Sentencia Penal 65/2024 Juzgado de lo Penal de Zaragoza nº 3, Rec. 95/2023 de 29 de febrero del 2024

PRIMERO. - A las anteriores conclusiones fácticas llega quien ahora resuelve, habiendo apreciado en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, con respeto absoluto a los principios de igualdad, oralidad, contradicción e inmediación, en particular, la declaración de las acusadas y las testificales practicadas en juicio, así como la documental obrante en autos, que se dio por reproducida, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 741 LECrim.

SEGUNDO. - Cuestión previa:

La acusación particular solicitó como cuestión previa, la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral de conformidad con los artículos 783 y 786 de la LECr, porque dicha resolución no hace referencia a la apertura de juicio oral por el delito de lesiones, delito por el que se preguntó a las acusadas cuando declararon en fase de instrucción y que fue objeto de acusación por dicha parte. Se desestima la cuestión previa, de conformidad con los artículos citados y a la vista del contenido del auto de apertura de juicio oral, que expone con total claridad el delito por el que se abre juicio oral, resolviendo expresamente que no procede abrir juicio por el delito de lesiones, auto que es firme y sobre el que la parte ni siquiera solicitó aclaración, de forma que dicha resolución delimitó el objeto del juicio, sobre el que se practicaron las pruebas propuestas.

TERCERO. - El artículo 173.1º, segundo inciso del Cº Penal, castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años . . . . . a "los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima". Son elementos del tipo penal:- a) realizar contra otro actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante; Se trata, en definitiva, de generar en la víctima un estado de desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma constituyendo una ofensa a la dignidad.La conducta típica consiste en un hostigamiento psicológico desarrollado en el marco de una relación laboral que humille al que lo sufre, esto es, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática.En consecuencia, los actos constitutivos del delito de acoso laboral deben tener mayor entidad que la misma conducta no constitutiva de delito, pero sin que sea necesario llegar a constituir un trato degradante. Se entiende que la reiteración de muchos actos hostiles o humillantes por un superior en el ámbito laboral es suficiente para hablar de delito de acoso laboral- b) que tales actos sean realizados de forma reiterada y prolongada en el tiempo; - c) que se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial;

- d) que el sujeto activo se prevalga de su relación de superioridad; - e) que tales actos sean graves, de forma que valorar la gravedad de los hechos, ha de estarse al conjunto de las circunstancias de cada caso, así la duración de los malos tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, edad, estado de salud de la víctima, etc . . . .

La STS-PE 694/2018 de 21 diciembre explica que el delito de acoso laboral exige la realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, de forma reiterada, ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, y se prevalga de esa condición para su perpetración.

CUARTO. - En cuanto a la valoración de la prueba. Las acusadas negaron los hechos, la existencia de acoso laboral y de cada uno de los incidentes relatados en los escritos de calificación provisional, manteniendo, en síntesis, que tuvieron trato cordial con María Esther y desconocían el motivo de su baja laboral, estando en la creencia de que eran problemas estomacales lo que tenía María Esther. Su versión quedó desvirtuada por la testifical de María Esther, a la que se otorga total credibilidad por el contenido y forma con que declaró, describiendo con detalle y precisión cada uno de los incidentes sufridos, sin apreciar en su relato dudas, silencios o imprecisiones que hagan dudar de su credibilidad, de la misma forma que tampoco se apreció animadversión hacia las acusadas a pesar de las vivencias tenidas. No obsta lo anterior, el hecho de que interpusiera demanda por despido ante la jurisdicción social y alcanzara conciliación previa consistente en reconocer la empresa la existencia de un despido objetivo improcedente, con la consiguiente indemnización, haciendo constar la papeleta de conciliación, que la trabajadora nada más tenía que reclamar, siendo en cierto modo entendible que la trabajadora quisiera asegurar la indemnización por el despido al que se había visto abocada, sin perjuicio de ejercer las acciones penales a las que evidentemente tenía derecho, con la carga emocional que supone verse inmerso en un proceso penal. Tampoco impide alcanzar la convicción indicada el hecho de que la testigo no pudiera concretar la fecha en algunos de los incidentes relatados, si se tiene en cuenta que éstos se remontan al año 2014 y se vinieron produciendo de forma sistemática desde el año 2016.

