Sentencia Penal 10/2025 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 3/2025 de 17 de noviembre del 2025

PRIMERO:- MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE APELACION

= La Representación procesal, del acusado D. Luis María, solicita mediante el recurso de apelación interpuesto, que se anule la Sentencia dictada en el procedimiento, procediendo a ordenar la repetición del Juicio o, subsidiariamente, para el caso de no admitirlo, con estimación del resto de los Motivos de Apelación se proceda a dictar Sentencia por la que se acuerde la reducción de la pena impuesta a mi representado a la pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato y de 1 año de prisión por el de tenencia de armas, articulando el recurso en los siguientes motivos:

Primero: -Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts 846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

Tercero: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

= La representación procesal del acusado D. Juan Carlos, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia por la que:

1º Declare haber lugar a la estimación del primer motivo de apelación declarando haber lugar a nulidad y ordenando la repetición del juicio.

Subsidiariamente y para el caso de no apreciarse el anterior motivo,

2º.- Aprecie la indebida aplicación de la agravante de ensañamiento conforme a lo solicitado en el segundo motivo de apelación.

3º.- Declare expresamente la vulneración del principio de presunción de inocencia.

4º.- Establezca las penas en su grado mínimo.

Articula los siguientes motivos:

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

= La representación procesal de la acusada Dª Adela, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia, que:

1º-Declare expresamente haberse vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a mi representada el art. 24.2 de la CE.

2º- Revoque la Sentencia recurrida y dicte otra por la que se absuelva a Adela de los delitos de asesinato con alevosía y enseñamiento por los que ha sido condenada y penas accesorias, así como se le absuelva del delito de tenencia ilícita de armas, con todos los pronunciamientos favorables, absolviéndola de la condena al pago de responsabilidad civil alguna, así como de la condena en costas que le ha sido impuesta.

3º.-Subsidiariamente, de entenderse existe participación alguna de Adela en la comisión de los hechos delictivos, deje sin efecto la condena de Adela como coautora de un delito de asesinato, elimine para ella las circunstancias de alevosía y enseñamiento que indebidamente se le aplican, adecúe la calificación de los hechos a ella imputables según la participación real que se le impute por la Ilma. Sala y se limite la condena en razón a la participación que se le impute como mucho en calidad de cómplice y por un delito de homicidio, en ningún caso de asesinato, imponiendo la condena adecuada a su grado de participación en los hechos.

En cuanto a la responsabilidad civil, interesamos se revoque la cantidad de 200.000 euros a favor del hijo de la víctima, y se determine conforme a lo expuesto en el motivo quinto de nuestro recurso.

4º- Declare expresamente no haber lugar a la imposición en costas de mi representada por este recurso de apelación.

Articula el recurso en los siguientes motivos:

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. - se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indicarán. vulneración del art. 138.1 del CP.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los artículos 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

SEGUNDO:- RECURSO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÖN PROCESAL DE D. Luis María

1-Pimer Motivo:-Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

a) Alegaciones de la parte apelante:

La parte apelante afirma al respecto, la dependencia entre el acta del Jurado y la sentencia que finalmente ha de dictarse, no pudiendo esta última exceder o variar en lo sustancial el contenido de aquélla, que le sirve como base, aun cuando el Magistrado Presidente no deba limitarse a una mera recepción formal de lo indicado por los Jurados; señalando, que la sentencia objeto de impugnación incurre en infracción procesal al haber incluido en su fundamentación y valoración jurídica determinadas pruebas que no fueron valoradas por el jurado en su veredicto, lo que sucede en los puntos 4 y 5 del veredicto.

- En el punto cuatro, alega, que el Jurado motiva su decisión en la Declaración Forense de D. Victor Manuel y Dña. Adelaida y, en concreto, en una manifestación vertida en el minuto 42 de la grabación; sin embargo, el Magistrado Presidente no se limita a valorar el informe del IML, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados, dando así una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto, lo que supone una extralimitación de su función.

- En el punto quinto, alega que el Jurado motiva su decisión, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio NUM010); y el Magistrado Pte., en las declaraciones de los acusados y en un informe de la Guardia Civil, que no han sido tenidas en cuenta para tomar la decisión por el jurado, no recogiéndose en el acta, dando el Magistrado en la conclusión que alcanza, una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función; por lo que solicita la anulación de la Sentencia.

b) Doctrina Jurisprudencial

En la reciente STS de 2 de julio de 2025, Rec 10539/2024, se afirma:

"Destaca esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2020 de 15 Oct. 2020, Rec. 93/2019 que:

"El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta", y la jurisprudencia ha destacado esa especial característica.

....en la STS 72/2014, de 29 de enero , dijimos que "(...) El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente,lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable (...)".

La expresión "sucinta" también tiene relación con la propia extensión de la motivación. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción ( STS 1775/2000, de 17 de noviembre ). La STS 1825/2001, de 16 de octubre , declara que no puede exigirse exhaustividad a los jurados, legos en derecho, pues la motivación es calificada por la ley como "sucinta" y la STS1069/2002, de 7 de junio, expresa que el sistema de enjuiciamiento por jurado impone un estándar de motivación menos exigente, dada la calidad no técnica y la falta de experiencia de los integrantes del tribunal.

Por último, conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por qué unos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

La motivación de la decisión del Tribunal del Jurado no se contiene en un único documento.

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

Y completamos esta "exigencia limitada de motivación al jurado" en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 72/2014 de 29 Ene. 2014, Rec. 10865/2013 .

Es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la LOTJ impone al jurado y el que exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación ( art. 61.1 d) LOTJ ); es que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente, lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable..".

c)- Aplicación al supuesto concreto.

Por parte del Jurado se consideró por mayoría de 7 probado el siguiente objeto de veredicto:

"4 A) (...) En tal lugar apartado al que se había conseguido llevar a Higinio, con el pretexto de pagarle la deuda de Juan Carlos, se acometió por Luis María y Juan Carlos a Higinio con ánimo de causarle la muerte, por sorpresa y con ventaja, con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara, al menos con una piedra u objeto contundente,llegando a producir más de 20 heridas en cabeza y cara de Higinio, sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario, hasta que finalmente recibió un disparo en la nucacon un arma de fuego del calibre 32 que le causó la muerte, disparo que se realizó por uno de ellos dos en el modo en que habían acordado ejecutar, actuando ambos de común acuerdo en su realización.

Adela permaneció en el vehículo."

- Motiva el Jurado al respecto tal afirmación sobre la base de lo siguiente:

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) '"En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo, sometieron a la víctima a un dolor innecesario."

El Magistrado Pte., tal y como se recoge al folio 66 a 71, de la Sentencia a los que nos remitimos, complementando la valoración del Jurado, como exige su deber de motivación, a continuación, valora el contenido de los 3 informes emitidos (preliminar, anticipado y definitivo) por el IML y ratificados en el acto del Juicio por los médicos forenses, la naturaleza de las lesiones o heridas (22) ocasionadas por Luis María y Juan Carlos a la víctima, tanto antes de la muerte como después, y las razones de su distinción, así como la localización del proyectil en el cerebro de la víctima una vez realizada la autopsia, destacando " se golpeó retiradamente la cabeza y el cráneo" ; "las heridas que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); sobre el sufrimiento se indicó que, eso se produce si primero piedra (golpes) y luego disparo (46:52, 5ª vg)." "las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg)."

El punto 4 del veredicto, hay que ponerlo en relación con el resto de los puntos que se contiene en el mismo, y a tales efectos con el punto 8, al que la parte no hace referencia, en el que el Jurado consideró por unanimidad probado el siguiente objeto de veredicto:

"8.- El cadáver presentaba en cráneo y cara múltiples heridas contusas (más de 20) que tienen características de vitalidad,que afectaban al tejido dérmico y subcutáneo, llegando en ocasiones al plano óseo, sin tener características de ser heridas mortalescomo:... Enumerándolas a continuación (folios 105 y 106, motivando el hecho, en el informe forense de 8 de febrero de 2024 EP NUM011,y en el Informe fotográfico de la autopsia. Anexo III. Acta NUM012. Páginas de la 3 a la 10. Informes que certifican la vitalidad y presencia de las más de 20 heridas encontradas en el cadáver.

Por ello, la frase emitida por el Médico Forense en el juicio que se resalta en el punto 4, hay que ponerla en contexto, y que en conjunción con esos otros extremos hace que el Jurado deduzca, que los acusados sometieron a la víctima a un dolor innecesario.

El Jurado ha emitido de forma sintética las pruebas no siendo necesario señalar todos los medios de prueba tomados en consideración que han determinado su convicción, de manera que puede controlarse su razonabilidad, tal y como hace el Magistrado Pte., y exige la Doctrina Jurisprudencial; habiendo valorado también expresamente las declaraciones de los acusados en otros puntos, con especial relevancia del tercero en el que las valora con otros medios probatorios, y entre ellos, las declaraciones de los acusados en el juicio oral, para explicar, que los tres actuaron en ejecución de un plan preconcebido.

El Magistrado Pte., valora asimismo las declaraciones de los acusados como elementos incriminatorios (folios 72, a 76), que el Jurado, ateniéndonos a la descripción del hecho, ha valorado, aun cuando no lo expliquen de forma expresa, para llegar a su motivación.

El Magistrado Pte. cumpliendo con el deber de motivación que el Art. 120.3 de la CE le impone, relaciona la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, con las versiones contradictorias, que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, específicamente en relación con las heridas:

Luis María y Juan Carlos, se incriminan mutuamente en relación a quien efectuó el disparo, y Adela, que permanecía en el vehículo, declara en el juicio, que: "Estaba apoyada en el cristal, cerrado, vio pasar algo por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio y a Luis María y de repente Higinio se agacha, las luces apagadas pero algo se veía estaba cerca pasan al lado y los ve, por ese orden y Higinio se agacha e Luis María hace gesto "así" (gesticula) iban caminando los tres en fila Juan Carlos de espalda a Higinio que se agacha e Luis María (de arriba) fogonazo...y nervios y perdió noción de lo que pasaba (4:06:26, 6ª vg); se incorpora un poco y ve por la ventanilla cara girada hacia la derecha (4:11:16, 6ª vg)." "No sabe cuando las heridas, allí no hubo agresión, no heridas..." e Luis María y Juan Carlos, que no hubo agresión.

Resulta acreditado, que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida del mismo, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- A continuación, como hemos hecho constar en el apartado relativo a las alegaciones de la parte apelante, afirma, que en el Punto 5 del Veredicto, el Jurado motiva su decisión, de forma exclusiva, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio PTT NUM010); y que sin embargo, el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba no se limita a recoger y valorar esos audios, como debería haber sido el caso, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados y un informe de la Guardia Civil, alcanzando en la conclusión una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función.

En el punto 5, del objeto de veredicto el Jurado considera por unanimidad, que: " El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho."

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas.";motivando que en el Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla"; en el Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él";y en el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos " miedo a fallar''

En los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

El Magistrado Pte. cumpliendo con su deber de motivación, valora las declaraciones de los acusados, que ofrecen versiones contradictorias sobre el arma de fuego, y coinciden en que los tres carecen de licencia de armas.(folios 78 a 81)

La explicación del Jurado se deduce de las declaraciones de los acusados, contenidas en los audios y del reconocimiento por los mismos de la carencia de permiso.

La valoración por el Magistrado del Informe de la Guardia Civil, no añade nada nuevo, porque dicho informe señala que "...no les figura en la base como titulares de armas de fuego en el periodo descrito ni en ningún otro".

- En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto, y de que la parte no hace referencia a la indefensión derivada de la infracción procesal denunciada, el motivo debe ser desestimado.

2- Segundo Motivo-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts.846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma por la misma, que existe en la Sentencia una clara falta de motivación de los hechos considerados probados por los miembros del Jurado, derivado de una defectuosa proposición del objeto del veredicto por parte del Magistrado Presidente, siendo en esta fase donde precisamente se ha quebrado el derecho a la tutela judicial efectiva, conduciendo ello a la falta de motivación del veredicto.

Y con relación al Hecho probado cuarto (punto 4 del objeto de veredicto, que hemos reproducido en el primer motivo y al que nos remitimos), afirma, que desde el momento en hace recaer la esencia de esta agravante en el número de heridas, ya está condicionando el parecer de los miembros del Jurado que, sin conocimientos legales, relacionan el numero con la consecuencia de aumento consciente del padecimiento de la víctima.

Seguidamente trascribe la parte apelante la Doctrina Jurisprudencial sobre la agravante de ensañamiento, y de la concurrencia de los dos elementos, (objetivo y subjetivo), para terminar afirmando, que el elemento subjetivo debe intentar acreditarse mediante un juicio de inferencia, solicitando la nulidad del punto cuatro, por falta de motivación en relación al elemento subjetivo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme se afirma en la STS de 2 de julio de 2025 Rec. 10539/2024:

Hemos señalado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 66/2024 de 24 Ene. 2024, Rec. 10705/2022 que: "Se puede tratar de vulneración de las normas y garantías procesales ocasionando indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación,por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel,habiéndose denunciado quebrantamiento de normas y garantías procesales que causaren indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación, por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel."

Y se añade que:"Aún en los casos en que no sea necesaria la previa reclamación de subsanación por conllevar la infracción vulneración de un derecho fundamental, en todo caso sí debe serlo la protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada, dado que el último párrafo del artículo 846 bis c) no contempla excepción de ningún tipo en dicha exigencia ( SSTS 257/2019, de 22 de mayo ; 24/2016, de 28 de enero ; 1145/2006, de 23 de noviembre ).

-A su vez, La STS de fecha 24 de enero de 2019 Rec. 10.467/2018 afirma, al respecto: "...esta Sala ha destacado también que la intervención de las partes en la conformación del Objeto del Veredicto es esencial hasta el punto de que no es admisible que éstas no objeten deficiencias en su redacción en el momento procesal idóneo para su corrección y que posteriormente pretendan la nulidad del juicio por las deficiencias que no fueron puestas de manifiesto en tiempo oportuno.

A ello se refiere la STS 454/2010, de 10 de junio , en los siguientes términos: "[...] El propio art. 846 bis c) a) contempla como quebrantamiento de las normas y garantías procesales el defecto en la proposición del objeto del veredicto, siempre que de ello se derive indefensión, y no podemos olvidar -dice la STS. 487/2008 de 17.7 - que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto,el Legislador no ha excluido a las partes,muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndolesigualmente responsables de su contenido,en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ , pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral.La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo.La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de formadel que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia [...]" (En igual sentido SSTS 14/10/2002 , 196/2007, de 9 de marzo , entre otras)...

c) Aplicación al caso concreto:

Examinadas las actuaciones, esta Sala ha podido comprobar que en la Audiencia a las partes antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto ( art. 53 de la LOTJ) , la parte ahora apelante, así como las defensas de los otros dos acusados, solicitaron la inclusión en el punto 4, de una precisión sobre las consecuencias del disparo, y si el corazón seguía latiendo.

El magistrado Pte. la rechazó y se causó protesta.

Pues bien, ahora no se refiere a la redacción defectuosa del elemento objetivo del ensañamiento, sino en cuanto al elemento subjetivo; extremo que no cuestionó en el momento oportuno, ni por lo tanto causó protesta, no cumpliendo de ese modo con el requisito que para la admisión del recurso en relación al motivo analizado exige el art 846 bis c, último apartado en relación al 846 bis c a).

Con esto sería suficiente para la inadmisión del motivo.

Ello no obstante, queremos añadir que el Magistrado dio las oportunas instrucciones al Jurado sobre la agravante específica de ensañamiento, sin que se haya denunciado parcialidad.

3- Tercer Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

a) Alegaciones de la parte

Afirma la parte, que el punto cuatro del veredicto es nulo por falta de motivación del mismo; que la motivación del Jurado entra en contradicción con lo señalado en el Informe Forense, de 9 de mayo de 2024, suscrito por el mismo forense D. Victor Manuel y por Dª. Adelaida en el cual se recoge textualmente:

"(...) 3.- En relación con la anterior, si las lesiones que presentaba el fallecido en la cabeza a las que se hace referencia que se produjeron en vida del mismo, pudieron producirse tanto antes como después de alojarse en el cráneo el proyectil referido.

Estas heridas se han descrito como antemorten al tener signos de vitalidad. Sin embargo, al no poder precisar el tiempo de supervivencia tras el disparo en la cabeza, no se puede determinar con exactitud si se produjeron antes o después de dicho disparo, pudiendo asegurar solamente que fueron hechas cuando la función cardiaca estaba todavía presente."; la opinión personal del médico forense en relación a como se produjeron las lesiones no viene corroborada por ninguna otra prueba, siendo incluso que, en su propio informe, señala la imposibilidad de determinar si las lesiones con signos de vitalidad fueron anteriores o posteriores al disparo; que el razonamiento de la Sentencia para considerar acreditado el ensañamiento es manifiestamente insuficiente, ya que la mera persistencia de actividad cardiaca o de circulación residual no implica existencia de sufrimiento humano, que requiere integridad funcional del sistema nervioso central.

b) Jurisprudencia de aplicación

En resumen, de la Doctrina Jurisprudencial expuesta por el Magistrado Pte a la que nos remitimos, el ensañamiento conlleva un mayor reproche antijurídico (elemento objetivo) y un incremento de culpabilidad (elemento subjetivo), y se revela una mayor gravedad del injusto mediante la adición de otros males. Así en el caso de la muerte el de producir dolor innecesario a la víctima, lo que también equivale a asumir una concepción mixta de dicha agravante.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su deseo de causar un mal mayor a la víctima.

c- Aplicación al caso concreto:

La parte recurrente basa el motivo en la insuficiente motivación del veredicto punto 4, y asimismo en la insuficiencia del razonamiento de la sentencia.

El punto cuatro del objeto de veredicto, ha sido reiterado por la parte en los motivos anteriores, y hemos resuelto la ausencia de infracción procesal por valoración de otras pruebas por el Magistrado, porque es su deber valorar todos los elementos incriminatorios y asimismo cumplir con su deber de motivación; cuando al Jurado no se le debe exigir señalar todos los medios de prueba tomados en consideración, ni todo el itinerario mental, sino una explicación sucinta, siempre y cuando pueda controlarse la racionalidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.

Hemos inadmitido, el segundo de los motivos por razones a las que nos remitimos.

Y ahora se cuestiona la motivación del Magistrado.

-Pues bien, en contra de lo alegado, después de analizar la prueba pericial del IML, en relación al fallecimiento inmediato como consecuencia usual de un disparo inmediato (folio 144); el Magistrado analiza la vitalidad de las lesiones, y la explicaciones del médico forense, al afirmar, que se golpeó reiteradamente la cabeza y cráneo de Higinio, hay 22 heridas, y que al hacer el examen se distinguen las ante mortem y las post mortem con sus características concretas (16:59, 5ª vg); que asimismo informó, que las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y es por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg); si hay varias heridas vitales hay que pensar que se produjeron antes (40:10, 5ª vg); El cadáver de Higinio presentaba hasta 22 lesiones en la cabeza distribuidas en diferentes zonas, heridas que el médico forense indicó que las que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); y que Higinio murió sufriendo por heridas, si primero fue la piedra y luego el tiro (46:52, 5ª vg)... Esas heridas se produjeron con objetos contundentes y así indicó -tras exhibición de la piedra con los restos biológicos de Higinio - que esa piedra perfectamente podía hacer ese tipo de lesiones por tener bordes finos pero en el cráneo aunque fuera la piedra más roma también puede producir heridas lineales.

A continuación, el Magistrado contrasta las versiones de los acusados con otros datos que ofrece el procedimiento, para llegar a la conclusión (folios 153 a 155), que: " En base a la prueba desarrollada se debe concluir entendiendo que se produjeron las lesiones antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo,muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Todas las lesiones del cráneo eran ante mortem y eso es que el corazón latía, que había una vitalidad al menos clínica y se diferencias del resto de las del cuerpo que no presentaban esa característica.

Pero también cabe concluir que lo usual y general es que el disparo en la cabeza produce una muerte muy rápida, pero puede haber supervivencia aunque sea de minutos, aunque sea clínica con función cardiaca y respiratoria pero no consciente, por lo que lo excepcional es permanecer con vida aunque inconsciente.

En esta situación de excepcionalidad de vida, una vez que Higinio ha recibido el disparo y tiene el proyectil en el cerebro, es cuando deben analizarse las versiones de los acusados, en un momento en el que -incluso más beneficioso para los acusados-, Higinio está moribundo y se debe entender según su versión que es golpeado, es decir ya inerte e inconsciente, pero vivo.

Pero como se ha visto, las diferentes versiones se desmoronan, no se sostienen, son versiones contradictorias con un único elemento en común repartir la responsabilidad de los golpes a los otros;..." valoración racional y lógica que esta Sala comparte plenamente.

= En el supuesto de autos la conclusión alcanzada por el Jurado, basada en la prueba de cargo practicada, valorada por el mismo y complementada por el Magistrado Pte. es lógica, razonable y coherente, con el resultado de la prueba de cargo practicada debidamente y exhaustivamente motivada, con todas las garantías legales y constitucionales; por cuanto como es Jurisprudencia constante: "...la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. ( STS, de 21 de julio de 2025, Rec 10496/2024)"

- Como ya hemos anticipado, es Jurisprudencia constante que ya hemos recordado ( STS 530/2024, de 5 de julio), "el ensañamiento requiere un elemento objetivo constituido por la acusación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima; y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. En la medida que el sujeto no suele exteriorizar su propósito, este segundo elemento puede inferirse racionalmente de los actos objetivos que han concurrido en el caso (entre otras SSTS 1554/2003 de 19 de noviembre , 357/2005 de 20 de abril , 147/2007 de 19 de febrero , 713/2008 de 13 de noviembre , 66/2013 de 25 de enero ; 489/2015 de 16 de julio , 707/2015 de 13 de noviembre , 535/2016 de 17 de junio , 161/2017 de 14 de marzo ; 271 de 6 de junio ; o 728/2023, de 4 de octubre )."

El relato fáctico contenido en los hechos probados con fundamento en el objeto del veredicto y con especial relevancia de los puntos 4 y 8, se subsumen jurídicamente en la circunstancia agravante específica de ensañamiento del art. 139.1.3º; por lo que no puede estimarse la infracción de precepto legal denunciada.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado, no solo en cuanto al vulneración de la presunción de inocencia, sino también en cuanto a la indebida aplicación del art. 139 del CP,

- Cuarto Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

a)- Alegaciones de la parte:

Afirma la parte, en cuanto a la individualización de la pena a imponer, que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho; que en el caso presente la sentencia de instancia justifica la imposición de penas distintas a los acusados basándose en dos cuestiones:

La existencia de antecedentes penales, y las manifestaciones de los audios que han sido aportados como prueba en el procedimiento no venían referidos a los delitos por los cuales se vertían las acusaciones sino a otro distinto; y que tal imposición debe entenderse, en todo caso, desproporcionada y mal motivada en base a lo siguiente: la motivación es conjetural, la sentencia agrava la condena de Luis María por el delito de asesinato apelando a su viaje a DIRECCION008 que "hace factible que buscaran un arma", además de "buscar droga", sin integrar esos extremos en el factum del veredicto ni explicitar su incidencia graduatoria en la pena dentro del artículo 66.1.6 del CP, no pudiendo incorporarse hechos nuevos; y se realiza un uso de antecedentes para una agravación encubierta de la condena, antecedentes de naturaleza heterogénea (violencia de género; tráfico de drogas) como soporte de un mayor reproche para Luis María, sin justificar por qué dichos antecedentes agravan el asesinato concreto ni cómo superan la regla de que sólo son relevantes las circunstancias del hecho y del autor debidamente motivadas; y que existe un desnivel no justificado entre las condenas de los coacusados: se fija en la misma franja (20-25 años de prisión) pero sin exteriorizar por qué son 23 para Luis María y 21 para Adela, más allá de fórmulas abiertas, ni por qué Luis María debe recibir más que Adela si la autoría del crimen se declara conjunta y la aportación típica descrita no se desglosa con precisión que justifique 2 años adicionales; y que el salto a 23 años impuesto a Luis María exige razones específicas vinculadas al hecho (mayor plan, mayor dominio funcional, mayor crueldad adicional, etc.), pero la sentencia no concreta ese plus individual respecto de Luis María que justifique el mismo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme a la STS de 12 de noviembre de 2021 Rec.: 5313/2019, entre otras muchas: "...1. El art. 72 CP pretende que el Tribunal razone en la sentencia el grado y extensión concreta de la pena que se impone, lo que requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos ( STS. 703/2006, de 3 de julio ). La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.

Conforme expresábamos en la sentencia núm. 539/2018, de 8 de noviembre , en orden a la motivación de la pena, " esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril ) la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena,en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)"."

Ello no obstante, en ocasiones ha recordado esta Sala (SS 27.9.2006 y 11.04.2018 ), la doctrina del Tribunal Constitucional que, interpretando los arts. 24 y 120 CE ha señalado que "una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87 , 152/87 y 174/87 ), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado."

Igualmente hemos admitido que la motivación de la individualización punitiva puede deducirse del conjunto de la resolución, no siendo necesaria la vinculación formal a un apartado específico de la resolución. Lo relevante es que en la sentencia consten las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho que justifica la imposición de la pena en la extensión adecuada ( SS. 1590/2003, de 22 de abril de 2004 , y 898/2006, de 18 de septiembre )..."

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto, no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer."

c) Aplicación al supuesto concreto

La Sentencia condena a cada uno de los tres acusados como coautores de un delito de asesinato del art.139.1. 1º y 3º y 139.2 del C.P y art.140 bis 1 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,procediendo la imposición de las penas siguientes: por un delito de Asesinato con alevosía y ensañamineto

A Luis María procede fijar la pena de 23 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Juan Carlos procede fijar la pena de 24 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Adela procede fijar la pena de 21 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

- El marco legal en concreto, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2, es de 20 a 25 años, y dentro de este marco debe atenderse al art. 66.1.6ª CP que permite la imposición de la pena "...en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Al ahora recurrente se le ha impuesto una pena de 23 años, atendiendo como circunstancias personales a que sí bien no cuenta con antecedentes penales susceptibles de ser considerados a efectos de reincidencia, ha sido condenado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud; y en otra sentencia por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, cometido el 7-8- 2017. Es decir, por su relación con el mundo del tráfico de sustancias estupefacientes.

Esta Sala entiende que aun cuando el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

TERCERO: RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE D. Juan Carlos

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

El presente motivo, reproduce literalmente los términos del primero de los motivos de los interpuestos por la representación procesal del acusado D. Luis María, razón por la que para dar respuesta al mismo, nos remitimos al Fundamento de derecho anterior, primer motivo, (folios 19 a 31) no siendo de lógica reproducir la ya expuesto en el mismo, para desestimarlo nuevamente.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

a)Alegaciones de la parte:

Sostiene la parte, que, del relato de hechos probados emitido por el Jurado, no resulta acreditada la concurrencia de los elementos típicos exigidos para apreciar tal circunstancia; que al no resultar posible determinar con certeza si los golpes se produjeron con anterioridad o posterioridad al disparo, no puede afirmarse la existencia de un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, tal como exige la doctrina y la jurisprudencia, porque para su apreciación, resulta necesario que la víctima se encuentre consciente; que los golpes descritos, en todo caso, se encuentran ya subsumidos en la alevosía apreciada, sin que resulte procedente una doble valoración de los mismos. La mera inclusión en el relato de la frase "sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario" no resulta suficiente, por si sola, para fundamentar la existencia de ensañamiento, al faltar la constatación objetiva y clara de los requisitos exigidos por la norma de aplicación, y el Jurado fundamenta su decisión en la declaración de los médicos forenses.

A continuación, que para alcanzar tal veredicto, procede analizar el Fundamento de Derecho Tercero, en el que se realiza la calificación jurídica y se procede a la valoración de la prueba; que el punto desde el que se parte por el Magistrado-Ponente, es la aseveración de que los efectos de un disparo en la cabeza a escasa distancia son de carácter letal, afirmando además "por lo general, de carácter inmediato".; pero, sin que pueda afirmarse, que dicha muerte se produzca, de manera general, de forma inmediata, como ha quedado acreditado.

En consecuencia, la afirmación de que lo habitual es el fallecimiento inmediato o prácticamente inmediato debe considerarse errónea, a lo que añade, que las declaraciones de los acusados no fueron tenidas en cuenta por el Jurado a la hora de alcanzar el veredicto.

Por lo expuesto solicita la nulidad del punto cuatro del veredicto por falta de motivación

- Como puede observarse a simple vista, de la lectura de las alegaciones expuestas por la representación del acusado D. Juan Carlos, las mismas son coincidentes con las expuestas por la representación de D. Luis María, cuando la representación de D. Luis María en el segundo de los motivos solicitaba la nulidad del punto cuatro del veredicto, por las mismas razones ahora esgrimidas, y en el tercero para denunciar la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de precepto legal Art. 139.1 3º.

