Sentencia Penal 291/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 333/2025 de 16 de septiembre del 2025

PRIMERO.-El objeto de la impugnación del recurso de apelación de Ildefonso es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, referida en los antecedentes.

La sentencia condena al hoy apelante, como autor de un delito intentado de asesinato, a 7 años y 9 meses de prisión y a otras penas accesorias y medidas, a indemnizar a su víctima, y a las costas del proceso incluidas las de la acusación particular.

SEGUNDO.-La representación de la parte apelante se queja de la "indebida aplicación del art. 139.1 del CP ( por) falta de animus necandi"y propugna la aplicación de su art. 148 (delito de lesiones) "al existir animus laedendi".

Sostiene que no es cierto del todo que en el testimonio de la víctima no haya "ausencia de incredibilidad subjetiva", ello porque declaró que antes le había desparecido uno de los medicamentos con morfina que se le habían recetado; también hubo recriminado al apelante la "falta de limpieza". Por otro lado, cuando ambos estaban en el suelo, el cuchillo ya se había roto, tanto por la punta como por el mango, así que la versión de la víctima no es coherente, pues el apelante no podía continuar con la agresión sin sufrir lesiones en las manos. Los implicados son consumidores de sustancias estupefacientes, diagnosticados de depresión y otras alteraciones de personalidad. Los cierto es que el apelante cesó en su agresión y se marchó lo que supone un desistimiento voluntario porque fue la causa directa de que no se produjera el resultado mortal. Tampoco se acredita manifestación del agresor indicativa de un ánimo homicida. Las lesiones de la espalda son simples cortes que únicamente precisaron sutura, no hubo apuñalamiento ni penetración. Las lesiones se producen en el suelo, una vez el cuchillo estaba roto.

TERCERO.-Con sus primeras alegaciones la parte apelante agrupa, no con mucho orden, hasta tres temas impugnatorios a los que habremos de dar respuesta.

El primero de ellos parece cuestionar el relato de hechos a que llega la sentencia en atención a un punto concreto, los motivos de incredibilidad subjetiva que, según la parte apelante, concurrían en la víctima y que no tuvo en cuenta por el tribunal sentenciador. También alude a una supuesta falta de coherencia del relato incriminatorio porque -sostiene- el agresor no podría haber continuado la agresión con el cuchillo roto.

Quien apela parece cuestionar la valoración judicial de la prueba. Por lo que viene al caso el recordatorio, con la STS núm. 644/2019, de 20 de diciembre, de que la función del tribunal de apelación "no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa", de modo que el control de la segunda instancia penal se extenderá a la constatación, entre otros aspectos, de la estructura racional del discurso valorativo, "censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias", pues "no se trata de que este tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación".

Pues bien; la alegación de motivos de incredibilidad subjetiva supone un aspecto muy concreto del debate procesal, limitado a si los implicados discutieron por la desaparición de unas pastillas o a si la víctima recriminó falta de limpieza, prescindiendo la parte apelante de una consideración general y contextualizada de las pruebas y de la pertinente crítica de variados argumentos a partir de los cuales el tribunal llegó a la conclusión de que los hechos acontecieron como reflejó la sentencia.

Lo cierto es que las pruebas testificales, documentales y periciales no dan margen para una descripción objetiva de la agresión diferente de la recogida en los hechos probados judiciales.

Por otro lado, lo aducido por la parte no suponen motivos espurios de enemistad, resentimiento, ánimo de venganza, etc., sino, acaso, el detonante inmediato y previo de la agresión. Como razona el tribunal, poca relevancia ofrece por qué los implicados discutieron antes de que el apelante atacase a la víctima de forma sorpresiva y con un cuchillo.

Por lo demás, que el cuchillo se rompiera durante la agresión, o que no se rompiera, igualmente carece relevancia, la pérdida del mango pudo acontecer después. No es discutible que el hoy apelante continuó con su ataque con el cuchillo después de que se diera la vuelta la víctima, solo así se explican sus múltiples y graves heridas defensivas en las manos.

Por lo que las alegaciones de este apartado deben descartarse.

CUARTO.-Otras alegaciones de la parte apelante cuestionan el ánimo de matar que le atribuyen los jueces. Propugna que los hechos se califiquen como un delito grave de lesiones.

Con lo cual viene a proponer una particular valoración de la prueba debiéndose recordar por ello -como en el anterior apartado- que la tarea de ponderar los elementos probatorios para inferir el ánimo del agresor en los delitos de asesinato, homicidio o lesiones compete al tribunal sentenciador que haya percibido con inmediación las pruebas practicadas en el juicio al respecto. Correspondiendo a este órgano de apelación verificar únicamente si el tribunal sentenciador contó con datos de cargo suficientes y legales para su conclusión ("juicio de suficiencia") y si dicha conclusión responde a las pautas de motivación y razonabilidad exigibles a las decisiones judiciales ("juicio de razonabilidad").

La sentencia a quoincluyeuna complida cita jurisprudencial ( STS núm. 361/2018, de 3 de diciembre) sobre los datos a los cuales debe atenderse para dilucidar si la agresión sin resultado de muerte vino presidida por un animus necandi,en especial en los ataques con arma blanca ( STS núm. 271/2005, de 28 de febrero), en la cual, entre otros, se señalan como indicativos "la clase de amara utilizada", "la zona del cuerpo a la que se dirige el golpe contra la víctima", y "la intensidad del golpe".

Traemos nosotros de la STS núm. 610/2025, de 2 de julio, que enseña que "el ámbito diferencial en estos casos entre dolo de matar y lesionar que está basado en la fina y difícil determinación y definición acerca de cómo puede 'adivinarse' esa intención en el sujeto activo del delito, cuando lleva a cabo su acción que solo pertenece y queda al ámbito subjetivo y psicológico del ser humano, pero que en el terreno jurídico puede ser, y lo es, evidenciado por la inferencia de los datos que, como probados, constan en el proceso. El elemento subjetivo del delito de homicidio o asesinato no es sólo el animus necandiointención específica de causar la muerte de una persona, sino el 'dolo de matar'.Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Desde una argumentación del dolo basado en la voluntad, el elemento subjetivo del delito doloso de matar concurre en el presente caso en el hecho probado pues, indudablemente, el autor se representa la probabilidad de que su acción produzca la muerte y persiste en la acción y continúa, aunque fue interrumpido contra su voluntad, de ahí la tentativa. El delito de homicidio o asesinato exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia [...]".

"La inferencia del tribunal respecto a la intención de matar debe estar construida con el mismo elenco probatorio que la autoría que le lleva a entender que se perpetró el crimen y que existió intención de matar. Y ello, en el derecho anglosajón se construye con lo que denominan cumulative evidence presentedo 'evidencia acumulativa presentada'. Y la intención se puede inferir examinando tanto las declaraciones como las acciones".

Por lo demás, como en alguna ocasión ha señalado el Tribunal Constitucional ( STC 136/2001, de 18 de junio), los hechos psicológicos solo pueden probarse a través de hechos externos. Y a partir "de lo que se hace" es como podemos establecer la intención.

Fue aquí que el tribunal sentenciador desgrana los diversos indicativos sobre cuya base concluye que el hoy apelante tenía intención de matar a su contrincante pues le atacó de forma sorpresiva por la espalda, con un cuchillo cerámico, asestándole varias puñaladas en la espalda, cabeza, haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. "Sobre la zona del cuerpo donde se asestaron las puñaladas, en la espalda muy cerca de la base del cuello y en la cabeza, la médico forense [...] afirmó que podían ser mortales, que si penetraban podían ser un riesgo vital. Y sobre la fractura que tenía el señor Jesús María en la sexta costilla izquierda, dijo que era compatible con la puñalada que recibió en la espalda, por la contundencia".

Apreciación judicial sobre la que no cabe tacha de irrazonabilidad habida cuenta de que de los golpes del cuchillo cerámico resultaron 1º) una herida de 12 cm. en el cuero cabelludo; 2º) otra herida de 5,7 cm. en la región escapular de la espalda; 3º) otra herida en la espalda en región paravertebral; 4º) otra herida en la espalda en región paravertebral; y 5º) otra herida en dirección de la región costal.

La utilización de un peligroso cuchillo, la reiteración de los golpes de cuchillo en la espalda en zonas corporales de riesgo, la fuerza del ataque (resultó una vértebra fracturada) llanamente habilitan la conclusión judicial de que al hoy apelante tenía la intención de matar a su víctima. Las múltiples heridas defensivas que ésta presentó en las manos confirman el empeño homicida del agresor, quien no cejó incluso cuando el agredido pudo darse la vuelta en el suelo.Tampoco la índole de cada una de lesiones materializadas ensombrece la conclusión judicial; el ánimono se juzga solamente en atención a la gravedad de las heridas provocadas.Aunque las heridas no fuesen mortales de necesidad obviamente (sin que tal necesidad se requiera en las condenas por intento de homicidio o asesinato), lo cierto es generaron un peligro de muerte serio y no desdeñable de no haber mediado la defensa del agredido y oportuna asistencia.Por utilizar las palabras de la STS núm. 988/2022 de 20 de diciembre, también aquí "la intensidad de los golpes y su dirección hacia zonas que albergan órganos vitales, las características del arma empleada, o la propia secuencia de los acontecimientos no permiten otra inferencia que la del discutido animus necandi".

Como es sabido, "la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de su interrelación y combinación. Los indicios concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección" ( STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre); siendo pertinente el anterior recordatorio porque la crítica planteada por la parte apelante deja de lado la mayoría de los indicios que llevaron a la convicción judicial sobre el animus necandi.

Por lo que rechazamos las alegaciones de este apartado.

QUINTO.-Ya se ha dicho que la parte apelante propugna que le debe beneficiar la figura del desistimiento voluntario del apartado 2 del art. 16 del CP, el cual prevé que "quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado".

Tal supuesto de exención de responsabilidad penal se descarta en la sentencia al apuntar que el hoy apelante asestó "varias puñaladas en la espalda, cabeza y haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. No se produjo el resultado porque la víctima le empujó y el acusado se marchó del lugar de los hechos".

Alega el Ministerio Fiscal que si el agresor no logró su propósito fue porque no dispuso del instrumento de ataque, pues el cuchillo se había fracturado. Mientras que la acusación particular resalta que el agresor dejó abandonada a la víctima desangrándose y gravemente herida sin avisar a los servicios de emergencia; que el agresor había ejecutado actos idóneos para matar que no se consumaron por azar; y que el ataque solo cesó cuando la víctima logra zafarse tras haber sido apuñalado.

