Sentencia Penal 13/2023 Juzgado de lo Penal de Mérida nº 2, Rec. 62/2018 de 31 de enero del 2023

PRIMERO: Como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho de la presente sentencia, inicialmente la causa se seguía contra cinco encausados, cuatro de ellos ( Leopoldo, Lucas, Matías y Isaac ) en cuya imputación vienen a coincidir tanto el Ministerio Fiscal como el resto de Acusaciones Particulares personadas como tal en las actuaciones, y un quinto encausado, Manuel, que lo es a instancias de las Acusaciones Particulares constituidas a nombre de Custodia y otros, y de Germán y Esmeralda, unos y otros familiares directos de los dos fallecidos como consecuencia de los hechos enjuiciados.

Esta acusación, no obstante, fue retirada en los inicios del juicio oral con ocasión de las modificaciones de las conclusiones que todas las Acusaciones, principiando por el Ministerio Fiscal, efectuaron en trámite de cuestiones previas, modificaciones a las que se adhirieron todas las Defensas de los acusados, así como las de los responsables civiles directos y subsidiarios.

Así pues, no dirigiéndose ya la acción penal (tampoco la civil) contra el citado Sr. Manuel, la consecuencia no puede ser otra que la de dictarse respecto del mismo sentencia absolutoria, y ello por exigencias del principio acusatorio que rige en el proceso penal, según el cual "sin acusación, no puede haber condena

SEGUNDO: En el trámite de cuestiones previas al que se acaba de aludir, el Ministerio Fiscal y todas las Acusaciones Particulares modificaron sus conclusiones en relación a los cuatro encausados respecto de quienes se mantiene el ejercicio de las acciones penales y civiles ( Leopoldo, Lucas, Matías y Isaac), en el sentido que se ha expuesto en el antecedente de hecho quinto de la presente resolución, destacando de esta modificación dos aspectos principales: de un lado, una rebaja sustancial en las penas a imponer habida cuenta la concurrencia, más que notoria, de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del CP como muy cualificada, y de otro lado, la retirada de la acusación respecto del encausado Isaac por los delitos contra los derechos de los trabajadores y de los seis delitos lesiones imprudentes de los que inicialmente se le acusaba, por las razones que se hicieron constar en el acto del plenario, que impiden condenar al referido acusado por delitos distintos de aquellos por los que se mantiene la acusación (los dos delitos de homicidio imprudente).

Todos los encausados expresaron en el plenario su conformidad con los hechos que se les imputan y con las penas que se solicitan por todas las acusaciones para los mismos como consecuencia de estos hechos. Esto es, existe un reconocimiento por parte de los encausados de los aspectos de índole penal del proceso, una asunción de responsabilidad penal por su parte en los términos en los que ha quedado fijado el debate tras las modificaciones efectuadas en el trámite de cuestiones previas, y como quiera que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia 810/2017, de 11 de diciembre, entiende que en las dos vertientes, penal y civil, la conformidad es escindible, se acordó continuar el juicio exclusivamente en relación a los aspectos civiles del debate, renunciándose por todas las partes a la práctica de las pruebas testificales, manteniéndose la práctica de aquellas pruebas periciales que a las partes convino.

Siendo esto así, reconociendo los acusados señores Leopoldo, Lucas, Matías y Isaac los hechos de los que venían siendo respectivamente acusados, mostrándose conformes con las penas que todas las acusaciones reclaman por los delitos que les imputan, y siendo estas penas correctas, ajustadas y congruentes con la calificación penal de los hechos y con las circunstancias concurrente en el presente supuesto (sobre todo, con la demora en la instrucción y en el enjuiciamiento), la consecuencia ha de ser la de acoger tal acuerdo sobre los cuestiones de naturaleza penal de la causa, sin mayor motivación.

TERCERO: Hechas estas consideraciones, habida cuenta la conformidad sobre los aspectos penales de la causa, cabe concluir que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 316 del CP en concurso ideal del artículo 77 del CP (a penar por separado por ser más favorable) con dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 del CP, con un delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.3º del CP, y con cinco delitos de lesiones imprudentes del artículo 152.1.1º del CP, en su redacción anterior a las reformas operadas por la LO de 30 de marzo de 2015 y por la LO 5/2010 de 22 de junio atendida la fecha de los hechos, en relación con la siguiente normativa infringida: artículos 14, 15, 16.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con los artículos 5, 9 a)1, b), c), d) y e), en relación con los artículos 10 b), i) y j), y en relación con los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción; todo ellos en relación con el artículo 235.4 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y artículos 6, 8.1 y 2, 15 y 16 de la Orden de 2 de agosto de 2001, por la que s desarrolla el artículo 235.4 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres en materia de supresión y protección de pasos a nivel, así como los artículos 3 y 4.1 a) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención en relación con los artículos 7, 11.1ª) en relación con los artículos 10 b), d) y j) y 11.1 c) en relación con los apartados 11 a),b) último párrafo y d) del Anexo IV pare A del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y artículo 10 apartados 1 y 2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de las actividades empresariales.

CUARTO: En cuanto a la autoría, cabe decir que, por acuerdo de las partes, de todos los delitos señalados son autores penalmente responsables Leopoldo, Lucas y Matías, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del CP.

El encausado Isaac es autor responsable de los dos delitos de homicidio imprudente del artículo 142 del CP, habida cuenta la retirada de la acusación por parte del Ministerio Fiscal y de las restantes Acusaciones de los demás delitos de los que inicialmente se le venía acusando.

QUINTO: Concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del CP, extremo éste con el que todas las partes se han mostrado conformes.

