Sentencia Penal Nº 3/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Tribunal Jurado, Sección 2, Rec 5/2008 de 16 de Marzo de 2009

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00003/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Sección Segunda

Rollo : 0000005 /2008 M.J.

Órgano Procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de LALIN

Proc. Origen: TRIBUNAL DEL JURADO n? 0000001 /2006

ILMO.SR. MAXISTRADO RELATOR:

DON JOSE JUAN BARREIRO PRADO

SENTENZA Nº 3

Pontevedra, dezaseis de marzo de dous mil nove

Vista en xuízo oral e público, ante o Tribunal do Xurado, a presente causa de Procedemento da Lei do Xurado co número 5/2008, procedente do Xulgado de

Primeira Instancia e Instrución núm. 1 de Lalín e seguida polo trámite do Tribunal do Xurado 1/2006 polo delito de asasinato, contra os seguintes acusados:

1) Oscar , con DNI núm. NUM000 , nado en Silleda o 9 de marzo de 1965, fillo de Manuel e Purificación, veciño de Silleda, insolvente,

con antecedentes penais non computables, representado polo procurador don Rafael Barrios Pérez e defendido polo letrado don Antonio Salceda Domínguez;

2) Augusto , con DNI núm. NUM001 , nado en Silleda o 24 de novembro de 1967, fillo de Manuel e Isaura, con domicilio na Estrada,

insolvente, sen antecedentes penais, representado pola procuradora dona Francisca M.ª Rodríguez Ambrosio e defendido polo letrado don Carlos A. Collazo

Fernández;

3) Fernando , con DNI núm. NUM002 , nado en Forcarei (Pontevedra) o 28 de setembro de 1980, fillo de Eladio e María Elida, veciño

de Bandeira, municipio de Silleda, sen antecedentes penais, insolvente, representado polo procurador don Luis Ramón Valdés Albillo e como letrado don Javier

Gamero Esquivel.

Os tres acusados están no cárcere dende o 30 de maio de 2005 por esta causa.

Son acusadores particulares:

1) O letrado do Estado don Juan Antonio Sardina Páramo

2) Dona Mariola , representada pola procuradora dona Patricia Conde Abuín e defendida pola letrada dona Carmen Ventoso Blanco.

3) Dona Daniela e don Íñigo , representados pola procuradora dona Nuria Sanabria Delgado e defendidos polo letrado don Alberto

Torneiro Santiso y don Antonio Garcia

4) Don Jesús Carlos , dona Penélope e dona María Purificación , representados pola procuradora dona Monserrat Fernández Názar

e defendidos polo letrado don Arximiro Soliño Lago, don Carlos Pinto Barreiro.

É parte acusadora o Ministerio Fiscal, representado por don Pablo Varela Castejón.

Antecedentes

PRIMEIRO.- Recibido en esta Sección Segunda el procedemento do Tribunal de Xurado nº 1/06 procedente do Xulgado de Instrucción nº 1 de Lalin, seguido por delito de Asesinato, contra os acusados Fernando , Augusto y Oscar , no cal o Ministerio Fiscal calificou o feitos provisionalmente de forma seguinte:

A.- Los tres acusados, en la tarde del día 26 de mayo de 2005, en una hora que no ha podido concretarse, pero situada entre las 16:00 y las 21:00 horas, decididos de común acuerdo a dar muerte a Geronimo y a Marino , los trasladaron a la parroquia de Dornelas, dentro del término municipal de Silleda, deteniéndose en una pista asfaltada que une en aquella parroquia, a través del monte, el lugar de Bascuas con el lugar de Cira. Allí, utilizando los acusados la pistola que llevaban consigo, dispararon a sus víctimas, causándoles heridas que determinaron su muerte inmediata.

B.- Los acusados obraron según su plan preconcebido, utilizando el arma amedrentaron a sus víctimas completamente desarmadas y les dispararon por la espalda desde una distancia inferior a un metro, eliminando con ello cualquier defensa que estas pudieran tener.

Marino recibió cinco disparos. Dos disparos por la espalda, y otros dos en el tronco por delante, además de un disparo en la cabeza, en la región temporoparietal. Geronimo sufrió el impacto de dos proyectiles por la espalda. Los dos disparos fueron dirigidos a su región dorsal, afectando a ambos hemitorax.

C.- El arma utilizada por los acusados, era una pistola semiautomática FN BRAUNIN 1910, del calibre 9 milímetros corto, con número de identificación NUM003 , convenientemente cargada con cartuchos de su calibre. Estaba en perfecto estado de funcionamiento, y los tres acusados disponían para sí de la misma con su munición, careciendo de la correspondiente guía de pertenencia, sin que ninguno hubiera obtenido nunca la preceptiva licencia de armas, y sin que la pistola estuviera registrada en la Base de Datos de la Intervención de Armas de la Dirección General de la Guardia Civil.

D.- Tras acabar con la vida de Geronimo y de Marino , los tres acusados arrastraron sus cuerpos hasta la ladera de monte que se encuentra junto a la pista asfaltada. A continuación escondieron el arma utilizada en el taller mecánico "Seculo XXI", que regentaba Fernando , sito en la calle Castrovite, número 22 de Orazo.

Con la finalidad de asegurarse de que los cadáveres no habían quedado en una zona visible para terceras personas, los tres acusados volvieron al lugar. En una primera ocasión, sobre las 00:00 horas ya del día 27 de mayo de 2005. Vuelven a acudir en una segunda ocasión, sobre las 00:30. Sin embargo, en estas dos ocasiones debieron desistir de su intención, al pasar otros vehículos por la zona.

Con la misma finalidad de asegurarse de que los dos cadáveres no fueran encontrados por nadie y ocultar las muertes, volvieron los tres acusados al lugar sobre las 05:00 horas. Sin embargo, en esta ocasión se toparon en el lugar con efectivos de la Guardia Civil que los identificaron y detuvieron.

E.- Geronimo , nacido el 27 de febrero de 1977, estaba soltero y vivía con sus padres Jesús Carlos y Penélope y con su hermana María Purificación .

Marino , nacido el 20 de julio de 1974, era hijo de Daniela , hermano de Íñigo , y estaba casado con Mariola , con la que tenía una hija, Micaela , nacida el día 16 de junio de 2003.

Los tres acusados se encuentran privados de libertad por estos hechos

2º Los hechos relatados son constitutivos de las siguientes infracciones penales.

-Un delito de asesinato del artículo 139.1º del CP , concurriendo la circunstancia de alevosía, cometido sobre la persona de Marino .

-Un delito de asesinato del artículo 139 1º del CP , concurriendo la circunstancia de alevosía, cometido sobre la persona de Geronimo .

- Un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1, 1º del CP .

Los delitos indicados concurren en concurso real.

3º. De los hechos relatados responden los tres acusados como coautores responsables directos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del CP.

4º. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

5º. Procede imponer a cada uno de los acusados una pena de veinte años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato, con inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Costas por terceras partes.

Por el delito de tenencia ilícita de armas procede imponer a cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo. Costas por terceras partes.

Por vía de responsabilidad civil, y de conformidad a lo establecido en los artículos 109 y siguientes del CP , los tres acusados, de modo solidario, indemnizarán a Jesús Carlos y a Penélope con la cantidad de 50.000 euros, a María Purificación con la cantidad de 15.000 euros, a Daniela con la cantidad de 50.000 euros, a Íñigo con la cantidad de 15.000 euros, a Mariola con la cantidad de 200.000 euros, y a Micaela con la cantidad de 300.000 euros. Estas cantidades se actualizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 576 de la LEC .

SEGUNDO.- Os acusadores particulares calificaron provisionalmente os feitos da siguinte forma:

POR LA REPRESENTACION DE Mariola

El día 26 de Mayo de 2.005, los acusados, D. Fernando , D. Oscar y D. Augusto llevaron desde Villagarcía de Arosa en un coche a los fallecidos, D. Geronimo y D. Marino , previsiblemente, bajo la amenaza de armas de fuego, hasta un lugar alejado de población, en el Lugar de Bascuas- Dornelas (Silleda).

En una pista vecinal asfaltada de la parroquía indicada y que enlaza Dornelas con el lugar de Cira, en un monte de la localidad de Silleda, les dieron muerte.

D. Marino , recibió cinco disparos y D. Geronimo , dos en la región dorsal. El disparo de arma de fuego que mata a D. Marino es un disparo craneal, aunque recibió otros cuatro proyectiles en el tórax

y el abdomen. D. Geronimo , falleció como consecuencia de la gravísima herida cardiaca y aórtica que desencadenó una pérdida importantísima de sangre en un breve espacio de tiempo. Los disparos se rea1izaron a corta distancia (un metro) y ninguna de las víctimas tuvo tiempo a forcejear con los agresores.

Los acusados, después de darles muerte, arrastraron los cuerpos de los dos fallecidos para ocultarlos. D. Marino fue hallado entre unos matorrales y D. Geronimo , en una zona de monte inclinada hacia abajo y de difícil acceso.

Según el Informe Forense, la hora de fallecimiento fue sobre las 18:00 y las 21 horas del día 26 de Mayo de 2005.

En el lugar de los hechos, además de otros efectos, fueron encontrados Un casquillo percutido y perteneciente a un cartucho 9mm corto y dos pares de guantes, de goma, color azul, en apariencia usados pues presentaban volteada hacia fuera su parte interna.

En el Taller Século XXI de D. Fernando fue encontrada una pistola semiautomática FN BROWNIG núm. NUM003 del calibre 9MM, con su munición y otros cartuchos, y el informe del laboratorio de Criminalística (DEPARTAMENTO DE BALISTICA) de la Guardia Civil, concluye que todos los casquillos percutidos, así como el proyectil, hallado todo ello en el lugar de los hechos, habían sido disparados por una sola arma, la pistola de la marca F.N. Browning del calibre 9 mm. corto, intervenida durante el registro llevado a cabo en el interior del taller propiedad de D Fernando .

