Sentencia Penal Nº 86/2021, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 8/2021 de 09 de Febrero de 2021

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN DÉCIMA

BARCELONA

Rollo apelación nº 8/2021

Procedimiento Abreviado nº 278/2019

Juzgado de lo Penal nº 25 de Barcelona

SENTENCIA

Ilmas Magistradas:

Sra. Montserrat Comas d'Argemir i Cendra

Sra. Mónica Aguilar Romo

Sra. Inmaculada Vacas Márquez

En la ciudad de Barcelona, a 9 de febrero de 2021.

VISTO ante esta Sección, el rollo de apelación nº 8/2021 formado para sustanciar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 25 de los de Barcelona en el Procedimiento Abreviado nº 278/2019 de los de dicho órgano Jurisdiccional, seguido por un delito de lesiones y un delito leve de lesiones, siendo parte apelante los acusados Emiliano, Estanislao y la entidad PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., como responsable civil subsidiaria, y parte apelada el Ministerio Fiscal y el denunciante Fermín, actuando como Magistrada Ponente Dª Inmaculada Vacas Márquez, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal indicado en el encabezamiento y con fecha 11 de noviembre de 2020 se dictó Sentencia en cuya parte dispositiva se dice: 'CON DENO a Emiliano y Estanislao como autores responsables de un delito de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de SEIS MESES DE MULTA, con cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del CP en caso de impago, y al pago de una tercera parte de las costas procesales causadas en esta instancia cada uno.

En concepto de responsabilidad civil Emiliano y Estanislao indemnizan, conjunta y solidiariamente, a Fermín en la cantidad de 9.210 €, más el interés legal del art. 576 LEC . De dicha cantidad responderá subsidiariamente PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.

CONDENO a Fermín como autor responsable de un delito leve de lesiones a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 CP en caso de impago, y al pago de una tercera parte de las costas procesales causadas en esta instancia.

En concepto de responsabilidad civil Fermín indemnizará a Emiliano en la cantidad de 400 €, más el interés legal del articulo 576 LEC '.

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Emiliano, Estanislao y la entidad Prosegur Compañía de Seguridad S.A., en cuyo escrito, tras expresar los fundamentos del recurso que tuvo por pertinentes, interesó la revocación de la sentencia recurrida sustituyendo su fallo condenatorio por otro por el que se absuelva a los recurrentes del delito por el que fueron condenados en la instancia, manteniendo la sentencia en cuanto al resto de pronunciamientos condenatorios respecto del Sr. Fermín.

TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado del mismo al resto de las partes personadas, para que en el término legal formularan las alegaciones que tuvieren por conveniente a sus respectivos derechos. Por el Ministerio Fiscal y la representación procesal de Fermín, se presentaron escritos de oposición al recurso de apelación interpuesto. Evacuado dicho trámite se remitieron las actuaciones a esta Sección Décima de la Audiencia de Barcelona.

CUARTO.- Por diligencia de ordenación se acordó la formación de rollo numerado como 8/2021, quedando las actuaciones pendientes de deliberación, votación y fallo al no haberse estimado necesario, para la formación de una adecuada convicción, la celebración de vista. Ha sido ponente Dña. Inmaculada Vacas Márquez quien expresa el parecer unánime de la Sala.

Hechos

ÚNICO-. Se aceptan los de la sentencia de instancia, que se dan por reproducidos a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Fundamentos

PRIMERO-Se ratifican los de la Instancia por ser conformes a Derecho.

SEGUNDO- La parte apelante postula que se revoque parcialmente la sentencia de Instancia, alegando como motivos del recurso, en primer lugar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por entender que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho que ampara a sus representados, considerando que no puede otorgarse valor incrimiantorio a la declaración del perjudicado y que no resulta acreditada la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por éste y el suceso de autos; en segundo lugar se alega infracción de ley por indebida aplicación del art. 147 del CP al entender que no se ha acreditado el elemento subjetivo del injusto; en tercer lugar se alega nulidad de la sentencia por falta de motivación al entender que los hechos probados aparecen fundados en suposiones y ambivalencias expresadas por la médico forense; por otro lado se alega la vulneración del principio in dubio pro reo y el error en la valoración probatoria padecido por laMagistrada de instancia en relación con la prueba médica aportada a las actuaciones de la que no deriva la relación de causalidad de las lesiones que padece el perjudicado con los hechos de autos, así como en cuanto a la declaración de la testigo jefa de equipo Sra. Sonsoles que negó haber visto ninguna agresión.

Razones por las que solicita la revocación de la sentencia de instancia en cuanto al pronunciamiento de condena de los recurrentes.

El Ministerio fiscal y la representación procesal del Sr. Fermín se oponen al recurso interpuesto, solicitando su desestimación.