SEXTO: Respecto de las penas, se estima que las conformadas están dentro de la legalidad y son proporcionadas a los hechos vistos y declarados probados, por lo que procede su aprobación, sin que este Juzgado, por exigencias del principio acusatorio, pueda apartarse de lo convenido por las Acusaciones y Defensas en el trámite de cuestiones previas, ni siquiera para rebajar las penas de inhabilitación profesional que se insta en trámite de informe por las Defensas de los señores Lucas y Matías, porque sería contravenir lo convenido por dichas defensas con las Acusaciones. En consecuencia, procede imponer las siguientes:

1.- A Leopoldo, por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme el artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de un mes de multa con cuota diaria de tres euros.

Por cada delito de homicidio imprudente la pena de tres meses de prisión, y nueve meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de piloto de seguridad en obra ferroviaria.

Por el delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.3º del CP la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme al artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de piloto de seguridad en obra ferroviaria.

Y por cada uno de los cinco delitos de lesiones imprudentes del artículo 152.1.1º del CP, la pena de veintidós días de prisión, a sustituir por pena de multa de cuarenta y cuatro días con cuota diaria de tres euros, así como pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de piloto de seguridad en obra ferroviaria.

2.- A Lucas, por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme el artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de un mes de multa con cuota diaria de tres euros.

Por cada delito de homicidio imprudente la pena de tres meses de prisión, y nueve meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de encargado de seguridad en obra ferroviaria.

Por el delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.3º del CP la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme al artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de piloto de encargado de seguridad en obra ferroviaria.

Y por cada uno de los cinco delitos de lesiones imprudentes del artículo 152.1.1º del CP, la pena de veintidós días de prisión, a sustituir por pena de multa de cuarenta y cuatro días con cuota diaria de tres euros, así como pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de encargado de seguridad en obra ferroviaria.

3.- A Matías, por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme el artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de un mes de multa con cuota diaria de tres euros.

Por cada delito de homicidio imprudente la pena de tres meses de prisión, y nueve meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de Técnico de Prevención en obra ferroviaria.

Por el delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.3º del CP la pena de un mes de prisión, a sustituir conforme al artículo 71 del CP por la pena de dos meses de multa con cuota diaria de tres euros, así como la pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de Técnico de Prevención en obra ferroviaria.

Y por cada uno de los cinco delitos de lesiones imprudentes del artículo 152.1.1º del CP, la pena de veintidós días de prisión, a sustituir por pena de multa de cuarenta y cuatro días con cuota diaria de tres euros, así como pena de tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de Técnico de Prevención en obra ferroviaria.

4.- A Isaac, por cada delito de homicidio imprudente la pena de tres meses de prisión, y nueve meses de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de coordinador de seguridad y salud en obra ferroviaria.

SÉPTIMO: Establece el artículo 109 del CP que la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. En términos semejantes, el artículo 116 del mismo Cuerpo Legal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.

En aplicación de las normas antedichas, ninguna duda cabe de la responsabilidad civil directa que incumbe a los encausados Leopoldo, Lucas y Matías en tanto que responsables penales de todos los delitos que son objeto de acusación, y, por ende, de la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas de las que eran trabajadores dependientes, conforme al artículo 120.4 del CP (según el cual " son responsables civilmente en defecto de los que lo sean criminalmente las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios"), a saber, PREMAN SERVICIOS AUXILIARES, SACYR SA y EPSA INTERNACIONAL SA, así

como de la responsabilidad civil directa de las aseguradoras con las que dichas empresas tenían concertados seguros de responsabilidad civil, en concreto, MAPFRE EMPRESAS, GENERALI y ZURICH INSURANCE.

Tampoco cabe duda de la responsabilidad civil directa del encausado Isaac y, por ende, subsidiaria de la empresa para la que venía prestando servicios (Ingeniería y Prevención de Riesgos SL), así como directa de la aseguradora de la citada empresa (CASER) en relación a las indemnizaciones correspondientes a los delitos de homicidio imprudente por los que resulta aquí condenado.

Pero en cuanto a las indemnizaciones derivadas directamente de los delitos de los que debe ser absuelto por la retirada de la acusación, sin embargo, ha de estarse al criterio establecido por nuestra jurisprudencia según el cual, " las disposiciones reguladoras de la responsabilidad civil están asociadas a la previa condena penal", "La absolución de un acusado, a salvo de la concurrencia de unas circunstancias de exención de la responsabilidad que contempla reglas específicas, determinará la desestimación de la exigencia deresponsabilidad civil actuada ante el tribunal" ( STS 877/2000, de 17 de mayo ), "Declarada la prescripción del delito (...) y extinguida en consecuencia la responsabilidad criminal de la acusada, ningún pronunciamiento procedía en este proceso acerca de la eventual responsabilidad civil derivada del delito, sin perjuicio de que la misma pudiera resultar declarada en el marco de la jurisdicción civil (en tal sentido, por todas, nuestra sentencia número 414/2015 , de

6 de julio)" ( STS 463/2022, de 12 de mayo ). Y como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 20 de enero de 2015, " La declaración de prescripción respecto de los dos referidos recurrentes, hace que debamos absolver no solo a ellos, sino también a las responsables civiles directas y subsidiarias con ellos relacionadas".

Así pues, el acusado Isaac, en tanto que sólo será condenado por dos delitos de homicidio imprudente, únicamente habrá de responder civilmente de las indemnizaciones derivadas del fallecimiento del conductor del camión dúmper, Jose Luis, y de la pasajera del tren, Jacinta, a las que más adelante se hará referencia para determinar su cuantía, siendo responsable civil subsidiario de dichas indemnizaciones su empresa empleadora, Ingeniería y Prevención de Riesgos SL, y directa la entidad aseguradora CASER.