Acudimos de nuevo a la citada STS núm. 610/2025, de 2 de julio, de la cual entresacamos los pasajes que interesan en el tema del desistimiento voluntario. Con cita a su vez de la STS 671/2017, de 11 de octubre, "subraya al efecto la exigencia de la 'voluntariedad', que define su esencia dogmática, y a continuación, la 'eficacia de la conducta que detiene el iter criminis,requiriendo que sea el propio autor del delito el que impida la consumación del delito, o bien que desencadene la actuación de terceros, si éstos son finalmente los que lo consiguen"; también cita la STS núm. 637/2019, de 19 de diciembre, cuando dice que "difícilmente podrá predicarse efectividad interruptora a la mera omisión del autor respecto a la no producción del resultado cuando su comportamiento anterior haya supuesto la realización de todos los actos que objetivamente producen el resultado típico. Porque, si ya realizó todos los actos que objetivamente producen el resultado, es claro que los cualesquiera otros actos omitidos ya no eran objetivamente ejecutivos ni, por ello, su omisión es relevante para la no producción del resultado".

De la STS núm. 77/2017 de 9 de febrero, extrae que "mientras el ciclo del delito se encuentra abierto, porque el sujeto activo de la infracción no ha practicado todos los actos que han de producirlo, cabe que pueda éste concederse a sí mismo una causa excluyente de la pena por medio de una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria. Cabe incluso que cuando se han practicado todos los actos que han de originar el delito, sin tener todavía realidad, siguiendo por tanto abierta la vida de la infracción, se conceda también jurídicamente otra exclusión de la penalidad siempre que la conducta de retroacción sea activa y eficaz, originándose así el denominado técnicamente arrepentimiento activo, que juega de forma distinta de la tentativa acabada, antigua frustración, aunque guarden entre sí elementos comunes. El culpable tiene intención de evitar el resultado lesivo y practica una conducta activa y eficaz para evitar ese resultado. Pero en este caso no concurre una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria, sino que se marcha del lugar, huyendo porque sabía que le habían sorprendido perpetrando el crimen, y que la policía iba a llegar en breve. Lo que hace es, en consecuencia, 'huir', pero no 'desistir' que no es lo mismo, ni mucho menos. Por ello, no deben confundirse los escenarios de la huida".

"El desistimiento será involuntario destaca la mejor doctrina, cuando la renuncia a proseguir la ejecución responda a circunstancias sobrevenidas que impidan la continuación del plan trazado por el autor; cuando se haya producido un relevante incremento de las dificultades; y cuando los motivos del desistimiento ejercieron tal influencia en el proceso de formación de la voluntad que no permitieron otra elección".

Pues bien; partiendo de los anteriores presupuestos doctrinales, y en una decisión análoga a la de nuestro Alto Tribunal en la STS núm. 610/2025, no es asumible el desistimiento que propugna la parte apelante, pues propiamente no desistió, sino que se marchó porque no pudo concluir el acto pretendido una vez el agredido se dio la vuelta y se defendió perdiendo eficacia la sorpresa de la agresión: el hoy apelante cesó en su agresión en su acción no por propia voluntad, sino por causas exteriores ajenas a él, al tiempo que tampoco emprendió actuación alguna tendente a conjurar los daños y riesgos resultantes de su actuación.

Por lo que descartamos las alegaciones.

SEXTO.-Otro tema es la postulada aplicación de la eximente completa del art. 20.1º del CP por enajenación o, subsidiariamente, la eximente incompleta de su art. 20.1.

Alega la parte apelante que el informe médico-forense a que se atuvo la sentencia resulta contradictorio con el historial clínico aportado a autos, historial según el cual el apelante está sometido a tratamiento psiquiátrico con quetapina y otros ansiolíticos, como refirió la trabajadora del ABS. En el historial consta que acudía a la unidad de psiquiatría y que en consultas externas (30-12-2021) se le diagnosticó un trastorno límite y déficit de control, así como un trastorno de personalidad "Cluster B". "De haber sabido el médico forense de aquel historial, sus conclusiones habrían sido otras". La propia víctima declaró ante la policía que su agresor estaba empastillado. La enfermera del ABS manifestó que estaba alcoholizado, drogado, con ansiedad.

SÉPTIMO-Si bien era jurisprudencia inveterada la de que la presunción de inocencia no amparaba la alegación de circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad criminal, de modo que su aplicación judicial requería que estuviesen "tan probadas como el hecho delictivo mismo", sin que tampoco rija en este ámbito el principio in dubio pro reo,sin embargo, se aprecia cierta evolución doctrinal de la que es muestra la STS núm. 759/2022, de 15 de septiembre, la cual, repasando la STS núm. 675/2014, de 9 de octubre, después de señalar que "para dar por no probada una eximente basta con no tener razones para considerarla acreditada", matiza que "rectamente entendida, la anterior doctrina no equivale a exigir, para que cualesquiera circunstancias eximentes o atenuantes pudieran reputarse aplicadas, una prueba irrefutable (en el sentido de enteramente excluyente de cualquier otra alternativa) del soporte fáctico que las conforma. En el enjuiciamiento penal, forzoso es reconocerlo, hemos de movernos siempre en el plano de la probabilidad, tanto por lo que respecta a los hechos que pudieran resultar desfavorables al acusado como con relación a aquellos que le beneficien, de tal modo que para que un suceso pueda reputarse probado habremos de acudir a criterios vinculados con la idea de probabilidad razonable o prevalente. Un hecho, tanto si favorece como si perjudica al acusado, se considerará probado cuando, a partir del rendimiento ofrecido por los medios probatorios desarrollados en el juicio (obtenidos de forma lícita y desarrollados de manera regular) se evidencie como altamente probable, excluyendo cualquier otra alternativa, igual o parecidamente válida, desde el punto de vista epistemológico".

Asimismo traemos la STS núm. 17/2023 de 19 de enero, que analiza la jurisprudencia sobre el tema ( STS núm. 497/2022 de 24 de mayo; 645/2018 de 13 de diciembre; 280/2006 de 2 de marzo; 282/2004 de 1 de marzo; y 616/1996, de 30 septiembre), jurisprudencia que nos indica que es un hecho incontrovertible que el consumo de drogas puede incidir en las facultades psíquicas que son fundamento de la imputabilidad con distinta intensidad, lo que hace que paralelamente pueda determinar una circunstancia modificativa de la responsabilidad de distinto grado, para lo que se viene exigiendo:

-Requisito biopatológico: Que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa de la responsabilidad criminal; que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que este tipo de situaciones patológicas no se producen de forma instantánea, sino que requieren un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de la sustancia estupefaciente ingerida o consumida.

- Requisito psicológico: Que produzca en el sujeto una afectación de sus facultades mentales; ya que no es suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación, si la droga no ha afectado a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto. Cierto es que la actual atenuante de drogadicción sólo exige que el sujeto actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo cual no permitirá prescindir absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera en dicha norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya que tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto compulsivo que le llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para procurarse las sustancias expresadas.

-Requisito cronológico: La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva.

- Requisito normativo: El distinto grado de intensidad o influencia determinará la apreciación de la toxicomanía como eximente, eximente incompleta o atenuante, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, por cuanto hoy no resulta aconsejable, pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente incompleta, con idénticos efectos penológicos.

OCTAVO.-Las alegaciones de la parte apelante se proyectan en una doble dirección; la primera, propugnando que el apelante al tiempo de los hechos estaba aquejado de una anomalía o alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; segundo, que entonces estuvo influido por una intoxicación de sustancias estupefacientes que le impedían comprender la ilicitud del hecho.

Al respecto de ambas cuestiones el tribunal sentenciador ofrece una amplia motivación que pondera un primer informe médico-forense suscrito por el doctor Victoriano, de 29-12-2023 y ratificado en juicio, según el cual no se objetivaba ni constaba en la historia clínica del IMLCFCS "que el informado padezca trastorno psíquico de gravedad que afecte de base a las bases psicológicas de la imputabilidad"; igualmente pondera la sentencia un segundo informe médico-forense de 31-3-2025, esta vez suscrito por el doctor Prudencio y también ratificado en juicio, por el cual concluía que las "bases psicobiológicas de la imputabilidad se encontraban conservadas, respecto de los hechos del presente procedimiento". El tema de las previas asistencias a la unidad de psiquiatría y la historia clínica fue objeto de explicación por el médico forense a preguntas de la Letrada de la defensa dictaminando que los trastornos de la personalidad no tienen por qué afectar a las bases de la imputabilidad penal.

En cuanto a la hipotética intoxicación por estupefacientes, el tribunal tiene en cuenta la propia declaración del hoy apelante ante el Juez Instructor cuando negó haber consumido cocaína; el testimonio del agente del CNP que estuvo con él el día de los hechos y que testimonió que estaba "normal" y que no aparentaba ebriedad o influencia de estupefacientes; y los testimonios de Irene, trabajadora del Centro de Intervención de Baja Exigencia, y su compañera Adela; la primera manifestó que vio tranquilo al hoy apelante; mientras que la segunda, aunque comentó que al principio parecía estar alcoholizado o drogado, nervioso o con ansiedad, después su conducta devino tranquila.

Se dice en la sentencia que es plausible que esta testigo percibiera al acusado como nervioso o ansioso "teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. De hecho, dicha ansiedad o nerviosismo parecía estar relacionado con su intención de limpiarse la cara, cargar el teléfono móvil y abandonar el lugar de los hechos".

De ahí que, por su razonabilidad, tenemos que confirmar las conclusiones del tribunal según las cuales, cuando los hechos, el hoy apelante "no tenía afectada su capacidad volitiva, aunque tuviera diagnosticado algún trastorno psíquico, éste no afectaba a las bases psicobiológicas de la imputabilidad"; y, "por otro lado, tampoco ha resultado acreditado que el acusado tuviera afectada su capacidad volitiva por el consumo de cocaína [...] No hay ningún documento que acredite que hubiera consumido, más allá de las declaraciones que el propio acusado realizó que, por otro lado, fueron contradictorias".

Añadimos nosotros que no negando que el hoy apelante fuera consumidor de estupefacientes, sin embargo, "por más flexibilidad que quiera atribuirse a la aplicación [...] de la atenuante de drogodependencia, su marco jurídico no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende del art. 21.2 del CP, a saber, su significación causal, su perturbadora influencia en la voluntad del acusado" ( STS núm. 2029/2008, de 28 de abril); y en el presente caso no se concreta la influencia causal de la afectación con el delito que tratamos. Como tampoco hay base para concluir que las facultades cognitivas y volitivas del apelante estuvieran deterioradas por una significativa patología, afectación o deterioro mentales.

Por lo que rechazamos las alegaciones y desestimamos el recurso de apelación.

NOVENO.-Así pues, confirmamos la sentencia impugnada e imponemos, de existir, el pago de las costas correspondientes a esta alzada a la parte apelante ( art. 901 LECrim) , incluidas las de la acusación particular.

