los hechos y modo en que se produjo el disparo impide acudir a la mitad inferior de la pena inferir en grado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 55.1 del CP esta pena de prisión conlleva la accesoria de inhabilitación absoluta

Con respecto de Clemencia, al tratarse su participación de complicidad, conforme al art. 63 CP, ha de partirse de la pena inferior en grado a la prevista para el autor del delito consumado, por lo que nos situamos en un arco que va de los siete años y medio a los quince años. La atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas podría acarrear la reducción de otro grado de la pena. No obstante, concurriendo simultáneamente con la circunstancia agravante de parentesco, se considera más adecuado acudir a la mitad inferior de este arco, estimándose adecuada la pena de 8 años de prisión, muy próxima al tope mínimo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.1.2º del CP, esta pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la codena.

Las acusaciones particulares han solicitado la imposición de las penas de prohibición de residencia en Puerto Lumbreras y de aproximación y comunicación con el Sr. Marcelino y la Sra. Elena, en aplicación de lo prevenido en los art. 48 y 57 del CP. Sin embargo, considerando el largo lapso de tiempo transcurrido desde los hechos sin que se hayan relatado ni acreditado problemas, situaciones de tensión o riesgo para los perjudicados que deban ser subsanadas, no se encuentran motivos para la imposición de estas penas.

NOVENO.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Conforme a los artículos 109.1 y 116.1 de la Lecrim, la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar en los términos previstos por las leyes los daños y perjuicios por él causados; de modo que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños y perjuicios, quedando conferida la determinación cuantitativa de los daños e indemnizaciones al razonado arbitrio judicial por el artículo 115 del propio Código, dentro de los límites acotados por los principios de rogación y congruencia que rigen el objeto civil incorporado al proceso penal.

En el caso, vistas las peticiones de parte y las circunstancias del caso, se considera oportunas las cantidades reclamadas.

De este modo, los acusados indemnizarán solidariamente a Micaela en 52.207,51 euros; a Francisco en 52.207,51 euros; a Emilia en 83.532,01 euros; a Emma en 83.532,01 euros, a Felipe, en 93.973,52 euros y a Alberto en 93.973,52.

Por su parte, a Desiderio le corresponderían 15.037,50 euros y a Elena la cantidad de 50.000 euros.

DÉCIMO. - COSTAS.

Conforme al artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta. Por ello se impone a cada uno de los acusados el pago de la mitad de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación: