Sentencia Penal Nº 286/2011, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 2, Rec 61/2011 de 27 de Julio de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00286/2011

Rúa. Capitán Juan Varela.

Edef. Audiencia 2ª Planta

( 981-18.20.74-, 75 ou 36

6 981-18.20.73

N./Rfª.: Rollo (RP) APELACION PROC. ABREVIADO Nº 61/11 C

JUZGADO DE ORIGEN: JDO. DE LO PENAL N. 1 de A CORUÑA

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 300 /2009

APELANTES: Jose Luis ,

PROCURADOR: JOSE LUIS GONZALEZ MARTIN

LETRADO: RAMON SIABA VARA

APELADOS : MINISTERIO FISCAL

ILMO. Sr. PRESIDENTE

DON SALVADOR PEDRO SANZ CREGO

ILMOS. Sres. MAGISTRADOS

DOÑA Mª DOLORES FERNÁNDEZ GALIÑO

DON AGUSTÍN JESÚS PÉREZ CRUZ MARTÍN- Ponente

En A Coruña, a 27 de julio de 2011.

LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA , integrada por los Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado

En nombre de S.M. el Rey

La siguiente

SENTENCIA Nº 286

En el recurso de apelación penal Nº 61/11, interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de A CORUÑA, en el Juicio Oral Núm.: 300/09, seguidas de oficio por un delito de hurto, figurando como apelante la representación procesal del acusado Jose Luis , y como apelado el Ministerio Fiscal; siendo Ponente del presente recurso el Ilmo. Sr. DON AGUSTÍN JESÚS PÉREZ CRUZ MARTÍN .

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 1 de los de Coruña con fecha 05/11/10, dictó Sentencia y cuya Parte Dispositiva dice como siguiente " FALLO: Absuelvo a Jose Luis del delito de robo con violencia, ya definido, y del que era acusado.

Condeno a Jose Luis como autor de una falta consumada de hurto, tipificada en el artículo 623, apartado 1 del Código Penal , a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas.

Lo condeno asimismo al pago de las costas causadas.".

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por la representación procesal de Jose Luis , que fue admitido en ambos efectos, por proveído de fecha 30/11/10, dictado por el instructor, acordando darle traslado prevenido en el artículo 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , a las restantes partes.

TERCERO .- Por Diligencia de Ordenación de fecha 21/02/11, se acordó elevar todo lo actuado a la Oficia de Reparto de Audiencia Provincial; siendo turnado el mismo a esta Sección para resolver el recurso; recibidas que fueron las actuaciones, se acordó pasar las mismas al Ilmo. Magistrado Ponente.

CUARTO .- En la sustanciación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones y formalidades legales.

Hechos

Se acepta el relato fáctico de la sentencia recurrida, que aquí se da por reproducida, en aras de la brevedad.

Fundamentos

PRIMERO .- El objeto del presente litigio sometido a la consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del condenado Apolonio interpuesto contra la sentencia, núm. 420/10, de 5 de noviembre de 2010, pronunciada por el Juzgado de lo Penal núm. UNO de A Coruña/La Coruña, en procedimiento abreviado núm. 300/2009 , proviniente del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Noia (A Coruña) seguido por presunto delito de HURTO.

El recurso de apelación -obrante a los Folios 128 a 130- se fundamenta en error de hecho y de derecho en la apreciación de alguna de las pruebas practicadas. El presente recurso de apelación es impugnado por el Fiscal -obrante al Folio 138.

Procede la desestimación del recurso de apelación expresado por las razones que seguidamente pasan a exponerse.

SEGUNDO .- El T.S., en relación con la vulneración de la presunción constitucional de inocencia, ha tenido ocasión de señalar que: "... 1. El principio constitucional de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, gira sobre las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 de la Constitución española; 2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; 3º) que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) que tales pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental, pues la función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, y lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pues solamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria, limitándose este Tribunal a verificar la siguiente triple comprobación:

1ª. Comprobación de que hay prueba de cargo practicada en la instancia (prueba existente).

2ª. Comprobación de que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales (prueba lícita).