PRIMERO.-El objeto de la impugnación del recurso de apelación de Ildefonso es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, referida en los antecedentes.

La sentencia condena al hoy apelante, como autor de un delito intentado de asesinato, a 7 años y 9 meses de prisión y a otras penas accesorias y medidas, a indemnizar a su víctima, y a las costas del proceso incluidas las de la acusación particular.

SEGUNDO.-La representación de la parte apelante se queja de la "indebida aplicación del art. 139.1 del CP ( por) falta de animus necandi"y propugna la aplicación de su art. 148 (delito de lesiones) "al existir animus laedendi".

Sostiene que no es cierto del todo que en el testimonio de la víctima no haya "ausencia de incredibilidad subjetiva", ello porque declaró que antes le había desparecido uno de los medicamentos con morfina que se le habían recetado; también hubo recriminado al apelante la "falta de limpieza". Por otro lado, cuando ambos estaban en el suelo, el cuchillo ya se había roto, tanto por la punta como por el mango, así que la versión de la víctima no es coherente, pues el apelante no podía continuar con la agresión sin sufrir lesiones en las manos. Los implicados son consumidores de sustancias estupefacientes, diagnosticados de depresión y otras alteraciones de personalidad. Los cierto es que el apelante cesó en su agresión y se marchó lo que supone un desistimiento voluntario porque fue la causa directa de que no se produjera el resultado mortal. Tampoco se acredita manifestación del agresor indicativa de un ánimo homicida. Las lesiones de la espalda son simples cortes que únicamente precisaron sutura, no hubo apuñalamiento ni penetración. Las lesiones se producen en el suelo, una vez el cuchillo estaba roto.

TERCERO.-Con sus primeras alegaciones la parte apelante agrupa, no con mucho orden, hasta tres temas impugnatorios a los que habremos de dar respuesta.

El primero de ellos parece cuestionar el relato de hechos a que llega la sentencia en atención a un punto concreto, los motivos de incredibilidad subjetiva que, según la parte apelante, concurrían en la víctima y que no tuvo en cuenta por el tribunal sentenciador. También alude a una supuesta falta de coherencia del relato incriminatorio porque -sostiene- el agresor no podría haber continuado la agresión con el cuchillo roto.

Quien apela parece cuestionar la valoración judicial de la prueba. Por lo que viene al caso el recordatorio, con la STS núm. 644/2019, de 20 de diciembre, de que la función del tribunal de apelación "no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa", de modo que el control de la segunda instancia penal se extenderá a la constatación, entre otros aspectos, de la estructura racional del discurso valorativo, "censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias", pues "no se trata de que este tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación".

Pues bien; la alegación de motivos de incredibilidad subjetiva supone un aspecto muy concreto del debate procesal, limitado a si los implicados discutieron por la desaparición de unas pastillas o a si la víctima recriminó falta de limpieza, prescindiendo la parte apelante de una consideración general y contextualizada de las pruebas y de la pertinente crítica de variados argumentos a partir de los cuales el tribunal llegó a la conclusión de que los hechos acontecieron como reflejó la sentencia.

Lo cierto es que las pruebas testificales, documentales y periciales no dan margen para una descripción objetiva de la agresión diferente de la recogida en los hechos probados judiciales.

Por otro lado, lo aducido por la parte no suponen motivos espurios de enemistad, resentimiento, ánimo de venganza, etc., sino, acaso, el detonante inmediato y previo de la agresión. Como razona el tribunal, poca relevancia ofrece por qué los implicados discutieron antes de que el apelante atacase a la víctima de forma sorpresiva y con un cuchillo.

Por lo demás, que el cuchillo se rompiera durante la agresión, o que no se rompiera, igualmente carece relevancia, la pérdida del mango pudo acontecer después. No es discutible que el hoy apelante continuó con su ataque con el cuchillo después de que se diera la vuelta la víctima, solo así se explican sus múltiples y graves heridas defensivas en las manos.

Por lo que las alegaciones de este apartado deben descartarse.

CUARTO.-Otras alegaciones de la parte apelante cuestionan el ánimo de matar que le atribuyen los jueces. Propugna que los hechos se califiquen como un delito grave de lesiones.

Con lo cual viene a proponer una particular valoración de la prueba debiéndose recordar por ello -como en el anterior apartado- que la tarea de ponderar los elementos probatorios para inferir el ánimo del agresor en los delitos de asesinato, homicidio o lesiones compete al tribunal sentenciador que haya percibido con inmediación las pruebas practicadas en el juicio al respecto. Correspondiendo a este órgano de apelación verificar únicamente si el tribunal sentenciador contó con datos de cargo suficientes y legales para su conclusión ("juicio de suficiencia") y si dicha conclusión responde a las pautas de motivación y razonabilidad exigibles a las decisiones judiciales ("juicio de razonabilidad").

La sentencia a quoincluyeuna complida cita jurisprudencial ( STS núm. 361/2018, de 3 de diciembre) sobre los datos a los cuales debe atenderse para dilucidar si la agresión sin resultado de muerte vino presidida por un animus necandi,en especial en los ataques con arma blanca ( STS núm. 271/2005, de 28 de febrero), en la cual, entre otros, se señalan como indicativos "la clase de amara utilizada", "la zona del cuerpo a la que se dirige el golpe contra la víctima", y "la intensidad del golpe".

Traemos nosotros de la STS núm. 610/2025, de 2 de julio, que enseña que "el ámbito diferencial en estos casos entre dolo de matar y lesionar que está basado en la fina y difícil determinación y definición acerca de cómo puede 'adivinarse' esa intención en el sujeto activo del delito, cuando lleva a cabo su acción que solo pertenece y queda al ámbito subjetivo y psicológico del ser humano, pero que en el terreno jurídico puede ser, y lo es, evidenciado por la inferencia de los datos que, como probados, constan en el proceso. El elemento subjetivo del delito de homicidio o asesinato no es sólo el animus necandiointención específica de causar la muerte de una persona, sino el 'dolo de matar'.Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Desde una argumentación del dolo basado en la voluntad, el elemento subjetivo del delito doloso de matar concurre en el presente caso en el hecho probado pues, indudablemente, el autor se representa la probabilidad de que su acción produzca la muerte y persiste en la acción y continúa, aunque fue interrumpido contra su voluntad, de ahí la tentativa. El delito de homicidio o asesinato exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia [...]".

"La inferencia del tribunal respecto a la intención de matar debe estar construida con el mismo elenco probatorio que la autoría que le lleva a entender que se perpetró el crimen y que existió intención de matar. Y ello, en el derecho anglosajón se construye con lo que denominan cumulative evidence presentedo 'evidencia acumulativa presentada'. Y la intención se puede inferir examinando tanto las declaraciones como las acciones".

Por lo demás, como en alguna ocasión ha señalado el Tribunal Constitucional ( STC 136/2001, de 18 de junio), los hechos psicológicos solo pueden probarse a través de hechos externos. Y a partir "de lo que se hace" es como podemos establecer la intención.

Fue aquí que el tribunal sentenciador desgrana los diversos indicativos sobre cuya base concluye que el hoy apelante tenía intención de matar a su contrincante pues le atacó de forma sorpresiva por la espalda, con un cuchillo cerámico, asestándole varias puñaladas en la espalda, cabeza, haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. "Sobre la zona del cuerpo donde se asestaron las puñaladas, en la espalda muy cerca de la base del cuello y en la cabeza, la médico forense [...] afirmó que podían ser mortales, que si penetraban podían ser un riesgo vital. Y sobre la fractura que tenía el señor Jesús María en la sexta costilla izquierda, dijo que era compatible con la puñalada que recibió en la espalda, por la contundencia".

Apreciación judicial sobre la que no cabe tacha de irrazonabilidad habida cuenta de que de los golpes del cuchillo cerámico resultaron 1º) una herida de 12 cm. en el cuero cabelludo; 2º) otra herida de 5,7 cm. en la región escapular de la espalda; 3º) otra herida en la espalda en región paravertebral; 4º) otra herida en la espalda en región paravertebral; y 5º) otra herida en dirección de la región costal.

La utilización de un peligroso cuchillo, la reiteración de los golpes de cuchillo en la espalda en zonas corporales de riesgo, la fuerza del ataque (resultó una vértebra fracturada) llanamente habilitan la conclusión judicial de que al hoy apelante tenía la intención de matar a su víctima. Las múltiples heridas defensivas que ésta presentó en las manos confirman el empeño homicida del agresor, quien no cejó incluso cuando el agredido pudo darse la vuelta en el suelo.Tampoco la índole de cada una de lesiones materializadas ensombrece la conclusión judicial; el ánimono se juzga solamente en atención a la gravedad de las heridas provocadas.Aunque las heridas no fuesen mortales de necesidad obviamente (sin que tal necesidad se requiera en las condenas por intento de homicidio o asesinato), lo cierto es generaron un peligro de muerte serio y no desdeñable de no haber mediado la defensa del agredido y oportuna asistencia.Por utilizar las palabras de la STS núm. 988/2022 de 20 de diciembre, también aquí "la intensidad de los golpes y su dirección hacia zonas que albergan órganos vitales, las características del arma empleada, o la propia secuencia de los acontecimientos no permiten otra inferencia que la del discutido animus necandi".

Como es sabido, "la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de su interrelación y combinación. Los indicios concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección" ( STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre); siendo pertinente el anterior recordatorio porque la crítica planteada por la parte apelante deja de lado la mayoría de los indicios que llevaron a la convicción judicial sobre el animus necandi.

Por lo que rechazamos las alegaciones de este apartado.

QUINTO.-Ya se ha dicho que la parte apelante propugna que le debe beneficiar la figura del desistimiento voluntario del apartado 2 del art. 16 del CP, el cual prevé que "quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado".

Tal supuesto de exención de responsabilidad penal se descarta en la sentencia al apuntar que el hoy apelante asestó "varias puñaladas en la espalda, cabeza y haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. No se produjo el resultado porque la víctima le empujó y el acusado se marchó del lugar de los hechos".

Alega el Ministerio Fiscal que si el agresor no logró su propósito fue porque no dispuso del instrumento de ataque, pues el cuchillo se había fracturado. Mientras que la acusación particular resalta que el agresor dejó abandonada a la víctima desangrándose y gravemente herida sin avisar a los servicios de emergencia; que el agresor había ejecutado actos idóneos para matar que no se consumaron por azar; y que el ataque solo cesó cuando la víctima logra zafarse tras haber sido apuñalado.

