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03/12/2020

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Sentencia Penal Nº 90/2020, Juzgado de lo Penal - Don Benito, Sección 1, Rec 140/2019 de 09 de Junio de 2020

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Orden: Penal

Fecha: 09 de Junio de 2020

Tribunal: Juzgado de lo Penal Don Benito

Ponente: MIRANDA VERDU, BEATRIZ

Nº de sentencia: 90/2020

Núm. Cendoj: 06044510012020100017

Núm. Ecli: ES:JP:2020:69

Núm. Roj: SJP 69:2020

Resumen:

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Encabezamiento

JDO. DE LO PENAL N. 1

DON BENITO

SENTENCIA: 00090/2020

SENTENCIA 90/2020

En DON BENITO, a nueve de junio de 2020.

La Ilma. Sra. Dña. BEATRIZ MIRANDA VERDU, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Penal nº 1 de DON BENITO y su partido judicial, HA VISTO Y OIDO en juicio oral y público las presentes actuaciones sobre PROCEDIMIENTO ABREVIADO número 140/2019, procedente del JDO.PRIMERA INST. INSTRUCCION nº 2 de CASTUERA y tramitado en el mismo como PA, seguido por delito de ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS), contra Soledad, con D.N.I. NUM000, nacida el NUM001/1979, hija de Damaso y Palmira, con domicilio en CALLE000 nº NUM002 de Zalamea de la Serena, Santiago, con D.N.I. NUM003, con domicilio en CALLE000 nº NUM002 de Zalamea de la Serena, habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, la acusación particular ejercitada por Jose Antonio y dichos acusados, representados, respectivamente, por las Procuradora, MARIA DOLORES ISABEL CARMONA LANCHAZO , MARIA DOLORES ISABEL CARMONA LANCHAZO Y MODESTA SANCHEZ TENA y defendidos por los Abogados , MANUEL LORENZO CALVENTE CUBERO , MANUEL LORENZO CALVENTE CUBERO, CARLOS LUIS ALONSO BLANCO dictando, en virtud de las facultades que le han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, la siguiente Sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 4 de octubre de 2019 se recibieron en este Juzgado de lo Penal las presentes actuaciones, Procedimiento Abreviado número 20/2018, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castuera (Badajoz) por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes y estafa agravada, donde aparecen como inculpados Soledad y Santiago, habiéndose iniciado tras la presentación de querella criminal.

Tras la práctica de las diligencias que se consideraron pertinentes, se acordó la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado, con traslado a las acusaciones para presentar escrito de conclusiones provisionales y solicitar, en su caso, apertura del juicio oral o sobreseimiento provisional.

SEGUNDO.-La acusación particular califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de insolvencia punible, previsto y penado en el artículo 257. 1º, 2º, 3º y 4ª, al concurrir las circunstancias numerales 5ª y 6ª del artículo 250 del Código Penal, así como de un delito de estafa agravada previsto y penado en los artículos 250.1, 2º, 4º, 5º, 6º y 7º del Código Penal, siendo responsable de los hechos, en concepto de autores, los acusados antes reseñados doña Soledad y don Santiago, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se imponga a cada uno de ellos; por el delito de insolvencia punible, las penas de 3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como 12 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 9 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago; por el delito de estafa cualificada, las penas de 3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como 12 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 9 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, así como las costas.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán de forma conjunta y solidaria a indemnizar a Jose Antonio y Antonieta, en la cantidad de 268.710 euros, incrementada con el interés legal del dinero en caso de mora procesal, al amparo del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales califica los hechos como constitutivos de un delito alzamiento de bienes, previsto y penado en el artículo 257.1.1º y 2º y 2 del Código Penal, siendo responsable de los hechos, en concepto de coautores, los acusados antes reseñados, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se imponga a cada uno de ellos, la pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como 24 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago, así como las costas.

TERCERO.-En igual trámite la defensa de los acusados mantuvo su disconformidad con los hechos y la calificación del Ministerio Fiscal y acusación particular, calificando los hechos como no constitutivos de delito o falta alguna y solicitando la libre absolución de dichos acusados con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO.-Con fecha 4 de octubre de 2019 se dictó resolución judicial de señalamiento de juicio oral para el día 11 de noviembre de 2019, a las 11:45 horas.

