Sentencia Penal 20/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 4/2025 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN.

I.- Es objeto de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia, de fecha 3 de Noviembre de 2.025 , dictada por el Tribunal del Jurado, constituido en la Audiencia Provincial de LEÓN (Sección 3ª), en la que se condena a Alberto, como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139.1.1 ª y 2ª del Código Penal , concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 23 años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena; y, como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; e igualmente, se le condena, en el ámbito de la responsabilidad civil, a que indemnice a Modesta en la cantidad de 5.000 Euros, con sus intereses, imponiendo igualmente a la referido acusado el pago de las costas del juicio, incluidas las de la Acusación particular.

II.- Contra la indicada sentencia condenatoria interpone recurso de apelación la Defensa del acusado Alberto, que alega, como motivos de impugnación, los siguientes:

En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales con vulneración del derecho a un juicio justo con todas las garantías ( artículo 846 Bis-C), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), que se habría producido al no admitir la práctica de una prueba fundamental para la defensa del acusado apelante, concretamente la incorporación de un informe forense en el que se determina que el acusado tiene una imputabilidad disminuida en unos hechos cercanos en el tiempo a los que son objeto del presente enjuiciamiento, basándose para ello en el historial psiquiátrico del mismo. Al no admitir dicha prueba, ni las Sres. Médicas forenses ni el Psiquiatra Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León, que emitieron sendos informes sobre el estado mental del acusado en el presente procedimiento, pudieron tener en cuenta ese dato, causando indefensión a la parte ahora apelante, en cuanto se le ha limitado su actividad probatoria dirigida a acreditar una afectación en la imputabilidad del mismo.

En segundo lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia por carecer de base razonable la condena ( artículo 846 Bis-C), apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), por cuanto la Defensa del acusado ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" acerca de la hipótesis de concurrencia en el mismo de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concreto una eximente completa o incompleta, o una atenuante, de anomalía o alteración psíquica, de alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, de grave adicción a bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, o de arrebato, obcecación, u otro estado pasional semejante ( artículos 20.1 º y 3 º, y 21.1 ª, 2 ª y 3ª, del Código Penal ). Y ello genera una duda razonable acerca de la plena imputabilidad del acusado, duda que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial más reciente y en aplicación del principio "in dubio pro reo" como regla de decisión, provoca que deba optarse por la hipótesis más favorable al acusado, debiéndose, por tanto, aplicar las circunstancias modificativas de su responsabilidad penal que han quedado indicadas.

Por todo ello, por la parte apelante se solicita que, estimando el recurso de apelación, se dicte sentencia estimatoria del mismo con todo lo restante que resulte procedente en Justicia.

Este es textualmente el suplico del escrito de recurso, sin que, en momento alguno, se especifique ni concrete cuáles son las pretensiones impugnatorias. Ciertamente, la estimación del primero de los motivos de impugnación enarbolados en el recurso exigiría que se declarase la nulidad de la sentencia recurrida, y del juicio, pero ello en momento alguno se solicita ni se pide. Y, en cuanto a la estimación del segundo de los motivos de impugnación, tampoco se concreta cuál sería la necesaria consecuencia, que pasaría por aplicar al acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas, bien la eximente completa, bien la incompleta, bien alguna de las atenuantes ya mencionadas.

Aun con los referidos defectos en la redacción del escrito de impugnación, examinaremos por orden los motivos expuestos, comenzando por el de índole constitucional o procesal, y siguiendo después por el de índole fáctica.

SEGUNDO.-MOTIVO REFERENTE AL QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN .-

Como hemos dicho, en el escrito de apelación, la Defensa del acusado hace referencia en primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 Bis C), letra a), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al supuesto quebrantamiento de normas o garantías procesales o de la sentencia, causantes de indefensión, consistente en haber privado a dicha parte de una prueba, en su opinión, fundamental para su defensa, como lo es un informe forense que determinaba su imputabilidad disminuida en unos hechos muy cercanos en el tiempo a los que son enjuiciados en este procedimiento. Se alega que dicho informe se pretendió aportar a la causa en cuanto se tuvo conocimiento de él, y se pretendía con su aportación que su contenido fuera tenido en cuenta por el perito judicial, Doctor Luis Antonio, que estaba elaborando un informe sobre el estado mental del acusado. Al denegarse su aportación a la causa por parte del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, se habría causado grave indefensión, al limitar la actividad probatoria de la parte acusada dirigida a acreditar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente la eximente, completa o incompleta, y/o atenuantes ya referidas.

En efecto, la referida aportación del informe forense aludido fue proveída por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, a medio de providencia de fecha 13 de febrero de 2025, en el que se acordó devolverlo a la parte que lo presentaba visto que se refería a otras actuaciones y que, en la presente causa, ya constaba informe forense sobre el estado mental del acusado y que se estaba a la espera de la práctica de otro informe psiquiátrico acordado a petición de la Defensa (y que elaboraba el Doctor Luis Antonio, Psiquiatra Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León). Pese a ser recurrida en súplica dicha decisión, la misma fue confirmada en auto posterior en el que se razona que la diligencia probatoria denegada es impertinente en relación con los hechos que son objeto del juicio (pues la misma vino determinada en relación con unos hechos distintos y posteriores) y además es irrelevante en cuanto a la trascendencia que pueda tener en el citado juicio ( a la vista de que se han practicado o estaban pendientes de realización informes periciales suficientes sobre el estado mental del acusado en relación con los hechos que son objeto del procedimiento).

No podemos sino compartir y confirmar plenamente lo razonado por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado.

Aunque es cierto que el derecho a la práctica de las pruebas necesarias para llevar a cabo la defensa forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución ), no es un derecho absoluto, y en la propia Constitución se dice que ese derecho se circunscribe a las pruebas "pertinentes" y lícitas.

En el recurso de apelación, la Defensa del acusado insiste en que la denegación de la prueba propuesta, que consistía en la aportación del mencionado informe sobre la imputabilidad del mismo en otra causa penal distinta, le produjo indefensión, pero entendemos que no se ha producido en absoluto tal situación, puesto que, como ya se ha dicho, en esta causa obraba ya un informe médico-forense (emitido por dos facultativas forenses) sobre el estado mental del acusado, y además, a petición de su Defensa, se estaba confeccionando otro informe sobre dicho estado mental por parte de un Psiquiatra, Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del León. De tal manera que la información que pudiera aportar el informe forense emitido en un proceso penal distinto, motivado por hechos diferentes y posteriores a los que eran objeto del presente procedimiento, resultaba no solo irrelevante sino, fundamentalmente, innecesaria a la vista de la que podían proporcionar otros informes periciales ya obrantes en la causa, o en trance de ser aportados, y elaborados además teniendo en cuenta precisamente los hechos objeto de enjuiciamiento y las imputaciones concretas efectuadas al acusado.

Si a todo ello, añadimos que el apelante en momento alguno concreta los efectos que se derivarían del éxito de su pretensión impugnatoria, ni solicita las anulaciones consiguientes, el motivo invocado ha de ser desestimado, por no apreciarse infracción de garantía constitucional o legal que haya causado efectiva indefensión al acusado.

TERCERO.-MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO", Y ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, EN RELACIÓN CON LA IMPUTABILIDAD DEL ACUSADO.-

I.- Procedemos a continuación a examinar el motivo de impugnación referente a la infracción del principio de presunción de inocencia y a error en la valoración de la prueba, y que, con independencia de como venga titulado o expresado en el escrito de recurso, tiene un único fundamento posible en el artículo 846 Bis-C), apartado e), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando dice que será motivo de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, entre otros, "que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta".

Ahora bien, en el presente caso, con la alegación del referido motivo de impugnación no se está combatiendo el presupuesto fáctico de la autoría por parte del acusado respecto de los graves hechos que son objeto de enjuiciamiento (la muerte de su madre en las circunstancias descritas en el relato de hechos probados), sino que lo que es objeto de impugnación es el presupuesto fáctico relativo a la imputabilidad del acusado en tales hechos. Así, en el recurso lo que la Defensa del acusado expone es que ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" de la hipótesis que sostiene acerca de la concurrencia en el acusado de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción y arrebato u obcecación, base de la eximente completa o incompleta, y/o de la atenuante alegadas), y que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial emanada de la STS 291/2024, de 21 de Marzo , la presunción de inocencia impide condenar cuando existe una duda razonable sobre un hecho relevante, lo que incluye las circunstancias modificativas relativas a la imputabilidad, actuando el principio "in dubio pro reo" como regla de decisión que obliga a optar por la hipótesis más favorable al acusado en caso de incertidumbre, que en este caso sería, por tanto, en favor de la aplicación de las circunstancias alegadas.

Para llegar a esa "suficiente plausibilidad fáctica", en el recurso se destacan determinadas pruebas, como son, de una parte, la historia médico-psiquiátrica del acusado; de otra, el informe médico-forense y el del Doctor Luis Antonio; e igualmente los informes de salud mental de los centros penitenciarios donde ha estado ingresado el acusado; las declaraciones de los testigos ( Modesta, Filomena, Paula y Felicisima) que declararon que el acusado tenía problemas psiquiátricos; y finalmente el certificado de minusvalía conforme al cual el acusado tiene reconocida una minusvalía del 49%, debido a sus problemas de salud mental.

II.- En cuanto se refiere a la revisión de la valoración probatoria por medio del presente recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, ha de tenerse en cuenta que, como ha manifestado la STS de 21 de abril de 2.014 , el recurso de apelación que regula el artículo 846 bis C) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un medio de impugnación que poco tiene que ver con un recurso ordinario de apelación, puesto que presenta una naturaleza y un alcance tan restringido que ha sido equiparado a una casación, al compartir ambos una naturaleza extraordinaria, siendo claro que el control de la supervisión de la valoración de la prueba que se asigna al Tribunal Superior de Justicia no es superior al que se le atribuye a un Tribunal de Casación.