A ambos motivos hemos dado respuesta en el fundamento de derecho anterior (folios 32 a 40) a los que nos remitimos para evitar su reiteración.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, por los mismos argumentos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr

a)Alegaciones de la parte:

Alega la parte, con remisión a lo expresado en los motivos anteriores articulados por la misma, que el deber del Magistrado-Presidente, al dictar sentencia, es desarrollar el contenido de la sucinta explicación ofrecida por el Jurado, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por éste y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos, conforme a lo exigido por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, en los términos del artículo 70.2 LOTJ. Dicho desarrollo debe tener como único objeto determinar si la prueba aludida por el Jurado es suficiente para integrar prueba de cargo bastante; que la argumentación de la sentencia respecto de la agravante de ensañamiento no solo carece de solidez lógica, sino que resulta manifiestamente insuficiente para fundamentar un fallo condenatorio. Pretender extraer de dicha argumentación la existencia de prueba de cargo bastante constituye un conclusión arbitraria e insostenible, que vulnera de forma palmaria el principio de presunción de inocencia; que las pruebas a valorar por el Magistrado-Presidente han de ser las tenidas en cuenta por el Jurado, esto es, la declaración de los forenses en el acto de la vista y los informes que fueron ratificados en dicho acto y de

toda esta prueba sólo se pueden extraer dos conclusiones: La imposibilidad de saber si el disparo se produjo antes o después de las lesiones; y la certeza de que el disparo produjo un estado de inconsciencia; no existen elementos de convicción que sustenten la conclusión alcanzada en la sentencia, lo que determina la nulidad del fallo condenatorio por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Recordando lo ya expuesto con anterioridad, en esta misma resolución: STS, Penal sección 1 del 02 de julio de 2025, Rec: 10539/2024:

" ...El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

"....conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por quéunos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

La motivación del veredicto, debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado- Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras) [..]".

c) Aplicación al caso concreto:

Al respecto debemos afirmar, que la sentencia recurrida, en contra de lo afirmado por la parte recurrente, en relación a la vulneración de la presunción de inocencia cuando justifica la circunstancia agravante especifica de ensañamiento, se ha fundamentado en una prueba de cargo, legal y constitucionalmente obtenida, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado ahora recurrente como se desprende no solo del punto 4 del objeto de veredicto sino también del punto 8; prueba racionalmente valorada que resulta homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el punto 4: "Los jurados han encontrado PROBADOS, y así lo declaran por MAYORÍA (7- 2) los hechos descritos en el escrito sometido a nuestra decisión.

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) ''En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Y ello, teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo,sometieron a la víctima a un dolor innecesario.".

- El Magistrado Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la LOTJ, en relación al art. 248.3 de la LOPJ, y con el deber de motivación que le impone asimismo el art. 120 de la CE. valora a tales efectos el informe del IML y la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, en relación con la versión que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, ahora específicamente en relación con las heridas.

Dichas heridas quedan acreditadas en el punto 8, con la precisión acreditada de: "sin tener características mortales"; y en el punto 9, "la causa de la muerte fue una herida craneal por arma de fuego...."

Tras el análisis pormenorizado y exhaustivo acerca del IML y de las declaraciones de los acusados, concluye sin lugar a dudas y sin prueba que lo desvirtúe: " Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente."

Los presupuestos de la circunstancia apreciada quedan colmados, por lo que el juicio de subsunción, resulta inobjetable, a partir de la secuencia fáctica que delimita el análisis que ahora hacemos, y en los términos que ha analizado el Tribunal del Jurado, y el Magistrado Pte. que conocieron con anterioridad de la causa.

El motivo debe ser desestimado.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

a) Alegaciones de la parte:

Pone de manifiesto la parte, que el fundamento de Derecho Sexto, relativo a la penalidad, viene a fijar distintas penas por el delito de asesinato para los tres condenados; sin embargo fija la misma pena a los tres por el delito de tenencia ilícita de armas, al mantener, que "siendo la pistola elemento determinante para causar la muerte de Higinio, es decir, se trata de un arma de fuego careciendo de los requisitos legales y precisamente para acabar con la vida de otra persona, siendo conocido de todos ellos la finalidad de la misma, por lo que la gravedad de su destino el asesinato, que es lo verdaderamente relevante en el presente supuesto, hace que la gravedad de la pena deba responder igualmente.".

Añade a lo anterior, que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y que el fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de la discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede proceder a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad.

Y por último, respecto del delito de conducción sin puntos; que se justifica la elección de la pena de prisión sobre los trabajos en beneficio de la comunidad alegando el nulo efecto que han tenido las anteriores sanciones impuestas con anterioridad. Para ello tiene en cuenta tres antecedentes penales por este mismo delito de los cuales:

.- La Ejecutoria 464/2021 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño ya ha sido tenida en cuenta para la reincidencia.

.- La Ejecutoria nº 114/2019 de Juzgado de lo Penal Nº 3 de Pamplona, se encuentra cumplida, puesto que el Sr. Juan Carlos fue condenado a multa que fue sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad que constan cumplidos en la hoja histórico-penal.

.- La Ejecutoria nº 104/2019 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño se encuentra igualmente cumplida; siendo relevante indicar que, de los antecedentes expuestos, los dos últimos son cancelables de oficio y por tanto no habrán de tenerse en cuenta para agravar la condena, procediendo pues la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad solicitados por esta parte.

b)En cuanto a la Jurisprudencia de aplicación,nos remitimos a la ya recogida al resolver el cuarto de los motivos del recurso interpuesto por la representación del acusado Sr. Luis María, en el Fundamento de derecho anterior.

- A la que añadimos, que Conforme a la STS de 19-02-2025, nº 133/2025, rec. 10286/2024: " Es claro que las circunstancias personales del autor del delito no se limitan a la reincidencia en el sentido del artículo 20 CP (Cfr. Sentencia 233/2003 de 21 de febrero ); los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta, precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos, como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que lo realizó y también las circunstancias de todo tipo concurrentes; la motivación de la individualización de la pena requiere desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos (Cfr Sentencias 1426/2005 de 7 de diciembre y 145/2005 de 7 de febrero ); la gravedad del hecho a que se refiere este precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal infracción.Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando;estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer.

Las circunstancias personales del delincuente son aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica.Ni en uno ni en otro caso se trata de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ya que, en tal caso, su integración penológica se produce no como consecuencia de esta regla 6ª (antigua) regla primera del art. 66, sino de las restantes reglas (Cfr. Sentencia 480/2009, de 22 de mayo ... cuando se refiere a las circunstancias personales del delincuente, está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto, la edad de la persona, su grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en el cuerpo social,son factores que no sólo permiten sino que exigen modular la pena ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho, que debe ser medida no sólo con criterios cuantitativos sino también cualitativos (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio )....

c) Aplicación al caso concreto

El Magistrado Pte. impone al acusado ahora recurrente una pena de prisión de 24 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, mitad superior de la pena, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 del CP al concurrir dos agravantes especificas del tipo penal de asesinato por el que se le condena (alevosía y ensañamiento art.139 1.1ª, 3ª); que estima adecuada en atención a las circunstancias de naturaleza personal del delincuente; sin pronunciarse acerca de la mayor o menor gravedad del hecho.

Entiende que ha sido condenado entre otros delitos por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, si bien, sin repercusión en cuanto a la reincidencia (salvo en el delito por el que se le condena por conducir sin puntos); y que el hecho diferencial, además de las condenas acreditadas, es su relación con el mundo del tráfico de drogas, circunstancia de naturaleza personal que permite ser atendida para llevar a un mayor reproche penal, como en el caso de Luis María y no así en el caso de Adela, que carece de antecedentes personales.

Esta Sala considera que debemos aplicar al ahora recurrente lo que ya hemos dicho respecto de Luis María, que el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

- En cuanto a la pena impuesta por el Magistrado Presidente, en relación al delito de conducción sin puntos, previsto y penado en el art. 384.1 del CP en primer lugar, debemos decir, que constan en el apartado 11 del veredicto, las tres ejecutorias derivadas de sentencias condenatorias firmes por el mismo delito, estando dos de ellas pendientes de cumplimento; por lo que resultaría imposible en su caso la cancelación de oficio, de antecedentes penales.

Por otro lado, el delito ha sido cometido de manera continuada, conforme al art. 74 del CP; por lo que procede la imposición de la pena de prisión en la mitad superior cuyo marco legal es de 4 meses y 15 días a 6 meses.

Como se afirma en la sentencia recurrida, dentro de esta mitad superior, la existencia de los antecedentes penales relatados que son tres, hacen concurrir en la aplicación de la agravante de reincidencia, hace que la pena deba ser impuesta en el nivel superior, es decir 6 meses de prisión,

Pena que resulta proporcionada, compartiéndose con el Magistrado Presidente (folio 205), que ni la multa ni los trabajos en beneficio de la comunidad (penas impuestas en las tres Sentencias anteriores) han conseguido ningún resultado sobre la conducta de Juan Carlos que pese a todo ello sigue incumpliendo la norma, por lo que dada la desatención de la misma procede la imposición de la pena de prisión; razones que fundamentan la desestimación de este concreto motivo.

CUARTO:- RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE Dª Adela

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. Se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indican. Vulneración del art. 138.1 del CP.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma al respecto, que se le ha condenado como coautora del delito de asesinato, y esta admitido que no tuvo participación alguna en la ejecución material del delito en ningún momento, ni en la ocultación del cadáver, remitiéndose a la declaración testifical del Agente de la Policía judicial, NUM013 instructor y coordinador de los equipos interviniente; que no existe ni una sola prueba que vincule a Adela con la adquisición del arma utilizada, ni disponibilidad sobre la misma; Adela no se bajó en ningún momento del Peugeot con el que había viajado junto a Juan Carlos y Higinio, quedando en todo momento en el interior del vehículo; no fue autora del disparo; ni participó en la agresión con una piedra, no hay ni una sola prueba de la que pueda inferirse que Adela supiera con antelación que se iba a llevar a cabo semejante agresión, ni existe una sola prueba de la que se pueda inferir que Adela hubiera admitido semejante agresión, lo que determinará que sea inaplicable a la misma, la circunstancia de enseñamiento por el que se le condena como coautora del delito de asesinato; que tampoco existe prueba que acredite que tuviera conocimiento de que se iba a disparar; que no metió el cuerpo de la víctima en la furgoneta ni llegó a estar en la finca de los familiares de Luis María.

A continuación, analiza los hechos probados que afectan a Adela, que se declaran probados por el Jurado, y son analizados por el mismo, en concreto el haber preconcebido un plan junto con los otros dos acusados, y llevar a cabo una labor de vigilancia; añadiéndose en la sentencia un nuevo motivo de imputación, " la presencia de Adela en el Peugeot, sirvió para dar confianza a Higinio y para que no tuviera sospechas de la finalidad del viaje."; y después de trascribir las pruebas en las que se basa el Jurado, afirma, que los motivos de imputación son meras conjeturas; contradiciendo la valoración que de los medios probatorios se realiza (nos remitimos al escrito de recurso,(folios 6 a 11),relativos al geoposicionamiento de las terminales telefónicas de los tres acusados los días 24/7; 9/08 al mediodía y por la noche; mensajes entre Adela y su hija Belen; mensajes de Luis María a Adela; mensajes de Adela a Luis María, y la declaración del Agente TIP NUM014 del 12/5/2025 durante el Juicio oral; y concluye, no existe ni un solo acto cometido por Adela que le incrimine como coautora del delito de asesinato por el que es condenada.

Y en definitiva, que la sentencia califica a su defendida coautora del delito de asesinato, pese a no haber intervenido materialmente en la ejecución ni haber llevado a cabo acto colaborativo alguno ni contribución esencial a la comisión del delito; que tal calificación contraviene la doctrina jurisprudencial sobre la autoría compartida; que su conducta, de existir responsabilidad, que se niega igualmente, sería a lo sumo la de cooperadora necesaria o cómplice al margen de la ejecución; no existiendo prueba de cargo directa por lo que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la misma.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Partiendo de que la parte apelante niega la coautoría de su defendida, por la ausencia de prueba de cargo directa, y, solo meras conjeturas por lo que se ha vulnerado su presunción de inocencia, vamos a comenzar exponiendo la Doctrina del TS en relación a la coautoría, dado que la parte afirma que en la Sentencia se contraviene dicha Doctrina:

En la STS 25 de septiembre de 2025, Rec.1084/2023, en línea con la trascrita en la Sentencia recurrida de 23 de enero de 2025, y otras, se afirma: "... En efecto, para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en la fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo.La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en este caso respondería individualmente. Y además, superando las tesis subjetivas de la autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la causación del fin conjuntamente pretendido. No es necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues cabe una división de trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad; pero sí lo es que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación dominan conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción contemplada en el verbo nuclear del tipo.La consecuencia es que entre todos los coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho( SSTS 134/2017, de 2-3 ; 604/2017, de 5-9 ; 366/2020, de 2-7 ).

En este sentido la STS 984/2022, de 21-12 , recuerda:

"Son coautores todos quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo, aunque tal realización sea coordinada mediante fases ejecutivas confluyentes a un mismo fin.

La realización conjunta del hecho implica que cada coautor colabore en una aportación objetiva y causal eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto, sin que sea necesario que cada coautor ejecute por sí mismo todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización de este se llega por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas.

Dos son, por tanto, los planos en que necesariamente se apoya la apreciación de una coautoría:

a) la existencia de una decisión conjunta,elemento subjetivo, que puede concretarse en una colaboración previa realizada por los autores, con o sin expreso reparto de papeles,o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, cuando se trate de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o en todo caso, muy brevemente anterior a esta. Y puede ser expresa o tácita, la cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

b) una aportaciónal hecho que puede valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, que integre el elemento objetivo apreciable, aunque el coautor no realice la acción nuclear del tipo delictivo( SSTS 413/2015, de 30-6 ; 185/2017, de 23-3 ).

Por ello, cuando varios partícipes dominan de forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores... la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo, sino también todos los que dominan de forma conjunta, dominio funcional del hecho ( SSTS 577/2014, de 12-7 ; 413/2015, de 30-6 ; 134/2017, de 2-3 )...."

c) Aplicación al supuesto concreto:

=Prueba de cargo practicada

Para dar por probado el punto 2 del veredicto, hecho segundo en el que consta que Adela conocía la gran inquietud, preocupación y temor que le generaba a su pareja, el acusado Juan Carlos, las consecuencias del impago de la deuda de 13.500 que insistentemente le estaba reclamando la víctima.

Tal hecho lo deduce el Jurado de los siguientes elementos probatorios:

Declaración de Juan Carlos en sala como acusado el día 15/05/2025 donde él mismo reconoce la deuda que tiene con Balbino.

Mensajes de Adela con su hija Belen el 08/08/2022 folio 15 Atestado NUM015 donde Adela manifiesta que Juan Carlos le hace responsable de parte de la deuda. ''Se ha comido el dinero''

Declaración en sala el día 15/05/2025 donde los acusados Adela e Luis María, reconocen la deuda que Juan Carlos tiene con la víctima.

Audio 09/08/22 NUM010 (05:23:04) ' Luis María habla con Adela sobre como Juan Carlos podría hacer frente a parte de la deuda mediante la venta de vehículos'' lo que hace a los 3 acusados conocedores de la deuda.

Audio 9/8/22 NUM009 (05:27:36) Este audio demuestra la inquietud que le provoca a Juan Carlos encontrarse con Balbino ''Confunde a Balbino con otros individuos e Luis María reconoce que Juan Carlos está emparanoiado''

Audio 9/8/22 NUM010 (05:32:22). En este audio, Adela reitera a Luis María el nerviosismo de Juan Carlos donde indica que ''está emparanoiado no, lo siguiente.''

Atestado Nº NUM016 folio 71, en el apartado 3, conclusiones del análisis del teléfono de Adela; se dice ' Adela conocía que su pareja sentimental Juan Carlos adeudaba una cantidad de dinero a Higinio Beckhat"

- El Jurado explica sucintamente su motivación, afirmando que: Teniendo en cuenta las declaraciones de los acusados en sala, los mensajes, los audios entre ellos y el atestado mencionado, hemos determinado como probado que los tres son conocedores de la deuda, la urgencia de la víctima por el cobro de ésta y la imperiosa necesidad de Juan Carlos de solucionar el problema" El Magistrado Presidente complementa la valoración, analizando las declaraciones de los tres acusados, y de los Agentes de la Guardia Civil, acerca de las llamadas y los audios, para concluir en la existencia de la deuda por tráfico de drogas, que aun cuando anterior a la relación con Adela, le reprocha pues según dice? "se había comido parte".

- En el punto 3, hecho probado tercero de la sentencia, el Jurado considera probado por unanimidad, que se decidieron a poner fin a tal situación y en ejecución de un plan preconcebido, en la tarde el 9-8-2022 Juan Carlos acordó una cita con Higinio, con la excusa de pagar la deuda que se iba a realizar gracias a la mediación de un conocido suyo que era Luis María en la localidad de DIRECCION002.

Para ello desde la localidad de DIRECCION003, Juan Carlos y Adela, utilizando el vehículo Peugeot 307 matrícula NUM002, pasaron por Logroño a recoger a Higinio y a continuación los tres en el mismo vehículo se dirigieron hacia DIRECCION002, llegando al lugar concertado con Luis María que era el cruce de la DIRECCION004 con la carretera de DIRECCION005 próxima a DIRECCION002, llegando sobre las 21.30 horas, donde les estaba esperando en el aparcadero allí existente Luis María con la furgoneta blanca matricula NUM003, propiedad de su hermano.

Al llegar al lugar Juan Carlos estacionó en paralelo de la furgoneta descendiendo del vehículo Juan Carlos y Higinio, entablando una conversación con Luis María sobre el pago de la deuda en el curso de la cual Luis María y Juan Carlos dieron muerte a Higinio, mientras Adela permanecía vigilante desde el interior del vehículo."

-El Jurado lo deduce de los siguientes elementos probatorios:

Datos de geolocalización de los teléfonos de los 3 acusados ubicados por el repetidor de DIRECCION005, los siguientes días;

24/7/22 desde las 15:30h. hasta las 18:45h. que se encuentran en el Atestado NUM017 folio 63.

09/08/22 desde las 14:50h. hasta las 15:56h. Atestado NUM017 folio 55.

09/08/22 desde las 22:30h. hasta la 01:01h. Atestado NUM017 folio 56-58.

Mensajes:

Atestado NUM018. ' Adela le dice a su hija Belen que tiene que hacer una historia ese día.''

Audio. 07/08/22 NUM019 (17:16:26) Donde Luis María dice a Adela; ''Hay que hacer las cosas bien, hay que hablar entre los 3..''

Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''

Audio. 09/08/22 NUM010 (05:23:04). ' Luis María da opciones a Adela de como Juan Carlos puede saldar parte de la deuda ''

Audio. 09/08/22 NUM020 (05:25:40). ' Luis María manifiesta a Adela la dificultad de deshacerse él solo del cuerpo''

Audio. 09/08/22 NUM021 (05:26:28). ' Luis María habla de una pena importante''

Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''

Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

Audio NUM022 (05:37:16). Adela reconoce ''que sabe demasiado''

Audio NUM023 (05:37:54). Luis María habla con Adela de que Juan Carlos no tenía que haber dicho a todo el mundo que tenía esa deuda.

Audio NUM009 (05:27:36) Luis María le dice a Adela que "ha estado dando vueltas buscando a Balbino por todo DIRECCION003.''

Audio NUM024 (05:36:28). Adela habla con Luis María y este le dice que ha visto a la víctima en su coche y lo describe.

Audio NUM025 (05:38:16). Adela vigila el coche de la víctima.

Declaración y exposición del agente identificado como TIP NUM014 el día 12/05/2025 durante el juicio oral.

Atestado Nº NUM016 en el folio 51. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Luis María en el que dice: '' las llamadas entre Luis María, Adela y Juan Carlos, aumentan durante el mes de agosto los días previos al asesinato de Balbino en continuidad y duración, balance que realza su implicación.''

Atestado Nº NUM016 en el folio 61. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Juan Carlos en el que dice: '' El día 10/08/22 a las 18:33h. Juan Carlos cambia de terminal de móvil, Juan Carlos no lo menciona en sus declaraciones por lo que parece un intento de obstaculizar una futura investigación o al menos disminuir su responsabilidad en el hecho.''

Declaración en el juicio oral por parte de los 3 acusados que admiten haber estado en los lugares de los hechos.

- Y el Jurado motiva,que teniendo en cuenta los informes de geolocalización que ubican a los tres acusados en el lugar de los hechos, los audios y mensajes anteriormente reseñados y el informe aportado por el experto, nos demuestran que hay un plan elaborado entre los tres previamente, con la finalidad de acabar con la vida de la víctima.

Del mismo modo, queda probado que Luis María y Juan Carlos acaban con la vida de Balbino. Mientras, Adela, conocedora del plan, permanece en el interior del vehículo tal y como declaran los tres acusados en el juicio. El jurado concluye que el papel que desempeña Adela es de vigilancia"

-El Magistrado complementa la valoración de los distintos medios probatorios tenidos en cuenta por el Jurado( folios 30 a 64 a los que nos remitimos) para concluir, que entre los tres acusados medió una planificación para la realización del hecho, para eliminar a Higinio y con ello, solucionar el problema cada vez más acuciante de la reclamaciones de Higinio del pago de lo que Juan Carlos le debía, para ello llevaron labores de vigilancia sobre Higinio y su vehículo con la intervención activa de Adela, al igual que urdieron un plan para atraer a Higinio a un lugar apartado como era el cruce de carreteras entre pueblos de escasa población en la sierra, sirviendo para ello de la promesa de pago de lo debido por mediación de Luis María o de su familia, y a tal fin y como elemento de confianza para Higinio también iba en el vehículo Adela junto con ambos, y al llegar al cruce en el que habían planeado acabar con la vida de Higinio llevaron a cabo los hechos, acometiendo físicamente Luis María y Juan Carlos a Higinio, consiguiendo neutralizarle con fuertes golpes para finalmente dispararle en la nuca con un arma de fuego del calibre 32, lo que determinó, en definitiva su muerte, mientras que Adela en el rol que le estaba atribuido en esa fase concreta vigilaba desde el vehículo mientras que Luis María y Juan Carlos ejecutaban.

-En el punto cuatro, que ya hemos analizado en los recursos interpuestos por los otros dos acusados, se describe como acometieron estos a Higinio, con ánimo de causarle la muerte por sorpresa y con ventaja con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara,...llegando a producirle más de 20 heridas ...sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario hasta que finamente recibió el dispararon en la nuca...por uno de los dos, actuando conjuntamente.

Adela permaneció en el vehículo.

Nos vamos a remitir a lo ya expuesto en los fundamentos de derecho anteriores en cuanto a los medios de prueba tomados en consideración por el Jurado, motivados por el mismo y por el Magistrado, debiendo resaltar ahora, la declaración de Adela, que describe la llegada al lugar en el que estaba ya Luis María como se bajan Luis María y Juan Carlos, ... ella se acomodó en el coche, no salió, vio pasar por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio e Luis María, y de repente Higinio se agacha ...iban caminando los tres en fila ...fogonazo...y nervios ...

- La valoración de la prueba es concluyente: Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- En el punto quinto, hecho probado quinto, queda probado que el arma de fuego utilizada no fue localizada, siendo conocedores los tres acusados de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

El Jurado valora los tres audios que se especifican, y en este punto del recurso, vamos a resaltar el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar'' El Magistrado valora los medios probatorios señalados por el Jurado, complementando la motivación del Jurado, así como el informe de la Guardia civil, y explica el significado de la palabra "pusquilla" como pistola de pequeño calibre, de ahí el diminutivo en el argot "caló" (según el testimonio de un Agente de la Guardia Civil)y que de todo ello era conocedora Adela, destacando el audio de Luis María a Adela " que suba él y lo hace él".

- En el punto 6, hecho declarado probado sexto el Jurado considera probado por unanimidad, que a continuación bien por Luis María o Juan Carlos o por ambos acusados montaron el cadáver en la parte trasera de la furgoneta conducida por Luis María iniciando la marcha hacia el pueblo de DIRECCION002 seguido por el vehículo, Peugeot 307 matrícula NUM026, en el que iban Juan Carlos y Adela.

Dirigiéndose Juan Carlos e Luis María hacia la sima conocida como DIRECCION000 situada en el DIRECCION001, de unos 50 metros de profundidad en el término municipal de DIRECCION002, sin poder realizarlo, mientras esperaba Adela en el vehículo de Juan Carlos en el cruce de la carretera LR con el inicio del camino forestal que lleva hasta la sima, regresando a DIRECCION002 dejando el cadáver a Luis María y regresando Juan Carlos y Adela a su domicilio.

El día 10 se volvió a intentar deshacerse del cadáver infructuosamente,con nuevo desplazamiento hasta DIRECCION002, y finalmente el día 11-8-2022 sobre las 13:50 horas los acusados Luis María y Juan Carlos fueron observados por un agente forestal de La Rioja junto a la sima, en el momento en el que arrojaban el cadáver de Higinio a la sima, utilizando para desplazamiento con el cadáver la furgoneta blanca matrícula NUM003, utilizada habitualmente por Luis María.

Mientras eso ocurría Adela estaba esperando en el vehículo marca BMW NUM004 estacionado en la carretera, en el cruce de la misma con la pista forestal que da acceso a la sima, que se encuentra situada a un kilómetro y medio aproximadamente."

Después de la valoración de los medios probatorios señalados por el Jurado y de la motivación complementaria del Magistrado, en atención a las declaraciones de los acusados, relacionados a su vez con el geoposicionamiento de sus respectivos teléfonos móviles, permite alcanzar la conclusión de la existencia de varios intentos de deshacerse del cadáver, por otra parte ello unido a la directa observación de Luis María y Juan Carlos el día 11-8-22 en la sima por parte del agente forestal-como el hallazgo de la colilla de cigarro con el ADN de Juan Carlos-, y el contenido de las conversaciones observadas entre ellos permiten alcanzar la concusión indicada.

= En contra de lo alegado por la parte apelante la prueba de la coautoría de su defendida ha sido obtenida por una prueba de cargo directa, con todas las garantías legales, y no en base a deducciones o conjeturas, prueba de cargo suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia; y considerarla como coautora de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento; y tenencia ilícita de armas

La Sala comparte plenamente la valoración que de la prueba practicada, mediante un proceso racional lógico y coherente, se ha efectuado por el Tribunal de Jurado y por el Magistrado Pte.; y la subsunción en los tipos penales referidos.

= Como ha precisado la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS) en varias resoluciones, entre las que cabe destacar la sentencia 162/2019, de 26 de marzo: "el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debehacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo.Por esta causa, en fin, el tribunal revisor no decide el hecho, sino que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que se ha aplicado el derecho. El legislador deja libertad al órgano de instancia para apreciar el hecho, pero establece un posterior control jurídico para analizar la racionalidad de esa decisión".

Al tratar del alcance en la valoración de la prueba aplicable al recurso de apelación,dicha sentencia indica que el Tribunal de apelación: "puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación".

=Esta Sala comparte plenamente la valoración de la totalidad de la prueba practicada llevada a cabo en la Sentencia recurrida, por lo que debe confirmarse como racional y lógico, el criterio valorativo al reconocer suficiencia incriminatoria, fiabilidad y credibilidad para reconocer a los tres acusados como coautores directos, de los delitos ya indicados, y que en atención al papel desempeñado por Adela, debe rechazarse que pueda ser considerada como actuación propia de un cómplice y no de un coautor, puesto que sus actos exceden de la labor de un mero cómplice.

Se debe partir de ese pleno conocimiento de los hechos a cometer y de la finalidad buscada con ello, y en ese plan general ella desempeña un papel que se proyecta a lo largo de las diversas fases, así en un momento previo sabe de lo que se trata y añade una función de vigilancia para la localización de Higinio; realiza viaje previo el mismo día 9-8-22 por la mañana en un último examen y reconocimiento de los lugares; en el momento de los hechos sabe de lo que se trata y acude con Juan Carlos a recoger a Higinio, es un añadido de confianza porque sabía que era la pareja de Juan Carlos, de vencer posibles dudas o temores de Higinio y conseguir atraerlo hasta el alejado cruce con el señuelo del cobro de una parte importante de la deuda, que ella sabe que no es posible de pagar; además de ello coordina con carácter previo entre Luis María y Juan Carlos ante las dudas sobre el lugar o el modo de realizarlo o incluso el modo y lugar de deshacerse del cadáver; y llegado el momento de la comisión del hecho está en el lugar, Higinio sabe de su presencia, es una persona más en su contra, y realiza, reiteramos una labor de vigilancia mientras que por los otros dos se llevan a cabo los golpes y finalmente se realiza el disparo que acaba con la vida de Higinio, siendo montado en la furgoneta; a partir de ese momento también estará Adela presente -tal y como se había acordado- en los diversas ocasiones en que se intenta deshacerse del cadáver hasta el día 11, en el que finalmente se consigue y que, una vez más, también estaba realizando una labor de vigilancia.

- Concluye el Magistrado Pte, (folios 18 a 190 y concordantes), que, se realiza por parte de Adela una actividad en relación con la muerte de Higinio que excede de la mera participación como cómplice y lleva a la plena autoría.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El Recurso de Apelación formulado por su Representación no cuestiona la pena impuesta por el delito de asesinato, pero al solicitar la absolución de su representada, la Sala puede examinar, la individualización de la pena impuesta por la comisión del referido delito por el que se le ha condenado.

En consecuencia, por las mismas razones que hemos expuesto al resolver los recursos formuladas por las representaciones procesales de los otros dos acusados, exponemos con menor extensión y con remisión a lo ya expuesto que debemos individualizar la pena impuesta a la acusada Dª. Adela por este concreto delito de asesinato, en el mínimo legal de la mitad superior (20 a 25 años) de 20 años, al no existir causa que aconseje exasperar tal pena más allá del límite mínimo, de su mitad superior; y debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los arts. 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

a)Alegaciones de la parte:

Después de reproducir lo expuesto por la misma en el motivo anterior, afirma la parte, que en ningún caso se le puede imputar a ella las circunstancias agravantes específicas de alevosía ni de enseñamiento que entiende no proceden.

Con respecto a la alevosía, que dicha circunstancia exige un elemento objetivo, y que conforme al art. 65 del CP, las circunstancias materiales relativas a la ejecución del hecho, solo agravan a quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación, no comunicándose automáticamente al coacusado que no interviene en la fase ejecutiva ni conoce y asume el cómo de ataque, no existiendo prueba de que su ofendida interviniera en la fase ejecutiva, dado que los hechos probados la sitúan en el interior del vehículo mientras los otros acusados se apean y ejecutan la agresión y el disparo; tampoco consta que llamara a la víctima, concertara la cita ...

y, en hipótesis estrictamente subsidiaria (que se niega), cualquier eventual responsabilidad, nunca podría ser por asesinato cualificado por esta circunstancia, sino -en su caso- por homicidio o cooperación no ejecutiva sin agravación.

