Sentencia Penal Nº 3/2020, Audiencia Provincial de Guadalajara, Sección 1, Rec 422/2019 de 09 de Enero de 2020

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
GUADALAJARA
SENTENCIA: 00003/2020
-
PASEO FERNANDEZ IPARRAGUIRRE NUM. 10
Teléfono: 949-20.99.00
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MOD
Modelo: 213100
N.I.G.: 19130 43 2 2015 0196298
RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000422 /2019
Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de GUADALAJARA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000589 /2017
Delito: ABANDONO DE FAMILIA
Recurrente: MINISTERIO FISCAL, Borja
Procurador/a: D/Dª , MARIA COLLAZOS SALAZAR
Abogado/a: D/Dª , OLGA BENJUMEA PALOMARES
Recurrido: Micaela
Procurador/a: D/Dª ANDRES TABERNE JUNQUITO
Abogado/a: D/Dª MARIA DEL MADROÑAL BRAVO LOPEZ
ILMA. SRA. PRESIDENTE:
Dª ISABEL SERRANO FRÍAS
ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS:
D. JOSE AURELIO NAVARRO GUILLÉN
Dª MARIA ELENA MAYOR RODRIGO
Dª MARIA CARMEN MARTINEZ SÁNCHEZ
S E N T E N C I A Nº 3/2020

En Guadalajara, a nueve de enero de dos mil veinte
VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, los autos de Procedimiento
Abreviado 589/2017, procedentes del Juzgado de lo Penal nº1 de Guadalajara, a los que ha correspondido el
Rollo nº 422/2019, en los que aparece como parte apelante D. Borja y MINISTERIO FISCAL, representado el
primero por el Procurador de los Tribunales Dª MARIA COLLAZOS SALAZAR, y dirigido por la Letrado Dª. OLGA
BENJUMEA PALOMARES , y como parte apelada doña Micaela , representado por el Procurador D. ANDRÉS
TABERNÉ JUNQUITO y asistido por la Letrado D.ª MARIA DEL MADROÑAL BRAVO LÓPEZ, sobre ABANDONO
DE FAMILIA (IMPAGO DE PENSIÓN), y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª ISABEL SERRANO FRÍAS.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.



SEGUNDO.- En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente: 'Se declara probado que la acusada, Micaela , mayor de edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, en virtud de Sentencia de 20 de marzo de 2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Guadalajara venía obligada a satisfacer una pensión de 150 euros mensuales a favor de la hija común. No obstante, desde el mes de octubre de 2014 hasta el mes de abril de 2015, la acusada no abonó cantidad alguna en concepto de pensión de alimentos.

Ha quedado acreditado que en las mensualidades objeto de reclamación, la acusada carecía de capacidad económica para hacer frente al abono de la indicada pensión de alimentos.', y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' FALLO: ABSUELVO a Micaela del DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA, ya definido, del que ha sido acusada, con todos los pronunciamientos favorables y sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a la perjudicada, con declaración de las costas de oficio.'

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de Borja , se interpuso recurso de apelación contra la misma, al que se adhiere el Ministerio Fiscal; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo el pasado día 8 de enero de dos mil veinte.



CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS I.- Se admiten los hechos declarados probados que se recogen en la sentencia recurrida, dándose aquí íntegramente por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia que absuelve a la denunciada del delito de impago de la prestación alimenticia que se le imputaba, manteniendo la parte denunciante el error en la apreciación de la prueba en que incurre la Juzgadora interesando la revocación y el dictado de una sentencia condenatoria, mientras que el Ministerio Fiscal se adhiere al recurso pidiendo la nulidad y que se celebre un nuevo juicio oral por otro juzgador y ello al considerar que la motivación fáctica adolece de irracionalidad apartándose de las máximas de experiencia, faltando razonamiento sobre algunas de las pruebas practicadas.

Con carácter previo, resulta preciso recordar que con los actualmente vigentes arts. 790 y 792 LECr, introducidos por la Ley 41/2015y con aplicación desde el 6-12-2.015, conforme a lo resuelto previamente por las STEH de 22-11- 2.011 (Calero v España), de 20-3-2.012 (Serrano Contreras v España) o de 27-11-2.012 (Vilanova v España), si bien no se ha suprimido la posibilidad de interponer recurso frente a una sentencia con contenido absolutorio, lo cierto es que esta eventualidad ha sido notablemente restringida, a partir del contenido de ambos preceptos, pues a través de ellos únicamente cabe solicitarse la anulación de la sentencia, pero no su revocación y la consecuente condena del originariamente absuelto.