Puede afirmarse que, en el ámbito del Tribunal del Jurado, el ataque a la valoración de la prueba es colateral, pues el veredicto es, en términos generales, inimpugnable y solo cabe alegar vulneración de la presunción de inocencia atacando la estructura argumental por ilógica o contraria a los principios de experiencia o científicos, sin que sea posible impugnar cuestiones que dependen de la oralidad y la inmediación. El recurso de apelación puede orientarse a discutir la existencia de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero en los términos del artículo 846 bis.C), letra e) ("porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta)",lo que significa que no se trata de valorar de nuevo las pruebas sino de verificar la existencia de base razonable en la condena. Es, por tanto, la racionalidad de la valoración de la prueba, la racionalidad del proceso valorativo en otras palabras, lo que compete al tribunal de apelación ( STS de 17 de Mayo de 2.013 ), que se excedería en sus funciones cuando pretenda realizar una función valorativa de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, vulnerándose así el derecho a un proceso con todas las garantías ( STS de 9 de octubre de 2.014 ).

No es misión, por tanto, del órgano de apelación en este procedimiento ante el Tribunal del Jurado verificar una nueva y completa valoración probatoria, sino si, y solo si, la valoración alcanzada por el tribunal colma los requisitos o exigencias de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, sin que sea posible sustituir aquella ponderada valoración por otra, de carácter alternativo, que también pudiera colmar aquellos parámetros, pues el decantarse por una u otra alternativa, más allá de la duda razonable, es cuestión que única y exclusivamente compete al tribunal soberano para la valoración de la prueba, aquel que ha gozado de la inmediación requerida. Y la irracionalidad del proceso de valoración aparece cuando el criterio acogido es incompatible con incuestionables datos objetivos, pero no cuando esa pretendida objetividad no deriva sino de un proceso valorativo con resultado diferente, de forma que lo realmente pretendido por la Defensa no es más que la sustitución de un criterio valorativo o interpretativo, el acogido en la sentencia recurrida, por el que "de propio" se ofrece.

Estamos, en definitiva, ante una apelación en la que el órgano de apelación puede revisar el juicio de Derecho, en principio, sin restricción alguna, y el juicio de hecho en lo tocante al error en la valoración de la prueba considerada en su mayor amplitud, lo que comprende: el error patente, quiebra lógica o irracionalidad en la ponderación o motivación fáctica del acervo probatorio o del juicio de inferencia, o inexistencia o insuficiencia de tal motivación, sin olvidar el "error facti", en el sentido casacional del término ( artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , "...basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios"),puesto que reiterada es la doctrina del Tribunal Supremo favorable a aplicar tal motivo casacional en la apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado, para así evitar la paradójica contradicción que se derivaría de su no admisión, la de que el Tribunal de Apelación (inferior) tuviera menor conocimiento de la causa que el superior a él que conoce finalmente del recurso de casación.

III.- Por otro lado, es verdad que, en el ámbito de las circunstancias eximentes y atenuantes, resulta de aplicación el principio "in dubio pro reo", citando al efecto la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, reflejada en la STS nº 291/2024, de 21 de marzo , que confirma una línea, ya abierta por otros pronunciamientos anteriores, y que consiste en matizar e incluso superar la tesis tradicional de que las circunstancias eximentes o atenuantes, más bien su sustrato fáctico, deban estar plenamente probadas como el hecho mismo constitutivo de la infracción penal. A este respecto, dicha sentencia del alto tribunal señala que "...no se puede imponer una pena cuando el tribunal, a la luz de los resultados de la prueba practicada, tenga dudas razonables de que la persona no merece ser castigada porque resulta plausible, por razonable, que concurra una causa de inimputabilidad.... con igual razón, no se puede castigar con la pena prevista en el tipo cuando es plausible que la persona acusada merece, por ser parcialmente inimputable, menos pena ... y, ante un resultado probatorio de clara incertidumbre sobre si la persona acusada es inimputable o semiinimputable, no es asumible que la duda pueda despejarse metodológicamente «in malam partem», declarando probada la semiinimputabilidad porque no se haya probado plenamente la inimputabilidad. En este supuesto, la duda sobre que la persona acusada carece de capacidad de culpabilidad seguiría subsistiendo, afectando, nada más y nada menos, a uno de los elementos constitutivos del delito".

Y llega el Tribunal Supremo en dicha sentencia a invocar el artículo 54.3 "in fine " LOTJ , fijando la obligación del Magistrado-Presidente de informar a los miembros del Jurado de "que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado".

Concluye la sentencia referida que "Es obvio que este mandato epistémico-decisional al Jurado, nutrido del valor axiológico que le presta el artículo 24.2 CE , impone un pronunciamiento sobre los hechos que se traduce en declarar probados los favorables, aunque no pueda afirmarse la plena prueba de su concurrencia. Y ello porque, como afirmábamos, la alternativa resulta constitucionalmente inasumible: optar por la hipótesis perjudicial aun subsistiendo la duda razonable de que pudiera considerarse concurrente la hipótesis defensiva favorable."

Esta línea interpretativa jurisprudencial ha venido confirmada en las más recientes SSTS nº 433/2024, de 20 de mayo , y nº 370/2025, de 11 de abril .

IV.- Sin embargo, no puede olvidarse que, en el caso que nos ocupa, el Jurado ha rechazado declarar probados los hechos favorables en que la Defensa del acusado basaba sus pretensiones de exención o atenuación de la responsabilidad criminal y ello sin que los miembros se planteasen dudas al respecto, puesto que los pronunciamientos se adoptan por unanimidad de los Jurados (salvo en un caso, que se adopta por amplia mayoría de 7 contra 2), de modo que la indicada regla de juicio (o "mandato epistémico-decisional" como la denomina el Tribunal Supremo) tiene como destinatario al Jurado, órgano único competente para determinar qué hechos quedan probados y no probados, de manera que la invocación al principio "in dubio pro reo" resultaría inútil ante el Magistrado Presidente y, mucho menos, ante esta Sala de Apelación.

Así, en concreto, tal y como consta en el acta de votación, el Jurado declaró no probados los hechos alegados por la Defensa del acusado que podían determinar la concurrencia de circunstancias de exención total de la responsabilidad penal (eximentes de alteración o anomalía psíquica y por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia), o determinar la disminución de dicha responsabilidad (eximente incompleta de alteración o anomalía psíquica y por sufrir las referidas alteraciones en la percepción, o bien intoxicación por el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, atenuante analógica correspondiente, y atenuante de arrebato u obcecación). Tales hechos, calificados como favorables al acusado, aparecen detallados en los apartados VI, VII y VIII del objeto del veredicto sometido al Jurado.

Por otra parte, en la motivación del veredicto (como consta en apartado 4ª del acta de votación correspondiente), el Jurado declara que los elementos de convicción a que ha atendido, para hacer tal pronunciamiento de declarar no probados los referidos hechos favorables al acusado, son, por una parte, la prueba pericial forense de las dos Médicos Forenses y, por otra, el informe pericial del Psiquiatra Doctor Luis Antonio, así como, en tercer lugar, las declaraciones de los agentes policiales que detuvieron al acusado y en el que apreciaron un estado completamente normal, tranquilo y en momento alguno alterado, no hallando en su domicilio rastro alguno de drogas o alcohol. A la vista de tales pruebas, el Jurado concluye, de una forma lógica, racional y suficientemente motivada, que el acusado no tenía afectadas, ni limitadas sus facultades cognoscitivas y volitivas, al cometer los graves hechos imputados y declarados probados (esencialmente que causó la muerte dolosa y cruel de su madre).

En el primero de dichos informes, suscrito por las Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, Adela y Estibaliz, se concluye: 1º Que el acusado Alberto según la documentación aportada, ha sido diagnosticado a lo largo de su vida de TDAH en el contexto de una capacidad intelectual en valores normales, Trastorno del Aprendizaje NE, Problemas en relación al grupo primario de apoyo, Trastorno Disocial y Consumo de tóxicos. 2º Que en el momento de la entrevista no presentaba alteración psicopatológica alguna que suponga la alteración de su capacidad de juicio y elaboración de ideas. 3º Que no constan datos médicos objetivos que supongan la presencia de clínica o descompensación psicopatológica alguna en el momento de los hechos denunciados. 4º Que teniendo en cuenta todo ello, desde un punto de vista Médico Forense, no existen elementos de juicio que permitan afirmar de un modo mínimamente científico que en el momento de ocurrir los hechos imputados, el informado tuviera una patología o un estado mental alterado que influyera en las capacidades cognitivas ni volitivas.

En el segundo de dichos informes, se concluye igualmente que el acusado no presenta síntomas de enfermedad mental endógena que pudiera alterar de forma crónica su juicio de realidad, y que no es posible identificar si su juicio de realidad se encontraba alterado, el día en que ocurrieron los hechos, por el efecto del consumo de tóxicos. Tampoco se puede saber si los vacíos de memoria que el acusado ha referido en cuanto al día de los hechos son de origen tóxico o meramente voluntarios, constatando además que el acusado ha presentado un patrón de rechazo a las prescripciones facultativas durante toda su evolución clínica, negándose a abandonar el consumo de tóxicos, lo que, evidentemente, es una elección voluntaria.

En consecuencia, el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, vinculado indefectiblemente por el contenido del veredicto en los términos indicados, rechaza en la sentencia reconocer en el acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que había invocado su Defensa.

V.- En conclusión, el Jurado, soberano a la hora de valorar las pruebas practicadas, y basándose para ello en las de índole personal, tales como las periciales y testifical ya mencionadas, ha llegado a la conclusión de que no puede apreciarse en el acusado ninguna alteración en su plena imputabilidad. Y ello sin expresar duda alguna al respecto que, de haber existido, habría conducido a un resultado o conclusión diferente.

Carece, por tanto, de toda base la pretensión de que este tribunal de apelación pueda, excediendo de sus facultades, llegar a otra conclusión distinta, la de que, habiendo dudas acerca de la concurrencia o no de circunstancias que pudieran anular o atenuar la plena imputabilidad del acusado, proceda optar por la tesis más favorable al mismo, sin que, como hemos dicho, ni en el propio recurso de apelación se exprese o concrete qué tesis debería ser ésta.

Debe respetarse la valoración del Jurado que no es arbitraria, ilógica o contraria a las máximas de experiencia, sino que se basa en pruebas suficientes y válidas, no apreciándose tampoco ningún error fáctico evidente.

El motivo, en consecuencia, debe ser totalmente desestimado.

CUARTO.-COSTAS.

Pese a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, entendemos que no hay méritos para imponer las costas de esta segunda instancia al apelante, puesto que el mismo no ha actuado ni con mala fe ni con temeridad, limitándose a ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a una sentencia condenatoria.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN.

