Encabezamiento
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
PONTEVEDRA
SENTENCIA: 00219/2021
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ROSALIA DE CASTRO NÚM. 5
Teléfono: 986.80.51.19
Correo electrónico: seccion2.ap.pontevedra@xustiza.gal
Equipo/usuario: PA
Modelo: 213100
N.I.G.: 36042 41 2 2016 0001205
RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000750 /2021-P-
Juzgado procedencia: XDO. DO PENAL N.3 de PONTEVEDRA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000331 /2020
Delito: CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Recurrente: Nuria, Efrain , Eliseo , Paula , Ceferino , Pura , Eusebio , Evelio , Ezequiel , MINISTERIO FISCAL
Procurador/a: D/Dª NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ, NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ , NIEVES ROSARIO FERNANDEZ SUAREZ ,
Abogado/a: D/Dª MANUEL CASTELA CHAVERT, MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT , MANUEL CASTELA CHAVERT ,
Recurrido: ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED , Germán , Adelina , PREVISONOR SL , HISCOX ESPAÑA SA
Procurador/a: D/Dª FRANCISCO JAVIER VARELA GONZALEZ, PEDRO ANTONIO LOPEZ LOPEZ , OLGA MARIA VEIGA SILVA , PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ , PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ , MARIA BEGOÑA SABORIDO LEDO
Abogado/a: D/Dª VICTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ, PABLO HERRANZ PIQUERAS , ALEJANDRO RODRIGUEZ CID , RAMON SOUTO RODRIGUEZ , RAMON SOUTO RODRIGUEZ , JUAN FRANCISCO GUTIERREZ GARRIDO
SENTENZA NÚM. 219/21
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MAXISTRADO/AS:
Ilmo. Sr. don José Juan Barreiro Prado, presidente
Ilma. Sra. dona Rosa del Carmen Collazo Lugo
Ilma. Sra. dona Rosario Cimadevila Cea
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Pontevedra, trinta de setembro de dous mil vinte e un
Visto, pola Sección 2ª desta Audiencia Provincial, o recurso de apelación rexistrado con núm. 750/21, interposto pola procuradora dona Nieves Rosario Fernández Suárez, en representación de Nuria, Efrain, Eliseo, Paula, Ceferino, Pura, Eusebio, Evelio, Ezequiel, contra a sentenza ditada no procedemento PA: 331/20 do Xulgado do Penal núm. 2 de Pontevedra. Constituíronse como partes os/as mencionados/as recorrentes e o Ministerio Fiscal como ADHERIDO, e como apelados ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, Germán, Adelina, representados polos procurado/as don Pedro Antonio López López, Olga María Veiga Silva, Purificación Rodríguez González e María Begoña Saborido Ledo, e actuou como relator o maxistrado don José Juan Ramón Barreiro Prado.
Antecedentes
Primeiro.-No acto do xuízo oral de referencia ditouse unha sentenza con data do 28-maio-21, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:
'Que debo ABSOLVER y ABSOLVER a Germán y a Adelina de los delitos de los que se les acusaba, declarando las costas de oficio.'
E, como feitos probados, recóllense expresamente os da sentenza contra a que se apela:
'Probado y así se declara que sobre las 16,34 horas del día veinte de julio de dos mil dieciséis, cuando Vidal, empleado de SERRERIAS ROAL SL, sita en el polígono industrial Chan da Ponte, parcela 32 de Salvaterra do Miño (Pontevedra) se encontraba introduciendo una plancha de madera de aproximadamente 3,10 metros de longitud por 7,5 cm de espesor en el interior de una sierra múltiple, que transforma la plancha en tablas, un fragmento de madera con punto de pico de 1,4 metros de largo y 3x3 cm de sección, salió despedido con fuerza de la sierra hacia la zona de alimentación de la misma, clavándose a modo de lanza en el pecho del trabajador, produciéndose una herida penetrante transfixiva en el corazón, que le produjo poco tiempo después la muerte por shock hipolémico.
El acusado, Germán, mayor de edad, sin antecedentes penales vigentes, era en la fecha gerente y representante legal de SERRERIA ROAL S.L.U, que había concertado el aseguramiento de riesgos laborales con la entidad PREVISONOR SL, siendo la técnica de elaborar el plan de seguridad de la empresa la acusada, Adelina, mayor de edad, sin antecedentes penales.
No consta acreditado que el fatal accidente haya sido debido al incumplimiento por parte de los acusados de sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, ni a un comportamiento negligente de los mismos.'
Segundo.-Contra a devandita sentenza, a representación procesual dos/das recorrentes interpuxo un recurso de apelación, coa ADHESIÓN do Ministerio Fiscal, que formalizou expondo as alegacións que constan no seu escrito, o cal está unido ás actuacións.
Terceiro.-Logo de trasladarlles o escrito de formalización do recurso ao Ministerio Fiscal e ás outras partes, presentouse un escrito de impugnación baseándose en que a sentenza obxecto de recurso se axusta plenamente a dereito e solicitouse a súa confirmación.
Cuarto.-O xulgado do penal referido anteriormente remitiu a este Tribunal os autos orixinais con todos os escritos presentados e, tras seren recibidos, sinalouse unha data para a súa deliberación, que tivo lugar o día 23/09/2021.
Hechos
Aceptamos e damos por reproducidos os feitos que se declaran probados na sentenza obxecto de recurso.
Fundamentos
Primeiro.- Por unha sentenza do 28 de maio de 2021, a maxistrada xuíza do Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra absolveu a Germán e a Adelina dos delitos que se lles imputaban. Recorre agora en apelación perante esta alzada a acusación particular exercida por Nuria (dona do falecido Vidal) e demais familiares e prexudicados por mor deste falecemento (o fillo, Eusebio, os seus pais, Pura e Ezequiel, e os seus irmáns, Efrain, Eliseo, Evelio, Ceferino e Paula). O fiscal adheriuse ao devandito recurso de apelación. E a que acollamos tanto o recurso como a adhesión opóñense Germán, Adelina e as entidades Previsonor, SL; Chubb European Group, SE, Sucursal en España; Hiscox España, SA, e Allianz, SA.
Segundo.- Como xa reflectimos, a sentenza contra a que agora se apela é absolutoria. No recurso solicítase a súa revogación en el sentido de establecer la condena a las responsabilidades penales y las civiles derivadas solicitadas por esta parte en su escrito de acusación y ratificadas luego en el acto del juicio oral.Mais deseguido no recurso de apelación reflíctense tres outrosís:
2.1.- No primeiro outrosí refírese que recentemente, xusto o día antes da presentación do recurso, polo contido dun correo electrónico que recibiu de Jon, soubo dunha serie de feitos de indubidable e fundamental relevancia para as presentes actuacións. Alude así a:
1º.- El testimonio personal del referido señor Jon, que ha sido trabajador asalariado de la empresa Serrerías Roal, y da noticia de la realidad de otros accidentes por lanzamiento de astillas de la sierra múltiple. Al conocido como Sergio al que le hirió el cuello, y al propio Vidal otra se le clavo en la mano. También de que en el trabajo con la sierra múltiple la empresa imponía tal ritmo de trabajo que no le daba tiempo a hacer su función al peine de seguridad que debería parar los rechazos de astillas.
