Última revisión
16/09/2017
Sentencia Penal Nº 97/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 456/2016 de 26 de Enero de 2017
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Orden: Penal
Fecha: 26 de Enero de 2017
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FELIU MORELL, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 97/2017
Núm. Cendoj: 08019370222017100174
Núm. Ecli: ES:APB:2017:1559
Núm. Roj: SAP B 1559:2017
Encabezamiento
Audiència Provincial de Barcelona
Secció Vint-i-dosena
Rotlle apel lació penals ràpids núm. 456/2016 - N
Referència de procedència:
JUTJAT PENAL 2 TERRASSA
Procediment Abreujat núm. 82/2016
Data sentència recorreguda: 15/09/2016
SENTÈNCIA NÚM. 97/2017
Magistrats/des:
Joan Francesc Uría Martínez
Juli Solaz Ponsirenas
Maria Josep Feliu Morell
La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel lació núm. 456/2016, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 2 TERRASSA en data 15/09/2016 , en procediment Abreujat núm. 82/2016. Han estat parts apel.lants i apel.lades, Avelino , representat pel Procurador Víctor Vázquez Domínguez i assistit per la Lletrada Saida Muñoz Fondón; Brigida , representada per la Procuradora Mª Luisa Rodríguez Soria i assistida pel Lletrat Juan M. De Miguel Flores, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Maria Josep Feliu Morell.
Barcelona, vint-i-sis de gener de dos mil disset.
Antecedentes
Primer.El dia 15 de setembre de 2016 el Jutjat penal núm. 2 de Terrassa dictà sentència amb la decisió següent: 'Condeno a D. Avelino , como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar , previsto y penado en el art. 153.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal , a la pena de siete meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año y un día ; así como la prohibición de aproximarse a Dña. Brigida , a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre a menos de 500 metros, y de comunicación por cualquier medio con Dña. Milagros , durante doa años con imposición al acusado de un tercio de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, D. Avelino deberá abonar a Dña. Brigida , la cantidad de 245€, por las lesiones sufridas, cantidad que devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta la del efectivo pago, conforme al artículo 576 L.E.C ., con imposición de las costas procesales.
Absuelvo a D. Avelino , del delito leve de daños del que venía siendo acusado.
Absuelvo a D. Avelino , del delito leve de hurto del que venía siendo acusado.
Se declaran de oficio dos tercios de las costas procesales de esta causa.
De conformidad con el art. 69 L.O. 1/2004 se mantiene la vigencia de la Orden de Protección de fecha 24 de julio de 2016 hasta la terminación del procedimiento por Sentencia firme, y el efectivo inicio de la pena de prohibición de aproximación a la víctima, la cual no quedará sin efecto por la interposición de recursos o el pronunciamiento formal de firmeza'.
A la sentència es declaren provats els fets següents: 'Primero.- D. Avelino con D.N.I. NUM000 , mayor de edad, y sin antecedentes penales, mantuvo una relación conyugal durante aproximadamente 35 años, con Dña. Brigida , finalizada en el año 2013, y fruto de la cual tienen dos hijos en común.
Segundo.- El día 20 de julio de 2016, sobre las 17: 30 horas, D. Avelino y Dña. Brigida , se encontraban en el interior del vehículo de aquel, que se hallaba estacionado junto a la vivienda de ésta, sita en la Carretera de Vallvidrera, donde hablaron en relación a unas facturas telefónicas y gastos realizados por Dña. Brigida , años atrás, durante su matrimonio. En un momento determinado, y mientras D. Avelino se encontraba sentado en el asiento del conductor, y Dña. Brigida en el asiento del copiloto, entre ambos se inició una discusión en relación a los dos teléfonos móviles propiedad de Dña. Brigida y los cuales portaba en ese momento y había introducido en el interior del vehículo.
Tercero.- Finalmente, D. Avelino , con ánimo de menoscabar la integridad física de Dña. Brigida y tras forcejear con la misma, abrió la puerta delantera derecha del citado vehículo, y la empujó hasta el exterior, haciéndola caer sobre la calzada. Inmediatamente, tras ello, D. Avelino y aun teniendo abierta la puerta delantera derecha de su vehículo, emprendió la marcha y abandonó el lugar.