I.- Es objeto de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia, de fecha 3 de Noviembre de 2.025 , dictada por el Tribunal del Jurado, constituido en la Audiencia Provincial de LEÓN (Sección 3ª), en la que se condena a Alberto, como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139.1.1 ª y 2ª del Código Penal , concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 23 años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena; y, como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; e igualmente, se le condena, en el ámbito de la responsabilidad civil, a que indemnice a Modesta en la cantidad de 5.000 Euros, con sus intereses, imponiendo igualmente a la referido acusado el pago de las costas del juicio, incluidas las de la Acusación particular.

II.- Contra la indicada sentencia condenatoria interpone recurso de apelación la Defensa del acusado Alberto, que alega, como motivos de impugnación, los siguientes:

En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales con vulneración del derecho a un juicio justo con todas las garantías ( artículo 846 Bis-C), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), que se habría producido al no admitir la práctica de una prueba fundamental para la defensa del acusado apelante, concretamente la incorporación de un informe forense en el que se determina que el acusado tiene una imputabilidad disminuida en unos hechos cercanos en el tiempo a los que son objeto del presente enjuiciamiento, basándose para ello en el historial psiquiátrico del mismo. Al no admitir dicha prueba, ni las Sres. Médicas forenses ni el Psiquiatra Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León, que emitieron sendos informes sobre el estado mental del acusado en el presente procedimiento, pudieron tener en cuenta ese dato, causando indefensión a la parte ahora apelante, en cuanto se le ha limitado su actividad probatoria dirigida a acreditar una afectación en la imputabilidad del mismo.

En segundo lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia por carecer de base razonable la condena ( artículo 846 Bis-C), apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), por cuanto la Defensa del acusado ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" acerca de la hipótesis de concurrencia en el mismo de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concreto una eximente completa o incompleta, o una atenuante, de anomalía o alteración psíquica, de alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, de grave adicción a bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, o de arrebato, obcecación, u otro estado pasional semejante ( artículos 20.1 º y 3 º, y 21.1 ª, 2 ª y 3ª, del Código Penal ). Y ello genera una duda razonable acerca de la plena imputabilidad del acusado, duda que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial más reciente y en aplicación del principio "in dubio pro reo" como regla de decisión, provoca que deba optarse por la hipótesis más favorable al acusado, debiéndose, por tanto, aplicar las circunstancias modificativas de su responsabilidad penal que han quedado indicadas.

Por todo ello, por la parte apelante se solicita que, estimando el recurso de apelación, se dicte sentencia estimatoria del mismo con todo lo restante que resulte procedente en Justicia.

Este es textualmente el suplico del escrito de recurso, sin que, en momento alguno, se especifique ni concrete cuáles son las pretensiones impugnatorias. Ciertamente, la estimación del primero de los motivos de impugnación enarbolados en el recurso exigiría que se declarase la nulidad de la sentencia recurrida, y del juicio, pero ello en momento alguno se solicita ni se pide. Y, en cuanto a la estimación del segundo de los motivos de impugnación, tampoco se concreta cuál sería la necesaria consecuencia, que pasaría por aplicar al acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas, bien la eximente completa, bien la incompleta, bien alguna de las atenuantes ya mencionadas.

Aun con los referidos defectos en la redacción del escrito de impugnación, examinaremos por orden los motivos expuestos, comenzando por el de índole constitucional o procesal, y siguiendo después por el de índole fáctica.

SEGUNDO.-MOTIVO REFERENTE AL QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN .-

Como hemos dicho, en el escrito de apelación, la Defensa del acusado hace referencia en primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 Bis C), letra a), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al supuesto quebrantamiento de normas o garantías procesales o de la sentencia, causantes de indefensión, consistente en haber privado a dicha parte de una prueba, en su opinión, fundamental para su defensa, como lo es un informe forense que determinaba su imputabilidad disminuida en unos hechos muy cercanos en el tiempo a los que son enjuiciados en este procedimiento. Se alega que dicho informe se pretendió aportar a la causa en cuanto se tuvo conocimiento de él, y se pretendía con su aportación que su contenido fuera tenido en cuenta por el perito judicial, Doctor Luis Antonio, que estaba elaborando un informe sobre el estado mental del acusado. Al denegarse su aportación a la causa por parte del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, se habría causado grave indefensión, al limitar la actividad probatoria de la parte acusada dirigida a acreditar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente la eximente, completa o incompleta, y/o atenuantes ya referidas.

En efecto, la referida aportación del informe forense aludido fue proveída por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, a medio de providencia de fecha 13 de febrero de 2025, en el que se acordó devolverlo a la parte que lo presentaba visto que se refería a otras actuaciones y que, en la presente causa, ya constaba informe forense sobre el estado mental del acusado y que se estaba a la espera de la práctica de otro informe psiquiátrico acordado a petición de la Defensa (y que elaboraba el Doctor Luis Antonio, Psiquiatra Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León). Pese a ser recurrida en súplica dicha decisión, la misma fue confirmada en auto posterior en el que se razona que la diligencia probatoria denegada es impertinente en relación con los hechos que son objeto del juicio (pues la misma vino determinada en relación con unos hechos distintos y posteriores) y además es irrelevante en cuanto a la trascendencia que pueda tener en el citado juicio ( a la vista de que se han practicado o estaban pendientes de realización informes periciales suficientes sobre el estado mental del acusado en relación con los hechos que son objeto del procedimiento).

No podemos sino compartir y confirmar plenamente lo razonado por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado.

Aunque es cierto que el derecho a la práctica de las pruebas necesarias para llevar a cabo la defensa forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución ), no es un derecho absoluto, y en la propia Constitución se dice que ese derecho se circunscribe a las pruebas "pertinentes" y lícitas.

En el recurso de apelación, la Defensa del acusado insiste en que la denegación de la prueba propuesta, que consistía en la aportación del mencionado informe sobre la imputabilidad del mismo en otra causa penal distinta, le produjo indefensión, pero entendemos que no se ha producido en absoluto tal situación, puesto que, como ya se ha dicho, en esta causa obraba ya un informe médico-forense (emitido por dos facultativas forenses) sobre el estado mental del acusado, y además, a petición de su Defensa, se estaba confeccionando otro informe sobre dicho estado mental por parte de un Psiquiatra, Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del León. De tal manera que la información que pudiera aportar el informe forense emitido en un proceso penal distinto, motivado por hechos diferentes y posteriores a los que eran objeto del presente procedimiento, resultaba no solo irrelevante sino, fundamentalmente, innecesaria a la vista de la que podían proporcionar otros informes periciales ya obrantes en la causa, o en trance de ser aportados, y elaborados además teniendo en cuenta precisamente los hechos objeto de enjuiciamiento y las imputaciones concretas efectuadas al acusado.

Si a todo ello, añadimos que el apelante en momento alguno concreta los efectos que se derivarían del éxito de su pretensión impugnatoria, ni solicita las anulaciones consiguientes, el motivo invocado ha de ser desestimado, por no apreciarse infracción de garantía constitucional o legal que haya causado efectiva indefensión al acusado.

TERCERO.-MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO", Y ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, EN RELACIÓN CON LA IMPUTABILIDAD DEL ACUSADO.-

I.- Procedemos a continuación a examinar el motivo de impugnación referente a la infracción del principio de presunción de inocencia y a error en la valoración de la prueba, y que, con independencia de como venga titulado o expresado en el escrito de recurso, tiene un único fundamento posible en el artículo 846 Bis-C), apartado e), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando dice que será motivo de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, entre otros, "que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta".

Ahora bien, en el presente caso, con la alegación del referido motivo de impugnación no se está combatiendo el presupuesto fáctico de la autoría por parte del acusado respecto de los graves hechos que son objeto de enjuiciamiento (la muerte de su madre en las circunstancias descritas en el relato de hechos probados), sino que lo que es objeto de impugnación es el presupuesto fáctico relativo a la imputabilidad del acusado en tales hechos. Así, en el recurso lo que la Defensa del acusado expone es que ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" de la hipótesis que sostiene acerca de la concurrencia en el acusado de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción y arrebato u obcecación, base de la eximente completa o incompleta, y/o de la atenuante alegadas), y que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial emanada de la STS 291/2024, de 21 de Marzo , la presunción de inocencia impide condenar cuando existe una duda razonable sobre un hecho relevante, lo que incluye las circunstancias modificativas relativas a la imputabilidad, actuando el principio "in dubio pro reo" como regla de decisión que obliga a optar por la hipótesis más favorable al acusado en caso de incertidumbre, que en este caso sería, por tanto, en favor de la aplicación de las circunstancias alegadas.

Para llegar a esa "suficiente plausibilidad fáctica", en el recurso se destacan determinadas pruebas, como son, de una parte, la historia médico-psiquiátrica del acusado; de otra, el informe médico-forense y el del Doctor Luis Antonio; e igualmente los informes de salud mental de los centros penitenciarios donde ha estado ingresado el acusado; las declaraciones de los testigos ( Modesta, Filomena, Paula y Felicisima) que declararon que el acusado tenía problemas psiquiátricos; y finalmente el certificado de minusvalía conforme al cual el acusado tiene reconocida una minusvalía del 49%, debido a sus problemas de salud mental.

II.- En cuanto se refiere a la revisión de la valoración probatoria por medio del presente recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, ha de tenerse en cuenta que, como ha manifestado la STS de 21 de abril de 2.014 , el recurso de apelación que regula el artículo 846 bis C) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un medio de impugnación que poco tiene que ver con un recurso ordinario de apelación, puesto que presenta una naturaleza y un alcance tan restringido que ha sido equiparado a una casación, al compartir ambos una naturaleza extraordinaria, siendo claro que el control de la supervisión de la valoración de la prueba que se asigna al Tribunal Superior de Justicia no es superior al que se le atribuye a un Tribunal de Casación.

