Sentencia Penal Nº 253/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 2281/2021 de 17 de Marzo de 2022

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 253/2022

Fecha de sentencia: 17/03/2022

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 2281/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 16/03/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura

Procedencia: T.S.J.CANARIAS SALA CIV/PE

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 001

Transcrito por: ASO

Nota: Siendo aplicable la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

RECURSO CASACION núm.: 2281/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 001

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 253/2022

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Julián Sánchez Melgar

D. Antonio del Moral García

D.ª Carmen Lamela Díaz

D. Leopoldo Puente Segura

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 17 de marzo de 2022.

Esta sala ha visto el recurso de casación por infracción de Ley e infracción de precepto constitucional, interpuesto por la representación procesal del condenado DON Evelio, contra la Sentencia núm. 20/2021, dictada el 24 de marzo, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Penal, en el rollo de apelación 92/2020, en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el más arriba mencionado contra la sentencia núm. 237/2020, de 19 de octubre, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección segunda, por la que se condenó al más arriba mencionado como autor penalmente responsable de un delito de agresión sexual. Los/a Magistrados/a componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados.

Han sido partes en el presente procedimiento el condenado, DON Evelio, representado por el Procurador de los Tribunales don Arturo Romero Ballester y defendido por el Letrado don Pedro Sánchez Vega. Es parte el MINISTERIO FISCAL.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura.

Antecedentes

PRIMERO.-El Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Bartolomé de Tirajana, incoó procedimiento sumario ordinario núm. 1666/2017, por un presunto delito de agresión sexual, contra Evelio. Una vez conclusas las actuaciones, las remitió para su enjuiciamiento a la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que incoó PO Sumario 43/2018 y con fecha 19 de octubre de 2020, dictó Sentencia núm. 237 que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

'UNICO: Probado y así se declara que el procesado, Evelio, con DNI NUM000, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 02:30 horas del día 3 de julio de 2017, recogió a Celsa, menor de edad, en cuanto nacida en fecha NUM001 de 1999, en la CALLE000, de DIRECCION000, partido judicial de DIRECCION001, cuando ejercía su profesión de taxista, en el vehículo taxi marca Fiat modelo Scudo, con matrícula ....YQWR y licencia número NUM002 de DIRECCION002 y con ánimo libidinoso, estando la menor sentada en el asiento del copiloto, le tocó la entrepierna y le introdujo los dedos en la vagina, mientras conducía el vehículo y aquella le gritaba que parase.

A continuación, el procesado estacionó el vehículo en la rotonda sita en la CALLE001, junto a los apartamentos DIRECCION003, en DIRECCION000, DIRECCION002 y con el referido ánimo, bloqueó las puertas del taxi con el seguro, agarró del brazo a la menor y la empujó hacia la parte de atrás del vehículo, accediendo ambos por el pasillo interior de éste. Una vez en ese lugar, el procesado bajó el vestido que llevaba puesto Celsa y le pasó la lengua por el pecho y demás partes descubiertas, a la vez que se sacó su pene y le frotó con él por el cuerpo, hasta que la menor pudo escapar del vehículo, empujando al procesado.

Cono consecuencia de estos hechos Celsa sufrió heridas consistentes en hematoma circular de pequeño tamaño y coloración rojo oscuro en el tercio medio externo del brazo izquierdo, así como otro de características similares de coloración verdoso-amarillenta en el tercio medio interno del brazo derecho'.

SEGUNDO.-La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

'Que debemos condenar y condenamos al procesado Evelio, como autor de un delito de agresión sexual, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 10 años de prisión, a las accesorias de inhabilitación absoluta. También se le condena a la medida de siete años de libertad vigilada, debiendo determinarse en que consistan las medidas precisas cuando se vaya a ejecutar la libertad vigilada, conforme a lo establecido en el artículo 106.2 del C.P. Se condena al procesado a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a Doña Celsa, en la cantidad de quince mil euros, cantidad que devengará el interés legal del artículo 576 de la LEC. Así como al pago de las costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- Contra la presente resolución conforme al art. 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cabe interponer recurso de APELACIÓN ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de diez días a partir de su notificación, por medio de escrito que se presentará en este tribunal.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos'.