Cuarto.- No ha quedado probado que D. Avelino , con ánimo de menoscabar la propiedad ajena, lanzase el teléfono Samsung Galaxy propiedad de Dña. Brigida al exterior del vehículo. Tampoco ha quedado probado, que D. Avelino , se apropiase del teléfono móvil Samsung Galaxy Mini, propiedad de Dña. Brigida .
Quinto.- Como consecuencia de estos hechos, Dña. Brigida sufrió lesiones consistentes en hematoma en la región brazo distal y en el codo derecho, abrasiones en el codo y antebrazo, que precisaron para su sanidad, una primera asistencia facultativa, con un período de estabilización de 7 días no impeditivos, y sin secuelas.
Sexto.- Con fecha 24 de julio de 2016, por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Rubí, se dictó en las Diligencias Urgentes 40 /2016, de las que dimanan las presentes actuaciones , Auto por el que se acordaba conceder la Orden de Protección solicitada por Dña. Brigida , estableciendo la prohibición a D. Avelino de aproximarse a una distancia no inferior a 1. 000 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y lugar en que se encuentre, impidiéndole establecer cualquier contacto escrito verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático'.
Segon.Formulat recurs d'apel lació per les representacions processals de Avelino y per Brigida el Jutjat els admeté a tràmit, i els donà curs, i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió. El Ministeri Fiscal s'oposa els recursos d'apel lació i demana la confirmació de la sentencia. La representació processal de Avelino s'oposa el recurs interposat per Brigida i la representació processal d'aquesta última s'oposa el recurs interposat per Avelino .
S'accepten del relat de fets declarats provats de la sentència recorreguda els números 'PRIMERO','SEGUNDO', 'CUARTO' i 'SEXTO' que es donen per reproduïts a aquesta resolució.
Els apartats TERCERO i QUINTO, son substituïts pels següents fets que es declaren provats: ' En el curso de la discusión en el interior del vehiculo, se produjo un forcejeo entre ellos, diciendole el acusado a Brigida que saliera del vehiculo, saliendo Brigida poco despues, arrancando el acusado el vehiculo con la Puerta del acompañante aún abierta, abandonando el lugar.
Brigida presentava lesiones consistentes en hematoma en región brazo distal y en el codó derecho, abrasiones en el codó y antebrazo y Avelino presentava dermoabrasiones en el brazo derecho'.
Fundamentos
Primer.La representació processal de Brigida interposa recurs d'apel lació, amb la pretensió de que la sentencia incorre en error en la valoració de la prova doncs si valora com certes les declaracions de la Sra. Brigida respecta d'uns fets, també hauria de considerar veraces les seves manifestacions respecta la fractura d'un mòbil i la sostracció de l'altre que s'han imputat, demanat per tant la condemna de l'acusat per aquest dos fets. L' article 792.2 de la LEcrim estableix que 'La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.
No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.'i l' article 790.2 tercer apartat de la LECrim ., estableix que 'Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. En aquest cas, l'apel.lant impugna la sentència en el punt en que absolt l'acusat del delicte lleu de danys i del de furt, al legant com únic motiu de recurs l'error en la valoració de la prova, i a la vista de que els fets enjudiciats i l'incoació del procediment penal es posterior el dia 6 de desembre de 2015, data d'entrada en vigor de l'ultima reforma de la LEcrim, en la que es modifica la redacció dels preceptes abans esmentats, entre altres, s'evidencia que l'apel lant tenía, en el cas d'apreciar error en la valoració de la prova en primera instancia, haver sol licitat, fent les oportunes al legacions per justificar el que preveu l' article 790.2 tercer apartat de la LEcrim ., la nulitat de la sentencia dictada en primera instancia i no única i exclusivament la seva revocació, vetada per l'article 790,2 de la mateixa llei, que trasllada al text de la llei el que ha estat notoria i reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tal com senyala la STC de 17 de novembre de 2014 'La doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre otras muchas, SSTC 182/2007, de 10 de septiembre ; 28/2008, de 11 de febrero ; 1/2009, de 12 de enero , 24/2009, de 26 de enero y más recientemente, SSTC 22/2013, de 31 de enero ; 195/2013, de 2 de diciembre ; y 105/2014, de 23 de junio ), expresa que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. También inciden en el tema las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( SSTEDH) de 29 de octubre de 1991, caso Jan Ake Andersson c. Suecia y de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c.Alemania.