Lo5 tres acusados regresaron al lugar del doble asesinato y fueron sorprendidos por Fuerza investigadora. En ningún momento hicieron mención a su presencia anterior en el lugar, manifestando haber tomado aquella carretera para eludir Un posible control de Civil porque iban bebidos, cuando según el parecer de la Fuerza Investigadora para nada sus ademanes, expresiones o gesto evidenciaban que estuvieran bajo los efectos del alcohol.

En todos los portamuestras aplicados a Oscar , Augusto y Fernando se han detectado residuos de disparo, compatibles con las partículas encontradas en los fallecidos. En los guantes de latex analizados se encontraron perfiles genéticos de D. Augusto y D. Fernando .

D. Marino tenía 30 años de edad, estaba casado con Dña Mariola desde el día 6 de abril de 2002. y de dicho matrimonio nació y vive una hija, Dña Micaela , que tenía un año de edad cuando mataron a su padre.

SEGUNDA. Los hechos descritos son constitutivos de dos delitos de homicidio del art. 138 del C.P ., en las personas de D. Marino y D. Geronimo , calificados como asesinato, por la existencia de la circunstancia agravante de ALEVOSIA, en el art. 139. 1ª, así como de un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1.

TERCERA.- Los acusados son autores.

CUARTA.- Concurre la agravante del art. 22. 2º " ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente".

Los hechos se realizaron en un lugar solitario alejado de los puntos habitados que dificulta la petición de auxilio de las victimas. Los acusados buscaron y se aprovecharon de ese elemento objetivo del lugar para facilitar así la ejecución del delito.

Y la agravante de reincidencia del art. 22 8ª de CP ., por delito de tenencia ilícita de armas en D. Oscar .

QUINTA. Procede imponer a los acusados la pena de veinte años de prisión, con las accesorias de inhabilitación absoluta y costas, por los dos delitos de asesinato y una pena de dos años de prisión por el delito de tenencia de armas.

SEXTA. -. Igualmente procede la condena de los acusados al pago de una indemnización de 90.000 euros a la viuda del fallecido D. Marino , Dna. Mariola , y a Ia hija, Dna. Micaela , en la cantidad de 180.000 euros, formando al efecto pieza separada.

Respeto de los perjuicios materiales y morales irrogados a la familia del fallecido, con ocasión y como consecuencia del delito, no es necesario, como tiene dicho el Tribuna1 Supremo justificar el perjuicio experimentado por los herederos del fallecido, fijándolos esta parte, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en su día por el Tribunal del Jurado.

SEPTIMA. COSTAS.- Además, se solicita la condena en costas entre las que deberán incluirse las de la esta acusación particular ( Artículo 123 y siguientes del CP y 239 y siguientes de la LECRIM ).

POR LA REPRESENTACION DE Daniela Y Íñigo .

Se calificaron provisionalmente los hechos en los mismos términos que el anterior, con la única variación en el apartado SEXTO en el primer párrafo, que textualmente dice." igualmente procede la condena de los acusados al pago de una indemnización de 48.000 euros a la madre del fallecido D. Marino , Dña Daniela , y al hermano, D. Íñigo , en la cantidad de 30.000 euros, formando al efecto pieza separada."

El segundo párrafo coincide con el anterior.

POR LA REPRESENTACION DE Jesús Carlos , Penélope Y María Purificación .

PRIMERO.- En la tarde del día 26 de mayo de 2005, en hora exacta que no ha sido determinada, pero situada al menos entre las 16 y las 22 horas los imputados Oscar ( mayor de edad, con antecedentes penales por delitos de tenencia de armas y falsificación de moneda), Fernando ( mayor de edad, cuyos antecedentes penales se desconocen) y Augusto , ( mayor de edad, cuyos antecedentes penales se desconocen), solos o en unión de otras personas no identificadas, previamente concertados y con la intención de producir la muerte a las dos personas que luego se dirán, se encontraban portando para cumplir su finalidad de común disposición de los tres, una pistola semiautomática FN Browning, modelo 1910, del calibre 9mm corto, número de identificación NUM003 , cargada con munición, en una pista asfaltada que enlazaba Dornelas con el lugar de Cira, dentro del término de Silleda del Partido Judicial de Lalin, junto con Geronimo y Marino .

Para ello previamente habían citados a las víctimas con alguna excusa y después les secuestran y obligan a entrar en su coche y les trasladan al lugar donde finalmente les dan muerte.

En un momento determinado, de forma súbita y repentina, y a una distancia inferior a un metro, eliminando cualquier defensa que pudieran tener las víctimas comenzaron a disparar el arma citada contra Geronimo y Marino , con intención de producirles la muerte.

Geronimo fue alcanzado por dos proyectiles, que penetraron en la región dorsal de su espalda y salieron por el plano anterior del tronco, produciéndole heridas que afectaron a ambos hemitorax y le causaron la muerte.

Marino fue alcanzado por cinco proyectiles, que penetraron uno de ellos en la región craneal (y que fue la causa inmediata de la muerte), saliendo de la misma región, dos de ellos en la parte posterior del hemotorax derecho y los dos restantes en la parte anterior del hemotorax izquierdo, saliendo dos de ellos por la cara anterior del hemitorax derecho, uno por la cara posterior del hemitorax derecho y el último por la región lumbar derecha, produciéndole heridas que le causaron la muerte.

A continuación los tres imputados arrastraron los cadáveres fuera de la pista asfaltada, abandonando el lugar.

Posteriormente los tres imputados, o alguno o algunos de ellos previamente concertados con el resto, solos o en unión de otras personas no identificadas, procedieron a ocultar el arma empleada y la munición restante en el taller (Século XXI), perteneciente a Fernando , sito en A Estrada, calle Castroviete-Olazo 22, donde fue encontrada, junto dos cajas de guantes de vinilo, de examen, una de las cuales contenía guantes de color azul, de similares características a los hallados en las proximidades de los cadáveres.

Finalmente pasado cierto tiempo, y en horas nocturnas, los tres imputados volvieron en varias ocasiones al lugar de los hechos con la finalidad de ocultar, o hacer desaparecer los cadáveres. Lo hicieron al menos en dos ocasiones.

Una alrededor de las 00 horas, en el Citroen AX matricula GE-....-EW .

Otra alrededor de las 00,30 en el Golf, matrícula LA-....-OO .

En ambos desistieron su objetivo al pasar vehículos por la zona ( en una de las veces habían parado y salido alguno de ellos del coche en el lugar donde habían parado y producido las muertes).

No obstante lo cual, se volvieron a dirigir los tres en el Citroen AX al citado lugar, siendo finalmente identificados en horas de madrugada, alrededor de las 5 horas, por efectivos policiales se hallaban junto con la comisión judicial efectuando las diligencias de inspección ocular y de levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos, quienes detuvieron el vehículo y sus ocupantes al percatarse de que el coche era de los que se había sido visto horas antes en el lugar del hallazgo de los cadáveres; encontrando en el vehículo dos pares de guantes de color azul, usados, similares características a los hallados en las proximidades de los cadáveres.

Las armas y municiones anteriormente mencionadas se hallaban en perfecto estado de conservación y uso, perfectamente aceitada el arma, y no consta que ninguno de los imputados se hallase en posesión de las licencias o permisos que ampararan la tenencia y uso de las mismas.

Los acusados eran conocedores de que las víctimas estaban desarmadas e indefensas y el lugar donde les dan muerte es una carretera secundaria o pista asfaltada de escasa circulación, lugar oculto sin paso de gente, y es allí donde, junto a los cadáveres, se encuentran 4 casquillos percutidos, un proyectil y un cartucho, todos del calibre 9 mm corto, con respecto a los cuales, después de ser examinados se comprueba que fueron disparados por la pistola intervenida en el registro.

El vehículo Citroen AX, matrícula GE-....-EW , de color rojo, pertenece y es conducido habitualmente por el acusado Fernando (F.132), y el vehículo Golf, matrícula LA-....-OO , de color negro, por el acusado Oscar , y ambos fueron vistos en el lugar de los hechos por testigos que toman nota de sus respectivas matrículas y alertan a la Guardia Civil al percatarse que en el lugar donde uno de ellos estaba para do habían unas manchas que podían ser (como luego efectivamente se comprobó )de sangre.

La víctima D. Geronimo estaba soltero y vivia con sus padres y hermana.

Los acusados tenían sus capacidades cognitivas y volitivas plenas, sin evidencia alguna de estar bajo los efectos del alcohol.

SEGUNDO. Los referidos hechos constituyen legalmente:

A.- Dos delitos de asesinato del art. 139.1º en relación con el 139 del CP .

B.- Un delito de secuestro del art. 163.1º del CP .

C.- Un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564 del CP .

TERCERO.- Responden los acusados en concepto de autores en virtud del art. 28 del CP .

CUARTO. Concurren las agravantes de 22.2 por cuenta o ejecutan el hecho aprovechando el lugar solitario, alejado, sin tránsito, buscado de propósito, y del art. 22.8, en el caso del acusado Sr Oscar por el delito de tenencia ilícita de armas.

QUINTO.- Procede imponer a los acusados las siguientes penas:

Por los delitos del apartado A, la pena de 20 años de prisión por cada asesinato.

Por el delito del apartado B, la pena de 4 años de prisión.

Por el delito del apartado C, la pena de 2 años de prisión.

Corresponde imponer además la pena de inhabilitación absoluta y costas para los tres.

SEXTA. Responsabilidad civil: daños y perjuicios.

