Sentencia Penal 239/2023 Juzgado de lo Penal de Soria Único, Rec. 263/2022 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO: Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, previsto y penado en el art. 142.2 del Código Penal, y diecinueve delitos de lesiones por imprudencia menos grave, previstos y penados en el art. 152.2 del Código Penal, todos ellos en relación de concurso ideal, previsto en el art. 77 del Código Penal, de los que es responsable en concepto de autor D. Epifanio.

Según reiterada jurisprudencia, la única prueba valida para fundar una sentencia condenatoria y desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado, en virtud de lo preceptuado en el art. 24 de la Constitución Española, la prueba practicada en el acto del juicio oral, bajo los principios de inmediación contradicción y oralidad. De la prueba practicada en el acto del juicio oral resultan acreditados los hechos declarados probados. El acusado, en uso de su derecho de defensa, ha manifestado que venía desarrollando una conducción normal, que momentos antes del accidente se cayeron unas hojas de ruta de la guantera e intento cogerlas, pero que ello no le produjo ninguna distracción; que vio al camión bastantes kilómetros antes, pero que cuando empezó a adelantarle se dio cuenta de repente de que el camión estaba casi parado y aunque se fue hacia el carril izquierdo no pudo esquivarlo totalmente y rozo con la caja del camión. El testigo Juan Luis, conductor del camión, manifiesta que hace esta ruta frecuentemente y se dio cuenta de que el camión no iba bien cuatro o cinco minutos antes del accidente, que iba a salir de la autovía en la salida 23, porque no quería parar en el arcén, ya que era muy estrecho. Reconoce que iba muy despacio y que el camión perdió velocidad de repente, circulando dos o tres kilómetros a velocidad muy reducida. Manifiesta que había sufrido una avería similar hacia unos meses. Por su parte los agentes de la Guardia Civil que han declarado como peritos ( NUM005 Y NUM006) informan que la visibilidad en el punto del accidente era de unos 750 a 800 metros, que era un tramo recto, con buena visibilidad, con sol de frente. Las huellas de frenada del autobús son rectas y según las mismas, desde el punto de percepción ya no había tiempo de reacción, fue muy breve, ya que el conductor del autobús sí se percata de que el camión va muy lento, porque la huella de frenada de la rueda delantera derecha indica que intento esquivar al camión. No queda acreditado que el camión tuviera puestas las luces de avería, ni que circulara en parte por el arcén de la autovía. Según el juicio crítico de los agentes se trató de una distracción momentánea, ya que el autobús circulaba correctamente antes de producirse el accidente. El autobús tenia instalado un sistema de asistencia electrónica al conductor propio de la marca MERCEDES BENZ, que ante el riesgo de colisión realiza una pre-frenada de una intensidad del 30 %, y si no actúa el conductor, hace una frenada completa a una distancia de 150 metros. Ahora bien, los peritos que han analizado el sistema de ayuda electrónica del autobús ( Leon y Manuel) no han podido concretar en el acto del juicio oral si el sistema de pre frenado actuó correctamente en el momento del accidente. Por último, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el estudio del taco grafo de ambos vehículos informan que: el autobús circulaba normalmente a una velocidad de 100 km/h y no se aprecia una reducción de velocidad previa al accidente, ya que el autobús decelero bruscamente en la colisión; el camión circulaba a una velocidad de 6 km/h y recorrió una distancia de 1,38 kilómetros a esta velocidad; por último, el conductor del autobús de apercibió del camión dos o tres segundos antes de la colisión.

Valorada toda esta prueba en su conjunto y apreciada en conciencia, debe estimarse acreditado que el autobús circulaba con normalidad, si bien su conductor, el acusado, desatendió momentáneamente las circunstancias de la vía, por la caída de unos papeles de la guantera; en ese momento, se encontró con un camión que circulaba ya, desde hacía 1,38 kilómetros a una velocidad anormalmente reducida, a 6 km/h, ocupando su carril de circulación, apercibiéndose de esta circunstancia dos o tres segundos antes de la colisión.

Sentada esta premisa fáctica, debe analizarse si la conducta del acusado fue imprudente y determinar el grado de imprudencia cometido.

Para tratar de dibujar la distinción entre los tipos de imprudencia con relevancia penal, la STS 421/2020, 22 de julio, unánime del Pleno de la Sala Penal, establece las siguientes pautas: "La reforma de 2019 ha intentado delimitar o clarificar algo ese concepto - imprudencia menos grave-. Tomando prestado un criterio que había aflorado en alguna jurisprudencia menor, establece que la presencia de una infracción grave de la ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 30 de octubre) supondrá, en principio, un caso de imprudencia menos grave a los efectos de los arts. 142 y 152 CP. "Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal".

La glosa inicial de esta proposición normativa sugiere estas consideraciones:

a) Es claro que la referencia a una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial remite al RDL 6/2015 y su listado de infracciones graves.

b) Una segunda observación: no tiene la norma afán de proporcionar con esa remisión una definición única y excluyente de la imprudencia menos grave. Es solo una indicación orientadora.

Presenta alguna singular diferencia (en cuanto no se ofrece como definitiva) a la introducida en el campo de las imprudencias graves. En este ámbito el Código reformado establece que se reputa en todo caso grave la imprudencia en la que el resultado traiga causa de algunas de las circunstancias previstas en el art. 379 (exceso de velocidad relevante en los términos allí previstos, o conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas).