Con todo, su testifical acredita cómo las acusadas Africa y Almudena ya tuvieron algún trato vejatorio con María Esther cuando eran meras compañeras, tratos vejatorios que se vinieron manteniendo de manera sistemática desde el año 2016, cuando pasaron a ser superiores jerárquicas, poniéndose de común acuerdo, para hostigarla en el desempeño de su puesto de trabajo, haciéndola de menos, gritándole delante de otros compañeros, aislándola del resto, degradándole en sus funciones, exigiéndole la realización de archivos de ladrones de tiempo hasta un punto totalmente desproporcionado como es tener que anotar incluso las paradas para ir al servicio, cuando en realidad, ningún trabajador en la empresa realizaba estos archivos de ladrones de tiempo, hasta tal punto. A todas estas vejaciones se unía la carga excesiva de trabajo que tenía María Esther, cuando estuvo en Alagón 2, planta en la que llegó a llevar 70 máquinas sola, sin ayuda de técnicos, mientras en Alagón 1 había 7 ingenieros para un total de 114 máquinas (acont. 130). Es especialmente reprochable la conducta que observaron las acusadas, ante las llamadas de atención de María Esther, sobre la excesiva carga de trabajo que soportaba. No es reprochable que tuviera excesiva carga de trabajo, sino la actitud pasiva, sin empatía alguna que sus jefas adoptaron al respecto, metiéndole mayor presión y colocando a Almudena al lado de María Esther, realizando funciones de policía, aumentando de esta manera el desasosiego y frustración de la trabajadora, que incluso llegó a solicitar que la sacaran del departamento o incluso la despidieran, antes de continuar en el mismo estado de cosas. Las acusadas siguieron mostrando esta falta de empatía, incluso a pesar de conocer los problemas de salud de María Esther, que, por esas fechas, ya había acudido al médico de cabecera, que le diagnosticó de ansiedad, pues expresamente María Esther contó su problema a Almudena, quien le respondió que no le aconsejaba coger la baja ni tomar medicación por el bien de la empresa, limitándose a decirle que tomara valerianas y diera una vuelta por el exterior de la empresa si tenía ataques de ansiedad.

El punto de inflexión, tuvo lugar cuando María Esther ingresó en urgencias y se vio tumbada en la camilla con una vía puesta, momento en que decidió pedir nuevo puesto de ingeniera química, que había salido para una empresa de la misma compañía, lo que, ingenua de ella, comentó con las acusadas.

No ha quedado acreditado que Africa, que pertenecía al comité de dirección, tuviera algo que ver en que María Esther no fuera elegida para el puesto, pero desde luego, sí es reprochable y entra dentro de lo que se considera un acto de hostigamiento y vejatorio, el hecho de que llamara a María Esther justo dos horas antes de la entrevista, para decirle que no estaba a la altura del puesto. Finalmente María Esther cogió una primera baja médica y cuando se incorporó de nuevo a la empresa, la conducta vejatoria y humillante continuó por parte de ambas acusadas, que se iban alternando en el mal trato que daban a María Esther, de hecho, se puede decir que con mayor gravedad, pues en este momento, a pesar de conocer que la baja médica fue por trastorno de ansiedad, degradaron a María Esther en sus funciones durante al menos un mes y medio, encomendándole funciones que habitualmente solían realizar los operarios, sentada en una mesa a la vista de todos, hasta el punto de que todos los compañeros le preguntaban qué hacía allí. Fue también en este momento, cuando Almudena le exigió realizar el archivo de ladrones de tiempo, no como una herramienta voluntaria para mejorar, sino como una obligación diaria a realizar, sin que haya quedado acreditado que María Esther tuviera bajo rendimiento. De hecho, en relación a este tema, ninguno de los testigos que declararon en el acto del juicio, pudo decir un solo trabajador de la empresa, al que se le exigiera lo mismo, conclusión que también resulta de la grabación entre María Esther y un miembro del Comité de Empresa, en que el interlocutor reconoce que existe una situación similar con otro trabajador, que ni de lejos, alcanzó la situación vivida con María Esther, interlocutor que calificó de "acoso" la situación de María Esther (acotn. 29 y 30). Simultáneamente, Africa exigió a María Esther fichar incluso el tiempo de comida, a pesar de no ser esta la costumbre en la empresa, pues el resto fichaba a la entrada y a la salida, pero no la comida ni las pausas. La versión de María Esther sobre los archivos de ladrones de tiempo y fichajes vino corroborada por los documentos obrantes a los aconte. 178 y 179, sobre los emails remitidos por las acusadas Almudena y Africa, exigiéndole fichar las comidas y realizar dichos archivos. Finalmente, María Esther cogió una segunda baja médica y su relación laboral con la empresa terminó. El hostigamiento sufrido por María Esther vino agravado por la actitud pasiva de la empresa. Como María Esther contó, comentó su situación varias veces con el comité de empresa, con el sindicato, con servicios médicos, con recursos humanos, solicitando incluso a recursos humanos que le cambiaran de departamento y le alejaran de las acusadas y nadie adoptó medida alguna para minimizar al menos, la situación que estaba sufriendo María Esther.

