Sentencia Penal Tribunal de Instancia. Sección de lo Penal plaza nº 2 de Huesca, Rec. 182/2026 de 10 de julio del 2026

PRIMERO. -Como nos enseña la doctrina más reiterada y constante del Tribuna Constitucional (entre innumerables, las SSTC núm. 2/2.002, de 14 de enero y núm. 222/2.001, de 5 de noviembre), uno de los principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal, es aquel que proclama la presunción de que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Aún cuando no sea una creación "ex nihilo", ya que inspira la entera estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1.881, recibió un vigor inusitado por obra y gracia de su inclusión en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1.978, cuya interpretación -según indica el artículo 10 del mismo Texto- ha de hacerse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1.948 y de los demás Tratados internacionales sobre la materia ratificados por España como lo fue en 1.979 el de Roma (4 de noviembre de 1.950) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1.976.

Su lectura pone de manifiesto que el principio más arriba enunciado sintéticamente significa que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (artículo 6.1 y 2 del Convenio de 1.950 y artículo 14.2 del Pacto de 1.976).

El círculo se cierra con la identidad de la infracción administrativa y delito que, predicada años después por el Tribunal de Derechos humanos ( sentencia de fecha 8 de junio de 1.976 según Engel) y que incorporó al artículo 24.2 de la Constitución Española que, a su vez, ha dado lugar a una caudalosa corriente doctrinal del Tribunal Constitucional en tal sector a partir de la Sentencia 19/1.981 y seguida invariablemente por infinidad de ellas.

No es tal principio un mero postulado ideal, impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito de la axiología, pues ha pasado a integrar norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, erigiéndose en derecho cardinal y básico de todo ciudadano, de lo que se hace eco no sólo los artículos 9 y 53 de la Constitución, sino el propio artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su vez, en su faceta procesal, el derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y, por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tenga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción.

En tal sentido, la traducción práctica de este derecho estriba en una alentada y exquisita atención por Jueces y Tribunales para abstenerse de cualquier pronunciamiento condenatorio en tanto no se llegue a un razonable grado de certeza acerca de la culpabilidad del imputado, obtenida, naturalmente, merced a la causa, con las debidas garantías.

Entra aquí en juego el principio "in dubio pro reo" que tiene la virtualidad cuando existiendo medios de prueba de carácter incriminador constitucional y procesalmente legítimos, obtenidos en el lugar y tiempo apropiados, el juicio oral, sometidos a inmediación, crítica y contradicción procesal, no consiguen afirmar la convicción judicial sobre la culpabilidad, cosa ésta que pertenece a la libertad de valoración que en conciencia se le encomienda. Es decir, el principio "in dubio pro reo" descansaría en la existencia de prueba de cargo, situándose su incidencia en el campo de la valoración de prueba.

SEGUNDO. -En el caso que ahora se enjuicia y resuelve las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, únicas susceptibles de ser evaluadas con ciertas excepciones que no vienen al caso, no permiten ni autorizan enervar o destruir la presunción provisoria anteriormente expuesta.

Ciertamente, a pesar de la calificación jurídica de los hechos del Ministerio fiscal como UN DELITO DE MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,lo cierto es que el curso en que se desarrollan tales acontecimientos no se ha acreditado plena y absolutamente tal acción, pues del principio de valoración libre de la prueba y del principio de intervención mínima que rige en derecho penal, no se ha concretado la acción de imprudencia grave, si siquiera leve pro parte del acusado surgiendo importantes lagunas al respecto, tales como:

1/ La declaración del propio acusado que se acoge a su derecho a no prestar declaración.