2º.- Especialmente decisivo es el hecho, también revelado ahora por el señor Jon, de que con fecha 12 de diciembre de 2017 tuvo lugar otro grave accidente laboral del que fue víctima el compañero Jesús Carlos, al ser atropellado en el recinto de la empresa por una carretilla de carga, carente de dispositivos ópticos y acústicos de aviso, en el desarrollo de maniobra marcha atrás, mientras era conducida por el encargado de empresa Marco Antonio.
3º.- Lo más grave del caso relacionado con el habitual proceder ilegal de la empresa fue que se extorsiono al trabajador accidentado, con una fractura abierta de tibia y peroné, para que se ocultase su naturaleza laboral, y fuera presentado - fraudulentamente- como un accidente ajeno a la empresa, por supuestamente haberle caído un coche encima.
Dada la gravedad de las lesiones hubo de ser ingresado en el Álvaro Cunqueiro y ser sometido a largos tratamientos hasta su curación.
El hecho esta siendo investigado -con apertura de juicio oral contra el empresario y el 'encargado' señor Marco Antonio- en sede judicial penal por el Juzgado de Instrucción Uno de Ponteareas en DILIGENCIAS PREVIAS 116/2019 .
4º.- La especial gravedad del asunto reside en que el propio conductor de la carretilla con que se causó este accidente laboral de Serrerías Roal, Marco Antonio, fue presentado -y depuso- como testigo en el acto de juicio de la presente causa y, como tal declaro el día 26 de abril de 2021, afirmando que 'aparte del que causo la muerte a Vidal en la empresa no se había producido ningún otro accidente reseñable'.
Es notorio que dicho testigo tenía perfecto conocimiento de la falsedad de tal declaración, porque era el conductor de la carretilla que atropello, por lo que es constitutivo del delito de falso testimonio cometido en Sala.
Se incorpora reproducción de dicho correo, así como de diversas actuaciones judiciales referidas estos hechos de nueva noticia.
Dado pues que nos encontramos ante hechos de nueva noticia, muy relevantes para la decisión de la cuestión objeto del presente proceso penal, sobre los que esta parte -por su ignorancia de los mismos- no pudo proponer prueba, a virtud de lo establecido en apartado 3 del artículo 790, y 791, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula la solicitud para ante la Audiencia provincial de Pontevedra de que:
Uno.- Acuerde la práctica en alzada de la siguiente prueba:
a) Documental, para que se oficie al Juzgado de Instrucción Uno de Ponteareas al efecto de que remita a la Audiencia testimonio completo de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en las Diligencias Previas 116/2019, de Jesús Carlos contra Germán, y Marco Antonio.
b) Testifical para que sean interrogadas al respecto de estos hechos de nueva noticia tanto Marco Antonio como Jesús Carlos y Jon.
Solicita deseguido que se sinalase vista nesta alzada para a práctica y emisión de informe de conclusiones sobre la relevancia de su resultado para la cuestión de autos.
2.2.- Mediante o segundo outrosí, achégase ás actuacións un denominado anexo de feitos e documentos de novo coñecemento que se indican así:
A) Correo recibido con fecha 10 de junio de 2021 del trabajador de Serrerías Roal don Jon:
a1.- Querella de Jesús Carlos contra Germán.
a2.- Demanda ante Juzgado de lo Social de Jesús Carlos contra Serrerías Roal.
a3.- Informe de la Inspección de Trabajo.
a4.- Carta recibida de Inspección de Trabajo.
a5.- Sentencia del Juzgado de lo Social de 3 julio 2019.
a6.- Demanda ante Juzgado de lo Social de Jon contra Serrerías Roal.
a7.- Auto 4 octubre 2019 Juzgado de lo Social.
a8.- Denuncia de Jon a Serrerías Roal ante Inspección de Trabajo.
a9.- DNI de Jon.
B) Correo recibido 10 de junio de 2021 del Letrado don Ramón Pérez Amoedo, de antecedentes procesales recabados por esta representación tras la recepción del correo del señor Jon, de nueva noticia.
b1.- Querella ante Juzgado de Ponteareas, de Jesús Carlos contra Germán.
b2.- Documento 1 de la querella.
b3.- Documento 2 de la querella.
b4.- Documento 3 de la querella
b5.- Documento 4 de la querella.
b6.- Documento 5 de la querella.
b7.- Documento 6 de la querella.
b8.- Documento 7 de la querella.
b9.- Listado de documentos anexos a la querella.
b10.- Escrito acusación DPA 116/2019 Instrucción Uno Ponteareas.
b11.- Auto 4 junio 2020 de pase actuaciones a Procedimiento Abreviado.
b12.- Auto 21 septiembre 2020, de práctica de diligencias complementarias.
Solicita a seguir que se admitisen os devanditos documentos, se achegasen ás presentes actuacións e se enviase o oficio aludido no anterior outrosí ao Xulgado de Instrución número 1 de Ponteareas.
2.3. Por último, no terceiro outrosí, ademais de suxerir estes feitos de nova noticia, alega que concorren moi peculiares circunstancias procesuais que fan necesaria e procedente unha vista en apelación ante a Audiencia, para completar a práctica da proba de ditame pericial de don Felicisimo, tendo en conta o seguinte:
I.- La suma gravedad y transcendencia, tanto particular de los familiares del fallecido de forma tan atroz como del colectivo de trabajadores de la madera, justifican que esta parte pueda exponer en Sala de la Audiencia provincial su alegato con el desarrollo que el caso requiere, y que no permitieron las desmedidas restricciones de tiempo -sólo 7 minutos- aplicadas por el juzgador de primera instancia.
II.- Que, admitida la práctica de dictamen pericial del señor Felicisimo, el referido juzgador, aduciendo motivos de la intervención en estrados de múltiples Letrados de los acusados y responsables civiles, decidió dar por reproducida a dichos efectos la pericia de éste en su mera versión escrita, prescindiendo de su exposición verbal en Sala.
III.- Que, luego en definitiva y como ya hemos expuesto, el juzgador de primera instancia ha venido, sin embargo, a prescindir por completo de cualquier consideración de dicha pericia, absolutamente preterida en sentencia; lo que deviene en la creación a esta parte que la propuso, y fue admitida su práctica, en grave situación de indefensión, al quedar privado de facto de la misma.
Para subsanar dicho estado de indefensión, y en atención a mucha mayor holgura de tiempo en la vista ante la Audiencia provincial, solicita proceda en la misma don Felicisimo a verificar la ratificación de su informe pericial, exponiendo los fundamentos de sus conclusiones y respondiendo a cuantas preguntas estimen conveniente formularle las partes; con posterior exposición de conclusiones sobre la relevancia de dicha prueba de dictamen pericial. Así lo solicita por ser de justicia para ante la Audiencia provincial de Pontevedra.