En lo que se refiere a ADIF, entidad pública empresarial que ha sido traída a juicio en la condición de responsable civil subsidiario en tanto que promotora de la obra en cuya ejecución se produjeron los hechos, se aduce en su escrito de defensa, elevado a definitivo, su falta de legitimación pasiva.

Se argumenta por dicha entidad que no cabe declarar su responsabilidad civil subsidiaria al amparo de lo previsto en los artículos 120 y 121 del CP en tanto que ninguna de las personas que se sienta en el banquillo de los acusados es dependiente o trabajador de ADIF, sin que por su parte se hubiera formulado reserva alguna de control de las tareas encomendadas a los contratistas.

Esta argumentación debe ser rechazada. No es solo que ADIF sea con carácter general la responsable de la seguridad en la red ferroviaria, como así lo dispone la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario; es que entre las obligaciones que le incumben como promotor, según el RD 1627/1997 al que se remite en su escrito de defensa, se encuentran la designación de un coordinador en materia de seguridad y salud laboral cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, como es el caso, y la elaboración y aprobación de un estudio básico de seguridad y salud en fase de redacción del proyecto, que, en todo caso, establecerá las bases y, sobre todo, los niveles y requisitos preventivos mínimos a observar por parte del contratista, de acuerdo con lo definido en el proyecto de obra.

A la vista de ello, no puede excluirse la responsabilidad civil subsidiaria de ADIF al amparo de lo prevenido en los artículos 120 y 121 del CP, no solo por su condición de empresario titular y principal del centro de trabajo en el que se estaban ejecutando los trabajos en el momento del accidente (una vía férrea), sino también porque como promotor de la obra tenía encomendadas unas tareas en materia de seguridad y salud (designación del coordinador de seguridad y aprobación del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista). El artículo 121 del CP establece que los Entes Públicos (ADIF lo es) responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando éstos sean, entre otros, contratados por la misma, siendo este el caso que aquí concurre.

Esto es, para declarar la responsabilidad civil subsidiaria de ADIF no es necesario que un trabajador o empleado suyo se siente en el banquillo como acusado, basta que lo esté un contratado por dicha entidad, y esto es precisamente lo que sucede en el presente supuesto, debiendo, por ende, declararse también la responsabilidad de ALLIANZ, aseguradora con la que tenía ADIF concertado seguro de responsabilidad civil en el momento de los hechos.

OCTAVO: Determinadas ya las personas, aseguradoras, entidades y empresas que deben responder civilmente, con carácter directo o subsidiario, de las consecuencias derivadas de los ilícitos penales por los que se va a dictar condena, se ha de pasar ya a determinar los daños personales y materiales que deban ser indemnizados.

En cuanto a los daños personales, se ha de recordar que no se está en presencia de daños y perjuicios causados en accidente de circulación, por lo que el Juzgador no está vinculado por la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la valoración de tales daños y las limitaciones que establece la misma. La legislación establecida en la Ley 30/1995, el Baremo incluido en su Anexo, tiene su ámbito específico de aplicación en la materia de siniestros de la circulación de vehículos a motor, como se desprende de la DA 8ª de la citada ley, y cuyo carácter vinculante se circunscribe a la circulación viaria, según se desprende de la STC 181/2001, lo que no significa que para cuantificar las indemnizaciones, por razones de igualdad y seguridad jurídica, no se pueda acudir orientativamente al sistema de valoración de los daños personales instaurado por el Baremo ( SS. TS 23.1.2003 y 25.4.2003).

Dicho esto, debe tenerse también en cuenta que si bien la conformidad de las partes no alcanza a la responsabilidad civil y el juicio se ha seguido exclusivamente para dilucidar los aspectos civiles derivados de la causa, lo cierto es que ninguno de los acusados, ni tampoco ninguno de los responsables civiles directos o subsidiarios se ha detenido en impugnar o rebatir las cuantías indemnizatorias que se reclaman para los perjudicados por daños personales. Así las cosas, no siendo vinculante en este caso el baremo que para la valoración de daños y perjuicios causados en accidente de circulación establece la Ley 30/1995, y no mostrando oposición los obligados al pago a las cantidades reclamadas por dicho concepto por los perjudicados, en su propio nombre y derecho, o por el Ministerio Fiscal en su nombre, considerando que dichas sumas no son en absoluto desproporcionadas, excesivas o improcedentes, procede acordar las siguientes indemnizaciones:

A favor de Custodia, viuda del fallecido Jose Luis, la cantidad total de 126.538 (incluido el factor de corrección del 10% que se solicita por perjuicio económico).

A favor de Carlos Ramón, hijo del fallecido Jose Luis, la cantidad total de 52.724 euros (incluido el 10% de factor de corrección por perjuicio económico)

A favor de Feliciano, padre del fallecido Jose Luis, la cantidad total de 9.586 euros (sin factor de corrección por cuanto que el fallecido tenía vida independiente de sus padres)

A favor de Eulalia, madre del fallecido Jose Luis, la cantidad total de 9.586 euros (sin factor de corrección por cuanto que el fallecido tenía vida independiente de sus padres)

A favor de Germán y de Esmeralda, por el fallecimiento de su hija Jacinta, la cantidad total de 147.628,50 euros, teniendo en cuenta las circunstancias familiares especiales concurrentes, en particular, el hecho de ser hija única del matrimonio y de contar en el momento de su fallecimiento con tan solo 19 años de edad.

A favor de Gabriel, por las lesiones sufridas la cantidad de 7.969,54 euros por las lesiones sufridas, y por las secuelas, valoradas en diez puntos y el perjuicio estético ligero, la cantidad de 9.570,46 euros.