Respecto del Ensañamiento, impugna el hecho probado cuarto, en el que se señala, que Luis María y Juan Carlos acometieron por sorpresa con una piedra contra la víctima, causándole un dolor y sufrimiento innecesario, y después le dispararon por la nuca de forma sorpresiva y procurando su indefensión, por cuanto primero se produjo el disparo, y después, viendo que no había muerto, se le causaron las heridas con la piedra para acabar con su vida, y siendo posibles ambas hipótesis por aplicación del principio in dubio pro reo, debe optarse por el hecho de que primero le dispararon; y que tampoco puede aplicarse el ensañamiento a su defendida, porque tenía que haberse acreditado, que conociera y aceptara que se iba a agredir de semejante manera a Higinio, y ello ni se ha mencionado, ni existe prueba alguna que acredite que Adela ni conociera que se fuera a llevar semejante agresión ni consta que no aceptara, rigiendo el principio de imputación individual ultra vires.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Estamos ante un motivo de carácter sustantivo penal, como se afirma en la STS de 1-10-2025, nº 786/2025, rec. 10692/2024, aplicable para el recurso de apelación ante el que nos encontramos, "cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado....

- En relación al asesinato con alevosía, los hechos declarado probados por el Jurado al responder al objeto de veredicto determinan la coautoría de la ahora recurrente en todas las fases del delito, desde su planificación, ejecución, y hasta ocultamiento del cadáver; habiendo quedado acreditado, que la misma en fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, por cuanto lo hacía en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y de la tenencia y utilización del arma de fuego para la comisión del delito; ella realizaba su parte de labor en tal ejecución, que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, así como en la generación de un factor de confianza en Higinio para vencer sus posibles reticencias a montarse en el vehículo con Juan Carlos (la víctima sabía que era la pareja de Juan Carlos y la conocía) y acudir al lejano cruce de carreteras atraído por el señuelo del pago de la deuda que Adela sabía ser mero engaño (folio 141 de la Sentencia, y concordantes).

En cuanto al Ensañamiento, abundando en lo ya expuesto al responder a los motivos articulados por los otros dos acusados y remitiéndonos de forma expresa a los Fundamentos de derecho segundo y tercero de la Sentencia, tenemos que reiterar, que las lesiones se produjeron antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo, muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Como se afirma en la Sentencia recurrida, (folio 153) El ensañamiento también es predicable respecto de Adela que, en esta concreta fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, porque estaba en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y ella realizaba su parte de labor en tal ejecución que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, y este ensañamiento le es igualmente reprochable incluso de ser considerada su participación -que no lo es- como de mera cómplice.

- Aplicando la jurisprudencia anteriormente expuesta, la subsunción del inalterado relato fáctico de la sentencia en el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de la ahora recurrente, como coautora responsable de los hechos, es inobjetable, con remisión en cuanto a la rebaja de la pena individualizada al dar respuesta al motivo anterior a 20 años de prisón.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Afirma la parte que impugna expresamente el Hecho Probado 5A del Veredicto en lo relativo a la supuesta "disponibilidad" del arma de fuego por parte de Adela; que esta conclusión judicial descansa únicamente en conjeturas derivadas de ciertos mensajes interceptados, sin soporte probatorio suficiente que vincule materialmente a Adela con el arma. El mero conocimiento de que existiera un arma, lo que tampoco está probado que supiera Adela, ya que ha declarado que hasta el mismo juicio desconocía totalmente el significado del término "pusquilla", no justifica ni puede justificar su condena; que la misma no cumple con el elemento nuclear de la disponibilidad; que ningún testigo ni coimputado vio jamás a Adela portar, manejar o tener acceso directo al arma; que la propia dinámica de los hechos probados excluye a Adela del manejo del arma. El veredicto del Jurado establece que el disparo letal fue ejecutado "por uno de ellos dos ( Luis María o Juan Carlos) en el modo acordado, actuando ambos de común acuerdo", mientras Adela "permaneció en el vehículo"sin intervenir directamente en la agresión; todos los acusados negaron poseer el arma y se acusaron mutuamente de tenerla, sin que la instrucción lograse esclarecer su verdadera tenencia física; por lo que añade, la condena de Adela por tenencia ilícita de armas infringe tanto las exigencias típicas del delito como las garantías probatorias. No se demostró tenencia material ni disponibilidad efectiva de la pistola por parte de mi defendida, reduciéndose la acusación a su saber y estar allí, lo cual no integra el tipo penal, por lo que debe ser absuelta de dicho delito.

En el veredicto, el Jurado declara por unanimidad,

5 A:

El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas."

- El Jurado llega al referido hecho probado por los tres audios que especifican como elementos probatorios; (folio 76 y 77 de la Sentencie); en el primero, " Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''; en el segundo, Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''y en el tercero: Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

El Jurado toma como elementos de convicción los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, y motiva sucintamente, que queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

Y el Magistrado Pte. complementa la explicación sucinta del Jurado, trascribiendo los Audios completos; resaltando que los acusados con versiones contradictorias sobe el arma de fuego utilizada, una pistola del calibre 32, coinciden en carecer de licencia,(hecho corroborado por el Informe de la Guardia Civil de la Intervención de Armas) ratificado en el juicio, (arma que no ha podido ser localizada) en las declaraciones de los acusados y la de Adela, quien aun cuando manifiesta no saber de dónde había salido la pistola del disparo, era perfectamente conocedora, de ahí el contenido de las conversaciones con Luis María, concluyéndose por el Magistrado Pte. que existe un arma de fuego que se consigue por Juan Carlos, que se sabe de su existencia por todos y la utilización a la que se destina, y sobre la cual existe una disponibilidad entre los tres -si Juan Carlos tiene miedo o teme fallar Luis María se ofrece también- en cuanto a la realización del disparo fatal sobre Higinio.

Finalmente ninguno de los tres contaba con las autorizaciones pertinente; Esta Sala entiende que se ha practicado una prueba de cargo suficiente, constitucional y legalmente obtenida valorada de forma racional, con sujeción a la lógica y a las máximas de experiencia, por el Jurado y por el Magistrado Pte.

Debemos tener presente, que como ya hemos expuesto con anterioridad y en respuesta al primer motivo del recurso ahora examinado, la acusada ahora ha sido condenada en la instancia como coautora del delito de tenencia ilícita de armas, y la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. De ahí que de ese hecho criminal no deba responder sólo el que ejecuta materialmente la acción típica sino todos los que participan con actos esenciales a su realización dominando de forma conjunta ese hecho; resultando relevante en relación con la cuestión de la disponibilidad sobre el arma de fuego la exigencia de una mera disponibilidad sobre la misma, la mera posibilidad de utilización por la propia voluntad del sujeto, y como es el caso esa disponibilidad, cuestionada de forma expresa por la pate recurrente, indistinta en cuanto que forma parte del plan preconcebido y todos conocían de su existencia y su razón de ser en la dinámica delictiva diseñada.

Conviene recordar a tales efectos, la STS de 19 de abril de 2024 337/2024, trascrita por el Magistrado Pte.(folio 159)en la que se afirma, que "...el delito de tenencia ilícita de armas es «un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo su existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición ( SSTS.1071/2006 de 8.11 , 555/2007 de 27.6, 960/2007 de 29.11, 84/2010 de 18.2), e insisten en la posibilidad de disposición compartida, pero subrayando la necesidad de que conozcan el uso del arma en la comisión del delito.

Hay tenencia compartida siempre que exista disponibilidad indistinta de las armas por parte de los coacusados que constituyan una asociación, aun transitoria, para la ejecución de hechos delictivos poniendo a disposición común e indistinta aquellas armas, aun cuando pertenezcan individualmente a uno de ellos, pero resultan afectadas para la perpetración de los hechos en su conjunto( STS. 120/2010 de 27.1).

En conclusión, no existe la infracción del art. 564, 1, 1º del CP, porque el relato fáctico queda inalterado respecto a la ahora recurrente y respecto a los otros dos acusados, habiéndose realizado una correcta subsunción en el tipo delictivo ahora enjuiciado.

El motivo en consecuencia debe ser desestimado.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

a) Alegaciones de la parte

Se afirma por la parte apelante, que con respecto al dolor del menor y sin cuestionar la realidad del daño moral sufrido, una adecuación motivada de la indemnización fijada a su favor (200.000 €) a los criterios objetivos del Baremo de la Ley 35/2015 (año 2022), utilizado por la jurisprudencia penal con carácter orientador para garantizar igualdad y proporcionalidad en la cuantificación del perjuicio moral ex delicto; que la sentencia razona que, al tratarse de un hecho doloso, no es obligatoria la aplicación del Baremo de circulación, citando doctrina sobre la amplitud del arbitrio judicial en estos supuestos; que ese planteamiento es correcto en abstracto; no implica sin embargo la libertad de desvincularse sin motivación específica de las referencias técnicas del Baremo cuando se utiliza -como aquí- para orientar la cuantía. La propia resolución funda los 200.000 € esencialmente en (i) el vínculo afectivo entre padre e hijo y (ii) la afectación psicológica acreditada por la entidad de acogida (Fundación DIRECCION009); que no individualiza en qué medida concreta tales circunstancias justifican superar en casi el doble el marco orientador aplicable al hijo en 2022, ni se integra en las categorías incrementales previstas por la Tabla 1.B (p. ej., perjudicado único de su categoría, progenitor único, perjuicio excepcional), lo que dificulta el control de proporcionalidad de la cifra final; siendo 109.701,03 la cifra orientadora cuando no concurre la hipótesis de progenitor único ni se motiva un perjuicio excepcional, por lo que solicita como petición principal la cantidad referida, + 25%; y de modo subsidiario, de que se razone por qué la afectación psicológica concreta equivale a ese plus, separando claramente el perjuicio moral (Tabla 1.A/1.B) de eventuales gastos de tratamiento, que pueden resarcirse además cuando estén acreditados.

b)Partiendo de la Doctrina Jurisprudencialestablecida en la sentencia recurrida (folio 207), que damos por reproducida; debemos partir de que, la fijación de la responsabilidad civil después de oír a las partes, la establece el magistrado Pte. ( art. 68 LOTJ) ; Como se afirma en la STS de fecha 12 de marzo de 2024, 236/2024 Rec.. 10924/2023 "...El incremento está justificado por razones de estricta justicia pues las lesiones dolosas(en este caso la muerte) tienen un plus de aflicción que las causadas por imprudencia. En casos dolosos la jurisdicción penal no tiene limitado normativamente el quantum indemnizatorio, dado que lo que se indemniza son las consecuencias perjudiciales debidas a una acción criminal dolosa, que sin duda comporta un claro plus de perversidad y la consiguiente acentuación del daño moral en quien lo padece ( SSTS 195/2017, de 24-3 ; 181/2017, de 22-3 )...".

c) Aplicación al supuesto concreto

Dentro de las peticiones del MºFiscal y de la Acusación Particular, la prueba valorada por el Magistrado, se basa en los siguientes datos acreditados:

La víctima tenía un hijo, que era Balbino, nacido el NUM027-2007 (libro de familia, ac 44) y que por lo tanto en el momento de los hechos tenía 15 años de edad, si bien en el momento del acto del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Ni Higinio ni la madre de Julián, atendían en debida forma al entonces menor por lo que fue dejado al cuidado de terceras personas, pero manteniendo relación afectiva y comunicación entre padre e hijo (ac 255, 599).

El entonces menor fue declarado en desamparo de urgencia con acogimiento residencial por resolución de 6-5-2019 ratificada por resolución de 24-8-2019, manteniendo como modalidad de ejercicio de su guarda tutela, el acogimiento residencial formalizado en los Pisos de Acogida gestionados por la Fundación DIRECCION009, y en el informe de 21.6.2023 de Fundación DIRECCION009 se reflejaba el grado de vinculación de Higinio con su hijo y así se indicaba que:

"Durante el tiempo que Julián ha estado en protección, se ha observado como reconocía a su padre como el único vínculo disponible, estable y de referencia con su familia.El menor compartía con él sus preocupaciones y acudía a él en el momento en que tenía necesidad, obteniendo siempre una respuesta a su petición adecuada.

A su vez el progenitor se mantenía en constante comunicación con el equipo del piso de protección,adoptando la misma línea educativa con Julián y mostrando su preocupación por cualquier cosa que tuviera que ver con su hijo".

En base al informe psicológico de la Fundación DIRECCION009 se acreditan los daños psicológicos causados al menor por estos hechos, y que sufrió un retroceso en la intervención psicoeducativa que se venía realizando, así como una pérdida de habilidades y aumento del retraimiento, factores perjudiciales por el momento evolutivo en el que se encontraba.

Debemos insistir tal y como se hace en la Sentencia recurrida, que el Baremo de circulación no es vinculante en delitos de naturaleza dolosa como el que es objeto del recurso, y habiéndose acreditado, no solo el vínculo familiar de la víctima sino afectivo, con su hijo y viceversa, así como que la madre no atendía al hijo, el daño moral queda acreditado; así como el perjuicio psicológico del menor (informe de la Fundación DIRECCION009,) que es difícilmente cuantificar, en contra de lo alegado por la parte recurrente; razones por las que estimamos totalmente proporcional la cantidad establecida en concepto de responsabilidad civil para el hijo de la víctima.

QUINTO:- COSTAS PROCESALES.

Conforme con lo previsto en el artículo 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

PRIMERO:- MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE APELACION

= La Representación procesal, del acusado D. Luis María, solicita mediante el recurso de apelación interpuesto, que se anule la Sentencia dictada en el procedimiento, procediendo a ordenar la repetición del Juicio o, subsidiariamente, para el caso de no admitirlo, con estimación del resto de los Motivos de Apelación se proceda a dictar Sentencia por la que se acuerde la reducción de la pena impuesta a mi representado a la pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato y de 1 año de prisión por el de tenencia de armas, articulando el recurso en los siguientes motivos:

Primero: -Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts 846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

Tercero: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

= La representación procesal del acusado D. Juan Carlos, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia por la que:

1º Declare haber lugar a la estimación del primer motivo de apelación declarando haber lugar a nulidad y ordenando la repetición del juicio.

Subsidiariamente y para el caso de no apreciarse el anterior motivo,

2º.- Aprecie la indebida aplicación de la agravante de ensañamiento conforme a lo solicitado en el segundo motivo de apelación.

3º.- Declare expresamente la vulneración del principio de presunción de inocencia.

4º.- Establezca las penas en su grado mínimo.

Articula los siguientes motivos:

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

= La representación procesal de la acusada Dª Adela, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia, que:

1º-Declare expresamente haberse vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a mi representada el art. 24.2 de la CE.

2º- Revoque la Sentencia recurrida y dicte otra por la que se absuelva a Adela de los delitos de asesinato con alevosía y enseñamiento por los que ha sido condenada y penas accesorias, así como se le absuelva del delito de tenencia ilícita de armas, con todos los pronunciamientos favorables, absolviéndola de la condena al pago de responsabilidad civil alguna, así como de la condena en costas que le ha sido impuesta.

3º.-Subsidiariamente, de entenderse existe participación alguna de Adela en la comisión de los hechos delictivos, deje sin efecto la condena de Adela como coautora de un delito de asesinato, elimine para ella las circunstancias de alevosía y enseñamiento que indebidamente se le aplican, adecúe la calificación de los hechos a ella imputables según la participación real que se le impute por la Ilma. Sala y se limite la condena en razón a la participación que se le impute como mucho en calidad de cómplice y por un delito de homicidio, en ningún caso de asesinato, imponiendo la condena adecuada a su grado de participación en los hechos.

En cuanto a la responsabilidad civil, interesamos se revoque la cantidad de 200.000 euros a favor del hijo de la víctima, y se determine conforme a lo expuesto en el motivo quinto de nuestro recurso.

4º- Declare expresamente no haber lugar a la imposición en costas de mi representada por este recurso de apelación.

Articula el recurso en los siguientes motivos:

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. - se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indicarán. vulneración del art. 138.1 del CP.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los artículos 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

SEGUNDO:- RECURSO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÖN PROCESAL DE D. Luis María

1-Pimer Motivo:-Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

a) Alegaciones de la parte apelante:

La parte apelante afirma al respecto, la dependencia entre el acta del Jurado y la sentencia que finalmente ha de dictarse, no pudiendo esta última exceder o variar en lo sustancial el contenido de aquélla, que le sirve como base, aun cuando el Magistrado Presidente no deba limitarse a una mera recepción formal de lo indicado por los Jurados; señalando, que la sentencia objeto de impugnación incurre en infracción procesal al haber incluido en su fundamentación y valoración jurídica determinadas pruebas que no fueron valoradas por el jurado en su veredicto, lo que sucede en los puntos 4 y 5 del veredicto.

- En el punto cuatro, alega, que el Jurado motiva su decisión en la Declaración Forense de D. Victor Manuel y Dña. Adelaida y, en concreto, en una manifestación vertida en el minuto 42 de la grabación; sin embargo, el Magistrado Presidente no se limita a valorar el informe del IML, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados, dando así una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto, lo que supone una extralimitación de su función.

- En el punto quinto, alega que el Jurado motiva su decisión, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio NUM010); y el Magistrado Pte., en las declaraciones de los acusados y en un informe de la Guardia Civil, que no han sido tenidas en cuenta para tomar la decisión por el jurado, no recogiéndose en el acta, dando el Magistrado en la conclusión que alcanza, una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función; por lo que solicita la anulación de la Sentencia.

b) Doctrina Jurisprudencial

En la reciente STS de 2 de julio de 2025, Rec 10539/2024, se afirma:

"Destaca esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2020 de 15 Oct. 2020, Rec. 93/2019 que:

"El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta", y la jurisprudencia ha destacado esa especial característica.

....en la STS 72/2014, de 29 de enero , dijimos que "(...) El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente,lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable (...)".

La expresión "sucinta" también tiene relación con la propia extensión de la motivación. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción ( STS 1775/2000, de 17 de noviembre ). La STS 1825/2001, de 16 de octubre , declara que no puede exigirse exhaustividad a los jurados, legos en derecho, pues la motivación es calificada por la ley como "sucinta" y la STS1069/2002, de 7 de junio, expresa que el sistema de enjuiciamiento por jurado impone un estándar de motivación menos exigente, dada la calidad no técnica y la falta de experiencia de los integrantes del tribunal.

Por último, conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por qué unos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

La motivación de la decisión del Tribunal del Jurado no se contiene en un único documento.

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

Y completamos esta "exigencia limitada de motivación al jurado" en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 72/2014 de 29 Ene. 2014, Rec. 10865/2013 .

Es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la LOTJ impone al jurado y el que exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación ( art. 61.1 d) LOTJ ); es que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente, lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable..".

c)- Aplicación al supuesto concreto.

Por parte del Jurado se consideró por mayoría de 7 probado el siguiente objeto de veredicto:

"4 A) (...) En tal lugar apartado al que se había conseguido llevar a Higinio, con el pretexto de pagarle la deuda de Juan Carlos, se acometió por Luis María y Juan Carlos a Higinio con ánimo de causarle la muerte, por sorpresa y con ventaja, con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara, al menos con una piedra u objeto contundente,llegando a producir más de 20 heridas en cabeza y cara de Higinio, sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario, hasta que finalmente recibió un disparo en la nucacon un arma de fuego del calibre 32 que le causó la muerte, disparo que se realizó por uno de ellos dos en el modo en que habían acordado ejecutar, actuando ambos de común acuerdo en su realización.

Adela permaneció en el vehículo."

- Motiva el Jurado al respecto tal afirmación sobre la base de lo siguiente:

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) '"En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo, sometieron a la víctima a un dolor innecesario."

El Magistrado Pte., tal y como se recoge al folio 66 a 71, de la Sentencia a los que nos remitimos, complementando la valoración del Jurado, como exige su deber de motivación, a continuación, valora el contenido de los 3 informes emitidos (preliminar, anticipado y definitivo) por el IML y ratificados en el acto del Juicio por los médicos forenses, la naturaleza de las lesiones o heridas (22) ocasionadas por Luis María y Juan Carlos a la víctima, tanto antes de la muerte como después, y las razones de su distinción, así como la localización del proyectil en el cerebro de la víctima una vez realizada la autopsia, destacando " se golpeó retiradamente la cabeza y el cráneo" ; "las heridas que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); sobre el sufrimiento se indicó que, eso se produce si primero piedra (golpes) y luego disparo (46:52, 5ª vg)." "las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg)."

El punto 4 del veredicto, hay que ponerlo en relación con el resto de los puntos que se contiene en el mismo, y a tales efectos con el punto 8, al que la parte no hace referencia, en el que el Jurado consideró por unanimidad probado el siguiente objeto de veredicto:

"8.- El cadáver presentaba en cráneo y cara múltiples heridas contusas (más de 20) que tienen características de vitalidad,que afectaban al tejido dérmico y subcutáneo, llegando en ocasiones al plano óseo, sin tener características de ser heridas mortalescomo:... Enumerándolas a continuación (folios 105 y 106, motivando el hecho, en el informe forense de 8 de febrero de 2024 EP NUM011,y en el Informe fotográfico de la autopsia. Anexo III. Acta NUM012. Páginas de la 3 a la 10. Informes que certifican la vitalidad y presencia de las más de 20 heridas encontradas en el cadáver.

Por ello, la frase emitida por el Médico Forense en el juicio que se resalta en el punto 4, hay que ponerla en contexto, y que en conjunción con esos otros extremos hace que el Jurado deduzca, que los acusados sometieron a la víctima a un dolor innecesario.

El Jurado ha emitido de forma sintética las pruebas no siendo necesario señalar todos los medios de prueba tomados en consideración que han determinado su convicción, de manera que puede controlarse su razonabilidad, tal y como hace el Magistrado Pte., y exige la Doctrina Jurisprudencial; habiendo valorado también expresamente las declaraciones de los acusados en otros puntos, con especial relevancia del tercero en el que las valora con otros medios probatorios, y entre ellos, las declaraciones de los acusados en el juicio oral, para explicar, que los tres actuaron en ejecución de un plan preconcebido.

El Magistrado Pte., valora asimismo las declaraciones de los acusados como elementos incriminatorios (folios 72, a 76), que el Jurado, ateniéndonos a la descripción del hecho, ha valorado, aun cuando no lo expliquen de forma expresa, para llegar a su motivación.

El Magistrado Pte. cumpliendo con el deber de motivación que el Art. 120.3 de la CE le impone, relaciona la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, con las versiones contradictorias, que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, específicamente en relación con las heridas:

Luis María y Juan Carlos, se incriminan mutuamente en relación a quien efectuó el disparo, y Adela, que permanecía en el vehículo, declara en el juicio, que: "Estaba apoyada en el cristal, cerrado, vio pasar algo por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio y a Luis María y de repente Higinio se agacha, las luces apagadas pero algo se veía estaba cerca pasan al lado y los ve, por ese orden y Higinio se agacha e Luis María hace gesto "así" (gesticula) iban caminando los tres en fila Juan Carlos de espalda a Higinio que se agacha e Luis María (de arriba) fogonazo...y nervios y perdió noción de lo que pasaba (4:06:26, 6ª vg); se incorpora un poco y ve por la ventanilla cara girada hacia la derecha (4:11:16, 6ª vg)." "No sabe cuando las heridas, allí no hubo agresión, no heridas..." e Luis María y Juan Carlos, que no hubo agresión.

Resulta acreditado, que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida del mismo, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- A continuación, como hemos hecho constar en el apartado relativo a las alegaciones de la parte apelante, afirma, que en el Punto 5 del Veredicto, el Jurado motiva su decisión, de forma exclusiva, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio PTT NUM010); y que sin embargo, el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba no se limita a recoger y valorar esos audios, como debería haber sido el caso, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados y un informe de la Guardia Civil, alcanzando en la conclusión una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función.

En el punto 5, del objeto de veredicto el Jurado considera por unanimidad, que: " El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho."

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas.";motivando que en el Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla"; en el Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él";y en el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos " miedo a fallar''

En los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

El Magistrado Pte. cumpliendo con su deber de motivación, valora las declaraciones de los acusados, que ofrecen versiones contradictorias sobre el arma de fuego, y coinciden en que los tres carecen de licencia de armas.(folios 78 a 81)

La explicación del Jurado se deduce de las declaraciones de los acusados, contenidas en los audios y del reconocimiento por los mismos de la carencia de permiso.

La valoración por el Magistrado del Informe de la Guardia Civil, no añade nada nuevo, porque dicho informe señala que "...no les figura en la base como titulares de armas de fuego en el periodo descrito ni en ningún otro".

- En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto, y de que la parte no hace referencia a la indefensión derivada de la infracción procesal denunciada, el motivo debe ser desestimado.

2- Segundo Motivo-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts.846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma por la misma, que existe en la Sentencia una clara falta de motivación de los hechos considerados probados por los miembros del Jurado, derivado de una defectuosa proposición del objeto del veredicto por parte del Magistrado Presidente, siendo en esta fase donde precisamente se ha quebrado el derecho a la tutela judicial efectiva, conduciendo ello a la falta de motivación del veredicto.

Y con relación al Hecho probado cuarto (punto 4 del objeto de veredicto, que hemos reproducido en el primer motivo y al que nos remitimos), afirma, que desde el momento en hace recaer la esencia de esta agravante en el número de heridas, ya está condicionando el parecer de los miembros del Jurado que, sin conocimientos legales, relacionan el numero con la consecuencia de aumento consciente del padecimiento de la víctima.

Seguidamente trascribe la parte apelante la Doctrina Jurisprudencial sobre la agravante de ensañamiento, y de la concurrencia de los dos elementos, (objetivo y subjetivo), para terminar afirmando, que el elemento subjetivo debe intentar acreditarse mediante un juicio de inferencia, solicitando la nulidad del punto cuatro, por falta de motivación en relación al elemento subjetivo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme se afirma en la STS de 2 de julio de 2025 Rec. 10539/2024:

Hemos señalado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 66/2024 de 24 Ene. 2024, Rec. 10705/2022 que: "Se puede tratar de vulneración de las normas y garantías procesales ocasionando indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación,por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel,habiéndose denunciado quebrantamiento de normas y garantías procesales que causaren indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación, por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel."

Y se añade que:"Aún en los casos en que no sea necesaria la previa reclamación de subsanación por conllevar la infracción vulneración de un derecho fundamental, en todo caso sí debe serlo la protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada, dado que el último párrafo del artículo 846 bis c) no contempla excepción de ningún tipo en dicha exigencia ( SSTS 257/2019, de 22 de mayo ; 24/2016, de 28 de enero ; 1145/2006, de 23 de noviembre ).

-A su vez, La STS de fecha 24 de enero de 2019 Rec. 10.467/2018 afirma, al respecto: "...esta Sala ha destacado también que la intervención de las partes en la conformación del Objeto del Veredicto es esencial hasta el punto de que no es admisible que éstas no objeten deficiencias en su redacción en el momento procesal idóneo para su corrección y que posteriormente pretendan la nulidad del juicio por las deficiencias que no fueron puestas de manifiesto en tiempo oportuno.

A ello se refiere la STS 454/2010, de 10 de junio , en los siguientes términos: "[...] El propio art. 846 bis c) a) contempla como quebrantamiento de las normas y garantías procesales el defecto en la proposición del objeto del veredicto, siempre que de ello se derive indefensión, y no podemos olvidar -dice la STS. 487/2008 de 17.7 - que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto,el Legislador no ha excluido a las partes,muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndolesigualmente responsables de su contenido,en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ , pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral.La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo.La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de formadel que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia [...]" (En igual sentido SSTS 14/10/2002 , 196/2007, de 9 de marzo , entre otras)...

c) Aplicación al caso concreto:

Examinadas las actuaciones, esta Sala ha podido comprobar que en la Audiencia a las partes antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto ( art. 53 de la LOTJ) , la parte ahora apelante, así como las defensas de los otros dos acusados, solicitaron la inclusión en el punto 4, de una precisión sobre las consecuencias del disparo, y si el corazón seguía latiendo.

El magistrado Pte. la rechazó y se causó protesta.

Pues bien, ahora no se refiere a la redacción defectuosa del elemento objetivo del ensañamiento, sino en cuanto al elemento subjetivo; extremo que no cuestionó en el momento oportuno, ni por lo tanto causó protesta, no cumpliendo de ese modo con el requisito que para la admisión del recurso en relación al motivo analizado exige el art 846 bis c, último apartado en relación al 846 bis c a).

Con esto sería suficiente para la inadmisión del motivo.

Ello no obstante, queremos añadir que el Magistrado dio las oportunas instrucciones al Jurado sobre la agravante específica de ensañamiento, sin que se haya denunciado parcialidad.

3- Tercer Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

a) Alegaciones de la parte

Afirma la parte, que el punto cuatro del veredicto es nulo por falta de motivación del mismo; que la motivación del Jurado entra en contradicción con lo señalado en el Informe Forense, de 9 de mayo de 2024, suscrito por el mismo forense D. Victor Manuel y por Dª. Adelaida en el cual se recoge textualmente:

"(...) 3.- En relación con la anterior, si las lesiones que presentaba el fallecido en la cabeza a las que se hace referencia que se produjeron en vida del mismo, pudieron producirse tanto antes como después de alojarse en el cráneo el proyectil referido.

Estas heridas se han descrito como antemorten al tener signos de vitalidad. Sin embargo, al no poder precisar el tiempo de supervivencia tras el disparo en la cabeza, no se puede determinar con exactitud si se produjeron antes o después de dicho disparo, pudiendo asegurar solamente que fueron hechas cuando la función cardiaca estaba todavía presente."; la opinión personal del médico forense en relación a como se produjeron las lesiones no viene corroborada por ninguna otra prueba, siendo incluso que, en su propio informe, señala la imposibilidad de determinar si las lesiones con signos de vitalidad fueron anteriores o posteriores al disparo; que el razonamiento de la Sentencia para considerar acreditado el ensañamiento es manifiestamente insuficiente, ya que la mera persistencia de actividad cardiaca o de circulación residual no implica existencia de sufrimiento humano, que requiere integridad funcional del sistema nervioso central.

b) Jurisprudencia de aplicación

En resumen, de la Doctrina Jurisprudencial expuesta por el Magistrado Pte a la que nos remitimos, el ensañamiento conlleva un mayor reproche antijurídico (elemento objetivo) y un incremento de culpabilidad (elemento subjetivo), y se revela una mayor gravedad del injusto mediante la adición de otros males. Así en el caso de la muerte el de producir dolor innecesario a la víctima, lo que también equivale a asumir una concepción mixta de dicha agravante.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su deseo de causar un mal mayor a la víctima.

c- Aplicación al caso concreto:

La parte recurrente basa el motivo en la insuficiente motivación del veredicto punto 4, y asimismo en la insuficiencia del razonamiento de la sentencia.