E solicita que se realice unha vista nesta alzada para a práctica da proba que se pide.
Terceiro.- O artigo 790.3 da Lei de axuizamento criminal establece que, no mesmo escrito de formalización do recurso, poderá solicitar o recorrente a práctica das dilixencias de proba que non puido propoñer na primeira instancia, das propostas que lle foron indebidamente rexeitadas, sempre que formulase no seu momento a oportuna protesta, e das admitidas que non foron practicadas por causas que non lle sexan imputables.
Mais non concorre ningún dos referidos supostos no presente caso. Como xa razoamos noutras ocasións (por todas, a SAP, Penal, Sección 2ª, do 24 de abril de 2020 -ROJ: SAP PO 580/2020 - ECLI:ES:APPO:2020:580 -), o Tribunal Constitucional (TC) non impón como obrigatoria a repetición da vista ou a práctica das probas na alzada. Colíxese de xeito ben nidio, entre outras, das SSTC 48/2008, do 11 de marzo, e 22/2013, do 31 de xaneiro, segundo as cales:
Ni la STC 167/2002 ni las numerosas Sentencias posteriores que han aplicado y perfilado su doctrina en torno a las garantías procesales de inmediación y contradicción han cuestionado por restrictivo el sistema que nuestro Ordenamiento jurídico establece como sistema de apelación penal, según la propia denominación legal. No es el objeto de nuestra doctrina el análisis constitucional de los supuestos en los que se puede apelar, o las razones por las que puede hacerse, o los casos en los que la revisión debe conformar la práctica y la valoración de la prueba.
[...] 'La doctrina que parte de la STC 167/2002 no comporta que deban practicarse necesariamente nuevas pruebas en apelación cuando los recurrentes cuestionen los hechos declarados como probados, cuestión que sólo al legislador corresponde decidir en su competencia de configuración de los recursos penales, sino únicamente que al órgano judicial le está vedada la valoración de las pruebas personales que no se hayan practicado ante él: que 'en el ejercicio de las facultades que elart. 795 LECrimotorga al Tribunalad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en elart. 24.2 CE' (FJ 11).
Fóra dos supostos legalmente previstos, a parte apelante non pode pretender que se realice un novo xuízo na alzada con reiteración dos mesmos medios probatorios xa practicados perante o xulgado a quoa xeito de nova oportunidade para conseguir unha resolución xudicial que satisfaga os seus intereses de parte ou que, cando menos, os atenda parcialmente.
Pero, ademais, no presente caso, o que se reflicte no primeiro dos outrosís do recurso de apelación para rematar solicitando a práctica nesta segunda instancia dunha documental -o testemuño completo das dilixencias previas 116/2019 do Xulgado de Instrución número 1 de Ponteareas- e dunha testemuñal -a de Marco Antonio, Jesús Carlos e Jon-pretende xustificarse pola recepción o día anterior ao que se asina o recurso de apelación dun correo electrónico enviado polo último dos nomeados, quen, tras aludir a que tivo coñecemento do presente xuízo, realiza unha serie de manifestacións. Facer depender da suposta recepción no despacho de avogados da parte apelante, xusto o día anterior ao que se asina o recurso, dun pretendido correo electrónico dun extraballador de Serrerías Roal (o amentado Jon), quen, tras narrar que -sen explicar por que- tivo coñecemento da realización da vista oral na primeira instancia e deu co devandito despacho de avogados, alude a toda unha morea de feitos e circunstancias relacionadas co xeito de traballar na devandita empresa antes, o mesmo día do desgraciado accidente padecido por Vidal e con posterioridade, non resulta serio nin crible e, xa que logo, é inadmisible.
Por esa vía, abriríase unha porta a solicitudes de proba na segunda instancia logo de xa practicada esta no xuízo oral cun resultado non acorde cos intereses de quen así procura unha nova oportunidade. Abondaría con que un terceiro, que ben puido entón ser proposto e actuar como testemuña no xuízo, xa que Jon como traballador da empresa Serrerías Roal, SL, aparece circunstanciado ao comezo destas actuacións desde o día do accidente, realizase unha serie de manifestacións máis ou menos relacionadas cos feitos axuizados para intentar ao seu abeiro o recibimento do preito a proba na alzada, polo que se comprenderá o carácter restritivo con que se debe operar en tales casos.
Pero, por maior abastanza, e insistindo en que, se o día do accidente o amentado Jon era un dos traballadores e compañeiro do infortunado Vidal, ben puido intentarse o seu testemuño na instancia, o que refire no correo electrónico de que se fai uso a través do outrosí primeiro do recurso de apelación afectaría a uns feitos posteriores -do 12 decembro de 2017 cando os que aquí interesaban ocorreron o 20 de xullo de 2016-, polos que se segue un procedemento distinto -as dilixencias previas 116/2019, do Xulgado de Instrución número 1 de Ponteareas-. Este terá que seguir o seu correspondente curso e non se acada a comprender que relación tería ou en que afectaría á resolución do presente procedemento. Velaí que todo o que se reflicte no segundo outrosí do recurso de apelación como deducido do xa referido correo electrónico recibido o 10 de xuño de 2021 do traballador de Serrerías Roal, SL, Jon, e doutro correo electrónico enviado por un avogado con detalles relativos a aqueloutras referidas dilixencias que se seguen no Xulgado de Instrución número 1 de Ponteareas, coa achega ás presentes actuacións dunha ben profusa documental, polo demais toda de datas anteriores á realización da vista na instancia, tampouco encontre amparo en ningún dos supostos do artigo 790.3 da Lei de axuizamento criminal.
É tributario de todo o anterior, e, xa que logo, a mesma sorte negativa merece correr, o relativo á práctica de novo da pericial do técnico superior en prevención de riscos laborais Felicisimo, cuxo informe achegou ás actuacións a mesma parte apelante cinco días antes da vista, mediante un escrito en que refería que del se lles dera traslado, vía Lexnet, ás demais partes, e anunciaba que acudiría ao xuízo para ratificarse -como así o fixo- e responder a cantas aclaracións e preguntas considerasen oportunas o fiscal, as outras partes e mesmo o tribunal. Por iso, o intento agora de que volva a ratificarse no seu informe, aclare os fundamentos das súas conclusións que xa dabondo reflicte no mesmo informe e conteste a unhas supostas preguntas que nin tan sequera se solicitaron na instancia e que non se explicita en que poderían mudar a recta consideración probatoria do mesmo informe tamén é mester rexeitalo.