A favor de Encarnacion, por las lesiones sufridas y secuelas padecidas, la cantidad total de 11.118,10 euros.

A favor de Eloisa, la cantidad total de 8.229,32 euros por las lesiones sufridas.

A favor de Iván, la cantidad total de 7.775,60 euros por las lesiones sufridas.

A favor de Rafael, a quien como consecuencia el accidente le fue extirpado el bazo, la cantidad total de 35.856,44 euros.

A favor de Fermina, la cantidad de 2.700 euros por sus lesiones y de 750 euros por las secuelas.

A favor de Josefina, en la cantidad de 210 euros por las lesiones sufridas.

A favor de Lorenza, en la cantidad de 448 euros por las lesiones sufridas.

A favor de Mariana, en la cantidad de 502 euros por las lesiones sufridas.

Y a favor de Conrado, en la cantidad de 314 euros por las lesiones sufridas.

Hasta aquí las indemnizaciones correspondientes por daños personales, a las que -debe insistirse- los obligados al pago no han mostrado oposición alguna, dando por válidos los informes médicos forenses de sanidad respectivos que sirven de base para el cálculo de las indemnizaciones.

No sucede lo mismo con los daños materiales que son consecuencia directa de los hechos, y por los que reclama RENFE Operadora. Indiscutida la realidad de estos daños porque las fotografías que obran incorporadas a la causa no dejan lugar a dudas sobre su existencia, la discrepancia estriba en el alcance y cuantificación de los mismos.

A tal efecto, RENFE Operadora aporta a las actuaciones el informe pericial elaborado por Don Horacio (folios 939 y siguientes de la causa), en tanto que la entidad aseguradora GENERALI acompaña a su escrito de Defensa el informe redactado por el perito Don Justo. Uno y otro informe han sido debidamente adverados en el acto del plenario por sus autores, y sometidos a contradicción, ratificándose ambos en sus conclusiones por las razones que respectivamente se exponen en sus informes y en las que los dos peritos se mantienen de forma inamovible en las respuestas dadas a las preguntas que se les formulan, sin que dichas conclusiones deban cuestionarse por el mero hecho de haber sido elaborados los informes por peritos de "parte", encargados por empresas implicadas en la causa como perjudicados o como obligados al pago de las indemnizaciones, como es el caso.

Como dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia 55/2010, de 9 de diciembre, " los informes periciales no son más que opiniones, dictámenes o pareceres de los técnicos en la materia, como reflejo de actos puramente personales, pero tales opiniones están sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba y que el Tribunal sólo puede apartarse de las conclusiones de los peritos cuando haya motivos objetivos que lo permitan o justifiquen, debiendo en todo caso argumentarse las razones que le han llevado a disentir del informe de los técnicos para de esta forma alejar la sospecha o el peligro de arbitrariedad. De ahí que la pericial no sea nunca vinculante para los Jueces, salvo el supuesto excepcional en el que el Tribunal, asumiendo el dictamen pericial, se aparta de él en sus conclusiones sin razones para hacerlo, pues en tal supuesto evidentemente se produciría un razonamiento contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia o del pensamiento científico. ( SSTS 14/10/1994 ). Es cierto, como alega el recurrente, que los peritos que elaboraron los informes periciales forman parte de las entidades Renfe y Adif pero ello, en modo alguno, puede suponer que sus informes no han sido indubitados e intachables, puesto que como ha indicado el Tribunal Supremo en relación con los delitos contra la Hacienda Pública y las pruebas periciales de los Inspectores de Hacienda, la vinculación funcionarial con el Estado o con la Hacienda Pública no constituye interés directo ni indirecto en la causa, si bien con independencia de la posibilidad de impugnar el resultado de su informe mediante peritos contradictorios, pero cuando la parte no recusa al perito en el momento procesal oportuno, ni propone una peritación contradictoria, su alegación de indefensión es puramente formularia, y debe ser rechazada ( SSTS 28/3/2001 y 8/5/2001 )".

En consonancia con lo anterior, la Jurisprudencia viene declarando que ante dictámenes periciales de diverso signo, el Juzgado o Tribunal, en el ejercicio que le confiere el artículo 741 de la LECrim, se encuentra legitimado para decantarse por aquél o aquellos que merezcan mayor crédito o fiabilidad, siempre que esa mayor confianza se explique y apoye en datos objetivos y razonables.

Dicho esto, de los dos informes periciales de valoración de los daños irrogados a RENFE como consecuencia de los hechos enjuiciados (que difieren principalmente en la valoración de los daños del vehículo trasero y de la vida útil de la maquinaria o periodo de amortización de la misma) se considera, en ejercicio del principio de libre valoración de la prueba, que se ha de optar por el elaborado por el perito Sr. Horacio, y ello por considerar que sus conclusiones están fundadas en un análisis más exhaustivo de lo elementos dañados, con la inspección de los mismos una vez desmontados, y acompañado de un seguimiento posterior. Con todos los respetos -como no podía ser de otro modo- para la pericia del Sr. Justo, el reconocimiento por su parte de que su valoración de los daños se basa únicamente en la inspección que hizo de las unidades del tren dañado en el lugar del siniestro, sin más inspecciones o seguimientos, y su explicación de que para la valoración de la vida útil de la maquinaria ha tenido en cuenta las tablas oficiales o contables de amortización de estos bienes, esto es, su amortización fiscal, y no su amortización real o su vida útil propiamente dicha, llevan a considerar la posibilidad de que sus conclusiones no contemplen todas las variables que sí ha tenido en cuenta el perito Sr. Horacio.