Acudimos de nuevo a la citada STS núm. 610/2025, de 2 de julio, de la cual entresacamos los pasajes que interesan en el tema del desistimiento voluntario. Con cita a su vez de la STS 671/2017, de 11 de octubre, "subraya al efecto la exigencia de la 'voluntariedad', que define su esencia dogmática, y a continuación, la 'eficacia de la conducta que detiene el iter criminis,requiriendo que sea el propio autor del delito el que impida la consumación del delito, o bien que desencadene la actuación de terceros, si éstos son finalmente los que lo consiguen"; también cita la STS núm. 637/2019, de 19 de diciembre, cuando dice que "difícilmente podrá predicarse efectividad interruptora a la mera omisión del autor respecto a la no producción del resultado cuando su comportamiento anterior haya supuesto la realización de todos los actos que objetivamente producen el resultado típico. Porque, si ya realizó todos los actos que objetivamente producen el resultado, es claro que los cualesquiera otros actos omitidos ya no eran objetivamente ejecutivos ni, por ello, su omisión es relevante para la no producción del resultado".

De la STS núm. 77/2017 de 9 de febrero, extrae que "mientras el ciclo del delito se encuentra abierto, porque el sujeto activo de la infracción no ha practicado todos los actos que han de producirlo, cabe que pueda éste concederse a sí mismo una causa excluyente de la pena por medio de una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria. Cabe incluso que cuando se han practicado todos los actos que han de originar el delito, sin tener todavía realidad, siguiendo por tanto abierta la vida de la infracción, se conceda también jurídicamente otra exclusión de la penalidad siempre que la conducta de retroacción sea activa y eficaz, originándose así el denominado técnicamente arrepentimiento activo, que juega de forma distinta de la tentativa acabada, antigua frustración, aunque guarden entre sí elementos comunes. El culpable tiene intención de evitar el resultado lesivo y practica una conducta activa y eficaz para evitar ese resultado. Pero en este caso no concurre una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria, sino que se marcha del lugar, huyendo porque sabía que le habían sorprendido perpetrando el crimen, y que la policía iba a llegar en breve. Lo que hace es, en consecuencia, 'huir', pero no 'desistir' que no es lo mismo, ni mucho menos. Por ello, no deben confundirse los escenarios de la huida".

"El desistimiento será involuntario destaca la mejor doctrina, cuando la renuncia a proseguir la ejecución responda a circunstancias sobrevenidas que impidan la continuación del plan trazado por el autor; cuando se haya producido un relevante incremento de las dificultades; y cuando los motivos del desistimiento ejercieron tal influencia en el proceso de formación de la voluntad que no permitieron otra elección".

Pues bien; partiendo de los anteriores presupuestos doctrinales, y en una decisión análoga a la de nuestro Alto Tribunal en la STS núm. 610/2025, no es asumible el desistimiento que propugna la parte apelante, pues propiamente no desistió, sino que se marchó porque no pudo concluir el acto pretendido una vez el agredido se dio la vuelta y se defendió perdiendo eficacia la sorpresa de la agresión: el hoy apelante cesó en su agresión en su acción no por propia voluntad, sino por causas exteriores ajenas a él, al tiempo que tampoco emprendió actuación alguna tendente a conjurar los daños y riesgos resultantes de su actuación.

Por lo que descartamos las alegaciones.

SEXTO.-Otro tema es la postulada aplicación de la eximente completa del art. 20.1º del CP por enajenación o, subsidiariamente, la eximente incompleta de su art. 20.1.

Alega la parte apelante que el informe médico-forense a que se atuvo la sentencia resulta contradictorio con el historial clínico aportado a autos, historial según el cual el apelante está sometido a tratamiento psiquiátrico con quetapina y otros ansiolíticos, como refirió la trabajadora del ABS. En el historial consta que acudía a la unidad de psiquiatría y que en consultas externas (30-12-2021) se le diagnosticó un trastorno límite y déficit de control, así como un trastorno de personalidad "Cluster B". "De haber sabido el médico forense de aquel historial, sus conclusiones habrían sido otras". La propia víctima declaró ante la policía que su agresor estaba empastillado. La enfermera del ABS manifestó que estaba alcoholizado, drogado, con ansiedad.

SÉPTIMO-Si bien era jurisprudencia inveterada la de que la presunción de inocencia no amparaba la alegación de circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad criminal, de modo que su aplicación judicial requería que estuviesen "tan probadas como el hecho delictivo mismo", sin que tampoco rija en este ámbito el principio in dubio pro reo,sin embargo, se aprecia cierta evolución doctrinal de la que es muestra la STS núm. 759/2022, de 15 de septiembre, la cual, repasando la STS núm. 675/2014, de 9 de octubre, después de señalar que "para dar por no probada una eximente basta con no tener razones para considerarla acreditada", matiza que "rectamente entendida, la anterior doctrina no equivale a exigir, para que cualesquiera circunstancias eximentes o atenuantes pudieran reputarse aplicadas, una prueba irrefutable (en el sentido de enteramente excluyente de cualquier otra alternativa) del soporte fáctico que las conforma. En el enjuiciamiento penal, forzoso es reconocerlo, hemos de movernos siempre en el plano de la probabilidad, tanto por lo que respecta a los hechos que pudieran resultar desfavorables al acusado como con relación a aquellos que le beneficien, de tal modo que para que un suceso pueda reputarse probado habremos de acudir a criterios vinculados con la idea de probabilidad razonable o prevalente. Un hecho, tanto si favorece como si perjudica al acusado, se considerará probado cuando, a partir del rendimiento ofrecido por los medios probatorios desarrollados en el juicio (obtenidos de forma lícita y desarrollados de manera regular) se evidencie como altamente probable, excluyendo cualquier otra alternativa, igual o parecidamente válida, desde el punto de vista epistemológico".

Asimismo traemos la STS núm. 17/2023 de 19 de enero, que analiza la jurisprudencia sobre el tema ( STS núm. 497/2022 de 24 de mayo; 645/2018 de 13 de diciembre; 280/2006 de 2 de marzo; 282/2004 de 1 de marzo; y 616/1996, de 30 septiembre), jurisprudencia que nos indica que es un hecho incontrovertible que el consumo de drogas puede incidir en las facultades psíquicas que son fundamento de la imputabilidad con distinta intensidad, lo que hace que paralelamente pueda determinar una circunstancia modificativa de la responsabilidad de distinto grado, para lo que se viene exigiendo:

-Requisito biopatológico: Que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa de la responsabilidad criminal; que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que este tipo de situaciones patológicas no se producen de forma instantánea, sino que requieren un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de la sustancia estupefaciente ingerida o consumida.

- Requisito psicológico: Que produzca en el sujeto una afectación de sus facultades mentales; ya que no es suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación, si la droga no ha afectado a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto. Cierto es que la actual atenuante de drogadicción sólo exige que el sujeto actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo cual no permitirá prescindir absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera en dicha norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya que tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto compulsivo que le llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para procurarse las sustancias expresadas.

-Requisito cronológico: La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva.

- Requisito normativo: El distinto grado de intensidad o influencia determinará la apreciación de la toxicomanía como eximente, eximente incompleta o atenuante, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, por cuanto hoy no resulta aconsejable, pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente incompleta, con idénticos efectos penológicos.

OCTAVO.-Las alegaciones de la parte apelante se proyectan en una doble dirección; la primera, propugnando que el apelante al tiempo de los hechos estaba aquejado de una anomalía o alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; segundo, que entonces estuvo influido por una intoxicación de sustancias estupefacientes que le impedían comprender la ilicitud del hecho.

Al respecto de ambas cuestiones el tribunal sentenciador ofrece una amplia motivación que pondera un primer informe médico-forense suscrito por el doctor Victoriano, de 29-12-2023 y ratificado en juicio, según el cual no se objetivaba ni constaba en la historia clínica del IMLCFCS "que el informado padezca trastorno psíquico de gravedad que afecte de base a las bases psicológicas de la imputabilidad"; igualmente pondera la sentencia un segundo informe médico-forense de 31-3-2025, esta vez suscrito por el doctor Prudencio y también ratificado en juicio, por el cual concluía que las "bases psicobiológicas de la imputabilidad se encontraban conservadas, respecto de los hechos del presente procedimiento". El tema de las previas asistencias a la unidad de psiquiatría y la historia clínica fue objeto de explicación por el médico forense a preguntas de la Letrada de la defensa dictaminando que los trastornos de la personalidad no tienen por qué afectar a las bases de la imputabilidad penal.

En cuanto a la hipotética intoxicación por estupefacientes, el tribunal tiene en cuenta la propia declaración del hoy apelante ante el Juez Instructor cuando negó haber consumido cocaína; el testimonio del agente del CNP que estuvo con él el día de los hechos y que testimonió que estaba "normal" y que no aparentaba ebriedad o influencia de estupefacientes; y los testimonios de Irene, trabajadora del Centro de Intervención de Baja Exigencia, y su compañera Adela; la primera manifestó que vio tranquilo al hoy apelante; mientras que la segunda, aunque comentó que al principio parecía estar alcoholizado o drogado, nervioso o con ansiedad, después su conducta devino tranquila.

Se dice en la sentencia que es plausible que esta testigo percibiera al acusado como nervioso o ansioso "teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. De hecho, dicha ansiedad o nerviosismo parecía estar relacionado con su intención de limpiarse la cara, cargar el teléfono móvil y abandonar el lugar de los hechos".

De ahí que, por su razonabilidad, tenemos que confirmar las conclusiones del tribunal según las cuales, cuando los hechos, el hoy apelante "no tenía afectada su capacidad volitiva, aunque tuviera diagnosticado algún trastorno psíquico, éste no afectaba a las bases psicobiológicas de la imputabilidad"; y, "por otro lado, tampoco ha resultado acreditado que el acusado tuviera afectada su capacidad volitiva por el consumo de cocaína [...] No hay ningún documento que acredite que hubiera consumido, más allá de las declaraciones que el propio acusado realizó que, por otro lado, fueron contradictorias".

Añadimos nosotros que no negando que el hoy apelante fuera consumidor de estupefacientes, sin embargo, "por más flexibilidad que quiera atribuirse a la aplicación [...] de la atenuante de drogodependencia, su marco jurídico no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende del art. 21.2 del CP, a saber, su significación causal, su perturbadora influencia en la voluntad del acusado" ( STS núm. 2029/2008, de 28 de abril); y en el presente caso no se concreta la influencia causal de la afectación con el delito que tratamos. Como tampoco hay base para concluir que las facultades cognitivas y volitivas del apelante estuvieran deterioradas por una significativa patología, afectación o deterioro mentales.

Por lo que rechazamos las alegaciones y desestimamos el recurso de apelación.

NOVENO.-Así pues, confirmamos la sentencia impugnada e imponemos, de existir, el pago de las costas correspondientes a esta alzada a la parte apelante ( art. 901 LECrim) , incluidas las de la acusación particular.