2/ Igualmente, la firme, contundente y segura declaración de la testigo Nicolasa, que mantiene que su expareja no le pegó, ni le coaccionó, ni nada de nada, según sus palabras, ni le tiene miedo. Se produjo un forcejeo con el móvil por que se lo quería llevar y éste cayó al suelo y al ir a recogerlo, ella misma se tropezó con la esquina de la mesa y que las lesiones e las hizo ella misma

Y la documental no impugnada

TERCERO. -Así las cosas, exigido jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Supremo (entre muchas, las muy recientes SSTS de fechas 15 y 16 de noviembre de 2.001) como por el propio Tribunal Constitucional, que los indicios que sirven de base para la condena penal, deben estar rigurosa y directamente acreditados, resulta que en este proceso, de la valoración libre de la prueba en su conjunto así como el principio de intervención mínima que debe regir en el derecho penal , teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, y además de la firme y contundente declaración de la víctima que incluso manifiesta que lo intentó contar en sede policial y ante la asistencia médica y que no le causó el acusado ninguna lesión, no permite de forma racional y lógica, por su insuficiencia, alcanzar la conclusión de culpabilidad que ha reclamado por el Ministerio Fiscal y, consecuentemente, habrá de declararse la libre absolución del acusado Eliseo, con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. -Las costas procesalesdeben declararse de oficio, a tenor del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y habida cuenta del pronunciamiento absolutorio.

PRIMERO. -Como nos enseña la doctrina más reiterada y constante del Tribuna Constitucional (entre innumerables, las SSTC núm. 2/2.002, de 14 de enero y núm. 222/2.001, de 5 de noviembre), uno de los principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal, es aquel que proclama la presunción de que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Aún cuando no sea una creación "ex nihilo", ya que inspira la entera estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1.881, recibió un vigor inusitado por obra y gracia de su inclusión en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1.978, cuya interpretación -según indica el artículo 10 del mismo Texto- ha de hacerse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1.948 y de los demás Tratados internacionales sobre la materia ratificados por España como lo fue en 1.979 el de Roma (4 de noviembre de 1.950) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1.976.

Su lectura pone de manifiesto que el principio más arriba enunciado sintéticamente significa que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (artículo 6.1 y 2 del Convenio de 1.950 y artículo 14.2 del Pacto de 1.976).

El círculo se cierra con la identidad de la infracción administrativa y delito que, predicada años después por el Tribunal de Derechos humanos ( sentencia de fecha 8 de junio de 1.976 según Engel) y que incorporó al artículo 24.2 de la Constitución Española que, a su vez, ha dado lugar a una caudalosa corriente doctrinal del Tribunal Constitucional en tal sector a partir de la Sentencia 19/1.981 y seguida invariablemente por infinidad de ellas.

No es tal principio un mero postulado ideal, impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito de la axiología, pues ha pasado a integrar norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, erigiéndose en derecho cardinal y básico de todo ciudadano, de lo que se hace eco no sólo los artículos 9 y 53 de la Constitución, sino el propio artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su vez, en su faceta procesal, el derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y, por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tenga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción.

En tal sentido, la traducción práctica de este derecho estriba en una alentada y exquisita atención por Jueces y Tribunales para abstenerse de cualquier pronunciamiento condenatorio en tanto no se llegue a un razonable grado de certeza acerca de la culpabilidad del imputado, obtenida, naturalmente, merced a la causa, con las debidas garantías.

Entra aquí en juego el principio "in dubio pro reo" que tiene la virtualidad cuando existiendo medios de prueba de carácter incriminador constitucional y procesalmente legítimos, obtenidos en el lugar y tiempo apropiados, el juicio oral, sometidos a inmediación, crítica y contradicción procesal, no consiguen afirmar la convicción judicial sobre la culpabilidad, cosa ésta que pertenece a la libertad de valoración que en conciencia se le encomienda. Es decir, el principio "in dubio pro reo" descansaría en la existencia de prueba de cargo, situándose su incidencia en el campo de la valoración de prueba.

SEGUNDO. -En el caso que ahora se enjuicia y resuelve las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, únicas susceptibles de ser evaluadas con ciertas excepciones que no vienen al caso, no permiten ni autorizan enervar o destruir la presunción provisoria anteriormente expuesta.