Por otra parte, este último manifiesta que ha llevado a cabo otras periciales para RENFE, mientras que el Sr. Justo manifiesta que no recuerda si ha realizado otras peritaciones relativas a daños en maquinaria de este tipo, de donde cabe inferir una mayor experiencia en el perito Sr. Horacio en informes sobre daños afectantes a maquinaria ferroviaria, sin que se haya detectado en sus respuestas motivación alguna que pueda arrojar dudas sobre su imparcialidad y objetividad.

Así pue, se ha de estar a la valoración de los daños que se contiene en el informe obrante a los folios 939 y siguientes, que, resumidos, es la que se explicita en la hoja 22 del informe (folio 962 de las actuaciones) en el siguiente sentido:

1. Valor de Unidad de Tracción: 3.291.998,18 euros

2. Certificación media distancia (que comprende los conceptos de retrasos, indemnizaciones por retrasos y transbordos): 5.267,61 euros

3. Grúa: 11.640.00 euros

4. Transporte coches de composición: 55.400,36 euros

En consecuencia, el montante de la indemnización por daños materiales y restantes perjuicios indemnizables consecuencia directa de los hechos enjuiciados que deberá percibir la perjudicada RENFE Operadora, asciende al total de 3.364.306,15 euros, resultando indiferente a estos efectos que se haya retirado la acusación por un delito de daños, porque estos perjuicios, al igual que el resto, derivan directamente de los hechos que dan lugar a las otras condenas.

NOVENO: Fijadas las responsabilidades civiles directas y subsidiarias que se derivan de los ilícitos penales por los que se condena aquí a los acusados, y cuantificadas las indemnizaciones que han de integrar dicha responsabilidad civil, se han de tratar a continuación las cuestiones que las respectivas compañías aseguradoras han planteado en relación a su específica responsabilidad, obviando las cuestiones relativas al fondo de los hechos y, por ende, a las responsabilidades penales de los encausados de las que dimana la responsabilidad civil, habida cuenta el acuerdo de conformidad, y dejando para el fundamento jurídico siguiente el análisis de la aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que todas las aseguradoras, sin excepción, vienen a debatir.

Quedando fuera de toda duda la aplicación del artículo

120.4 y 121 del CP a las empresas y entidades que han sido traídas a la causa como responsables civiles subsidiarios en base a lo argumentado anteriormente, se plantea por ZURICH INSURANCE la distribución de la responsabilidad civil entra las distintas aseguradoras en función de la contribución causal que cada uno de los intervinientes en el hecho haya tenido.

Dicha cuestión no puede ser acogida. Aunque es cierto que la responsabilidad civil, según tiene declarado el Tribunal Supremo, no pierde su condición de tal por el hecho de reclamarse en un proceso penal, se olvida que aquí se ha alcanzado un acuerdo de conformidad por todas las partes, incluidas las aseguradoras, en orden a las responsabilidades penales, y que este acuerdo no contempla un reparto de responsabilidad entre los distintos agentes intervinientes, una distribución de cuotas de "culpa" o de contribución causal al resultado entre cada uno de ellos, respondiendo todos ellos de forma conjunta y solidaria (con las precisiones que se hicieron anteriormente respecto de Isaac), de modo que de la misma manera han de responder los responsables civiles directos y los responsables subsidiarios solidariamente entre sí, no resultando posible la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116.1 del CP por los propios términos de la conformidad penal y por la renuncia a la práctica de todas las pruebas relacionadas con las responsabilidades penales, que impide que pueda establecerse la concreta contribución causal que cada agente haya podido tener en los hechos (mucho menos para declarar la posible contribución en el nexo causal por parte de RENFE), y ello, a su vez, obsta la posibilidad de un reparto de cuotas de responsabilidad civil entre las distintas aseguradoras.

En cuanto a la pretensión indemnizatoria que deduce ZURICH INSURANCE como perjudicado (reclama la cantidad de 363.504,20 euros que ha abonado como indemnización a su asegurada EPSA por los daños del dúmper), su condición de responsable civil directa y la condición de responsable civil subsidiaria de su asegurada, impide que pueda aquí accederse a su pedimento, sin perjuicio de que pueda ejercitar la acción repetición que le asiste ante el orden jurisdiccional correspondiente.

Por lo que se refiere a los límites de cobertura y las franquicias pactadas en las correspondientes pólizas de seguro, se ha de recordar el contenido del artículo 117 del CP, el cual establece que los aseguradores que hubieran asumido el riesgo de explotaciones pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier empresa, industria o actividad cuando como consecuencia de un hecho previsto en este Código se produzca un evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente prevista o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.

Por su parte, el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro establece que el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones personales que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurador está obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato y su contenido.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 318/2020, de 30 de septiembre, que efectúa un análisis de los dos preceptos citados, explica que < TS en Sentencias como la de 23 de noviembre de 2011 , que recoge la doctrina anterior de dicho Tribunal como la de 15 de julio de 2008 o la de 11 de septiembre de 2006 del Pleno de la Sala, recuerda que en ésta última, "dictada con un designio unificador, precisa, invocando la doctrina contenida en las SSTS 2 de febrero de 2001 , 14 de mayo de 2004 y 17 de marzo de 2006 , que deben excluirse del concepto de cláusulas limitativas de los derechos del asegurado aquellas quedeterminan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, incluyendo en estas categorías la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada ( STS de 17 de octubre de 2007, rec. 3398/2000 ).