El punto cuatro del objeto de veredicto, ha sido reiterado por la parte en los motivos anteriores, y hemos resuelto la ausencia de infracción procesal por valoración de otras pruebas por el Magistrado, porque es su deber valorar todos los elementos incriminatorios y asimismo cumplir con su deber de motivación; cuando al Jurado no se le debe exigir señalar todos los medios de prueba tomados en consideración, ni todo el itinerario mental, sino una explicación sucinta, siempre y cuando pueda controlarse la racionalidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.

Hemos inadmitido, el segundo de los motivos por razones a las que nos remitimos.

Y ahora se cuestiona la motivación del Magistrado.

-Pues bien, en contra de lo alegado, después de analizar la prueba pericial del IML, en relación al fallecimiento inmediato como consecuencia usual de un disparo inmediato (folio 144); el Magistrado analiza la vitalidad de las lesiones, y la explicaciones del médico forense, al afirmar, que se golpeó reiteradamente la cabeza y cráneo de Higinio, hay 22 heridas, y que al hacer el examen se distinguen las ante mortem y las post mortem con sus características concretas (16:59, 5ª vg); que asimismo informó, que las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y es por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg); si hay varias heridas vitales hay que pensar que se produjeron antes (40:10, 5ª vg); El cadáver de Higinio presentaba hasta 22 lesiones en la cabeza distribuidas en diferentes zonas, heridas que el médico forense indicó que las que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); y que Higinio murió sufriendo por heridas, si primero fue la piedra y luego el tiro (46:52, 5ª vg)... Esas heridas se produjeron con objetos contundentes y así indicó -tras exhibición de la piedra con los restos biológicos de Higinio - que esa piedra perfectamente podía hacer ese tipo de lesiones por tener bordes finos pero en el cráneo aunque fuera la piedra más roma también puede producir heridas lineales.

A continuación, el Magistrado contrasta las versiones de los acusados con otros datos que ofrece el procedimiento, para llegar a la conclusión (folios 153 a 155), que: " En base a la prueba desarrollada se debe concluir entendiendo que se produjeron las lesiones antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo,muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Todas las lesiones del cráneo eran ante mortem y eso es que el corazón latía, que había una vitalidad al menos clínica y se diferencias del resto de las del cuerpo que no presentaban esa característica.

Pero también cabe concluir que lo usual y general es que el disparo en la cabeza produce una muerte muy rápida, pero puede haber supervivencia aunque sea de minutos, aunque sea clínica con función cardiaca y respiratoria pero no consciente, por lo que lo excepcional es permanecer con vida aunque inconsciente.

En esta situación de excepcionalidad de vida, una vez que Higinio ha recibido el disparo y tiene el proyectil en el cerebro, es cuando deben analizarse las versiones de los acusados, en un momento en el que -incluso más beneficioso para los acusados-, Higinio está moribundo y se debe entender según su versión que es golpeado, es decir ya inerte e inconsciente, pero vivo.

Pero como se ha visto, las diferentes versiones se desmoronan, no se sostienen, son versiones contradictorias con un único elemento en común repartir la responsabilidad de los golpes a los otros;..." valoración racional y lógica que esta Sala comparte plenamente.

= En el supuesto de autos la conclusión alcanzada por el Jurado, basada en la prueba de cargo practicada, valorada por el mismo y complementada por el Magistrado Pte. es lógica, razonable y coherente, con el resultado de la prueba de cargo practicada debidamente y exhaustivamente motivada, con todas las garantías legales y constitucionales; por cuanto como es Jurisprudencia constante: "...la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. ( STS, de 21 de julio de 2025, Rec 10496/2024)"

- Como ya hemos anticipado, es Jurisprudencia constante que ya hemos recordado ( STS 530/2024, de 5 de julio), "el ensañamiento requiere un elemento objetivo constituido por la acusación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima; y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. En la medida que el sujeto no suele exteriorizar su propósito, este segundo elemento puede inferirse racionalmente de los actos objetivos que han concurrido en el caso (entre otras SSTS 1554/2003 de 19 de noviembre , 357/2005 de 20 de abril , 147/2007 de 19 de febrero , 713/2008 de 13 de noviembre , 66/2013 de 25 de enero ; 489/2015 de 16 de julio , 707/2015 de 13 de noviembre , 535/2016 de 17 de junio , 161/2017 de 14 de marzo ; 271 de 6 de junio ; o 728/2023, de 4 de octubre )."

El relato fáctico contenido en los hechos probados con fundamento en el objeto del veredicto y con especial relevancia de los puntos 4 y 8, se subsumen jurídicamente en la circunstancia agravante específica de ensañamiento del art. 139.1.3º; por lo que no puede estimarse la infracción de precepto legal denunciada.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado, no solo en cuanto al vulneración de la presunción de inocencia, sino también en cuanto a la indebida aplicación del art. 139 del CP,

- Cuarto Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

a)- Alegaciones de la parte:

Afirma la parte, en cuanto a la individualización de la pena a imponer, que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho; que en el caso presente la sentencia de instancia justifica la imposición de penas distintas a los acusados basándose en dos cuestiones:

La existencia de antecedentes penales, y las manifestaciones de los audios que han sido aportados como prueba en el procedimiento no venían referidos a los delitos por los cuales se vertían las acusaciones sino a otro distinto; y que tal imposición debe entenderse, en todo caso, desproporcionada y mal motivada en base a lo siguiente: la motivación es conjetural, la sentencia agrava la condena de Luis María por el delito de asesinato apelando a su viaje a DIRECCION008 que "hace factible que buscaran un arma", además de "buscar droga", sin integrar esos extremos en el factum del veredicto ni explicitar su incidencia graduatoria en la pena dentro del artículo 66.1.6 del CP, no pudiendo incorporarse hechos nuevos; y se realiza un uso de antecedentes para una agravación encubierta de la condena, antecedentes de naturaleza heterogénea (violencia de género; tráfico de drogas) como soporte de un mayor reproche para Luis María, sin justificar por qué dichos antecedentes agravan el asesinato concreto ni cómo superan la regla de que sólo son relevantes las circunstancias del hecho y del autor debidamente motivadas; y que existe un desnivel no justificado entre las condenas de los coacusados: se fija en la misma franja (20-25 años de prisión) pero sin exteriorizar por qué son 23 para Luis María y 21 para Adela, más allá de fórmulas abiertas, ni por qué Luis María debe recibir más que Adela si la autoría del crimen se declara conjunta y la aportación típica descrita no se desglosa con precisión que justifique 2 años adicionales; y que el salto a 23 años impuesto a Luis María exige razones específicas vinculadas al hecho (mayor plan, mayor dominio funcional, mayor crueldad adicional, etc.), pero la sentencia no concreta ese plus individual respecto de Luis María que justifique el mismo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme a la STS de 12 de noviembre de 2021 Rec.: 5313/2019, entre otras muchas: "...1. El art. 72 CP pretende que el Tribunal razone en la sentencia el grado y extensión concreta de la pena que se impone, lo que requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos ( STS. 703/2006, de 3 de julio ). La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.

Conforme expresábamos en la sentencia núm. 539/2018, de 8 de noviembre , en orden a la motivación de la pena, " esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril ) la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena,en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)"."

Ello no obstante, en ocasiones ha recordado esta Sala (SS 27.9.2006 y 11.04.2018 ), la doctrina del Tribunal Constitucional que, interpretando los arts. 24 y 120 CE ha señalado que "una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87 , 152/87 y 174/87 ), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado."

Igualmente hemos admitido que la motivación de la individualización punitiva puede deducirse del conjunto de la resolución, no siendo necesaria la vinculación formal a un apartado específico de la resolución. Lo relevante es que en la sentencia consten las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho que justifica la imposición de la pena en la extensión adecuada ( SS. 1590/2003, de 22 de abril de 2004 , y 898/2006, de 18 de septiembre )..."

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto, no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer."

c) Aplicación al supuesto concreto

La Sentencia condena a cada uno de los tres acusados como coautores de un delito de asesinato del art.139.1. 1º y 3º y 139.2 del C.P y art.140 bis 1 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,procediendo la imposición de las penas siguientes: por un delito de Asesinato con alevosía y ensañamineto

A Luis María procede fijar la pena de 23 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Juan Carlos procede fijar la pena de 24 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Adela procede fijar la pena de 21 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

- El marco legal en concreto, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2, es de 20 a 25 años, y dentro de este marco debe atenderse al art. 66.1.6ª CP que permite la imposición de la pena "...en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Al ahora recurrente se le ha impuesto una pena de 23 años, atendiendo como circunstancias personales a que sí bien no cuenta con antecedentes penales susceptibles de ser considerados a efectos de reincidencia, ha sido condenado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud; y en otra sentencia por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, cometido el 7-8- 2017. Es decir, por su relación con el mundo del tráfico de sustancias estupefacientes.

Esta Sala entiende que aun cuando el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

TERCERO: RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE D. Juan Carlos

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

El presente motivo, reproduce literalmente los términos del primero de los motivos de los interpuestos por la representación procesal del acusado D. Luis María, razón por la que para dar respuesta al mismo, nos remitimos al Fundamento de derecho anterior, primer motivo, (folios 19 a 31) no siendo de lógica reproducir la ya expuesto en el mismo, para desestimarlo nuevamente.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

a)Alegaciones de la parte:

Sostiene la parte, que, del relato de hechos probados emitido por el Jurado, no resulta acreditada la concurrencia de los elementos típicos exigidos para apreciar tal circunstancia; que al no resultar posible determinar con certeza si los golpes se produjeron con anterioridad o posterioridad al disparo, no puede afirmarse la existencia de un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, tal como exige la doctrina y la jurisprudencia, porque para su apreciación, resulta necesario que la víctima se encuentre consciente; que los golpes descritos, en todo caso, se encuentran ya subsumidos en la alevosía apreciada, sin que resulte procedente una doble valoración de los mismos. La mera inclusión en el relato de la frase "sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario" no resulta suficiente, por si sola, para fundamentar la existencia de ensañamiento, al faltar la constatación objetiva y clara de los requisitos exigidos por la norma de aplicación, y el Jurado fundamenta su decisión en la declaración de los médicos forenses.

A continuación, que para alcanzar tal veredicto, procede analizar el Fundamento de Derecho Tercero, en el que se realiza la calificación jurídica y se procede a la valoración de la prueba; que el punto desde el que se parte por el Magistrado-Ponente, es la aseveración de que los efectos de un disparo en la cabeza a escasa distancia son de carácter letal, afirmando además "por lo general, de carácter inmediato".; pero, sin que pueda afirmarse, que dicha muerte se produzca, de manera general, de forma inmediata, como ha quedado acreditado.

En consecuencia, la afirmación de que lo habitual es el fallecimiento inmediato o prácticamente inmediato debe considerarse errónea, a lo que añade, que las declaraciones de los acusados no fueron tenidas en cuenta por el Jurado a la hora de alcanzar el veredicto.

Por lo expuesto solicita la nulidad del punto cuatro del veredicto por falta de motivación

- Como puede observarse a simple vista, de la lectura de las alegaciones expuestas por la representación del acusado D. Juan Carlos, las mismas son coincidentes con las expuestas por la representación de D. Luis María, cuando la representación de D. Luis María en el segundo de los motivos solicitaba la nulidad del punto cuatro del veredicto, por las mismas razones ahora esgrimidas, y en el tercero para denunciar la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de precepto legal Art. 139.1 3º.

A ambos motivos hemos dado respuesta en el fundamento de derecho anterior (folios 32 a 40) a los que nos remitimos para evitar su reiteración.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, por los mismos argumentos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr

a)Alegaciones de la parte:

Alega la parte, con remisión a lo expresado en los motivos anteriores articulados por la misma, que el deber del Magistrado-Presidente, al dictar sentencia, es desarrollar el contenido de la sucinta explicación ofrecida por el Jurado, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por éste y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos, conforme a lo exigido por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, en los términos del artículo 70.2 LOTJ. Dicho desarrollo debe tener como único objeto determinar si la prueba aludida por el Jurado es suficiente para integrar prueba de cargo bastante; que la argumentación de la sentencia respecto de la agravante de ensañamiento no solo carece de solidez lógica, sino que resulta manifiestamente insuficiente para fundamentar un fallo condenatorio. Pretender extraer de dicha argumentación la existencia de prueba de cargo bastante constituye un conclusión arbitraria e insostenible, que vulnera de forma palmaria el principio de presunción de inocencia; que las pruebas a valorar por el Magistrado-Presidente han de ser las tenidas en cuenta por el Jurado, esto es, la declaración de los forenses en el acto de la vista y los informes que fueron ratificados en dicho acto y de

toda esta prueba sólo se pueden extraer dos conclusiones: La imposibilidad de saber si el disparo se produjo antes o después de las lesiones; y la certeza de que el disparo produjo un estado de inconsciencia; no existen elementos de convicción que sustenten la conclusión alcanzada en la sentencia, lo que determina la nulidad del fallo condenatorio por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Recordando lo ya expuesto con anterioridad, en esta misma resolución: STS, Penal sección 1 del 02 de julio de 2025, Rec: 10539/2024:

" ...El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

"....conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por quéunos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

La motivación del veredicto, debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado- Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras) [..]".

c) Aplicación al caso concreto:

Al respecto debemos afirmar, que la sentencia recurrida, en contra de lo afirmado por la parte recurrente, en relación a la vulneración de la presunción de inocencia cuando justifica la circunstancia agravante especifica de ensañamiento, se ha fundamentado en una prueba de cargo, legal y constitucionalmente obtenida, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado ahora recurrente como se desprende no solo del punto 4 del objeto de veredicto sino también del punto 8; prueba racionalmente valorada que resulta homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el punto 4: "Los jurados han encontrado PROBADOS, y así lo declaran por MAYORÍA (7- 2) los hechos descritos en el escrito sometido a nuestra decisión.

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) ''En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Y ello, teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo,sometieron a la víctima a un dolor innecesario.".

- El Magistrado Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la LOTJ, en relación al art. 248.3 de la LOPJ, y con el deber de motivación que le impone asimismo el art. 120 de la CE. valora a tales efectos el informe del IML y la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, en relación con la versión que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, ahora específicamente en relación con las heridas.

Dichas heridas quedan acreditadas en el punto 8, con la precisión acreditada de: "sin tener características mortales"; y en el punto 9, "la causa de la muerte fue una herida craneal por arma de fuego...."

Tras el análisis pormenorizado y exhaustivo acerca del IML y de las declaraciones de los acusados, concluye sin lugar a dudas y sin prueba que lo desvirtúe: " Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente."

Los presupuestos de la circunstancia apreciada quedan colmados, por lo que el juicio de subsunción, resulta inobjetable, a partir de la secuencia fáctica que delimita el análisis que ahora hacemos, y en los términos que ha analizado el Tribunal del Jurado, y el Magistrado Pte. que conocieron con anterioridad de la causa.

El motivo debe ser desestimado.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

a) Alegaciones de la parte:

Pone de manifiesto la parte, que el fundamento de Derecho Sexto, relativo a la penalidad, viene a fijar distintas penas por el delito de asesinato para los tres condenados; sin embargo fija la misma pena a los tres por el delito de tenencia ilícita de armas, al mantener, que "siendo la pistola elemento determinante para causar la muerte de Higinio, es decir, se trata de un arma de fuego careciendo de los requisitos legales y precisamente para acabar con la vida de otra persona, siendo conocido de todos ellos la finalidad de la misma, por lo que la gravedad de su destino el asesinato, que es lo verdaderamente relevante en el presente supuesto, hace que la gravedad de la pena deba responder igualmente.".

Añade a lo anterior, que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y que el fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de la discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede proceder a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad.

Y por último, respecto del delito de conducción sin puntos; que se justifica la elección de la pena de prisión sobre los trabajos en beneficio de la comunidad alegando el nulo efecto que han tenido las anteriores sanciones impuestas con anterioridad. Para ello tiene en cuenta tres antecedentes penales por este mismo delito de los cuales:

.- La Ejecutoria 464/2021 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño ya ha sido tenida en cuenta para la reincidencia.

.- La Ejecutoria nº 114/2019 de Juzgado de lo Penal Nº 3 de Pamplona, se encuentra cumplida, puesto que el Sr. Juan Carlos fue condenado a multa que fue sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad que constan cumplidos en la hoja histórico-penal.

.- La Ejecutoria nº 104/2019 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño se encuentra igualmente cumplida; siendo relevante indicar que, de los antecedentes expuestos, los dos últimos son cancelables de oficio y por tanto no habrán de tenerse en cuenta para agravar la condena, procediendo pues la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad solicitados por esta parte.

b)En cuanto a la Jurisprudencia de aplicación,nos remitimos a la ya recogida al resolver el cuarto de los motivos del recurso interpuesto por la representación del acusado Sr. Luis María, en el Fundamento de derecho anterior.

- A la que añadimos, que Conforme a la STS de 19-02-2025, nº 133/2025, rec. 10286/2024: " Es claro que las circunstancias personales del autor del delito no se limitan a la reincidencia en el sentido del artículo 20 CP (Cfr. Sentencia 233/2003 de 21 de febrero ); los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta, precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos, como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que lo realizó y también las circunstancias de todo tipo concurrentes; la motivación de la individualización de la pena requiere desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos (Cfr Sentencias 1426/2005 de 7 de diciembre y 145/2005 de 7 de febrero ); la gravedad del hecho a que se refiere este precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal infracción.Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando;estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer.

Las circunstancias personales del delincuente son aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica.Ni en uno ni en otro caso se trata de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ya que, en tal caso, su integración penológica se produce no como consecuencia de esta regla 6ª (antigua) regla primera del art. 66, sino de las restantes reglas (Cfr. Sentencia 480/2009, de 22 de mayo ... cuando se refiere a las circunstancias personales del delincuente, está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto, la edad de la persona, su grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en el cuerpo social,son factores que no sólo permiten sino que exigen modular la pena ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho, que debe ser medida no sólo con criterios cuantitativos sino también cualitativos (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio )....

c) Aplicación al caso concreto

El Magistrado Pte. impone al acusado ahora recurrente una pena de prisión de 24 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, mitad superior de la pena, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 del CP al concurrir dos agravantes especificas del tipo penal de asesinato por el que se le condena (alevosía y ensañamiento art.139 1.1ª, 3ª); que estima adecuada en atención a las circunstancias de naturaleza personal del delincuente; sin pronunciarse acerca de la mayor o menor gravedad del hecho.

Entiende que ha sido condenado entre otros delitos por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, si bien, sin repercusión en cuanto a la reincidencia (salvo en el delito por el que se le condena por conducir sin puntos); y que el hecho diferencial, además de las condenas acreditadas, es su relación con el mundo del tráfico de drogas, circunstancia de naturaleza personal que permite ser atendida para llevar a un mayor reproche penal, como en el caso de Luis María y no así en el caso de Adela, que carece de antecedentes personales.

Esta Sala considera que debemos aplicar al ahora recurrente lo que ya hemos dicho respecto de Luis María, que el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

- En cuanto a la pena impuesta por el Magistrado Presidente, en relación al delito de conducción sin puntos, previsto y penado en el art. 384.1 del CP en primer lugar, debemos decir, que constan en el apartado 11 del veredicto, las tres ejecutorias derivadas de sentencias condenatorias firmes por el mismo delito, estando dos de ellas pendientes de cumplimento; por lo que resultaría imposible en su caso la cancelación de oficio, de antecedentes penales.

Por otro lado, el delito ha sido cometido de manera continuada, conforme al art. 74 del CP; por lo que procede la imposición de la pena de prisión en la mitad superior cuyo marco legal es de 4 meses y 15 días a 6 meses.

Como se afirma en la sentencia recurrida, dentro de esta mitad superior, la existencia de los antecedentes penales relatados que son tres, hacen concurrir en la aplicación de la agravante de reincidencia, hace que la pena deba ser impuesta en el nivel superior, es decir 6 meses de prisión,

Pena que resulta proporcionada, compartiéndose con el Magistrado Presidente (folio 205), que ni la multa ni los trabajos en beneficio de la comunidad (penas impuestas en las tres Sentencias anteriores) han conseguido ningún resultado sobre la conducta de Juan Carlos que pese a todo ello sigue incumpliendo la norma, por lo que dada la desatención de la misma procede la imposición de la pena de prisión; razones que fundamentan la desestimación de este concreto motivo.

CUARTO:- RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE Dª Adela

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. Se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indican. Vulneración del art. 138.1 del CP.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma al respecto, que se le ha condenado como coautora del delito de asesinato, y esta admitido que no tuvo participación alguna en la ejecución material del delito en ningún momento, ni en la ocultación del cadáver, remitiéndose a la declaración testifical del Agente de la Policía judicial, NUM013 instructor y coordinador de los equipos interviniente; que no existe ni una sola prueba que vincule a Adela con la adquisición del arma utilizada, ni disponibilidad sobre la misma; Adela no se bajó en ningún momento del Peugeot con el que había viajado junto a Juan Carlos y Higinio, quedando en todo momento en el interior del vehículo; no fue autora del disparo; ni participó en la agresión con una piedra, no hay ni una sola prueba de la que pueda inferirse que Adela supiera con antelación que se iba a llevar a cabo semejante agresión, ni existe una sola prueba de la que se pueda inferir que Adela hubiera admitido semejante agresión, lo que determinará que sea inaplicable a la misma, la circunstancia de enseñamiento por el que se le condena como coautora del delito de asesinato; que tampoco existe prueba que acredite que tuviera conocimiento de que se iba a disparar; que no metió el cuerpo de la víctima en la furgoneta ni llegó a estar en la finca de los familiares de Luis María.

A continuación, analiza los hechos probados que afectan a Adela, que se declaran probados por el Jurado, y son analizados por el mismo, en concreto el haber preconcebido un plan junto con los otros dos acusados, y llevar a cabo una labor de vigilancia; añadiéndose en la sentencia un nuevo motivo de imputación, " la presencia de Adela en el Peugeot, sirvió para dar confianza a Higinio y para que no tuviera sospechas de la finalidad del viaje."; y después de trascribir las pruebas en las que se basa el Jurado, afirma, que los motivos de imputación son meras conjeturas; contradiciendo la valoración que de los medios probatorios se realiza (nos remitimos al escrito de recurso,(folios 6 a 11),relativos al geoposicionamiento de las terminales telefónicas de los tres acusados los días 24/7; 9/08 al mediodía y por la noche; mensajes entre Adela y su hija Belen; mensajes de Luis María a Adela; mensajes de Adela a Luis María, y la declaración del Agente TIP NUM014 del 12/5/2025 durante el Juicio oral; y concluye, no existe ni un solo acto cometido por Adela que le incrimine como coautora del delito de asesinato por el que es condenada.

Y en definitiva, que la sentencia califica a su defendida coautora del delito de asesinato, pese a no haber intervenido materialmente en la ejecución ni haber llevado a cabo acto colaborativo alguno ni contribución esencial a la comisión del delito; que tal calificación contraviene la doctrina jurisprudencial sobre la autoría compartida; que su conducta, de existir responsabilidad, que se niega igualmente, sería a lo sumo la de cooperadora necesaria o cómplice al margen de la ejecución; no existiendo prueba de cargo directa por lo que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la misma.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Partiendo de que la parte apelante niega la coautoría de su defendida, por la ausencia de prueba de cargo directa, y, solo meras conjeturas por lo que se ha vulnerado su presunción de inocencia, vamos a comenzar exponiendo la Doctrina del TS en relación a la coautoría, dado que la parte afirma que en la Sentencia se contraviene dicha Doctrina:

En la STS 25 de septiembre de 2025, Rec.1084/2023, en línea con la trascrita en la Sentencia recurrida de 23 de enero de 2025, y otras, se afirma: "... En efecto, para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en la fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo.La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en este caso respondería individualmente. Y además, superando las tesis subjetivas de la autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la causación del fin conjuntamente pretendido. No es necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues cabe una división de trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad; pero sí lo es que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación dominan conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción contemplada en el verbo nuclear del tipo.La consecuencia es que entre todos los coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho( SSTS 134/2017, de 2-3 ; 604/2017, de 5-9 ; 366/2020, de 2-7 ).

En este sentido la STS 984/2022, de 21-12 , recuerda:

"Son coautores todos quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo, aunque tal realización sea coordinada mediante fases ejecutivas confluyentes a un mismo fin.

La realización conjunta del hecho implica que cada coautor colabore en una aportación objetiva y causal eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto, sin que sea necesario que cada coautor ejecute por sí mismo todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización de este se llega por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas.

Dos son, por tanto, los planos en que necesariamente se apoya la apreciación de una coautoría:

a) la existencia de una decisión conjunta,elemento subjetivo, que puede concretarse en una colaboración previa realizada por los autores, con o sin expreso reparto de papeles,o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, cuando se trate de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o en todo caso, muy brevemente anterior a esta. Y puede ser expresa o tácita, la cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

b) una aportaciónal hecho que puede valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, que integre el elemento objetivo apreciable, aunque el coautor no realice la acción nuclear del tipo delictivo( SSTS 413/2015, de 30-6 ; 185/2017, de 23-3 ).

Por ello, cuando varios partícipes dominan de forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores... la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo, sino también todos los que dominan de forma conjunta, dominio funcional del hecho ( SSTS 577/2014, de 12-7 ; 413/2015, de 30-6 ; 134/2017, de 2-3 )...."

c) Aplicación al supuesto concreto:

=Prueba de cargo practicada

Para dar por probado el punto 2 del veredicto, hecho segundo en el que consta que Adela conocía la gran inquietud, preocupación y temor que le generaba a su pareja, el acusado Juan Carlos, las consecuencias del impago de la deuda de 13.500 que insistentemente le estaba reclamando la víctima.

Tal hecho lo deduce el Jurado de los siguientes elementos probatorios:

Declaración de Juan Carlos en sala como acusado el día 15/05/2025 donde él mismo reconoce la deuda que tiene con Balbino.

Mensajes de Adela con su hija Belen el 08/08/2022 folio 15 Atestado NUM015 donde Adela manifiesta que Juan Carlos le hace responsable de parte de la deuda. ''Se ha comido el dinero''

Declaración en sala el día 15/05/2025 donde los acusados Adela e Luis María, reconocen la deuda que Juan Carlos tiene con la víctima.

Audio 09/08/22 NUM010 (05:23:04) ' Luis María habla con Adela sobre como Juan Carlos podría hacer frente a parte de la deuda mediante la venta de vehículos'' lo que hace a los 3 acusados conocedores de la deuda.

Audio 9/8/22 NUM009 (05:27:36) Este audio demuestra la inquietud que le provoca a Juan Carlos encontrarse con Balbino ''Confunde a Balbino con otros individuos e Luis María reconoce que Juan Carlos está emparanoiado''

Audio 9/8/22 NUM010 (05:32:22). En este audio, Adela reitera a Luis María el nerviosismo de Juan Carlos donde indica que ''está emparanoiado no, lo siguiente.''

Atestado Nº NUM016 folio 71, en el apartado 3, conclusiones del análisis del teléfono de Adela; se dice ' Adela conocía que su pareja sentimental Juan Carlos adeudaba una cantidad de dinero a Higinio Beckhat"

- El Jurado explica sucintamente su motivación, afirmando que: Teniendo en cuenta las declaraciones de los acusados en sala, los mensajes, los audios entre ellos y el atestado mencionado, hemos determinado como probado que los tres son conocedores de la deuda, la urgencia de la víctima por el cobro de ésta y la imperiosa necesidad de Juan Carlos de solucionar el problema" El Magistrado Presidente complementa la valoración, analizando las declaraciones de los tres acusados, y de los Agentes de la Guardia Civil, acerca de las llamadas y los audios, para concluir en la existencia de la deuda por tráfico de drogas, que aun cuando anterior a la relación con Adela, le reprocha pues según dice? "se había comido parte".

- En el punto 3, hecho probado tercero de la sentencia, el Jurado considera probado por unanimidad, que se decidieron a poner fin a tal situación y en ejecución de un plan preconcebido, en la tarde el 9-8-2022 Juan Carlos acordó una cita con Higinio, con la excusa de pagar la deuda que se iba a realizar gracias a la mediación de un conocido suyo que era Luis María en la localidad de DIRECCION002.

Para ello desde la localidad de DIRECCION003, Juan Carlos y Adela, utilizando el vehículo Peugeot 307 matrícula NUM002, pasaron por Logroño a recoger a Higinio y a continuación los tres en el mismo vehículo se dirigieron hacia DIRECCION002, llegando al lugar concertado con Luis María que era el cruce de la DIRECCION004 con la carretera de DIRECCION005 próxima a DIRECCION002, llegando sobre las 21.30 horas, donde les estaba esperando en el aparcadero allí existente Luis María con la furgoneta blanca matricula NUM003, propiedad de su hermano.

Al llegar al lugar Juan Carlos estacionó en paralelo de la furgoneta descendiendo del vehículo Juan Carlos y Higinio, entablando una conversación con Luis María sobre el pago de la deuda en el curso de la cual Luis María y Juan Carlos dieron muerte a Higinio, mientras Adela permanecía vigilante desde el interior del vehículo."

-El Jurado lo deduce de los siguientes elementos probatorios:

Datos de geolocalización de los teléfonos de los 3 acusados ubicados por el repetidor de DIRECCION005, los siguientes días;

24/7/22 desde las 15:30h. hasta las 18:45h. que se encuentran en el Atestado NUM017 folio 63.

09/08/22 desde las 14:50h. hasta las 15:56h. Atestado NUM017 folio 55.