TERCERO.-Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, la representación legal del condenado, presenta recurso de apelación con base en los motivos expuestos en su escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, formándose el rollo de apelación núm. 92/2020. En fecha 24 de marzo de 2021 el citado Tribunal dictó sentencia núm. 20/2021, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

'Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Evelio contra la sentencia de 19 de octubre de 2020, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el rollo nº 43/2018, que dimana del Procedimiento Sumario Ordinario nº 1666/2017, incoado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, resolución que confirmamos en su integridad. No se efectúa imposición de las costas del recurso.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de casación, el cual ha de anunciarse en el plazo de cinco días ante esta Sala, y ha de formalizarse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos'.

CUARTO.-Contra la anterior sentencia, la representación procesal de Evelio anunció su propósito de interponer recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, recurso que se tuvo por preparado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.-El recurso de casación formalizado por el aquí recurrente se basó en el siguiente motivo:

Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Alega vulneración del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión, así como el derecho a la defensa, recogidos en el art. 24 de la CE, todo ello en relación con el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Amparado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 5.4 de la L.O.P.J., por infracción de precepto constitucional por vulneración del art. 24 de la Constitución Española, sobre derecho fundamental a la presunción de inocencia y su concordante del art. 5.1 de la LO.P.J., en relación a la aplicación de los artículos 178 y 179C.P. del Código Penal.

SEXTO.-Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, estimó procedente su decisión sin celebración de vista, e interesó la inadmisión y subsidiariamente su desestimación, en razón a las consideraciones expuestas en su informe de fecha 6 de julio de 2021.

SÉPTIMO.-Por providencia de esta Sala de 22 de febrero de 2022, se señala el presente recurso para deliberación y fallo el próximo día 16 de marzo de 2022.

Fundamentos

PRIMERO.-1.- En realidad, dos son los motivos que articulan el presente recurso, ambos interpuestos haciendo uso de la vía que habilita el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que concreta, en el orden penal, las previsiones contenidas en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: infracción de precepto constitucional. En el primer caso, se denuncia vulnerado el derecho a obtener la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa; y en el segundo, la presunción de inocencia.

Sin embargo, la recurrente ya advierte que ambas quejas, al aparecer entrelazadas, serán objeto de un desarrollo común. Y así, tras una recurrente protesta referida a que en el acto del juicio no se practicó prueba suficiente para enervar la verdad interina que el derecho a la presunción de inocencia comporta, y después de invocar una serie de sentencias de este Tribunal sobre la naturaleza y alcance de dicho derecho fundamental, objeta que, como ya señalara en el acto del juicio, la no comparecencia al mismo de la testigo esencial de cargo, le produjo indefensión, 'pues con la prueba preconstituida no puede someterse a la víctima(sic) a contradicción alguna, por lo que entiende esta representación, dicho sea en términos de estricta defensa, existe una infracción de normas y garantías procesales'.Aduce después, pretendiendo concretar en qué habría consistido la referida indefensión, que: 'no se han practicado todas las pruebas propuestas y aceptadas, que se han considerado necesarias, privando a la defensa de la posibilidad de contradicción en la declaración de la víctima(sic), hecho éste que, obviamente, vulnera el derecho de la parte'.Termina señalando la recurrente que 'debieron haberse establecido otros mecanismos previstos en la ley', sin entretenerse en señalar cuáles en concreto, para garantizar que dicha prueba testifical, admitida, fuera practicada en el plenario.

2.- Evidentemente, la declaración testifical de Yayda se realizó por reproducción audiovisual en el acto del juicio de la que dejó prestada en fase de instrucción. Y no es menos cierto, desde luego, que dicho testimonio resulta, en el caso, la prueba de cargo principal sobre la que el Tribunal se apoya para reputar enervado el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia. Omite, sin embargo, en su recurso referirse la parte al resto de los elementos probatorios, ciertamente secundarios pero relevantes, tomados en cuenta por el órgano jurisdiccional sentenciador. Se concreta, por tanto, el objeto de esta impugnación en determinar si el modo en que se desarrolló el tan mencionado testimonio puede considerarse válido y, en el caso de que así no fuera, si los demás elementos probatorios tomados en consideración, prescindiendo de aquél, resultarían todavía bastantes para justificar el dictado de una sentencia de sentido condenatorio.