3ª. Comprobación de que esa prueba de cargo, realmente existente y lícita, ha de considerase razonablemente bastante para justificar la condena (prueba suficiente). ...." ( S. -Sala 2ª- de 8 de febrero de 2007 ).

La aplicación de la doctrina, anteriormente citada, permiten concluir a este Tribunal que la prueba practicada -que, posteriormente, se analizará con mayor detenimiento- y, concretamente, la integrada por la declaración de los testigos y prueba documental que se dio por reproducida, permite afirmar a este Tribunal que, en ningún caso se ha producido la vulneración de la presunción de inocencia denunciada por la parte recurrente.

TERCERO .- En el ámbito del orden jurisdiccional penal respecto de la apreciación de la prueba practicada en el juicio oral, el juzgador de la instancia tiene plena libertad en el establecimiento de los hechos probados y ellos conforme a los principios de apreciación en conciencia de la prueba (art. 741 de la L.E.Crim .) pues entre otras cosas es ante quien se celebra el juicio, donde concurren de modo pleno los principios de inmediación, contradicción y oralidad, por ello se encuentra en condiciones más óptimas que este Tribunal para valorar la prueba practicada, que únicamente debe ser rechazada cuando o bien no se motiven las razones para llegar al fallo de la resolución, sea cual sea su sentido, o dicha motivación fuese ilógica, irracional o se evidencie un claro error el Juzgador "a quo", tan elemental y de magnitud, que necesariamente lleve a una modificación del relato de hechos declarados probados de la resolución apelada.

En orden a la apreciación de la prueba deriva de la credibilidad o incredibilidad, objetividad e imparcialidad de la declaración de las distintas personas que depusieron en juicio, la valoración corresponde al Juez que las presencio por cuanto que es quien ha podido aquilatar con la precisión inherente a la inmediación el alcance y fiabilidad de unos y otros determinados testimonios, la forma y modo de declarar aquellos, sus dudas o titubeos, silencios, rotundidad en sus manifestaciones, etc., por lo que Tribunal de apelación no puede contradecir la convicción judicial suficientemente razonada en la sentencia apelada, cuando no se observan ni objetivan elementos que permitan determinar que incurriera en error, cuenta con prueba de cargo para poder quedar desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al acusado, y no evidencia equivocación del Juzgador ni la existencia de técnicas valorativas contrarias a las exigencias de la presunción de inocencia o del "in dubio pro reo".

En lo relativo a las pruebas personales es de recordar que la S.TC 1999/2005, de 18 de julio , ha resumido la doctrina jurisprudencia -que parte de la S.TC 167/20002, de 18 de setiembre, y que se ha reiterado en numerosas sentencias del TC (Ss. 170/2002, de 30 de setiembre ; 197/2002, de 28 de octubre ; 198/2002, de 298 de octubre ; 200/2002, de 28 de octubre ; 212/2002, de 11 de noviembre ; 230/2002, de 9 de diciembre ; 41/2003, de 27 de febrero ; 47/2003, de 3 de marzo ; 68/2003, de 9 de abril ; 108/2003, de 2 de junio ; 189/2003, de 27 de octubre ; 209/2003, de 1 de diciembre ; 10/2004, de 9 de febrero ; 12/2004 de 9 de febrero ; 40/2004, de 22 de marzo ; 50/2004, de 30 de marzo ; 75/2004, de 29 de abril ; 94/2004, de 24 de mayo ; 95/2004, de 24 de mayo ; 96/2004, de 24 de mayo ; 128/2004, de 19 de julio ; 192/2004, de 4 de noviembre ; 59/2005, de 14 de marzo ; 78/2005, de 4 de abril ; 105/2005, de 9 de mayo ; 111/2005, de 9 de mayo ; 119/2005, de 9 de mayo ; 143/2005, de 6 de junio ; 178/2005, de 4 de julio ; 292/2005, de 10 de noviembre ; 324/2005, de 12 de diciembre , 338/2005, de 20 de diciembre ; 95/3006, de 27 de marzo; 217/2006, de 3 de julio ; 11/2007, de 15 de enero ; 48/2008, de 11 de marzo )- que "... viene poniendo de relieve que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la absolución del acusado resultara necesaria la celebración de vista en segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. E, igualmente, que la constatación de la anterior vulneración determina también la del derecho a la presunción de inocencia si la eliminación de los aludidos medios de prueba indebidamente valoración en la segunda instancia deja sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del acusado. Esto sucederá, por supuesto, cuando la prueba personal eliminación sea la única tomada en cuanta por la resolución impugnada, pero también cuando, a partir de su propia motivación, se constate que dicha prueba era esencial para llegar a la conclusión fáctica incriminatoria, de modo que la inferencia de dicha conclusión deviene e ilógica o no concluyente a partir de los presupuestos de la propia sentencia. ....".