Ciertamente, a pesar de la calificación jurídica de los hechos del Ministerio fiscal como UN DELITO DE MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,lo cierto es que el curso en que se desarrollan tales acontecimientos no se ha acreditado plena y absolutamente tal acción, pues del principio de valoración libre de la prueba y del principio de intervención mínima que rige en derecho penal, no se ha concretado la acción de imprudencia grave, si siquiera leve pro parte del acusado surgiendo importantes lagunas al respecto, tales como:

1/ La declaración del propio acusado que se acoge a su derecho a no prestar declaración.

2/ Igualmente, la firme, contundente y segura declaración de la testigo Nicolasa, que mantiene que su expareja no le pegó, ni le coaccionó, ni nada de nada, según sus palabras, ni le tiene miedo. Se produjo un forcejeo con el móvil por que se lo quería llevar y éste cayó al suelo y al ir a recogerlo, ella misma se tropezó con la esquina de la mesa y que las lesiones e las hizo ella misma

Y la documental no impugnada

TERCERO. -Así las cosas, exigido jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Supremo (entre muchas, las muy recientes SSTS de fechas 15 y 16 de noviembre de 2.001) como por el propio Tribunal Constitucional, que los indicios que sirven de base para la condena penal, deben estar rigurosa y directamente acreditados, resulta que en este proceso, de la valoración libre de la prueba en su conjunto así como el principio de intervención mínima que debe regir en el derecho penal , teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, y además de la firme y contundente declaración de la víctima que incluso manifiesta que lo intentó contar en sede policial y ante la asistencia médica y que no le causó el acusado ninguna lesión, no permite de forma racional y lógica, por su insuficiencia, alcanzar la conclusión de culpabilidad que ha reclamado por el Ministerio Fiscal y, consecuentemente, habrá de declararse la libre absolución del acusado Eliseo, con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. -Las costas procesalesdeben declararse de oficio, a tenor del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y habida cuenta del pronunciamiento absolutorio.

PRIMERO. -Como nos enseña la doctrina más reiterada y constante del Tribuna Constitucional (entre innumerables, las SSTC núm. 2/2.002, de 14 de enero y núm. 222/2.001, de 5 de noviembre), uno de los principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal, es aquel que proclama la presunción de que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Aún cuando no sea una creación "ex nihilo", ya que inspira la entera estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1.881, recibió un vigor inusitado por obra y gracia de su inclusión en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1.978, cuya interpretación -según indica el artículo 10 del mismo Texto- ha de hacerse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1.948 y de los demás Tratados internacionales sobre la materia ratificados por España como lo fue en 1.979 el de Roma (4 de noviembre de 1.950) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1.976.

Su lectura pone de manifiesto que el principio más arriba enunciado sintéticamente significa que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (artículo 6.1 y 2 del Convenio de 1.950 y artículo 14.2 del Pacto de 1.976).

El círculo se cierra con la identidad de la infracción administrativa y delito que, predicada años después por el Tribunal de Derechos humanos ( sentencia de fecha 8 de junio de 1.976 según Engel) y que incorporó al artículo 24.2 de la Constitución Española que, a su vez, ha dado lugar a una caudalosa corriente doctrinal del Tribunal Constitucional en tal sector a partir de la Sentencia 19/1.981 y seguida invariablemente por infinidad de ellas.

No es tal principio un mero postulado ideal, impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito de la axiología, pues ha pasado a integrar norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, erigiéndose en derecho cardinal y básico de todo ciudadano, de lo que se hace eco no sólo los artículos 9 y 53 de la Constitución, sino el propio artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su vez, en su faceta procesal, el derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y, por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tenga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción.

En tal sentido, la traducción práctica de este derecho estriba en una alentada y exquisita atención por Jueces y Tribunales para abstenerse de cualquier pronunciamiento condenatorio en tanto no se llegue a un razonable grado de certeza acerca de la culpabilidad del imputado, obtenida, naturalmente, merced a la causa, con las debidas garantías.