SEGUNDO.-1.- Con carácter general, como recuerda nuestra sentencia número 294/2020, de 10 de junio, trayendo a colación la doctrina que se contiene, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional número 134/2010, 2 de diciembre, resulta indispensable reforzar las exigencias para la validez de una prueba testifical prestada durante el sumario y que luego pretende ser valorada por la vía del art. 730 de la LECrim. Razona el Tribunal Constitucional, en relación con la eficacia probatoria de las declaraciones testificales prestadas durante la fase de instrucción, posteriormente incorporadas al juicio oral, acerca de la necesidad de subrayar la trascendencia constitucional del respeto al principio de contradicción en salvaguarda del derecho de defensa, a la luz de lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos y libertades fundamentales ratificados por España. Por ello, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski, § 41; de 15 de junio de 1992, caso Lüdi, § 47; de 23 de abril de 1997, caso Van Mechelen y otros, § 51; de 27 de febrero de 2001, caso Lucà, § 40; de 10 de noviembre de 2005, caso Bocos Cuesta, § 68 y de 20 de abril de 2006, caso Carta, § 49), el Tribunal Constitucional ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción resulta constitucionalmente aceptable siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral, y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado, esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar los testimonios de cargo e interrogar a su autor, bien cuando se prestan, bien con posterioridad (en este sentido, SSTC 155/2002, de 22 de julio, F. 10; 148/2005, de 6 de junio, F. 2, y 1/2006, de 16 de enero, F. 4). En concreto, se ha condicionado la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial al cumplimiento de una serie de requisitos que se han clasificado como: materiales (su imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al acusado, a fin de que pueda interrogar al testigo) y formales (la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al art. 730LECrim, o a través de los interrogatorios), lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a contradicción en el juicio oral ante el Juez o Tribunal sentenciador ( SSTC 80/2003, de 28 de abril, F. 5; 187/2003, de 27 de octubre, F. 3, y 344/2006, de 11 de diciembre, F. 4 c).

A partir de estas consideraciones generales, también hemos observado, por ejemplo en nuestra reciente sentencia número 290/2021, de 7 de abril que: "El artículo 730 de la LECRIM, reformado en parte por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, prevé la posibilidad de proceder a la lectura o reproducción de diligencias sumariales cuando no puedan practicarse en el juicio por causas independientes de la voluntad de las partes. Cuando se trata de declaraciones testificales, la jurisprudencia, tanto la de esta Sala como la constitucional, ha venido equiparando los casos de fallecimiento del testigo con otros que supongan la imposibilidad de comparecer, como el encontrarse en ignorado paradero o bien cuando el testigo resida en país extranjero, si de este dato se desprende la imposibilidad o una seria dificultad para hacerlo comparecer ante el Tribunal....

...Cuando el riesgo de incomparecencia se aprecie ya en fase de instrucción, habrán de adoptarse las cautelas que prevén los artículos 448 y 777LECRIM encaminadas a garantizar un interrogatorio contradictorio. No obstante, en no pocas ocasiones la imposibilidad de comparecer no se atisba en ese momento, sino que se revela con posterioridad, y es entonces cuando surge la necesidad de comprobar esa imposibilidad o seria dificultad de que el testigo comparezca ante el Tribunal...

La compatibilidad del mecanismo del artículo 730LECRIM con las exigencias derivadas del derecho a un proceso con todas las garantías y, en particular, con el derecho del acusado a interrogar por sí o por representante a los testigos de cargo, está también fuera de dudas en la jurisprudencia constitucional. Será necesario que concurran unos requisitos adicionales; a saber, que la diligencia sea intervenida por la autoridad judicial, lo que aquí no supone problema alguno; cuando sea factible, que se haya dado oportunidad efectiva a la defensa del inculpado a participar activamente en la práctica de la diligencia sumarial; y que se hayan realizado los esfuerzos razonables conducentes a conseguir la presencia en el plenario del testigo ( SSTC 209/2001, 12/2002, 187/2003, 148/2005 o 1/2006)".