En cuanto a la responsabilidad civil los acusados indemnizaran, conjunta y solidariamente, a Don Jesús Carlos y a Dña Penélope , padres de la víctima Geronimo , en 200.000 euros, por los daños morales sufridos por el fallecimiento de su hijo, y a su hermana Dña María Purificación en 100.000 euros.

TERCEIRO.- CALIFICACION PROVISIONAL DE LAS DEFENSAS

DEL ACUSADO Oscar .

PRIMERA. Disconforme con el relato de los hechos de las acusaciones:

El día de autos D. Oscar se levantó entre las 178.00 y las 18.00 horas y se dirigió a la cafetería Betty, sita en Silleda, y posteriormente se dirigió a tomar otra consumición semejante a la cafetería contigua.

Tras ello, alrededor de las 19 horas comenzó a hacer su trabajo habitual consistente en conducir la furgoneta del propietario del Club Cisne recogiendo a las mujeres que en el trabajaban y llevándolas hasta tal emplazamiento.

Una vez acabada esta faena, poco antes de las 21 horas, recibió llamada de Don Fernando , conocido suyo, que lo emplazó en un Bar de Silleda para tomar algo porque hacía tiempo que no se veían.

Tras esto, D. Fernando y mi representado se encaminan A Estrada, a buscar al Sr. Augusto a instancias del Sr Fernando , llegando a ese lugar sobre las 23,30 horas. Ya con D. Augusto deciden regresar a Silleda para que mi representado vuelva a ocupar la furgoneta y dirigirse con la misma hasta el Club Cisne. Hasta este lugar, mi representado fue conduciendo la furgoneta Opel Zafira del dueño del Club, mientras que los otros dos hombres acudieron en el Citroen AX de D. Fernando . No fueron directamente a Silleda al Club, sino que pasaron antes por Lalin.

Mi representado estuvo en el Club Cisne hasta que este cerró pasados las 3.00 horas, mientras que sus dos acompañantes lo abandonaron antes que él. Una vez cerrado el Club se dirigió a la furgoneta Opel Zafira para transportar de a las mujeres que trabajaban en el Club de vuelta a sus hogares.

Tras esto, regresa al Club para dejar la furgoneta y llevarse su vehículo y dirigirse hasta A Ulla, lugar en el que habían quedado en acudir junto con D. Fernando y D. Augusto porque se habían citado con unas prostitutas; mientras se dirigían hacia A Ulla sus dos compañeros lo llamaron para que aparcase su vehículo y montase en el Citroen AX con ellos para ir hasta A Ulla porque iba haciendo zigzag por la carretera ya que iba bebido como para conducir; por lo que a la altura de Bandeira paró el vehículo y subió al Citroen que conducía. Una vez todos juntos en un solo coche, Fernando se desvió de la carretera, e inquiriéndolo mi representado por el motivo que le impulsara a ello, éste le indicó que prefería tomar unos atajos que él conocía a seguir por la carretera por si hubiera controles. Finalmente, en una de las pistas se encontraron con la Guardia Civil que les solicitó abandonasen el vehículo y respondiesen a sus preguntas. El Sr Oscar no conocía a D. Geronimo , ni éste formaba parte de su circulo de amistades o conocidos ni ha tenido relación alguna con los mismos, y ni el día de los autos, ni los días anteriores, ni en ninguna otra ocasión, como se desprende de las declaraciones de los familiares y testigos, toda vez que mi mandante no intervino en el suceso objeto de este procedimiento, no estando por ello implicado en el asesinato de las dos víctimas.

Mi mandante ha sido acusado como coator de dos asesinatos cometidos el 27 de mayo de 2007 en la Villa de Cruces. Sin embargo el no ha sido comitente de dicho tipo delictual y carece de implicación alguna de dicho delito, como pone de relieve la ausencia de todo de pruebas fácticas y objetivas que lo impliquen criminalmente en dicho supuesto.

SEGUNDA. La precedente relación de los hechos desvirtúan las conclusiones fácticas acusatorias, de modo que no existe delito alguno cometido por mi mandante.

TERCERA. Al no existir comisión delictual alguna por D. Oscar , quedan excluidas formas de participación y circunstancias modificativas.

CUARTA.- Se interesa la libre absolución del procesado.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

PRIMERO. No procede efectuar pronunciamiento al no existir delito, ni ser el procesado responsable de los perjuicios de que se le acusan.

DEL ACUSADO Fernando .

PRIMERA. No conforme con el relato de los hechos contenidos en la correlativa del Ministerio Fiscal y en las correlativas de las acusaciones particulares, puesto que Fernando en la tarde del día 26 de mayo de 2005, entre las 16 y las 21 horas no se encontraba en el lugar de los hechos.

SEGUNDA. Los hechos descritos, por inciertos no son susceptibles de reproche penal. El acusado no es autor de ninguno de los delitos del art. 139 puesto que él no dio muerte a Geronimo ni tampoco a Marino , ya que como se ha relatado en la franja horaria en que hubieron de producirse las muertes referidas Fernando no se encontraba en el lugar de los hechos. Tampoco le es aplicable el art. 546.1.1º puesto que Fernando no ha detentado nunca la tenencia de arma de fuego corta alguna.

TERCERA.- No conforme con la correlativa por cuanto no habiendo incurrido mi defendido en los delitos imputados, no se ha generado responsabilidad penal en ningún grado.

CUARTA.- No estando conforme con las correlativas anteriores no se puede hablar de circunstancias concurrentes.

QUINTA.- No conforme con la correlativa por cuanto no habiendo incurrido mi defendido en ninguno de los delitos señalados no procede la imposición de la pena solicitada, y por tanto, igualmente, no se ha generado responsabilidad civil alguna.

SEXTA.- Conforme a lo expuesto procede la libre absolución de mi representado.

DEL ACUSADO Augusto

1º. No son ciertos los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.

El día 26 de mayo de 2006 en que tuvo lugar la muerte de Marino y Geronimo , mi representado estuvo por la mañana acompañando a Sergio en la UMAD en Santiago de Compostela hasta las 14.00 horas, de regreso A Estrada comieron juntos en el restaurante La Granja, para posteriormente sobre las 16,30 fueron a cortar el pelo a la peluquería de Anselmo en Guimarei, posteriormente alrededor de las 18,00 horas llamaron a Fulgencio y los tres se fueron a Codeseda a buscar un coche a un taller para traerlo a casa de Sergio , sobre las 20:30 ó 21 horas, posteriormente Augusto y Fulgencio bajan en la moto de Sergio y se van a cenar a sus casas quedando al cabo de una hora el Sr Augusto con Fulgencio para llevar la moto a casa de Sergio , y así lo hacen; sobre las 22:00 ó 22;30 horas dejan la moto en casa de Sergio y posteriormente se van a casa de Fulgencio hasta las 11:30 horas, más o menos que es cuando Augusto recibe una llamada de Oscar a tomarse unas copas al Ulla. Augusto se va para su casa, en donde está su mujer Delia , y posteriormente sobre las 12:00 ó 12:30 horas los otros dos acusados recogen a C. Augusto en su domicilio de A Estrada, se van al Club Cisne y de regreso por una pista secundaria se encuentran con la Guardia Civil.

Mi representado ni conocía, ni sabía a que se dedicaban, ni nunca había visto a los fallecidos, ni tampoco se habían puesto en contacto con ellos en alguna ocasión anterior, ni por supuesto estuvo en el lugar del crimen ni tuvo participación alguna en la muerte de los dos chicos.

2.- Los expresados hechos no constituyen infracción penal alguna.

3.- Sin infracción legal no puede haber forma alguna de participación.

4.- No cabe apreciar circunstancias eximentes de responsabilidad criminal.

5.- Es de decretar la libre absolución del acusado y por lo tanto no es responsable de ninguna indemnización.

CALIFICACION PROVISIONAL DEL ABOGADO DEL ESTADO.

I.- Se hace integra y expresa remisión a los hechos relatados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

A tales hechos debe añadirse que, por resolución de fecha 5 de Octubre de 2007 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda reconoció a favor de Dña Micaela una ayuda al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual , por su condición de víctima indirecta del fallecimiento de su padre, DON Marino , por importe de 22.540,40 EUROS.

II.- Los hechos descritos por el Fiscal son constitutivos de los delitos referidos en su escrito.

III.-De tales delitos son responsables en concepto de coautores, los acusados D. Fernando , D. Augusto y D. Oscar .

IV.- Por la perpetración de tales delitos, los coautores son, con carácter solidario, responsables civilmente ante Dña Micaela por la suma de 300.000 euros y, por subrogación en los derechos de ésta, y hasta la suma de 22.540,40 euros, ante la Administración General del Estado, al amparo del art. 13 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual , según el cual "el Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el total importe de la ayuda provisional o definitiva satisfecha a la víctima o beneficiarios en los derechos que asistan a los mismos contra el obligado civilmente por el hecho delictivo..."

CUARTO.- No acto do xuizo oral o Ministerio Fiscal modificou as conclusiones provisionales e presentou escrito coas seguintes modificacions definitivas:

HECHOS:

1º A) Oscar Y Fernando , en la tarde del día 26 de mayo de 2005, en una hora que no ha podido concretarse, pero situada aproximadamente entre las 17?40 y las 19'00 horas, decididos de común acuerdo a dar muerte a Geronimo y a Marino , los trasladaron a la parroquia de Dornelas, dentro del término municipal de Silleda, deteniéndose en una pista asfaltada que une en aquella parroquia, a través del monte, el lugar de Bascuas con el lugar de Cira. Allí, utilizando estos acusados la pistola que llevaban consigo, dispararon a sus víctimas, causándoles lesiones que determinaron su muerte inmediata.