Cuarto.- Tendo ben presente que contra o que se recorre é un pronunciamento absolutorio, a STS, Penal, Sección 1ª, do 11 de marzo de 2020 ROJ: STS 862/2020 - ECLI:ES:TS:2020:862 lembra o seguinte:
La doctrina constitucional limitando las posibilidades de revisión de sentencias absolutorias por vía de recurso arrancó con la STC 167/2002, de 18 de septiembre . Se ha reiterado en numerosas sentencias posteriores (entre muchas otras, SSTC 21/2009, de 26 de enero , o 24/2009, de 26 de enero , hasta las 80/2013 , 120/2013 o 191/2014, de 17 de noviembre : más de un centenar). El eje de la argumentación, vertida habitualmente al hilo de sentencias que en apelación dictaban una condenaex novo, gira en torno al respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, integrados en el contenido esencial del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2CE).
Con claridad lo expone la STS 486/2019, de 15 de octubre , respecto de una sentencia absolutoria dictada por un tribunal en apelación de una sentencia que había condenado en la instancia. Se afirma, y reproducimos, que el Tribunal Constitucional, ha afirmado que 'Al igual que no existe un principio de legalidad invertido', que otorgue al acusador un derecho a la condena penal cuando concurran sus presupuestos legales ( STC 41/1997, de 10 de marzo , F. 4), tampoco existe una especie de 'derecho a la presunción de inocencia invertido', de titularidad del acusador, que exija la constatación de una conducta delictiva cuando la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas' ( STC 141/2006 , FJ 3).
El derecho a la tutela judicial efectiva, conforme reiterada doctrina constitucional y casacional (vd. por todas STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 ), comprende el derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Ello supone, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo y 25/2000, de 31 de enero ). En segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 276/2006, de 25 de septiembre y 64/2010, de 18 de octubre ) o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio ).
Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto ; 25/2000, de 31 de enero ; 221/2001, de 31 de octubre ; 308/2006, de 23 de octubre ; 134/2008, de 27 de octubre ; por todas).
En definitiva, elart. 24.1 CEimpone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria ( SSTC 8/2005, de 17 de enero ; 13/2012, de 30 de enero y 27/2013, de 11 de febrero , etc.).
Exigencia también predicable de las sentencias absolutorias (y de las minorativas de pena), conforme argumenta la STC 169/2004, de 6 de octubre 'Ciertamente la motivación de las Sentencias es exigibleex art. 120.3CE'siempre', esto es, con independencia de su signo, condenatorio o absolutorio. No obstante, ha de señalarse que en las Sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y, entre ellos, cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal- la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello hemos reforzado el canon exigible.
Por el contrario, las Sentencias absolutorias, al no estar en juego los mismos derechos fundamentales que las condenatorias, se mueven en cuanto a la motivación en el plano general de cualesquiera otras Sentencias, lo que no supone que en ellas pueda excluirse la exigencia general de motivación, pues ésta, como dice elart. 120.3 CE, es requerida 'siempre'. No cabe por ello entender que una Sentencia absolutoria pueda limitarse al puro decisionismo de la absolución sin dar cuenta del porqué de ella, lo que aun cuando no afectara a otros derechos fundamentales, como ocurriría en el caso paralelo de las Sentencias condenatorias, sería en todo caso contrario al principio general de interdicción de la arbitrariedad'. Doctrina reiterada en la STC 115/2006, de 24 de abril , FJ 5, con cita literal de la anterior.
Consecuentemente, la jurisprudencia de la Sala Segunda ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser invocado por el Ministerio Fiscal, o la acusación particular, cuando su pretensión punitiva, dándose los presupuestos procesales para ello, no obtiene respuesta alguna del Tribunal de Instancia o bien la misma es arbitraria, irrazonable o absurda, vulnerándose de esta forma lo recogido en losarts. 24.1, 9.3y120.3, todos ellos de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos ( STS 178/2011, de 23 de febrero ).
Si bien, efectivamente, no puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que, construyendo una imagen especular de este derecho fundamental primigenio, lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, y tornarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados que es para quien se ha establecido constitucionalmente como cimiento básico de todo nuestro sistema penal de justicia ( SSTS 631/2014, de 29 de septiembre o 901/2014, de 30 de diciembre ).
De modo que, advierte la última de las resoluciones citadas, la supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés. Y tampoco se pueden aplicar para la valoración de la supuesta arbitrariedad en sentencias absolutorias los mismos parámetros que en las condenatorias, porque eso significaría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia probatoria, en sentido objetivo, como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable.
La fuerza del principio constitucional de presunción de inocencia, que debe ser contrarrestada por la prueba de cargo y por la motivación condenatoria, no existe como contrapeso de la argumentación cuando se trata de dictar, por insuficiencia de convicción, una sentencia absolutoria, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por el Estado, como titular del 'ius puniendi', para revocar una sentencia absolutoria, solo alcanza a supuestos excepcionales, y no puede construirse invirtiendo en forma especular la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( SSTS 631/2014, de 29 de septiembre y 901/2014, de 30 de diciembre ).
Por tanto, resulta necesario distinguir claramente los recursos en los que la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva se utiliza por las acusaciones como presunción de inocencia invertida, es decir para cuestionar desde la perspectiva fáctica la valoración probatoria del Tribunal sentenciador, que apreciando toda la prueba de cargo practicada no ha obtenido la convicción necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, de aquellos supuestos, absolutamente diferentes, en los que la impugnación se refiere ya a la exclusión voluntarista y expresa de parte del contenido fáctico de cargo, que se decide no enjuiciar; ya a la preterición de una parte sustancial del acervo probatorio, sea por mera omisión inexplicada o por error de derecho al apartar indebidamente una prueba de cargo válida de la valoración; ya a la motivación integrada por una mera aseveración apodíctica, entre otras concreciones.
Dicho en los términos de la STS 598/2014, de 23 de julio , mientras el derecho a la tutela procura la legitimidad de la decisión, en cuanto excluye la abrupta arbitrariedad, en lo que aquí importa, en las razones que el Tribunal expone le determinaron para establecer él un presupuesto fáctico y sobre cuya veracidad se muestra convencido, el derecho a la presunción de inocencia atiende más a la vertiente objetiva de la certeza a cuyos efectos lo relevante es que tales razones sean convincentes para la generalidad. Por eso, mientras el canon exigido por la tutela se circunscribe a un mínimo, atendida la necesidad de conocimiento por los demás de aquellas razones, la presunción de inocencia exige más intensa capacidad de convicción a los argumentos de suerte que puedan ser asumidos, y no solamente conocidos, por todos, más allá de la subjetividad del Tribunal.
De ahí que hayamos expresado que el derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de laquaestio facti se concreta en el derecho a saber del tratamiento dado por el tribunal al material probatorio y del porqué del mismo ( STS 796/2014, de 26 de noviembre ).
Só cómpre engadir que na mesma liña que a anterior se expresaron as máis recentes aínda STS, Penal, Sección 1ª, do 18 de maio de 2020 ROJ: STS 1147/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1147 e STS, Penal, Sección 1ª, do 18 de xuño de 2020 ROJ: STS 1781/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1781.
