Sentencia Penal Nº 961/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 245/2018 de 07 de Diciembre de 2018

Encabezamiento

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle apel lació penals ràpids núm. 245/2018 - B

Referència de procedència:

JUTJAT PENAL 2 MANRESA

Procediment Abreujat núm. 84/2018

Data sentència recorreguda: 01/06/2018

SENTÈNCIA NÚM. 961/2018

Magistrats/des:

Joan Francesc Uría Martínez

Juli Solaz Ponsirenas

Montserrat Arroyo Romagosa

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel lació núm. 245/2018, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 2 MANRESA en data 01/06/2018 , en procediment Abreujat núm. 84/2018. Han estat parts l'apel.lant, Genaro , representat per la Procuradora Maria Roser Magro Arxer i assistit per la Lletrada Laura Rovira Sala, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Joan Francesc Uría Martínez.

Barcelona, set de desembre de dos mil divuit.

Antecedentes

Primer.L'1 de juny d'enguany el Jutjat Penal núm. 2 de Manresa dictà sentència amb la decisió següent: 'Debo condenar y condeno a Dº. Genaro como autor responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, previsto y penado en el artículo 153.2 y 3 del Código Penal , a la pena de seis meses de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años.

Debo condenar y condeno a Dº. Genaro a la pena accesoria de prohibición de aproximarse a Dª Tatiana , a su domicilio y lugar de trabajo, a una distancia inferior a 500 metros, así como a cualquier lugar frecuentado por ésta, y comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de dos años, que se iniciará al tiempo de la firmeza de esta Sentencia.

Se acuerda dejar sin efecto la medida cautelar acordada a través de auto de fecha 16 de febrero de 2.018 por el juzgado de instrucción nº 4 de los de Vic , acordando el alzamiento de la vigencia de la misma, a partir de la firmeza de esta Sentencia.

Debo condenar y condeno a Genaro a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a Dª Tatiana en la cantidad de sesenta euros (60€) por las lesiones causadas, más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta resolución hasta el pago.

Debo condenar y condeno a don Genaro al pago de las costas del presente procedimiento'.

A la sentència es declaren provats els fets següents: 'Primero.- Probado y así se declara que se ha dirigido la acusación contra Dº. Genaro , mayor de edad y con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, el cual es hijo de la víctima sra. Tatiana , y fue condenado ejecutoriamente a través de sentencia firme de fecha 7 de marzo de 2.016 por parte del juzgado de lo penal nº3 de Manresa por un delito de violencia doméstica , por hechos cometidos también contra su madre Dª Tatiana .

Segundo.- Probado y así se declara que en fecha 15 de febrero de 2.018, sobre las 12:59 horas encontrándose el acusado y su madre sra. Tatiana en su domicilio ubicado en la CALLE000 NUM000 NUM001 . NUM002 de la localidad de Vic, tras una discusión verbal mantenida entre ambos , el acusado sr. Genaro propinó diversos empujones a su madre y un puñetazo en la boca, produciendo lesiones en la misma consistentes en contusión leve en hemitórax derecho y excoriación en comisura izquierda de los labios , tal como se desprende del informe de sanidad emitido por el Médico Forense de fecha 16 de febrero de 2.018. Para la curación de dichas lesiones precisó la perjudicada tan solo de una primera asistencia facultativa y de un total de 2 días de los cuales no estuvo ninguno de ellos impedida para el desarrollo de sus ocupaciones habituales.

Tercero.- Probado y así se declara que por Auto de fecha 16 de febrero de 2.018 se acordó el sometimiento de Genaro a tratamiento médico ya sea psicológico o psiquiátrico que le fuere prescrito por los responsables del centro de salud de referencia a fin de ser tratado de la problemática de autocontrol u otro por la que ya ha seguido tratamiento médico en el pasado, debiendo informar del seguimiento y resultado de dicho tratamiento con la aportación de los informes médicos correspondientes a este Juzgado cada quince días. En dicho auto se acordó que la medida cautelar permanecería en vigor sin perjuicio de poder ser dejada sin efecto o modificada por otra medida de índole penal, durante la tramitación del procedimiento y, en su caso a resultas del mismo, y hasta que adquiriera firmeza la medida o pena que la sustituya'.

Segon.Formulat recurs d'apel lació per la representació processal d' Genaro , el Jutjat l'admeté a tràmit, hi donà curs i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió. Al recurs s'oposà el Ministeri Fiscal.

No acceptem el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda, que substituïm pel següent: Cap a les 13 hores del dia 15 de febrer de 2018, al domicili comú, situat a la CALLE000 , núm. NUM000 , NUM001 - NUM002 , de Vic, Genaro , major d'edat i executòriament condemnat per delicte de lesions i maltractament en l'àmbit familiar, en sentència ferma de 7 de març de 2016 , va tenir una discussió amb la seva mare, Tatiana .

Fundamentos

Primer.L'apel lant combat la sentència dictada en primera instància enunciant un únic motiu d'impugnació: per 'apreciación errónea de la prueba practicada'.

Segon.Per donar resposta al motiu de recurs cal examinar la gravació digital del judici oral, que constitueix l'acta de la vista, i d'aquest examen resulta que al plenari, acte al qual l'acusat s'acollí al dret a no declarar i la seva mare a la dispensa que regula l' article 416.1 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECr ), es van practicar les proves següents: testifical dels agents del cos de Mossos d'Esquadra amb carnets professionals núm. 3145 (minuts 3 a 5 de la gravació), 6764 (minuts 6 i 7) i 3944 (minuts 8 i 9).