B) Los acusados Oscar Y Fernando , obraron según su plan preconcebido, utilizaron el arma frente a sus víctimas desarmadas, les dispararon a sus espaldas desde una distancia inferior a un metro, y eliminaron con ello cualquier defensa que estas pudieran tener.

Marino recibió cinco disparos. Dos disparos por la espalda, y otros dos en el tronco por delante, además de un disparo en la cabeza, en la región temporoparietal. Geronimo sufrió el impacto de dos proyectiles por la espalda. Los dos disparos fueron dirigidos a su región dorsal, afectando a ambos hemitórax.

C- El arma utilizada por Oscar Y Fernando , era una pistola semiautomática FN BRAUNIN 1910 del calibre 9 milímetros corto, con número de identificación NUM003 , convenientemente cargada con cartuchos de su calibre. Estaba en perfecto estado de funcionamiento, y los tres acusados disponían para sí de la misma con su munición, careciendo de la correspondiente guía de pertenencia, sin que ninguno hubiera obtenido nunca la preceptiva licencia de armas, y sin que la pistola estuviera registrada en la Base de Datos de la Intervención de Armas de la Dirección General de la Guardia Civil. Al día siguiente de los hechos descritos, fue descubierta e intervenida en el taller mecánico "Seculo XXI", que regentaba Fernando , sito en la calle Castrovite, número 22 de Orazo.

D- Los acusados Oscar y Fernando , solicitaron y obtuvieron la ayuda del tercer acusado, Augusto , para volver al lugar con la finalidad de asegurarse de que los cadáveres no habían quedado en una zona visible para terceras personas. Augusto , acudía con la voluntad de que no fueran descubiertas por nadie las muertes que sabía que habían causado Oscar y Fernando . Al menos acuden en una primera ocasión sobre las 00'00 horas ya del día 27 de mayo de 2005, y en una segunda ocasión, sobre las 00'30.

E- Con la misma finalidad de asegurarse de que los dos cadáveres no fueran encontrados por nadie y ocultar las muertes, volvieron los tres acusados al lugar sobre las 05'00 horas. Sin embargo, en esta ocasión se toparon en el lugar con efectivos de la Guardia Civil que los identificaron.

F- Geronimo , nacido el 27 de febrero de 1977, estaba soltero y vivía con sus padres Jesús Carlos y Penélope , y con su hermana María Purificación .

Marino , nacido el 20 de julio de 1974, era hijo de Daniela , hermano de Íñigo , y estaba casado con Mariola , con la que tenía una hija, Micaela nacida el día 16 de junio de 2003.

Los tres acusados se encuentran privados de libertad por estos hechos.

2º- Los hechos relatados son constitutivos de dos delitos de asesinato del artículo 139.1º del CP , en concurso real con un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1.1º del CP . Y de dos delitos de encubrimiento del artículo 451.2º y 3º, en concurso real o subsidiariamente en concurso conforme al artículo 77 del CP .

3º- De los hechos relatados responden los tres acusados en la siguiente forma:

- Oscar y Fernando , como coautores responsables directos, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del CP . de los dos delitos de asesinato y del delito de tenencia ilícita de armas.

- Augusto , como autor responsable directo de los dos delitos de encubrimiento.

4º- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

5º- Procede imponer a Oscar y Fernando una pena veinte años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato, con inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Por el delito de tenencia ilícita de armas procede imponer a dada uno de los acusados una pena de dos de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo. Y costas.

Procede imponer a Augusto , una pena de dos años y nueve meses de prisión por cada uno de los dos delitos de encubrimiento, con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo. Y costas. Subsidiariamente, si se considera de aplicación el artículo 77 del CP , se interesa una pena de tres años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y costas.

Por vía de responsabilidad civil, y de conformidad a lo establecido en el artículo 109 y siguientes del CP , los tres acusados, de modo solidario, indemnizarán a Jesús Carlos y a Penélope con la cantidad de 30.000 euros a cada uno, a María Purificación con la cantidad de 15.000 euros, a Daniela con la cantidad de 30.000 euros, a Íñigo con la cantidad de 15.000 euros, a Mariola con la cantidad de 60.000 Euros, a Micaela con la cantidad de 90.000. Estas cantidades se actualizarán de conformidad a lo establecido en el artículo 576 de la LEC .

El Abogado del Estado se adhiere las modificaciones del Ministerio Fiscal.

El resto de las partes elevan a definitivas.

Hechos

Decláranse como tales, a teor do veredicto emitido polo Tribunal do Xurado, os seguintes:

Nunha hora que non se pode determinar de modo exacto, pero situada aproximadamente entre as 17:40 e as 21:00 horas do día 26 de maio de 2005, os acusados Fernando e Oscar , das circunstancias persoais que xa constan e sen antecedentes penais, decidindo dar morte a Geronimo e a Marino , trasladáronos ao lugar de Bascuas, parroquia de Dornelas, concello de Silleda, a unha pista asfaltada que comunica a través do monte o referido lugar de Bascuas e Cira, onde, valéndose dunha pistola que levaban consigo, disparáronlles ás súas vítimas ata causarlles a morte de xeito inmediato, sendo o autor material dos disparos o acusado Fernando .

Os acusados Fernando e Oscar movéronse consonte un plan preconcibido, empregando unha pistola para atemorizar as súas vítimas, ás que disparou o primeiro cando estaban de costas dende unha distancia inferior a un metro, e sen ningunha posibilidade de defendérense.

Por mor de tales feitos dos acusados, Marino recibiu cinco disparos: dous disparos polas costas e outros dous no tronco por diante, amais dun disparo na cabeza na rexión temporoparietal.

E Geronimo recibiu dous disparos polas costas. Os dous dirixíronse á súa rexión dorsal afectando a ambos os hemitorax.

A arma empregada foi unha pistola semiautomática FN Browning 1910, do calibre 9 milímetros curto, con número de identificación NUM003 , cargada con cartuchos do seu calibre. Estaba en perfecto estado de funcionamento, dispoñendo da mesma e da súa munición os acusados, que carecían da correspondente guía de pertenza e da preceptiva licenza de armas, non figurando a mesma rexistrada na base de datos da Intervención de Armas da Dirección Xeral da Garda Civil.

O acusado Augusto , das circunstancias persoais que xa constan e sen antecedentes penais, sabía que os outros acusados lles deran morte violenta ás vítimas cando colaborou con eles para que a acción destes non fose descuberta. Axudounos a eles para que os cadáveres non quedasen nunha zona visible para terceiras persoas e para que non foran descubertos.

Para asegurarse de que os cadáveres das vítimas non quedaban visibles, os tres acusados foron ao lugar en máis dunha ocasión, e moveron os cadáveres sempre co obxecto de ocultar o feito das mortes.

Para asegurarse de que os cadáveres das vítimas non fosen descubertos, os tres acusados volveron ao lugar sobre as 5 horas do seguinte día 27 de maio de 2005, sendo identificados en tal intre pola Garda Civil.

Geronimo , nado o 27 de febreiro de 1977, estaba solteiro e vivía cos seus pais, Jesús Carlos e Penélope , e coa súa irmá, María Purificación .

Marino , nado o 20 de xullo de 1974, era fillo de Daniela e irmán de Íñigo , estando casado con Mariola , coa que tiña unha filla, Micaela , nada o 16 de xuño de 2003.

Fundamentos

Primeiro.- Os criterios que vén esixindo a xurisprudencia con motivo de cal debe ser o alcance das facultades do profesional que preside o Tribunal do Xurado, en relación coa motivación dos feitos declarados como probados, xa de xeito ben nidio e completo foron fixados pola, entre outras, STS 204/2007, do 15 de marzo:

Así, de una parte, se reconoce y permite, cuando no incluso se llega a exigir, que el Magistrado complemente las razones de convicción expuestas por el propio Jurado «...en tanto en cuanto pertenece al tribunal atento al desarrollo del juicio...» (SSTS de 28 de noviembre [RJ 2006, 146] y 13 de diciembre de [RJ 2006, 576] ejemplo) y toda vez que, en definitiva, es al propio Presidente a quien corresponde verificar la existencia de prueba de cargo válida, antes de permitir la deliberación del Jurado, y, posteriormente, a la hora de recepcionar el acta del Veredicto, la existencia, racionalidad y suficiencia de la motivación probatoria a ella incorporada, por lo que «Le compete además concretar en la sentencia la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia» (STS de 15 de octubre de 2003 [RJ 2004, 3728]). En este mismo sentido dice la STS de 14 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7142): «La necesidad de motivación de la sentencia ( artículos 120.3 y 24 CE ), también alcanza al Jurado, dándose la peculiaridad de que quién dicta la sentencia, el Magistrado- Presidente, no ha participado en la decisión de aquél sobre los hechos. Si el veredicto fuese de culpabilidad, conforme dispone el artículo 70.2 citado, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia, lo que corresponde al Magistrado- Presidente. Este mandato debe ponerse en relación con el artículo 61.1.d), que establece, en relación con el acta de votación, la existencia de un cuarto apartado que deberá contener una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. De ambos preceptos se deduce que el Magistrado-Presidente debe señalar en este apartado de la presunción de inocencia los elementos de convicción que ha tenido en cuenta el Jurado y además añadir sus propias consideraciones sobre la concurrencia en el caso de la prueba de cargo que técnicamente deba ser considerada como tal. Debemos señalar además al respecto que si el Juez técnico decidió someter al Jurado el objeto del veredicto ello es porque ya había entendido que no procedía la disolución anticipada del Jurado a que se refiere el artículo 49 LOTJ , por falta de existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado. El Magistrado-Presidente debe pues tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementará con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta por aquél. Lo que no es coherente es que dichas consideraciones sean contradictorias o divergentes con la decisión del Jurado».