Entra aquí en juego el principio "in dubio pro reo" que tiene la virtualidad cuando existiendo medios de prueba de carácter incriminador constitucional y procesalmente legítimos, obtenidos en el lugar y tiempo apropiados, el juicio oral, sometidos a inmediación, crítica y contradicción procesal, no consiguen afirmar la convicción judicial sobre la culpabilidad, cosa ésta que pertenece a la libertad de valoración que en conciencia se le encomienda. Es decir, el principio "in dubio pro reo" descansaría en la existencia de prueba de cargo, situándose su incidencia en el campo de la valoración de prueba.

SEGUNDO. -En el caso que ahora se enjuicia y resuelve las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, únicas susceptibles de ser evaluadas con ciertas excepciones que no vienen al caso, no permiten ni autorizan enervar o destruir la presunción provisoria anteriormente expuesta.

Ciertamente, a pesar de la calificación jurídica de los hechos del Ministerio fiscal como UN DELITO DE MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,lo cierto es que el curso en que se desarrollan tales acontecimientos no se ha acreditado plena y absolutamente tal acción, pues del principio de valoración libre de la prueba y del principio de intervención mínima que rige en derecho penal, no se ha concretado la acción de imprudencia grave, si siquiera leve pro parte del acusado surgiendo importantes lagunas al respecto, tales como:

1/ La declaración del propio acusado que se acoge a su derecho a no prestar declaración.

2/ Igualmente, la firme, contundente y segura declaración de la testigo Nicolasa, que mantiene que su expareja no le pegó, ni le coaccionó, ni nada de nada, según sus palabras, ni le tiene miedo. Se produjo un forcejeo con el móvil por que se lo quería llevar y éste cayó al suelo y al ir a recogerlo, ella misma se tropezó con la esquina de la mesa y que las lesiones e las hizo ella misma

Y la documental no impugnada

TERCERO. -Así las cosas, exigido jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Supremo (entre muchas, las muy recientes SSTS de fechas 15 y 16 de noviembre de 2.001) como por el propio Tribunal Constitucional, que los indicios que sirven de base para la condena penal, deben estar rigurosa y directamente acreditados, resulta que en este proceso, de la valoración libre de la prueba en su conjunto así como el principio de intervención mínima que debe regir en el derecho penal , teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, y además de la firme y contundente declaración de la víctima que incluso manifiesta que lo intentó contar en sede policial y ante la asistencia médica y que no le causó el acusado ninguna lesión, no permite de forma racional y lógica, por su insuficiencia, alcanzar la conclusión de culpabilidad que ha reclamado por el Ministerio Fiscal y, consecuentemente, habrá de declararse la libre absolución del acusado Eliseo, con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. -Las costas procesalesdeben declararse de oficio, a tenor del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y habida cuenta del pronunciamiento absolutorio.

PRIMERO. -Como nos enseña la doctrina más reiterada y constante del Tribuna Constitucional (entre innumerables, las SSTC núm. 2/2.002, de 14 de enero y núm. 222/2.001, de 5 de noviembre), uno de los principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal, es aquel que proclama la presunción de que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Aún cuando no sea una creación "ex nihilo", ya que inspira la entera estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1.881, recibió un vigor inusitado por obra y gracia de su inclusión en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1.978, cuya interpretación -según indica el artículo 10 del mismo Texto- ha de hacerse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1.948 y de los demás Tratados internacionales sobre la materia ratificados por España como lo fue en 1.979 el de Roma (4 de noviembre de 1.950) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1.976.

Su lectura pone de manifiesto que el principio más arriba enunciado sintéticamente significa que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (artículo 6.1 y 2 del Convenio de 1.950 y artículo 14.2 del Pacto de 1.976).