Puede afirmarse que, en el ámbito del Tribunal del Jurado, el ataque a la valoración de la prueba es colateral, pues el veredicto es, en términos generales, inimpugnable y solo cabe alegar vulneración de la presunción de inocencia atacando la estructura argumental por ilógica o contraria a los principios de experiencia o científicos, sin que sea posible impugnar cuestiones que dependen de la oralidad y la inmediación. El recurso de apelación puede orientarse a discutir la existencia de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero en los términos del artículo 846 bis.C), letra e) ("porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta)",lo que significa que no se trata de valorar de nuevo las pruebas sino de verificar la existencia de base razonable en la condena. Es, por tanto, la racionalidad de la valoración de la prueba, la racionalidad del proceso valorativo en otras palabras, lo que compete al tribunal de apelación ( STS de 17 de Mayo de 2.013 ), que se excedería en sus funciones cuando pretenda realizar una función valorativa de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, vulnerándose así el derecho a un proceso con todas las garantías ( STS de 9 de octubre de 2.014 ).

No es misión, por tanto, del órgano de apelación en este procedimiento ante el Tribunal del Jurado verificar una nueva y completa valoración probatoria, sino si, y solo si, la valoración alcanzada por el tribunal colma los requisitos o exigencias de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, sin que sea posible sustituir aquella ponderada valoración por otra, de carácter alternativo, que también pudiera colmar aquellos parámetros, pues el decantarse por una u otra alternativa, más allá de la duda razonable, es cuestión que única y exclusivamente compete al tribunal soberano para la valoración de la prueba, aquel que ha gozado de la inmediación requerida. Y la irracionalidad del proceso de valoración aparece cuando el criterio acogido es incompatible con incuestionables datos objetivos, pero no cuando esa pretendida objetividad no deriva sino de un proceso valorativo con resultado diferente, de forma que lo realmente pretendido por la Defensa no es más que la sustitución de un criterio valorativo o interpretativo, el acogido en la sentencia recurrida, por el que "de propio" se ofrece.

Estamos, en definitiva, ante una apelación en la que el órgano de apelación puede revisar el juicio de Derecho, en principio, sin restricción alguna, y el juicio de hecho en lo tocante al error en la valoración de la prueba considerada en su mayor amplitud, lo que comprende: el error patente, quiebra lógica o irracionalidad en la ponderación o motivación fáctica del acervo probatorio o del juicio de inferencia, o inexistencia o insuficiencia de tal motivación, sin olvidar el "error facti", en el sentido casacional del término ( artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , "...basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios"),puesto que reiterada es la doctrina del Tribunal Supremo favorable a aplicar tal motivo casacional en la apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado, para así evitar la paradójica contradicción que se derivaría de su no admisión, la de que el Tribunal de Apelación (inferior) tuviera menor conocimiento de la causa que el superior a él que conoce finalmente del recurso de casación.

III.- Por otro lado, es verdad que, en el ámbito de las circunstancias eximentes y atenuantes, resulta de aplicación el principio "in dubio pro reo", citando al efecto la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, reflejada en la STS nº 291/2024, de 21 de marzo , que confirma una línea, ya abierta por otros pronunciamientos anteriores, y que consiste en matizar e incluso superar la tesis tradicional de que las circunstancias eximentes o atenuantes, más bien su sustrato fáctico, deban estar plenamente probadas como el hecho mismo constitutivo de la infracción penal. A este respecto, dicha sentencia del alto tribunal señala que "...no se puede imponer una pena cuando el tribunal, a la luz de los resultados de la prueba practicada, tenga dudas razonables de que la persona no merece ser castigada porque resulta plausible, por razonable, que concurra una causa de inimputabilidad.... con igual razón, no se puede castigar con la pena prevista en el tipo cuando es plausible que la persona acusada merece, por ser parcialmente inimputable, menos pena ... y, ante un resultado probatorio de clara incertidumbre sobre si la persona acusada es inimputable o semiinimputable, no es asumible que la duda pueda despejarse metodológicamente «in malam partem», declarando probada la semiinimputabilidad porque no se haya probado plenamente la inimputabilidad. En este supuesto, la duda sobre que la persona acusada carece de capacidad de culpabilidad seguiría subsistiendo, afectando, nada más y nada menos, a uno de los elementos constitutivos del delito".

Y llega el Tribunal Supremo en dicha sentencia a invocar el artículo 54.3 "in fine " LOTJ , fijando la obligación del Magistrado-Presidente de informar a los miembros del Jurado de "que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado".

Concluye la sentencia referida que "Es obvio que este mandato epistémico-decisional al Jurado, nutrido del valor axiológico que le presta el artículo 24.2 CE , impone un pronunciamiento sobre los hechos que se traduce en declarar probados los favorables, aunque no pueda afirmarse la plena prueba de su concurrencia. Y ello porque, como afirmábamos, la alternativa resulta constitucionalmente inasumible: optar por la hipótesis perjudicial aun subsistiendo la duda razonable de que pudiera considerarse concurrente la hipótesis defensiva favorable."

Esta línea interpretativa jurisprudencial ha venido confirmada en las más recientes SSTS nº 433/2024, de 20 de mayo , y nº 370/2025, de 11 de abril .

IV.- Sin embargo, no puede olvidarse que, en el caso que nos ocupa, el Jurado ha rechazado declarar probados los hechos favorables en que la Defensa del acusado basaba sus pretensiones de exención o atenuación de la responsabilidad criminal y ello sin que los miembros se planteasen dudas al respecto, puesto que los pronunciamientos se adoptan por unanimidad de los Jurados (salvo en un caso, que se adopta por amplia mayoría de 7 contra 2), de modo que la indicada regla de juicio (o "mandato epistémico-decisional" como la denomina el Tribunal Supremo) tiene como destinatario al Jurado, órgano único competente para determinar qué hechos quedan probados y no probados, de manera que la invocación al principio "in dubio pro reo" resultaría inútil ante el Magistrado Presidente y, mucho menos, ante esta Sala de Apelación.

Así, en concreto, tal y como consta en el acta de votación, el Jurado declaró no probados los hechos alegados por la Defensa del acusado que podían determinar la concurrencia de circunstancias de exención total de la responsabilidad penal (eximentes de alteración o anomalía psíquica y por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia), o determinar la disminución de dicha responsabilidad (eximente incompleta de alteración o anomalía psíquica y por sufrir las referidas alteraciones en la percepción, o bien intoxicación por el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, atenuante analógica correspondiente, y atenuante de arrebato u obcecación). Tales hechos, calificados como favorables al acusado, aparecen detallados en los apartados VI, VII y VIII del objeto del veredicto sometido al Jurado.

Por otra parte, en la motivación del veredicto (como consta en apartado 4ª del acta de votación correspondiente), el Jurado declara que los elementos de convicción a que ha atendido, para hacer tal pronunciamiento de declarar no probados los referidos hechos favorables al acusado, son, por una parte, la prueba pericial forense de las dos Médicos Forenses y, por otra, el informe pericial del Psiquiatra Doctor Luis Antonio, así como, en tercer lugar, las declaraciones de los agentes policiales que detuvieron al acusado y en el que apreciaron un estado completamente normal, tranquilo y en momento alguno alterado, no hallando en su domicilio rastro alguno de drogas o alcohol. A la vista de tales pruebas, el Jurado concluye, de una forma lógica, racional y suficientemente motivada, que el acusado no tenía afectadas, ni limitadas sus facultades cognoscitivas y volitivas, al cometer los graves hechos imputados y declarados probados (esencialmente que causó la muerte dolosa y cruel de su madre).

En el primero de dichos informes, suscrito por las Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, Adela y Estibaliz, se concluye: 1º Que el acusado Alberto según la documentación aportada, ha sido diagnosticado a lo largo de su vida de TDAH en el contexto de una capacidad intelectual en valores normales, Trastorno del Aprendizaje NE, Problemas en relación al grupo primario de apoyo, Trastorno Disocial y Consumo de tóxicos. 2º Que en el momento de la entrevista no presentaba alteración psicopatológica alguna que suponga la alteración de su capacidad de juicio y elaboración de ideas. 3º Que no constan datos médicos objetivos que supongan la presencia de clínica o descompensación psicopatológica alguna en el momento de los hechos denunciados. 4º Que teniendo en cuenta todo ello, desde un punto de vista Médico Forense, no existen elementos de juicio que permitan afirmar de un modo mínimamente científico que en el momento de ocurrir los hechos imputados, el informado tuviera una patología o un estado mental alterado que influyera en las capacidades cognitivas ni volitivas.

En el segundo de dichos informes, se concluye igualmente que el acusado no presenta síntomas de enfermedad mental endógena que pudiera alterar de forma crónica su juicio de realidad, y que no es posible identificar si su juicio de realidad se encontraba alterado, el día en que ocurrieron los hechos, por el efecto del consumo de tóxicos. Tampoco se puede saber si los vacíos de memoria que el acusado ha referido en cuanto al día de los hechos son de origen tóxico o meramente voluntarios, constatando además que el acusado ha presentado un patrón de rechazo a las prescripciones facultativas durante toda su evolución clínica, negándose a abandonar el consumo de tóxicos, lo que, evidentemente, es una elección voluntaria.

En consecuencia, el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, vinculado indefectiblemente por el contenido del veredicto en los términos indicados, rechaza en la sentencia reconocer en el acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que había invocado su Defensa.

V.- En conclusión, el Jurado, soberano a la hora de valorar las pruebas practicadas, y basándose para ello en las de índole personal, tales como las periciales y testifical ya mencionadas, ha llegado a la conclusión de que no puede apreciarse en el acusado ninguna alteración en su plena imputabilidad. Y ello sin expresar duda alguna al respecto que, de haber existido, habría conducido a un resultado o conclusión diferente.

Carece, por tanto, de toda base la pretensión de que este tribunal de apelación pueda, excediendo de sus facultades, llegar a otra conclusión distinta, la de que, habiendo dudas acerca de la concurrencia o no de circunstancias que pudieran anular o atenuar la plena imputabilidad del acusado, proceda optar por la tesis más favorable al mismo, sin que, como hemos dicho, ni en el propio recurso de apelación se exprese o concrete qué tesis debería ser ésta.

Debe respetarse la valoración del Jurado que no es arbitraria, ilógica o contraria a las máximas de experiencia, sino que se basa en pruebas suficientes y válidas, no apreciándose tampoco ningún error fáctico evidente.

El motivo, en consecuencia, debe ser totalmente desestimado.

CUARTO.-COSTAS.

Pese a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, entendemos que no hay méritos para imponer las costas de esta segunda instancia al apelante, puesto que el mismo no ha actuado ni con mala fe ni con temeridad, limitándose a ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a una sentencia condenatoria.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN.