En aquel caso, como también aquí, cuestionaba el recurrente la imposibilidad de que la localización del testigo, y en definitiva la de que prestara declaración en el plenario, fuera real, en el sentido de que se hubieran agotado los medios disponibles al efecto. Al respecto, apunta la sentencia comentada: "Cualquier ponderación en relación a tal presupuesto ha de quedar vinculada a las efectivas posibilidades de indagación y actuación en un plazo razonable, que descarten una demora en el tiempo con reflejo en el procedimiento, en busca de un objetivo que ya de antemano se plantea como sumamente improbable".

En el mismo sentido, nuestra sentencia número 136/2021, de 16 de febrero, precisa que: "En todos los casos, lo que debe ser comprobado es la imposibilidad o seria dificultad de que el testigo comparezca ante el Tribunal, pues de no ser así, lo correcto es oír a aquel directamente, bien sea de forma presencial o recurriendo a la videoconferencia o sistemas similares que permitan una comunicación bidireccional en tiempo real". Todo ello, en el bien entendido de que la simple circunstancia de que el testigo, sea nacional o extranjero, resida fuera de nuestro país no es motivo, en sí mismo, suficiente para prescindir de su declaración en el acto del juicio oral. Lo explica con claridad bastante nuestra sentencia número 427/2019, de 26 de septiembre, cuando subraya que: "En el caso de testigos en el extranjero su falta de obligación de comparecer ( art. 410LECr) no equivale a la imposibilidad de la misma, porque ni impide su citación a través de las normas sobre asistencia recíproca internacional en el ámbito penal, ni impide su declaración en el extranjero a través del auxilio judicial. Sólo si no se conoce el paradero del testigo residente en el extranjero o si, citado, no comparece, o si su citación se demora excesivamente, pudiendo producir dilaciones indebidas, cabe utilizar el excepcional mecanismo del art. 730 de la LECr. La doctrina mayoritaria de esta Sala no justifica la aplicación directa del art. 730 de la LECr, a partir del mero dato de la residencia del testigo en el extranjero, exigiendo el previo fracaso de su citación intentada o de su declaración en el país de residencia. En tal sentido las Sentencias de 26 marzo de 1995, 25 mayo de 1996, 27 diciembre de 1999, entre otras muchas.

2.- En el caso, la Audiencia Provincial explica en su sentencia, --fundamento jurídico preliminar--, los motivos que le condujeron a no acordar la suspensión del juicio ante la repetida imposibilidad de contar con el testimonio de Celsa. Así, recuerda que hasta en tres oportunidades anteriores y por esta misma causa hubo de suspenderse el señalamiento del plenario. La primera convocatoria para la celebración del juicio fue señalada el día 29 de marzo de 2019, con antelación suficiente en tanto el desarrollo del plenario se fijó para el día 25 de septiembre de ese año. Sin embargo, pese a la realización de distintas gestiones al respecto, no fue posible conocer el domicilio de la testigo en Inglaterra hasta solo unos días antes de la fecha prevista, concretamente el 13 de septiembre, no resultando ya factible, en tan breve espacio de tiempo, implementar la correspondiente comisión rogatoria al efecto de que su declaración pudiera realizarse por videoconferencia. Se suspendió el señalamiento y se volvió a fijar para el siguiente día 12 de febrero. Sin embargo, tampoco entonces pudo practicarse la prueba y se acordó nuevamente, también a petición de ambas partes, la suspensión del juicio, añadiéndose que el órgano jurisdiccional haría'todo lo posible'para que la videoconferencia con Inglaterra pudiera llevarse a término, por más que se contara con la declaración de la testigo prestada en fase de instrucción, en forma de 'prueba preconstituida'. Se fijó el nuevo señalamiento para el día 22 de septiembre, ya de 2020, es decir, casi un año después de la primera convocatoria. Sin embargo, desde Reino Unido se solicitó 'un poco más de tiempo', volviéndose a señalar, en este caso, para el día 14 de octubre. Tampoco en esa fecha fue posible realizar la videoconferencia a través del juzgado competente en aquel país. Se intentó entonces establecer la conexión directamente con la víctima, a través del sistema webex, pero tampoco así, llegado el día señalado para el juicio, resultó factible la conexión. A partir de estos elementos, tal y como se consigna en la sentencia recaída en la primera instancia: 'el Tribunal consideró que teniendo en cuenta que había prueba preconstituida y ante la cantidad de intentos fallidos de que Dª Celsa declarara mediante videoconferencia en el acto del juicio, denegó la solicitud de suspensión del juicio realizada por el Ministerio Fiscal y la defensa, procediendo en la fase de prueba a la reproducción de la grabación de la prueba preconstituida realizada en el Juzgado de Instrucción con todas las garantías, en presencia del acusado y de su Letrado que pudo interrogar a la testigo y por tanto someter su declaración a contradicción'.