09/08/22 desde las 22:30h. hasta la 01:01h. Atestado NUM017 folio 56-58.

Mensajes:

Atestado NUM018. ' Adela le dice a su hija Belen que tiene que hacer una historia ese día.''

Audio. 07/08/22 NUM019 (17:16:26) Donde Luis María dice a Adela; ''Hay que hacer las cosas bien, hay que hablar entre los 3..''

Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''

Audio. 09/08/22 NUM010 (05:23:04). ' Luis María da opciones a Adela de como Juan Carlos puede saldar parte de la deuda ''

Audio. 09/08/22 NUM020 (05:25:40). ' Luis María manifiesta a Adela la dificultad de deshacerse él solo del cuerpo''

Audio. 09/08/22 NUM021 (05:26:28). ' Luis María habla de una pena importante''

Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''

Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

Audio NUM022 (05:37:16). Adela reconoce ''que sabe demasiado''

Audio NUM023 (05:37:54). Luis María habla con Adela de que Juan Carlos no tenía que haber dicho a todo el mundo que tenía esa deuda.

Audio NUM009 (05:27:36) Luis María le dice a Adela que "ha estado dando vueltas buscando a Balbino por todo DIRECCION003.''

Audio NUM024 (05:36:28). Adela habla con Luis María y este le dice que ha visto a la víctima en su coche y lo describe.

Audio NUM025 (05:38:16). Adela vigila el coche de la víctima.

Declaración y exposición del agente identificado como TIP NUM014 el día 12/05/2025 durante el juicio oral.

Atestado Nº NUM016 en el folio 51. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Luis María en el que dice: '' las llamadas entre Luis María, Adela y Juan Carlos, aumentan durante el mes de agosto los días previos al asesinato de Balbino en continuidad y duración, balance que realza su implicación.''

Atestado Nº NUM016 en el folio 61. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Juan Carlos en el que dice: '' El día 10/08/22 a las 18:33h. Juan Carlos cambia de terminal de móvil, Juan Carlos no lo menciona en sus declaraciones por lo que parece un intento de obstaculizar una futura investigación o al menos disminuir su responsabilidad en el hecho.''

Declaración en el juicio oral por parte de los 3 acusados que admiten haber estado en los lugares de los hechos.

- Y el Jurado motiva,que teniendo en cuenta los informes de geolocalización que ubican a los tres acusados en el lugar de los hechos, los audios y mensajes anteriormente reseñados y el informe aportado por el experto, nos demuestran que hay un plan elaborado entre los tres previamente, con la finalidad de acabar con la vida de la víctima.

Del mismo modo, queda probado que Luis María y Juan Carlos acaban con la vida de Balbino. Mientras, Adela, conocedora del plan, permanece en el interior del vehículo tal y como declaran los tres acusados en el juicio. El jurado concluye que el papel que desempeña Adela es de vigilancia"

-El Magistrado complementa la valoración de los distintos medios probatorios tenidos en cuenta por el Jurado( folios 30 a 64 a los que nos remitimos) para concluir, que entre los tres acusados medió una planificación para la realización del hecho, para eliminar a Higinio y con ello, solucionar el problema cada vez más acuciante de la reclamaciones de Higinio del pago de lo que Juan Carlos le debía, para ello llevaron labores de vigilancia sobre Higinio y su vehículo con la intervención activa de Adela, al igual que urdieron un plan para atraer a Higinio a un lugar apartado como era el cruce de carreteras entre pueblos de escasa población en la sierra, sirviendo para ello de la promesa de pago de lo debido por mediación de Luis María o de su familia, y a tal fin y como elemento de confianza para Higinio también iba en el vehículo Adela junto con ambos, y al llegar al cruce en el que habían planeado acabar con la vida de Higinio llevaron a cabo los hechos, acometiendo físicamente Luis María y Juan Carlos a Higinio, consiguiendo neutralizarle con fuertes golpes para finalmente dispararle en la nuca con un arma de fuego del calibre 32, lo que determinó, en definitiva su muerte, mientras que Adela en el rol que le estaba atribuido en esa fase concreta vigilaba desde el vehículo mientras que Luis María y Juan Carlos ejecutaban.

-En el punto cuatro, que ya hemos analizado en los recursos interpuestos por los otros dos acusados, se describe como acometieron estos a Higinio, con ánimo de causarle la muerte por sorpresa y con ventaja con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara,...llegando a producirle más de 20 heridas ...sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario hasta que finamente recibió el dispararon en la nuca...por uno de los dos, actuando conjuntamente.

Adela permaneció en el vehículo.

Nos vamos a remitir a lo ya expuesto en los fundamentos de derecho anteriores en cuanto a los medios de prueba tomados en consideración por el Jurado, motivados por el mismo y por el Magistrado, debiendo resaltar ahora, la declaración de Adela, que describe la llegada al lugar en el que estaba ya Luis María como se bajan Luis María y Juan Carlos, ... ella se acomodó en el coche, no salió, vio pasar por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio e Luis María, y de repente Higinio se agacha ...iban caminando los tres en fila ...fogonazo...y nervios ...

- La valoración de la prueba es concluyente: Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- En el punto quinto, hecho probado quinto, queda probado que el arma de fuego utilizada no fue localizada, siendo conocedores los tres acusados de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

El Jurado valora los tres audios que se especifican, y en este punto del recurso, vamos a resaltar el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar'' El Magistrado valora los medios probatorios señalados por el Jurado, complementando la motivación del Jurado, así como el informe de la Guardia civil, y explica el significado de la palabra "pusquilla" como pistola de pequeño calibre, de ahí el diminutivo en el argot "caló" (según el testimonio de un Agente de la Guardia Civil)y que de todo ello era conocedora Adela, destacando el audio de Luis María a Adela " que suba él y lo hace él".

- En el punto 6, hecho declarado probado sexto el Jurado considera probado por unanimidad, que a continuación bien por Luis María o Juan Carlos o por ambos acusados montaron el cadáver en la parte trasera de la furgoneta conducida por Luis María iniciando la marcha hacia el pueblo de DIRECCION002 seguido por el vehículo, Peugeot 307 matrícula NUM026, en el que iban Juan Carlos y Adela.

Dirigiéndose Juan Carlos e Luis María hacia la sima conocida como DIRECCION000 situada en el DIRECCION001, de unos 50 metros de profundidad en el término municipal de DIRECCION002, sin poder realizarlo, mientras esperaba Adela en el vehículo de Juan Carlos en el cruce de la carretera LR con el inicio del camino forestal que lleva hasta la sima, regresando a DIRECCION002 dejando el cadáver a Luis María y regresando Juan Carlos y Adela a su domicilio.

El día 10 se volvió a intentar deshacerse del cadáver infructuosamente,con nuevo desplazamiento hasta DIRECCION002, y finalmente el día 11-8-2022 sobre las 13:50 horas los acusados Luis María y Juan Carlos fueron observados por un agente forestal de La Rioja junto a la sima, en el momento en el que arrojaban el cadáver de Higinio a la sima, utilizando para desplazamiento con el cadáver la furgoneta blanca matrícula NUM003, utilizada habitualmente por Luis María.

Mientras eso ocurría Adela estaba esperando en el vehículo marca BMW NUM004 estacionado en la carretera, en el cruce de la misma con la pista forestal que da acceso a la sima, que se encuentra situada a un kilómetro y medio aproximadamente."

Después de la valoración de los medios probatorios señalados por el Jurado y de la motivación complementaria del Magistrado, en atención a las declaraciones de los acusados, relacionados a su vez con el geoposicionamiento de sus respectivos teléfonos móviles, permite alcanzar la conclusión de la existencia de varios intentos de deshacerse del cadáver, por otra parte ello unido a la directa observación de Luis María y Juan Carlos el día 11-8-22 en la sima por parte del agente forestal-como el hallazgo de la colilla de cigarro con el ADN de Juan Carlos-, y el contenido de las conversaciones observadas entre ellos permiten alcanzar la concusión indicada.

= En contra de lo alegado por la parte apelante la prueba de la coautoría de su defendida ha sido obtenida por una prueba de cargo directa, con todas las garantías legales, y no en base a deducciones o conjeturas, prueba de cargo suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia; y considerarla como coautora de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento; y tenencia ilícita de armas

La Sala comparte plenamente la valoración que de la prueba practicada, mediante un proceso racional lógico y coherente, se ha efectuado por el Tribunal de Jurado y por el Magistrado Pte.; y la subsunción en los tipos penales referidos.

= Como ha precisado la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS) en varias resoluciones, entre las que cabe destacar la sentencia 162/2019, de 26 de marzo: "el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debehacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo.Por esta causa, en fin, el tribunal revisor no decide el hecho, sino que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que se ha aplicado el derecho. El legislador deja libertad al órgano de instancia para apreciar el hecho, pero establece un posterior control jurídico para analizar la racionalidad de esa decisión".

Al tratar del alcance en la valoración de la prueba aplicable al recurso de apelación,dicha sentencia indica que el Tribunal de apelación: "puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación".

=Esta Sala comparte plenamente la valoración de la totalidad de la prueba practicada llevada a cabo en la Sentencia recurrida, por lo que debe confirmarse como racional y lógico, el criterio valorativo al reconocer suficiencia incriminatoria, fiabilidad y credibilidad para reconocer a los tres acusados como coautores directos, de los delitos ya indicados, y que en atención al papel desempeñado por Adela, debe rechazarse que pueda ser considerada como actuación propia de un cómplice y no de un coautor, puesto que sus actos exceden de la labor de un mero cómplice.

Se debe partir de ese pleno conocimiento de los hechos a cometer y de la finalidad buscada con ello, y en ese plan general ella desempeña un papel que se proyecta a lo largo de las diversas fases, así en un momento previo sabe de lo que se trata y añade una función de vigilancia para la localización de Higinio; realiza viaje previo el mismo día 9-8-22 por la mañana en un último examen y reconocimiento de los lugares; en el momento de los hechos sabe de lo que se trata y acude con Juan Carlos a recoger a Higinio, es un añadido de confianza porque sabía que era la pareja de Juan Carlos, de vencer posibles dudas o temores de Higinio y conseguir atraerlo hasta el alejado cruce con el señuelo del cobro de una parte importante de la deuda, que ella sabe que no es posible de pagar; además de ello coordina con carácter previo entre Luis María y Juan Carlos ante las dudas sobre el lugar o el modo de realizarlo o incluso el modo y lugar de deshacerse del cadáver; y llegado el momento de la comisión del hecho está en el lugar, Higinio sabe de su presencia, es una persona más en su contra, y realiza, reiteramos una labor de vigilancia mientras que por los otros dos se llevan a cabo los golpes y finalmente se realiza el disparo que acaba con la vida de Higinio, siendo montado en la furgoneta; a partir de ese momento también estará Adela presente -tal y como se había acordado- en los diversas ocasiones en que se intenta deshacerse del cadáver hasta el día 11, en el que finalmente se consigue y que, una vez más, también estaba realizando una labor de vigilancia.

- Concluye el Magistrado Pte, (folios 18 a 190 y concordantes), que, se realiza por parte de Adela una actividad en relación con la muerte de Higinio que excede de la mera participación como cómplice y lleva a la plena autoría.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El Recurso de Apelación formulado por su Representación no cuestiona la pena impuesta por el delito de asesinato, pero al solicitar la absolución de su representada, la Sala puede examinar, la individualización de la pena impuesta por la comisión del referido delito por el que se le ha condenado.

En consecuencia, por las mismas razones que hemos expuesto al resolver los recursos formuladas por las representaciones procesales de los otros dos acusados, exponemos con menor extensión y con remisión a lo ya expuesto que debemos individualizar la pena impuesta a la acusada Dª. Adela por este concreto delito de asesinato, en el mínimo legal de la mitad superior (20 a 25 años) de 20 años, al no existir causa que aconseje exasperar tal pena más allá del límite mínimo, de su mitad superior; y debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los arts. 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

a)Alegaciones de la parte:

Después de reproducir lo expuesto por la misma en el motivo anterior, afirma la parte, que en ningún caso se le puede imputar a ella las circunstancias agravantes específicas de alevosía ni de enseñamiento que entiende no proceden.

Con respecto a la alevosía, que dicha circunstancia exige un elemento objetivo, y que conforme al art. 65 del CP, las circunstancias materiales relativas a la ejecución del hecho, solo agravan a quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación, no comunicándose automáticamente al coacusado que no interviene en la fase ejecutiva ni conoce y asume el cómo de ataque, no existiendo prueba de que su ofendida interviniera en la fase ejecutiva, dado que los hechos probados la sitúan en el interior del vehículo mientras los otros acusados se apean y ejecutan la agresión y el disparo; tampoco consta que llamara a la víctima, concertara la cita ...

y, en hipótesis estrictamente subsidiaria (que se niega), cualquier eventual responsabilidad, nunca podría ser por asesinato cualificado por esta circunstancia, sino -en su caso- por homicidio o cooperación no ejecutiva sin agravación.

Respecto del Ensañamiento, impugna el hecho probado cuarto, en el que se señala, que Luis María y Juan Carlos acometieron por sorpresa con una piedra contra la víctima, causándole un dolor y sufrimiento innecesario, y después le dispararon por la nuca de forma sorpresiva y procurando su indefensión, por cuanto primero se produjo el disparo, y después, viendo que no había muerto, se le causaron las heridas con la piedra para acabar con su vida, y siendo posibles ambas hipótesis por aplicación del principio in dubio pro reo, debe optarse por el hecho de que primero le dispararon; y que tampoco puede aplicarse el ensañamiento a su defendida, porque tenía que haberse acreditado, que conociera y aceptara que se iba a agredir de semejante manera a Higinio, y ello ni se ha mencionado, ni existe prueba alguna que acredite que Adela ni conociera que se fuera a llevar semejante agresión ni consta que no aceptara, rigiendo el principio de imputación individual ultra vires.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Estamos ante un motivo de carácter sustantivo penal, como se afirma en la STS de 1-10-2025, nº 786/2025, rec. 10692/2024, aplicable para el recurso de apelación ante el que nos encontramos, "cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado....

- En relación al asesinato con alevosía, los hechos declarado probados por el Jurado al responder al objeto de veredicto determinan la coautoría de la ahora recurrente en todas las fases del delito, desde su planificación, ejecución, y hasta ocultamiento del cadáver; habiendo quedado acreditado, que la misma en fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, por cuanto lo hacía en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y de la tenencia y utilización del arma de fuego para la comisión del delito; ella realizaba su parte de labor en tal ejecución, que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, así como en la generación de un factor de confianza en Higinio para vencer sus posibles reticencias a montarse en el vehículo con Juan Carlos (la víctima sabía que era la pareja de Juan Carlos y la conocía) y acudir al lejano cruce de carreteras atraído por el señuelo del pago de la deuda que Adela sabía ser mero engaño (folio 141 de la Sentencia, y concordantes).

En cuanto al Ensañamiento, abundando en lo ya expuesto al responder a los motivos articulados por los otros dos acusados y remitiéndonos de forma expresa a los Fundamentos de derecho segundo y tercero de la Sentencia, tenemos que reiterar, que las lesiones se produjeron antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo, muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Como se afirma en la Sentencia recurrida, (folio 153) El ensañamiento también es predicable respecto de Adela que, en esta concreta fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, porque estaba en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y ella realizaba su parte de labor en tal ejecución que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, y este ensañamiento le es igualmente reprochable incluso de ser considerada su participación -que no lo es- como de mera cómplice.

- Aplicando la jurisprudencia anteriormente expuesta, la subsunción del inalterado relato fáctico de la sentencia en el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de la ahora recurrente, como coautora responsable de los hechos, es inobjetable, con remisión en cuanto a la rebaja de la pena individualizada al dar respuesta al motivo anterior a 20 años de prisón.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Afirma la parte que impugna expresamente el Hecho Probado 5A del Veredicto en lo relativo a la supuesta "disponibilidad" del arma de fuego por parte de Adela; que esta conclusión judicial descansa únicamente en conjeturas derivadas de ciertos mensajes interceptados, sin soporte probatorio suficiente que vincule materialmente a Adela con el arma. El mero conocimiento de que existiera un arma, lo que tampoco está probado que supiera Adela, ya que ha declarado que hasta el mismo juicio desconocía totalmente el significado del término "pusquilla", no justifica ni puede justificar su condena; que la misma no cumple con el elemento nuclear de la disponibilidad; que ningún testigo ni coimputado vio jamás a Adela portar, manejar o tener acceso directo al arma; que la propia dinámica de los hechos probados excluye a Adela del manejo del arma. El veredicto del Jurado establece que el disparo letal fue ejecutado "por uno de ellos dos ( Luis María o Juan Carlos) en el modo acordado, actuando ambos de común acuerdo", mientras Adela "permaneció en el vehículo"sin intervenir directamente en la agresión; todos los acusados negaron poseer el arma y se acusaron mutuamente de tenerla, sin que la instrucción lograse esclarecer su verdadera tenencia física; por lo que añade, la condena de Adela por tenencia ilícita de armas infringe tanto las exigencias típicas del delito como las garantías probatorias. No se demostró tenencia material ni disponibilidad efectiva de la pistola por parte de mi defendida, reduciéndose la acusación a su saber y estar allí, lo cual no integra el tipo penal, por lo que debe ser absuelta de dicho delito.

En el veredicto, el Jurado declara por unanimidad,

5 A:

El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas."

- El Jurado llega al referido hecho probado por los tres audios que especifican como elementos probatorios; (folio 76 y 77 de la Sentencie); en el primero, " Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''; en el segundo, Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''y en el tercero: Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

El Jurado toma como elementos de convicción los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, y motiva sucintamente, que queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

Y el Magistrado Pte. complementa la explicación sucinta del Jurado, trascribiendo los Audios completos; resaltando que los acusados con versiones contradictorias sobe el arma de fuego utilizada, una pistola del calibre 32, coinciden en carecer de licencia,(hecho corroborado por el Informe de la Guardia Civil de la Intervención de Armas) ratificado en el juicio, (arma que no ha podido ser localizada) en las declaraciones de los acusados y la de Adela, quien aun cuando manifiesta no saber de dónde había salido la pistola del disparo, era perfectamente conocedora, de ahí el contenido de las conversaciones con Luis María, concluyéndose por el Magistrado Pte. que existe un arma de fuego que se consigue por Juan Carlos, que se sabe de su existencia por todos y la utilización a la que se destina, y sobre la cual existe una disponibilidad entre los tres -si Juan Carlos tiene miedo o teme fallar Luis María se ofrece también- en cuanto a la realización del disparo fatal sobre Higinio.

Finalmente ninguno de los tres contaba con las autorizaciones pertinente; Esta Sala entiende que se ha practicado una prueba de cargo suficiente, constitucional y legalmente obtenida valorada de forma racional, con sujeción a la lógica y a las máximas de experiencia, por el Jurado y por el Magistrado Pte.

Debemos tener presente, que como ya hemos expuesto con anterioridad y en respuesta al primer motivo del recurso ahora examinado, la acusada ahora ha sido condenada en la instancia como coautora del delito de tenencia ilícita de armas, y la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. De ahí que de ese hecho criminal no deba responder sólo el que ejecuta materialmente la acción típica sino todos los que participan con actos esenciales a su realización dominando de forma conjunta ese hecho; resultando relevante en relación con la cuestión de la disponibilidad sobre el arma de fuego la exigencia de una mera disponibilidad sobre la misma, la mera posibilidad de utilización por la propia voluntad del sujeto, y como es el caso esa disponibilidad, cuestionada de forma expresa por la pate recurrente, indistinta en cuanto que forma parte del plan preconcebido y todos conocían de su existencia y su razón de ser en la dinámica delictiva diseñada.

Conviene recordar a tales efectos, la STS de 19 de abril de 2024 337/2024, trascrita por el Magistrado Pte.(folio 159)en la que se afirma, que "...el delito de tenencia ilícita de armas es «un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo su existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición ( SSTS.1071/2006 de 8.11 , 555/2007 de 27.6, 960/2007 de 29.11, 84/2010 de 18.2), e insisten en la posibilidad de disposición compartida, pero subrayando la necesidad de que conozcan el uso del arma en la comisión del delito.

Hay tenencia compartida siempre que exista disponibilidad indistinta de las armas por parte de los coacusados que constituyan una asociación, aun transitoria, para la ejecución de hechos delictivos poniendo a disposición común e indistinta aquellas armas, aun cuando pertenezcan individualmente a uno de ellos, pero resultan afectadas para la perpetración de los hechos en su conjunto( STS. 120/2010 de 27.1).

En conclusión, no existe la infracción del art. 564, 1, 1º del CP, porque el relato fáctico queda inalterado respecto a la ahora recurrente y respecto a los otros dos acusados, habiéndose realizado una correcta subsunción en el tipo delictivo ahora enjuiciado.

El motivo en consecuencia debe ser desestimado.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

a) Alegaciones de la parte

Se afirma por la parte apelante, que con respecto al dolor del menor y sin cuestionar la realidad del daño moral sufrido, una adecuación motivada de la indemnización fijada a su favor (200.000 €) a los criterios objetivos del Baremo de la Ley 35/2015 (año 2022), utilizado por la jurisprudencia penal con carácter orientador para garantizar igualdad y proporcionalidad en la cuantificación del perjuicio moral ex delicto; que la sentencia razona que, al tratarse de un hecho doloso, no es obligatoria la aplicación del Baremo de circulación, citando doctrina sobre la amplitud del arbitrio judicial en estos supuestos; que ese planteamiento es correcto en abstracto; no implica sin embargo la libertad de desvincularse sin motivación específica de las referencias técnicas del Baremo cuando se utiliza -como aquí- para orientar la cuantía. La propia resolución funda los 200.000 € esencialmente en (i) el vínculo afectivo entre padre e hijo y (ii) la afectación psicológica acreditada por la entidad de acogida (Fundación DIRECCION009); que no individualiza en qué medida concreta tales circunstancias justifican superar en casi el doble el marco orientador aplicable al hijo en 2022, ni se integra en las categorías incrementales previstas por la Tabla 1.B (p. ej., perjudicado único de su categoría, progenitor único, perjuicio excepcional), lo que dificulta el control de proporcionalidad de la cifra final; siendo 109.701,03 la cifra orientadora cuando no concurre la hipótesis de progenitor único ni se motiva un perjuicio excepcional, por lo que solicita como petición principal la cantidad referida, + 25%; y de modo subsidiario, de que se razone por qué la afectación psicológica concreta equivale a ese plus, separando claramente el perjuicio moral (Tabla 1.A/1.B) de eventuales gastos de tratamiento, que pueden resarcirse además cuando estén acreditados.

b)Partiendo de la Doctrina Jurisprudencialestablecida en la sentencia recurrida (folio 207), que damos por reproducida; debemos partir de que, la fijación de la responsabilidad civil después de oír a las partes, la establece el magistrado Pte. ( art. 68 LOTJ) ; Como se afirma en la STS de fecha 12 de marzo de 2024, 236/2024 Rec.. 10924/2023 "...El incremento está justificado por razones de estricta justicia pues las lesiones dolosas(en este caso la muerte) tienen un plus de aflicción que las causadas por imprudencia. En casos dolosos la jurisdicción penal no tiene limitado normativamente el quantum indemnizatorio, dado que lo que se indemniza son las consecuencias perjudiciales debidas a una acción criminal dolosa, que sin duda comporta un claro plus de perversidad y la consiguiente acentuación del daño moral en quien lo padece ( SSTS 195/2017, de 24-3 ; 181/2017, de 22-3 )...".

c) Aplicación al supuesto concreto

Dentro de las peticiones del MºFiscal y de la Acusación Particular, la prueba valorada por el Magistrado, se basa en los siguientes datos acreditados:

La víctima tenía un hijo, que era Balbino, nacido el NUM027-2007 (libro de familia, ac 44) y que por lo tanto en el momento de los hechos tenía 15 años de edad, si bien en el momento del acto del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Ni Higinio ni la madre de Julián, atendían en debida forma al entonces menor por lo que fue dejado al cuidado de terceras personas, pero manteniendo relación afectiva y comunicación entre padre e hijo (ac 255, 599).

El entonces menor fue declarado en desamparo de urgencia con acogimiento residencial por resolución de 6-5-2019 ratificada por resolución de 24-8-2019, manteniendo como modalidad de ejercicio de su guarda tutela, el acogimiento residencial formalizado en los Pisos de Acogida gestionados por la Fundación DIRECCION009, y en el informe de 21.6.2023 de Fundación DIRECCION009 se reflejaba el grado de vinculación de Higinio con su hijo y así se indicaba que:

"Durante el tiempo que Julián ha estado en protección, se ha observado como reconocía a su padre como el único vínculo disponible, estable y de referencia con su familia.El menor compartía con él sus preocupaciones y acudía a él en el momento en que tenía necesidad, obteniendo siempre una respuesta a su petición adecuada.

A su vez el progenitor se mantenía en constante comunicación con el equipo del piso de protección,adoptando la misma línea educativa con Julián y mostrando su preocupación por cualquier cosa que tuviera que ver con su hijo".

En base al informe psicológico de la Fundación DIRECCION009 se acreditan los daños psicológicos causados al menor por estos hechos, y que sufrió un retroceso en la intervención psicoeducativa que se venía realizando, así como una pérdida de habilidades y aumento del retraimiento, factores perjudiciales por el momento evolutivo en el que se encontraba.

Debemos insistir tal y como se hace en la Sentencia recurrida, que el Baremo de circulación no es vinculante en delitos de naturaleza dolosa como el que es objeto del recurso, y habiéndose acreditado, no solo el vínculo familiar de la víctima sino afectivo, con su hijo y viceversa, así como que la madre no atendía al hijo, el daño moral queda acreditado; así como el perjuicio psicológico del menor (informe de la Fundación DIRECCION009,) que es difícilmente cuantificar, en contra de lo alegado por la parte recurrente; razones por las que estimamos totalmente proporcional la cantidad establecida en concepto de responsabilidad civil para el hijo de la víctima.

QUINTO:- COSTAS PROCESALES.

Conforme con lo previsto en el artículo 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

PRIMERO:- MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE APELACION

= La Representación procesal, del acusado D. Luis María, solicita mediante el recurso de apelación interpuesto, que se anule la Sentencia dictada en el procedimiento, procediendo a ordenar la repetición del Juicio o, subsidiariamente, para el caso de no admitirlo, con estimación del resto de los Motivos de Apelación se proceda a dictar Sentencia por la que se acuerde la reducción de la pena impuesta a mi representado a la pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato y de 1 año de prisión por el de tenencia de armas, articulando el recurso en los siguientes motivos:

Primero: -Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts 846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

Tercero: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

= La representación procesal del acusado D. Juan Carlos, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia por la que:

1º Declare haber lugar a la estimación del primer motivo de apelación declarando haber lugar a nulidad y ordenando la repetición del juicio.

Subsidiariamente y para el caso de no apreciarse el anterior motivo,

2º.- Aprecie la indebida aplicación de la agravante de ensañamiento conforme a lo solicitado en el segundo motivo de apelación.

3º.- Declare expresamente la vulneración del principio de presunción de inocencia.

4º.- Establezca las penas en su grado mínimo.

Articula los siguientes motivos:

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

= La representación procesal de la acusada Dª Adela, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia, que:

1º-Declare expresamente haberse vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a mi representada el art. 24.2 de la CE.

2º- Revoque la Sentencia recurrida y dicte otra por la que se absuelva a Adela de los delitos de asesinato con alevosía y enseñamiento por los que ha sido condenada y penas accesorias, así como se le absuelva del delito de tenencia ilícita de armas, con todos los pronunciamientos favorables, absolviéndola de la condena al pago de responsabilidad civil alguna, así como de la condena en costas que le ha sido impuesta.

3º.-Subsidiariamente, de entenderse existe participación alguna de Adela en la comisión de los hechos delictivos, deje sin efecto la condena de Adela como coautora de un delito de asesinato, elimine para ella las circunstancias de alevosía y enseñamiento que indebidamente se le aplican, adecúe la calificación de los hechos a ella imputables según la participación real que se le impute por la Ilma. Sala y se limite la condena en razón a la participación que se le impute como mucho en calidad de cómplice y por un delito de homicidio, en ningún caso de asesinato, imponiendo la condena adecuada a su grado de participación en los hechos.

En cuanto a la responsabilidad civil, interesamos se revoque la cantidad de 200.000 euros a favor del hijo de la víctima, y se determine conforme a lo expuesto en el motivo quinto de nuestro recurso.

4º- Declare expresamente no haber lugar a la imposición en costas de mi representada por este recurso de apelación.

Articula el recurso en los siguientes motivos:

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. - se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indicarán. vulneración del art. 138.1 del CP.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los artículos 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

SEGUNDO:- RECURSO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÖN PROCESAL DE D. Luis María

1-Pimer Motivo:-Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

a) Alegaciones de la parte apelante:

La parte apelante afirma al respecto, la dependencia entre el acta del Jurado y la sentencia que finalmente ha de dictarse, no pudiendo esta última exceder o variar en lo sustancial el contenido de aquélla, que le sirve como base, aun cuando el Magistrado Presidente no deba limitarse a una mera recepción formal de lo indicado por los Jurados; señalando, que la sentencia objeto de impugnación incurre en infracción procesal al haber incluido en su fundamentación y valoración jurídica determinadas pruebas que no fueron valoradas por el jurado en su veredicto, lo que sucede en los puntos 4 y 5 del veredicto.

- En el punto cuatro, alega, que el Jurado motiva su decisión en la Declaración Forense de D. Victor Manuel y Dña. Adelaida y, en concreto, en una manifestación vertida en el minuto 42 de la grabación; sin embargo, el Magistrado Presidente no se limita a valorar el informe del IML, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados, dando así una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto, lo que supone una extralimitación de su función.

- En el punto quinto, alega que el Jurado motiva su decisión, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio NUM010); y el Magistrado Pte., en las declaraciones de los acusados y en un informe de la Guardia Civil, que no han sido tenidas en cuenta para tomar la decisión por el jurado, no recogiéndose en el acta, dando el Magistrado en la conclusión que alcanza, una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función; por lo que solicita la anulación de la Sentencia.

b) Doctrina Jurisprudencial

En la reciente STS de 2 de julio de 2025, Rec 10539/2024, se afirma:

"Destaca esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2020 de 15 Oct. 2020, Rec. 93/2019 que:

"El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta", y la jurisprudencia ha destacado esa especial característica.