Al igual que ha establecido la jurisprudencia en relación al art. 380.2 ( STS 744/2018, de 7 de febrero de 2019) estamos ante una presunción legal de imprudencia grave; no ante una definición excluyente o totalizadora. Es taxativa en el sentido de que no es conciliable con la ley, producido un resultado como consecuencia de esos delitos de riesgo, degradar la imprudencia de su máximo rango legal (salvo que podamos negar la imputación objetiva: determinara la producción del hecho). Pero al margen de esos, caben otros supuestos de imprudencia grave.

En el marco de la imprudencia menos grave el inciso "en todo caso" que aparecía en el texto que inspiró la enmienda desapareció.

c) La nueva caracterización de la imprudencia menos grave, presenta un relevante matiz frente a la especificación de la imprudencia grave. La presencia de una infracción grave de tráfico, según la catalogación administrativa, empuja en principio al marco de la imprudencia menos grave y aleja de la imprudencia leve no punible. Ahora bien, eso no significa ni que no puedan existir otros casos de imprudencia menos grave; ni que siempre que se dé una infracción grave de tráfico la imprudencia haya de ser calificada de menos grave.

Desarrollemos esta idea:

a) Pueden aparecer supuestos en que sin identificarse una infracción administrativa grave estemos ante una imprudencia menos grave (aunque si observamos el listado extensísimo, y con algún supuesto extremadamente abierto, de las infracciones viarias graves - art. 76 de la Ley de Seguridad Vial -, eso será muy difícil: basta fijarse en la amplísima fórmula de la letra m): es infracción grave la conducción negligente). También -es lógico- existirán casos en que la infracción de tráfico administrativa adquiera la consideración de muy grave, y, sin embargo, no alcance el nivel de la gravedad a efectos penales exigido por los arts. 142 y 152. Deberemos acudir entonces a la imprudencia menos grave para ofrecer la respuesta penal adecuada.

b) Pero, igualmente, son concebibles supuestos en que se constate la presencia de una infracción grave y no estemos ante una imprudencia menos grave:

1.- Bien porque el Juez o Tribunal considere que la imprudencia alcanza magnitud suficiente para colmar el concepto penal de imprudencia grave. Éste sería el presente supuesto según el entendimiento del recurrente que comparte el Ministerio Fiscal.

2.- O bien, en el otro extremo, por entenderse que, aunque concurra una infracción grave viaria, la imprudencia no desborda los linderos de la imprudencia leve en sentido jurídico penal. El juez o tribunal no queda convertido en esclavo de la catalogación administrativa. No estamos ante la resurrección de la imprudencia simple con infracción de reglamentos. A eso responde -y el seguimiento de la tramitación parlamentaria lo confirma el inciso que alude a la necesidad de que el juez aprecie la entidad de la imprudencia.

La presencia de una infracción grave supone una presunción de imprudencia menos grave. Emplaza, en principio, a incoar diligencias para esclarecer los hechos y delimitar la magnitud de la negligencia. Pero el Juez podría llegar a excluirla por factores varios no susceptibles de ser reducidos a un listado:

Solo caben orientaciones o criterios que habrán de ir pensándose casuísticamente (v.gr., si la infracción administrativa grave es intencional o fruto de una negligencia). No es admisible otra interpretación que la de dejar esa escapatoria al arbitrio judicial descartando una dependencia absoluta de la calificación penal de la imprudencia respecto de la catalogación administrativa, menos precisa y más de brocha gorda. Un absoluto automatismo es rechazable. Así se deriva inequívocamente de ese inciso final; y, así, por otra parte, se constata si examinamos el listado de infracciones graves de la legislación viaria. La comparación con la cláusula del inciso final del art. 142.1, párrafo penúltimo lo corrobora: en todo caso se dice ahí. No encontraremos igual apostilla en la previsión paralela del art. 142.2 donde se ve sustituida por una matización: apreciada la entidad de esta por el Juez o Tribunal. El pronombre "esta" solo puede referirse a la infracción grave administrativa. No puede significar algo tan obvio e innecesario como señalar que es el Juez quien debe constatar que la conducta es encajable en alguna de las infracciones descritas en el art. 76 que ahora citaremos. Añade algo: además de ser una infracción grave según la normativa administrativa de tráfico, ha de encerrar una determinada entidad, concebida como algo más, un plus, de orden valorativo, que debe ponderar el Juzgador y que permite definitivamente excluir la levedad. La técnica del legislador es alambicada y la interpretación tiene algo de tortuosa. La confusión se ve alimentada por el manejo de términos idénticos (grave, leve) para referirse a conceptos distintos, provocando un cierto galimatías que reclama continuas aclaraciones.

Recopilemos: la presencia de una infracción grave de tráfico -que es la pauta orientadora introducida en 2019- puede determinar:

a) Una imprudencia grave si el Juez o Tribunal lo estima así a la vista de las circunstancias que implican esa mayor magnitud de la infracción del deber de cuidado.

b) Una imprudencia menos grave, que, según esa pauta, debiera ser lo ordinario, aunque aquí se imponen matices.

c) Una imprudencia leve si el Juez o Tribunal no aprecia entidad suficiente en la infracción como para categorizarla penalmente de menos grave, en supuestos que tampoco serán insólitos o excepcionales.