En lo que respecta a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hemos de tener en cuenta que el derecho de presunción de inocencia, que existe para salvaguarda de los derechos de la persona, en concordancia con el art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10-12- 1948, art. 6 del Convenio de Roma de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 04-11-1950, y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19-12-1966, y que recoge el art. 24.2 de la CE, comporta una presunción iuris tantum que queda enervada cuando el Tribunal, en las apreciaciones llevadas a cabo en su resolución, ha dispuesto de una actividad probatoria mínima y suficiente, razonablemente de cargo, y revestida de todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen, formando su íntima convicción -estimación en conciencia, según el citado art. 741 L.E.Criminal- y obteniendo un grado de certidumbre que, al menos, supera la simple probabilidad o el mero juicio de verosimilitud, como así ha sucedido en este caso con las pruebas incriminatorias tenidas en cuenta para dictar el fallo apelado como ha quedado expresado en el fundamento jurídico anterior.

Partiendo de estas consideraciones, en el caso de autos observamos que la juzgadora contó no solamente con la declaración de la víctima, a la que otorgó valor incriminatorio, sino también con la pericial médica acreditativa de las lesiones padecidas por el perjudicado, entendiendo acreditada la relación de causalidad impugnada por la defensa, además de la testifical de la Sra. Sonsoles, así como la documental consistente en la grabación previa y posterior a los hechos que acredita la intervención en los mismos de las personas enjuiciadas. De este modo, y con independencia de la valoración que se otorgue a dichos medios probatorios, en la que la recurrente difiere de la juzgadora pero única a la que correspondía realizar dicha valoración, no puede alegarse que no existió prueba de cargo, por cuanto la misma existió y se practicó en el plenario con todas las garantías legales.

De este modo, alegado también por la recurrente el error en la valoración de la prueba, y con carácter general, hemos de recordar que compete al Juez de instancia en base a lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim. apreciar las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia y las conclusiones fácticas a las que así llegue habrán de reputarse correctas salvo cuando se demuestre un manifiesto error o cuando resulten incompletas, incongruentes o contradictorias. El Juzgador de primer grado es el que por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria, está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento.

El razonamiento anteriormente expuesto, por tantas veces repetido, no deja de responder a una circunstancia fácil de percibir para cualquier observador, en concreto a la dificultad que tiene quien conoce de la causa en segunda instancia para revisar una prueba a cuya práctica no ha asistido y que conoce únicamente tras visionar la grabación del juicio.

La doctrina jurisprudencial sobre el error en la apreciación de la prueba puede ser sintetizada indicando que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se establece que para enervar la presunción de inocencia es preciso, no solo la existencia de una mínima actividad probatoria legalmente obtenida, sino que su contenido tenga entidad suficiente para construir enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para sustentar el Fallo condenatorio y la convicción a la que llega el órgano sentenciador. La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía que debe presidir todo proceso deductivo ( sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Septiembre de 1.990). Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Marzo de 1.986), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo.

Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el Juicio Oral, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al órgano juzgador ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Noviembre y de 27 de Octubre de 1.995). Y como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en los artículos 741 y 973 citados) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987, y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Más concretamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia ( sentencia de 11 de Febrero de 1.994), que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo ( sentencia de 5 de Febrero de 1.994).

Es decir, para que pueda ser acogido el error en la apreciación de las pruebas, que en el recurso se invoca, es necesario que aparezca de modo palmario y evidente que los hechos en que se haya fundamentado la condena carezcan de todo soporte probatorio, o que en manera alguna pueden derivarse lógicamente del resultado de tales pruebas, no pudiendo equipararse a tal error la mera discrepancia en cuanto a la valoración de tales pruebas que ha hecho el juzgador de instancia en aplicación de lo prevenido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con apoyo en tales pautas jurisprudenciales, es palmario que ha de fenecer el motivo de impugnación de error en la valoración de la prueba. Leída la sentencia y visionado el acto del juicio oral grabado por el sistema Arconte, hay que concluir que las valoraciones probatorias efectuadas en la Instancia lejos de ser irracionales, arbitrarias o aleatorias, son adecuadamente ponderadas y ajustadas a las pruebas que han sido practicadas bajo la directa e insustituible inmediación del juzgador de instancia, sin que se advierta en sus conclusiones probatorias la irracionalidad del juicio que podría propiciar su revocación y sin que sea dable, tampoco, sustituir el criterio imparcial, razonado y objetivo del Juzgador a quopor el interesado y subjetivo criterio del apelante.