....en la STS 72/2014, de 29 de enero , dijimos que "(...) El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente,lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable (...)".

La expresión "sucinta" también tiene relación con la propia extensión de la motivación. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción ( STS 1775/2000, de 17 de noviembre ). La STS 1825/2001, de 16 de octubre , declara que no puede exigirse exhaustividad a los jurados, legos en derecho, pues la motivación es calificada por la ley como "sucinta" y la STS1069/2002, de 7 de junio, expresa que el sistema de enjuiciamiento por jurado impone un estándar de motivación menos exigente, dada la calidad no técnica y la falta de experiencia de los integrantes del tribunal.

Por último, conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por qué unos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

La motivación de la decisión del Tribunal del Jurado no se contiene en un único documento.

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

Y completamos esta "exigencia limitada de motivación al jurado" en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 72/2014 de 29 Ene. 2014, Rec. 10865/2013 .

Es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la LOTJ impone al jurado y el que exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación ( art. 61.1 d) LOTJ ); es que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente, lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable..".

c)- Aplicación al supuesto concreto.

Por parte del Jurado se consideró por mayoría de 7 probado el siguiente objeto de veredicto:

"4 A) (...) En tal lugar apartado al que se había conseguido llevar a Higinio, con el pretexto de pagarle la deuda de Juan Carlos, se acometió por Luis María y Juan Carlos a Higinio con ánimo de causarle la muerte, por sorpresa y con ventaja, con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara, al menos con una piedra u objeto contundente,llegando a producir más de 20 heridas en cabeza y cara de Higinio, sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario, hasta que finalmente recibió un disparo en la nucacon un arma de fuego del calibre 32 que le causó la muerte, disparo que se realizó por uno de ellos dos en el modo en que habían acordado ejecutar, actuando ambos de común acuerdo en su realización.

Adela permaneció en el vehículo."

- Motiva el Jurado al respecto tal afirmación sobre la base de lo siguiente:

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) '"En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo, sometieron a la víctima a un dolor innecesario."

El Magistrado Pte., tal y como se recoge al folio 66 a 71, de la Sentencia a los que nos remitimos, complementando la valoración del Jurado, como exige su deber de motivación, a continuación, valora el contenido de los 3 informes emitidos (preliminar, anticipado y definitivo) por el IML y ratificados en el acto del Juicio por los médicos forenses, la naturaleza de las lesiones o heridas (22) ocasionadas por Luis María y Juan Carlos a la víctima, tanto antes de la muerte como después, y las razones de su distinción, así como la localización del proyectil en el cerebro de la víctima una vez realizada la autopsia, destacando " se golpeó retiradamente la cabeza y el cráneo" ; "las heridas que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); sobre el sufrimiento se indicó que, eso se produce si primero piedra (golpes) y luego disparo (46:52, 5ª vg)." "las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg)."

El punto 4 del veredicto, hay que ponerlo en relación con el resto de los puntos que se contiene en el mismo, y a tales efectos con el punto 8, al que la parte no hace referencia, en el que el Jurado consideró por unanimidad probado el siguiente objeto de veredicto:

"8.- El cadáver presentaba en cráneo y cara múltiples heridas contusas (más de 20) que tienen características de vitalidad,que afectaban al tejido dérmico y subcutáneo, llegando en ocasiones al plano óseo, sin tener características de ser heridas mortalescomo:... Enumerándolas a continuación (folios 105 y 106, motivando el hecho, en el informe forense de 8 de febrero de 2024 EP NUM011,y en el Informe fotográfico de la autopsia. Anexo III. Acta NUM012. Páginas de la 3 a la 10. Informes que certifican la vitalidad y presencia de las más de 20 heridas encontradas en el cadáver.

Por ello, la frase emitida por el Médico Forense en el juicio que se resalta en el punto 4, hay que ponerla en contexto, y que en conjunción con esos otros extremos hace que el Jurado deduzca, que los acusados sometieron a la víctima a un dolor innecesario.

El Jurado ha emitido de forma sintética las pruebas no siendo necesario señalar todos los medios de prueba tomados en consideración que han determinado su convicción, de manera que puede controlarse su razonabilidad, tal y como hace el Magistrado Pte., y exige la Doctrina Jurisprudencial; habiendo valorado también expresamente las declaraciones de los acusados en otros puntos, con especial relevancia del tercero en el que las valora con otros medios probatorios, y entre ellos, las declaraciones de los acusados en el juicio oral, para explicar, que los tres actuaron en ejecución de un plan preconcebido.

El Magistrado Pte., valora asimismo las declaraciones de los acusados como elementos incriminatorios (folios 72, a 76), que el Jurado, ateniéndonos a la descripción del hecho, ha valorado, aun cuando no lo expliquen de forma expresa, para llegar a su motivación.

El Magistrado Pte. cumpliendo con el deber de motivación que el Art. 120.3 de la CE le impone, relaciona la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, con las versiones contradictorias, que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, específicamente en relación con las heridas:

Luis María y Juan Carlos, se incriminan mutuamente en relación a quien efectuó el disparo, y Adela, que permanecía en el vehículo, declara en el juicio, que: "Estaba apoyada en el cristal, cerrado, vio pasar algo por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio y a Luis María y de repente Higinio se agacha, las luces apagadas pero algo se veía estaba cerca pasan al lado y los ve, por ese orden y Higinio se agacha e Luis María hace gesto "así" (gesticula) iban caminando los tres en fila Juan Carlos de espalda a Higinio que se agacha e Luis María (de arriba) fogonazo...y nervios y perdió noción de lo que pasaba (4:06:26, 6ª vg); se incorpora un poco y ve por la ventanilla cara girada hacia la derecha (4:11:16, 6ª vg)." "No sabe cuando las heridas, allí no hubo agresión, no heridas..." e Luis María y Juan Carlos, que no hubo agresión.

Resulta acreditado, que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida del mismo, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- A continuación, como hemos hecho constar en el apartado relativo a las alegaciones de la parte apelante, afirma, que en el Punto 5 del Veredicto, el Jurado motiva su decisión, de forma exclusiva, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio PTT NUM010); y que sin embargo, el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba no se limita a recoger y valorar esos audios, como debería haber sido el caso, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados y un informe de la Guardia Civil, alcanzando en la conclusión una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función.

En el punto 5, del objeto de veredicto el Jurado considera por unanimidad, que: " El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho."

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas.";motivando que en el Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla"; en el Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él";y en el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos " miedo a fallar''

En los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

El Magistrado Pte. cumpliendo con su deber de motivación, valora las declaraciones de los acusados, que ofrecen versiones contradictorias sobre el arma de fuego, y coinciden en que los tres carecen de licencia de armas.(folios 78 a 81)

La explicación del Jurado se deduce de las declaraciones de los acusados, contenidas en los audios y del reconocimiento por los mismos de la carencia de permiso.

La valoración por el Magistrado del Informe de la Guardia Civil, no añade nada nuevo, porque dicho informe señala que "...no les figura en la base como titulares de armas de fuego en el periodo descrito ni en ningún otro".

- En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto, y de que la parte no hace referencia a la indefensión derivada de la infracción procesal denunciada, el motivo debe ser desestimado.

2- Segundo Motivo-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts.846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma por la misma, que existe en la Sentencia una clara falta de motivación de los hechos considerados probados por los miembros del Jurado, derivado de una defectuosa proposición del objeto del veredicto por parte del Magistrado Presidente, siendo en esta fase donde precisamente se ha quebrado el derecho a la tutela judicial efectiva, conduciendo ello a la falta de motivación del veredicto.

Y con relación al Hecho probado cuarto (punto 4 del objeto de veredicto, que hemos reproducido en el primer motivo y al que nos remitimos), afirma, que desde el momento en hace recaer la esencia de esta agravante en el número de heridas, ya está condicionando el parecer de los miembros del Jurado que, sin conocimientos legales, relacionan el numero con la consecuencia de aumento consciente del padecimiento de la víctima.

Seguidamente trascribe la parte apelante la Doctrina Jurisprudencial sobre la agravante de ensañamiento, y de la concurrencia de los dos elementos, (objetivo y subjetivo), para terminar afirmando, que el elemento subjetivo debe intentar acreditarse mediante un juicio de inferencia, solicitando la nulidad del punto cuatro, por falta de motivación en relación al elemento subjetivo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme se afirma en la STS de 2 de julio de 2025 Rec. 10539/2024:

Hemos señalado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 66/2024 de 24 Ene. 2024, Rec. 10705/2022 que: "Se puede tratar de vulneración de las normas y garantías procesales ocasionando indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación,por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel,habiéndose denunciado quebrantamiento de normas y garantías procesales que causaren indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación, por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel."

Y se añade que:"Aún en los casos en que no sea necesaria la previa reclamación de subsanación por conllevar la infracción vulneración de un derecho fundamental, en todo caso sí debe serlo la protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada, dado que el último párrafo del artículo 846 bis c) no contempla excepción de ningún tipo en dicha exigencia ( SSTS 257/2019, de 22 de mayo ; 24/2016, de 28 de enero ; 1145/2006, de 23 de noviembre ).

-A su vez, La STS de fecha 24 de enero de 2019 Rec. 10.467/2018 afirma, al respecto: "...esta Sala ha destacado también que la intervención de las partes en la conformación del Objeto del Veredicto es esencial hasta el punto de que no es admisible que éstas no objeten deficiencias en su redacción en el momento procesal idóneo para su corrección y que posteriormente pretendan la nulidad del juicio por las deficiencias que no fueron puestas de manifiesto en tiempo oportuno.

A ello se refiere la STS 454/2010, de 10 de junio , en los siguientes términos: "[...] El propio art. 846 bis c) a) contempla como quebrantamiento de las normas y garantías procesales el defecto en la proposición del objeto del veredicto, siempre que de ello se derive indefensión, y no podemos olvidar -dice la STS. 487/2008 de 17.7 - que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto,el Legislador no ha excluido a las partes,muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndolesigualmente responsables de su contenido,en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ , pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral.La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo.La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de formadel que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia [...]" (En igual sentido SSTS 14/10/2002 , 196/2007, de 9 de marzo , entre otras)...

c) Aplicación al caso concreto:

Examinadas las actuaciones, esta Sala ha podido comprobar que en la Audiencia a las partes antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto ( art. 53 de la LOTJ) , la parte ahora apelante, así como las defensas de los otros dos acusados, solicitaron la inclusión en el punto 4, de una precisión sobre las consecuencias del disparo, y si el corazón seguía latiendo.

El magistrado Pte. la rechazó y se causó protesta.

Pues bien, ahora no se refiere a la redacción defectuosa del elemento objetivo del ensañamiento, sino en cuanto al elemento subjetivo; extremo que no cuestionó en el momento oportuno, ni por lo tanto causó protesta, no cumpliendo de ese modo con el requisito que para la admisión del recurso en relación al motivo analizado exige el art 846 bis c, último apartado en relación al 846 bis c a).

Con esto sería suficiente para la inadmisión del motivo.

Ello no obstante, queremos añadir que el Magistrado dio las oportunas instrucciones al Jurado sobre la agravante específica de ensañamiento, sin que se haya denunciado parcialidad.

3- Tercer Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

a) Alegaciones de la parte

Afirma la parte, que el punto cuatro del veredicto es nulo por falta de motivación del mismo; que la motivación del Jurado entra en contradicción con lo señalado en el Informe Forense, de 9 de mayo de 2024, suscrito por el mismo forense D. Victor Manuel y por Dª. Adelaida en el cual se recoge textualmente:

"(...) 3.- En relación con la anterior, si las lesiones que presentaba el fallecido en la cabeza a las que se hace referencia que se produjeron en vida del mismo, pudieron producirse tanto antes como después de alojarse en el cráneo el proyectil referido.

Estas heridas se han descrito como antemorten al tener signos de vitalidad. Sin embargo, al no poder precisar el tiempo de supervivencia tras el disparo en la cabeza, no se puede determinar con exactitud si se produjeron antes o después de dicho disparo, pudiendo asegurar solamente que fueron hechas cuando la función cardiaca estaba todavía presente."; la opinión personal del médico forense en relación a como se produjeron las lesiones no viene corroborada por ninguna otra prueba, siendo incluso que, en su propio informe, señala la imposibilidad de determinar si las lesiones con signos de vitalidad fueron anteriores o posteriores al disparo; que el razonamiento de la Sentencia para considerar acreditado el ensañamiento es manifiestamente insuficiente, ya que la mera persistencia de actividad cardiaca o de circulación residual no implica existencia de sufrimiento humano, que requiere integridad funcional del sistema nervioso central.

b) Jurisprudencia de aplicación

En resumen, de la Doctrina Jurisprudencial expuesta por el Magistrado Pte a la que nos remitimos, el ensañamiento conlleva un mayor reproche antijurídico (elemento objetivo) y un incremento de culpabilidad (elemento subjetivo), y se revela una mayor gravedad del injusto mediante la adición de otros males. Así en el caso de la muerte el de producir dolor innecesario a la víctima, lo que también equivale a asumir una concepción mixta de dicha agravante.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su deseo de causar un mal mayor a la víctima.

c- Aplicación al caso concreto:

La parte recurrente basa el motivo en la insuficiente motivación del veredicto punto 4, y asimismo en la insuficiencia del razonamiento de la sentencia.

El punto cuatro del objeto de veredicto, ha sido reiterado por la parte en los motivos anteriores, y hemos resuelto la ausencia de infracción procesal por valoración de otras pruebas por el Magistrado, porque es su deber valorar todos los elementos incriminatorios y asimismo cumplir con su deber de motivación; cuando al Jurado no se le debe exigir señalar todos los medios de prueba tomados en consideración, ni todo el itinerario mental, sino una explicación sucinta, siempre y cuando pueda controlarse la racionalidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.

Hemos inadmitido, el segundo de los motivos por razones a las que nos remitimos.

Y ahora se cuestiona la motivación del Magistrado.

-Pues bien, en contra de lo alegado, después de analizar la prueba pericial del IML, en relación al fallecimiento inmediato como consecuencia usual de un disparo inmediato (folio 144); el Magistrado analiza la vitalidad de las lesiones, y la explicaciones del médico forense, al afirmar, que se golpeó reiteradamente la cabeza y cráneo de Higinio, hay 22 heridas, y que al hacer el examen se distinguen las ante mortem y las post mortem con sus características concretas (16:59, 5ª vg); que asimismo informó, que las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y es por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg); si hay varias heridas vitales hay que pensar que se produjeron antes (40:10, 5ª vg); El cadáver de Higinio presentaba hasta 22 lesiones en la cabeza distribuidas en diferentes zonas, heridas que el médico forense indicó que las que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); y que Higinio murió sufriendo por heridas, si primero fue la piedra y luego el tiro (46:52, 5ª vg)... Esas heridas se produjeron con objetos contundentes y así indicó -tras exhibición de la piedra con los restos biológicos de Higinio - que esa piedra perfectamente podía hacer ese tipo de lesiones por tener bordes finos pero en el cráneo aunque fuera la piedra más roma también puede producir heridas lineales.

A continuación, el Magistrado contrasta las versiones de los acusados con otros datos que ofrece el procedimiento, para llegar a la conclusión (folios 153 a 155), que: " En base a la prueba desarrollada se debe concluir entendiendo que se produjeron las lesiones antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo,muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Todas las lesiones del cráneo eran ante mortem y eso es que el corazón latía, que había una vitalidad al menos clínica y se diferencias del resto de las del cuerpo que no presentaban esa característica.

Pero también cabe concluir que lo usual y general es que el disparo en la cabeza produce una muerte muy rápida, pero puede haber supervivencia aunque sea de minutos, aunque sea clínica con función cardiaca y respiratoria pero no consciente, por lo que lo excepcional es permanecer con vida aunque inconsciente.

En esta situación de excepcionalidad de vida, una vez que Higinio ha recibido el disparo y tiene el proyectil en el cerebro, es cuando deben analizarse las versiones de los acusados, en un momento en el que -incluso más beneficioso para los acusados-, Higinio está moribundo y se debe entender según su versión que es golpeado, es decir ya inerte e inconsciente, pero vivo.

Pero como se ha visto, las diferentes versiones se desmoronan, no se sostienen, son versiones contradictorias con un único elemento en común repartir la responsabilidad de los golpes a los otros;..." valoración racional y lógica que esta Sala comparte plenamente.

= En el supuesto de autos la conclusión alcanzada por el Jurado, basada en la prueba de cargo practicada, valorada por el mismo y complementada por el Magistrado Pte. es lógica, razonable y coherente, con el resultado de la prueba de cargo practicada debidamente y exhaustivamente motivada, con todas las garantías legales y constitucionales; por cuanto como es Jurisprudencia constante: "...la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. ( STS, de 21 de julio de 2025, Rec 10496/2024)"

- Como ya hemos anticipado, es Jurisprudencia constante que ya hemos recordado ( STS 530/2024, de 5 de julio), "el ensañamiento requiere un elemento objetivo constituido por la acusación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima; y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. En la medida que el sujeto no suele exteriorizar su propósito, este segundo elemento puede inferirse racionalmente de los actos objetivos que han concurrido en el caso (entre otras SSTS 1554/2003 de 19 de noviembre , 357/2005 de 20 de abril , 147/2007 de 19 de febrero , 713/2008 de 13 de noviembre , 66/2013 de 25 de enero ; 489/2015 de 16 de julio , 707/2015 de 13 de noviembre , 535/2016 de 17 de junio , 161/2017 de 14 de marzo ; 271 de 6 de junio ; o 728/2023, de 4 de octubre )."

El relato fáctico contenido en los hechos probados con fundamento en el objeto del veredicto y con especial relevancia de los puntos 4 y 8, se subsumen jurídicamente en la circunstancia agravante específica de ensañamiento del art. 139.1.3º; por lo que no puede estimarse la infracción de precepto legal denunciada.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado, no solo en cuanto al vulneración de la presunción de inocencia, sino también en cuanto a la indebida aplicación del art. 139 del CP,

- Cuarto Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

a)- Alegaciones de la parte:

Afirma la parte, en cuanto a la individualización de la pena a imponer, que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho; que en el caso presente la sentencia de instancia justifica la imposición de penas distintas a los acusados basándose en dos cuestiones:

La existencia de antecedentes penales, y las manifestaciones de los audios que han sido aportados como prueba en el procedimiento no venían referidos a los delitos por los cuales se vertían las acusaciones sino a otro distinto; y que tal imposición debe entenderse, en todo caso, desproporcionada y mal motivada en base a lo siguiente: la motivación es conjetural, la sentencia agrava la condena de Luis María por el delito de asesinato apelando a su viaje a DIRECCION008 que "hace factible que buscaran un arma", además de "buscar droga", sin integrar esos extremos en el factum del veredicto ni explicitar su incidencia graduatoria en la pena dentro del artículo 66.1.6 del CP, no pudiendo incorporarse hechos nuevos; y se realiza un uso de antecedentes para una agravación encubierta de la condena, antecedentes de naturaleza heterogénea (violencia de género; tráfico de drogas) como soporte de un mayor reproche para Luis María, sin justificar por qué dichos antecedentes agravan el asesinato concreto ni cómo superan la regla de que sólo son relevantes las circunstancias del hecho y del autor debidamente motivadas; y que existe un desnivel no justificado entre las condenas de los coacusados: se fija en la misma franja (20-25 años de prisión) pero sin exteriorizar por qué son 23 para Luis María y 21 para Adela, más allá de fórmulas abiertas, ni por qué Luis María debe recibir más que Adela si la autoría del crimen se declara conjunta y la aportación típica descrita no se desglosa con precisión que justifique 2 años adicionales; y que el salto a 23 años impuesto a Luis María exige razones específicas vinculadas al hecho (mayor plan, mayor dominio funcional, mayor crueldad adicional, etc.), pero la sentencia no concreta ese plus individual respecto de Luis María que justifique el mismo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme a la STS de 12 de noviembre de 2021 Rec.: 5313/2019, entre otras muchas: "...1. El art. 72 CP pretende que el Tribunal razone en la sentencia el grado y extensión concreta de la pena que se impone, lo que requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos ( STS. 703/2006, de 3 de julio ). La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.

Conforme expresábamos en la sentencia núm. 539/2018, de 8 de noviembre , en orden a la motivación de la pena, " esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril ) la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena,en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)"."

Ello no obstante, en ocasiones ha recordado esta Sala (SS 27.9.2006 y 11.04.2018 ), la doctrina del Tribunal Constitucional que, interpretando los arts. 24 y 120 CE ha señalado que "una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87 , 152/87 y 174/87 ), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado."

Igualmente hemos admitido que la motivación de la individualización punitiva puede deducirse del conjunto de la resolución, no siendo necesaria la vinculación formal a un apartado específico de la resolución. Lo relevante es que en la sentencia consten las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho que justifica la imposición de la pena en la extensión adecuada ( SS. 1590/2003, de 22 de abril de 2004 , y 898/2006, de 18 de septiembre )..."

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto, no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer."

c) Aplicación al supuesto concreto

La Sentencia condena a cada uno de los tres acusados como coautores de un delito de asesinato del art.139.1. 1º y 3º y 139.2 del C.P y art.140 bis 1 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,procediendo la imposición de las penas siguientes: por un delito de Asesinato con alevosía y ensañamineto

A Luis María procede fijar la pena de 23 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Juan Carlos procede fijar la pena de 24 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Adela procede fijar la pena de 21 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

- El marco legal en concreto, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2, es de 20 a 25 años, y dentro de este marco debe atenderse al art. 66.1.6ª CP que permite la imposición de la pena "...en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Al ahora recurrente se le ha impuesto una pena de 23 años, atendiendo como circunstancias personales a que sí bien no cuenta con antecedentes penales susceptibles de ser considerados a efectos de reincidencia, ha sido condenado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud; y en otra sentencia por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, cometido el 7-8- 2017. Es decir, por su relación con el mundo del tráfico de sustancias estupefacientes.

Esta Sala entiende que aun cuando el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

TERCERO: RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE D. Juan Carlos

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

El presente motivo, reproduce literalmente los términos del primero de los motivos de los interpuestos por la representación procesal del acusado D. Luis María, razón por la que para dar respuesta al mismo, nos remitimos al Fundamento de derecho anterior, primer motivo, (folios 19 a 31) no siendo de lógica reproducir la ya expuesto en el mismo, para desestimarlo nuevamente.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

a)Alegaciones de la parte:

Sostiene la parte, que, del relato de hechos probados emitido por el Jurado, no resulta acreditada la concurrencia de los elementos típicos exigidos para apreciar tal circunstancia; que al no resultar posible determinar con certeza si los golpes se produjeron con anterioridad o posterioridad al disparo, no puede afirmarse la existencia de un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, tal como exige la doctrina y la jurisprudencia, porque para su apreciación, resulta necesario que la víctima se encuentre consciente; que los golpes descritos, en todo caso, se encuentran ya subsumidos en la alevosía apreciada, sin que resulte procedente una doble valoración de los mismos. La mera inclusión en el relato de la frase "sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario" no resulta suficiente, por si sola, para fundamentar la existencia de ensañamiento, al faltar la constatación objetiva y clara de los requisitos exigidos por la norma de aplicación, y el Jurado fundamenta su decisión en la declaración de los médicos forenses.

A continuación, que para alcanzar tal veredicto, procede analizar el Fundamento de Derecho Tercero, en el que se realiza la calificación jurídica y se procede a la valoración de la prueba; que el punto desde el que se parte por el Magistrado-Ponente, es la aseveración de que los efectos de un disparo en la cabeza a escasa distancia son de carácter letal, afirmando además "por lo general, de carácter inmediato".; pero, sin que pueda afirmarse, que dicha muerte se produzca, de manera general, de forma inmediata, como ha quedado acreditado.

En consecuencia, la afirmación de que lo habitual es el fallecimiento inmediato o prácticamente inmediato debe considerarse errónea, a lo que añade, que las declaraciones de los acusados no fueron tenidas en cuenta por el Jurado a la hora de alcanzar el veredicto.

Por lo expuesto solicita la nulidad del punto cuatro del veredicto por falta de motivación

- Como puede observarse a simple vista, de la lectura de las alegaciones expuestas por la representación del acusado D. Juan Carlos, las mismas son coincidentes con las expuestas por la representación de D. Luis María, cuando la representación de D. Luis María en el segundo de los motivos solicitaba la nulidad del punto cuatro del veredicto, por las mismas razones ahora esgrimidas, y en el tercero para denunciar la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de precepto legal Art. 139.1 3º.

A ambos motivos hemos dado respuesta en el fundamento de derecho anterior (folios 32 a 40) a los que nos remitimos para evitar su reiteración.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, por los mismos argumentos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr

a)Alegaciones de la parte:

Alega la parte, con remisión a lo expresado en los motivos anteriores articulados por la misma, que el deber del Magistrado-Presidente, al dictar sentencia, es desarrollar el contenido de la sucinta explicación ofrecida por el Jurado, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por éste y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos, conforme a lo exigido por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, en los términos del artículo 70.2 LOTJ. Dicho desarrollo debe tener como único objeto determinar si la prueba aludida por el Jurado es suficiente para integrar prueba de cargo bastante; que la argumentación de la sentencia respecto de la agravante de ensañamiento no solo carece de solidez lógica, sino que resulta manifiestamente insuficiente para fundamentar un fallo condenatorio. Pretender extraer de dicha argumentación la existencia de prueba de cargo bastante constituye un conclusión arbitraria e insostenible, que vulnera de forma palmaria el principio de presunción de inocencia; que las pruebas a valorar por el Magistrado-Presidente han de ser las tenidas en cuenta por el Jurado, esto es, la declaración de los forenses en el acto de la vista y los informes que fueron ratificados en dicho acto y de

toda esta prueba sólo se pueden extraer dos conclusiones: La imposibilidad de saber si el disparo se produjo antes o después de las lesiones; y la certeza de que el disparo produjo un estado de inconsciencia; no existen elementos de convicción que sustenten la conclusión alcanzada en la sentencia, lo que determina la nulidad del fallo condenatorio por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Recordando lo ya expuesto con anterioridad, en esta misma resolución: STS, Penal sección 1 del 02 de julio de 2025, Rec: 10539/2024:

" ...El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

"....conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por quéunos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

La motivación del veredicto, debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado- Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras) [..]".

c) Aplicación al caso concreto:

Al respecto debemos afirmar, que la sentencia recurrida, en contra de lo afirmado por la parte recurrente, en relación a la vulneración de la presunción de inocencia cuando justifica la circunstancia agravante especifica de ensañamiento, se ha fundamentado en una prueba de cargo, legal y constitucionalmente obtenida, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado ahora recurrente como se desprende no solo del punto 4 del objeto de veredicto sino también del punto 8; prueba racionalmente valorada que resulta homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el punto 4: "Los jurados han encontrado PROBADOS, y así lo declaran por MAYORÍA (7- 2) los hechos descritos en el escrito sometido a nuestra decisión.

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) ''En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Y ello, teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo,sometieron a la víctima a un dolor innecesario.".

- El Magistrado Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la LOTJ, en relación al art. 248.3 de la LOPJ, y con el deber de motivación que le impone asimismo el art. 120 de la CE. valora a tales efectos el informe del IML y la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, en relación con la versión que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, ahora específicamente en relación con las heridas.

Dichas heridas quedan acreditadas en el punto 8, con la precisión acreditada de: "sin tener características mortales"; y en el punto 9, "la causa de la muerte fue una herida craneal por arma de fuego...."

Tras el análisis pormenorizado y exhaustivo acerca del IML y de las declaraciones de los acusados, concluye sin lugar a dudas y sin prueba que lo desvirtúe: " Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente."

Los presupuestos de la circunstancia apreciada quedan colmados, por lo que el juicio de subsunción, resulta inobjetable, a partir de la secuencia fáctica que delimita el análisis que ahora hacemos, y en los términos que ha analizado el Tribunal del Jurado, y el Magistrado Pte. que conocieron con anterioridad de la causa.

El motivo debe ser desestimado.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

a) Alegaciones de la parte:

Pone de manifiesto la parte, que el fundamento de Derecho Sexto, relativo a la penalidad, viene a fijar distintas penas por el delito de asesinato para los tres condenados; sin embargo fija la misma pena a los tres por el delito de tenencia ilícita de armas, al mantener, que "siendo la pistola elemento determinante para causar la muerte de Higinio, es decir, se trata de un arma de fuego careciendo de los requisitos legales y precisamente para acabar con la vida de otra persona, siendo conocido de todos ellos la finalidad de la misma, por lo que la gravedad de su destino el asesinato, que es lo verdaderamente relevante en el presente supuesto, hace que la gravedad de la pena deba responder igualmente.".

Añade a lo anterior, que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y que el fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de la discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede proceder a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad.

Y por último, respecto del delito de conducción sin puntos; que se justifica la elección de la pena de prisión sobre los trabajos en beneficio de la comunidad alegando el nulo efecto que han tenido las anteriores sanciones impuestas con anterioridad. Para ello tiene en cuenta tres antecedentes penales por este mismo delito de los cuales:

.- La Ejecutoria 464/2021 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño ya ha sido tenida en cuenta para la reincidencia.

.- La Ejecutoria nº 114/2019 de Juzgado de lo Penal Nº 3 de Pamplona, se encuentra cumplida, puesto que el Sr. Juan Carlos fue condenado a multa que fue sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad que constan cumplidos en la hoja histórico-penal.

.- La Ejecutoria nº 104/2019 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño se encuentra igualmente cumplida; siendo relevante indicar que, de los antecedentes expuestos, los dos últimos son cancelables de oficio y por tanto no habrán de tenerse en cuenta para agravar la condena, procediendo pues la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad solicitados por esta parte.

b)En cuanto a la Jurisprudencia de aplicación,nos remitimos a la ya recogida al resolver el cuarto de los motivos del recurso interpuesto por la representación del acusado Sr. Luis María, en el Fundamento de derecho anterior.