Pese a lo bienintencionado de la reforma, no se logra la deseable previsibilidad normativa, previsibilidad tan importante en el derecho penal como lo es en la imprudencia. Algo se ha avanzado, pero no se alcanza el nivel ideal de taxatividad. Se queja de ello en uno de sus dictámenes de casación la parte recurrida. Se antoja, en efecto, poco claro un marco jurídico que se podría sintetizar así: la infracción grave de una norma de tráfico (con un resultado típico) constituye un delito leve de imprudencia menos grave, sancionado con pena leve o con pena menos grave, salvo que el Juez o Tribunal considere bien que la imprudencia es grave, bien que es leve. La utilización de unos mismos vocablos (grave, leve) con significaciones diversas (según nos estemos refiriendo al ámbito administrativo, al de la imprudencia penal, o al de la catalogación de los delitos y las penas) provoca un panorama más bien turbio". La sentencia que estamos glosando, de tanta relevancia para delimitar la frontera conceptual entre las distintas formas de imprudencia, incorpora en su FJ 6º el siguiente razonamiento: "Demos un paso más a través del análisis de la norma administrativa que se sitúa como referente -no exclusivo ni definitivo, pero sí indicador o indiciario- de lo que es imprudencia menos grave a los efectos del art. 142 CP (y 152).

Según el art. artículo 76 de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial (LSV) son infracciones graves (solo mencionamos las que afectan a la conducción de vehículos de motor): "a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV. (...). c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones. e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido. j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. k) No respetar la luz roja de un semáforo. l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso. (...) m) Conducción negligente. (...) ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos. (...) r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. (...) u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. (...) x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido. (...) z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido".

Junto a ellas quedan definidas unas infracciones muy graves en un precepto contiguo (art. 77): "a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV. b) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios. c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. (...) e) Conducción temeraria. f) Circular en sentido contrario al establecido. g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. (...) i) Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más del 50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. (...) k) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente. (...) ll) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. Si centramos la atención en la letra m) del art. 76 sale no solo reforzada, sino blindada frente a cualquier cuestionamiento la interpretación expuesta del inciso final del art. 142 (apreciada la entidad de ésta por el Juez o Tribunal). No puede ser otra que la indicada: es compatible la constatación de una infracción grave de tráfico con una calificación penal como imprudencia leve y, por tanto, con exclusión de la punibilidad. Si negligencia e imprudencia son sinónimos; o al menos términos no susceptibles de significar cosas claramente distintas, siempre que se produzca una imprudencia pilotando un vehículo de motor podrá hablarse de conducción negligente. También si es un episodio puntual. La infracción grave administrativa de la letra m) del art. 76 LSV no sanciona solo una conducción negligente con cierta proyección temporal. También la negligencia momentánea encaja en esa falta. Si eso es así, habríamos arrebatado a la imprudencia leve todo espacio. En la graduación efectuada en el Código Penal la habríamos arrinconado hasta expulsarla del campo de juego: no existirían imprudencias de tráfico leves lo que supondría una clara traición a la voluntad del legislador. La mera mención, huérfana de cualquier otra valoración adicional de la infracción prevista en la letra m) del art. 76 no basta para argumentar la concurrencia de una imprudencia menos grave. No existe, así pues, vicariedad de la norma penal respecto de la administrativa: ésta por voluntad del legislador aporta un indicativo, un criterio, un indicio de la posible catalogación como imprudencia menos grave, pero no cancela la facultad del Juzgador, para, 'in casu', razonándolo, declarar bien que es una imprudencia grave, bien que es una imprudencia leve. Algo aporta en todo caso la mención: una infracción grave de tráfico constituye una presunción, un criterio orientativo, de que, prima facie, estaremos ante una imprudencia menos grave.

Para desactivar esa especie de presunción, salvo casos muy claros (vgr., y por usar un ejemplo tópico, alcance por detrás a escasa velocidad en un momento de colapso circulatorio con continuas retenciones) ordinariamente será necesario incoar diligencias, indagar y decidir mediante una motivación especial; razonar por qué en el supuesto concreto, pese a ello, la negligencia no tiene entidad suficiente para desbordar la categoría inferior (levedad). Evidentemente esa valoración no siempre será igual. Según cual sea la infracción grave de tráfico con que operemos habrá unos matices u otros. Y siempre será imprescindible el juicio que exige la imputación objetiva. La ya mencionada infracción de la letra m), por ejemplo, aporta o nada o muy poco pues remite al problema general ¿cómo de grave es la negligencia? En los excesos de velocidad habrá que graduar, entre otros imaginables factores, en cuánto se excedía el tope permitido: habrá supuestos muy diferenciables. Otras veces puede ser decisivo comprobar si la infracción administrativa en sí ha sido intencionada o por descuido (v. gr., al no respetarse un "ceda el paso") y ponderar las causas de esa desatención momentánea, ... No es posible un prontuario o un vademécum completo: será el juzgador el llamado a valorar en cada supuesto, sin perder de vista ese parámetro legal orientativo (infracción administrativa grave) del que no puede prescindir, y que le obliga prima facie a explicar por qué pese a constatar una infracción grave descarta la calificación como imprudencia menos grave. La presencia de una infracción grave constituye indicio de imprudencia menos grave; presunción que, puede ser contrarrestada por una motivación suficiente a veces basada en la evidencia, tendente a mostrar que esa imprudencia en esas concretas circunstancias y sus singulares características no alcanza ese rango intermedio y puede ubicarse razonablemente en la imprudencia leve, atípica penalmente.