Lóxica e comprensiblemente, a recorrente poderá discrepar dun pronunciamento adverso aos seus intereses, mais non por iso se pode concluír, sen máis, que tal decisión non se razoase ou que parta dunha errónea valoración dos medios probatorios. A insuficiencia ou falta de racionalidade na motivación fáctica, o suposto afastamento manifesto das máximas da experiencia ou a omisión de todo razoamento sobre algunha ou algunhas das probas practicadas que puidesen ter relevancia ou cuxa nulidade fose improcedentemente declarada, como agora esixe o artigo 790.2, último parágrafo, da Lei de axuizamento criminal para a anulación da sentenza absolutoria da instancia (non solicitada pola apelante), non se demostraron por ningures. Neste sentido, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 28 de xaneiro de 2021 ROJ: STS 230/2021 - ECLI:ES:TS:2021:230 non pode resultar máis nidia:
Como certeramente recuerda el Tribunal Superior de Justicia, el régimen de impugnación de las sentencias absolutorias presenta, entre nosotros, muy relevantes peculiaridades. Así, aunque el recurrente no puede perseguir la modificación del relato de hechos probados sobre la base de una distinta valoración de las pruebas ni, en consecuencia, por esa causa, el dictado por el órgano jurisdiccionalad quem de una sentencia de sentido condenatorio, sí le es dable interesar la nulidad de la recaída en la instancia cuando 'justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en su motivación', el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia que, en definitiva, daría lugar a una vulneración del derecho fundamental de la acusación a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24 de la Constitución española.
Conscientes muchas veces de esa limitación, no es infrecuente, sin embargo, en la práctica forense, que las acusaciones recurrentes, al socaire de una pretendida falta o insuficiencia de motivación que atribuyen a la sentencia impugnada, lo que, en realidad, persiguen no es otra cosa que imponer su particular, legítima, e incluso plenamente razonable valoración de la prueba sobre la realizada, también con suficiente fundamento y desde la objetividad e imparcialidad que es propia de su función, por el órgano jurisdiccional. Dichas pretensiones, naturalmente, no pueden progresar en la medida en que persigan un efecto (la nulidad de la sentencia) que en realidad no descansa en su falta de motivación, sino en la discrepancia de quien recurre con la valoración probatoria efectuada en ella.
Este resulta ser, a nuestro juicio, el supuesto con el que ahora nos enfrentamos. En realidad, leído con atención el recurso interpuesto, fluye con naturalidad la idea de que, al parecer del recurrente, la única valoración racional y completa posible del cuadro probatorio practicado en el acto del juicio oral abocaría indefectiblemente en el dictado de una sentencia condenatoria como la que persigue respecto de todos los acusados. Cualquier otra valoración alternativa merecería, según ese discurso, ser calificada como 'ilógica, irracional o arbitraria'. Tal entendimiento, en cierto modo circular, obligaría a declarar, tantas veces como fuera preciso, la nulidad de cualquier sentencia dictada en primera o segunda instancia que no compartiese los criterios valorativos por los que aboga la recurrente. Vale decir que, en ese entendimiento, la única valoración racional posible resulta ser la propia. No hace falta extenderse en consideraciones para comprender que dicho entendimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no puede resultar refrendado aquí.
Xa que logo, ao abeiro da anterior conteste e reiterada doutrina xurisprudencial, debemos examinar o recurso de apelación.
Quinto.- Para os efectos que aquí nos interesan, ben podemos resumir o recurso de apelación do seguinte xeito.
O primeiro dos motivos de apelación consiste na infracción, por inaplicación, do artigo 316 en concurso ideal co artigo 142 e, subsidiariamente, do artigo 317, todos eles do Código penal. Afirma así a recorrente que concorren todos os elementos do tipo, que a súa execución non depende de que a omisión das condicións de seguridade fose necesariamente a causa do accidente mortal -que segundo ela si o foi-, senón do grave risco a que se someteu os traballadores de Serrerías Roal.
No segundo dos motivos de apelación alégase o erro da maxistrada xuíza da instancia na apreciación do conxunto dos medios de proba admitidos e practicados. Así, que a infracción das normas de prevención de riscos laborais quedou patente polas sancións impostas á empresa por mor das conclusións a que chegaron o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) e a Inspección de Traballo; que quedou demostrado o grave risco a que se sometía os traballadores que desenvolvían as súas tarefas na serra múltiple; que non existía unha avaliación de riscos nin plan de prevención válidos sobre os específicos postos de traballo da serra múltiple, xa que non existía o manual ou libro de instrucións do fabricante; que así o afirmara a inspectora de traballo Consuelo e o recoñeceu a coacusada Adelina, tanto no seu plan de prevención como no xuízo oral, ao admitir que a carencia do manual de instrucións non permitía facer un plan de prevención de calidade; que a avaliación e o plan de prevención da técnica responsable Adelina non concretaba, como era preciso, cada un dos postos de traballo da serra múltiple; que se fixera un uso indebido e perigoso da serra múltiple, segundo os estudos da inspectora de traballo Consuelo e do perito Felicisimo, porque aquela debía ser alimentada exclusivamente con táboas grandes escuadradas ou canteadas, con remisión ao informado polo técnico do ISSGA Cirilo e á documental; que o propio empresario, despois do accidente, puxo a máquina de cantear e que se colocaron petos protectores aos traballadores; que non era a primeira vez que se producían retrocesos de madeira no uso da serra múltiple, con fragmentos que saían despedidos cara ao seu exterior e alcanzaban aos traballadores, con cita de diversos casos; as manipulacións da serra múltiple e forzamentos do proceso para acelerar o ritmo produtivo co conseguinte aumento da perigosidade no uso da serra múltiple; que o acusado puxera un cartel que indicaba que o primeiro obxectivo da empresa no 2016 era non parar por avarías nin por ningún outro motivo, e disto non dixo nada a xuíza; a inexistencia de formación preventiva en todo o persoal e sobre todo no caso de Vidal no traballo e na serra múltiple, con cita do declarado polo traballador Sergio; que a empresa non os fornecía de ningún equipo de protección corporal antiimpactos, de cara -pantalla viseira-, de cabeza -casco-, nin de tórax -peto-; e que tan manifesta se presentaba a responsabilidade penal dos acusados que as aseguradoras Allianz e Hiscox solicitaran que as cantidades consignadas como fianza fosen entregadas aos familiares do falecido como indemnización.
O terceiro motivo de apelación refírese á errada avaliación por parte da maxistrada xuízaa quodos informes do ISSGA e da inspectora de traballo, de Cirilo e Consuelo, respectivamente.
No cuarto motivo de apelación alúdese a que se omitiu na instancia toda consideración verbo da proba documental e testemuñal (intervención dos axentes de policía e cando chegan os técnicos do ISSGA e a Inspección de Traballo) relativa á inexistencia de elementos de protección corporal na cabeza e no tórax do traballador accidentado.
No motivo quinto da apelación reflíctese que se omitiu toda consideración do informe pericial de Felicisimo, que nin tan sequera se menciona na sentenza.