Sin embargo, en otras ocasiones también se sostiene que:

«El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reprocha en su sentencia al magistrado-presidente del Jurado el incumplimiento de la prescripción del art. 70.2 LOTJ , ya que, dice, se limitó a asumir el pronunciamiento del tribunal popular, en sus propios términos. Y tiene razón, puesto que al resultar evidente que el tenor de éstos no le permitían construir la sentencia dotándola de motivación suficiente, debió devolver el veredicto, explicando al Jurado, si antes no lo había hecho, o insistiendo, en otro caso, que no bastaba catalogar las fuentes de prueba, sino que era necesario, como se ha dicho, concretar los "elementos de convicción" obtenidos de cada una de ellas y explicar las razones por las que a partir de esa base había tenido unos hechos como probados.

Y no podía ser de otro modo, puesto que el magistrado presidente no integra el Jurado, no enjuicia hechos, y, en consecuencia, tampoco participa de la formación de la decisión en la materia, sobre la que, por tanto, al redactar la sentencia, no puede aportar otros elementos de convicción ni otras razones que las que el Jurado exteriorice; ni suplir a éste en ese cometido indelegable, como no fuera para ilustrar sobre alguna inferencia que, por su obviedad y a la vista del contenido del veredicto, no dejase lugar a dudas» (STS de 12 de marzo de 2003 [RJ 2003, 2576]).

Pues, en todo caso y acerca de la motivación fáctica: «...tratándose como se trata de una tarea personalísima, es preciso que el Jurado la asuma directamente en su calidad de juzgador, verbalizando su resultado, de manera que pueda ser conocido por todos, y, en particular, por el Magistrado-presidente, que necesita saber de él para, a su vez, dotar al fallo del necesario fundamento» (STS de 21 de enero de 2005 [RJ 2005, 1068]).

Por otra parte, acerca de los cánones de suficiencia que debe cumplir la fundamentación probatoria del Tribunal del Jurado (SSTS de 11 de septiembre de 2000 [RJ 2000, 7462], 12 de marzo de 2001 [RJ 2001, 1934], 13 de junio de 2002 [RJ 2002, 7202], 12 de marzo de 2003 [RJ 2003, 2576], 13 de diciembre de 2005 [RJ 2006, 576]), también se ha pronunciado ya nutridamente la doctrina de esta Sala para, a partir de reconocer que las exigencias no pueden ser, obviamente, las mismas que pesan sobre un Tribunal profesional, compuesto por verdaderos conocedores técnicos del Derecho, sostener, no obstante, que:

«La Ley [art. 61.1 d)] precisa ese imperativo exigiendo a los jurados que fijen los "elementos de convicción" y que expliquen de forma sucinta "las razones" por las que entienden que determinados hechos han sido o no probados. Pues, en la sentencia condenatoria, el sintagma "hechos probados" designa a los que fueron objeto de la acusación, cuando, acreditados como ciertos, se entiende que realizan en concreto un supuesto abstractamente previsto por el legislador como delito.

La imputación, el thema probandum propuesto por la acusación, por lo general, no se prueba de una vez, ni conjuntamente en todos sus extremos, ya que el resultado de los diversos medios probatorios puestos en juego suele verter sobre los distintos elementos o aspectos de aquél, que, por lo común, describe una conducta con diferentes segmentos de acción, es decir, más o menos compleja. Y, por otro lado, de los medios de prueba suelen obtenerse contenidos informativos no siempre unívocos, ni rigurosamente coincidentes, a los que quepa remitirse de manera global y sin matices.

Esto hace necesario que los tribunales identifiquen con algún detalle los elementos de prueba obtenidos de cada una de las fuentes de prueba examinadas, y precisen la razón de asignarles un valor probatorio. Tal es lo que impone la Ley al Jurado con total claridad, en el precepto citado, cuando le obliga a relacionar los elementos de convicción y a explicar las razones de haber tenido, a partir de éstos, unos hechos como probados.

Es decir, en un caso como el presente, será preciso individualizar los datos probatorios susceptibles de consideración a tenor del resultado de la prueba; y decir por qué de ellos se sigue la convicción de que los hechos, que no fueron directamente presenciados por nadie, ocurrieron de una determinada manera y no de otra. La identificación de los "elementos de convicción" ha de darse con el imprescindible detalle y no ser meramente ejemplificativa; y la "explicación" de las "razones" puede ser "sucinta", o sea, breve, pero debe producirse sin dejar duda de que las mismas existen como tales y están dotadas de seriedad suficiente (...).

Sin que pueda olvidarse tampoco que, en todos los casos incluidos los Juicios ante el Tribunal del Jurado, con carácter general cabe afirmar que:

«La exigencia de una adecuada fundamentación de la decisión judicial integra, como con reiteración ha proclamado esta Sala y el propio Tribunal Constitucional, de una parte, el cumplimiento del mandato contenido expresamente en el artículo 120.3 de nuestra Constitución , y también, de otra, una manifestación más del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el 24.1 de la misma Carta Magna, en tanto que manifestación esencial del Estado democrático de derecho ( art. 1 CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional, apoyada esencialmente en el carácter vinculante que tiene para ésta la Ley, huyendo de soluciones arbitrarias ( art. 117.1 CE ) (vid. la STC 55/1987 [RTC 1987, 55], entre otras).

Esa necesidad de motivación cumple diversas finalidades al erigirse, en primer lugar, en garantía para los justiciables mediante la que pueden comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ) (STC 165/1993 [RTC 1993, 165], por ejemplo), permitiendo, a su vez y con la posibilidad de discusión de tales argumentos, acceder a la vía impugnativa de esa decisión, si de ella se discrepa, y, seguidamente, el control por parte de un Tribunal superior del acierto de los argumentos en que se apoya.

Supone, también y de manera quizá aún más importante, que el propio Juzgador reflexione sobre el sentido y validez de su razonamiento, al verse obligado a justificarlo, auxiliándole eficazmente en la honesta búsqueda de la rectitud y justicia de la decisión.

En definitiva, y en concreto en el ámbito de lo Penal en el que las Resoluciones tienen carácter público, es la Sociedad misma la que, conociendo los argumentos en los que los Tribunales apoyan sus pronunciamientos, percibe los contextos jurisprudenciales en la aplicación de la norma y accede, en su caso, a la posible crítica legítima de los criterios aplicados.

Todo ello, sin embargo, sin que suponga tampoco que el Juez esté obligado a una descripción totalmente exhaustiva del proceso intelectual que le ha llevado a decidir en un concreto sentido, ni que haya de pronunciarse expresamente sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, pues basta con que se conozca, de forma clara e inteligible, el por qué de lo por él resuelto» (STS de 26 de junio de 2004 [RJ 2004, 4828] y STS de 10 de febrero de 2006 [RJ 2006, 3100] entre otras).

Pues, además y para el específico caso del Jurado:

«Consciente el legislador de la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, exige una sucinta motivación que se rellena con la identificación de la fuente de la convicción del Tribunal, máxime cuando se trata de prueba directa la que es objeto de valoración en la que esta identificación, unido a la lectura del acta del juicio oral, permite identificar con seguridad las pruebas en las que se apoya la convicción...» (STS de 17 de noviembre de 2005 [RJ 2005, 7764]).

Segundo.- Partindo, pois, de que a expresión dos elementos de convicción e a sucinta explicación das razóns polas que os xurados declararon ou rexeitaron declarar determinados feitos como probados só a eles lles corresponde, non menos certo é que ao maxistrado presidente lle compete, ao redactar a sentenza, expresar o contido incriminatorio dos elementos de convicción sinalados polos xurados, e facer explícita a inferencia cando se trate de proba indiciaria ou de feitos subxectivos. E se a tal momento se chega é porque se entendeu que existía proba valorable que impedía a disolución anticipada do Xurado, se conformou o correspondente obxecto do veredicto, e se impartiron aos xurados as instrucións verbo da súa función e da forma de cumprila de xeito adecuada (así as SSTS 487/2008, do 17 de xullo, e 1648/2002, do 14 de outubro).

Deste xeito, antes de permitir a deliberación do Xurado, verificouse a existencia de proba de cargo válida que impediu a súa disolución. E esta consiste no seguinte: as declaracións dos tres propios acusados; o seu mutuo coñecemento; as relacións existentes -que confesou o acusado Fernando - entre as vítimas e el e mais Oscar ; a listaxe de chamadas telefónicas no mesmo día dos feitos; a concertación dunha cita para verse o mesmo día en que ocorreron os feitos mediante a chamada por teléfono efectuada por Fernando a Geronimo ; as diversas declaracións testemuñais prestadas verbo de onde se encontraba cada un dos tres acusados na franxa horaria en que se situaron as mortes e despois destas; o achado da pistola coa que se cometeron os crimes no taller rexentado por Fernando ; as diversas probas periciais que acreditaban que a referida pistola fora a empregada nos asasinatos, así como os restos de pólvora nas mans e os perfís xenéticos atopados no interior das luvas que empregaron os autores dos crimes para moveren os corpos dos defuntos; a presenza dos coches dos acusados Fernando e Oscar xusto no lugar dos crimes e despois da comisión dos mesmos en varias ocasións anteriores a seren definitivamente identificados aqueles e Augusto pola Garda Civil, que xa se atopaba no lugar; as testemuñas que, sen identificalos, si que ollaron os referidos coches con tales ocasións mesmo xa chegando a ver un regueiro de sangue por sobre o pavimento da estrada; etcétera.

E despois, á hora de recibir e examinar a acta do veredicto, igualmente se comprobou a existencia, racionalidade, e suficiencia da motivación probatoria incorporada nela.