No tienen pues carácter limitativo de los derechos del asegurado las cláusulas delimitadoras del riesgo, que son, pues, aquellas mediante las cuales se individualiza el riesgo y se establece su base objetiva. Tienen esta naturaleza las que establecen «exclusiones objetivas» ( STS de 9 de noviembre de 1990 ) de la póliza o restringen su cobertura en relación con determinados eventos o circunstancias, siempre que respondan a un propósito de eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (fijado en las cláusulas particulares, en las que figuran en lugar preferente de la póliza o en las disposiciones legales aplicables salvo pacto en contrario) o en coherencia con el uso establecido. No puede tratarse de cláusulas que delimiten el riesgo en forma contradictoria con el objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza, o de manera no frecuente o inusual ( SSTS de 10 de febrero de 1998 , 17 de abril de 2001 , 29 de octubre de 2004, núm. 1055/2004 , 11 de noviembre de 2004 , rec. 3136/1998 , y 23 de noviembre de 2004, núm. 1136/2004 ) " recordando además que el art. 73 de la LCS establece que: Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.

De esta normativa se deduce que las partes se obligan dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato.

La responsabilidad civil debe entenderse como la obligación contractual o extracontractual que tiene una persona de reparar los daños sufridos por otra, y tal responsabilidad civil es, en sí, un riesgo asegurable, por constituir una expectativa del daño consistente en quedar gravado el patrimonio entero del deudor responsable a la obligación de indemnizar.

Por ello, el seguro de la responsabilidad civil es aquel seguro contratado contra el riesgo de quedar sujeto el patrimonio del tomador por una obligación de indemnizar, derivada de la responsabilidad civil de éste. Por este contrato, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado eldaño patrimonial que éste sufra como consecuencia, a su vez, de su obligación de resarcir los daños y perjuicios causados a un tercero producidos por hechos a los que la Ley apareja una responsabilidad patrimonial".

En aplicación de la anterior doctrina, y de acuerdo con lo que el propio artículo 117 del CP establece, el asegurador está obligado a responder de manera directa, pero dentro de los límites materiales acordados en el contrato de seguro, sin perjuicio de lo relativo a la excepciones personales del asegurador frente al asegurado, que, como hemos visto no son las relativas a los límites indemnizatorios, dentro de los cuales se encuentra la franquicia pactada, en este caso con la responsable civil subsidiaria por importe de 10.000 euros, por lo que, dado que la cuantía indemnizatoria es inferior al límite mínimo al que la aseguradora está obligada por el contrato de seguro, y por lo tanto no amparada por dicho contrato, procede dejar sin efecto la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora apelante>>.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 475/2012, de 24 de septiembre, viene a sostener el mismo criterio cuando dice que " La acción directa que consagra el artículo 76 de la Ley 50/1980 tiene su fundamento en el propio contrato, dentro de cuyos límites queda el asegurador obligado a indemnizar al perjudicado, tal como se dice en el artículo 73, párrafo primero, razón por la que aquélla es inmune a las excepciones personales que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado, como dice el primero de los preceptos mencionados. Ahora bien, esa inoponibilidad no rige respecto de las excepciones objetivas que emanan de la ley o de la voluntad de las partes plasmada en el contrato. En este sentido, es reiterada la doctrina jurisprudencial, según la cual, la inoponibilidad de las excepciones al perjudicado por la aseguradora a que hace referencia el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro , hay que entenderla referida a las excepciones personales que el asegurador albergue contra el asegurado, pero no aquellas eminentemente objetivas que dimanen de la Ley o de la voluntad paccionada de las partes, afectando las situaciones objetivas a la realización de la cobertura ( Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1987 , 27 de marzo de 1989 ), teniendo sentado que la acción directa que emana del citado art. 76 tiene su fundamento y su límite en el contrato mismo del que dicha acción dimana, porque su contenido si bien es fuente del derecho del asegurado y del perjudicado frente al asegurador, por otro lado permite hacer valer a éste ante ambos, aquel contenido limitador ( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1984 , 22 de abril de 1986 , 24 de marzo de 1988 y 26 demayo de 1989 ), de manera que, siendo el contrato ley entre los contratantes ( art. 1255 y 1256 Código Civil ), es evidente que no puede hacerse al perjudicado de mejor condición que la parte contratante con el asegurador, en cuya posición jurídica se subroga, obteniendo mayores beneficios que éste ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1989

) pues como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990 "el alcance de un contrato de seguro no es distinto para el asegurado que para el tercero o terceros perjudicados, o herederos, no pudiendo constituir letra muerta, cuanto se pactó libremente y con sujeción a lo dispuesto en el Ley, siendo lo convenido extensivo a dichos perjudicados, los cuales no pueden tener derecho de mayor amplitud que los consecuentes a lo estipulado por asegurador y asegurado contratante"".

Así pues, conforme al criterio jurisprudencial expuesto, las entidades aseguradoras responsables civiles directas (MAPFRE, ZURICH, GENERALI, CASER Y ALLIANZ) responderán dentro de los límites de cobertura establecidos en cada contrato respectivo, y lo mismo cabe decir respecto de las franquicias pactadas, y es que la sentencia antes citada de la Audiencia Provincial de Alicante 475/2012 expresa que " como es doctrina asentada de diversas Audiencias Provinciales, la franquicia no constituye límite de los derechos del asegurado sino que delimita cuantitativamente el riesgo esencial en el contrato, su contenido y el ámbito de cobertura a que se extiende su obligación, por lo que no constituye una excepción que puede o no ser opuesta al tercero, sino que constituye el objeto contractual al margen del cual o más allá del mismo no puede éste extender su derecho a la reclamación".

DÉCIMO: En relación con la procedencia de imponer los intereses moratorios del Art. 20 de la Ley de Contrato de Seguros a las aseguradoras, imposición que todas ellas rechazan, resulta conveniente recordar los criterios que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido sentando al respecto.