QUINTO.-Llegado el día fijado, se procedió a practicar la prueba tras lo cual, las acusaciones elevaron a definitivas las conclusiones provisionales interesando el dictado de una sentencia condenatoria en los términos solicitados.

La defensa interesó el dictado de una sentencia absolutoria considerando no se cumplen los requisitos del alzamiento de bienes o delito de estafa.

SEXTO.-En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia habida cuenta de la suspensión de los plazos procesales acordada por RD 463/20, de 14 de marzo que decretó el estado de alarma derivado de la pandemia por COVID-19, y sucesivas prórrogas.

Hechos

ÚNICO.-Los acusados, Santiago, con DNI NUM003 y Soledad, DNI NUM000, mayores de edad, sin antecedentes penales, puestos de común acuerdo, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, adquirieron en fecha 21 de julio de 2011, una finca rústica de Cabeza del Buey con nº registral NUM004, perteneciente a Jose Antonio y Antonieta.

En la escritura de compraventa se fijó un precio simulado de 500.000 euros, estableciéndose las siguientes circunstancias para el pago de dicho precio:

- La cantidad de 111.520,55 euros la retendría en su poder la parte compradora para pagar la hipoteca y se abonaría la cantidad de 29.000 euros mediante transferencia bancaria.

-La cantidad de 359.479,45 euros se satisfaría a través de trasferencia, mediante cuotas anuales de 17.973,97 euros, estableciéndose un interés de demora del 18%.

El precio de 500.000 euros se fijó de común acuerdo al solo efecto de que los compradores accedieran a un crédito hipotecario que habían solicitado de Caja Rural de Extremadura.

Las partes acordaron en documento privado fijar un valor de la finca distinto y una forma de pago diferente, en los siguientes términos:

- a la firma de la escritura la compradora Soledad entregaría la cantidad de 140.000 euros, y

- una vez obtenida la subvención de la Junta de Extremadura, Soledad entregaría a la vendedora la cantidad de 180.000 €.

- El resto hasta cubrir el pago de la finca (53.152,50 €) se haría en un plazo no superior a seis años a contar desde enero de 2013, mediante entregas fraccionadas de 8.900 euros.

La compradora abonó 8.900 € en los años 2013 y 2014, pero dejó de abonar los 180.000 euros acordados, a pesar de haber recibido la subvención de la Junta de Extremadura, y haber obtenido un crédito hipotecario por importe de 250.000 de la Caja Rural de Extremadura, en la fecha de la compra. Además, en fecha 17 de diciembre de 2013, los acusados formalizaron con Joaquín contrato de opción de compra por un precio de 360.000 euros.

El querellante interpuso demanda de Juicio Ordinario que finalizó mediante acuerdo recogido en Auto de fecha 12 de abril de 2017 (JO 58/15). En dicho Auto, las partes acuerdan reconocer el importe de 206.700 euros que se obliga a abonar de la siguiente forma:

- fraccionamiento de 8.900 euros el día uno de junio de 2017;

- 10.000 euros el día 15 de diciembre de 2017,

- y a partir de abril de 2018, pagos mensuales de 10.000 euros, hasta el completo pago de la deuda, garantizándose el impago de cualquier pago con los derechos de la PAC que perciben los demandados.

El primer pago no se cumple, instándose la ejecución (Ejecución 33/17). Los querellados emplearon engaño en el acuerdo alcanzado en el Juicio Ordinario, ya que garantizaron el pago con derechos de la PAC de los que Santiago no disponía pues no era su titular. Por su parte, Soledad garantizaba el pago con los derechos de

la PAC que había cobrado hasta julio de 2017, silenciando el hecho de que parte de tales derechos los había cedido a terceros, a pesar de lo cual los introdujo como garantía de pago en el acuerdo recogido en el Auto de fecha 12 de abril de 2017.