En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los citados principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia, de manera que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.'
Dit aixo, la Sala ha de posar de manifest l'imposibilitat legal de declarar d'ofici la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia, doncs tal com estableix l' article 240.2 apartat segon de la LOPJ 'En ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectase a ese Tribunal'.
Per tant, la Sala no pot entrar en valoracions sobre l'existencia o no d'error en l'apreciació de la prova en els suposits de pronunciaments absolutories, quan la part apel lant no ha sol licitat de forma fonamentada la nulitat de la sentencia, perque si no es posible en segona instancia la condemna de l'acusat absolt en la primera, i el Tribunal tampoc pot acordar d'ofici, sense petició del recurrent, la nulitat de la sentencia dictada en primera instancia, s'haura de desestimar el recurs d'apel lació interposat amb imposibilitat de entrar en el fons de la qüestió plantejada al no ser possible la seva estimació en els termes en que esta interesada.
Per tot l'exposat, es procedent la desestimació del recurs d'apel lació interposat per la representació processal de Brigida .
Segon.La representació processal de Avelino impugnà la sentència dictada en primera instància adduint com motiu d'impugnació l'error en la valoració de la prova, en concret entenent que l'acusat no pot ser condemnat per un delicte de lesions en l'ambit familiar de l' article 153.1 del CP , perquè no existeixen suficients proves de càrrec per acreditar la seva culpabilitat.
Dit això i centrant-nos en la valoració de la prova, hem de recordar que l'òrgan de la primera instància és qui està en millors condicions per valorar les proves de caràcter personal que es produeixen al judici oral, per raó de la immediació amb la producció de la font de coneixement, i la valoració feta per aquell l'ha de respectar l'òrgan d'apel lació sempre que no resulti absurda, il lògica o arbitrària. La jurisprudència del TS de forma reiterada diu respecta de la presumpció d'innocència que 'en punto a la vulneración de la presunción de inocencia se debe comprobar si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); si esta prueba es de contenido incriminatorio, si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es si accedió lícitamente al juicio oral, si ha sido practicada con regularidad procesal; si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y finalmente, si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sancionador. Más allá no se extiende nuestro control cuando de vulneración de presunción de inocencia se trata. El intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso ( STS 120/2003 de 28.2 EDJ 2003/6577 ).
En aquest cas, escoltada la gravació del judici i a la vista de l'extensa fonamentació jurídica de la sentencia impugnada, es planteja com primera qüestió el perquè es dona plena credibilitat a les declaracions de la Sra. Brigida en relació el fet de que l'acusat la va empentar i la va tirar fora del vehicle fent-la caure i causant-li les lesions que es descriuen i en canvi no es dona cap credibilitat el que explica respecta dels dos telèfons mòbils que portava, dient que un el va tirar i trencar i l'altre se'l va emportar. Cap testimoni, al menys que hagi declarat a l'acte del judici, va veure el que va passar i com va acaba sortint del vehicle la Sra. Brigida , doncs la testimoni Sra. Adriana diu clarament que no va veure com l'acusat tirava o empentava a la Sra. Brigida per treure-la del vehicle, ni tan sols la va veure a terra. Partint d'aquestes consideracions, el Tribunal ha de plantejar-se que existeixen dos versions absolutament contradictòries en relació a com va acabar sortint del vehicle la Sra. Brigida , la de l'acusat que diu que va sortir ella sola, encara que va haver d'insistir molt perquè sortís i la de la Sra. Brigida que diu que l'acusat des de la posició del conductor on estava assentat, va obrir la porta del copilot on estava ella assentada i després la va empenya fins tirar-la del vehicle fent-la caure a terra.