La mencionada doctrina del TC se pronuncia en consideración a la jurisprudencia del TEDH -Ss. de 26 de marzo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia -, de 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria , caso Stefanelli contra San Marino , de 27 de junio de 2000 -caso Constatinescu contra Rumania -, de 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino -.

CUARTO .- La aplicación de la doctrina expuesta en el fundamento de derecho precedente, y la exposición del juzgador de instancia referida a la prueba de cargo existente en contra del acusado, recogida fundamentalmente en los fundamentos de derecho primero y segundo, llevan a este Tribunal a confirmar la corrección de la apreciación judicial plasmada en la sentencia recurrida en orden a la prueba referida a los hechos declarados probados, básicamente referida a la declaración de los testigos ( Juana , víctima del delito -quien afirmó que el acusado fue la persona que se apoderó del bolso- la hermana de la víctima, Maite , quien afirmó que la víctima identificó al acusado como delito del delito-, mientras que el resto de los testigos, Micaela , novia del acusado, y Leon , nada aportaron de relevancia en su declaración en orden al esclarecimiento de los hechos-. A mayor abundamiento, la grabación de la vista oral ha permitido a este Tribunal visionar las declaraciones de los testigos, coincidiendo, en su apreciación y valoración con la realizada por el jugador a quo, singularmente en cuanto a la persistencia, verosimilitud y credibilidad de la declaración de la víctima en los términos expresados por el mencionado juzgador en el apartado 2 del fundamento segundo de la sentencia impugnada.

La pretensión de la parte recurrente, legítima en términos de defensa -si bien es cierto que la imputación a la víctima y a su hermana de falta a la verdad en las declaraciones ante la Guardia civil y la vista del juicio oral resulta singularmente grave por la eventual responsabilidad penal en que las testigos hubieran podido incurrir a juicio de la parte recurrente- no deja de ofrecer una visión parcial y tergiversada de las declaraciones de los testigos, olvidando la parte recurrente el principio básico, plasmado en el art. 741 L.E.Cv., anteriormente aludido -en el fundamento tercero de la presente resolución-, de apreciación conjunta de la prueba practicada y no, como pretende la parte recurrente, de apreciación aislada y fragmentada de las declaraciones de los testigos.

Todo ello, en definitiva, reafirma la corrección de la operación valorativa llevada a cabo el juzgador a quo, dejando sin virtualidad impugnativa la objeción formulado por el recurrente en su escrito de apelación.

QUINTO .- Procede, de conformidad con lo previsto en el art. 240.1 L.E.Cr ., la declaración de oficio de las costas que, en su caso, se hubieran causado en la presente alzada.

En atención, a todo lo que antecede, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de La Coruña/A Coruña, vistos los artículos citado y demás preceptos legales de aplicación al presente recurso y, en atención a las condiciones jurídicas precedentes, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que constitucionalmente tiene atribuida con carácter exclusivo y excluyente.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por representación procesal del condenado Apolonio interpuesto contra la sentencia, núm. 420/10, de 5 de noviembre de 2010, pronunciada por el Juzgado de lo Penal núm. UNO de A Coruña/La Coruña, en procedimiento abreviado núm. 300/2009 , proviniente del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Noia (A Coruña) seguido por presunto delito de HURTO, confirmando todos los pronunciamientos recogidos en la sentencia impugnada , declarándose de oficio las costas causadas en la presente instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta Sentencia para su co no cimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.