PRIMERO.-El objeto de la impugnación del recurso de apelación de Ildefonso es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, referida en los antecedentes.

La sentencia condena al hoy apelante, como autor de un delito intentado de asesinato, a 7 años y 9 meses de prisión y a otras penas accesorias y medidas, a indemnizar a su víctima, y a las costas del proceso incluidas las de la acusación particular.

SEGUNDO.-La representación de la parte apelante se queja de la "indebida aplicación del art. 139.1 del CP ( por) falta de animus necandi"y propugna la aplicación de su art. 148 (delito de lesiones) "al existir animus laedendi".

Sostiene que no es cierto del todo que en el testimonio de la víctima no haya "ausencia de incredibilidad subjetiva", ello porque declaró que antes le había desparecido uno de los medicamentos con morfina que se le habían recetado; también hubo recriminado al apelante la "falta de limpieza". Por otro lado, cuando ambos estaban en el suelo, el cuchillo ya se había roto, tanto por la punta como por el mango, así que la versión de la víctima no es coherente, pues el apelante no podía continuar con la agresión sin sufrir lesiones en las manos. Los implicados son consumidores de sustancias estupefacientes, diagnosticados de depresión y otras alteraciones de personalidad. Los cierto es que el apelante cesó en su agresión y se marchó lo que supone un desistimiento voluntario porque fue la causa directa de que no se produjera el resultado mortal. Tampoco se acredita manifestación del agresor indicativa de un ánimo homicida. Las lesiones de la espalda son simples cortes que únicamente precisaron sutura, no hubo apuñalamiento ni penetración. Las lesiones se producen en el suelo, una vez el cuchillo estaba roto.

TERCERO.-Con sus primeras alegaciones la parte apelante agrupa, no con mucho orden, hasta tres temas impugnatorios a los que habremos de dar respuesta.

El primero de ellos parece cuestionar el relato de hechos a que llega la sentencia en atención a un punto concreto, los motivos de incredibilidad subjetiva que, según la parte apelante, concurrían en la víctima y que no tuvo en cuenta por el tribunal sentenciador. También alude a una supuesta falta de coherencia del relato incriminatorio porque -sostiene- el agresor no podría haber continuado la agresión con el cuchillo roto.

Quien apela parece cuestionar la valoración judicial de la prueba. Por lo que viene al caso el recordatorio, con la STS núm. 644/2019, de 20 de diciembre, de que la función del tribunal de apelación "no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa", de modo que el control de la segunda instancia penal se extenderá a la constatación, entre otros aspectos, de la estructura racional del discurso valorativo, "censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias", pues "no se trata de que este tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación".

Pues bien; la alegación de motivos de incredibilidad subjetiva supone un aspecto muy concreto del debate procesal, limitado a si los implicados discutieron por la desaparición de unas pastillas o a si la víctima recriminó falta de limpieza, prescindiendo la parte apelante de una consideración general y contextualizada de las pruebas y de la pertinente crítica de variados argumentos a partir de los cuales el tribunal llegó a la conclusión de que los hechos acontecieron como reflejó la sentencia.

Lo cierto es que las pruebas testificales, documentales y periciales no dan margen para una descripción objetiva de la agresión diferente de la recogida en los hechos probados judiciales.

Por otro lado, lo aducido por la parte no suponen motivos espurios de enemistad, resentimiento, ánimo de venganza, etc., sino, acaso, el detonante inmediato y previo de la agresión. Como razona el tribunal, poca relevancia ofrece por qué los implicados discutieron antes de que el apelante atacase a la víctima de forma sorpresiva y con un cuchillo.

Por lo demás, que el cuchillo se rompiera durante la agresión, o que no se rompiera, igualmente carece relevancia, la pérdida del mango pudo acontecer después. No es discutible que el hoy apelante continuó con su ataque con el cuchillo después de que se diera la vuelta la víctima, solo así se explican sus múltiples y graves heridas defensivas en las manos.

Por lo que las alegaciones de este apartado deben descartarse.

CUARTO.-Otras alegaciones de la parte apelante cuestionan el ánimo de matar que le atribuyen los jueces. Propugna que los hechos se califiquen como un delito grave de lesiones.

Con lo cual viene a proponer una particular valoración de la prueba debiéndose recordar por ello -como en el anterior apartado- que la tarea de ponderar los elementos probatorios para inferir el ánimo del agresor en los delitos de asesinato, homicidio o lesiones compete al tribunal sentenciador que haya percibido con inmediación las pruebas practicadas en el juicio al respecto. Correspondiendo a este órgano de apelación verificar únicamente si el tribunal sentenciador contó con datos de cargo suficientes y legales para su conclusión ("juicio de suficiencia") y si dicha conclusión responde a las pautas de motivación y razonabilidad exigibles a las decisiones judiciales ("juicio de razonabilidad").

La sentencia a quoincluyeuna complida cita jurisprudencial ( STS núm. 361/2018, de 3 de diciembre) sobre los datos a los cuales debe atenderse para dilucidar si la agresión sin resultado de muerte vino presidida por un animus necandi,en especial en los ataques con arma blanca ( STS núm. 271/2005, de 28 de febrero), en la cual, entre otros, se señalan como indicativos "la clase de amara utilizada", "la zona del cuerpo a la que se dirige el golpe contra la víctima", y "la intensidad del golpe".

Traemos nosotros de la STS núm. 610/2025, de 2 de julio, que enseña que "el ámbito diferencial en estos casos entre dolo de matar y lesionar que está basado en la fina y difícil determinación y definición acerca de cómo puede 'adivinarse' esa intención en el sujeto activo del delito, cuando lleva a cabo su acción que solo pertenece y queda al ámbito subjetivo y psicológico del ser humano, pero que en el terreno jurídico puede ser, y lo es, evidenciado por la inferencia de los datos que, como probados, constan en el proceso. El elemento subjetivo del delito de homicidio o asesinato no es sólo el animus necandiointención específica de causar la muerte de una persona, sino el 'dolo de matar'.Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Desde una argumentación del dolo basado en la voluntad, el elemento subjetivo del delito doloso de matar concurre en el presente caso en el hecho probado pues, indudablemente, el autor se representa la probabilidad de que su acción produzca la muerte y persiste en la acción y continúa, aunque fue interrumpido contra su voluntad, de ahí la tentativa. El delito de homicidio o asesinato exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia [...]".

"La inferencia del tribunal respecto a la intención de matar debe estar construida con el mismo elenco probatorio que la autoría que le lleva a entender que se perpetró el crimen y que existió intención de matar. Y ello, en el derecho anglosajón se construye con lo que denominan cumulative evidence presentedo 'evidencia acumulativa presentada'. Y la intención se puede inferir examinando tanto las declaraciones como las acciones".

Por lo demás, como en alguna ocasión ha señalado el Tribunal Constitucional ( STC 136/2001, de 18 de junio), los hechos psicológicos solo pueden probarse a través de hechos externos. Y a partir "de lo que se hace" es como podemos establecer la intención.

Fue aquí que el tribunal sentenciador desgrana los diversos indicativos sobre cuya base concluye que el hoy apelante tenía intención de matar a su contrincante pues le atacó de forma sorpresiva por la espalda, con un cuchillo cerámico, asestándole varias puñaladas en la espalda, cabeza, haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. "Sobre la zona del cuerpo donde se asestaron las puñaladas, en la espalda muy cerca de la base del cuello y en la cabeza, la médico forense [...] afirmó que podían ser mortales, que si penetraban podían ser un riesgo vital. Y sobre la fractura que tenía el señor Jesús María en la sexta costilla izquierda, dijo que era compatible con la puñalada que recibió en la espalda, por la contundencia".

Apreciación judicial sobre la que no cabe tacha de irrazonabilidad habida cuenta de que de los golpes del cuchillo cerámico resultaron 1º) una herida de 12 cm. en el cuero cabelludo; 2º) otra herida de 5,7 cm. en la región escapular de la espalda; 3º) otra herida en la espalda en región paravertebral; 4º) otra herida en la espalda en región paravertebral; y 5º) otra herida en dirección de la región costal.

La utilización de un peligroso cuchillo, la reiteración de los golpes de cuchillo en la espalda en zonas corporales de riesgo, la fuerza del ataque (resultó una vértebra fracturada) llanamente habilitan la conclusión judicial de que al hoy apelante tenía la intención de matar a su víctima. Las múltiples heridas defensivas que ésta presentó en las manos confirman el empeño homicida del agresor, quien no cejó incluso cuando el agredido pudo darse la vuelta en el suelo.Tampoco la índole de cada una de lesiones materializadas ensombrece la conclusión judicial; el ánimono se juzga solamente en atención a la gravedad de las heridas provocadas.Aunque las heridas no fuesen mortales de necesidad obviamente (sin que tal necesidad se requiera en las condenas por intento de homicidio o asesinato), lo cierto es generaron un peligro de muerte serio y no desdeñable de no haber mediado la defensa del agredido y oportuna asistencia.Por utilizar las palabras de la STS núm. 988/2022 de 20 de diciembre, también aquí "la intensidad de los golpes y su dirección hacia zonas que albergan órganos vitales, las características del arma empleada, o la propia secuencia de los acontecimientos no permiten otra inferencia que la del discutido animus necandi".

Como es sabido, "la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de su interrelación y combinación. Los indicios concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección" ( STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre); siendo pertinente el anterior recordatorio porque la crítica planteada por la parte apelante deja de lado la mayoría de los indicios que llevaron a la convicción judicial sobre el animus necandi.

Por lo que rechazamos las alegaciones de este apartado.

QUINTO.-Ya se ha dicho que la parte apelante propugna que le debe beneficiar la figura del desistimiento voluntario del apartado 2 del art. 16 del CP, el cual prevé que "quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado".

Tal supuesto de exención de responsabilidad penal se descarta en la sentencia al apuntar que el hoy apelante asestó "varias puñaladas en la espalda, cabeza y haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. No se produjo el resultado porque la víctima le empujó y el acusado se marchó del lugar de los hechos".

Alega el Ministerio Fiscal que si el agresor no logró su propósito fue porque no dispuso del instrumento de ataque, pues el cuchillo se había fracturado. Mientras que la acusación particular resalta que el agresor dejó abandonada a la víctima desangrándose y gravemente herida sin avisar a los servicios de emergencia; que el agresor había ejecutado actos idóneos para matar que no se consumaron por azar; y que el ataque solo cesó cuando la víctima logra zafarse tras haber sido apuñalado.

