Sentencia Penal Nº 759/2004, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 295/2003 de 18 de Junio de 2004

Primero. Se ha denunciado error en la apreciación de la prueba resultante de documentos que existen en la causa (art. 849,2º Lecrim). Como tales se señalan el acta de inspección ocular de la policía y el informe pericial caligráfico.

Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849,2º Lecrim tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Así, para que un motivo de esta clase pudiera prosperar sería necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba.

Por otra parte, es preciso tomar en consideración que, como regla, los informes periciales carecen de la calidad de documentos (en sentido técnico-procesal) a los efectos del art. 849,2º, por más que puedan acogerse como tales en algún caso, como cuando existiendo una sola pericia o varias coincidentes, el tribunal se hubiera apartado sin motivación razonable del contenido de los mismos (por todas, STS de 17 de febrero de 1992 y 30 de noviembre de 1990). Por último, es también un tópico jurisprudencial ampliamente consolidado que cuando la ley habla de documentos se refiere a los que lo son en sentido técnico, es decir, que dan soporte gráfico a una expresión del pensamiento llevada a cabo fuera de la causa, con la finalidad de acreditar algún dato. Por lo que no gozan claramente de esa calidad las actuaciones policiales y procesales (entre muchas, SSTS 1055/1998, de 28 de septiembre, 298/2000, de 22 de febrero y 514/2000, de 21 de marzo).

En consecuencia, y a tenor del ilustrado criterio jurisprudencial, el motivo no puede estimarse. Y es que, en realidad, lo que en él aparece objetivamente suscitado es más bien una cuestión relativa al tratamiento general de la prueba por parte del tribunal de instancia, atinente por tanto al principio de presunción de inocencia como regla de juicio, materia a la que se refiere de manera específica el siguiente aspecto de la impugnación, que seguidamente se examina.

Segundo. Con invocación del art. 849,1º Lecrim y 5,4 LOPJ, se ha alegado infracción del derecho a la presunción de inocencia, por entender que la condena se habría producido en ausencia de prueba de cargo bastante. El argumento de apoyo es que lo que el tribunal ha tomado en consideración es la afirmación del dueño del bar de que la existencia de la caja fuerte era conocida y la relativa a la cantidad de dinero depositado en ella, así como la manifestación en comisaría de Alvaro señalando que habría recibido un cheque del acusado.

Tiene razón el recurrente al cuestionar la eficacia convictiva de este último elemento, cuando lo cierto es que hay constancia en el acta de la vista de que ese testigo negó que tal dato fuera cierto. Y, como es notorio, el art. 714 Lecrim circunscribe a las producidas "en el sumario" la posibilidad del uso de declaraciones anteriores al juicio, con fines de contraste y para valorar la atendibilidad de las primeras (STS 28 de febrero y 12 de julio de 2000).

Ahora bien, como señala el Fiscal y resulta de la misma sentencia impugnada, existen, además, otros elementos de prueba que el tribunal sentenciador tomó en consideración. Tales son la acreditación de que la caja fuerte fue efectivamente violentada; el hecho de que esto último ocurrió cuando el acusado trabajaba en el establecimiento; y la circunstancia de que hay información pericial que señala a éste como la persona que cumplimentó el cuerpo de uno de los cheques sustraídos. A tales elementos, sin duda valorables como de cargo, la sala añade el significativo de que el inculpado hubiera negado conocer misma existencia de la caja, a pesar de haber señalado el dueño del bar que era algo sabido por todos los que trabajaban en él, cosa por demás razonable.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

A tenor de este criterio jurisprudencial no puede afirmarse, como hace el recurrente, que la condena se hubiera producido en situación de vacío probatorio. En efecto, siendo indiscutible que el robo tuvo efectivamente lugar, la inferencia que ha llevado a la sala a atribuir su autoría a Carlos goza de suficiente fundamento, ya que, aparte de su relación con el establecimiento, está el dato ilustrativo de la aludida afirmación de desconocimiento de que la caja existiera en él, justamente valorada por el tribunal como no creíble, y el todavía más relevante del resultado de la pericial. Resultado sumamente expresivo, puesto que, realizada con evidente rigor, asocia de forma neta y clara a aquél con lo sustraído.

En definitiva, la objeción de defecto de prueba de cargo no puede ser admitida y el motivo tiene que rechazarse.

Tercero. Dice el Fiscal en su informe que de la redacción de los hechos probados no resulta patente que la confección de los talones se hubiera llevado a cabo en una diversidad de momentos, por lo que tendría que haberse apreciado la concurrencia de unidad de acción en sentido jurídico, con la consecuencia necesaria en el ámbito de la pena.

Esta sala ha declarado, entre otras en las sentencias de 11 de octubre de 1990 y 2 de julio de 1993, 760/2003, 23 de mayo y 885/2003, 13 de junio debe apreciarse "una única acción, en sentido jurídico, cuando varios comportamientos jurídico-penalmente equivalentes del autor tienen lugar en un mismo ámbito espacial reducido y en un contexto temporal breve".

Pues bien, es cierto que la redacción de los hechos probados no obliga a concluir, y menos necesariamente, que no hubiera sido tal el curso de las vicisitudes relativas a la manipulación de los talones. Por lo que debe acogerse ese criterio jurisprudencial, más favorable al acusado.