Manda o artigo 70.2 da LOTX que sexa concretada a proba de cargo na medida en que acredite que foi acatada a garantía de presunción de inocencia. Esta, segundo a reiterada doutrina do TC, é observada se, no xuízo oral e público, se fixo proba real de contido incriminador, obtida licitamente, e practicada con total respecto aos dereitos fundamentais e baixo os principios de contradición e publicidade. Se isto, de seu, xustificou a non disolución do Xurado e a proposta de obxecto para que emitise veredicto, a acta na que o Xurado reflicte este acolle xustificacións que desbotan calquera tacha de arbitrariedade ou, sinxelamente, de falta de razoabilidade. Incluso ningunha parte alegou causa de exención, inculpabilidade, ou mención ningunha a este respecto.

Coa confesada intención de cumprir integramente a doutrina xurisprudencial que para os concretos casos de Tribunal de Xurado se reflectiu, podemos considerar que os feitos declarados probados, a teor do veredicto ao que chegou o propio Xurado, legalmente son constitutivos de dous delitos de asasinato do artigo 139.1ª do Código penal, en concurso real cun delito de posesión ilícita de armas do artigo 564.1.1º do mesmo texto legal; e de dous delitos de encubrimento do artigo 451.2º e 3º do Código penal , en concurso ideal do artigo 77.2 do mesmo texto legal.

Dos delitos de asasinato e posesión ilícita de armas son responsables en concepto de autores ( artigos 27 e 28 do Código penal ) os acusados Fernando e Oscar . E dos delitos de encubrimento é responsable en concepto de autor ( artigos 27 e 28 do Código penal ) o acusado Augusto .

Terceiro.- Os amentados medios de proba incriminatorios verbo dos dous delitos de asasinato do artigo 139.1ª do Código penal foron varios. Por unha banda, tivéronse en conta as relacións e vinculacións dos acusados Fernando e Oscar coas súas vítimas, Geronimo e Marino , por mor duns negocios non clarexados que supostamente xeraron débedas dos primeiros para con estes segundos. Neste sentido, as declaracións dos acusados Fernando e Oscar incriminándose entre si, o concerto da cita coas vítimas por parte do acusado Fernando , a falla de todo creto das declaracións das testemuñas ( Consuelo , Jose Manuel , e Melisa ) que pretendían servirlles de coartada especialmente durante as horas en que se puido producir o crime e, pola contra as manifestacións de Horacio , Delfina e Carlos Jesús verbo de que Fernando non chegou ao seu taller ata as 19 horas aproximadamente, o encontro da arma coa que se cometeron os crimes no taller de Fernando , o feito de avistaren o coche deste (Citroën AX) e o do doutro acusado Oscar (Volkswagen Golf) no lugar dos feitos as testemuñas Jose Luis e Efrain , que chegaron a apuntar as súas matrículas, e xa máis tarde cando no mesmo lugar se atopaba a Garda Civil, abofé que razoada e motivadamente levaron ao Xurado á declaración de culpabilidade de ambos os dous acusados Fernando e Oscar na comisión do delito de asasinato do artigo 139 do Código penal .

Máis aínda, os restos de pólvora nas mans dos devanditos acusados ( pericial dos axentes NUM004 e NUM005 ) e o ADN do primeiro que tamén apareceu no interior das luvas atopadas preto dos defuntos (Pericial dos axentes NUM006 , NUM007 , NUM008 , e NUM009 ) foron avaliados como importantes signos incriminatorios da participación de Oscar e Fernando nos asasinatos, disparando materialmente este último ás súas vítimas.

Verbo da tipificación das mortes como aleivosas, o Xurado considerou probado que ambos os acusados - Fernando e Oscar - actuaron consonte un plan preconcibido, empregando unha pistola para atemorizar as súas vítimas, aínda que só lles disparou o primeiro deles, cando estaban de costas, dende unha distancia inferior a un metro, e sen ningunha posibilidade de defendérense.

A recente STS 37/2009, do 22 de xaneiro, lémbranos ao respecto que:

Dispone el artículo 22.1ª del Código Penal que es circunstancia agravante «ejecutar el hecho con alevosía» y que hay alevosía «cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido». De acuerdo con esta definición legal, para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor ejecute los hechos empleando medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurar el resultado, precisamente mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su significado tendente a asegurar la ejecución y a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades (STS 1866/2002, de 7 noviembre).

De lo antes expuesto se desprende que la esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados; y subjetivamente caracterizada por el conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas empleados en la ejecución, en cuanto tendentes a asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor.

La forma tradicional del ataque alevoso viene constituida por la agresión a traición, pues es claro que en esos casos la acción agresiva pretende principalmente la supresión de una posible defensa, sin riesgos para el ejecutor que pudieran provenir del atacado. Es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino (STS 382/2001, de 13 de marzo y las que se citan en ella), ejecutado contra quien está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo aviso. Pero también reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación (STS 178/2001, de 13 de febrero, ya citada), de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho (STS 1031/2003, de 8 de setiembre). Una segunda modalidad se aprecia en los casos de emboscada, trampa o similar en la que el ataque se prepara de forma que se asegure contra cualquier posible defensa del agredido. Y, finalmente, es constante la Jurisprudencia que entiende que ello también concurre cuando se trata de personas indefensas o en nítida situación de inferioridad y ésta es aprovechada por el autor al ejecutar su acción.

Situaciones estas que, aunque en su formulación teórica se presenten de forma independiente, en la realidad pueden y suelen aparecer en forma parcialmente conjunta, aunando elementos de unas y otras.

Xa se trate da modalidade que se queira das anteriormente descritas de aleivosa a traizón, por sorpresa, ou con trampa ou similar, o certo é que ambos os acusados trasladaron as súas vítimas ata o lugar de Bascuas, na parroquia de Dornelas, do concello de Silleda, onde aquelas recibiron os disparos cando se atopaban de costas e dende unha distancia inferior a un metro, sen a máis mínima posibilidade así de defenderse. Dende o punto de vista obxectivo a acción preséntase directamente encamiñada á supresión de toda posibilidade de defensa. E dende o punto de vista subxectivo amósase ben nidia a conciencia dos autores de que a forma empregada por eles na agresión impedía calquera reacción defensiva das vítimas, como así efectivamente aconteceu e afirmaron os médicos forenses ao informar de que non se apreciaron lesións de defensa en ningún dos dous cadáveres.

Noutra orde de cousas, a acción criminal dos dous acusados Fernando e Oscar tivo lugar nun contexto de acción ben reflexivamente deseñado, preparado e executado por ambos, formando parte esencial do propio plan o emprego dunha arma de fogo -pistola-, para así asegurárense do resultado letal que buscaban sen o máis mínimo risco para eles. Por isto, non é que fose probable o emprego da arma, senón que precisamente constituía o seu uso o medio do que especificamente se forneceron os acusados para efectivamente asegurarse da morte das súas vítimas. Velaí polo que nos delitos de asasinato se dá a coautoría de Fernando e Oscar , por mor da máis que evidente concorrencia dun dolo compartido, posta de relevo na realización conxunta do feito das mortes das súas vítimas. Coma no caso da STS 155/2008, do 8 de abril, non se trata dunha presenza neutra ou meramente accidental de Oscar no lugar dos feitos, senón dunha presenza para a execución dunha acción en cuxo deseño e preparación participou previamente, por moito que despois acabase materialmente disparando o coacusado Fernando .

Corrobora aínda máis o carácter aleivoso das mortes que Marino recibiu cinco disparos, dous deles polas costas e outros dous no tronco por diante, amais dun disparo na cabeza na rexión tempoparietal. Mentres que Geronimo recibiu dous disparos polas costas, ambos dirixidos á súa rexión dorsal con afectación do hemitórax, como así se reflicte no ditame e informe que fixeron os médicos forenses, Dª Rita e Don Bernardino .

Cuarto.- A arma empregada polos acusados Fernando e Oscar foi unha pistola semiautomática FN Browning 1910, do calibre 9 milímetros curto, con número de identificación NUM003 , cargada con cartuchos do seu calibre. Estaba en perfecto estado de funcionamento, dispoñían da mesma e da súa munición os acusados, que carecían da correspondente guía de pertenza e da preceptiva licenza de armas, e non figuraba a mesma rexistrada na base de datos da Intervención de Armas da Dirección Xeral da Garda Civil.

A amentada arma atopouse con motivo do rexistro no taller mecánico Século XXI, situado en Castrovite número 22, de Orazo, que rexentaba o acusado Fernando . E as probas periciais demostraron que foi esta a arma homicida empregada polo referido acusado e Oscar para levaren a cabo os asasinatos. Así mesmo, as partículas encontrados nas mans dos acusados só son posibles por dispararen coa arma de fogo ou polo contacto con ela, xa que os residuos afectan directamente ao que dispara e igualmente ás persoas que estean a carón de quen disparou.

Quinto.- En canto á participación de Augusto nos asasinatos ( artigo 139.1ª do Código penal ) e na posesión ilícita de armas ( artigo 564.1.1º do Código penal ), como lle viñan imputando as acusacións particulares, o Xurado rexeitou por unanimidade tal participación delituosa polo creto que lle mereceron as testemuñas ( Sergio , Fulgencio , Anselmo , e Delia ) que o situaban lonxe do lugar dos crimes nas horas en que os mesmos se puideron producir.