E no sexto alúdese ao erro na apreciación da proba con específica mención das declaracións de ambos os dous acusados absoltos na instancia.
Así pois, no recurso de apelación, pártese, fundamentalmente, dos informes do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), autoría de Cirilo, e da Inspección de Traballo, redactado por Consuelo, unidos ao achegado pola propia apelante do técnico superior en prevención de riscos laborais Felicisimo, das declaracións dos coacusados Germán e Adelina, dalgunhas testemuñas e da ben profusa documental, para chegar á conclusión de que na avaliación de todo o anterior errou a maxistrada xuíza da instancia e que, por concorrer todos os elementos dos tipos penais polos que formulou a acusación, este Tribunal debería non anular a sentenza contra a que se apela, senón emitir un pronunciamento condenatorio axustado á súa tese e pretensións penais e civís.
Mais a recorrente non pode mudar os feitos probados da sentenza contra a que apela con base, única e exclusivamente, na súa discrepancia con eles por mor da súa particular avaliación das probas, nin pretender que nos sumemos agora a esta e que pronunciemos a condena que persegue neste eido penal. E, se cadra, se xa non solicitou a nulidade da sentenza da instancia, foi porque para iso tiña que xustificar a insuficiencia ou a falta de racionalidade da motivación de tal resolución, o afastamento manifesto das máximas de experiencia ou a omisión de todo razoamento sobre algunha das probas practicadas, o que, en definitiva, daría lugar a unha vulneración do dereito fundamental da acusación á tutela xudicial efectiva prevista no artigo 24.1 da Constitución española. E, contrariamente ao anterior, o que fai no seu recurso é tratar de impoñer o seu criterio valorativo da proba, polo demais lóxico e lexítimo, por enriba do obxectivo e imparcial propio de quen emitiu o pronunciamento xurisdicional. De ser así, calquera valoración probatoria alternativa á da parte apelante resultaría, por tan só esta discrepancia, ilóxica, irracional, arbitraria ou absurda, e, xa que logo, a única correcta e xusta sería a que cadrase totalmente, ou case, coas argumentacións e solicitudes da recorrente, o que, evidentemente, non pode ter éxito.
Sexto.- A conclusión da sentenza da instancia reflíctese no último parágrafo dos seus feitos probados: non se acreditou que o fatal accidente se debese ao incumprimento por parte dos acusados (lémbrese que el, na súa condición de xerente e representante legal de Serrerías Roal, SLU, e, ela, como a técnica encargada do plan de seguridade da mesma empresa) das súas obrigacións en materia de seguridade e hixiene no traballo, nin a un comportamento neglixente pola súa parte.
A maxistrada xuíza comeza a súa fundamentación xurídica aludindo ao informe do accidente laboral realizado polo técnico do ISSGA Cirilo, ben polo miúdo analizado pola sentenza contra a que se apela. Tírase disto que na máquina denominada serra múltiple se introducían as táboas grandes cos bordos irregulares e saían cortadas en táboas pequenas. O desgraciadamente falecido Vidal -cunha antigüidade na empresa de dous meses e reincorporado o mesmo día do accidente logo dunha baixa- encontrábase na zona de entrada da máquina, isto é, collía as táboas grandes e metíaas na serradora, que, aos 15 ou 20 centímetros, xa as arrastraba cara ao seu interior para cortalas e que dela saísen táboas pequenas polo outro lado da máquina que xa recollía outro traballador, quen, o día do accidente, era Sergio. Este día, cando Vidal introduciu na máquina unha táboa grande, saíu disparado un anaco dela que se lle cravou no peito. Ao parecer, segundo o traballador Sergio, producíase ao día un rebote na máquina denominada serra múltiple, pero que o que saía despedido dela eran estelas ou anacos pequenos de madeira, mais nunca un fragmento das dimensións do que lle causou a morte a Vidal.
Se no informe se aludía a dous accidentes por saltar estelas, a testemuña Sergio referiu un do cal el fora obxecto, negou que soubese de máis e que se proxectasen os rachos todos os días. E o outro fora con outro traballador, Teofilo, pero que non se dera conta á Inspección de Traballo destes supostos accidentes previos porque non chegaran a ser nin iso, senón meros incidentes. Efectivamente, no mesmo informe reflíctese que, logo destes denominados incidentes, se colocara por fóra da serra múltiple unha protección a maiores que non afectaba ao seu funcionamento nin aos seus sistemas de seguridade. Consistía nunha prancha metálica colocada en posición case vertical que, cando pasaba a táboa grande, se abatía, xirando, e a esta táboa circulaba por enriba dela. Pero esta protección só era efectiva mentres non pasase a táboa, xa que ao pasar esta se anulaba a protección. E, en concreto, ao encontrarse Vidal introducindo a táboa grande na serra múltiple, aínda que daquela existise a devandita protección, esta resultaría inútil e ineficaz.
Logo, con relación á circunstancia de que a máquina non contase co seu manual de instrucións e que carecese do correspondente CE (conformidade europea), a maxistrada xuíza reflicte, baseándose no mesmo informe do amentado técnico do ISSGA, o seguinte:
[...] tenía un documento de adecuación al RD 1215/97 firmado el 24/10/2006 denominado 'Certificado de conformidad de seguridad de equipos de trabajo' realizado por Jesús Manuel de Tuv Nord. Sin embargo, el técnico del ISSGA concluye que la máquina no cumple los requisitos de seguridad del Anexo I del Real Decreto 1215/1997 ni a la fecha del informe ni en el año 2006, 'no aparenta ser adecuado' se afirma en otro punto del informe. Y no ha sido controvertido que el acusado alquilo las instalaciones con la maquinaria en octubre de 2014.
E engade despois que:
La empresa cuenta con una evaluación de riesgos realizada por PREVISONOR el 13112014, actualizada en el momento del accidente a fecha 1222016, ambos documentos redactados por la acusada, Adelina. En ambos documentos aparece relacionada la máquina indicada y se dice que tiene adecuación al RD 1215/1997 y que carece de manual de instrucciones. Se realiza una evaluación de riesgos por puesto de trabajo en el que se incluyen las máquinas y equipos de trabajo empleados en cada puesto, pero en ambos documentos no se nombra la sierra múltiple en la evaluación. Se incluye los riesgos por proyección de fragmentos o partículas de forma genérica, no se hace referencia a esta concreta máquina, por lo que dicha evaluación de los riesgos no es adecuada. El trabajador accidentado no cuenta con formación en prevención de riesgos laborales impartida por la empresa, y tampoco se le había realizado un reconocimiento médico previo a empezar a trabajar.