I.- Es objeto de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia, de fecha 3 de Noviembre de 2.025 , dictada por el Tribunal del Jurado, constituido en la Audiencia Provincial de LEÓN (Sección 3ª), en la que se condena a Alberto, como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139.1.1 ª y 2ª del Código Penal , concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 23 años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena; y, como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; e igualmente, se le condena, en el ámbito de la responsabilidad civil, a que indemnice a Modesta en la cantidad de 5.000 Euros, con sus intereses, imponiendo igualmente a la referido acusado el pago de las costas del juicio, incluidas las de la Acusación particular.

II.- Contra la indicada sentencia condenatoria interpone recurso de apelación la Defensa del acusado Alberto, que alega, como motivos de impugnación, los siguientes:

En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales con vulneración del derecho a un juicio justo con todas las garantías ( artículo 846 Bis-C), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), que se habría producido al no admitir la práctica de una prueba fundamental para la defensa del acusado apelante, concretamente la incorporación de un informe forense en el que se determina que el acusado tiene una imputabilidad disminuida en unos hechos cercanos en el tiempo a los que son objeto del presente enjuiciamiento, basándose para ello en el historial psiquiátrico del mismo. Al no admitir dicha prueba, ni las Sres. Médicas forenses ni el Psiquiatra Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León, que emitieron sendos informes sobre el estado mental del acusado en el presente procedimiento, pudieron tener en cuenta ese dato, causando indefensión a la parte ahora apelante, en cuanto se le ha limitado su actividad probatoria dirigida a acreditar una afectación en la imputabilidad del mismo.

En segundo lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia por carecer de base razonable la condena ( artículo 846 Bis-C), apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), por cuanto la Defensa del acusado ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" acerca de la hipótesis de concurrencia en el mismo de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concreto una eximente completa o incompleta, o una atenuante, de anomalía o alteración psíquica, de alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, de grave adicción a bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, o de arrebato, obcecación, u otro estado pasional semejante ( artículos 20.1 º y 3 º, y 21.1 ª, 2 ª y 3ª, del Código Penal ). Y ello genera una duda razonable acerca de la plena imputabilidad del acusado, duda que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial más reciente y en aplicación del principio "in dubio pro reo" como regla de decisión, provoca que deba optarse por la hipótesis más favorable al acusado, debiéndose, por tanto, aplicar las circunstancias modificativas de su responsabilidad penal que han quedado indicadas.

Por todo ello, por la parte apelante se solicita que, estimando el recurso de apelación, se dicte sentencia estimatoria del mismo con todo lo restante que resulte procedente en Justicia.

Este es textualmente el suplico del escrito de recurso, sin que, en momento alguno, se especifique ni concrete cuáles son las pretensiones impugnatorias. Ciertamente, la estimación del primero de los motivos de impugnación enarbolados en el recurso exigiría que se declarase la nulidad de la sentencia recurrida, y del juicio, pero ello en momento alguno se solicita ni se pide. Y, en cuanto a la estimación del segundo de los motivos de impugnación, tampoco se concreta cuál sería la necesaria consecuencia, que pasaría por aplicar al acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas, bien la eximente completa, bien la incompleta, bien alguna de las atenuantes ya mencionadas.

Aun con los referidos defectos en la redacción del escrito de impugnación, examinaremos por orden los motivos expuestos, comenzando por el de índole constitucional o procesal, y siguiendo después por el de índole fáctica.

SEGUNDO.-MOTIVO REFERENTE AL QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN .-

Como hemos dicho, en el escrito de apelación, la Defensa del acusado hace referencia en primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 Bis C), letra a), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al supuesto quebrantamiento de normas o garantías procesales o de la sentencia, causantes de indefensión, consistente en haber privado a dicha parte de una prueba, en su opinión, fundamental para su defensa, como lo es un informe forense que determinaba su imputabilidad disminuida en unos hechos muy cercanos en el tiempo a los que son enjuiciados en este procedimiento. Se alega que dicho informe se pretendió aportar a la causa en cuanto se tuvo conocimiento de él, y se pretendía con su aportación que su contenido fuera tenido en cuenta por el perito judicial, Doctor Luis Antonio, que estaba elaborando un informe sobre el estado mental del acusado. Al denegarse su aportación a la causa por parte del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, se habría causado grave indefensión, al limitar la actividad probatoria de la parte acusada dirigida a acreditar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente la eximente, completa o incompleta, y/o atenuantes ya referidas.

En efecto, la referida aportación del informe forense aludido fue proveída por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, a medio de providencia de fecha 13 de febrero de 2025, en el que se acordó devolverlo a la parte que lo presentaba visto que se refería a otras actuaciones y que, en la presente causa, ya constaba informe forense sobre el estado mental del acusado y que se estaba a la espera de la práctica de otro informe psiquiátrico acordado a petición de la Defensa (y que elaboraba el Doctor Luis Antonio, Psiquiatra Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León). Pese a ser recurrida en súplica dicha decisión, la misma fue confirmada en auto posterior en el que se razona que la diligencia probatoria denegada es impertinente en relación con los hechos que son objeto del juicio (pues la misma vino determinada en relación con unos hechos distintos y posteriores) y además es irrelevante en cuanto a la trascendencia que pueda tener en el citado juicio ( a la vista de que se han practicado o estaban pendientes de realización informes periciales suficientes sobre el estado mental del acusado en relación con los hechos que son objeto del procedimiento).

No podemos sino compartir y confirmar plenamente lo razonado por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado.

Aunque es cierto que el derecho a la práctica de las pruebas necesarias para llevar a cabo la defensa forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución ), no es un derecho absoluto, y en la propia Constitución se dice que ese derecho se circunscribe a las pruebas "pertinentes" y lícitas.

En el recurso de apelación, la Defensa del acusado insiste en que la denegación de la prueba propuesta, que consistía en la aportación del mencionado informe sobre la imputabilidad del mismo en otra causa penal distinta, le produjo indefensión, pero entendemos que no se ha producido en absoluto tal situación, puesto que, como ya se ha dicho, en esta causa obraba ya un informe médico-forense (emitido por dos facultativas forenses) sobre el estado mental del acusado, y además, a petición de su Defensa, se estaba confeccionando otro informe sobre dicho estado mental por parte de un Psiquiatra, Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del León. De tal manera que la información que pudiera aportar el informe forense emitido en un proceso penal distinto, motivado por hechos diferentes y posteriores a los que eran objeto del presente procedimiento, resultaba no solo irrelevante sino, fundamentalmente, innecesaria a la vista de la que podían proporcionar otros informes periciales ya obrantes en la causa, o en trance de ser aportados, y elaborados además teniendo en cuenta precisamente los hechos objeto de enjuiciamiento y las imputaciones concretas efectuadas al acusado.

Si a todo ello, añadimos que el apelante en momento alguno concreta los efectos que se derivarían del éxito de su pretensión impugnatoria, ni solicita las anulaciones consiguientes, el motivo invocado ha de ser desestimado, por no apreciarse infracción de garantía constitucional o legal que haya causado efectiva indefensión al acusado.

TERCERO.-MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO", Y ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, EN RELACIÓN CON LA IMPUTABILIDAD DEL ACUSADO.-

I.- Procedemos a continuación a examinar el motivo de impugnación referente a la infracción del principio de presunción de inocencia y a error en la valoración de la prueba, y que, con independencia de como venga titulado o expresado en el escrito de recurso, tiene un único fundamento posible en el artículo 846 Bis-C), apartado e), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando dice que será motivo de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, entre otros, "que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta".

Ahora bien, en el presente caso, con la alegación del referido motivo de impugnación no se está combatiendo el presupuesto fáctico de la autoría por parte del acusado respecto de los graves hechos que son objeto de enjuiciamiento (la muerte de su madre en las circunstancias descritas en el relato de hechos probados), sino que lo que es objeto de impugnación es el presupuesto fáctico relativo a la imputabilidad del acusado en tales hechos. Así, en el recurso lo que la Defensa del acusado expone es que ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" de la hipótesis que sostiene acerca de la concurrencia en el acusado de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción y arrebato u obcecación, base de la eximente completa o incompleta, y/o de la atenuante alegadas), y que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial emanada de la STS 291/2024, de 21 de Marzo , la presunción de inocencia impide condenar cuando existe una duda razonable sobre un hecho relevante, lo que incluye las circunstancias modificativas relativas a la imputabilidad, actuando el principio "in dubio pro reo" como regla de decisión que obliga a optar por la hipótesis más favorable al acusado en caso de incertidumbre, que en este caso sería, por tanto, en favor de la aplicación de las circunstancias alegadas.

Para llegar a esa "suficiente plausibilidad fáctica", en el recurso se destacan determinadas pruebas, como son, de una parte, la historia médico-psiquiátrica del acusado; de otra, el informe médico-forense y el del Doctor Luis Antonio; e igualmente los informes de salud mental de los centros penitenciarios donde ha estado ingresado el acusado; las declaraciones de los testigos ( Modesta, Filomena, Paula y Felicisima) que declararon que el acusado tenía problemas psiquiátricos; y finalmente el certificado de minusvalía conforme al cual el acusado tiene reconocida una minusvalía del 49%, debido a sus problemas de salud mental.

II.- En cuanto se refiere a la revisión de la valoración probatoria por medio del presente recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, ha de tenerse en cuenta que, como ha manifestado la STS de 21 de abril de 2.014 , el recurso de apelación que regula el artículo 846 bis C) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un medio de impugnación que poco tiene que ver con un recurso ordinario de apelación, puesto que presenta una naturaleza y un alcance tan restringido que ha sido equiparado a una casación, al compartir ambos una naturaleza extraordinaria, siendo claro que el control de la supervisión de la valoración de la prueba que se asigna al Tribunal Superior de Justicia no es superior al que se le atribuye a un Tribunal de Casación.

Puede afirmarse que, en el ámbito del Tribunal del Jurado, el ataque a la valoración de la prueba es colateral, pues el veredicto es, en términos generales, inimpugnable y solo cabe alegar vulneración de la presunción de inocencia atacando la estructura argumental por ilógica o contraria a los principios de experiencia o científicos, sin que sea posible impugnar cuestiones que dependen de la oralidad y la inmediación. El recurso de apelación puede orientarse a discutir la existencia de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero en los términos del artículo 846 bis.C), letra e) ("porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta)",lo que significa que no se trata de valorar de nuevo las pruebas sino de verificar la existencia de base razonable en la condena. Es, por tanto, la racionalidad de la valoración de la prueba, la racionalidad del proceso valorativo en otras palabras, lo que compete al tribunal de apelación ( STS de 17 de Mayo de 2.013 ), que se excedería en sus funciones cuando pretenda realizar una función valorativa de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, vulnerándose así el derecho a un proceso con todas las garantías ( STS de 9 de octubre de 2.014 ).