De hecho, María Esther llegó a denunciar ante la Inspección de Trabajo (acotn 3 expediente electrónico), conociendo únicamente que la Inspección solicitó a la empresa una encuesta psicosocial, desconociendo si se realizó correctamente y cuál fue el resultado, si bien, a pesar de esto, se tiene en cuenta la denuncia porque otorga seriedad a la versión de María Esther. En relación a la encuesta psicosocial, se duda de la actitud de la empresa sobre la forma en que se realizó, a la vista de la grabación con Augusto, miembro del sindicato OSTA (obrante al acontecimiento nº 34 del expediente electrónico), de la que resulta que el sindicato pensó en impugnar la encuesta, ya que en principio se trataba de una encuesta voluntaria y anónima, a pesar de lo cual, la empresa lo que hizo fue pasar lista para ver quién subía la encuesta y quien no, lo que hizo que muchos compañeros no realizaran la encuesta, porque pensaron que la empresa estaba marcando a la gente. Pero principalmente se otorga credibilidad a la versión de María Esther, porque viene corroborada por las pruebas practicadas. En concreto, las testigos Soledad y Susana presenciaron varios de los episodios relatados. Soledad, trabajadora de la empresa desde el año 2008, presenció el incidente ocurrido en 2014 con ocasión de una reclamación con el Meriva, en que ambas empezaron a gritar a María Esther, delante de otros compañeros y el incidente ocurrido en abril de 2016 con las desatornilladoras, en que la testigo estaba sentada a seis metros del despacho de Africa y oyó los gritos, que fueron bastante fuertes, gritos que también presenció algún otro trabajador. Esta testigo corroboró cómo le hicieron hacer el archivo de ladrones de tiempo, en que tenía que anotar todo lo que hacía, incluso si iba al baño o con quien hablaba, así como que la gente le hacía el vacío porque no querían salir en el archivo, o la degradación de funciones que sufrió al volver de la baja. En el mismo sentido, Susana, técnico del servicio de riesgos laborales , declaró que todo el mundo en la empresa conocía que la causa de la baja de María Esther eran cuestiones psicológicas, así como que María Esther le solicitó información sobre acoso laboral y riesgos psicosociales, que la testigo nunca tuvo que hacer un archivo de ladrones de tiempo como el que exigieron a María Esther, ni tuvo que fichar las comidas, que presenció el aislamiento de María Esther y una situación hostil absoluta hacia ella, que conoció no solo porque se lo contara ella, sino porque lo presenció la propia testigo, como por ejemplo en el sitio donde la ubicaron al incorporarse de la baja, en una mesa al lado de la puerta, en la zona más fría de la sala.