En el presente caso, ninguna contradicción relevante que permita introducir dudas en el juicio de inferencia realizado por el juzgador de instancia se observa por la Sala. Así, la declaración del perjudicado ratifica el contenido de su denuncia, sin que pueda decartarse cualquier valor probatorio de la misma por el simple hecho de haberse interpuesto pasados 25 días desde la producción de los hechos, por cuanto, como bien informa el Ministerio fiscal, el mismo ofreció en el plenario una explicación plausible acerca del motivo del retraso en la interposición de la misma, el cual parece lógico y admisible por cuanto no fue, sino una vez constado el alcance de la lesión padecida por éste, cuando se decide a poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Y en lo que respecta a la negada relación de causalidad entre las lesiones padecidas por el perjudicado y el suceso de autos, la parte impugnante funda el error padecido por la juzgadora de instancia en la documentación médica expedida al perjudicado en los diferentes servicios médicos a los que acudió por el dolor que tenía en la espalda, los cuales no acreditan la existencia de dicha lesión, no siendo sino cuando se le practica, días después una radiografía, cuando se acredita la existencia de dicha lesión, entendiendo que el tiempo transcurrido, impide apreciar la necesaria relación de causalidad.

Dicha cuestión, sin embargo, es tratada en la sentencia de instancia, en base a unas argumentaciones que la Sala no puede sino mantener y ratificar, por cuanto las mismas vienen basadas en las explicaciones ofrecidas por la médico forense en el plenario, a la hora de ratificar su pericial, que por otra parte, es la única obrante en autos. Así, la misma determinó que el mero hecho de que no se explicitara en los primeros informes la existencia de dicha lesión se debió a que no se le practicó ninguna radiografía, siendo así, que persistiendo el dolor que el mismo sufría, cuando finalmente le fue practicada la radiografía, se pudo constatar la existencia de la lesión. No dudando la perito acerca de la relación de causalidad, por cuanto dicha lesión no tenía porque tener otras manifestaciones en la piel más allá del dolor que el perjudicado sufría, razón por la que continuó siendo visitado clinicamente. Y sin que el hecho de que hubiera sido visitado en varios servicios de urgencias de la localidad de Barcelona, permita desvirtuar la valoración realizada por la juzgadora, que tiene su fundamento en la única prueba pericial médica obrante en autos, y que además se corresponde con las imágenes de las cámaras de grabación de los instantes inmediatamente posteriores a los hechos, en las que se aprecia que el perjudicado ya se quejaba de dolor en la espalda y cojeaba, siendo ello representativo de la lesión que posteriormente se plasmaría en los resultados de la radiografía.

La juzgadora de instancia analiza de forma pormenorizada y precisa la testifical tanto de la víctima como de los testigos presenciales, declaraciones a las que atribuye valor probatorio por ser coincidentes entre sí, por su claridad, verosimilitud, lógica y coherencia, y por que se corroboran por el informe médico forense en relación con las lesiones padecidas por el perjudicado. De dichas manifestaciones extrae el juzgador tanto el hecho de la agresión, como los autores de la misma, valorando asimismo de forma pormenorizada la prueba de descargo, y expresando los motivos por los que no atribuye valor probatorio a la misma. Sin que el mero hecho que se negase por la testigo jefa de turno la agresión permita desvirtuar el valor de dichos medios probatorios.

Y sin que los argumentos expuestos en el escrito del recurso y que a juicio del recurrente evidencian la falta de fiabilidad de las manifestaciones de la víctima tengan la relevancia y convicción lógico-racional, suficiente como para reconsiderar las conclusiones alcanzadas en la instancia. La credibilidad del relato de la víctima es cuestionada por el apelante, sin embargo resiste con fuerza todas las objeciones que aquella propone, y compartimos en este punto los acertados razonamientos de la Juez a quo, quien no sólo es, como hemos anticipado, soberana en su valoración, sino que sustenta la misma en una motivación ampliamente sostenida en sólidos y razonables argumentos que no podemos sino venir a aceptar en su integridad. Por todo lo cual hemos de ratificar que los hechos probados se sustentan en prueba de cargo suficiente cuya fuerza de convicción fue aceptada por el Tribunal de instancia, y en la que no se aprecia error de valoración alguno.

TERCERO.-Por otro lado en lo que respecta a la alegada infracción de ley por la indebida aplicación del art. 147 del CP al no resultar acreditado el dolo de lesionar, en este caso, ningún error valorativo cabe apreciar en cuanto a la concurrencia del elemento subjetivo del injusto y la comisión dolosa de las lesiones sufridas por el perjudicado. De este modo, ninguna contradicción relevante puede apreciarse entre la fundamentación jurídica de la sentencia y el fallo de la misma, por cuanto lo único que la juzgadora considera no acreditado es la concurrencia de las circunstancias específicas de los art. 148, 1º y 2º del CP por cuanto no se utilizaron medios o instrumentos peligrosos para la vida del lesionado, sino que fueron los propios para la reducción de una peersona que se revolvía y había lesionado a uno de ellos, si bien con un claro exceso de fuerza que ocasionó las lesiones, resultado completamente previsible y querido por los autores, por cuanto golpear a una persona esposada en la espalda y sujetarla por el cuello, son comportamientos que no expresan otra intención sino la de atentar contra su integridad física como objetivamente realizaron, al ocasionarle las lesiones descritas en el apartado de hechos probados de la resolución recurrida. De manera que ningún error de subsunción cabe apreciar en la calificación realizada por el juzgador de instancia, que debe ser asumida plenamente por la Sala.