En aplicación de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta se comprueba que la conducción del acusado, conductor del autobús, infringía lo preceptuado en el art. 76, apartado ñ) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, ya que no mantenía la distancia se seguridad con el vehículo que le precedía, de forma que le permitiera detener el vehículo sin riesgo de colisión, no mantenía la atención suficiente para las circunstancias de la vía. Se trata de una infracción catalogada como grave. Esta infracción se cometió a consecuencia de una desatención momentánea del conductor. Ello nos lleva a que la imprudencia cometida se pueda calificar como grave o menos grave, a los efectos de lo preceptuado en el art. 142 del Código Penal.

En el presente caso, la imprudencia debe calificarse como menos grave y ello en atención a las circunstancias concurrentes en el accidente. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que incide en el nexo causal de la producción del accidente la circunstancia de la avería del tracto camión. Dicho vehículo circulaba a una velocidad anormalmente reducida para la vía (6 km/h), provocando un obstáculo inesperado en la circulación. No era previsible para el conductor del autobús la existencia de un vehículo que circulara a una velocidad tan reducida. En segundo lugar, en la circulación de vehículos a motor opera el llamado principio de confianza en el tráfico, que implica que todo conductor, en principio, confía en que el resto de los vehículos circulen normalmente, conforme a la normativa de tráfico. Por ello, es comprensible que el conductor del autobús condujera en la confianza de que el conductor del camión circulaba a una velocidad normal y aunque lo viera con anterioridad, no esperara que se redujera bruscamente la velocidad; máxime cuando ello no es previsible en una autovía, en un tramo recto y sin ninguna señalización. En tercer lugar, la conducción del acusado previa al accidente era normal, sin ninguna incidencia, como declaran todos los testigos y se puede apreciar por el tacografo del vehículo. No se trata de una conducción temeraria o desatenta. Simplemente, como indican los agentes de la Guardia Civil, se trató de una desatención momentánea. La incidencia de todos estos factores lleva a concluir que la calificación que corresponde a la imprudencia cometida es la de "menos grave". Por ello, los hechos deben ser considerados constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, previsto y penado en el art. 142.2 del Código Penal, y diecinueve delitos de lesiones por imprudencia menos grave, previstos y penados en el art. 152.2 del Código Penal, todos ellos en relación de concurso ideal, previsto en el art. 77 del Código Penal, ya que, a consecuencia del accidente, según consta acreditado por los distintos informes de los médicos forenses, se produjo un fallecimiento y lesiones constitutivas de delito a diecinueve pasajeros del autobús.

El art. 21.6 del Código Penal contempla como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal la existencia de dilaciones indebidas, no imputables al acusado y no debidas a la complejidad de la causa. En el presente procedimiento, habida cuenta de que los hechos datan de septiembre de 2016, y la causa no fue elevada al Juzgado de lo Penal hasta diciembre de 2.022, es decir seis años y tres meses después, no constando que las dilaciones en la tramitación se deban a causa del imputado; procede apreciar como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas, ya que no está justificado que la tramitación e instrucción de la causa haya durado tan largo lapso de tiempo.

SEGUNDO: Según el art. 116 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es también civilmente, responsabilidad que se regulará por lo establecido en los art. 110 y concordantes del Código Penal.

Dado que, derivado del accidente, se ocasionaron numerosos perjuicios con un gran número de perjudicados, se ira desglosando, seguidamente, perjudicado a perjudicado, la indemnización correspondiente a cada uno de ellos, aplicando para el cálculo de la indemnización el baremo de accidentes previsto legalmente (baremo del año 2016 para el fallecimiento y el correspondiente a la fecha de estabilización de las lesiones, en su caso).

1.- Por el fallecimiento de Ángela.

27 años de edad a la fecha del fallecimiento.

A su madre, D. Virginia:

Por perjuicio personal básico: 70.000 euros.

Por perjuicio particular: 52.500 euros, correspondiente a: 17.500 euros por perjudicado único en su categoría; 17.500 euros por perjuicio particular único familiar y 17.500 euros por perjuicio particular único hijo.

Por daño emergente básico: 400 euros y 950 euros de atención psicológica.

Un total de 123.850 euros.

La perjudicada ya ha sido indemnizada por el

Seguro Obligatorio de Viajeros por importe de 36.060.73 euros en fecha 16 de marzo de 2023.

No procede indemnización por lucro cesante, toda vez que la víctima vivía de forma independiente, sin que su madre tuviera dependencia económica de ella ( art. 80 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor).

A su abuela materna, D. María Milagros. No procede fijar indemnización alguna. La misma no tiene la condición de ascendiente, conforme al art. 64.2 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, que establece que los abuelos serán indemnizados en caso de premoriencia del progenitor de su rama familiar. El progenitor de su rama familiar, la materna, no se encuentra fallecido, es D. Virginia.

Tampoco procede su indemnización conforme a lo establecido en el art. 67 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, ya que no ostenta la condición de allegado, al no haber convivido con la fallecida durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. La fallecida vivía de forma independiente en Madrid, localidad distinta a la de residencia de su abuela.

A sus tíos, D. Cirilo, D. Luis María Y D. Rita. Tampoco procede fijar indemnización alguna, conforme a lo establecido en el art. 67 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, ya que no ostentan la condición de allegados, al no haber convivido con la fallecida durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

2.- Lesionada D. Yolanda. 33 años de edad a la fecha del accidente. Fecha de estabilización de las lesiones: 2018.

Por perjuicio temporal muy grave: 101.85 euros (un dia).