E, se ben no devandito informe do técnico do ISSGA se reflectía que a causa principal do accidente fora o emprego dun equipo de traballo inseguro e que, aproximadamente, en dous anos, a máquina producira dous accidentes similares, a xulgadora da instancia cualificou de inexacto o anterior polos seguintes motivos:
[...] los dos 'accidentes' a que se alude en el informe, en los dos casos se trataba de una proyección de 'astillas' que ni siquiera se podían apreciar, y sin ulteriores resultados lesivos, lo que nada tiene que ver con el presente caso en el que lo que salió despedido de la sierra múltiple fue un trozo de madera que en el mismo informe se describe como a modo de 'jabalina' de 1,49 metros de largo aproximadamente y de 3x3 cm de sección. También se atribuye a que la certificación de la máquina a la normativa vigente no es adecuada, llamando la atención que nunca se hubiera cuestionado dicha certificación hasta el momento de este accidente, siendo en todo caso un dato intrascendente en relación con la producción del mismo, ya que no consta, ni se ha puesto de manifiesto que eficacia causal pudiera haber tenido en el siniestro.
Se afirma igualmente que la máquina presenta protecciones que se pueden retirar sin que la misma se pare, habiéndose retirado protecciones y anulado otras y la máquina seguía funcionando, y lo cierto es que no se ha probado tal afirmación. No consta que se hubiera manipulado la máquina, ni siquiera se invocó tal posibilidad en el plenario, y por el contrario si consta que se le instalo una protección adicional, externa a la máquina (esto es sin afectar a su funcionamiento) ante el riesgo de las pequeñas proyecciones que se constataron.
Y como otras causas que 'influyeron o pudieron influir en el accidente' se reseñan: deficiente documentación de seguridad y salud laboral; falta de mantenimiento preventivo; y falta de formación del trabajador. Y de la prueba practicada nada se ha probado respecto de la falta de mantenimiento de la máquina, ni la supuesta relación causal entre la falta de formación del trabajador y el fatal accidente, no cuestionándose en ningún momento que el trabajador no supiera manejar la máquina, que por otro lado tiene un funcionamiento sencillo, ni que la producción del siniestro estuviera relacionada con su falta de formación, resultando además que el trabajador accidentado -si bien no en esta empresa por el poco tiempo que llevaba en activo en la misma-, había realizado un curso básico de prevención de riesgos, que como manifestaron todos los técnicos en el plenario le habilita para ser recurso preventivo.
Y como medias de prevención se indican adecuar la máquina a la normativa de fabricación de la maquinaria, realizar evaluaciones de riesgo en las que se recojan los riesgos y las medidas preventivas de los distintos trabajos, medios auxiliares y equipos de trabajo; realizar un mantenimiento de la distinta maquinaria de la empresa; y formar a los trabajadores para que conozcan sus riesgos en todos los trabajos que desarrollen. Pero lo cierto es que todas estas medidas genéricas no se concretan en relación con el siniestro. La adecuación a la normativa se desconoce que modificación implicaría en la misma; y si bien en relación con el puesto de trabajo, se había valorado el riesgo de proyecciones, acorde con las que hasta entonces se habían producido (astillas), reforzando incluso el empresario las medidas de la maquina con una externa, pero no era previsible un riesgo de una proyección de las dimensiones que se produjo, coincidiendo tanto el acusado como los trabajadores de la empresa en que no se explican como pudo producirse.
O informe do accidente realizado por Previsonor (aseguradora dos riscos laborais na empresa Serrerías Roal, SLU) parte da certificación que tiña a máquina (CualicontrolAci, SAU) en outubro de 2006 con resultado conforme aos requisitos de seguridade do anexo 1 do Real decreto 1215/1997. Engade que, para evitar os riscos das proxeccións, o equipo contaba cun sistema de láminas que se adaptaban ao grosor da peza e unha prancha metálica instalada ao final dos rolos transportadores que protexía a despedida das estelas cando se operaba en descontinuo (ata que non saían os listóns de madeira non se introducía a seguinte peza), e que, ademais, o equipo contaba con dispositivo antirretorno.
A causa do accidente, concluía o devandito informe, fora un posible atoamento do material sobrante das pezas traballadas no interior da zona de traballo do equipo -serras-, o que provocou unha retirada fortuíta dalgunha das antiproxeccións que xerou unha desprotección momentánea nunha pequena área e que permitiu a proxección da estela. Como medidas preventivas suxeríase a instalación dunha máquina de canteado previa á serra múltiple, de xeito que eliminase as zonas das pezas con maior probabilidade de causar as proxeccións -os bordos-; e, ademais, mudar o procedemento de traballo alimentando a serra múltiple de forma automática dende a máquina de canteado, para que ningún operario quedase situado na zona con riscos de proxeccións.
O informe da inspectora de traballo Consuelo coincide na evidencia de que a causa directa do accidente laboral foi a proxección dunha peza de madeira mentres se estaba a usar a serra múltiple, que esta se producira pola mecanización de pranchas de madeira con bordos ou costados irregulares e non uniformes, para as que non resultaban eficaces os dispositivos de arrastre e cortinas metálicas de que dispoñía o equipo, xa que, unha vez mecanizadas polas serras verticais, dos laterais irregulares da chapa resultan pezas inservibles ou 'fallos' de pequeno tamaño que non prendían os rolos superiores contra as cadeas inferiores, non eran arrastradas cara á zona de saída da máquina, senón que quedaban atrapadas polas serras, que, xirando en sentido contrario ao do avance da táboa grande, as proxectaban cara á entrada da máquina, contra as cortinas metálicas, despezándoas, e que estes restos erguían unha das cortinas metálicas e deixaban un oco polo que saíu despedido o anaco que alcanzou o traballador e que lle causou a morte. E, se ben no devandito informe da inspectora se reflectía que semellaba habitual que cando se manipulaban pranchas con costados non uniformes se producían retrocesos que xa motivaran danos de menor entidade, e mesmo que se producía un ao día, a maxistrada xuíza corrixiu o anterior razoando que:
[...]afirmación esta última que nadie ha hecho en el plenario. Y además debe ser matizada en los términos antes expuestos, ya que los únicos daños anteriores que constan (en años) fueron por saltar una astilla al cuello -que ni llego a apreciar según declaro en el plenario el trabajador afectado- y otra a unas gafas, por lo que puesto en relación con el accidente objeto de autos no puede considerarse como un precedente que permitiera inferir que una astilla se convirtiera en un trozo de madera de casi metro y metro. También alude a que 'el pedido de tablas no era el habitual, siendo de 75 mm en lugar de 140 mm, por lo que se trabaja con tablas de menor tamaño a las habituales', y al margen de la trascendencia del dato, nada se ha probado en este sentido. Y concluye que la sierra carece de un sistema de antirretroceso eficaz y de manual de uso, no identificándose ni evaluándose los riesgos de su uso en el plan de prevención de riesgos laborales, incumpliendo la empresa su obligación de formar a los trabajadores sobre el uso de la sierra múltiple y los riesgos que conlleva.