Al plenari no es practicà prova documental, ni per via de l'abstracta i estereotipada manifestació de tenir-la per reproduïda. De tota manera la prova documental que es proposà als escrits de qualificació provisional no podiaper seacreditar el càrrec, perquè com a màxim tindria consideració de document l'informe mèdic relatiu a la mare de l'acusat, però els informes mèdic, siguin d'assistència o medicoforenses, del que donen raó és de les lesions observades a la persona explorada, pel facultatiu, en un moment determinat, no de la concreta dinàmica del fet productor dels resultats lesius, i menys encara de la identitat del causant.

Dit això, la prova practicada al plenari no tenia aptitud per enervar la presumpció d'innocència, perquè dels tres testimonis que declararen, el primer i l'últim no ho van ser ni de referència d'un testimoni directe, i el del mig únicament manifestà allò que l'havia referit la mare de l'acusat, la qual s'acollí al plenari a la dispensa prevista a l' article 416.1 LECr , i l'Acord del ple no jurisdiccional de la Sala Segona del Tribunal Suprem de 23 de gener de 2018 deixà palès que 'El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el artículo 416 de la LECRIM , impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida'.

En aquestes condicions és inacceptable afirmar el càrrec sobre la declaració d'un testimoni de referència, per raons anàlogues a les abastament exposades pel Tribunal Suprem en la STS de 10 de febrer de 2009 , al fonament de dret sisè de la qual es diu: 'Por lo que respecta a las pruebas testificales de quienes declararon en el acto de la vista oral, son todas testimonios de referencia. Ningún testigo vio, percibió, o supo por conocimiento propio los hechos imputados. Todos sin excepción conocían solo las afirmaciones de la denunciante. Afirmaron saber, no aquello que ella les contó, sino precisamente el hecho mismo de oírselo contar. Saben y repiten las declaraciones de aquella pero ignoran los hechos a que se refería.

Los testigos de referencia como hemos dicho en la citada Sentencia de 27 de enero de 2009 no pueden aportar sobre el hecho sucedido mayor demostración que la que se obtendría del propio testimonio referenciado, porque lo que conocen solo son las afirmaciones oídas de éste. La certeza de que se hicieron ciertas afirmaciones por el testigo directo es lo único que puede resultar de la veracidad de lo declarado por aquéllos, y en consecuencia subsiste la necesidad de ponderar y valorar el testimonio directo para determinar el hecho que se pretende averiguar. Los testimonios de referencia, aún admitidos en el art. 710 de la LECr tienen así una limitada eficacia demostrativa respecto al hecho delictivo, pues pasar directamente de lo declarado verazmente por el testigo de oídas a tener por probado sin más lo afirmado por aquél a quién se oyó equivaldría a atribuir a éste todo crédito probatorio privilegiando una narración extraprocesal sustraída a la inmediación y a la contradicción.

Por ello el valor del testimonio de referencia es el de prueba complementaria para reforzar lo acreditado por otros elementos probatorios, o bien el de una prueba subsidiaria, para ser considerada solamente cuando es imposible acudir al testigo directo, porque se desconozca su identidad, haya fallecido o por cualquier otra circunstancia que haga imposible su declaración testifical.

Y aún en este caso resulta evidente la debilidad demostrativa del testigo de referencia para sustentar por sí solo un pronunciamiento de condena, por la misma naturaleza de la fuente de su conocimiento, que es indirecta o mediata respecto al hecho delictivo, y siempre condicionada en cuanto su credibilidad depende de la que mereciera el testigo directo, en situación no obstante de imposibilidad de ser interrogado y oído a presencia del Tribunal.

En todo caso esa imposibilidad de acudir al testigo directo, que justificaría atender, y con todas las reservas, los testimonios indirectos o de referencia ha de ser material, algo que no concurre en el caso presente; la testigo directa compareció, pero se negó a declarar ante el Tribunal ejercitando libremente la facultad concedida por la Ley de no declarar contra su padre. Que esto no es una imposibilidad material, al acudir el testigo, quedó ya razonado con relación a la inaplicabilidad del art. 730 de la LECr . La misma razón conduce en este caso a excluir el testimonio de referencia'.

En definitiva, la prova practicada en el judici oral va ser insuficient per enervar la presumpció d'innocència que emparava l'acusat i el seu recurs s'ha d'estimar íntegrament.

Tercer.Els article 239 i 240.2, paràgraf 2n LECr disposen que en les sentències s'ha de resoldre sobre el pagament de les costes processals, i que les costes en cap cas s'imposaran a l'acusat absolt, de manera que, essent el pronunciament d'aquesta sentència absolutori, s'han de declarar d'ofici les causades en les dues instàncies.

Fallo

1. Estimem íntegrament el recurs d'apel lació expressat en l'antecedent de fet segon d'aquesta sentència.

2. Revoquem la sentència apel lada.

3. Absolem lliurement Genaro del delicte de maltractament en l'àmbit familiar del què va ésser acusat pel Ministeri Fiscal.

4. Resti sense efecte qualsevulla mesura cautelar adoptada en aquesta causa.

5. Declarem d'ofici les costes processals causades en les dues instàncies.

Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.

Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.