Por perjuicio temporal grave: 10.312,65 euros (135 días a 76.39 euros)

Por perjuicio temporal moderado: 11.492.32 euros

(217 días a 52.96 euros)

Por intervenciones quirúrgicas (8 intervenciones):

5.856.59 euros.

Por secuelas funcionales, el médico forense fija 49 puntos, lo que hace un total de 102.820.92 euros. No procede acoger la pretensión de la acusación particular de fijar 15 puntos por un trastorno neurótico mayor, ya que el mismo no se considera acreditado, acogiéndose el informe del Médico Forense por ser el más adecuado e imparcial.

Por perjuicio estético, el médico forense ha aceptado, en el acto del juicio oral, que el mismo debe fijarse en 25 puntos, lo que hace un total de 36.959.31 euros.

Por perjuicio particular por perdida de calidad de vida, calificado como grave, debe fijarse la suma de 100.000 euros. Es evidente, basta con ver a la lesionada, que su calidad de vida se ha visto seriamente afectada, no puede mantenerse de pie, necesita muletas o silla de ruedas, y auxilio de tercera persona. El médico forense no descarta que en un futuro haya que amputarle el pie. Ello ha determinado ideas suicidas en la lesionada que ha hecho varios intentos autoliticos. Por ello, debe fijarse la indemnización en el máximo de la horquilla.

Por daño emergente, es evidente que la lesionada necesita de muletas, y, en su caso, silla de ruedas, lo cual se aprecia a simple vista en el acto del juicio oral, y lo ha establecido el médico forense en su informe en el acto del juicio oral, por lo que procede fijar la cantidad de 15.000 euros por gastos futuros en prótesis y ortesis (muletas, sillas de ruedas, incluso motorizadas, calzados adaptados...), todo ello teniendo en cuenta la edad de la victima de 33 años.

Por gastos por pérdida de la autonomía personal, se solicita la suma, a tanto alzado, de 100.000 euros. Del informe del médico forense se establece la necesidad de usar muletas o silla de ruedas, por lo que es evidente que la lesionada necesita la ayuda de una tercera persona para desplazarse, para que le ayude a trasladarse en silla de ruedas. El Ministerio Fiscal solicita en tal concepto, al amparo de lo previsto en el art. 120 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, la suma de 5.958.46 euros anuales. Ahora bien, en las tablas previstas en la Ley solo se contempla una cantidad a tanto alzado. En consecuencia, procede fijar en tal concepto, en atención a la edad de la víctima y su esperanza de vida, la suma de 100.000 euros.

Se solicita indemnización por gastos de adaptación de la vivienda, pero tal concepto no se ha acreditado. La perjudicada manifiesta que vive en una vivienda de alquiler con ascensor y con ducha, por lo que, a la fecha, no se acredita la necesidad de gastos de adaptación.

Por último, se solicita por la acusación particular la cantidad de 30.346.92 euros en concepto de lucro cesante por incapacidad permanente para el trabajo. El art. 126 del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que el lucro cesante consiste en la perdida de la capacidad de ganancia por trabajo personal y en particular en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de sus ingresos provenientes de su trabajo. La lesionada no ha acreditado que en el momento del accidente trabajara por cuenta ajena o propia. Manifiesta que trabajaba sin contrato, por lo que no acredita ningún tipo de ingresos. Tampoco se ha acreditado que se haya declarado algún tipo de incapacidad de las previstas en la legislación laboral. En consecuencia, no puede fijarse cantidad alguna en dicho concepto.

En resumen, a Yolanda le corresponde una indemnización total por importe de 382.543.64 euros.

3.- Lesionada D. Vicenta, de 53 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones: 2020.

Por perjuicio particular muy grave: 1.775.14 euros

(17 días a 104.42 euros)

Por perjuicio particular grave: 9.475.51 euros

(121 días a 78.31 euros)

Por perjuicio particular moderado: 14.063.70 euros

(259 días a 54.30 euros)

Por intervenciones quirúrgicas: 4.646.47 euros (cinco intervenciones).

Por secuelas por perjuicio básico la suma de 103.107.66 euros. Consistentes en perjuicio psicofísico: 40 puntos (69.423.46 euros) y perjuicio estético: 25 puntos (33.684.20 euros).

Por la acusación particular, se solicita indemnización por 80 puntos de perjuicio psicofísico, pero ello supone acudir al tramo más alto de la horquilla, sin causa que lo justifique, debiendo acogerse el informe del Médico forense, por ser el más acorde con la realidad de las lesiones.

Por perjuicio moral por perdida de calidad de vida, que debe ser calificado como moderado, no grave como solicita la acusación particular, teniendo en consideración la edad de la víctima (53 años), así como una limitación funcional de un 48 % sin que se haya acreditado una discapacidad laboral, debe fijarse en la suma de 50.000 euros.

Se solicita por perjuicio patrimonial por gastos en calzado ortopédico, plantillas, medias de compresión y silla de ducha, la suma, a tanto alzado, de 10.000 euros. Es cierto que no se ha acreditado la realidad de tales gastos, pero, examinadas las lesiones que padece la perjudicada es muy lógico que, ahora y en un futuro, necesite de esas ayudas técnicas.

Por último, por la acusación particular se solicita la suma de 361.051.96 euros en concepto de lucro cesante. No se ha acreditado que la perjudicada no pueda trabajar, que se haya declarado su incapacidad laboral, ni total, ni parcial, a consecuencia del accidente. La perjudicada trabajaba a la fecha del accidente como administrativa, siendo que su incapacidad es motora, por lo que no se acredita que las lesiones sean incapacitantes para su trabajo habitual.