La Sra. Soledad había solicitado en tres ocasiones para la campaña de 2017 la cesión a terceros de parte de los derechos de pago básico que tiene asignadas, según informe del Jefe de Servicios de Ayudas Sectoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de fecha 15/9/2017.

Fundamentos

PRIMERO.-La acusación particular y el Ministerio Fiscal imputan a los acusados, por un lado, un delito de insolvencia punible del artículo 257.1.1º y 2º y 2 del Código Penal, conforme al que se castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

Y conforme al apartado 2, con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

Por su parte, la acusación particular añade como imputación un delito de estafa agravada regulado en los artículos 250.1, 2º, 4º, 5º y 7º del Código Penal, circunstancias que se refierenal abuso de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase; la estafa (3.º) recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico; (4.º) Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia, (5.º) El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas, (6.º) Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesionaly (7.º) Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

Por lo que se refiere a la insolvencia punible, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la sentencia de fecha 7/6/2019, recuerda que la Sala ha dicho (STS 659/2018, de 17 de diciembre, ó STS 518/2017, de 6 de julio) que son elementos del delito de alzamiento de bienes los siguientes: a) La existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, si bien es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad.

b) Un elemento dinámico que consiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor.

c) En tercer lugar, un resultado de insolvencia o disminución del patrimonio del acusado que imposibilita o dificulta a los acreedores el cobro de lo que les es debido.

d) Y finalmente, un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos.

Tiene declarado este Tribunal en relación al delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, como es exponente la Sentencia 138/2011, de 17 de marzo, que ese delito constituye un tipo delictivo pluriofensivo que tutela, de un lado, el derecho de los acreedores a que no se defraude la responsabilidad universal, y de otro el interés colectivo con el buen funcionamiento del sistema económico crediticio. Basta para su comisión que el sujeto activo haga desaparecer de su patrimonio uno o varios bienes dificultando con ello seriamente la efectividad del derecho de los acreedores, y que actúe precisamente con esa finalidad.

Exige como resultado este delito, recordaba la STS 518/2017, de 6 de julio, una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes, que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda. De modo que el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situación que no es previsible la obtención de un resultado positivo en orden a la satisfacción del crédito.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que los elementos del delito de estafa 248.1 y 249 del Código Penal son:

1) Un engaño precedente o concurrente, plasmado en alguno de los artificios que el Código describe con un criterio amplio, dada la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece.

2) Dicho engaño ha de ser bastante para la consecuencia de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial.

3) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la que constituía la realidad.

4) Un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo.

5) Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de la víctima, con lo que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente el dolo subsequens, esto es, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate.

6) Ánimo de lucro, incorporado a la definición legal desde la reforma del año 1983, que constituye el elemento subjetivo del injusto y que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial que la doctrina jurisprudencial ha extendido a los beneficios meramente contemplativos.

De entre ellos, se viene diciendo además que el requisito fundamental de esta infracción delictiva es el engaño, que es su elemento más significativo, esencial y definitorio, que marca la diferencia con la apropiación indebida y con el ilícito civil, que tendrá que ser necesariamente antecedente, causante y bastante ( SS 104/2001, de 30 de enero EDJ 2001/2821). Antecedente, por cuanto que tendría que preceder y determina el consecutivo perjuicio patrimonial, no siendo aptas para originar el delito de estafa las hipótesis del denominado dolo subsequens

SEGUNDO.-De estos hechos aparecen como responsables en concepto de autor, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal, los acusados, dada su participación directa, voluntaria y consciente en los hechos.

Dicha participación y forma de acontecer los hechos ha quedado acreditada mediante la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, conforme a los principios de inmediación y oralidad y valorada de acuerdo con lo establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La prueba ha consistido en declaración de los acusados, testificales y prueba documental.

De dicho material probatorio se infiere la participación directa de los acusados en los hechos que se le imputan.

Se ha de partir de los hechos no controvertidos, como es la operación de compraventa realizada por los acusados, Santiago y Soledad, mayores de edad, sin antecedentes penales, puestos de común acuerdo, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, adquirieron en fecha 21 de julio de 2011, una finca rústica de Cabeza del Buey con nº registral NUM004, perteneciente a Jose Antonio y Antonieta.