Agora ben, si que o Xurado chegou á conclusión de que Augusto sabía que os outros acusados lles deran morte violenta ás vítimas cando colaborou con eles para que a acción destes non fose descuberta. E así, axudounos para que os cadáveres non quedasen nunha zona visible para terceiras persoas e para que non fosen descubertos, movendo os corpos dos defuntos, ata que finalmente foi identificado xunto cos outros dous acusados cando volvía ao lugar con tal finalidade. Neste sentido, avaliouse a falla dunha nidia coartada pola súa parte sobre onde se atopaba nas últimas horas do día 26 e as primeiras do día 27 de maio de 2005, así como as probas periciais consistentes no resultado da análise dos portamostras, un sobre cada man de Augusto , nas que finalmente se detectaron partículas de residuo de disparos compatibles coas encontradas nos portamostras aplicados sobre as vítimas, e os perfís xenéticos seus detectados no interior das luvas encontradas no lugar preto dos corpos dos defuntos.

A STS 701/2008, do 29 de outubro, subliña a distinción entre a motivación do veredicto, á que se refire o artigo 61.1.1 da LOTX cando di no seu apartado cuarto que (o veredicto) conterá unha sucinta explicación das razóns polas que se declarou ou rexeitou declarar determinados feitos como probados; e, por outra banda, a motivación da sentenza, que cando o veredicto é de culpabilidade ( artigo 70.2 LOTX ) debe concretar a existencia da proba de cargo esixida pola garantía constitucional da presunción de inocencia. Chega a afirmar aquela resolución que a LOTX só esixe que se razoe sobre a proba existente contra o condenado, pero non impón a obrigación de razoar no relativo á proba verbo dos pronunciamentos absolutorios. A única motivación fáctica legalmente esixible para xustificar os pronunciamentos absolutorios é a que ten que expresar a acta do veredicto, que debe consistir nunha sucinta explicación ( artigo 60.1.d da LOTX ), neste caso de sobra cumprida, como se pode comprobar coa súa sinxela lectura e como acabamos de facer mención. Incluso no trámite da lectura do veredicto polo maxistrado presidente ( artigo 62 da LOTX ), da devolución da acta ao Xurado logo da audiencia ás partes ( artigos 63.3 e 53 da LOTX ), e da xustificación da devolución da acta ( artigos 64 e 63.1 da LOTX ), ningunha das acusacións particulares que aínda sostiñan a comisión por parte de Augusto dos delitos de asasinato ( artigo 139.1ª do Código penal ) e posesión ilícita de armas ( artigo 564.1.1º do Código penal ) fixo a máis mínima obxección á motivación exculpatoria en tal sentido no veredicto do Xurado.

A tipificación delituosa que corresponde por tal feito cometido polo acusado Augusto é, pois, a proposta polo Ministerio Fiscal nas súas conclusións que elevou a definitivas: a comisión por parte de Augusto de dous delitos de encubrimento do artigo 451.2º e 3º do Código penal . Mais, en troques de apreciarse un concurso real, considérase que existe un auténtico concurso ideal a teor dun criterio xurisprudencial do que boa mostra son as SSTS 1290/2005, do 17 de novembro, e a 316/2002, do 26 de febreiro. Esta última resulta ben nidia:

La sentencia impugnada condenó a F. R. como autor responsable de dos delitos de encubrimiento del artículo 451.3 CP a la pena de dos años de prisión por cada uno de ellos. En Auto de aclaración dictado a instancia del Ministerio Fiscal la Sala razona que se trata de un supuesto de concurso real del artículo 76 CP y por ello castiga independientemente cada uno de los delitos de encubrimiento. El Ministerio Fiscal había acusado por dos delitos de encubrimiento del artículo 451.3º.a) CP en relación de concurso ideal «ex» artículo 77 del mismo Texto.

El motivo se endereza a sostener que la relación delictiva mencionada constituye un concurso ideal y no real, como declara la Audiencia. Es cierto, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, que no se cuestiona la existencia de dos delitos de encubrimiento consecuencia de la doble comisión realizada por el coacusado, asesinato en grado de tentativa y homicidio consumado, argumentando que «el singular utilizado por el Legislador en la redacción del precepto [artículo 451.3.a)]... justifica esa calificación: cuando son varios los delitos encubiertos estaremos ante tantos delitos de encubrimiento como sean aquéllos». En el presente caso se trata de la misma modalidad encubridora (favorecimiento personal del autor). Pues bien, desde esta perspectiva tiene razón el Ministerio Fiscal cuando sostiene que se trata de una única acción encubridora constituida por la facilitación de la huida del autor del lugar de los hechos en el vehículo conducido por el ahora recurrente. Existe concurso ideal cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, siendo base del mismo la identidad del hecho y, en definitiva, la unidad de acción, aun cuando ésta pueda proyectarse sobre una pluralidad de resultados desde el punto de vista la tipicidad penal, es decir, una sola acción vulnera doblemente un tipo penal. En el presente caso no hay duda que ello es así, debiendo excluirse el concurso real sostenido por la Audiencia, lo que determinará la imposición de una sola pena conforme a lo dispuesto en el artículo 77.2 CP .

Sexto.- En canto ao delito de secuestro ( artigo 163.1 do Código penal ) ao que aludía a acusación particular exercitada por Jesús Carlos , Penélope , e María Purificación , nas súas conclusións provisionais que elevou a definitivas, amósase fóra de lugar. Por unha banda, porque no auto de feitos axuizables ( artigo 37 da LOTX ) xa expresamente non se mencionou o mesmo ante a inconsistencia da mera afirmación no escrito de conclusións de que previamente habían citado a las víctimas con alguna excusa y después les secuestran y obligan a entrar en su coche y les trasladan al lugar donde finalmente les dan muerte. Por outra banda, porque, logo da celebración do xuízo e, polo tanto, antes da entrega do obxecto do veredicto, por ningures quedou demostrado cunha mínima certeza que as vítimas fosen secuestradas ata o lugar onde lles deron morte, e non voluntariamente ou enganadas con calquera estrataxema polos seus posteriores executores. E por último porque, en todo caso, o traslado das vítimas ata o lugar onde lles deron morte os acusados Fernando e Oscar , formaba parte do plan preconcibido por estes últimos e, xa que logo, quedaría embebido ou subsumido dentro do concepto da aleivosía ( artigo 22.1ª do Código penal ), que precisamente cualificou o tipo penal como asasinato ( artigo 139.1ª do Código penal ) e non como homicidio ( artigo 138 do Código penal ).

Sétimo.- Non concorre ningunha circunstancia modificadora da responsabilidade criminal.

A agravante de executar o feito aproveitando as circunstancias do lugar, tempo ou auxilio doutras persoas que debiliten a defensa do ofendido ou faciliten a impunidade do delincuente ( artigo 22.2ª do Código penal ), solicitada polas acusacións particulares e non polo Ministerio Fiscal, equivalen ao despoboado e nocturnidade a que alude así expresamente o anterior Código penal. Porén, non se poden apreciar no presente caso xa que, por unha banda, nin se acreditou que as mortes se causasen ao abeiro da nocturnidade -dátanse entre as 17:40 e as 21 horas de finais dun mes de maio e, máis ben, dentro da primeira metade do lapso temporal indicado pola declaración da testemuña Severino , que escoitou as detonacións estando a traballar nun seu fundo próximo-, nin precisamente por isto último e por levarse a cabo as mortes nunha pista asfaltada que une dous lugares, por moi pouco transitada que se pretenda, se podía entender aplicable a amentada circunstancia agravante, en todo caso igualmente inherente aos propios delitos de asasinato na súa modalidade precisamente aleivosa ( artigo 139.1ª do Código penal ). A xurisprudencia (por todas a STS 252/2007, do 8 de marzo) dá unha boa mostra da división existente incluso verbo da posibilidade ou non da compatibilidade entre a aleivosía e a circunstancia do artigo 22.2ª do Código penal , que, precisamente en unión co anteriormente dito, implica o seu rexeitamento.

Tampouco concorre a agravante de reincidencia ( artigo 22.8ª do Código penal ), en canto ao delito de posesión ilícita da armas, no acusado Oscar , xa que, a teor da folla de antecedentes penais que consta nas actuacións, tal antecedente non resulta computable ( artigo 136 do Código penal ), como así xa considerou o Ministerio Fiscal.

Tanto as acusacións particulares como as defensas elevaron as súas respectivas conclusións provisionais a definitivas. E ningunha das defensas solicitou a posible consideración da atenuante analóxica de dilacións indebidas ( artigo 21.6ª do Código penal ) á que aludiu no seu informe final a defensa de Fernando . Aínda así, e pretendéndose hipoteticamente situar as dilacións indebidas no mero feito do transcurso do lapso temporal entre a data dos feitos e a do seu axuizamento (tres anos e dez meses), considérase un prazo non excesivamente dilatado se se ten en conta a notoria e evidente complexidade do asunto, as múltiples probas practicadas polo Xulgado de Instrución a quo, por moitas das cales tivo que agardar por depender doutros organismos encargados das respectivas pericias, e polo ben escaso tempo transcorrido dende que tivo entrada nesta Audiencia Provincial e o seu axuizamento (por todas, a STS 2253/1993, do 13 de outubro, que precisamente rexeita as dilacións indebidas nun caso de pouco máis de catro anos entre os feitos e o seu xuízo).

Oitavo.- En canto ás penas, impónselle a cada un dos acusados Fernando e Oscar a de prisión de 17 anos e 6 meses por cada un dos delitos de asasinato, con inhabilitación absoluta polo mesmo tempo, vista a pena sinalada para o tipo delituoso ( artigo 139.1ª do Código penal ), a non concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, e en atención ás circunstancias persoais dos delincuentes, e á notoria gravidade dos feitos cometidos por ambos, que son ben execrables ( artigo 66.1.6ª do Código penal ).