Por su parte, el Tribunal Superior valora que la sentencia entonces recurrida explica de forma extensa y cumplida las razones que le condujeron a desestimar la suspensión del juicio interesada. Pone, además, el acento en que la decisión combatida no ha causado ninguna clase de indefensión a la parte recurrente, al punto que ésta no señala en concreto el gravamen específico que la decisión adoptada comportó, más allá de genéricas observaciones referidas a la falta de contradicción en la práctica de la prueba.

3.- Importa así comenzar señalando, por una parte, que no se denegó aquí la suspensión del juicio, y se procedió a la reproducción en el mismo de la declaración prestada por la testigo en la fase de instrucción, como exclusiva consecuencia de que la misma residiera en el extranjero. Ya hemos señalado que esta sola circunstancia, desde luego, no justificaría la decisión adoptada. Al contrario, el Tribunal provincial tuvo en cuenta, ponderando detalladamente los valores en conflicto, que ya habían tenido lugar hasta tres frustrados intentos previos, a lo largo de algo más de un año, para que pudiera practicarse la declaración presencial, aunque a través de un sistema de videoconferencia, sin que, por diferentes y sucesivas razones, hubiera podido alcanzarse el objetivo pretendido. Comenzaba ya a ponerse en riesgo serio la celebración de un proceso sin indebidas dilaciones, proclamado, con el rango de derecho fundamental, en el artículo 24.2 de la Constitución española, sin que, a la vista de los resultados anteriores, fuera posible asegurar que un nuevo señalamiento, el quinto, permitiría la práctica de la prueba en el juicio.

De otra parte, no podemos olvidar tampoco que, pese a las protestas de la recurrente, en realidad la reproducción audiovisual en el juicio del testimonio protagonizado por Celsa, --articulado, en previsión de las posibles dificultades de contar con su presencia en el plenario, a modo de 'prueba preconstituida'--, no comportó la vulneración o inobservancia del principio de contradicción. De haber sido así procedería declarar sin paliativos la nulidad de dicha prueba. Nada autorizaría, conforme a la doctrina jurisprudencial que ya ha sido expuesta, a reputar como válida y proceder a la valoración de una prueba cuya práctica se hubiera llevado a cabo sin permitir la posible intervención de la defensa. Sin embargo, el testimonio cuya reproducción audiovisual fue practicada aquí en el acto del juicio, se efectuó, desde luego bajo la autoridad judicial, y en presencia de la defensa del acusado, quien pudo, de este modo, formular a la testigo cuántas preguntas hubieran podido resultar de su interés. Al respecto, por otro lado, y más allá de invocar genéricamente que el modo de proceder le había producido indefensión, no refiere la parte cuestión ninguna en concreto que no pudiera haberle formulado a la testigo o que no considere no ha sido suficientemente esclarecida en su relato.