No es misión, por tanto, del órgano de apelación en este procedimiento ante el Tribunal del Jurado verificar una nueva y completa valoración probatoria, sino si, y solo si, la valoración alcanzada por el tribunal colma los requisitos o exigencias de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, sin que sea posible sustituir aquella ponderada valoración por otra, de carácter alternativo, que también pudiera colmar aquellos parámetros, pues el decantarse por una u otra alternativa, más allá de la duda razonable, es cuestión que única y exclusivamente compete al tribunal soberano para la valoración de la prueba, aquel que ha gozado de la inmediación requerida. Y la irracionalidad del proceso de valoración aparece cuando el criterio acogido es incompatible con incuestionables datos objetivos, pero no cuando esa pretendida objetividad no deriva sino de un proceso valorativo con resultado diferente, de forma que lo realmente pretendido por la Defensa no es más que la sustitución de un criterio valorativo o interpretativo, el acogido en la sentencia recurrida, por el que "de propio" se ofrece.

Estamos, en definitiva, ante una apelación en la que el órgano de apelación puede revisar el juicio de Derecho, en principio, sin restricción alguna, y el juicio de hecho en lo tocante al error en la valoración de la prueba considerada en su mayor amplitud, lo que comprende: el error patente, quiebra lógica o irracionalidad en la ponderación o motivación fáctica del acervo probatorio o del juicio de inferencia, o inexistencia o insuficiencia de tal motivación, sin olvidar el "error facti", en el sentido casacional del término ( artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , "...basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios"),puesto que reiterada es la doctrina del Tribunal Supremo favorable a aplicar tal motivo casacional en la apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado, para así evitar la paradójica contradicción que se derivaría de su no admisión, la de que el Tribunal de Apelación (inferior) tuviera menor conocimiento de la causa que el superior a él que conoce finalmente del recurso de casación.

III.- Por otro lado, es verdad que, en el ámbito de las circunstancias eximentes y atenuantes, resulta de aplicación el principio "in dubio pro reo", citando al efecto la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, reflejada en la STS nº 291/2024, de 21 de marzo , que confirma una línea, ya abierta por otros pronunciamientos anteriores, y que consiste en matizar e incluso superar la tesis tradicional de que las circunstancias eximentes o atenuantes, más bien su sustrato fáctico, deban estar plenamente probadas como el hecho mismo constitutivo de la infracción penal. A este respecto, dicha sentencia del alto tribunal señala que "...no se puede imponer una pena cuando el tribunal, a la luz de los resultados de la prueba practicada, tenga dudas razonables de que la persona no merece ser castigada porque resulta plausible, por razonable, que concurra una causa de inimputabilidad.... con igual razón, no se puede castigar con la pena prevista en el tipo cuando es plausible que la persona acusada merece, por ser parcialmente inimputable, menos pena ... y, ante un resultado probatorio de clara incertidumbre sobre si la persona acusada es inimputable o semiinimputable, no es asumible que la duda pueda despejarse metodológicamente «in malam partem», declarando probada la semiinimputabilidad porque no se haya probado plenamente la inimputabilidad. En este supuesto, la duda sobre que la persona acusada carece de capacidad de culpabilidad seguiría subsistiendo, afectando, nada más y nada menos, a uno de los elementos constitutivos del delito".

Y llega el Tribunal Supremo en dicha sentencia a invocar el artículo 54.3 "in fine " LOTJ , fijando la obligación del Magistrado-Presidente de informar a los miembros del Jurado de "que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado".

Concluye la sentencia referida que "Es obvio que este mandato epistémico-decisional al Jurado, nutrido del valor axiológico que le presta el artículo 24.2 CE , impone un pronunciamiento sobre los hechos que se traduce en declarar probados los favorables, aunque no pueda afirmarse la plena prueba de su concurrencia. Y ello porque, como afirmábamos, la alternativa resulta constitucionalmente inasumible: optar por la hipótesis perjudicial aun subsistiendo la duda razonable de que pudiera considerarse concurrente la hipótesis defensiva favorable."

Esta línea interpretativa jurisprudencial ha venido confirmada en las más recientes SSTS nº 433/2024, de 20 de mayo , y nº 370/2025, de 11 de abril .

IV.- Sin embargo, no puede olvidarse que, en el caso que nos ocupa, el Jurado ha rechazado declarar probados los hechos favorables en que la Defensa del acusado basaba sus pretensiones de exención o atenuación de la responsabilidad criminal y ello sin que los miembros se planteasen dudas al respecto, puesto que los pronunciamientos se adoptan por unanimidad de los Jurados (salvo en un caso, que se adopta por amplia mayoría de 7 contra 2), de modo que la indicada regla de juicio (o "mandato epistémico-decisional" como la denomina el Tribunal Supremo) tiene como destinatario al Jurado, órgano único competente para determinar qué hechos quedan probados y no probados, de manera que la invocación al principio "in dubio pro reo" resultaría inútil ante el Magistrado Presidente y, mucho menos, ante esta Sala de Apelación.

Así, en concreto, tal y como consta en el acta de votación, el Jurado declaró no probados los hechos alegados por la Defensa del acusado que podían determinar la concurrencia de circunstancias de exención total de la responsabilidad penal (eximentes de alteración o anomalía psíquica y por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia), o determinar la disminución de dicha responsabilidad (eximente incompleta de alteración o anomalía psíquica y por sufrir las referidas alteraciones en la percepción, o bien intoxicación por el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, atenuante analógica correspondiente, y atenuante de arrebato u obcecación). Tales hechos, calificados como favorables al acusado, aparecen detallados en los apartados VI, VII y VIII del objeto del veredicto sometido al Jurado.

Por otra parte, en la motivación del veredicto (como consta en apartado 4ª del acta de votación correspondiente), el Jurado declara que los elementos de convicción a que ha atendido, para hacer tal pronunciamiento de declarar no probados los referidos hechos favorables al acusado, son, por una parte, la prueba pericial forense de las dos Médicos Forenses y, por otra, el informe pericial del Psiquiatra Doctor Luis Antonio, así como, en tercer lugar, las declaraciones de los agentes policiales que detuvieron al acusado y en el que apreciaron un estado completamente normal, tranquilo y en momento alguno alterado, no hallando en su domicilio rastro alguno de drogas o alcohol. A la vista de tales pruebas, el Jurado concluye, de una forma lógica, racional y suficientemente motivada, que el acusado no tenía afectadas, ni limitadas sus facultades cognoscitivas y volitivas, al cometer los graves hechos imputados y declarados probados (esencialmente que causó la muerte dolosa y cruel de su madre).

En el primero de dichos informes, suscrito por las Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, Adela y Estibaliz, se concluye: 1º Que el acusado Alberto según la documentación aportada, ha sido diagnosticado a lo largo de su vida de TDAH en el contexto de una capacidad intelectual en valores normales, Trastorno del Aprendizaje NE, Problemas en relación al grupo primario de apoyo, Trastorno Disocial y Consumo de tóxicos. 2º Que en el momento de la entrevista no presentaba alteración psicopatológica alguna que suponga la alteración de su capacidad de juicio y elaboración de ideas. 3º Que no constan datos médicos objetivos que supongan la presencia de clínica o descompensación psicopatológica alguna en el momento de los hechos denunciados. 4º Que teniendo en cuenta todo ello, desde un punto de vista Médico Forense, no existen elementos de juicio que permitan afirmar de un modo mínimamente científico que en el momento de ocurrir los hechos imputados, el informado tuviera una patología o un estado mental alterado que influyera en las capacidades cognitivas ni volitivas.

En el segundo de dichos informes, se concluye igualmente que el acusado no presenta síntomas de enfermedad mental endógena que pudiera alterar de forma crónica su juicio de realidad, y que no es posible identificar si su juicio de realidad se encontraba alterado, el día en que ocurrieron los hechos, por el efecto del consumo de tóxicos. Tampoco se puede saber si los vacíos de memoria que el acusado ha referido en cuanto al día de los hechos son de origen tóxico o meramente voluntarios, constatando además que el acusado ha presentado un patrón de rechazo a las prescripciones facultativas durante toda su evolución clínica, negándose a abandonar el consumo de tóxicos, lo que, evidentemente, es una elección voluntaria.

En consecuencia, el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, vinculado indefectiblemente por el contenido del veredicto en los términos indicados, rechaza en la sentencia reconocer en el acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que había invocado su Defensa.

V.- En conclusión, el Jurado, soberano a la hora de valorar las pruebas practicadas, y basándose para ello en las de índole personal, tales como las periciales y testifical ya mencionadas, ha llegado a la conclusión de que no puede apreciarse en el acusado ninguna alteración en su plena imputabilidad. Y ello sin expresar duda alguna al respecto que, de haber existido, habría conducido a un resultado o conclusión diferente.

Carece, por tanto, de toda base la pretensión de que este tribunal de apelación pueda, excediendo de sus facultades, llegar a otra conclusión distinta, la de que, habiendo dudas acerca de la concurrencia o no de circunstancias que pudieran anular o atenuar la plena imputabilidad del acusado, proceda optar por la tesis más favorable al mismo, sin que, como hemos dicho, ni en el propio recurso de apelación se exprese o concrete qué tesis debería ser ésta.

Debe respetarse la valoración del Jurado que no es arbitraria, ilógica o contraria a las máximas de experiencia, sino que se basa en pruebas suficientes y válidas, no apreciándose tampoco ningún error fáctico evidente.

El motivo, en consecuencia, debe ser totalmente desestimado.

CUARTO.-COSTAS.

Pese a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, entendemos que no hay méritos para imponer las costas de esta segunda instancia al apelante, puesto que el mismo no ha actuado ni con mala fe ni con temeridad, limitándose a ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a una sentencia condenatoria.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN.