Si la parte acusadora alegase error en la apreciación de la prueba, para pedir la nulidad de la sentencia absolutoria, que constituiría el caso de la pretensión principal del recurso Fiscal y conforme al art. 790,2, párrafo tercero de la LECr, '...será preciso que se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas, que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada...'.

A partir del contenido de aludidos preceptos, el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del TS (2ª) de 9-6-2.016, emitido para unificar doctrina respecto al alcance de la reforma de la LECr operada por aludida Ley 41/15, manifestó que únicamente cabe declarar la nulidad de una sentencia si se fundamenta en alguno de los supuestos establecidos en precitado art. 790, 2, párrafo tercero de la LECr y así se solicita en el recurso, pues caso de acordarse la nulidad de una sentencia absolutoria, sin haber sido así interesado por dicha vía, se estaría ante la emisión de una sentencia incongruente por 'extra petita' (entre otras, STC de 29-10 y 5-11-2.004, así como los arts. 218 y art. 4 LEC) y causaría indefensión a la otra parte (apelada). Por tanto, esgrimiéndose vía recurso un pretendido error en la apreciación de la prueba, ello únicamente puede implicar la anulación de la sentencia absolutoria, si fuera así concretamente interesado y se cumplieran sus presupuestos, pero legalmente no cabe por sí su revocación.

No obstante lo anterior, el ámbito del recurso de apelación no resulta tan estricto para que no quepa excepción, en el sentido de admitirse la posibilidad de revocación de una sentencia con contenido precedentemente absolutorio, si el motivo de revocación radicase en una cuestión estrictamente jurídica, pues el control de legalidad en ese caso debe realizarse respecto al juicio de subsunción efectuado en la 1ª Instancia, como así reconocen (entre otras) las STEDH de 16- 11- 2.010 (García Hernández v España) o de 10-3-2.009 (Coll v España), también (entre otras) las STC 157/13 o 184/2.009 y (entre otras) las STS de 18-1-2.017 (FD 3) o 18-5-2.016, respetándose el relato de hechos probados de la recurrida y sin necesidad de oír al acusado en la segunda Instancia (entre otras, STC 201/12 o 45/11), pues esa audiencia ninguna incidencia tendría en la decisión a adoptar.

A partir de lo anterior, hay que examinar la pretensión revocatoria formulada el recurso interpuesto por la parte denunciante que interesa la revocación y condena a la parte denunciada por obstaculizar la madre de forma consciente y voluntaria el desarrollo del régimen de visitas, mientras que el Ministerio Fiscal solicita la nulidad y devolución del procedimiento al Juzgado de lo Penal para que se dicte nueva sentencia.

Debe tenerse en cuenta para la debida valoración de las pruebas personales, que son aquellas en que los hechos a probar son relatados por personas, clase de pruebas entre las que evidentemente se incluyen las declaraciones de los acusados y los testigos, que tal tipo de pruebas se practican en la primera instancia a presencia del juez que dicta la sentencia en dicha instancia procesal con observancia de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, por lo que es dicho juez quien puede apreciar las pruebas personales de forma directa, lo que es de gran interés procesal pues con la inmediación judicial en la práctica de las pruebas personales, el juez a cuya presencia se practican puede apreciar y valorar no solo lo que se dice, sino también como se dice, lo que es de gran importancia para valorar la credibilidad de lo dicho ya que las circunstancias concurrentes en la expresión de quien relata un hecho, tales como coherencia o contradicción en el relato, contundencia, vacilaciones o dudas en las manifestaciones, espontaneidad y rapidez en las contestaciones o dilación entre las preguntas y las contestaciones, tranquilidad o nerviosismo, gestos o movimientos corporales que acompañan a la expresión verbal, etc., son circunstancias esenciales para valorar la credibilidad de dichas pruebas y poder cumplir así con lo establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , precepto que otorga al juez ante el que se practican las pruebas en el acto del juicio oral la facultad y el deber de apreciar 'según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio', facultad de la que carece el tribunal de la apelación al no practicarse las pruebas personales a su presencia, por lo que es de elemental sentido común que en la apelación se respeten y mantengan los hechos probados declarados en la sentencia de primera instancia salvo cuando concurran circunstancias que evidencien objetivamente el error del juez de primera instancia en la apreciación y valoración de las pruebas ante él practicadas, pero dejando a salvo siempre las conclusiones probatorias derivadas de la inmediación judicial en la práctica de las pruebas personales por parte del juez que dicta la sentencia que se recurre.