Acudimos de nuevo a la citada STS núm. 610/2025, de 2 de julio, de la cual entresacamos los pasajes que interesan en el tema del desistimiento voluntario. Con cita a su vez de la STS 671/2017, de 11 de octubre, "subraya al efecto la exigencia de la 'voluntariedad', que define su esencia dogmática, y a continuación, la 'eficacia de la conducta que detiene el iter criminis,requiriendo que sea el propio autor del delito el que impida la consumación del delito, o bien que desencadene la actuación de terceros, si éstos son finalmente los que lo consiguen"; también cita la STS núm. 637/2019, de 19 de diciembre, cuando dice que "difícilmente podrá predicarse efectividad interruptora a la mera omisión del autor respecto a la no producción del resultado cuando su comportamiento anterior haya supuesto la realización de todos los actos que objetivamente producen el resultado típico. Porque, si ya realizó todos los actos que objetivamente producen el resultado, es claro que los cualesquiera otros actos omitidos ya no eran objetivamente ejecutivos ni, por ello, su omisión es relevante para la no producción del resultado".

De la STS núm. 77/2017 de 9 de febrero, extrae que "mientras el ciclo del delito se encuentra abierto, porque el sujeto activo de la infracción no ha practicado todos los actos que han de producirlo, cabe que pueda éste concederse a sí mismo una causa excluyente de la pena por medio de una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria. Cabe incluso que cuando se han practicado todos los actos que han de originar el delito, sin tener todavía realidad, siguiendo por tanto abierta la vida de la infracción, se conceda también jurídicamente otra exclusión de la penalidad siempre que la conducta de retroacción sea activa y eficaz, originándose así el denominado técnicamente arrepentimiento activo, que juega de forma distinta de la tentativa acabada, antigua frustración, aunque guarden entre sí elementos comunes. El culpable tiene intención de evitar el resultado lesivo y practica una conducta activa y eficaz para evitar ese resultado. Pero en este caso no concurre una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria, sino que se marcha del lugar, huyendo porque sabía que le habían sorprendido perpetrando el crimen, y que la policía iba a llegar en breve. Lo que hace es, en consecuencia, 'huir', pero no 'desistir' que no es lo mismo, ni mucho menos. Por ello, no deben confundirse los escenarios de la huida".

"El desistimiento será involuntario destaca la mejor doctrina, cuando la renuncia a proseguir la ejecución responda a circunstancias sobrevenidas que impidan la continuación del plan trazado por el autor; cuando se haya producido un relevante incremento de las dificultades; y cuando los motivos del desistimiento ejercieron tal influencia en el proceso de formación de la voluntad que no permitieron otra elección".

Pues bien; partiendo de los anteriores presupuestos doctrinales, y en una decisión análoga a la de nuestro Alto Tribunal en la STS núm. 610/2025, no es asumible el desistimiento que propugna la parte apelante, pues propiamente no desistió, sino que se marchó porque no pudo concluir el acto pretendido una vez el agredido se dio la vuelta y se defendió perdiendo eficacia la sorpresa de la agresión: el hoy apelante cesó en su agresión en su acción no por propia voluntad, sino por causas exteriores ajenas a él, al tiempo que tampoco emprendió actuación alguna tendente a conjurar los daños y riesgos resultantes de su actuación.

Por lo que descartamos las alegaciones.

SEXTO.-Otro tema es la postulada aplicación de la eximente completa del art. 20.1º del CP por enajenación o, subsidiariamente, la eximente incompleta de su art. 20.1.

Alega la parte apelante que el informe médico-forense a que se atuvo la sentencia resulta contradictorio con el historial clínico aportado a autos, historial según el cual el apelante está sometido a tratamiento psiquiátrico con quetapina y otros ansiolíticos, como refirió la trabajadora del ABS. En el historial consta que acudía a la unidad de psiquiatría y que en consultas externas (30-12-2021) se le diagnosticó un trastorno límite y déficit de control, así como un trastorno de personalidad "Cluster B". "De haber sabido el médico forense de aquel historial, sus conclusiones habrían sido otras". La propia víctima declaró ante la policía que su agresor estaba empastillado. La enfermera del ABS manifestó que estaba alcoholizado, drogado, con ansiedad.

SÉPTIMO-Si bien era jurisprudencia inveterada la de que la presunción de inocencia no amparaba la alegación de circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad criminal, de modo que su aplicación judicial requería que estuviesen "tan probadas como el hecho delictivo mismo", sin que tampoco rija en este ámbito el principio in dubio pro reo,sin embargo, se aprecia cierta evolución doctrinal de la que es muestra la STS núm. 759/2022, de 15 de septiembre, la cual, repasando la STS núm. 675/2014, de 9 de octubre, después de señalar que "para dar por no probada una eximente basta con no tener razones para considerarla acreditada", matiza que "rectamente entendida, la anterior doctrina no equivale a exigir, para que cualesquiera circunstancias eximentes o atenuantes pudieran reputarse aplicadas, una prueba irrefutable (en el sentido de enteramente excluyente de cualquier otra alternativa) del soporte fáctico que las conforma. En el enjuiciamiento penal, forzoso es reconocerlo, hemos de movernos siempre en el plano de la probabilidad, tanto por lo que respecta a los hechos que pudieran resultar desfavorables al acusado como con relación a aquellos que le beneficien, de tal modo que para que un suceso pueda reputarse probado habremos de acudir a criterios vinculados con la idea de probabilidad razonable o prevalente. Un hecho, tanto si favorece como si perjudica al acusado, se considerará probado cuando, a partir del rendimiento ofrecido por los medios probatorios desarrollados en el juicio (obtenidos de forma lícita y desarrollados de manera regular) se evidencie como altamente probable, excluyendo cualquier otra alternativa, igual o parecidamente válida, desde el punto de vista epistemológico".

Asimismo traemos la STS núm. 17/2023 de 19 de enero, que analiza la jurisprudencia sobre el tema ( STS núm. 497/2022 de 24 de mayo; 645/2018 de 13 de diciembre; 280/2006 de 2 de marzo; 282/2004 de 1 de marzo; y 616/1996, de 30 septiembre), jurisprudencia que nos indica que es un hecho incontrovertible que el consumo de drogas puede incidir en las facultades psíquicas que son fundamento de la imputabilidad con distinta intensidad, lo que hace que paralelamente pueda determinar una circunstancia modificativa de la responsabilidad de distinto grado, para lo que se viene exigiendo:

-Requisito biopatológico: Que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa de la responsabilidad criminal; que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que este tipo de situaciones patológicas no se producen de forma instantánea, sino que requieren un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de la sustancia estupefaciente ingerida o consumida.

- Requisito psicológico: Que produzca en el sujeto una afectación de sus facultades mentales; ya que no es suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación, si la droga no ha afectado a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto. Cierto es que la actual atenuante de drogadicción sólo exige que el sujeto actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo cual no permitirá prescindir absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera en dicha norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya que tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto compulsivo que le llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para procurarse las sustancias expresadas.

-Requisito cronológico: La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva.

- Requisito normativo: El distinto grado de intensidad o influencia determinará la apreciación de la toxicomanía como eximente, eximente incompleta o atenuante, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, por cuanto hoy no resulta aconsejable, pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente incompleta, con idénticos efectos penológicos.

OCTAVO.-Las alegaciones de la parte apelante se proyectan en una doble dirección; la primera, propugnando que el apelante al tiempo de los hechos estaba aquejado de una anomalía o alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; segundo, que entonces estuvo influido por una intoxicación de sustancias estupefacientes que le impedían comprender la ilicitud del hecho.

Al respecto de ambas cuestiones el tribunal sentenciador ofrece una amplia motivación que pondera un primer informe médico-forense suscrito por el doctor Victoriano, de 29-12-2023 y ratificado en juicio, según el cual no se objetivaba ni constaba en la historia clínica del IMLCFCS "que el informado padezca trastorno psíquico de gravedad que afecte de base a las bases psicológicas de la imputabilidad"; igualmente pondera la sentencia un segundo informe médico-forense de 31-3-2025, esta vez suscrito por el doctor Prudencio y también ratificado en juicio, por el cual concluía que las "bases psicobiológicas de la imputabilidad se encontraban conservadas, respecto de los hechos del presente procedimiento". El tema de las previas asistencias a la unidad de psiquiatría y la historia clínica fue objeto de explicación por el médico forense a preguntas de la Letrada de la defensa dictaminando que los trastornos de la personalidad no tienen por qué afectar a las bases de la imputabilidad penal.

En cuanto a la hipotética intoxicación por estupefacientes, el tribunal tiene en cuenta la propia declaración del hoy apelante ante el Juez Instructor cuando negó haber consumido cocaína; el testimonio del agente del CNP que estuvo con él el día de los hechos y que testimonió que estaba "normal" y que no aparentaba ebriedad o influencia de estupefacientes; y los testimonios de Irene, trabajadora del Centro de Intervención de Baja Exigencia, y su compañera Adela; la primera manifestó que vio tranquilo al hoy apelante; mientras que la segunda, aunque comentó que al principio parecía estar alcoholizado o drogado, nervioso o con ansiedad, después su conducta devino tranquila.

Se dice en la sentencia que es plausible que esta testigo percibiera al acusado como nervioso o ansioso "teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. De hecho, dicha ansiedad o nerviosismo parecía estar relacionado con su intención de limpiarse la cara, cargar el teléfono móvil y abandonar el lugar de los hechos".

De ahí que, por su razonabilidad, tenemos que confirmar las conclusiones del tribunal según las cuales, cuando los hechos, el hoy apelante "no tenía afectada su capacidad volitiva, aunque tuviera diagnosticado algún trastorno psíquico, éste no afectaba a las bases psicobiológicas de la imputabilidad"; y, "por otro lado, tampoco ha resultado acreditado que el acusado tuviera afectada su capacidad volitiva por el consumo de cocaína [...] No hay ningún documento que acredite que hubiera consumido, más allá de las declaraciones que el propio acusado realizó que, por otro lado, fueron contradictorias".

Añadimos nosotros que no negando que el hoy apelante fuera consumidor de estupefacientes, sin embargo, "por más flexibilidad que quiera atribuirse a la aplicación [...] de la atenuante de drogodependencia, su marco jurídico no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende del art. 21.2 del CP, a saber, su significación causal, su perturbadora influencia en la voluntad del acusado" ( STS núm. 2029/2008, de 28 de abril); y en el presente caso no se concreta la influencia causal de la afectación con el delito que tratamos. Como tampoco hay base para concluir que las facultades cognitivas y volitivas del apelante estuvieran deterioradas por una significativa patología, afectación o deterioro mentales.

Por lo que rechazamos las alegaciones y desestimamos el recurso de apelación.

NOVENO.-Así pues, confirmamos la sentencia impugnada e imponemos, de existir, el pago de las costas correspondientes a esta alzada a la parte apelante ( art. 901 LECrim), incluidas las de la acusación particular.

PRIMERO.-El objeto de la impugnación del recurso de apelación de Ildefonso es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, referida en los antecedentes.