Estima el Tribunal que planteja certa dificultat la acció que s'atribueix a l'acusat, doncs no resultarà fàcil obrir la porta del vehicle del copilot amb una persona assentada i després empentar-la fins tirar-la del cotxe fent-la caure al terra. Aquesta acció, segons manifesta la Sra. Brigida podia haver estat vista per algun dels operaris que diu hi havia prop del cotxe, doncs ella mateixa afirma que va dir a l'acusat que poses el cotxe el lloc on estava quan ella hi va entrar perquè quedes prop del taller de sota casa seva on hi havia operaris treballant. Per tant, respecta el fet nuclear i fonamental (sortida del vehicle de l'acusat) al que s'atribueix la causació de les lesions a la Sra. Brigida , l'única prova directa es la manifestació d'ella i en aquest cas el fonament de la doctrina sobre l'aptitud del testimoni de la víctima per enervar, sense cap altre prova, la presumpció d'innocència, no es dóna. El fonament rau en la necessitat d'evitar la impunitat de delictes comesos en àmbits d'intimitat, respecte dels quals, i precisament pel marc espacial en que es produeixen, no es possible cap altra prova que la declaració de la víctima, com recorda la recent STS 418/2013, de 16 de maig , al fonament de dret primer 2 de la qual es diu 'por lo que se refiere a la declaración de la víctima, debe recordarse, como hace la STS nº 409/2004, de 24 de marzo , la oportuna reflexión de esta Sala (STS de 24 de noviembre de 1987 , nº 104/02 de 29 de enero y 2035/02 de 4 de diciembre) de que nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad'. Aquesta situació d'intimitat no es dóna en aquest cas perquè, segons digué des de bon principi i fins el judici oral la pròpia acusadora particular, quan els fets succeïren estaven molt propers a un taller/magatzem a sota a casa seva on hi havia operaris treballant, que de fet van ser, segons diu els que van truca a la policia, testimonis, al menys un d'ells, que haurien d'haver proposat les acusacions, a les quals correspon la càrrega de la prova dels fets imputats, i que no proposaren, limitant-se la proposta a la Sra. Adriana que de fet quan va arribar el lloc ja nomes va poder veure com marxava l'acusat amb el vehicle i que la Sra. Brigida tenia els pantalons bruts i estava molt nerviosa i plorant, repetint després el que li havia explicat, dient que la havia empentat fora del cotxe fent-la caure.
Per l'exposat, la Sala no pot compartir la valoració de la prova realitzada pel Jutge d'instancia, doncs de la realitat de l'agressió per part de l'acusat no hi ha cap prova directa, sent el relat que fa la Sra. Brigida difícil de creure, per la pròpia dificultat dinàmica dels fets, i tan sols tenim prova circumstancial del que manifesta la Sra. Adriana , però que no acredita l'agressió, sinó un conflicte molt llarg entre la parella i una situació d'enfrontament irracional entre ells i finalment les lesions no poden considerar-se determinats, doncs l'acusat també presentava lesions el braç dret, el que implica que es va produir algun tipus de forcejament a l'interior del vehicle.
Per tant, hem de concloure que la prova practicada a l'acte del judici obtinguda de forma regular, amb ple respecta el dret de defensa de l'acusat i sense vulneració de les garanties processals, no constitueix prova de càrrec suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència i acreditar la culpabilitat de l'acusat, el que determina l'estimació del recurs interposat, amb revocació de la sentencia impugnada.
Per tot l'expressa't procedeix l'estimació del recurs interposat.
Segon.D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau declarar d'ofici les costes causades en aquesta instància.
Fallo
1. Estimem el recurs d'apel lació expressat en l'antecedent de fet segon d'aquesta sentència.
2. Revoquem la sentència apel lada dictada pel Jutjat Penal num. 2 de Terrassa en data 15 de setembre de 2016 en el Procediment Judici Ràpid num. 82/2016 i ABSOLEM l'acusat del delicte de lesions en l'àmbit familiar pel que ha estat condemnat.
Es mantenen la resta de pronunciaments absolutoris de la sentència.
Es deixa sense efecte qualsevol mesura cautelar adoptada en l'àmbit d'aquest procediment des de la data d'aquesta resolució.
3. Imposem l'apel lant les costes processals causades en aquesta segona instància.
Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.
Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.