- A la que añadimos, que Conforme a la STS de 19-02-2025, nº 133/2025, rec. 10286/2024: " Es claro que las circunstancias personales del autor del delito no se limitan a la reincidencia en el sentido del artículo 20 CP (Cfr. Sentencia 233/2003 de 21 de febrero ); los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta, precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos, como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que lo realizó y también las circunstancias de todo tipo concurrentes; la motivación de la individualización de la pena requiere desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos (Cfr Sentencias 1426/2005 de 7 de diciembre y 145/2005 de 7 de febrero ); la gravedad del hecho a que se refiere este precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal infracción.Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando;estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer.

Las circunstancias personales del delincuente son aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica.Ni en uno ni en otro caso se trata de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ya que, en tal caso, su integración penológica se produce no como consecuencia de esta regla 6ª (antigua) regla primera del art. 66, sino de las restantes reglas (Cfr. Sentencia 480/2009, de 22 de mayo ... cuando se refiere a las circunstancias personales del delincuente, está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto, la edad de la persona, su grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en el cuerpo social,son factores que no sólo permiten sino que exigen modular la pena ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho, que debe ser medida no sólo con criterios cuantitativos sino también cualitativos (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio )....

c) Aplicación al caso concreto

El Magistrado Pte. impone al acusado ahora recurrente una pena de prisión de 24 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, mitad superior de la pena, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 del CP al concurrir dos agravantes especificas del tipo penal de asesinato por el que se le condena (alevosía y ensañamiento art.139 1.1ª, 3ª); que estima adecuada en atención a las circunstancias de naturaleza personal del delincuente; sin pronunciarse acerca de la mayor o menor gravedad del hecho.

Entiende que ha sido condenado entre otros delitos por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, si bien, sin repercusión en cuanto a la reincidencia (salvo en el delito por el que se le condena por conducir sin puntos); y que el hecho diferencial, además de las condenas acreditadas, es su relación con el mundo del tráfico de drogas, circunstancia de naturaleza personal que permite ser atendida para llevar a un mayor reproche penal, como en el caso de Luis María y no así en el caso de Adela, que carece de antecedentes personales.

Esta Sala considera que debemos aplicar al ahora recurrente lo que ya hemos dicho respecto de Luis María, que el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

- En cuanto a la pena impuesta por el Magistrado Presidente, en relación al delito de conducción sin puntos, previsto y penado en el art. 384.1 del CP en primer lugar, debemos decir, que constan en el apartado 11 del veredicto, las tres ejecutorias derivadas de sentencias condenatorias firmes por el mismo delito, estando dos de ellas pendientes de cumplimento; por lo que resultaría imposible en su caso la cancelación de oficio, de antecedentes penales.

Por otro lado, el delito ha sido cometido de manera continuada, conforme al art. 74 del CP; por lo que procede la imposición de la pena de prisión en la mitad superior cuyo marco legal es de 4 meses y 15 días a 6 meses.

Como se afirma en la sentencia recurrida, dentro de esta mitad superior, la existencia de los antecedentes penales relatados que son tres, hacen concurrir en la aplicación de la agravante de reincidencia, hace que la pena deba ser impuesta en el nivel superior, es decir 6 meses de prisión,

Pena que resulta proporcionada, compartiéndose con el Magistrado Presidente (folio 205), que ni la multa ni los trabajos en beneficio de la comunidad (penas impuestas en las tres Sentencias anteriores) han conseguido ningún resultado sobre la conducta de Juan Carlos que pese a todo ello sigue incumpliendo la norma, por lo que dada la desatención de la misma procede la imposición de la pena de prisión; razones que fundamentan la desestimación de este concreto motivo.

CUARTO:- RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE Dª Adela

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. Se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indican. Vulneración del art. 138.1 del CP.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma al respecto, que se le ha condenado como coautora del delito de asesinato, y esta admitido que no tuvo participación alguna en la ejecución material del delito en ningún momento, ni en la ocultación del cadáver, remitiéndose a la declaración testifical del Agente de la Policía judicial, NUM013 instructor y coordinador de los equipos interviniente; que no existe ni una sola prueba que vincule a Adela con la adquisición del arma utilizada, ni disponibilidad sobre la misma; Adela no se bajó en ningún momento del Peugeot con el que había viajado junto a Juan Carlos y Higinio, quedando en todo momento en el interior del vehículo; no fue autora del disparo; ni participó en la agresión con una piedra, no hay ni una sola prueba de la que pueda inferirse que Adela supiera con antelación que se iba a llevar a cabo semejante agresión, ni existe una sola prueba de la que se pueda inferir que Adela hubiera admitido semejante agresión, lo que determinará que sea inaplicable a la misma, la circunstancia de enseñamiento por el que se le condena como coautora del delito de asesinato; que tampoco existe prueba que acredite que tuviera conocimiento de que se iba a disparar; que no metió el cuerpo de la víctima en la furgoneta ni llegó a estar en la finca de los familiares de Luis María.

A continuación, analiza los hechos probados que afectan a Adela, que se declaran probados por el Jurado, y son analizados por el mismo, en concreto el haber preconcebido un plan junto con los otros dos acusados, y llevar a cabo una labor de vigilancia; añadiéndose en la sentencia un nuevo motivo de imputación, " la presencia de Adela en el Peugeot, sirvió para dar confianza a Higinio y para que no tuviera sospechas de la finalidad del viaje."; y después de trascribir las pruebas en las que se basa el Jurado, afirma, que los motivos de imputación son meras conjeturas; contradiciendo la valoración que de los medios probatorios se realiza (nos remitimos al escrito de recurso,(folios 6 a 11),relativos al geoposicionamiento de las terminales telefónicas de los tres acusados los días 24/7; 9/08 al mediodía y por la noche; mensajes entre Adela y su hija Belen; mensajes de Luis María a Adela; mensajes de Adela a Luis María, y la declaración del Agente TIP NUM014 del 12/5/2025 durante el Juicio oral; y concluye, no existe ni un solo acto cometido por Adela que le incrimine como coautora del delito de asesinato por el que es condenada.

Y en definitiva, que la sentencia califica a su defendida coautora del delito de asesinato, pese a no haber intervenido materialmente en la ejecución ni haber llevado a cabo acto colaborativo alguno ni contribución esencial a la comisión del delito; que tal calificación contraviene la doctrina jurisprudencial sobre la autoría compartida; que su conducta, de existir responsabilidad, que se niega igualmente, sería a lo sumo la de cooperadora necesaria o cómplice al margen de la ejecución; no existiendo prueba de cargo directa por lo que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la misma.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Partiendo de que la parte apelante niega la coautoría de su defendida, por la ausencia de prueba de cargo directa, y, solo meras conjeturas por lo que se ha vulnerado su presunción de inocencia, vamos a comenzar exponiendo la Doctrina del TS en relación a la coautoría, dado que la parte afirma que en la Sentencia se contraviene dicha Doctrina:

En la STS 25 de septiembre de 2025, Rec.1084/2023, en línea con la trascrita en la Sentencia recurrida de 23 de enero de 2025, y otras, se afirma: "... En efecto, para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en la fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo.La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en este caso respondería individualmente. Y además, superando las tesis subjetivas de la autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la causación del fin conjuntamente pretendido. No es necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues cabe una división de trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad; pero sí lo es que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación dominan conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción contemplada en el verbo nuclear del tipo.La consecuencia es que entre todos los coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho( SSTS 134/2017, de 2-3 ; 604/2017, de 5-9 ; 366/2020, de 2-7 ).

En este sentido la STS 984/2022, de 21-12 , recuerda:

"Son coautores todos quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo, aunque tal realización sea coordinada mediante fases ejecutivas confluyentes a un mismo fin.

La realización conjunta del hecho implica que cada coautor colabore en una aportación objetiva y causal eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto, sin que sea necesario que cada coautor ejecute por sí mismo todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización de este se llega por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas.

Dos son, por tanto, los planos en que necesariamente se apoya la apreciación de una coautoría:

a) la existencia de una decisión conjunta,elemento subjetivo, que puede concretarse en una colaboración previa realizada por los autores, con o sin expreso reparto de papeles,o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, cuando se trate de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o en todo caso, muy brevemente anterior a esta. Y puede ser expresa o tácita, la cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

b) una aportaciónal hecho que puede valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, que integre el elemento objetivo apreciable, aunque el coautor no realice la acción nuclear del tipo delictivo( SSTS 413/2015, de 30-6 ; 185/2017, de 23-3 ).

Por ello, cuando varios partícipes dominan de forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores... la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo, sino también todos los que dominan de forma conjunta, dominio funcional del hecho ( SSTS 577/2014, de 12-7 ; 413/2015, de 30-6 ; 134/2017, de 2-3 )...."

c) Aplicación al supuesto concreto:

=Prueba de cargo practicada

Para dar por probado el punto 2 del veredicto, hecho segundo en el que consta que Adela conocía la gran inquietud, preocupación y temor que le generaba a su pareja, el acusado Juan Carlos, las consecuencias del impago de la deuda de 13.500 que insistentemente le estaba reclamando la víctima.

Tal hecho lo deduce el Jurado de los siguientes elementos probatorios:

Declaración de Juan Carlos en sala como acusado el día 15/05/2025 donde él mismo reconoce la deuda que tiene con Balbino.

Mensajes de Adela con su hija Belen el 08/08/2022 folio 15 Atestado NUM015 donde Adela manifiesta que Juan Carlos le hace responsable de parte de la deuda. ''Se ha comido el dinero''

Declaración en sala el día 15/05/2025 donde los acusados Adela e Luis María, reconocen la deuda que Juan Carlos tiene con la víctima.

Audio 09/08/22 NUM010 (05:23:04) ' Luis María habla con Adela sobre como Juan Carlos podría hacer frente a parte de la deuda mediante la venta de vehículos'' lo que hace a los 3 acusados conocedores de la deuda.

Audio 9/8/22 NUM009 (05:27:36) Este audio demuestra la inquietud que le provoca a Juan Carlos encontrarse con Balbino ''Confunde a Balbino con otros individuos e Luis María reconoce que Juan Carlos está emparanoiado''

Audio 9/8/22 NUM010 (05:32:22). En este audio, Adela reitera a Luis María el nerviosismo de Juan Carlos donde indica que ''está emparanoiado no, lo siguiente.''

Atestado Nº NUM016 folio 71, en el apartado 3, conclusiones del análisis del teléfono de Adela; se dice ' Adela conocía que su pareja sentimental Juan Carlos adeudaba una cantidad de dinero a Higinio Beckhat"

- El Jurado explica sucintamente su motivación, afirmando que: Teniendo en cuenta las declaraciones de los acusados en sala, los mensajes, los audios entre ellos y el atestado mencionado, hemos determinado como probado que los tres son conocedores de la deuda, la urgencia de la víctima por el cobro de ésta y la imperiosa necesidad de Juan Carlos de solucionar el problema" El Magistrado Presidente complementa la valoración, analizando las declaraciones de los tres acusados, y de los Agentes de la Guardia Civil, acerca de las llamadas y los audios, para concluir en la existencia de la deuda por tráfico de drogas, que aun cuando anterior a la relación con Adela, le reprocha pues según dice? "se había comido parte".

- En el punto 3, hecho probado tercero de la sentencia, el Jurado considera probado por unanimidad, que se decidieron a poner fin a tal situación y en ejecución de un plan preconcebido, en la tarde el 9-8-2022 Juan Carlos acordó una cita con Higinio, con la excusa de pagar la deuda que se iba a realizar gracias a la mediación de un conocido suyo que era Luis María en la localidad de DIRECCION002.

Para ello desde la localidad de DIRECCION003, Juan Carlos y Adela, utilizando el vehículo Peugeot 307 matrícula NUM002, pasaron por Logroño a recoger a Higinio y a continuación los tres en el mismo vehículo se dirigieron hacia DIRECCION002, llegando al lugar concertado con Luis María que era el cruce de la DIRECCION004 con la carretera de DIRECCION005 próxima a DIRECCION002, llegando sobre las 21.30 horas, donde les estaba esperando en el aparcadero allí existente Luis María con la furgoneta blanca matricula NUM003, propiedad de su hermano.

Al llegar al lugar Juan Carlos estacionó en paralelo de la furgoneta descendiendo del vehículo Juan Carlos y Higinio, entablando una conversación con Luis María sobre el pago de la deuda en el curso de la cual Luis María y Juan Carlos dieron muerte a Higinio, mientras Adela permanecía vigilante desde el interior del vehículo."

-El Jurado lo deduce de los siguientes elementos probatorios:

Datos de geolocalización de los teléfonos de los 3 acusados ubicados por el repetidor de DIRECCION005, los siguientes días;

24/7/22 desde las 15:30h. hasta las 18:45h. que se encuentran en el Atestado NUM017 folio 63.

09/08/22 desde las 14:50h. hasta las 15:56h. Atestado NUM017 folio 55.

09/08/22 desde las 22:30h. hasta la 01:01h. Atestado NUM017 folio 56-58.

Mensajes:

Atestado NUM018. ' Adela le dice a su hija Belen que tiene que hacer una historia ese día.''

Audio. 07/08/22 NUM019 (17:16:26) Donde Luis María dice a Adela; ''Hay que hacer las cosas bien, hay que hablar entre los 3..''

Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''

Audio. 09/08/22 NUM010 (05:23:04). ' Luis María da opciones a Adela de como Juan Carlos puede saldar parte de la deuda ''

Audio. 09/08/22 NUM020 (05:25:40). ' Luis María manifiesta a Adela la dificultad de deshacerse él solo del cuerpo''

Audio. 09/08/22 NUM021 (05:26:28). ' Luis María habla de una pena importante''

Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''

Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

Audio NUM022 (05:37:16). Adela reconoce ''que sabe demasiado''

Audio NUM023 (05:37:54). Luis María habla con Adela de que Juan Carlos no tenía que haber dicho a todo el mundo que tenía esa deuda.

Audio NUM009 (05:27:36) Luis María le dice a Adela que "ha estado dando vueltas buscando a Balbino por todo DIRECCION003.''

Audio NUM024 (05:36:28). Adela habla con Luis María y este le dice que ha visto a la víctima en su coche y lo describe.

Audio NUM025 (05:38:16). Adela vigila el coche de la víctima.

Declaración y exposición del agente identificado como TIP NUM014 el día 12/05/2025 durante el juicio oral.

Atestado Nº NUM016 en el folio 51. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Luis María en el que dice: '' las llamadas entre Luis María, Adela y Juan Carlos, aumentan durante el mes de agosto los días previos al asesinato de Balbino en continuidad y duración, balance que realza su implicación.''

Atestado Nº NUM016 en el folio 61. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Juan Carlos en el que dice: '' El día 10/08/22 a las 18:33h. Juan Carlos cambia de terminal de móvil, Juan Carlos no lo menciona en sus declaraciones por lo que parece un intento de obstaculizar una futura investigación o al menos disminuir su responsabilidad en el hecho.''

Declaración en el juicio oral por parte de los 3 acusados que admiten haber estado en los lugares de los hechos.

- Y el Jurado motiva,que teniendo en cuenta los informes de geolocalización que ubican a los tres acusados en el lugar de los hechos, los audios y mensajes anteriormente reseñados y el informe aportado por el experto, nos demuestran que hay un plan elaborado entre los tres previamente, con la finalidad de acabar con la vida de la víctima.

Del mismo modo, queda probado que Luis María y Juan Carlos acaban con la vida de Balbino. Mientras, Adela, conocedora del plan, permanece en el interior del vehículo tal y como declaran los tres acusados en el juicio. El jurado concluye que el papel que desempeña Adela es de vigilancia"

-El Magistrado complementa la valoración de los distintos medios probatorios tenidos en cuenta por el Jurado( folios 30 a 64 a los que nos remitimos) para concluir, que entre los tres acusados medió una planificación para la realización del hecho, para eliminar a Higinio y con ello, solucionar el problema cada vez más acuciante de la reclamaciones de Higinio del pago de lo que Juan Carlos le debía, para ello llevaron labores de vigilancia sobre Higinio y su vehículo con la intervención activa de Adela, al igual que urdieron un plan para atraer a Higinio a un lugar apartado como era el cruce de carreteras entre pueblos de escasa población en la sierra, sirviendo para ello de la promesa de pago de lo debido por mediación de Luis María o de su familia, y a tal fin y como elemento de confianza para Higinio también iba en el vehículo Adela junto con ambos, y al llegar al cruce en el que habían planeado acabar con la vida de Higinio llevaron a cabo los hechos, acometiendo físicamente Luis María y Juan Carlos a Higinio, consiguiendo neutralizarle con fuertes golpes para finalmente dispararle en la nuca con un arma de fuego del calibre 32, lo que determinó, en definitiva su muerte, mientras que Adela en el rol que le estaba atribuido en esa fase concreta vigilaba desde el vehículo mientras que Luis María y Juan Carlos ejecutaban.

-En el punto cuatro, que ya hemos analizado en los recursos interpuestos por los otros dos acusados, se describe como acometieron estos a Higinio, con ánimo de causarle la muerte por sorpresa y con ventaja con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara,...llegando a producirle más de 20 heridas ...sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario hasta que finamente recibió el dispararon en la nuca...por uno de los dos, actuando conjuntamente.

Adela permaneció en el vehículo.

Nos vamos a remitir a lo ya expuesto en los fundamentos de derecho anteriores en cuanto a los medios de prueba tomados en consideración por el Jurado, motivados por el mismo y por el Magistrado, debiendo resaltar ahora, la declaración de Adela, que describe la llegada al lugar en el que estaba ya Luis María como se bajan Luis María y Juan Carlos, ... ella se acomodó en el coche, no salió, vio pasar por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio e Luis María, y de repente Higinio se agacha ...iban caminando los tres en fila ...fogonazo...y nervios ...

- La valoración de la prueba es concluyente: Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- En el punto quinto, hecho probado quinto, queda probado que el arma de fuego utilizada no fue localizada, siendo conocedores los tres acusados de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

El Jurado valora los tres audios que se especifican, y en este punto del recurso, vamos a resaltar el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar'' El Magistrado valora los medios probatorios señalados por el Jurado, complementando la motivación del Jurado, así como el informe de la Guardia civil, y explica el significado de la palabra "pusquilla" como pistola de pequeño calibre, de ahí el diminutivo en el argot "caló" (según el testimonio de un Agente de la Guardia Civil)y que de todo ello era conocedora Adela, destacando el audio de Luis María a Adela " que suba él y lo hace él".

- En el punto 6, hecho declarado probado sexto el Jurado considera probado por unanimidad, que a continuación bien por Luis María o Juan Carlos o por ambos acusados montaron el cadáver en la parte trasera de la furgoneta conducida por Luis María iniciando la marcha hacia el pueblo de DIRECCION002 seguido por el vehículo, Peugeot 307 matrícula NUM026, en el que iban Juan Carlos y Adela.

Dirigiéndose Juan Carlos e Luis María hacia la sima conocida como DIRECCION000 situada en el DIRECCION001, de unos 50 metros de profundidad en el término municipal de DIRECCION002, sin poder realizarlo, mientras esperaba Adela en el vehículo de Juan Carlos en el cruce de la carretera LR con el inicio del camino forestal que lleva hasta la sima, regresando a DIRECCION002 dejando el cadáver a Luis María y regresando Juan Carlos y Adela a su domicilio.

El día 10 se volvió a intentar deshacerse del cadáver infructuosamente,con nuevo desplazamiento hasta DIRECCION002, y finalmente el día 11-8-2022 sobre las 13:50 horas los acusados Luis María y Juan Carlos fueron observados por un agente forestal de La Rioja junto a la sima, en el momento en el que arrojaban el cadáver de Higinio a la sima, utilizando para desplazamiento con el cadáver la furgoneta blanca matrícula NUM003, utilizada habitualmente por Luis María.

Mientras eso ocurría Adela estaba esperando en el vehículo marca BMW NUM004 estacionado en la carretera, en el cruce de la misma con la pista forestal que da acceso a la sima, que se encuentra situada a un kilómetro y medio aproximadamente."

Después de la valoración de los medios probatorios señalados por el Jurado y de la motivación complementaria del Magistrado, en atención a las declaraciones de los acusados, relacionados a su vez con el geoposicionamiento de sus respectivos teléfonos móviles, permite alcanzar la conclusión de la existencia de varios intentos de deshacerse del cadáver, por otra parte ello unido a la directa observación de Luis María y Juan Carlos el día 11-8-22 en la sima por parte del agente forestal-como el hallazgo de la colilla de cigarro con el ADN de Juan Carlos-, y el contenido de las conversaciones observadas entre ellos permiten alcanzar la concusión indicada.

= En contra de lo alegado por la parte apelante la prueba de la coautoría de su defendida ha sido obtenida por una prueba de cargo directa, con todas las garantías legales, y no en base a deducciones o conjeturas, prueba de cargo suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia; y considerarla como coautora de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento; y tenencia ilícita de armas

La Sala comparte plenamente la valoración que de la prueba practicada, mediante un proceso racional lógico y coherente, se ha efectuado por el Tribunal de Jurado y por el Magistrado Pte.; y la subsunción en los tipos penales referidos.

= Como ha precisado la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS) en varias resoluciones, entre las que cabe destacar la sentencia 162/2019, de 26 de marzo: "el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debehacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo.Por esta causa, en fin, el tribunal revisor no decide el hecho, sino que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que se ha aplicado el derecho. El legislador deja libertad al órgano de instancia para apreciar el hecho, pero establece un posterior control jurídico para analizar la racionalidad de esa decisión".

Al tratar del alcance en la valoración de la prueba aplicable al recurso de apelación,dicha sentencia indica que el Tribunal de apelación: "puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación".

=Esta Sala comparte plenamente la valoración de la totalidad de la prueba practicada llevada a cabo en la Sentencia recurrida, por lo que debe confirmarse como racional y lógico, el criterio valorativo al reconocer suficiencia incriminatoria, fiabilidad y credibilidad para reconocer a los tres acusados como coautores directos, de los delitos ya indicados, y que en atención al papel desempeñado por Adela, debe rechazarse que pueda ser considerada como actuación propia de un cómplice y no de un coautor, puesto que sus actos exceden de la labor de un mero cómplice.

Se debe partir de ese pleno conocimiento de los hechos a cometer y de la finalidad buscada con ello, y en ese plan general ella desempeña un papel que se proyecta a lo largo de las diversas fases, así en un momento previo sabe de lo que se trata y añade una función de vigilancia para la localización de Higinio; realiza viaje previo el mismo día 9-8-22 por la mañana en un último examen y reconocimiento de los lugares; en el momento de los hechos sabe de lo que se trata y acude con Juan Carlos a recoger a Higinio, es un añadido de confianza porque sabía que era la pareja de Juan Carlos, de vencer posibles dudas o temores de Higinio y conseguir atraerlo hasta el alejado cruce con el señuelo del cobro de una parte importante de la deuda, que ella sabe que no es posible de pagar; además de ello coordina con carácter previo entre Luis María y Juan Carlos ante las dudas sobre el lugar o el modo de realizarlo o incluso el modo y lugar de deshacerse del cadáver; y llegado el momento de la comisión del hecho está en el lugar, Higinio sabe de su presencia, es una persona más en su contra, y realiza, reiteramos una labor de vigilancia mientras que por los otros dos se llevan a cabo los golpes y finalmente se realiza el disparo que acaba con la vida de Higinio, siendo montado en la furgoneta; a partir de ese momento también estará Adela presente -tal y como se había acordado- en los diversas ocasiones en que se intenta deshacerse del cadáver hasta el día 11, en el que finalmente se consigue y que, una vez más, también estaba realizando una labor de vigilancia.

- Concluye el Magistrado Pte, (folios 18 a 190 y concordantes), que, se realiza por parte de Adela una actividad en relación con la muerte de Higinio que excede de la mera participación como cómplice y lleva a la plena autoría.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El Recurso de Apelación formulado por su Representación no cuestiona la pena impuesta por el delito de asesinato, pero al solicitar la absolución de su representada, la Sala puede examinar, la individualización de la pena impuesta por la comisión del referido delito por el que se le ha condenado.

En consecuencia, por las mismas razones que hemos expuesto al resolver los recursos formuladas por las representaciones procesales de los otros dos acusados, exponemos con menor extensión y con remisión a lo ya expuesto que debemos individualizar la pena impuesta a la acusada Dª. Adela por este concreto delito de asesinato, en el mínimo legal de la mitad superior (20 a 25 años) de 20 años, al no existir causa que aconseje exasperar tal pena más allá del límite mínimo, de su mitad superior; y debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los arts. 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

a)Alegaciones de la parte:

Después de reproducir lo expuesto por la misma en el motivo anterior, afirma la parte, que en ningún caso se le puede imputar a ella las circunstancias agravantes específicas de alevosía ni de enseñamiento que entiende no proceden.

Con respecto a la alevosía, que dicha circunstancia exige un elemento objetivo, y que conforme al art. 65 del CP, las circunstancias materiales relativas a la ejecución del hecho, solo agravan a quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación, no comunicándose automáticamente al coacusado que no interviene en la fase ejecutiva ni conoce y asume el cómo de ataque, no existiendo prueba de que su ofendida interviniera en la fase ejecutiva, dado que los hechos probados la sitúan en el interior del vehículo mientras los otros acusados se apean y ejecutan la agresión y el disparo; tampoco consta que llamara a la víctima, concertara la cita ...

y, en hipótesis estrictamente subsidiaria (que se niega), cualquier eventual responsabilidad, nunca podría ser por asesinato cualificado por esta circunstancia, sino -en su caso- por homicidio o cooperación no ejecutiva sin agravación.

Respecto del Ensañamiento, impugna el hecho probado cuarto, en el que se señala, que Luis María y Juan Carlos acometieron por sorpresa con una piedra contra la víctima, causándole un dolor y sufrimiento innecesario, y después le dispararon por la nuca de forma sorpresiva y procurando su indefensión, por cuanto primero se produjo el disparo, y después, viendo que no había muerto, se le causaron las heridas con la piedra para acabar con su vida, y siendo posibles ambas hipótesis por aplicación del principio in dubio pro reo, debe optarse por el hecho de que primero le dispararon; y que tampoco puede aplicarse el ensañamiento a su defendida, porque tenía que haberse acreditado, que conociera y aceptara que se iba a agredir de semejante manera a Higinio, y ello ni se ha mencionado, ni existe prueba alguna que acredite que Adela ni conociera que se fuera a llevar semejante agresión ni consta que no aceptara, rigiendo el principio de imputación individual ultra vires.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Estamos ante un motivo de carácter sustantivo penal, como se afirma en la STS de 1-10-2025, nº 786/2025, rec. 10692/2024, aplicable para el recurso de apelación ante el que nos encontramos, "cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado....

- En relación al asesinato con alevosía, los hechos declarado probados por el Jurado al responder al objeto de veredicto determinan la coautoría de la ahora recurrente en todas las fases del delito, desde su planificación, ejecución, y hasta ocultamiento del cadáver; habiendo quedado acreditado, que la misma en fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, por cuanto lo hacía en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y de la tenencia y utilización del arma de fuego para la comisión del delito; ella realizaba su parte de labor en tal ejecución, que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, así como en la generación de un factor de confianza en Higinio para vencer sus posibles reticencias a montarse en el vehículo con Juan Carlos (la víctima sabía que era la pareja de Juan Carlos y la conocía) y acudir al lejano cruce de carreteras atraído por el señuelo del pago de la deuda que Adela sabía ser mero engaño (folio 141 de la Sentencia, y concordantes).

En cuanto al Ensañamiento, abundando en lo ya expuesto al responder a los motivos articulados por los otros dos acusados y remitiéndonos de forma expresa a los Fundamentos de derecho segundo y tercero de la Sentencia, tenemos que reiterar, que las lesiones se produjeron antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo, muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Como se afirma en la Sentencia recurrida, (folio 153) El ensañamiento también es predicable respecto de Adela que, en esta concreta fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, porque estaba en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y ella realizaba su parte de labor en tal ejecución que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, y este ensañamiento le es igualmente reprochable incluso de ser considerada su participación -que no lo es- como de mera cómplice.

- Aplicando la jurisprudencia anteriormente expuesta, la subsunción del inalterado relato fáctico de la sentencia en el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de la ahora recurrente, como coautora responsable de los hechos, es inobjetable, con remisión en cuanto a la rebaja de la pena individualizada al dar respuesta al motivo anterior a 20 años de prisón.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Afirma la parte que impugna expresamente el Hecho Probado 5A del Veredicto en lo relativo a la supuesta "disponibilidad" del arma de fuego por parte de Adela; que esta conclusión judicial descansa únicamente en conjeturas derivadas de ciertos mensajes interceptados, sin soporte probatorio suficiente que vincule materialmente a Adela con el arma. El mero conocimiento de que existiera un arma, lo que tampoco está probado que supiera Adela, ya que ha declarado que hasta el mismo juicio desconocía totalmente el significado del término "pusquilla", no justifica ni puede justificar su condena; que la misma no cumple con el elemento nuclear de la disponibilidad; que ningún testigo ni coimputado vio jamás a Adela portar, manejar o tener acceso directo al arma; que la propia dinámica de los hechos probados excluye a Adela del manejo del arma. El veredicto del Jurado establece que el disparo letal fue ejecutado "por uno de ellos dos ( Luis María o Juan Carlos) en el modo acordado, actuando ambos de común acuerdo", mientras Adela "permaneció en el vehículo"sin intervenir directamente en la agresión; todos los acusados negaron poseer el arma y se acusaron mutuamente de tenerla, sin que la instrucción lograse esclarecer su verdadera tenencia física; por lo que añade, la condena de Adela por tenencia ilícita de armas infringe tanto las exigencias típicas del delito como las garantías probatorias. No se demostró tenencia material ni disponibilidad efectiva de la pistola por parte de mi defendida, reduciéndose la acusación a su saber y estar allí, lo cual no integra el tipo penal, por lo que debe ser absuelta de dicho delito.