La sentencia condena al hoy apelante, como autor de un delito intentado de asesinato, a 7 años y 9 meses de prisión y a otras penas accesorias y medidas, a indemnizar a su víctima, y a las costas del proceso incluidas las de la acusación particular.

SEGUNDO.-La representación de la parte apelante se queja de la "indebida aplicación del art. 139.1 del CP ( por) falta de animus necandi"y propugna la aplicación de su art. 148 (delito de lesiones) "al existir animus laedendi".

Sostiene que no es cierto del todo que en el testimonio de la víctima no haya "ausencia de incredibilidad subjetiva", ello porque declaró que antes le había desparecido uno de los medicamentos con morfina que se le habían recetado; también hubo recriminado al apelante la "falta de limpieza". Por otro lado, cuando ambos estaban en el suelo, el cuchillo ya se había roto, tanto por la punta como por el mango, así que la versión de la víctima no es coherente, pues el apelante no podía continuar con la agresión sin sufrir lesiones en las manos. Los implicados son consumidores de sustancias estupefacientes, diagnosticados de depresión y otras alteraciones de personalidad. Los cierto es que el apelante cesó en su agresión y se marchó lo que supone un desistimiento voluntario porque fue la causa directa de que no se produjera el resultado mortal. Tampoco se acredita manifestación del agresor indicativa de un ánimo homicida. Las lesiones de la espalda son simples cortes que únicamente precisaron sutura, no hubo apuñalamiento ni penetración. Las lesiones se producen en el suelo, una vez el cuchillo estaba roto.

TERCERO.-Con sus primeras alegaciones la parte apelante agrupa, no con mucho orden, hasta tres temas impugnatorios a los que habremos de dar respuesta.

El primero de ellos parece cuestionar el relato de hechos a que llega la sentencia en atención a un punto concreto, los motivos de incredibilidad subjetiva que, según la parte apelante, concurrían en la víctima y que no tuvo en cuenta por el tribunal sentenciador. También alude a una supuesta falta de coherencia del relato incriminatorio porque -sostiene- el agresor no podría haber continuado la agresión con el cuchillo roto.

Quien apela parece cuestionar la valoración judicial de la prueba. Por lo que viene al caso el recordatorio, con la STS núm. 644/2019, de 20 de diciembre, de que la función del tribunal de apelación "no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa", de modo que el control de la segunda instancia penal se extenderá a la constatación, entre otros aspectos, de la estructura racional del discurso valorativo, "censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias", pues "no se trata de que este tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación".

Pues bien; la alegación de motivos de incredibilidad subjetiva supone un aspecto muy concreto del debate procesal, limitado a si los implicados discutieron por la desaparición de unas pastillas o a si la víctima recriminó falta de limpieza, prescindiendo la parte apelante de una consideración general y contextualizada de las pruebas y de la pertinente crítica de variados argumentos a partir de los cuales el tribunal llegó a la conclusión de que los hechos acontecieron como reflejó la sentencia.

Lo cierto es que las pruebas testificales, documentales y periciales no dan margen para una descripción objetiva de la agresión diferente de la recogida en los hechos probados judiciales.

Por otro lado, lo aducido por la parte no suponen motivos espurios de enemistad, resentimiento, ánimo de venganza, etc., sino, acaso, el detonante inmediato y previo de la agresión. Como razona el tribunal, poca relevancia ofrece por qué los implicados discutieron antes de que el apelante atacase a la víctima de forma sorpresiva y con un cuchillo.

Por lo demás, que el cuchillo se rompiera durante la agresión, o que no se rompiera, igualmente carece relevancia, la pérdida del mango pudo acontecer después. No es discutible que el hoy apelante continuó con su ataque con el cuchillo después de que se diera la vuelta la víctima, solo así se explican sus múltiples y graves heridas defensivas en las manos.

Por lo que las alegaciones de este apartado deben descartarse.

CUARTO.-Otras alegaciones de la parte apelante cuestionan el ánimo de matar que le atribuyen los jueces. Propugna que los hechos se califiquen como un delito grave de lesiones.

Con lo cual viene a proponer una particular valoración de la prueba debiéndose recordar por ello -como en el anterior apartado- que la tarea de ponderar los elementos probatorios para inferir el ánimo del agresor en los delitos de asesinato, homicidio o lesiones compete al tribunal sentenciador que haya percibido con inmediación las pruebas practicadas en el juicio al respecto. Correspondiendo a este órgano de apelación verificar únicamente si el tribunal sentenciador contó con datos de cargo suficientes y legales para su conclusión ("juicio de suficiencia") y si dicha conclusión responde a las pautas de motivación y razonabilidad exigibles a las decisiones judiciales ("juicio de razonabilidad").

La sentencia a quoincluyeuna complida cita jurisprudencial ( STS núm. 361/2018, de 3 de diciembre) sobre los datos a los cuales debe atenderse para dilucidar si la agresión sin resultado de muerte vino presidida por un animus necandi,en especial en los ataques con arma blanca ( STS núm. 271/2005, de 28 de febrero), en la cual, entre otros, se señalan como indicativos "la clase de amara utilizada", "la zona del cuerpo a la que se dirige el golpe contra la víctima", y "la intensidad del golpe".

Traemos nosotros de la STS núm. 610/2025, de 2 de julio, que enseña que "el ámbito diferencial en estos casos entre dolo de matar y lesionar que está basado en la fina y difícil determinación y definición acerca de cómo puede 'adivinarse' esa intención en el sujeto activo del delito, cuando lleva a cabo su acción que solo pertenece y queda al ámbito subjetivo y psicológico del ser humano, pero que en el terreno jurídico puede ser, y lo es, evidenciado por la inferencia de los datos que, como probados, constan en el proceso. El elemento subjetivo del delito de homicidio o asesinato no es sólo el animus necandiointención específica de causar la muerte de una persona, sino el 'dolo de matar'.Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Desde una argumentación del dolo basado en la voluntad, el elemento subjetivo del delito doloso de matar concurre en el presente caso en el hecho probado pues, indudablemente, el autor se representa la probabilidad de que su acción produzca la muerte y persiste en la acción y continúa, aunque fue interrumpido contra su voluntad, de ahí la tentativa. El delito de homicidio o asesinato exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia [...]".

"La inferencia del tribunal respecto a la intención de matar debe estar construida con el mismo elenco probatorio que la autoría que le lleva a entender que se perpetró el crimen y que existió intención de matar. Y ello, en el derecho anglosajón se construye con lo que denominan cumulative evidence presentedo 'evidencia acumulativa presentada'. Y la intención se puede inferir examinando tanto las declaraciones como las acciones".

Por lo demás, como en alguna ocasión ha señalado el Tribunal Constitucional ( STC 136/2001, de 18 de junio), los hechos psicológicos solo pueden probarse a través de hechos externos. Y a partir "de lo que se hace" es como podemos establecer la intención.

Fue aquí que el tribunal sentenciador desgrana los diversos indicativos sobre cuya base concluye que el hoy apelante tenía intención de matar a su contrincante pues le atacó de forma sorpresiva por la espalda, con un cuchillo cerámico, asestándole varias puñaladas en la espalda, cabeza, haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. "Sobre la zona del cuerpo donde se asestaron las puñaladas, en la espalda muy cerca de la base del cuello y en la cabeza, la médico forense [...] afirmó que podían ser mortales, que si penetraban podían ser un riesgo vital. Y sobre la fractura que tenía el señor Jesús María en la sexta costilla izquierda, dijo que era compatible con la puñalada que recibió en la espalda, por la contundencia".

Apreciación judicial sobre la que no cabe tacha de irrazonabilidad habida cuenta de que de los golpes del cuchillo cerámico resultaron 1º) una herida de 12 cm. en el cuero cabelludo; 2º) otra herida de 5,7 cm. en la región escapular de la espalda; 3º) otra herida en la espalda en región paravertebral; 4º) otra herida en la espalda en región paravertebral; y 5º) otra herida en dirección de la región costal.

La utilización de un peligroso cuchillo, la reiteración de los golpes de cuchillo en la espalda en zonas corporales de riesgo, la fuerza del ataque (resultó una vértebra fracturada) llanamente habilitan la conclusión judicial de que al hoy apelante tenía la intención de matar a su víctima. Las múltiples heridas defensivas que ésta presentó en las manos confirman el empeño homicida del agresor, quien no cejó incluso cuando el agredido pudo darse la vuelta en el suelo.Tampoco la índole de cada una de lesiones materializadas ensombrece la conclusión judicial; el ánimono se juzga solamente en atención a la gravedad de las heridas provocadas.Aunque las heridas no fuesen mortales de necesidad obviamente (sin que tal necesidad se requiera en las condenas por intento de homicidio o asesinato), lo cierto es generaron un peligro de muerte serio y no desdeñable de no haber mediado la defensa del agredido y oportuna asistencia.Por utilizar las palabras de la STS núm. 988/2022 de 20 de diciembre, también aquí "la intensidad de los golpes y su dirección hacia zonas que albergan órganos vitales, las características del arma empleada, o la propia secuencia de los acontecimientos no permiten otra inferencia que la del discutido animus necandi".

Como es sabido, "la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de su interrelación y combinación. Los indicios concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección" ( STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre); siendo pertinente el anterior recordatorio porque la crítica planteada por la parte apelante deja de lado la mayoría de los indicios que llevaron a la convicción judicial sobre el animus necandi.

Por lo que rechazamos las alegaciones de este apartado.

QUINTO.-Ya se ha dicho que la parte apelante propugna que le debe beneficiar la figura del desistimiento voluntario del apartado 2 del art. 16 del CP, el cual prevé que "quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado".

Tal supuesto de exención de responsabilidad penal se descarta en la sentencia al apuntar que el hoy apelante asestó "varias puñaladas en la espalda, cabeza y haciéndole cortes en las manos cuando la víctima intentaba defenderse. No se produjo el resultado porque la víctima le empujó y el acusado se marchó del lugar de los hechos".

Alega el Ministerio Fiscal que si el agresor no logró su propósito fue porque no dispuso del instrumento de ataque, pues el cuchillo se había fracturado. Mientras que la acusación particular resalta que el agresor dejó abandonada a la víctima desangrándose y gravemente herida sin avisar a los servicios de emergencia; que el agresor había ejecutado actos idóneos para matar que no se consumaron por azar; y que el ataque solo cesó cuando la víctima logra zafarse tras haber sido apuñalado.