I.- Es objeto de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia, de fecha 3 de Noviembre de 2.025 , dictada por el Tribunal del Jurado, constituido en la Audiencia Provincial de LEÓN (Sección 3ª), en la que se condena a Alberto, como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139.1.1 ª y 2ª del Código Penal , concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 23 años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena; y, como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; e igualmente, se le condena, en el ámbito de la responsabilidad civil, a que indemnice a Modesta en la cantidad de 5.000 Euros, con sus intereses, imponiendo igualmente a la referido acusado el pago de las costas del juicio, incluidas las de la Acusación particular.

II.- Contra la indicada sentencia condenatoria interpone recurso de apelación la Defensa del acusado Alberto, que alega, como motivos de impugnación, los siguientes:

En primer lugar, quebrantamiento de normas y garantías procesales con vulneración del derecho a un juicio justo con todas las garantías ( artículo 846 Bis-C), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), que se habría producido al no admitir la práctica de una prueba fundamental para la defensa del acusado apelante, concretamente la incorporación de un informe forense en el que se determina que el acusado tiene una imputabilidad disminuida en unos hechos cercanos en el tiempo a los que son objeto del presente enjuiciamiento, basándose para ello en el historial psiquiátrico del mismo. Al no admitir dicha prueba, ni las Sres. Médicas forenses ni el Psiquiatra Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León, que emitieron sendos informes sobre el estado mental del acusado en el presente procedimiento, pudieron tener en cuenta ese dato, causando indefensión a la parte ahora apelante, en cuanto se le ha limitado su actividad probatoria dirigida a acreditar una afectación en la imputabilidad del mismo.

En segundo lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia por carecer de base razonable la condena ( artículo 846 Bis-C), apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), por cuanto la Defensa del acusado ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" acerca de la hipótesis de concurrencia en el mismo de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concreto una eximente completa o incompleta, o una atenuante, de anomalía o alteración psíquica, de alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, de grave adicción a bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, o de arrebato, obcecación, u otro estado pasional semejante ( artículos 20.1 º y 3 º, y 21.1 ª, 2 ª y 3ª, del Código Penal ). Y ello genera una duda razonable acerca de la plena imputabilidad del acusado, duda que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial más reciente y en aplicación del principio "in dubio pro reo" como regla de decisión, provoca que deba optarse por la hipótesis más favorable al acusado, debiéndose, por tanto, aplicar las circunstancias modificativas de su responsabilidad penal que han quedado indicadas.

Por todo ello, por la parte apelante se solicita que, estimando el recurso de apelación, se dicte sentencia estimatoria del mismo con todo lo restante que resulte procedente en Justicia.

Este es textualmente el suplico del escrito de recurso, sin que, en momento alguno, se especifique ni concrete cuáles son las pretensiones impugnatorias. Ciertamente, la estimación del primero de los motivos de impugnación enarbolados en el recurso exigiría que se declarase la nulidad de la sentencia recurrida, y del juicio, pero ello en momento alguno se solicita ni se pide. Y, en cuanto a la estimación del segundo de los motivos de impugnación, tampoco se concreta cuál sería la necesaria consecuencia, que pasaría por aplicar al acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas, bien la eximente completa, bien la incompleta, bien alguna de las atenuantes ya mencionadas.

Aun con los referidos defectos en la redacción del escrito de impugnación, examinaremos por orden los motivos expuestos, comenzando por el de índole constitucional o procesal, y siguiendo después por el de índole fáctica.

SEGUNDO.-MOTIVO REFERENTE AL QUEBRANTAMIENTO DE NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN .-

Como hemos dicho, en el escrito de apelación, la Defensa del acusado hace referencia en primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 Bis C), letra a), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al supuesto quebrantamiento de normas o garantías procesales o de la sentencia, causantes de indefensión, consistente en haber privado a dicha parte de una prueba, en su opinión, fundamental para su defensa, como lo es un informe forense que determinaba su imputabilidad disminuida en unos hechos muy cercanos en el tiempo a los que son enjuiciados en este procedimiento. Se alega que dicho informe se pretendió aportar a la causa en cuanto se tuvo conocimiento de él, y se pretendía con su aportación que su contenido fuera tenido en cuenta por el perito judicial, Doctor Luis Antonio, que estaba elaborando un informe sobre el estado mental del acusado. Al denegarse su aportación a la causa por parte del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, se habría causado grave indefensión, al limitar la actividad probatoria de la parte acusada dirigida a acreditar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente la eximente, completa o incompleta, y/o atenuantes ya referidas.

En efecto, la referida aportación del informe forense aludido fue proveída por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, a medio de providencia de fecha 13 de febrero de 2025, en el que se acordó devolverlo a la parte que lo presentaba visto que se refería a otras actuaciones y que, en la presente causa, ya constaba informe forense sobre el estado mental del acusado y que se estaba a la espera de la práctica de otro informe psiquiátrico acordado a petición de la Defensa (y que elaboraba el Doctor Luis Antonio, Psiquiatra Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de León). Pese a ser recurrida en súplica dicha decisión, la misma fue confirmada en auto posterior en el que se razona que la diligencia probatoria denegada es impertinente en relación con los hechos que son objeto del juicio (pues la misma vino determinada en relación con unos hechos distintos y posteriores) y además es irrelevante en cuanto a la trascendencia que pueda tener en el citado juicio ( a la vista de que se han practicado o estaban pendientes de realización informes periciales suficientes sobre el estado mental del acusado en relación con los hechos que son objeto del procedimiento).

No podemos sino compartir y confirmar plenamente lo razonado por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado.

Aunque es cierto que el derecho a la práctica de las pruebas necesarias para llevar a cabo la defensa forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución ), no es un derecho absoluto, y en la propia Constitución se dice que ese derecho se circunscribe a las pruebas "pertinentes" y lícitas.

En el recurso de apelación, la Defensa del acusado insiste en que la denegación de la prueba propuesta, que consistía en la aportación del mencionado informe sobre la imputabilidad del mismo en otra causa penal distinta, le produjo indefensión, pero entendemos que no se ha producido en absoluto tal situación, puesto que, como ya se ha dicho, en esta causa obraba ya un informe médico-forense (emitido por dos facultativas forenses) sobre el estado mental del acusado, y además, a petición de su Defensa, se estaba confeccionando otro informe sobre dicho estado mental por parte de un Psiquiatra, Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital del León. De tal manera que la información que pudiera aportar el informe forense emitido en un proceso penal distinto, motivado por hechos diferentes y posteriores a los que eran objeto del presente procedimiento, resultaba no solo irrelevante sino, fundamentalmente, innecesaria a la vista de la que podían proporcionar otros informes periciales ya obrantes en la causa, o en trance de ser aportados, y elaborados además teniendo en cuenta precisamente los hechos objeto de enjuiciamiento y las imputaciones concretas efectuadas al acusado.

Si a todo ello, añadimos que el apelante en momento alguno concreta los efectos que se derivarían del éxito de su pretensión impugnatoria, ni solicita las anulaciones consiguientes, el motivo invocado ha de ser desestimado, por no apreciarse infracción de garantía constitucional o legal que haya causado efectiva indefensión al acusado.

TERCERO.-MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO", Y ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, EN RELACIÓN CON LA IMPUTABILIDAD DEL ACUSADO.-

I.- Procedemos a continuación a examinar el motivo de impugnación referente a la infracción del principio de presunción de inocencia y a error en la valoración de la prueba, y que, con independencia de como venga titulado o expresado en el escrito de recurso, tiene un único fundamento posible en el artículo 846 Bis-C), apartado e), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando dice que será motivo de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, entre otros, "que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta".

Ahora bien, en el presente caso, con la alegación del referido motivo de impugnación no se está combatiendo el presupuesto fáctico de la autoría por parte del acusado respecto de los graves hechos que son objeto de enjuiciamiento (la muerte de su madre en las circunstancias descritas en el relato de hechos probados), sino que lo que es objeto de impugnación es el presupuesto fáctico relativo a la imputabilidad del acusado en tales hechos. Así, en el recurso lo que la Defensa del acusado expone es que ha ofrecido "suficiente plausibilidad fáctica" de la hipótesis que sostiene acerca de la concurrencia en el acusado de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción y arrebato u obcecación, base de la eximente completa o incompleta, y/o de la atenuante alegadas), y que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial emanada de la STS 291/2024, de 21 de Marzo , la presunción de inocencia impide condenar cuando existe una duda razonable sobre un hecho relevante, lo que incluye las circunstancias modificativas relativas a la imputabilidad, actuando el principio "in dubio pro reo" como regla de decisión que obliga a optar por la hipótesis más favorable al acusado en caso de incertidumbre, que en este caso sería, por tanto, en favor de la aplicación de las circunstancias alegadas.

Para llegar a esa "suficiente plausibilidad fáctica", en el recurso se destacan determinadas pruebas, como son, de una parte, la historia médico-psiquiátrica del acusado; de otra, el informe médico-forense y el del Doctor Luis Antonio; e igualmente los informes de salud mental de los centros penitenciarios donde ha estado ingresado el acusado; las declaraciones de los testigos ( Modesta, Filomena, Paula y Felicisima) que declararon que el acusado tenía problemas psiquiátricos; y finalmente el certificado de minusvalía conforme al cual el acusado tiene reconocida una minusvalía del 49%, debido a sus problemas de salud mental.

II.- En cuanto se refiere a la revisión de la valoración probatoria por medio del presente recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, ha de tenerse en cuenta que, como ha manifestado la STS de 21 de abril de 2.014 , el recurso de apelación que regula el artículo 846 bis C) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un medio de impugnación que poco tiene que ver con un recurso ordinario de apelación, puesto que presenta una naturaleza y un alcance tan restringido que ha sido equiparado a una casación, al compartir ambos una naturaleza extraordinaria, siendo claro que el control de la supervisión de la valoración de la prueba que se asigna al Tribunal Superior de Justicia no es superior al que se le atribuye a un Tribunal de Casación.