En cuanto a Adriana, secretaria dirección desde 2004, se coge con pinzas su declaración en el acto del juicio, donde manifestó que conocía que María Esther tenía un problema con la carga de trabajo y la propia testigo estuvo presente en una reunión de María Esther con Recursos Humanos, que se limitó a la carga de trabajo y la falta de recursos, conociendo la testigo que María Esther tenía problemas de salud, pero por temas del trabajo, reiterando que María Esther en ningún momento le habló de gritos, hostigamiento o acoso de las acusadas así como que no recordaba si María Esther le contó el motivo de su baja. Lo cierto es que sí queda acreditado que Adriana estaba al corriente de todo lo que ocurrió con María Esther, tal como manifestó la testigo Soledad al afirmar que "con Adriana hablaba alguna vez y conocía todo lo que estaba pasando, y no solo el tema de la carga de trabajo y de hecho Adriana les acompañó a recursos humanos", testifical a la que se otorga credibilidad, vista la documental aportada, consistente en conversaciones de María Esther y Soledad con Adriana, obrantes a los acontecimientos 22 y 23 del expediente electrónico del Juzgado Instructor y principalmente de la grabación de la conversación mantenida entre María Esther y la testigo (acont. 1821), que tuvo lugar una vez María Esther salió de la empresa, de la que resulta que Adriana conocía lo acaecido con las acusadas y cómo Adriana acompañó a María Esther a recursos humanos por este motivo. Igualmente acredita la situación vivida por María Esther, la grabación obrante al acont. 33 del expediente electrónico, con el compañero Pio, quien se refirió a la situación que estaba viviendo el trabajador Primitivo con Almudena y Africa, y el comentario que éste trabajador hizo a Pio, diciéndole "estas no me van a hundir la vida como se la han hundido a María Esther". En relación a la excesiva carga de trabajo, de la que María Esther venía quejándose y que no ha sido negada de contrario, debe decirse al respecto, que la excesiva carga de trabajo no constituye el delito de acoso laboral, sino la conducta que las acusadas mantuvieron con respecto a María Esther, en la que se aprecia el prevalimiento de su superioridad jerárquica y el trato hostil y humillante, ya relatado anteriormente, junto a un acoso muy sutil, que venían practicando, como la exageración de sus errores, evaluaciones y valoraciones negativas de su rendimiento o comentarios ante terceros sobre el incumplimiento de algunas de sus tareas, sobrecarga de trabajo, plazos excesivamente cortos, tareas en exceso y control del trabajo con presión indebida, esto es, lo que se viene llamando gaslighting .

Relacionado con la excesiva carga de trabajo, también se quiere precisar que no se aprecia en María Esther el síndrome del burnout, que es estado provocado por el mismo trabajador que no se siente satisfecho o tiene excesiva carga de trabajo, y que él mismo desarrolla, sin hostigamiento previo. Por el contrario, el acoso laboral es un acecho prolongado por parte de jefes o compañeros, con vulneración de derechos fundamentales. En conclusión, se califica de grave la conducta observada por las acusadas con María Esther, teniendo en cuenta las diversas circunstancias concurrentes, esto es, en primer lugar, el tiempo que duró la hostilidad mostrada, al menos desde el año 2016, por lo expuesto anteriormente. En segundo lugar, el hecho de haber sido las dos acusadas, las que simultáneamente, ejercieron tal abuso sobre la trabajadora. En tercer lugar, la salida de María Esther de la empresa como solución a la situación que estaba viviendo, viéndose abocada a interponer demanda por extinción de contrato de trabajo, de la que es cierto que desistió, pero únicamente porque recibió carta de despido objetivo, siendo en el acto de conciliación por este despido, donde la empresa reconoció su improcedencia, quedando finiquitada de esta manera la relación laboral. En cuarto lugar, el perjuicio causado a María Esther en su promoción profesional, pues dejó su puesto de ingeniera en una empresa multinacional para pasar a trabajar como profesora de matemáticas en un colegio. Ella misma manifestó en la conversación que mantuvo con su compañero Pio, que necesitaba tiempo para recuperarse y poder trabajar en puesto análogo en otra empresa (acont. 33), como así ha sido, siendo en tiempo reciente, cuando volvió al sector. En quinto lugar, la pasividad de la empresa, que acompañó al abuso de las acusadas, a pesar de los diversos requerimientos realizados por la trabajadora, pasividad mostrada incluso a la hora de realizar la encuesta psicosocial solicitada por Inspección de Trabajo, ya relatada, con el único fin de que no saliera a la luz, el acoso laboral y ello a pesar de haber sido solicitada dicha encuentra, por la Inspección de Trabajo. En sexto lugar, la enfermedad sufrida por María Esther como consecuencia de tal abuso, enfermedad que dio lugar a dos bajas médicas y a que María Esther tuviera que seguir tratamiento médico por lo que finalmente ha sido un trastorno depresivo mayor.