Todo ello arroja una indemnización total de 193.651.25 euros.

4.- Lesionado D. Cesar. 56 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones:

2018.

Perjuicio particular muy grave: 1.731.45 euros (17 días a 101.85 euros)

Perjuicio particular grave: 41.021.43 euros (537 días a 76.39 euros)

Perjuicio particular moderado: 6.990.72 euros (132 días a 52.96 euros)

Intervenciones quirúrgicas: 9.930.75 euros (11 intervenciones), valoradas según informe del médico forense.

Secuelas:

Por perjuicio psicofísico 39 puntos: 64.184.84 euros. Deben añadirse al informe del médico forense dos puntos correspondientes a alteración de la respiración nasal, según informe del perito, ya que se encuentra dicha secuela objetivada por radiografía.

Por perjuicio estético, 18 puntos, ya que el lesionado tiene una cojera de por vida, lo cual constituye, además de un perjuicio físico, una desmejora de su aspecto físico, que debe ser valorada como perjuicio estético: 19.737,53 euros.

Por perjuicio moral por perdida de calidad de vida, valorado como grave, la cantidad de 90.000 euros, atendiendo a que el perjudicado no tiene autonomía suficiente, ya que tiene un pie catastrófico, que le impide moverse sin ayuda.

Por necesidad de ayudas técnicas e incremento de costes de movilidad, la cantidad de 50.000 euros. El perjudicado tiene un pie catastrófico, necesita de muletas para su deambulación, y de ayuda de una silla de ruedas para largos desplazamientos. Es indudable que el coste de estas ayudas se acentuara con el tiempo, y al tratarse de una indemnización a tanto alzado, debe tenerse en consideración esta circunstancia. El hecho de que el perjudicado no tenga vehículo propio, ni carnet de conducir, no implica que no tenga que alquilar un vehículo para largos o medios desplazamientos, dada su necesidad de usar silla de ruedas, incluso de adquirir una silla motorizada.

Por gastos de adecuación de la vivienda, no procede cantidad alguna, ya que no se ha acreditado que el perjudicado haya tenido que hacer desembolso alguno en tal concepto.

Por necesidad de ayuda de tercera persona, la cantidad de 1.335 euros. No procede la cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal, con la calidad de indemnización mensual, toda vez que no está prevista en el baremo.

Procede una indemnización total de 284.931,72 euros.

5.- Lesionada D. Bibiana, de 45 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones: 2017

Por perjuicio particular moderado: 7.819.50 euros

(150 días a 52.13 euros)

Por secuelas funcionales: 9.016.24 euros (10 puntos). Debe acogerse la puntuación dada por el Médico forense, que determina en el medio de la horquilla, sin acudir, como hace la acusación particular, a las valoraciones máximas, que no resultan justificadas.

Por gastos acreditados la suma de 5.943.78 euros. Deben incluirse las facturas aportadas por la acusación particular en el procedimiento, ya que se trata de gastos de tratamiento psicológico que la perjudicada necesita por su secuela de estrés postraumático.

Se solicita la cantidad de 15.000 euros por perjuicio moral por pérdida temporal de calidad de vida. La perjudicada reconoció en el acto del juicio oral que abandono voluntariamente su trabajo y que actualmente trabaja, por lo que no procede indemnización en tal concepto.

Procede una indemnización total de 22.779,52 euros.

6.- Lesionado D. Cecilio, de 55 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones: 2017

Por perjuicio particular moderado: 5.994,95 euros

(115 días a 52.13 euros)

Por secuelas funcionales: 4.756.07 euros (6 puntos) Debe acogerse la puntuación dada por el Médico forense, que determina en el medio de la horquilla, sin acudir, como hace la acusación particular, a las valoraciones máximas, que no resultan justificadas.

Por gastos acreditados la suma de 2.592.49 euros. Deben incluirse las facturas aportadas por la acusación particular en el procedimiento, ya que se trata de gastos de tratamiento psicológico que el perjudicado necesita por su secuela de estrés postraumático. No procede incluir gastos futuros, ya que los mismos se encuentran comprendidos en la indemnización de secuelas.

Se solicita la cantidad de 15.000 euros por perjuicio moral por pérdida temporal de calidad de vida. El perjudicado reconoció en el acto del juicio oral que abandono voluntariamente su trabajo y que actualmente trabaja, por lo que no procede indemnización en tal concepto.

Procede una indemnización total de 13.343.51 euros.

7.- Lesionada D. Belinda, de 22 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones:

2018

Por perjuicio particular grave 1.145.85 euros (15 días a 76.39 euros)

Por perjuicio particular moderado: 12.021.92 euros

(227 días a 52.96 euros)

Por perjuicio particular básico: 3.361.60 euros

(110 días)

No procede incluir los 278 días transcurridos entre la estabilización de las lesiones y la retirada del material de osteosíntesis, ya que, conforme establece el Médico forense, no se objetiva el dolor sufrido y no procede la indemnización de estos días como perjuicio básico.

Por intervenciones quirúrgicas 4.277.86 euros

(cinco intervenciones)

Por secuelas:

Perjuicio psicofísico: 16.509.92 euros (14 puntos). El médico forense rectifico el error padecido, en el acto del juicio oral, valorando la algodistrofia en cinco puntos, no en uno como en su informe. Asimismo, valoro, a mayores, las parestesias en un punto.