CUARTO: Igual suerte desestimatoria debe correr la invocación de la infracción del principio in dubio pro reo, por cuanto, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 1998, ' el principio in dubio pro reo, no tiene sólo un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza. El Tribunal no tiene obligación de dudar ni de compartir las dudas que abriguen las partes, pero sí tiene obligación de no declarar probado un hecho del que dependa un juicio de culpabilidad si no ha superado las dudas que inicialmente tuviese sobre él ...'. En el presente caso, los hechos declarados probados se desprende de forma natural y lógica de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no albergando duda alguna el Magistrado de instancia sobre ninguno de los hechos declarados probados, dudas que tampoco tiene este tribunal en cuanto a los hechos probados de la sentencia, a la vista del examen ya efectuado sobre la prueba practicada y valorada en la sentencia, motivo por el cual debe también ser desestimado el recurso de apelación en cuanto a esta alegación.

QUINTO.-Por último, en lo que respecta a la pretendida nulidad de la sentencia por falta de motivación al basar los hechos probados en meras suposiciones de la médico forense en cuanto a la relación de causalidad entre las lesiones y los hechos de autos, en este punto la Jurisprudencia de manera reiterada, recuerda que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 CE, y así lo hace en la sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 27 de octubre de 2001 , en la que relaciona la doctrina jurisprudencial tanto de dicha Sala como del Tribunal Constitucional, de la siguiente manera:

'La STS. 24/2010 de 1.2, recoge la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional en SS. 160/2009 de 29.6, 94/2007 de 7.5 , 314/2005 de 12.12 subrayando que el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; pero el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener en la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial ( SSTC. 14/91 , 175/92 , 105/97 , 224/97 ), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella ( STC. 165/79 de 27.9 ) y en segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SSTC. 147/99 de 4.8 y 173/2003 de 19.9 ), bien entendido que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que es necesario examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC. 2/97 de 13.1 , 139/2000 de 29.5 , 169/2009 de 29.6 ).

Del mismo modo el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de alcanzar una respuesta razonada y fundada en Derecho dentro de un plazo prudente, el cual se satisface si la resolución contiene la fundamentación suficiente para que en ella se reconozca la aplicación razonable del Derecho a un supuesto especifico, permitiendo saber cuáles son los argumentos que sirven de apoyatura a la decisión adoptada y quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad, pero no comprende el derecho a obtener una resolución favorable a sus pretensiones.

En el caso de autos, la resolución recurrida cumple sobradamente las exigencias de motivación, tanto en relación con la valoración de la prueba practicada en el plenario, como en cuanto a los argumentos jurídicos que permiten la subsunción de los hechos probados en las normas aplicadas, por lo que el motivo no puede sino ser desestimado. De este modo la juzgadora analiza sobradamente la relación de causalidad de las lesiones con los hechos que se atribuyen a los acusados, como ya se ha indicado anteriormente, sin albergar duda alguna en cuanto a dicho extremo,y sin que en las manifestaciones de la doctora se aprecie ambigüedad o duda alguna sobre dicho extremo, entendiendo la misma que el hecho de que no se hubiera constatado la lesión con anterioridad no fue debido sino al hecho de que no se le hubiera realizado una radiografía, hecho que no puede depender de la voluntad del lesionado, sino de las decisiones médicas adoptadas por los diferentes facultativos que le atendieron en los distintos servicios de urgencias, pero que no excluye la existencia previa de la lesión.

Por todo ello no cabe sino desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar con ello la resolución recurrida.

SEXTO: Declaramos de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse en esta alzada ( arts. 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Emiliano, Estanislao y PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 25 de Barcelona con fecha 11 de noviembre de 2020 en sus autos de Procedimiento Abreviado arriba referenciado y, en su consecuencia, CONFIRMAMOS íntegramente aquella Sentencia declarando de oficio el pago de las costas procesales causadas en esta segunda instancia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes informándoles de que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación por infracción de ley por el motivo previsto en el nº 1 del art. 849 Lecrim que habrá de prepararse ante este Tribunal dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución. No preparado el recurso o una vez resuelto éste devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta Sentencia a los efectos legales oportunos, debiendo el citado Juzgado acusar recibo para la debida constancia en el Rollo correspondiente.

La presente sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, en audiencia pública. Doy fe.