Por todas se cita la STS de 20 de marzo de 2013, en la que se recoge un resumen de la jurisprudencia existente. Dice dicha resolución, " De interés resulta también, por fin, la STS 880/2011, de 28 de noviembre , "a la hora de determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de la aplicación de la regla octava del artículo 20 LCS , en la redacción dada por la Disposición Adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados , esta Sala (entre otras, SSTS de 17 de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de octubre de 2007, RCnº 3806/2000 ; 6 de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004 ; 16 de marzo de 2010, RC nº 504/2006 ; 7 de junio de 2010, RC nº 427/2006 ; 29 de septiembre de 2010, RC nº 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010, RC nº 2307/2006 y 11 de abril de 2011, RC nº 1950/2007 ) ha seguido una línea interpretativa que ha llevado a excluir su apreciación cuando carece de justificación la oposición al pago frente a la reclamación del asegurado o perjudicado aunque se formule en un proceso judicial, pues la razón del mandato legal radica en evitar el perjuicio que para aquellos deriva del retraso en el abono de la indemnización y en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación, sin que lo expuesto impida que la aseguradora pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, que, de prosperar su oposición, conllevará la devolución de la cantidad satisfecha o previamente consignada, por ser total o parcialmente indebida.

En esta línea, viene declarando esta Sala que si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para vencer la oposición de la aseguradora se hace necesario examinar la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por la AP, a quien, como declara reiteradamente la jurisprudencia, corresponde la fijación de los hechos probados y las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar los presupuestos de la norma aplicada, siendo criterio de esta Sala al respecto, que ni la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituye causa en sí misma justificada del retraso, ni es óbice para imponer a la aseguradora los intereses cuando no se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar ( SSTS 7 de junio de 2010 , RC n.º 427/2006 ; 29 de septiembre de 2010 , RC n.º 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ; 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 y 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 ).

En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al asegurado o perjudicado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento de su obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es incluso aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada delincumplimiento de la aseguradora ( SSTS de 7 de enero de 2010 , RC n.º 1188/2005 y de 8 de abril de 2010 , RC n.º 545/2006 ).

En todo caso y a pesar de la casuística existente al respecto, viene siendo criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada la discrepancia en torno a la cuantía de la indemnización ( SSTS de 1 de julio de 2008 , RC n.º 372/2002 , 1 de octubre de 2010 , RC n.º 1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007 ), y que la iliquidez inicial de la indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente por el órgano judicial en la resolución que pone fin al pleito, no implica valorar ese proceso como causa justificadora del retraso, ya que debe prescindirse del alcance que se venía dando a la regla in illiquidis non fit mora [tratándose de sumas ilíquidas, no se produce mora], y atender al canon del carácter razonable de la oposición (al que venimos constantemente haciendo referencia) para decidir la procedencia de condenar o no al pago de intereses y concreción del dies a quo [día inicial] del devengo, habida cuenta que la deuda nace con el siniestro y el que la sentencia que la cuantifica definitivamente no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo de un derecho que ya existía y pertenecía al perjudicado ( SSTS de 4 de junio de 2006 , 9 de febrero de 2007 , 14 de junio de 2007 , 2 de julio de 2007 , 16 de noviembre de 2007, RC n.º 4267/2000 , 29 de septiembre de 2010, RC n.º 1393/2005 , 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 , 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 y 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 )".

Sentados los criterios jurisprudenciales que se aplican en esta materia, en lo que concierne a la aseguradora MAPFRE, que cubre la responsabilidad civil de la entidad PREMAN SERVICIOS AUXILIARES, es obvio que, desde el inicio de las actuaciones, la instrucción se siguió contra el piloto de seguridad, el acusado Leopoldo, trabajador de PREMAN, por lo que, resultando incuestionable la realidad de los hechos, sus más que evidentes consecuencias lesivas y perjuicios derivados de los hechos, con independencia de su cuantificación indemnizatoria, así como la pertenencia del trabajador investigado a la empresa asegurada, no se comprende que MAPFRE, a lo largo de todos estos años, no haya consignado la más mínima cantidad para atender al pago de las indemnizaciones. Con independencia de las demás personas o entidades que pudieran estar incursas en responsabilidad por los hechos objeto de enjuiciamiento, de lo que no existía duda es sobre el hecho de ser el piloto de seguridad trabajador de la empresa asegurada por MAPFRE, y, siendo ello así, aun cuando pudiera haber otros responsables, lo que resulta incontrovertido es que el primer responsable era el piloto de seguridad, de modo que ampararse en la indeterminación de otros posibles responsables no resulta de recibo ni puede considerarse como causa justificada de oposición para negar la procedencia de la imposición de los intereses de demora.

Lo mismo cabe decir de las aseguradoras de las empresas para las que trabajaban los otros tres acusados (GENERALI en el caso de SACYR, empresa para la que trabajaba Lucas, CASER en el caso de Ingeniería y Prevención de Riesgos SL, empresa de la que era trabajador Isaac, y ZURICH INSURANCE en el caso de EPSA Internacional, empresa para la que prestaba sus servicios Matías), aunque en sus respectivos casos se ha de estar a las fechas en las que el procedimiento penal se sigue contra dichos trabajadores, que es el momento en el que se acuerda su declaración como imputados esto es, a partir de la diligencia de 25 de octubre de 2013 (folio 1.414) en el caso de Lucas y Matías, y en el caso de Isaac a partir de la providencia de 21 de agosto de 2014 (folio 1.618).