El círculo se cierra con la identidad de la infracción administrativa y delito que, predicada años después por el Tribunal de Derechos humanos ( sentencia de fecha 8 de junio de 1.976 según Engel) y que incorporó al artículo 24.2 de la Constitución Española que, a su vez, ha dado lugar a una caudalosa corriente doctrinal del Tribunal Constitucional en tal sector a partir de la Sentencia 19/1.981 y seguida invariablemente por infinidad de ellas.

No es tal principio un mero postulado ideal, impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito de la axiología, pues ha pasado a integrar norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, erigiéndose en derecho cardinal y básico de todo ciudadano, de lo que se hace eco no sólo los artículos 9 y 53 de la Constitución, sino el propio artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su vez, en su faceta procesal, el derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y, por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tenga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción.

En tal sentido, la traducción práctica de este derecho estriba en una alentada y exquisita atención por Jueces y Tribunales para abstenerse de cualquier pronunciamiento condenatorio en tanto no se llegue a un razonable grado de certeza acerca de la culpabilidad del imputado, obtenida, naturalmente, merced a la causa, con las debidas garantías.

Entra aquí en juego el principio "in dubio pro reo" que tiene la virtualidad cuando existiendo medios de prueba de carácter incriminador constitucional y procesalmente legítimos, obtenidos en el lugar y tiempo apropiados, el juicio oral, sometidos a inmediación, crítica y contradicción procesal, no consiguen afirmar la convicción judicial sobre la culpabilidad, cosa ésta que pertenece a la libertad de valoración que en conciencia se le encomienda. Es decir, el principio "in dubio pro reo" descansaría en la existencia de prueba de cargo, situándose su incidencia en el campo de la valoración de prueba.

SEGUNDO. -En el caso que ahora se enjuicia y resuelve las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, únicas susceptibles de ser evaluadas con ciertas excepciones que no vienen al caso, no permiten ni autorizan enervar o destruir la presunción provisoria anteriormente expuesta.

Ciertamente, a pesar de la calificación jurídica de los hechos del Ministerio fiscal como UN DELITO DE MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,lo cierto es que el curso en que se desarrollan tales acontecimientos no se ha acreditado plena y absolutamente tal acción, pues del principio de valoración libre de la prueba y del principio de intervención mínima que rige en derecho penal, no se ha concretado la acción de imprudencia grave, si siquiera leve pro parte del acusado surgiendo importantes lagunas al respecto, tales como:

1/ La declaración del propio acusado que se acoge a su derecho a no prestar declaración.

2/ Igualmente, la firme, contundente y segura declaración de la testigo Nicolasa, que mantiene que su expareja no le pegó, ni le coaccionó, ni nada de nada, según sus palabras, ni le tiene miedo. Se produjo un forcejeo con el móvil por que se lo quería llevar y éste cayó al suelo y al ir a recogerlo, ella misma se tropezó con la esquina de la mesa y que las lesiones e las hizo ella misma

Y la documental no impugnada

TERCERO. -Así las cosas, exigido jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Supremo (entre muchas, las muy recientes SSTS de fechas 15 y 16 de noviembre de 2.001) como por el propio Tribunal Constitucional, que los indicios que sirven de base para la condena penal, deben estar rigurosa y directamente acreditados, resulta que en este proceso, de la valoración libre de la prueba en su conjunto así como el principio de intervención mínima que debe regir en el derecho penal , teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, y además de la firme y contundente declaración de la víctima que incluso manifiesta que lo intentó contar en sede policial y ante la asistencia médica y que no le causó el acusado ninguna lesión, no permite de forma racional y lógica, por su insuficiencia, alcanzar la conclusión de culpabilidad que ha reclamado por el Ministerio Fiscal y, consecuentemente, habrá de declararse la libre absolución del acusado Eliseo, con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. -Las costas procesalesdeben declararse de oficio, a tenor del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y habida cuenta del pronunciamiento absolutorio.