Acudimos de nuevo a la citada STS núm. 610/2025, de 2 de julio, de la cual entresacamos los pasajes que interesan en el tema del desistimiento voluntario. Con cita a su vez de la STS 671/2017, de 11 de octubre, "subraya al efecto la exigencia de la 'voluntariedad', que define su esencia dogmática, y a continuación, la 'eficacia de la conducta que detiene el iter criminis,requiriendo que sea el propio autor del delito el que impida la consumación del delito, o bien que desencadene la actuación de terceros, si éstos son finalmente los que lo consiguen"; también cita la STS núm. 637/2019, de 19 de diciembre, cuando dice que "difícilmente podrá predicarse efectividad interruptora a la mera omisión del autor respecto a la no producción del resultado cuando su comportamiento anterior haya supuesto la realización de todos los actos que objetivamente producen el resultado típico. Porque, si ya realizó todos los actos que objetivamente producen el resultado, es claro que los cualesquiera otros actos omitidos ya no eran objetivamente ejecutivos ni, por ello, su omisión es relevante para la no producción del resultado".

De la STS núm. 77/2017 de 9 de febrero, extrae que "mientras el ciclo del delito se encuentra abierto, porque el sujeto activo de la infracción no ha practicado todos los actos que han de producirlo, cabe que pueda éste concederse a sí mismo una causa excluyente de la pena por medio de una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria. Cabe incluso que cuando se han practicado todos los actos que han de originar el delito, sin tener todavía realidad, siguiendo por tanto abierta la vida de la infracción, se conceda también jurídicamente otra exclusión de la penalidad siempre que la conducta de retroacción sea activa y eficaz, originándose así el denominado técnicamente arrepentimiento activo, que juega de forma distinta de la tentativa acabada, antigua frustración, aunque guarden entre sí elementos comunes. El culpable tiene intención de evitar el resultado lesivo y practica una conducta activa y eficaz para evitar ese resultado. Pero en este caso no concurre una espontánea conducta de arrepentimiento traducido en el desistimiento de su acción voluntaria, sino que se marcha del lugar, huyendo porque sabía que le habían sorprendido perpetrando el crimen, y que la policía iba a llegar en breve. Lo que hace es, en consecuencia, 'huir', pero no 'desistir' que no es lo mismo, ni mucho menos. Por ello, no deben confundirse los escenarios de la huida".

"El desistimiento será involuntario destaca la mejor doctrina, cuando la renuncia a proseguir la ejecución responda a circunstancias sobrevenidas que impidan la continuación del plan trazado por el autor; cuando se haya producido un relevante incremento de las dificultades; y cuando los motivos del desistimiento ejercieron tal influencia en el proceso de formación de la voluntad que no permitieron otra elección".

Pues bien; partiendo de los anteriores presupuestos doctrinales, y en una decisión análoga a la de nuestro Alto Tribunal en la STS núm. 610/2025, no es asumible el desistimiento que propugna la parte apelante, pues propiamente no desistió, sino que se marchó porque no pudo concluir el acto pretendido una vez el agredido se dio la vuelta y se defendió perdiendo eficacia la sorpresa de la agresión: el hoy apelante cesó en su agresión en su acción no por propia voluntad, sino por causas exteriores ajenas a él, al tiempo que tampoco emprendió actuación alguna tendente a conjurar los daños y riesgos resultantes de su actuación.

Por lo que descartamos las alegaciones.

SEXTO.-Otro tema es la postulada aplicación de la eximente completa del art. 20.1º del CP por enajenación o, subsidiariamente, la eximente incompleta de su art. 20.1.

Alega la parte apelante que el informe médico-forense a que se atuvo la sentencia resulta contradictorio con el historial clínico aportado a autos, historial según el cual el apelante está sometido a tratamiento psiquiátrico con quetapina y otros ansiolíticos, como refirió la trabajadora del ABS. En el historial consta que acudía a la unidad de psiquiatría y que en consultas externas (30-12-2021) se le diagnosticó un trastorno límite y déficit de control, así como un trastorno de personalidad "Cluster B". "De haber sabido el médico forense de aquel historial, sus conclusiones habrían sido otras". La propia víctima declaró ante la policía que su agresor estaba empastillado. La enfermera del ABS manifestó que estaba alcoholizado, drogado, con ansiedad.

SÉPTIMO-Si bien era jurisprudencia inveterada la de que la presunción de inocencia no amparaba la alegación de circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad criminal, de modo que su aplicación judicial requería que estuviesen "tan probadas como el hecho delictivo mismo", sin que tampoco rija en este ámbito el principio in dubio pro reo,sin embargo, se aprecia cierta evolución doctrinal de la que es muestra la STS núm. 759/2022, de 15 de septiembre, la cual, repasando la STS núm. 675/2014, de 9 de octubre, después de señalar que "para dar por no probada una eximente basta con no tener razones para considerarla acreditada", matiza que "rectamente entendida, la anterior doctrina no equivale a exigir, para que cualesquiera circunstancias eximentes o atenuantes pudieran reputarse aplicadas, una prueba irrefutable (en el sentido de enteramente excluyente de cualquier otra alternativa) del soporte fáctico que las conforma. En el enjuiciamiento penal, forzoso es reconocerlo, hemos de movernos siempre en el plano de la probabilidad, tanto por lo que respecta a los hechos que pudieran resultar desfavorables al acusado como con relación a aquellos que le beneficien, de tal modo que para que un suceso pueda reputarse probado habremos de acudir a criterios vinculados con la idea de probabilidad razonable o prevalente. Un hecho, tanto si favorece como si perjudica al acusado, se considerará probado cuando, a partir del rendimiento ofrecido por los medios probatorios desarrollados en el juicio (obtenidos de forma lícita y desarrollados de manera regular) se evidencie como altamente probable, excluyendo cualquier otra alternativa, igual o parecidamente válida, desde el punto de vista epistemológico".

Asimismo traemos la STS núm. 17/2023 de 19 de enero, que analiza la jurisprudencia sobre el tema ( STS núm. 497/2022 de 24 de mayo; 645/2018 de 13 de diciembre; 280/2006 de 2 de marzo; 282/2004 de 1 de marzo; y 616/1996, de 30 septiembre), jurisprudencia que nos indica que es un hecho incontrovertible que el consumo de drogas puede incidir en las facultades psíquicas que son fundamento de la imputabilidad con distinta intensidad, lo que hace que paralelamente pueda determinar una circunstancia modificativa de la responsabilidad de distinto grado, para lo que se viene exigiendo:

-Requisito biopatológico: Que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa de la responsabilidad criminal; que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que este tipo de situaciones patológicas no se producen de forma instantánea, sino que requieren un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de la sustancia estupefaciente ingerida o consumida.

- Requisito psicológico: Que produzca en el sujeto una afectación de sus facultades mentales; ya que no es suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación, si la droga no ha afectado a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto. Cierto es que la actual atenuante de drogadicción sólo exige que el sujeto actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo cual no permitirá prescindir absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera en dicha norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya que tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto compulsivo que le llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para procurarse las sustancias expresadas.

-Requisito cronológico: La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva.

- Requisito normativo: El distinto grado de intensidad o influencia determinará la apreciación de la toxicomanía como eximente, eximente incompleta o atenuante, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, por cuanto hoy no resulta aconsejable, pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente incompleta, con idénticos efectos penológicos.

OCTAVO.-Las alegaciones de la parte apelante se proyectan en una doble dirección; la primera, propugnando que el apelante al tiempo de los hechos estaba aquejado de una anomalía o alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; segundo, que entonces estuvo influido por una intoxicación de sustancias estupefacientes que le impedían comprender la ilicitud del hecho.

Al respecto de ambas cuestiones el tribunal sentenciador ofrece una amplia motivación que pondera un primer informe médico-forense suscrito por el doctor Victoriano, de 29-12-2023 y ratificado en juicio, según el cual no se objetivaba ni constaba en la historia clínica del IMLCFCS "que el informado padezca trastorno psíquico de gravedad que afecte de base a las bases psicológicas de la imputabilidad"; igualmente pondera la sentencia un segundo informe médico-forense de 31-3-2025, esta vez suscrito por el doctor Prudencio y también ratificado en juicio, por el cual concluía que las "bases psicobiológicas de la imputabilidad se encontraban conservadas, respecto de los hechos del presente procedimiento". El tema de las previas asistencias a la unidad de psiquiatría y la historia clínica fue objeto de explicación por el médico forense a preguntas de la Letrada de la defensa dictaminando que los trastornos de la personalidad no tienen por qué afectar a las bases de la imputabilidad penal.

En cuanto a la hipotética intoxicación por estupefacientes, el tribunal tiene en cuenta la propia declaración del hoy apelante ante el Juez Instructor cuando negó haber consumido cocaína; el testimonio del agente del CNP que estuvo con él el día de los hechos y que testimonió que estaba "normal" y que no aparentaba ebriedad o influencia de estupefacientes; y los testimonios de Irene, trabajadora del Centro de Intervención de Baja Exigencia, y su compañera Adela; la primera manifestó que vio tranquilo al hoy apelante; mientras que la segunda, aunque comentó que al principio parecía estar alcoholizado o drogado, nervioso o con ansiedad, después su conducta devino tranquila.

Se dice en la sentencia que es plausible que esta testigo percibiera al acusado como nervioso o ansioso "teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. De hecho, dicha ansiedad o nerviosismo parecía estar relacionado con su intención de limpiarse la cara, cargar el teléfono móvil y abandonar el lugar de los hechos".

De ahí que, por su razonabilidad, tenemos que confirmar las conclusiones del tribunal según las cuales, cuando los hechos, el hoy apelante "no tenía afectada su capacidad volitiva, aunque tuviera diagnosticado algún trastorno psíquico, éste no afectaba a las bases psicobiológicas de la imputabilidad"; y, "por otro lado, tampoco ha resultado acreditado que el acusado tuviera afectada su capacidad volitiva por el consumo de cocaína [...] No hay ningún documento que acredite que hubiera consumido, más allá de las declaraciones que el propio acusado realizó que, por otro lado, fueron contradictorias".

Añadimos nosotros que no negando que el hoy apelante fuera consumidor de estupefacientes, sin embargo, "por más flexibilidad que quiera atribuirse a la aplicación [...] de la atenuante de drogodependencia, su marco jurídico no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende del art. 21.2 del CP, a saber, su significación causal, su perturbadora influencia en la voluntad del acusado" ( STS núm. 2029/2008, de 28 de abril); y en el presente caso no se concreta la influencia causal de la afectación con el delito que tratamos. Como tampoco hay base para concluir que las facultades cognitivas y volitivas del apelante estuvieran deterioradas por una significativa patología, afectación o deterioro mentales.

Por lo que rechazamos las alegaciones y desestimamos el recurso de apelación.

NOVENO.-Así pues, confirmamos la sentencia impugnada e imponemos, de existir, el pago de las costas correspondientes a esta alzada a la parte apelante ( art. 901 LECrim), incluidas las de la acusación particular.