En realidad, la práctica de la prueba, en la forma en que se llevó a término, solo resultaría objetable desde el punto de vista de la necesidad de inmediación. El Tribunal provincial no dispuso, por las razones explicadas, de la posibilidad de contemplar, de manera directa e inmediata, el desarrollo del mencionado testimonio. Hubo de hacerlo, mediatamente, a través de una grabación audiovisual, sin posibilidad, en consecuencia, de interactuar con la fuente de prueba. Y es aquí donde resulta indispensable proceder a la valoración de los concretos perfiles del caso. Demorar nuevamente la celebración del juicio, sin garantía además de que pudieran removerse con éxito los obstáculos que presentaba la declaración presencial de Celsa, hubiera podido comprometer el derecho de las partes a un juicio público sin dilaciones indebidas. Se disponía, en el caso, no ya de una declaración escrita del testimonio prestado en instrucción por la testigo, sino de la grabación audiovisual del mismo, desarrollado bajo la autoridad judicial y con intervención de las partes, en condiciones que permitían su reproducción en el acto del plenario. Dicho testimonio pudo ser valorado por el Tribunal provincial, sin apreciarse en el mismo contradicción de ninguna especie, acerca de la que hubiera podido indagarse de haberse contado con su presencia en el plenario. Ninguna señaló entonces, ni ahora en su impugnación, la parte recurrente. Tampoco se advierte razón que permitiese vislumbrar siquiera cualquier clase de propósito espurio que pudiera estar animando su declaración (no conocía previamente al acusado), sin que la recurrente llegue siquiera a sugerir su eventual existencia en el marco de su recurso. A su vez, el Tribunal provincial procedió a valorar, como no podía ser de otro modo, el contenido de las declaraciones prestadas en el juicio por el acusado, desechando que las mismas pudieran corresponderse en lo sustancial con lo verdaderamente sucedido. El acusado sostuvo, en esencia, que en efecto mantuvo ciertos contactos sexuales con Celsa (besos), aunque asegurando que tuvieron lugar de manera voluntaria, con el consentimiento de ella. Frente a esto, se destaca en la resolución recaída en la primera instancia que, como siempre sostuvo Celsa, el vehículo taxi conducido por el acusado y que la entonces menor contrató, no se detuvo, --así resulta de las grabaciones de las cámaras del hotel de las que igualmente se dispuso--, en el lugar de destino de Celsa sino en un paraje relativamente distante y poco frecuentado. Igualmente, se constata que el automóvil que realizó el servicio, permitía acceder desde los asientos delanteros sin especiales dificultades a la parte trasera del mismo y que Celsa presentaba ciertas lesiones (hematomas) en los brazos, compatibles con la fuerza de la que ella aseguró fue objeto para obligarla a trasladarse a la parte trasera del automóvil. Y, por descontado, se toma en consideración el muy relevante resultado obtenido de la prueba pericial practicada, ratificada y defendida en el plenario por sus autores. Dicha pericia, efectuada sobre muestras recogidas en la mama derecha de Celsa presenta 'resultado positivo para la presencia de saliva, con ADN de varón que se corresponde con el perfil genético del acusado. Aclaran los peritos que cuando se refieren a que en la muestra de la mama derecha se obtiene un perfil genético mezcla, uno de los contribuyentes es la víctima y el otro pertenece a un varón, no se refieren a que la saliva sea una mezcla de los dos, sino que lógicamente está el perfil genético de la víctima pero la saliva es del acusado. El procesado da una explicación y dice que pudo caer saliva en el pecho de la víctima, porque se estaban besando de forma consentida. Sin embargo en este caso entiende el tribunal que la saliva hubiera sido mezcla de la víctima y del acusado, lo que no es así conforme a lo que aclararon los peritos en el acto del juicio'.Importa recordar, en este sentido, que la testigo manifestó, desde primera hora, que cuando subió al taxi del acusado lo hizo ocupando el asiento delantero derecho. Explicó que el acusado comenzó entonces a tocarla, mientras conducía a notable velocidad, hasta llegar a introducirle los dedos en la vagina, deteniendo luego el vehículo, en lugar distinto del hotel en el que residía la víctima en esos días, obligándola a pasar a la parte trasera, donde, apartándole la ropa, le pasó la lengua por el pecho y por las demás partes descubiertas de su anatomía, hasta que ella logró zafarse del agresor y escapar del vehículo. En este contexto, se observa también en la sentencia dictada en primera instancia, que: 'este Tribunal pudo ver esta grabación en la que se observa cómo el procesado para el vehículo, tal y como se refleja en el atestado el vehículo del acusado llega a la rotonda apaga las luces y permanece en el lugar un tiempo de 4 minutos y tres segundos, hasta que se observa a una persona por la parte trasera del vehículo que empieza a correr en dirección opuesta a la del vehículo con lo que parece ser un teléfono móvil en la mano y a continuación el vehículo abandona el lugar'.