Perjuicio estético: 14.858.67 euros (13 puntos). El perjuicio estético debe valorarse conforme al informe del perito Sr. Jose Ramón. Es evidente, a simple vista, la dismetría corporal que padece la perjudicada, lo que le impide usar todo tipo de ropa, limitando seriamente su vestuario, lo que repercute en su aspecto físico.

Por daño moral por pérdida de calidad de vida: 15.000 euros. El médico forense y el perito particular coinciden en señalar que la perjudicada ha visto limitadas sus actividades físicas, ya no puede hacer determinados deportes, ni correr, ni saltar, por lo que debe concederse indemnización por dicho concepto.

Gastos acreditados por fisioterapia, farmacia y desplazamiento: 456.10 euros.

Procede una indemnización total de 67.631.92 euros.

8.- Lesionada D. Rocío, de 76 años. Fecha de estabilización de las lesiones: 2016.

Por perjuicio particular moderado: 3.380 euros (65 días a 52 euros)

Por secuelas funcionales: 2.731.96 euros (4 puntos)

Por secuelas estéticas: 2.731.96 euros (4 puntos)

En cuanto a las valoraciones de las secuelas estéticas y funcionales debe acogerse el criterio del Ministerio Fiscal, valorando en grado medio la horquilla fijada en el informe del médico forense.

Procede una indemnización total de 8.843.92 euros.

9.- Lesionado Olegario, de 76 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones: 2.016.

Por perjuicio particular moderado: 4.316 euros (83 días a 52 euros)

Por perjuicio particular grave: 375 euros (5 días a 75 euros)

Por intervención quirúrgica: 950 euros (una intervención.

Por secuelas por perjuicio estético: 4.207.51 euros (6 puntos).

Procede una indemnización total de 9.848.51 euros.

10.- Lesionada Antonia, de 18 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones: 2.016.

Por perjuicio particular moderado: 104 euros (2 días a 52 euros)

Por perjuicio temporal básico: 240 euros (8 días a

30 euros)

Procede una indemnización total de 344 euros.

11.- Lesionado Teodulfo.

Por perjuicio particular básico: 150 euros (5 días a 30 euros)

Por perjuicio particular moderado: 104 euros (2 días a 52 euros)

Por billete de autobús 33.80 euros y bolsa de bicicleta 12 euros. No se aportan justificantes, pero lo cierto es que viajaba en el autobús siniestrado, por lo que tuvo que pagar el importe del billete y, en el acto del juicio, ha aclarado que, para llevar su bicicleta en el maletero del autobús, tuvo que comprar una bolsa por 12 euros. En consecuencia, procede estimar la reclamación por gastos.

Procede una indemnización total de 299.80 euros.

12.- Lesionado Luis Andrés.

Por perjuicio particular básico: 150 euros (5 días a 30 euros)

Por perjuicio particular moderado: 104 euros (2 días a 52 euros)

Por billete de autobús 33.80 euros y bolsa de bicicleta 12 euros. No se aportan justificantes, pero lo cierto es que viajaba en el autobús siniestrado, por lo que tuvo que pagar el importe del billete y, en el acto del juicio, ha aclarado que, para llevar su bicicleta en el maletero del autobús, tuvo que comprar una bolsa por 12 euros. En consecuencia, procede estimar la reclamación por estos gastos.

No procede incluir los gastos de 10 euros de daños en teléfono móvil, 80 euros por daños en la bicicleta y 156 euros por perdida de unas gafas de sol, toda vez que no se justifican estos gastos.

Procede una indemnización total de 299.80 euros.

13.- Lesionado D. Jesús Manuel.

Por perjuicio particular básico: 140 euros (4 días a 30 euros)

Por perjuicio particular moderado: 52 euros (1 días a 52 euros)

Por billete de autobús 33.80 euros y bolsa de bicicleta 12 euros. No se aportan justificantes, pero lo cierto es que viajaba en el autobús siniestrado, por lo que tuvo que pagar el importe del billete y, en el acto del juicio, ha aclarado que, para llevar su bicicleta en el maletero del autobús, tuvo que comprar una bolsa por 12 euros. En consecuencia, procede estimar la reclamación por estos gastos.

No procede incluir los gastos de 80 euros por daños en la bicicleta y 106 euros por perdida de unas gafas de sol, toda vez que no se justifican estos gastos.

Procede una indemnización total de 217.80 euros.

14.- Lesionado Juan Manuel.

Por perjuicio temporal básico: 90 euros (3 días a 30 euros)

Procede una indemnización total de 90 euros.

15.- Lesionada Celia, de 46 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones.

2016

Por perjuicio particular básico: 210 euros (7 días a 30 euros)

Por secuelas funcionales: 757.34 euros (un punto)

Procede una indemnización total de 967.34 euros.

16.- Lesionado Pedro Jesús, de 44 años de edad. Fecha de estabilización de las lesiones.

2016.

Por perjuicio particular básico: 630 euros (21 días a 30 euros)

Por secuelas funcionales: 765.75 euros (un punto)

Procede una indemnización total de 1.395.75 euros.

17.- Lesionado D. Victor Manuel.

Por perjuicio particular moderado: 364 euros (7 días a 52 euros)

Por gastos acreditados: 514.33 euros (427.93 euros por billetes de avión, 60 euros por gastos de cancelación de alojamiento y 26.40 euros por billete de autobús)

Procede una indemnización total de 878.33 euros.

18.- Lesionada Felicidad.

Por perjuicio temporal básico: 210 euros (7 días a 30 euros)

Procede una indemnización total de 210 euros.