Y en cuanto a ALLIANZ, desde la fecha misma del siniestro, porque, con independencia de la postura procesal que ha venido manteniendo su asegurada, ADIF, lo cierto es que desde los primeras investigaciones se vislumbraba que las posibles causas del accidente no le eran ajenas por las razones que ya se han expuesto, de modo que su aseguradora, a salvo lo que finalmente pudiera decidirse, debió cumplir con la obligación de consignar o pagar las indemnizaciones, siquiera las relativas a los daños personales, y al no hacerlo, incurre en la mora que justifica la imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

En definitiva, ninguna de las compañías aseguradoras que son aquí declaradas responsables civiles directas consignó cantidad alguna, sin que se entienda que concurra ninguna causa justificativa para dejar de hacerlo si se tienen en cuenta las circunstancias del caso y la finalidad del artículo 20 del que se viene tratando, que no es otra que la de impedir que se utilice la pendencia de un proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados. La Jurisprudencia viene entendiendo que la mera existencia de un proceso o el hecho de acudir al mismo, no es causa "per se" justificadora del retraso, ni presume en la razonabilidad de la oposición, no siendo el proceso un óbice para imponer a la aseguradora los intereses siempre que no se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional, que aquí no se advierte.

Y finalmente, en cuanto a cuál deba ser el interés a aplicar conforme al repetido artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, se hace obligada la cita de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 251/2007, de 1 de marzo, que fija definitivamente la doctrina de la Sala sobre el particular en el siguiente sentido: << Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50%, y a partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento.

Esta interpretación favorable a la existencia de tramos y tipos diferenciados, es conforme con la intención del legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la Ley 30/1995, en cuyo apartado 6 justifica la reforma relativa al artículo 20 de la LCS en la necesidad de evitar las muy diversas interpretaciones a que había dado lugar, señalando que "se cuantifica el interés de demora, moderando la fórmula de un interés absoluto para hacerlo durante los dos primeros años, referencial al interés legal del dinero". Este posicionamiento legal no supone la concesión de un plazo de gracia mayor a las compañías de seguros, puesto que nada se dice al respecto, Supone establecer dos periodos con dos tipos de interés aplicables perfectamente diferenciados, que se fijarán sin alterar el cálculo diario con el mínimo del 20% si a partir del segundo año del siniestro no supera dicho porcentaje. Es además coherente con su tenor gramatical y con su devengo diario, pues ello resulta incompatible con la posibilidad de que haya que esperar dos años para conocer, caso de que la aseguradora incumpla, el tipo de interés que resulta aplicable para modificar retroactivamente los ya devengados día a día, conforme al interés vigente en cada momento, en los dos años anteriores.

El carácter disuasorio de los intereses que se impone en la conclusión contraria puede ser aceptado con reservas desde la idea de evitar la pasividad de las aseguradoras en el cumplimiento de sus obligaciones indemnizatorias, no desde la clara y evidente intención del legislador de dar nuevo un tratamiento a la norma y de contemplar la conducta del obligado al pago de una forma distinta tanto más cuanto que, al tiempo, se decreta de oficio el devengo del interés y estese produce por días, Si el legislador pretendía reforzar la situación de los perjudicados, difícilmente habría modificado la norma anterior pues le bastaba mantener vigente el tipo único de interés anual del 20%. Pretender, además, que esta fórmula es más gravosa, y como tal disuasoria, es algo defendible en la actualidad en razón a unos tipos bajos del interés legal, no desde una situación distinta de futuro en la que la suma del 50% al interés legal del dinero puede proporcionar un interés muy superior al del 20%, que actúa como subsidiario de no alcanzarse este valor. Finalmente, la norma 6a del artículo 20, no queda alterada con esta interpretación, por cuanto viene referida al momento concreto en que empiezan a devengarse los intereses moratorios, siendo en el apartado 4,1 en el que se determina el tipo de interés para uno y otro periodo a partir del siniestro>>.

Por último, por todas las compañías de seguro se argumenta que la existencia de dilaciones indebidas como muy cualificadas no puede perjudicar a las aseguradoras. Siendo cierto este argumento, también lo es el argumento contrario, esto es, que tampoco pueden resultar perjudicados por ello los acreedores perjudicados; y, la falta de consignación por las aseguradoras, dentro de los plazos legales, de las cantidades que, conforme a los respectivos contratos, venían obligadas a satisfacer, no es atribuible a la existencia de dilaciones indebidas, sino exclusivamente a la propia inactividad de las compañías de seguro.

UNDÉCIMO: Las costas procesales se entienden impuestas a todo culpable de un delito conforme establece el artículo 123 del Código Penal, precepto que no contempla la condena en costas de los responsables civiles, por lo que esta pretensión, deducida por alguna de las acusaciones, no puede ser acogida por carecer de cobertura legal.

Conforme al sistema de distribución de las costas por delitos y encausados, siendo nueve los delitos objeto de acusación y cinco los acusados, estaríamos ante cuarenta y cinco cuotas para el pago de las costas, y en principio, cada uno habrá de responder de una novena parte de estas cuotas. Ahora bien, el encausado Manuel será absuelto de todos los delitos por la retirada de la acusación, de modo que sus costas deben ser declaradas de oficio, conforme con lo establecido en los artículos 123 del CP "a sensu contrario" y 240. 1º de la LECr, y en cuanto al encausado Isaac, solo será condenado por los dos delitos de homicidio imprudente. De acuerdo con esto, la distribución de las cuotas será la siguiente: Leopoldo, Lucas y Matías abonarán, cada uno de ellos, 9/45 del total de las costas; Isaac abonará 2/45 del total de las costas y el 7/45 restante se declara de oficio; y el 9/45 del total de las costas correspondiente a Manuel, se declara de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general, obligada y pertinente aplicación