4.- Considera así este Tribunal que el testimonio de Celsa, aunque no pudiera ser practicado en condiciones óptimas, no debe, sin embargo, reputarse nulo, en tanto su desarrollo no comportó vulneración del derecho de contradicción y defensa del acusado, por las razones que ya han sido explicadas. Y considera también que, a partir del contenido del mismo, y del resultado del resto de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, debida y razonablemente valorados por el órgano jurisdiccional de primera instancia, las conclusiones probatorias alcanzadas por aquél resultan plenamente eficaces para desvirtuar con suficiencia la presunción interina de inocencia. Dicha valoración, combatida ya previamente en apelación, resulta respaldada, también muy razonablemente, por el Tribunal Superior. Cumple aquí recordar sus consideraciones al respecto, después de describir el irreconciliable contenido de la declaración de Celsa y del acusado: 'Se contó con el visionado de las cámaras de seguridad de los hoteles DIRECCION004 y DIRECCION003, ambos ubicados en DIRECCION001, en las que se pudieron visionar cómo el vehículo conducido por el procesado no paró en el hotel DIRECCION004 (lugar donde se alojaba la víctima), sino en un lugar solitario y oscuro, en el que tras apagar las luces del vehículo, permaneció el mismo parado unos minutos en dicho lugar, para a continuación apreciarse cómo la menor salió huyendo del mismo despavorida, dando, por tanto, consistencia a su declaración, en cuanto la misma coincide con lo grabado por las cámaras de seguridad de los citados establecimientos.

Se contó con el informe médico forense de las lesiones que presentó la menor víctima de estos hechos y con las peritos que realizaron el mismo, quienes manifestaron la existencia de un hematoma en un brazo de características recientes en el momento de los hechos y compatibles con la descripción de los mismos hecha por la perjudicada.

De forma singularmente relevante por su fiabilidad, como probanza pericial médico-biológica y de carácter público, consta el informe de ADN de una muestra obtenida en la mama derecha de la menor, en el que se acreditó que el perfil encontrado en aquella era un perfil mezcla del procesado y de la menor. Si bien, respecto a esto, el perito autor del informe, en el acto del plenario aclaró que mezcla no quería decir que fuera una muestra donde hubieran contribuido ambas partes por igual, sino que la saliva encontrada en la muestra era del procesado de manera exclusiva y que, cuando el perito se refería a mezcla, lo hacía porque la muestra se había tomado de una parte del cuerpo de la menor, lo que hacía que apareciese igualmente su perfil genético.

Se contó con las declaraciones de los agentes de la autoridad que realizaron las investigaciones, quienes manifestaron, en el acto del juicio oral, que cuando se entrevistaron con el procesado, este les informó que había llevado a una turista mulata y extranjera a su hotel y que la misma no le había pagado el trayecto, negando incidente alguno con la menor'.

El recurso se desestima.

TERCERO.-De conformidad con lo previsto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde imponer las costas de este recurso a la parte que lo interpuso.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Evelio, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Civil y Penal, número 20/2021, de 24 de marzo, por la que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto por aquél contra la dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2ª, número 237/2020, de 19 de octubre.

2.- Se imponen las costas de este recurso a la parte que lo interpuso.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso. Póngase en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial de los que proceden las actuaciones. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 109LECrim y 4 de la Directiva 2012/2029del Parlamento europeo y del Consejo sobre normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal de Dª. Celsa, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.