19.- Lesionada D. Flor.

Por perjuicio temporal moderado: 625.56 euros (12 días).

Por perjuicio temporal grave: 150.36 euros (dos días).

Por perjuicio temporal muy grave: 100.25 euros (un día).

Procede una indemnización total de 876.17 euros.

Respecto de los perjudicados: Angelica, Carmelo, Jacinta, Clemente, Constantino, David, Magdalena, Macarena, Mariola Y Amadeo, al no haberse personado en la causa, ni reclamado al no haber sido localizados, procede hacer reserva de acciones civiles que les pudieran corresponder por estos hechos.

Los perjudicados Primitivo Y Valle han hecho expresa reserva de acciones civiles.

El perjudicado Ildefonso se persono en las actuaciones con la representación del Procurador D. ANGEL MUÑOZ MUÑOZ, y la asistencia de la Letrada D. ANASTASIA LORENZO GONZALEZ. No formulo escrito de acusación dentro del plazo legal. La letrada no compareció al acto del juicio oral, pese a haberse notificado todas las resoluciones dictadas a su Procurador. El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación, elevado a definitivo, no efectuó ninguna petición de indemnización para dicho perjudicado, indicando que había hecho expresa reserva de acciones civiles. En fecha 26 de julio de 2023, tras celebrarse el juicio oral, presento escrito reclamando determinados gastos y actualización de cuantías.

No procede atender a la reclamación efectuada por la representación legal de Ildefonso, toda vez que no formalizo escrito de acusación ( art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el Ministerio Fiscal no solicito ninguna indemnización para el mismo, y la Letrada no compareció al acto del juicio oral, por lo que no se formalizo ninguna petición de indemnización en dicho acto, único momento procesal apto para su formulación. En consecuencia, debe entenderse que las reclamaciones de gastos, partidas y actualización de cuantías, debe formularse, en su caso, a través de la correspondiente vía civil.

Procede declarar la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora ALLIANZ, conforme a lo previsto en el art. 117 del Código Penal. De las indemnizaciones fijadas en esta resolución se deducirán las cantidades ya percibidas por los perjudicados a cuenta durante la tramitación del procedimiento.

Asimismo, procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil ALSA GRUPO, S.L. y la compañía NEXT CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U., en virtud de lo previsto en el art. 120. 4 y 5 del Código Penal.

Las indemnizaciones establecidas en esta resolución devengaran para la compañía aseguradora el interés legal establecido en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Han trascurrido más de tres meses desde los informes definitivos de los respectivos Médicos Forenses para cada uno de los lesionados y la compañía aseguradora, ni ha indemnizado, ni ha consignado dentro de dicho plazo. Es más, la compañía aseguradora ha dejado transcurrir más de siete años sin indemnizar completamente a los lesionados, siendo que desde el auto de apertura de juicio oral las lesiones ya estaban acreditadas y la responsabilidad derivada de los hechos clarificada por la resolución de la Audiencia Provincial de Soria. En consecuencia, procede la imposición del interés moratorio legalmente establecido.

Para el resto de los condenados al pago, el interés de demora será el establecido en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO: Según lo dispuesto en los art. 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede la imposición de costas a D. Epifanio.

En la tasación de costas se incluirán las causadas por las acusaciones particulares, toda vez que su actuación no ha sido innecesaria, ni superflua, siguiéndose en su imposición el criterio establecido por la Audiencia Provincial de Soria.

CUARTO: En lo que respecta a la graduación de la pena concreta a imponer, según las reglas establecidas en el articulo 66 del Código Penal, procede imponer la pena de doce meses de multa, y doce meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, habida la gravedad del resultado producido y de la existencia de un concurso ideal, previsto en el art. 77 del Código Penal, que obliga a imponer la pena en su mitad superior, si bien atendiendo a la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, procede individualizar la pena en dicho tramo.

QUINTO: El art. 50 del Código Penal establece que la pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y que la cuota diaria tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros. Debe fijarse la cuota diaria de la multa a imponer en el presente supuesto en la cifra de diez euros por ser una cifra incluida en la cuantía mínima de la multa, siguiendo el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1.999 y en la Sentencia de 16 de marzo de 2012, dictada por la Audiencia Provincial de Soria, según la cual "se trata de una cifra prudencial, muy próxima al mínimo legal y notoriamente inferior al salario mínimo interprofesional, propia de las situaciones de insolvencia, quedando reservado el mínimo legal de la pena de multa a casos extremos de indigencia o miseria, lo que no ha quedado acreditado en el presente caso". Este criterio ha sido mantenido también en la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 2 de septiembre de 2013 y por la sentencia de la misma Audiencia Provincial de 8 de octubre de 2013, que establece que "Sobre esta materia se ha pronunciado recientemente nuestro Alto Tribunal, en sentencia de 19 de junio de 2013, donde se indica que "cuando la cuota señaladas está muy próxima al mínimo, no hace falta especial motivación". Por lo que la imposición de una multa, según el Alto Tribunal, de 12 euros de cuota diaria y de 20 euros, al estar muy próximas al mínimo legal, determinaría que no seria precisa una especial motivación de la sentencia, y aun cuando no se haya hecho una especial investigación sobre la situación económica del recurrente, no existiría motivo alguno para modificar tales cuantías" SEXTO: Según el art. 53 del Código Penal, si el condenado no satisfaciere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedara sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrán cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad y en el caso de ser condenado por un delito leve, mediante localización permanente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.