Polo delito de posesión ilícita de armas impónselle a cada un dos acusados Fernando e Oscar , a pena de prisión de 1 ano e 9 meses, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo polo mesmo tempo, vista a pena sinalada para o tipo delituoso ( artigo 564.1.1º do Código penal ), a non concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, e en atención ás circunstancias persoais dos delincuentes, e á notoria gravidade dos feitos ( artigo 66.1.6ª do Código penal ).

A Augusto , polos dous delitos de encubrimento do artigo 451.2º e 3º do Código penal, en concurso ideal do artigo 77.2 do mesmo texto legal , impónselle a pena de 3 anos de prisión, con inhabilitación para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo polo mesmo tempo, sendo o marco punitivo aplicable dende un ano e nove meses a tres anos, límite máximo, e tendo en conta a non concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, as circunstancias persoais do delincuente, e a extrema gravidade dos feitos por el encubertos, así como as circunstancias que rodearon aos mesmos ( artigo 66.1.6ª do Código penal ).

Noveno.- A execución dun feito descrito pola lei como delito ou falta obriga a reparar, nos termos previstos nas leis, os danos e perdas por el causados ( artigo 109 do Código penal ). E toda persoa criminalmente responsable dun delito ou falta tamén o é civilmente se do feito se derivasen danos ou prexuízos ( artigo 116 do Código penal ).

Dentro de tal concepto de responsabilidade civil resulta incontestable que, coas mortes de Geronimo (nado o 27 de febreiro de 1977) e Marino (nado o 20 de xullo de 1974), se causaron prexuízos de todo tipo.

No caso do primeiro -solteiro e sen descendencia-, aos seus pais Jesús Carlos e Penélope , e á súa irmá María Purificación , cos que viña convivindo. E no caso do segundo -casado e cunha filla-, á súa esposa Mariola , á súa filla Micaela (nada o 16 de xuño de 2003), e á súa nai e ao seu irmán, Daniela e Íñigo , respectivamente.

A STS 496/2006, do 3 de maio, sinalaba no tema relativo á responsabilidade civil que:

El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación no es de aplicación obligatoria a los derivados de conducta constitutiva de delito doloso, como se dispone en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004 , "de manera que el Tribunal no precisa sujetarse a la valoración pormenorizada que se contiene en el mismo. Sin embargo, en principio y con carácter general, no existe ninguna razón para que las lesiones causadas dolosamente sean indemnizadas en menor cuantía que la prevista legal o reglamentariamente para las causadas por culpa en accidente de circulación. Es posible que el Tribunal se separe sustancialmente de las referidas previsiones al determinar la cuantía de las indemnizaciones, pero tal decisión debe aparecer en la sentencia debidamente razonada, de forma que queden expresados los motivos que el Tribunal ha tenido para ello, de forma que quede excluida cualquier apariencia de arbitrariedad", (STS nº 363/2004, de 17 de marzo). En el mismo sentido la STS nº 104/2004, de 30 de enero y la STS nº 1461/2003, de 4 de noviembre. En esta última se decía lo siguiente: " La Ley 30/1995, antes citada, incorporó a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en Circulación de Vehículos a motor un anexo conteniendo un sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Sus reglas no son de aplicación obligatoria para la determinación de la indemnización que pueda corresponder en cada caso por los daños y perjuicios derivados de los delitos dolosos, tal como resulta de su propia regulación y de una jurisprudencia consolidada. Pero nada se opone a que su minucioso contenido sea tenido en cuenta por los Tribunales como regla orientativa. Es claro que de la forma dolosa o culposa de actuar no se deriva una diferenciación del resultado lesivo o de las secuelas causadas por la conducta, por lo que el perjuicio indemnizable puede ser idéntico en uno y otro caso. De manera que en esta materia es posible partir de una consideración inicial en la que se otorgue una valoración similar para los perjuicios sufridos a causa de lesiones y secuelas por las víctimas de delitos dolosos y culposos, de forma que las primeras no resulten injustificadamente de peor condición que las segundas en el aspecto que tratamos. Ello no significa que las previsiones del referido sistema deban ser consideradas como un mínimo necesariamente aplicable de modo automático a los perjuicios causados por delitos dolosos, pero sí implica que el Tribunal debe explicar suficientemente en la sentencia las razones que ha tenido, en el caso concreto, para no atender a los criterios objetivos introducidos por la norma. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Tribunal dispone de unos criterios objetivos establecidos por el legislador, que son útiles, con carácter orientativo, como base para determinar la cuantía de la indemnización por perjuicios personales derivados de delitos dolosos, es exigible que razone expresamente en la sentencia su decisión de separarse de los mismos. Es por esto que aquella consideración inicial puede resultar modificada en cada caso en atención a las circunstancias que concurran, las cuales debe tener en cuenta el Tribunal al establecer razonadamente en la sentencia las bases de las que resulta la cuantía de la indemnización. Pues, como decíamos en la STS 130/2000 de 10 de abril, el baremo en cuestión, sin suponer una inflexible limitación en la valoración de los perjuicios, brinda cuando menos criterios objetivos, y generales para todos, introduciendo claridad, precisión y certeza. Por ello su observancia no precisa de una expresa justificación, exigible por el contrario cuando el Tribunal decide separarse de las valoraciones normadas.

En atención a todo o anterior, os tres acusados, de xeito conxunto e solidario, deberán indemnizar a Jesús Carlos e Penélope na cantidade de 30.000 euros para cada un; e a María Purificación na suma de 15.000 euros, en ausencia doutras acreditacións e pedimentos que polos danos morais.

Polo mesmo, a Daniela indemnizarana en 30.000 euros; e a Íñigo en 15.000 euros. Mentres que Mariola será indemnizada en 60.000 euros; e a Micaela en 110.000 euros, tendo en conta que á nena aínda lle faltaban uns días para cumprir os dous anos de idade cando se produciu a morte do seu pai, e a suma xa recoñecida a prol da súa nai.

Para todas estas sumas deberase ter en conta o disposto no artigo 576 da Lei de axuizamento civil, así como que por resolución do 5 de outubro de 2007 da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Economía e Facenda se recoñeceu a prol de Micaela unha axuda por importe de 22.540,40 euros, ao abeiro da Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual.

Décimo.- As custas procesuais enténdense impostas pola lei aos criminalmente responsables de todo delito ou falta ( artigo 123 do Código penal, e artigos 239 e 240.2º da Lei de axuizamento criminal ).

Lembraba hai pouco a STS 729/2008, do 13 de novembro, as previsións dos artigos 123 e 124 do Código penal , no sentido de que o primeiro establece que as custas procesuais, é dicir, todas as partidas que comprenden o concepto, se lle impoñen normalmente ao condenado. E que é certo que o segundo precepto, ao dispoñer que as da acusación particular o serán sempre nos delitos perseguibles a instancia de parte, admite que nos doutra natureza esa inclusión podería non darse. Mais, posto que as custas comprenden legalmente os honorarios de avogados e procuradores ( artigo 241.3º da LACrim ), esa é unha posibilidade que só debe operar en ocasións excepcionais, como cando as pretensións desa parte sexan abertamente estrañas ou desproporcionadas ás particularidades dos feitos (SSTS 531/2002, do 20 de marzo, e 2015/2002, do 7 de decembro), que abofé que non constitúe o caso da presente causa. Xa que logo, os acusados deberán igualmente responder do pagamento das custas xeradas nesta instancia.

Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,

Fallo

Que debo condenar e condeno aos acusados:

1) A Fernando , como autor responsable de dous delitos de asasinato do artigo 139.1ª do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de prisión de 17 anos e 6 meses por cada un dos amentados delitos, con inhabilitación absoluta polo mesmo tempo. E como autor responsable dun delito de posesión ilícita de armas do artigo 564.1.1º do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de prisión de 1 ano e 9 meses, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo polo mesmo tempo.

2) A Oscar , como autor responsable de dous delitos de asasinato do artigo 139.1ª do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de prisión de 17 anos e 6 meses por cada un dos amentados delitos, con inhabilitación absoluta polo mesmo tempo. E como autor responsable dun delito de posesión ilícita de armas do artigo 564.1.1º do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de prisión de 1 ano e 9 meses, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo polo mesmo tempo.

3) A Augusto , como autor responsable de dous delitos de encubrimento do artigo 451.2º e 3º do Código penal, en concurso ideal do artigo 77.2 do mesmo texto legal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de 3 anos de prisión, con inhabilitación para o exercicio do dereito de sufraxio polo mesmo tempo.

Condeno aos tres acusados a aboar as custas xeradas na presente instancia.

E os tres acusados, de xeito conxunto e solidario, deberán indemnizar a Jesús Carlos e a Penélope en cadansúa cantidade de 30.000 euros; e a María Purificación na suma de 15.000 euros. A Daniela indemnizarana en 30.000 euros; a Íñigo en 15.000 euros; a Mariola en 60.000 euros; e a Micaela en 110.000 euros. Téñase en conta o disposto no artigo 576 da Lei de axuizamento civil, así como que por resolución do 5 de outubro de 2007 da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Economía e Facenda se lle recoñeceu a Micaela unha axuda por importe de 22.540,40 euros, ao abeiro da Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual.

Ratifico o auto con data do 13 de marzo de 2009 polo que, na fase de redacción da presente resolución e vista a pena que se ía impoñer, se decretou a liberdade do acusado Augusto .

Ratifícanse as declaracións de insolvencia que obran nas respectivas pezas de responsabilidad civil de cada un dos acusados.

Notifíquese esta sentenza as partes facéndolles saber que contra a mesma poden interpoñer Recurso de apelación, ante a Sala do Civil y Penal do Tribunal Superior de Xustiza, no prazo de DEZ DIAS, a contar desde a derradeira notificación.

Así, por esta Sentenza, da que se levará testemuño ao Rolo de Sala e se anotará nos Rexistros correspondentes o pronuncio, mando asino.