A mayor abundamiento, el criterio que se acaba de exponer viene confirmado por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias números 167/2002 , 197/2002 , 198/2002 , 200/2002 , 212/2002 , 41/2003 , 68/2003 , 118/2003 , 12/2004 , 28/2004 , 50/2004 , 74/2004 , 96/2004 , 192/2004 y 200/2004 en relación con la valoración de las pruebas personales en el recurso de apelación contra sentencias absolutorias en la primera instancia; doctrina de la que resulta que las facultades del tribunal de apelación no son idénticas a las del juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida, pues el respeto a los principios de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas impide la modificación de la sentencia absolutoria para condenar al acusado en la segunda instancia en virtud de una nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia cuando la debida valoración de dichas pruebas exige la inmediación judicial, pues en caso de que así se hiciera por el tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional del acusado a un proceso con todas las garantías.

Es decisivo tener en cuenta que el recurrente no solicita la nulidad de la sentencia, sino su revocación. Si el recurrente sostiene la arbitrariedad y la falta de lógica del razonamiento de la sentencia, la vía de ataque sería la solicitud de su nulidad, sin que este Tribunal pudiera en ningún caso decretar la nulidad sin petición alguna de las partes. La valoración de la prueba personal en una sentencia absolutoria no pude ser revocada en la segunda instancia por ausencia de inmediación, ya que a pesar de alegarse la prueba documental la misma ha sido valorada en conjunción con prueba de carácter personal. ' efectuar la valoración del documento en el que se pretende fundar el error sufrido en la instancia, no puede realizarse sin el contraste con otros elementos probatorios, entre los que se incluye, como no podía ser de otro modo, el resultado arrojado por las pruebas personales practicadas en el plenario.

Se entra así de lleno en el terreno de la prohibición ya consolidada en la jurisprudencia constitucional y del TEDH de valorar pruebas personales -aunque sean de simple contraste para concluir acerca de la suficiencia pr..-obatoria del documento invocado- que no han sido presenciadas por el órgano jurisdiccional que va a dejar sin efecto un pronunciamiento absolutorio. '

SEGUNDO.- Tampoco cabe la petición efectuada por el Ministerio Fiscal que si interesa la nulidad de la sentencia por falta de racionalidad en la motivación fáctica teniendo en cuenta las pruebas En relación con ello, el citado artículo 790.2, párrafo tercero, dispone que 'cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'.

Así pues, este recurso de apelación no se concibe como un nuevo juicio (novum iudicium) en el que se despliegue actividad probatoria ante el tribunal de segunda instancia, por lo cual este no puede llevar a cabo por sí una nueva valoración fáctica que suplante o sustituya la realizada por el órgano sentenciador pues no ha practicado las pruebas bajo la debida inmediación y contradicción, garantías de las que sí dispuso este último. Por lo tanto, la finalidad de dicho recurso de apelación, en los supuestos de las sentencias absolutorias, consiste en determinar si la ponderación fáctica de la sentencia de instancia reúne los criterios de motivación y de racionalidad exigibles.

En conclusión, ante las sentencias absolutorias o condenatorias dictadas en la instancia que se recurran por error en la valoración de la prueba, el órgano de apelación no puede modificar la apreciación de los hechos para condenar o para agravar sus pronunciamientos, sino que únicamente podrá anular la sentencia cuando se den alguno de los supuestos contemplados en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal : insuficiencia o irracionalidad de la apreciación fáctica, apartamiento patente de las máximas de experiencia o la omisión de razonamiento sobre pruebas relevantes. Tal anulación ha de ser pedida y tendrá como efecto la devolución de las actuaciones al Juzgado de instancia a fin de que sean subsanados los motivos que determinaron dicha nulidad.

En el presente caso EL Ministerio Fiscal se limita a invocar la falta de racionalidad en la motivación fáctica sin argumento complementario alguno o explicación mínima de esa irracionalidad lo que impide entrar en su examen si bien cabe añadir que tras el examen de la prueba, con visionado de la grabación del juicio, entendemos que la Juzgadora ha valorado las declaraciones de los intervinientes sin que se advierta que sus conclusiones sean arbitrarias, infundadas, absurdas o carentes de toda racionalidad , pues hace una detallada relación de los ingresos y circunstancias económicas de la denunciada durante el periodo al que se circunscribe el impago en cuestión y resultan unos ingresos mínimos con los que , según refiere la sentencia hacia frente la progenitora no custodia a sus gastos y la atención a la menor en los periodos de visitas.

Así las cosas, ha de desestimarse el recurso y confirmarse la resolución impugnada.



TERCERO.- No procede la imposición de costas en esta alzada en atención a la previsión que se contiene en el artículo 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , debiendo declararse de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 6 de junio de 2019 en Juicio Oral 589/2017 por el Juzgado de lo PENAL NUM. 1 DE Guadalajara, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la mencionada resolución y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en la presente.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma CABE INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de Ley por el motivo previsto en el nº 1 del art. 849 de la Lecrim., en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde la última notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.