A cerna da valoración dos devanditos informes periciais, declaracións e documental que realizou a xulgadora a quotamén ben se pode resumir no seguinte:
[...] en ningún momento se ha probado que en la producción del siniestro tuviese eficacia causal alguna una posible falta de formación del trabajador sobre el uso de la sierra múltiple (coincidiendo todos en que su uso es sencillo). Y no parece exigible al empresario la adopción de medidas de seguridad cuya necesidad nadie había puesto previamente de relieve, incluida la inspección de trabajo, por cuanto habiendo realizado una inspección la semana anterior ninguna falta al respecto se había apreciado. De hecho, cuando se constató el riesgo de proyecciones (astillas) si se añadió una media de protección externa a la máquina para paliar dicho riesgo, pero en ningún momento se constató un riesgo de proyecciones de mayor tamaño a unas pequeñas astillas.
E a maxistrada xuíza conclúe que:
[...] en ambos informes, sin señalar una causa directa e inmediata del accidente se señalan como causas: la falta de manual de instrucciones de la máquina; la falta de formación del trabajador, y la constatación de un riesgo de proyecciones que con arreglo a los antecedes previos nada hacía prever la posibilidad de una proyección de las dimensiones que se produjo, sin que nadie haya podido dar una explicación clara de a que pudo deberse.
Y llama la atención que ocho o nueve meses antes del accidente tuvieron una inspección del ISSGA y ninguna deficiencia apreciaron en dicha máquina, al igual que tampoco la inspección de trabajo que se persono en el lugar de trabajo tres días antes del accidente(o subliñado é noso).
Se alude a un equipo de protección inseguro que carecía de medidas de protección colectivas eficaces, pero lo cierto es que desde el punto de vista del empresario la máquina tenía una certificación de adaptación de la normativa comunitaria aparentemente válida emitida por organismo autorizado para ello, no pareciendo exigible que tuviera que verificar que esa homologación fuera correcta cuando nunca nadie anteriormente, ni el ISSGA ni la Inspección de Trabajo, la cuestiono.
El acusado, alquilo la empresa con las máquinas y estas tenían su homologación, si bien faltaba el manual de instrucciones, cuya ausencia no consta que tuviera relevancia alguna en relación con el fatal accidente, ya que en ningún caso obedeció al desconocimiento en el manejo de la máquina. Y no consta, ni se ha puesto de manifiesto que se anulara o alterara algún sistema de protección de la máquina, resultando que por el contrario se añadió una protección exterior a la máquina para evitar que las astillas que pudieran salir despedidas alcanzaran al trabajador. Pero ni el acusado ni el trabajador que acompañaba en la máquina al fallecido se explican como puedo haber salido despedida una astilla de tales dimensiones, ya que nunca antes había tenido lugar un incidente similar.
Como se pode comprobar, poderá a parte recorrente loxicamente discrepar das anteriores avaliacións e conclusións xudiciais, mais o que por ningures se albisca é que a autora da sentenza errase de forma patente en tal valoración, realizase interpretacións absurdas ou ilóxicas, ou se afastase das máis elementais regras ou máximas de experiencia. E, no relativo á falla de mención na sentenza contra a que se apela do informe pericial que achegou a parte apelante poucos días antes da vista -o elaborado por Felicisimo-, é mester dicir que resulta irrelevante e en nada mudaría todo o ata aquí dito. As súas conclusións, como reflicte o documento, coinciden coas da Inspección de Traballo e as do ISSGA e, xa que logo, amosábanse reiterativas; e, como tales, se cadra xa foron consideradas tacitamente na instancia, ao tratarse dunha pericial confirmadora e ratificadora doutras dúas periciais no mesmo sentido.
En todo caso, a omisión sería relevante se se referise á pretensión formulada pola apelante como acusación particular, mais non se se refire ás súas alegacións. E ben sabido é que non se pode entender vulnerado o dereito á tutela xudicial efectiva polo feito de que o órgano xudicial non dea resposta explícita e pormenorizada a todas e cada unha das alegacións realizadas no proceso (por todas, a STC 23/2018, do 5 de marzo). Outro tanto é mester dicir con respecto a determinadas testemuñais -dos axentes de policía-. E mesmo resulta inocuo que dúas aseguradoras consignasen cantidades nesta causa penal, pois tal circunstancia en por si, evidentemente, non prexulga a responsabilidade penal dos asegurados por aquelas.
En fin, e como lembra o recente ATS, Penal, Sección 1ª, do 4 de febreiro de 2021 ROJ: ATS 1230/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1230A, a criminalización dun delito de perigo libera o intérprete da necesidade de asociar un resultado á infracción do deber de actuar en que se concreta o tipo penal. E engade que resultan clave dúas ideas:
La primera, la consideración del delito previsto en el art. 316 del CP como un delito de omisión pura. La segunda, su condición de delito de riesgo.
Ambas ideas han quedado reflejadas en precedentes de esta Sala. Hemos afirmado que el art. 316 del CP es un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber, que protege la seguridad en el trabajo, entendida como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador, dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo. Se trata, por tanto, de un bien jurídico autónomo e independiente de la efectiva lesión que, en todo caso, merecería calificación independiente, y en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante (cfr. STS 1233/2002, de 29 de julio ).
Por consiguiente, la exigencia de responsabilidad penal en los delitos de omisión pura, como el examinado, ha de implicar una determinación exhaustiva y precisa tanto de la situación generadora del deber de actuar del sujeto activo como de la acción debida por éste; lo que a su vez permitirá graduar debidamente la no ejecución de dicha acción y la capacidad que la persona tenía de realizar la misma.
En consecuencia, por todo o dito, tampouco se poden considerar infrinxidos, pola súa inaplicación, os preceptos penais legais polos que a agora parte apelante formulou a súa acusación.
Sétimo.- As custas da presente alzada declarámolas de oficio.
Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,
Fallo
Que debemos DESESTIMARo recurso de apelación interposto pola representación procesual de Nuria, Efrain, Eliseo, Paula, Ceferino, Pura, Eusebio, Evelio, Ezequiel e a Adhesión do fiscal, contra a sentenza ditada con data do 28-maio-21, no procedemento Abreviado nº 331/20, pola maxistrada xuíza do Penal nº 3 de Pontevedra, e CONFIRMAResta sentenza, con declaración de oficio das custas desta alzada.
Ao notificar esta sentenza, déaselle cumprimento ao previsto no artigo 248.4º da Lei orgánica do poder xudicial.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que esta resolución non é firme e que contra ela, de conformidade co art. 847 da LACrim, cabe interpoñer un recurso de casación, que deberá prepararse mediante un escrito formalizado por avogado/a e procurador/a, que se presentará perante este Tribunal dentro dos cinco díasseguintes á ultima notificación e que deberá conter os requisitos esixidos no art. 856 da LACrim.
Así o pronunciamos, mandamos e asinamos, mediante esta sentenza, da que se levará unha certificación ao rolo de sala e que se anotará nos rexistros correspondentes.
PUBLICACIÓN.-A anterior sentenza foi lida e publicada polo maxistrado don José Juan Ramón Barreiro Pradodurante a audiencia pública. Dou fe.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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