En consecuencia, se dicta sentencia condenando a las acusadas por delito de acoso laboral, del artículo 173.1º, inciso 2º del Cº Penal, ya referido, excediendo el ámbito social. La condena por delito de acoso laboral, excluye, como no puede ser de otra forma, la condena por delito de coacciones del artículo 172 del Cº Penal, objeto de calificación subsidiaria.

CUARTO. - Del referido delito son responsables en concepto de coautoras, ambas acusadas, ex art. 28 del C.Penal, dada su participación personal, voluntaria y directa en los hechos, al haber mantenido ambas el dominio del hecho, que no solo actuaron conjuntamente, sino de forma individual, consiguiendo el trato vejatorio continuo a la trabajadora.

QUINTO. - No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO. - Por lo que se refiere a la concreta pena, se impone a cada una de las acusadas la pena de 14 meses de prisión con accesoria legal, de conformidad con el artículo 173.1 citado y el artículo 66.1.6º del Cº Penal, imponiendo la pena en la mitad inferior al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y dentro de esta extensión, tener en cuenta para concretar la pena, la duración del acoso, haberlo cometido delante del resto de trabajadores y la entidad de los perjuicios causados, de los que destaca principalmente el hecho de que la víctima tuviera que salir de la empresa y llegara a sufrir enfermedad psíquica, por la que recibió tratamiento farmacológico hasta el día de hoy, lo que supone mayor desvalor del resultado y si bien, finalmente, este hecho no fue objeto de delito de lesiones del artículo 147.1 del Cº Penal y por tanto, no ha sido sancionado penalmente, sí se tiene en cuenta en este momento para concretar la pena y exigir mayor responsabilidad penal.

SEPTIMO. - De conformidad con el art. 116 del CP toda personacriminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente sidel hecho se derivan daños y perjuicios . Por lo expuesto anteriormente, ha quedado acreditada la comisión del delito, su autoría y el resultado lesivo, principalmente el perjuicio moral sufrido por María Esther, no solo durante los años que se prolongó el acoso, sino posteriormente a la extinción de la relación laboral, en que siguió viendo afectada su salud y su promoción profesional.

Por tanto, las acusadas deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a María Esther, en la cantidad de 40.000 euros por los perjuicios sufridos, siendo responsable civil subsidiaria la empresa ADIENT AUTOMOTIVE SL, de conformidad con el artículo 120.4 del Cº Penal, que hace responsables a las " personas jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios ". Se tiene en cuenta para concretar el importe, la duración de la enfermedad, las recaídas que ha tenido la víctima, la baja médica que necesariamente debió causar, el desprestigio sufrido ante sus compañeros y la afectación de su vida profesional. Igualmente, se tiene en cuenta para concretar el importe, el hecho de que haya percibido incapacidad temporal durante la baja y la indemnización de 12.578 euros recibidos en concepto de indemnización complementaria, reconocidos por la empresa, seguramente como resarcimiento de la situación vivida. Conforme dispone el artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social, la indemnización por extinción del trabajo y la liquidación de la relación laboral, son compatibles con la indemnización por el perjuicio moral sufrido y por este motivo, tales cantidades no se han tenido en cuenta para modular la cuantía, cuestión distinta, por tanto, de la indemnización complementaria recibida.

OCTAVO. - Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, conforme a lo así prevenido en los artículos 123 y 124 CP, en relación con los artículos 239 y siguientes Lecrim, por lo que procede su imposición a las dos acusadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,