Puede afirmarse que, en el ámbito del Tribunal del Jurado, el ataque a la valoración de la prueba es colateral, pues el veredicto es, en términos generales, inimpugnable y solo cabe alegar vulneración de la presunción de inocencia atacando la estructura argumental por ilógica o contraria a los principios de experiencia o científicos, sin que sea posible impugnar cuestiones que dependen de la oralidad y la inmediación. El recurso de apelación puede orientarse a discutir la existencia de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero en los términos del artículo 846 bis.C), letra e) ("porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta)",lo que significa que no se trata de valorar de nuevo las pruebas sino de verificar la existencia de base razonable en la condena. Es, por tanto, la racionalidad de la valoración de la prueba, la racionalidad del proceso valorativo en otras palabras, lo que compete al tribunal de apelación ( STS de 17 de Mayo de 2.013 ), que se excedería en sus funciones cuando pretenda realizar una función valorativa de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, vulnerándose así el derecho a un proceso con todas las garantías ( STS de 9 de octubre de 2.014 ).

No es misión, por tanto, del órgano de apelación en este procedimiento ante el Tribunal del Jurado verificar una nueva y completa valoración probatoria, sino si, y solo si, la valoración alcanzada por el tribunal colma los requisitos o exigencias de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, sin que sea posible sustituir aquella ponderada valoración por otra, de carácter alternativo, que también pudiera colmar aquellos parámetros, pues el decantarse por una u otra alternativa, más allá de la duda razonable, es cuestión que única y exclusivamente compete al tribunal soberano para la valoración de la prueba, aquel que ha gozado de la inmediación requerida. Y la irracionalidad del proceso de valoración aparece cuando el criterio acogido es incompatible con incuestionables datos objetivos, pero no cuando esa pretendida objetividad no deriva sino de un proceso valorativo con resultado diferente, de forma que lo realmente pretendido por la Defensa no es más que la sustitución de un criterio valorativo o interpretativo, el acogido en la sentencia recurrida, por el que "de propio" se ofrece.

Estamos, en definitiva, ante una apelación en la que el órgano de apelación puede revisar el juicio de Derecho, en principio, sin restricción alguna, y el juicio de hecho en lo tocante al error en la valoración de la prueba considerada en su mayor amplitud, lo que comprende: el error patente, quiebra lógica o irracionalidad en la ponderación o motivación fáctica del acervo probatorio o del juicio de inferencia, o inexistencia o insuficiencia de tal motivación, sin olvidar el "error facti", en el sentido casacional del término ( artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , "...basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios"),puesto que reiterada es la doctrina del Tribunal Supremo favorable a aplicar tal motivo casacional en la apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado, para así evitar la paradójica contradicción que se derivaría de su no admisión, la de que el Tribunal de Apelación (inferior) tuviera menor conocimiento de la causa que el superior a él que conoce finalmente del recurso de casación.

III.- Por otro lado, es verdad que, en el ámbito de las circunstancias eximentes y atenuantes, resulta de aplicación el principio "in dubio pro reo", citando al efecto la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, reflejada en la STS nº 291/2024, de 21 de marzo , que confirma una línea, ya abierta por otros pronunciamientos anteriores, y que consiste en matizar e incluso superar la tesis tradicional de que las circunstancias eximentes o atenuantes, más bien su sustrato fáctico, deban estar plenamente probadas como el hecho mismo constitutivo de la infracción penal. A este respecto, dicha sentencia del alto tribunal señala que "...no se puede imponer una pena cuando el tribunal, a la luz de los resultados de la prueba practicada, tenga dudas razonables de que la persona no merece ser castigada porque resulta plausible, por razonable, que concurra una causa de inimputabilidad.... con igual razón, no se puede castigar con la pena prevista en el tipo cuando es plausible que la persona acusada merece, por ser parcialmente inimputable, menos pena ... y, ante un resultado probatorio de clara incertidumbre sobre si la persona acusada es inimputable o semiinimputable, no es asumible que la duda pueda despejarse metodológicamente «in malam partem», declarando probada la semiinimputabilidad porque no se haya probado plenamente la inimputabilidad. En este supuesto, la duda sobre que la persona acusada carece de capacidad de culpabilidad seguiría subsistiendo, afectando, nada más y nada menos, a uno de los elementos constitutivos del delito".

Y llega el Tribunal Supremo en dicha sentencia a invocar el artículo 54.3 "in fine " LOTJ , fijando la obligación del Magistrado-Presidente de informar a los miembros del Jurado de "que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado".

Concluye la sentencia referida que "Es obvio que este mandato epistémico-decisional al Jurado, nutrido del valor axiológico que le presta el artículo 24.2 CE , impone un pronunciamiento sobre los hechos que se traduce en declarar probados los favorables, aunque no pueda afirmarse la plena prueba de su concurrencia. Y ello porque, como afirmábamos, la alternativa resulta constitucionalmente inasumible: optar por la hipótesis perjudicial aun subsistiendo la duda razonable de que pudiera considerarse concurrente la hipótesis defensiva favorable."

Esta línea interpretativa jurisprudencial ha venido confirmada en las más recientes SSTS nº 433/2024, de 20 de mayo , y nº 370/2025, de 11 de abril .

IV.- Sin embargo, no puede olvidarse que, en el caso que nos ocupa, el Jurado ha rechazado declarar probados los hechos favorables en que la Defensa del acusado basaba sus pretensiones de exención o atenuación de la responsabilidad criminal y ello sin que los miembros se planteasen dudas al respecto, puesto que los pronunciamientos se adoptan por unanimidad de los Jurados (salvo en un caso, que se adopta por amplia mayoría de 7 contra 2), de modo que la indicada regla de juicio (o "mandato epistémico-decisional" como la denomina el Tribunal Supremo) tiene como destinatario al Jurado, órgano único competente para determinar qué hechos quedan probados y no probados, de manera que la invocación al principio "in dubio pro reo" resultaría inútil ante el Magistrado Presidente y, mucho menos, ante esta Sala de Apelación.

Así, en concreto, tal y como consta en el acta de votación, el Jurado declaró no probados los hechos alegados por la Defensa del acusado que podían determinar la concurrencia de circunstancias de exención total de la responsabilidad penal (eximentes de alteración o anomalía psíquica y por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia), o determinar la disminución de dicha responsabilidad (eximente incompleta de alteración o anomalía psíquica y por sufrir las referidas alteraciones en la percepción, o bien intoxicación por el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, atenuante analógica correspondiente, y atenuante de arrebato u obcecación). Tales hechos, calificados como favorables al acusado, aparecen detallados en los apartados VI, VII y VIII del objeto del veredicto sometido al Jurado.

Por otra parte, en la motivación del veredicto (como consta en apartado 4ª del acta de votación correspondiente), el Jurado declara que los elementos de convicción a que ha atendido, para hacer tal pronunciamiento de declarar no probados los referidos hechos favorables al acusado, son, por una parte, la prueba pericial forense de las dos Médicos Forenses y, por otra, el informe pericial del Psiquiatra Doctor Luis Antonio, así como, en tercer lugar, las declaraciones de los agentes policiales que detuvieron al acusado y en el que apreciaron un estado completamente normal, tranquilo y en momento alguno alterado, no hallando en su domicilio rastro alguno de drogas o alcohol. A la vista de tales pruebas, el Jurado concluye, de una forma lógica, racional y suficientemente motivada, que el acusado no tenía afectadas, ni limitadas sus facultades cognoscitivas y volitivas, al cometer los graves hechos imputados y declarados probados (esencialmente que causó la muerte dolosa y cruel de su madre).

En el primero de dichos informes, suscrito por las Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, Adela y Estibaliz, se concluye: 1º Que el acusado Alberto según la documentación aportada, ha sido diagnosticado a lo largo de su vida de TDAH en el contexto de una capacidad intelectual en valores normales, Trastorno del Aprendizaje NE, Problemas en relación al grupo primario de apoyo, Trastorno Disocial y Consumo de tóxicos. 2º Que en el momento de la entrevista no presentaba alteración psicopatológica alguna que suponga la alteración de su capacidad de juicio y elaboración de ideas. 3º Que no constan datos médicos objetivos que supongan la presencia de clínica o descompensación psicopatológica alguna en el momento de los hechos denunciados. 4º Que teniendo en cuenta todo ello, desde un punto de vista Médico Forense, no existen elementos de juicio que permitan afirmar de un modo mínimamente científico que en el momento de ocurrir los hechos imputados, el informado tuviera una patología o un estado mental alterado que influyera en las capacidades cognitivas ni volitivas.

En el segundo de dichos informes, se concluye igualmente que el acusado no presenta síntomas de enfermedad mental endógena que pudiera alterar de forma crónica su juicio de realidad, y que no es posible identificar si su juicio de realidad se encontraba alterado, el día en que ocurrieron los hechos, por el efecto del consumo de tóxicos. Tampoco se puede saber si los vacíos de memoria que el acusado ha referido en cuanto al día de los hechos son de origen tóxico o meramente voluntarios, constatando además que el acusado ha presentado un patrón de rechazo a las prescripciones facultativas durante toda su evolución clínica, negándose a abandonar el consumo de tóxicos, lo que, evidentemente, es una elección voluntaria.

En consecuencia, el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, vinculado indefectiblemente por el contenido del veredicto en los términos indicados, rechaza en la sentencia reconocer en el acusado alguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que había invocado su Defensa.

V.- En conclusión, el Jurado, soberano a la hora de valorar las pruebas practicadas, y basándose para ello en las de índole personal, tales como las periciales y testifical ya mencionadas, ha llegado a la conclusión de que no puede apreciarse en el acusado ninguna alteración en su plena imputabilidad. Y ello sin expresar duda alguna al respecto que, de haber existido, habría conducido a un resultado o conclusión diferente.

Carece, por tanto, de toda base la pretensión de que este tribunal de apelación pueda, excediendo de sus facultades, llegar a otra conclusión distinta, la de que, habiendo dudas acerca de la concurrencia o no de circunstancias que pudieran anular o atenuar la plena imputabilidad del acusado, proceda optar por la tesis más favorable al mismo, sin que, como hemos dicho, ni en el propio recurso de apelación se exprese o concrete qué tesis debería ser ésta.

Debe respetarse la valoración del Jurado que no es arbitraria, ilógica o contraria a las máximas de experiencia, sino que se basa en pruebas suficientes y válidas, no apreciándose tampoco ningún error fáctico evidente.

El motivo, en consecuencia, debe ser totalmente desestimado.

CUARTO.-COSTAS.

Pese a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, entendemos que no hay méritos para imponer las costas de esta segunda instancia al apelante, puesto que el mismo no ha actuado ni con mala fe ni con temeridad, limitándose a ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a una sentencia condenatoria.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,