En el veredicto, el Jurado declara por unanimidad,

5 A:

El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas."

- El Jurado llega al referido hecho probado por los tres audios que especifican como elementos probatorios; (folio 76 y 77 de la Sentencie); en el primero, " Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''; en el segundo, Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''y en el tercero: Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

El Jurado toma como elementos de convicción los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, y motiva sucintamente, que queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

Y el Magistrado Pte. complementa la explicación sucinta del Jurado, trascribiendo los Audios completos; resaltando que los acusados con versiones contradictorias sobe el arma de fuego utilizada, una pistola del calibre 32, coinciden en carecer de licencia,(hecho corroborado por el Informe de la Guardia Civil de la Intervención de Armas) ratificado en el juicio, (arma que no ha podido ser localizada) en las declaraciones de los acusados y la de Adela, quien aun cuando manifiesta no saber de dónde había salido la pistola del disparo, era perfectamente conocedora, de ahí el contenido de las conversaciones con Luis María, concluyéndose por el Magistrado Pte. que existe un arma de fuego que se consigue por Juan Carlos, que se sabe de su existencia por todos y la utilización a la que se destina, y sobre la cual existe una disponibilidad entre los tres -si Juan Carlos tiene miedo o teme fallar Luis María se ofrece también- en cuanto a la realización del disparo fatal sobre Higinio.

Finalmente ninguno de los tres contaba con las autorizaciones pertinente; Esta Sala entiende que se ha practicado una prueba de cargo suficiente, constitucional y legalmente obtenida valorada de forma racional, con sujeción a la lógica y a las máximas de experiencia, por el Jurado y por el Magistrado Pte.

Debemos tener presente, que como ya hemos expuesto con anterioridad y en respuesta al primer motivo del recurso ahora examinado, la acusada ahora ha sido condenada en la instancia como coautora del delito de tenencia ilícita de armas, y la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. De ahí que de ese hecho criminal no deba responder sólo el que ejecuta materialmente la acción típica sino todos los que participan con actos esenciales a su realización dominando de forma conjunta ese hecho; resultando relevante en relación con la cuestión de la disponibilidad sobre el arma de fuego la exigencia de una mera disponibilidad sobre la misma, la mera posibilidad de utilización por la propia voluntad del sujeto, y como es el caso esa disponibilidad, cuestionada de forma expresa por la pate recurrente, indistinta en cuanto que forma parte del plan preconcebido y todos conocían de su existencia y su razón de ser en la dinámica delictiva diseñada.

Conviene recordar a tales efectos, la STS de 19 de abril de 2024 337/2024, trascrita por el Magistrado Pte.(folio 159)en la que se afirma, que "...el delito de tenencia ilícita de armas es «un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo su existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición ( SSTS.1071/2006 de 8.11 , 555/2007 de 27.6, 960/2007 de 29.11, 84/2010 de 18.2), e insisten en la posibilidad de disposición compartida, pero subrayando la necesidad de que conozcan el uso del arma en la comisión del delito.

Hay tenencia compartida siempre que exista disponibilidad indistinta de las armas por parte de los coacusados que constituyan una asociación, aun transitoria, para la ejecución de hechos delictivos poniendo a disposición común e indistinta aquellas armas, aun cuando pertenezcan individualmente a uno de ellos, pero resultan afectadas para la perpetración de los hechos en su conjunto( STS. 120/2010 de 27.1).

En conclusión, no existe la infracción del art. 564, 1, 1º del CP, porque el relato fáctico queda inalterado respecto a la ahora recurrente y respecto a los otros dos acusados, habiéndose realizado una correcta subsunción en el tipo delictivo ahora enjuiciado.

El motivo en consecuencia debe ser desestimado.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

a) Alegaciones de la parte

Se afirma por la parte apelante, que con respecto al dolor del menor y sin cuestionar la realidad del daño moral sufrido, una adecuación motivada de la indemnización fijada a su favor (200.000 €) a los criterios objetivos del Baremo de la Ley 35/2015 (año 2022), utilizado por la jurisprudencia penal con carácter orientador para garantizar igualdad y proporcionalidad en la cuantificación del perjuicio moral ex delicto; que la sentencia razona que, al tratarse de un hecho doloso, no es obligatoria la aplicación del Baremo de circulación, citando doctrina sobre la amplitud del arbitrio judicial en estos supuestos; que ese planteamiento es correcto en abstracto; no implica sin embargo la libertad de desvincularse sin motivación específica de las referencias técnicas del Baremo cuando se utiliza -como aquí- para orientar la cuantía. La propia resolución funda los 200.000 € esencialmente en (i) el vínculo afectivo entre padre e hijo y (ii) la afectación psicológica acreditada por la entidad de acogida (Fundación DIRECCION009); que no individualiza en qué medida concreta tales circunstancias justifican superar en casi el doble el marco orientador aplicable al hijo en 2022, ni se integra en las categorías incrementales previstas por la Tabla 1.B (p. ej., perjudicado único de su categoría, progenitor único, perjuicio excepcional), lo que dificulta el control de proporcionalidad de la cifra final; siendo 109.701,03 la cifra orientadora cuando no concurre la hipótesis de progenitor único ni se motiva un perjuicio excepcional, por lo que solicita como petición principal la cantidad referida, + 25%; y de modo subsidiario, de que se razone por qué la afectación psicológica concreta equivale a ese plus, separando claramente el perjuicio moral (Tabla 1.A/1.B) de eventuales gastos de tratamiento, que pueden resarcirse además cuando estén acreditados.

b)Partiendo de la Doctrina Jurisprudencialestablecida en la sentencia recurrida (folio 207), que damos por reproducida; debemos partir de que, la fijación de la responsabilidad civil después de oír a las partes, la establece el magistrado Pte. ( art. 68 LOTJ) ; Como se afirma en la STS de fecha 12 de marzo de 2024, 236/2024 Rec.. 10924/2023 "...El incremento está justificado por razones de estricta justicia pues las lesiones dolosas(en este caso la muerte) tienen un plus de aflicción que las causadas por imprudencia. En casos dolosos la jurisdicción penal no tiene limitado normativamente el quantum indemnizatorio, dado que lo que se indemniza son las consecuencias perjudiciales debidas a una acción criminal dolosa, que sin duda comporta un claro plus de perversidad y la consiguiente acentuación del daño moral en quien lo padece ( SSTS 195/2017, de 24-3 ; 181/2017, de 22-3 )...".

c) Aplicación al supuesto concreto

Dentro de las peticiones del MºFiscal y de la Acusación Particular, la prueba valorada por el Magistrado, se basa en los siguientes datos acreditados:

La víctima tenía un hijo, que era Balbino, nacido el NUM027-2007 (libro de familia, ac 44) y que por lo tanto en el momento de los hechos tenía 15 años de edad, si bien en el momento del acto del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Ni Higinio ni la madre de Julián, atendían en debida forma al entonces menor por lo que fue dejado al cuidado de terceras personas, pero manteniendo relación afectiva y comunicación entre padre e hijo (ac 255, 599).

El entonces menor fue declarado en desamparo de urgencia con acogimiento residencial por resolución de 6-5-2019 ratificada por resolución de 24-8-2019, manteniendo como modalidad de ejercicio de su guarda tutela, el acogimiento residencial formalizado en los Pisos de Acogida gestionados por la Fundación DIRECCION009, y en el informe de 21.6.2023 de Fundación DIRECCION009 se reflejaba el grado de vinculación de Higinio con su hijo y así se indicaba que:

"Durante el tiempo que Julián ha estado en protección, se ha observado como reconocía a su padre como el único vínculo disponible, estable y de referencia con su familia.El menor compartía con él sus preocupaciones y acudía a él en el momento en que tenía necesidad, obteniendo siempre una respuesta a su petición adecuada.

A su vez el progenitor se mantenía en constante comunicación con el equipo del piso de protección,adoptando la misma línea educativa con Julián y mostrando su preocupación por cualquier cosa que tuviera que ver con su hijo".

En base al informe psicológico de la Fundación DIRECCION009 se acreditan los daños psicológicos causados al menor por estos hechos, y que sufrió un retroceso en la intervención psicoeducativa que se venía realizando, así como una pérdida de habilidades y aumento del retraimiento, factores perjudiciales por el momento evolutivo en el que se encontraba.

Debemos insistir tal y como se hace en la Sentencia recurrida, que el Baremo de circulación no es vinculante en delitos de naturaleza dolosa como el que es objeto del recurso, y habiéndose acreditado, no solo el vínculo familiar de la víctima sino afectivo, con su hijo y viceversa, así como que la madre no atendía al hijo, el daño moral queda acreditado; así como el perjuicio psicológico del menor (informe de la Fundación DIRECCION009,) que es difícilmente cuantificar, en contra de lo alegado por la parte recurrente; razones por las que estimamos totalmente proporcional la cantidad establecida en concepto de responsabilidad civil para el hijo de la víctima.

QUINTO:- COSTAS PROCESALES.

Conforme con lo previsto en el artículo 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

PRIMERO:- MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE APELACION

= La Representación procesal, del acusado D. Luis María, solicita mediante el recurso de apelación interpuesto, que se anule la Sentencia dictada en el procedimiento, procediendo a ordenar la repetición del Juicio o, subsidiariamente, para el caso de no admitirlo, con estimación del resto de los Motivos de Apelación se proceda a dictar Sentencia por la que se acuerde la reducción de la pena impuesta a mi representado a la pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato y de 1 año de prisión por el de tenencia de armas, articulando el recurso en los siguientes motivos:

Primero: -Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts 846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

Tercero: -Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

= La representación procesal del acusado D. Juan Carlos, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia por la que:

1º Declare haber lugar a la estimación del primer motivo de apelación declarando haber lugar a nulidad y ordenando la repetición del juicio.

Subsidiariamente y para el caso de no apreciarse el anterior motivo,

2º.- Aprecie la indebida aplicación de la agravante de ensañamiento conforme a lo solicitado en el segundo motivo de apelación.

3º.- Declare expresamente la vulneración del principio de presunción de inocencia.

4º.- Establezca las penas en su grado mínimo.

Articula los siguientes motivos:

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

= La representación procesal de la acusada Dª Adela, solicita mediante su recurso, que se dicte Sentencia, que:

1º-Declare expresamente haberse vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a mi representada el art. 24.2 de la CE.

2º- Revoque la Sentencia recurrida y dicte otra por la que se absuelva a Adela de los delitos de asesinato con alevosía y enseñamiento por los que ha sido condenada y penas accesorias, así como se le absuelva del delito de tenencia ilícita de armas, con todos los pronunciamientos favorables, absolviéndola de la condena al pago de responsabilidad civil alguna, así como de la condena en costas que le ha sido impuesta.

3º.-Subsidiariamente, de entenderse existe participación alguna de Adela en la comisión de los hechos delictivos, deje sin efecto la condena de Adela como coautora de un delito de asesinato, elimine para ella las circunstancias de alevosía y enseñamiento que indebidamente se le aplican, adecúe la calificación de los hechos a ella imputables según la participación real que se le impute por la Ilma. Sala y se limite la condena en razón a la participación que se le impute como mucho en calidad de cómplice y por un delito de homicidio, en ningún caso de asesinato, imponiendo la condena adecuada a su grado de participación en los hechos.

En cuanto a la responsabilidad civil, interesamos se revoque la cantidad de 200.000 euros a favor del hijo de la víctima, y se determine conforme a lo expuesto en el motivo quinto de nuestro recurso.

4º- Declare expresamente no haber lugar a la imposición en costas de mi representada por este recurso de apelación.

Articula el recurso en los siguientes motivos:

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. - se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indicarán. vulneración del art. 138.1 del CP.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los artículos 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

SEGUNDO:- RECURSO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÖN PROCESAL DE D. Luis María

1-Pimer Motivo:-Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 846 bis c) A de la LECr, por vulneración de los artículos 61 y 70 de la LOTJ y del art. 117 de la CE, al haberse extralimitado el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba en la sentencia.

a) Alegaciones de la parte apelante:

La parte apelante afirma al respecto, la dependencia entre el acta del Jurado y la sentencia que finalmente ha de dictarse, no pudiendo esta última exceder o variar en lo sustancial el contenido de aquélla, que le sirve como base, aun cuando el Magistrado Presidente no deba limitarse a una mera recepción formal de lo indicado por los Jurados; señalando, que la sentencia objeto de impugnación incurre en infracción procesal al haber incluido en su fundamentación y valoración jurídica determinadas pruebas que no fueron valoradas por el jurado en su veredicto, lo que sucede en los puntos 4 y 5 del veredicto.

- En el punto cuatro, alega, que el Jurado motiva su decisión en la Declaración Forense de D. Victor Manuel y Dña. Adelaida y, en concreto, en una manifestación vertida en el minuto 42 de la grabación; sin embargo, el Magistrado Presidente no se limita a valorar el informe del IML, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados, dando así una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto, lo que supone una extralimitación de su función.

- En el punto quinto, alega que el Jurado motiva su decisión, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio NUM010); y el Magistrado Pte., en las declaraciones de los acusados y en un informe de la Guardia Civil, que no han sido tenidas en cuenta para tomar la decisión por el jurado, no recogiéndose en el acta, dando el Magistrado en la conclusión que alcanza, una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función; por lo que solicita la anulación de la Sentencia.

b) Doctrina Jurisprudencial

En la reciente STS de 2 de julio de 2025, Rec 10539/2024, se afirma:

"Destaca esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2020 de 15 Oct. 2020, Rec. 93/2019 que:

"El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta", y la jurisprudencia ha destacado esa especial característica.

....en la STS 72/2014, de 29 de enero , dijimos que "(...) El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente,lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable (...)".

La expresión "sucinta" también tiene relación con la propia extensión de la motivación. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción ( STS 1775/2000, de 17 de noviembre ). La STS 1825/2001, de 16 de octubre , declara que no puede exigirse exhaustividad a los jurados, legos en derecho, pues la motivación es calificada por la ley como "sucinta" y la STS1069/2002, de 7 de junio, expresa que el sistema de enjuiciamiento por jurado impone un estándar de motivación menos exigente, dada la calidad no técnica y la falta de experiencia de los integrantes del tribunal.

Por último, conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por qué unos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

La motivación de la decisión del Tribunal del Jurado no se contiene en un único documento.

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

Y completamos esta "exigencia limitada de motivación al jurado" en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 72/2014 de 29 Ene. 2014, Rec. 10865/2013 .

Es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la LOTJ impone al jurado y el que exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación ( art. 61.1 d) LOTJ ); es que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente, lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a la decisión.Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sintética las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.La imposibilidad real y la inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos y componentes del proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica como son unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al Jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y razonable..".

c)- Aplicación al supuesto concreto.

Por parte del Jurado se consideró por mayoría de 7 probado el siguiente objeto de veredicto:

"4 A) (...) En tal lugar apartado al que se había conseguido llevar a Higinio, con el pretexto de pagarle la deuda de Juan Carlos, se acometió por Luis María y Juan Carlos a Higinio con ánimo de causarle la muerte, por sorpresa y con ventaja, con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara, al menos con una piedra u objeto contundente,llegando a producir más de 20 heridas en cabeza y cara de Higinio, sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario, hasta que finalmente recibió un disparo en la nucacon un arma de fuego del calibre 32 que le causó la muerte, disparo que se realizó por uno de ellos dos en el modo en que habían acordado ejecutar, actuando ambos de común acuerdo en su realización.

Adela permaneció en el vehículo."

- Motiva el Jurado al respecto tal afirmación sobre la base de lo siguiente:

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) '"En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo, sometieron a la víctima a un dolor innecesario."

El Magistrado Pte., tal y como se recoge al folio 66 a 71, de la Sentencia a los que nos remitimos, complementando la valoración del Jurado, como exige su deber de motivación, a continuación, valora el contenido de los 3 informes emitidos (preliminar, anticipado y definitivo) por el IML y ratificados en el acto del Juicio por los médicos forenses, la naturaleza de las lesiones o heridas (22) ocasionadas por Luis María y Juan Carlos a la víctima, tanto antes de la muerte como después, y las razones de su distinción, así como la localización del proyectil en el cerebro de la víctima una vez realizada la autopsia, destacando " se golpeó retiradamente la cabeza y el cráneo" ; "las heridas que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); sobre el sufrimiento se indicó que, eso se produce si primero piedra (golpes) y luego disparo (46:52, 5ª vg)." "las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg)."

El punto 4 del veredicto, hay que ponerlo en relación con el resto de los puntos que se contiene en el mismo, y a tales efectos con el punto 8, al que la parte no hace referencia, en el que el Jurado consideró por unanimidad probado el siguiente objeto de veredicto:

"8.- El cadáver presentaba en cráneo y cara múltiples heridas contusas (más de 20) que tienen características de vitalidad,que afectaban al tejido dérmico y subcutáneo, llegando en ocasiones al plano óseo, sin tener características de ser heridas mortalescomo:... Enumerándolas a continuación (folios 105 y 106, motivando el hecho, en el informe forense de 8 de febrero de 2024 EP NUM011,y en el Informe fotográfico de la autopsia. Anexo III. Acta NUM012. Páginas de la 3 a la 10. Informes que certifican la vitalidad y presencia de las más de 20 heridas encontradas en el cadáver.

Por ello, la frase emitida por el Médico Forense en el juicio que se resalta en el punto 4, hay que ponerla en contexto, y que en conjunción con esos otros extremos hace que el Jurado deduzca, que los acusados sometieron a la víctima a un dolor innecesario.

El Jurado ha emitido de forma sintética las pruebas no siendo necesario señalar todos los medios de prueba tomados en consideración que han determinado su convicción, de manera que puede controlarse su razonabilidad, tal y como hace el Magistrado Pte., y exige la Doctrina Jurisprudencial; habiendo valorado también expresamente las declaraciones de los acusados en otros puntos, con especial relevancia del tercero en el que las valora con otros medios probatorios, y entre ellos, las declaraciones de los acusados en el juicio oral, para explicar, que los tres actuaron en ejecución de un plan preconcebido.

El Magistrado Pte., valora asimismo las declaraciones de los acusados como elementos incriminatorios (folios 72, a 76), que el Jurado, ateniéndonos a la descripción del hecho, ha valorado, aun cuando no lo expliquen de forma expresa, para llegar a su motivación.

El Magistrado Pte. cumpliendo con el deber de motivación que el Art. 120.3 de la CE le impone, relaciona la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, con las versiones contradictorias, que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, específicamente en relación con las heridas:

Luis María y Juan Carlos, se incriminan mutuamente en relación a quien efectuó el disparo, y Adela, que permanecía en el vehículo, declara en el juicio, que: "Estaba apoyada en el cristal, cerrado, vio pasar algo por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio y a Luis María y de repente Higinio se agacha, las luces apagadas pero algo se veía estaba cerca pasan al lado y los ve, por ese orden y Higinio se agacha e Luis María hace gesto "así" (gesticula) iban caminando los tres en fila Juan Carlos de espalda a Higinio que se agacha e Luis María (de arriba) fogonazo...y nervios y perdió noción de lo que pasaba (4:06:26, 6ª vg); se incorpora un poco y ve por la ventanilla cara girada hacia la derecha (4:11:16, 6ª vg)." "No sabe cuando las heridas, allí no hubo agresión, no heridas..." e Luis María y Juan Carlos, que no hubo agresión.

Resulta acreditado, que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida del mismo, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- A continuación, como hemos hecho constar en el apartado relativo a las alegaciones de la parte apelante, afirma, que en el Punto 5 del Veredicto, el Jurado motiva su decisión, de forma exclusiva, en tres mensajes de audio (audio 07/08/22 NUM008; audio NUM009; audio PTT NUM010); y que sin embargo, el Magistrado Presidente en la valoración de la prueba no se limita a recoger y valorar esos audios, como debería haber sido el caso, sino que añade una valoración de las declaraciones de los acusados y un informe de la Guardia Civil, alcanzando en la conclusión una valoración autónoma de pruebas no contenidas en ese punto del veredicto lo que supone una extralimitación de su función.

En el punto 5, del objeto de veredicto el Jurado considera por unanimidad, que: " El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho."

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas.";motivando que en el Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla"; en el Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él";y en el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos " miedo a fallar''

En los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

El Magistrado Pte. cumpliendo con su deber de motivación, valora las declaraciones de los acusados, que ofrecen versiones contradictorias sobre el arma de fuego, y coinciden en que los tres carecen de licencia de armas.(folios 78 a 81)

La explicación del Jurado se deduce de las declaraciones de los acusados, contenidas en los audios y del reconocimiento por los mismos de la carencia de permiso.

La valoración por el Magistrado del Informe de la Guardia Civil, no añade nada nuevo, porque dicho informe señala que "...no les figura en la base como titulares de armas de fuego en el periodo descrito ni en ningún otro".

- En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto, y de que la parte no hace referencia a la indefensión derivada de la infracción procesal denunciada, el motivo debe ser desestimado.

2- Segundo Motivo-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts.846 bis c) A de la LECr. por vulneración de los arts. 24 y 120.3 de la CE.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma por la misma, que existe en la Sentencia una clara falta de motivación de los hechos considerados probados por los miembros del Jurado, derivado de una defectuosa proposición del objeto del veredicto por parte del Magistrado Presidente, siendo en esta fase donde precisamente se ha quebrado el derecho a la tutela judicial efectiva, conduciendo ello a la falta de motivación del veredicto.

Y con relación al Hecho probado cuarto (punto 4 del objeto de veredicto, que hemos reproducido en el primer motivo y al que nos remitimos), afirma, que desde el momento en hace recaer la esencia de esta agravante en el número de heridas, ya está condicionando el parecer de los miembros del Jurado que, sin conocimientos legales, relacionan el numero con la consecuencia de aumento consciente del padecimiento de la víctima.

Seguidamente trascribe la parte apelante la Doctrina Jurisprudencial sobre la agravante de ensañamiento, y de la concurrencia de los dos elementos, (objetivo y subjetivo), para terminar afirmando, que el elemento subjetivo debe intentar acreditarse mediante un juicio de inferencia, solicitando la nulidad del punto cuatro, por falta de motivación en relación al elemento subjetivo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme se afirma en la STS de 2 de julio de 2025 Rec. 10539/2024:

Hemos señalado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 66/2024 de 24 Ene. 2024, Rec. 10705/2022 que: "Se puede tratar de vulneración de las normas y garantías procesales ocasionando indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación,por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel,habiéndose denunciado quebrantamiento de normas y garantías procesales que causaren indefensión cuando se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación, por la existencia de defectos en el veredicto por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y defecto en todo caso en la proposición del objeto de aquel."

Y se añade que:"Aún en los casos en que no sea necesaria la previa reclamación de subsanación por conllevar la infracción vulneración de un derecho fundamental, en todo caso sí debe serlo la protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada, dado que el último párrafo del artículo 846 bis c) no contempla excepción de ningún tipo en dicha exigencia ( SSTS 257/2019, de 22 de mayo ; 24/2016, de 28 de enero ; 1145/2006, de 23 de noviembre ).

-A su vez, La STS de fecha 24 de enero de 2019 Rec. 10.467/2018 afirma, al respecto: "...esta Sala ha destacado también que la intervención de las partes en la conformación del Objeto del Veredicto es esencial hasta el punto de que no es admisible que éstas no objeten deficiencias en su redacción en el momento procesal idóneo para su corrección y que posteriormente pretendan la nulidad del juicio por las deficiencias que no fueron puestas de manifiesto en tiempo oportuno.

A ello se refiere la STS 454/2010, de 10 de junio , en los siguientes términos: "[...] El propio art. 846 bis c) a) contempla como quebrantamiento de las normas y garantías procesales el defecto en la proposición del objeto del veredicto, siempre que de ello se derive indefensión, y no podemos olvidar -dice la STS. 487/2008 de 17.7 - que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto,el Legislador no ha excluido a las partes,muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndolesigualmente responsables de su contenido,en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ , pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral.La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo.La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de formadel que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia [...]" (En igual sentido SSTS 14/10/2002 , 196/2007, de 9 de marzo , entre otras)...

c) Aplicación al caso concreto:

Examinadas las actuaciones, esta Sala ha podido comprobar que en la Audiencia a las partes antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto ( art. 53 de la LOTJ) , la parte ahora apelante, así como las defensas de los otros dos acusados, solicitaron la inclusión en el punto 4, de una precisión sobre las consecuencias del disparo, y si el corazón seguía latiendo.

El magistrado Pte. la rechazó y se causó protesta.

Pues bien, ahora no se refiere a la redacción defectuosa del elemento objetivo del ensañamiento, sino en cuanto al elemento subjetivo; extremo que no cuestionó en el momento oportuno, ni por lo tanto causó protesta, no cumpliendo de ese modo con el requisito que para la admisión del recurso en relación al motivo analizado exige el art 846 bis c, último apartado en relación al 846 bis c a).

Con esto sería suficiente para la inadmisión del motivo.

Ello no obstante, queremos añadir que el Magistrado dio las oportunas instrucciones al Jurado sobre la agravante específica de ensañamiento, sin que se haya denunciado parcialidad.

3- Tercer Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) B de la LECr por vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, e indebida aplicación del artículo 139.2 del CP.

a) Alegaciones de la parte

Afirma la parte, que el punto cuatro del veredicto es nulo por falta de motivación del mismo; que la motivación del Jurado entra en contradicción con lo señalado en el Informe Forense, de 9 de mayo de 2024, suscrito por el mismo forense D. Victor Manuel y por Dª. Adelaida en el cual se recoge textualmente:

"(...) 3.- En relación con la anterior, si las lesiones que presentaba el fallecido en la cabeza a las que se hace referencia que se produjeron en vida del mismo, pudieron producirse tanto antes como después de alojarse en el cráneo el proyectil referido.

Estas heridas se han descrito como antemorten al tener signos de vitalidad. Sin embargo, al no poder precisar el tiempo de supervivencia tras el disparo en la cabeza, no se puede determinar con exactitud si se produjeron antes o después de dicho disparo, pudiendo asegurar solamente que fueron hechas cuando la función cardiaca estaba todavía presente."; la opinión personal del médico forense en relación a como se produjeron las lesiones no viene corroborada por ninguna otra prueba, siendo incluso que, en su propio informe, señala la imposibilidad de determinar si las lesiones con signos de vitalidad fueron anteriores o posteriores al disparo; que el razonamiento de la Sentencia para considerar acreditado el ensañamiento es manifiestamente insuficiente, ya que la mera persistencia de actividad cardiaca o de circulación residual no implica existencia de sufrimiento humano, que requiere integridad funcional del sistema nervioso central.

b) Jurisprudencia de aplicación

En resumen, de la Doctrina Jurisprudencial expuesta por el Magistrado Pte a la que nos remitimos, el ensañamiento conlleva un mayor reproche antijurídico (elemento objetivo) y un incremento de culpabilidad (elemento subjetivo), y se revela una mayor gravedad del injusto mediante la adición de otros males. Así en el caso de la muerte el de producir dolor innecesario a la víctima, lo que también equivale a asumir una concepción mixta de dicha agravante.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su deseo de causar un mal mayor a la víctima.

c- Aplicación al caso concreto:

La parte recurrente basa el motivo en la insuficiente motivación del veredicto punto 4, y asimismo en la insuficiencia del razonamiento de la sentencia.

El punto cuatro del objeto de veredicto, ha sido reiterado por la parte en los motivos anteriores, y hemos resuelto la ausencia de infracción procesal por valoración de otras pruebas por el Magistrado, porque es su deber valorar todos los elementos incriminatorios y asimismo cumplir con su deber de motivación; cuando al Jurado no se le debe exigir señalar todos los medios de prueba tomados en consideración, ni todo el itinerario mental, sino una explicación sucinta, siempre y cuando pueda controlarse la racionalidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal.

Hemos inadmitido, el segundo de los motivos por razones a las que nos remitimos.

Y ahora se cuestiona la motivación del Magistrado.

-Pues bien, en contra de lo alegado, después de analizar la prueba pericial del IML, en relación al fallecimiento inmediato como consecuencia usual de un disparo inmediato (folio 144); el Magistrado analiza la vitalidad de las lesiones, y la explicaciones del médico forense, al afirmar, que se golpeó reiteradamente la cabeza y cráneo de Higinio, hay 22 heridas, y que al hacer el examen se distinguen las ante mortem y las post mortem con sus características concretas (16:59, 5ª vg); que asimismo informó, que las heridas vitales producen sangrado e inflamación, eso indica que está clínicamente vivo, que no es consciencia, es función cardiaca y respiratoria, las heridas que se producen después de la muerte no presentan sangrado o es poco y es por el acumulado que salen y no presentan fenómenos inflamatorios (17:48, 5ª vg); si hay varias heridas vitales hay que pensar que se produjeron antes (40:10, 5ª vg); El cadáver de Higinio presentaba hasta 22 lesiones en la cabeza distribuidas en diferentes zonas, heridas que el médico forense indicó que las que se producen en el cráneo son heridas muy dolorosas, muy sangrantes y mucho sufrimiento (44:40, 5ª vg); y que Higinio murió sufriendo por heridas, si primero fue la piedra y luego el tiro (46:52, 5ª vg)... Esas heridas se produjeron con objetos contundentes y así indicó -tras exhibición de la piedra con los restos biológicos de Higinio - que esa piedra perfectamente podía hacer ese tipo de lesiones por tener bordes finos pero en el cráneo aunque fuera la piedra más roma también puede producir heridas lineales.

A continuación, el Magistrado contrasta las versiones de los acusados con otros datos que ofrece el procedimiento, para llegar a la conclusión (folios 153 a 155), que: " En base a la prueba desarrollada se debe concluir entendiendo que se produjeron las lesiones antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo,muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Todas las lesiones del cráneo eran ante mortem y eso es que el corazón latía, que había una vitalidad al menos clínica y se diferencias del resto de las del cuerpo que no presentaban esa característica.

Pero también cabe concluir que lo usual y general es que el disparo en la cabeza produce una muerte muy rápida, pero puede haber supervivencia aunque sea de minutos, aunque sea clínica con función cardiaca y respiratoria pero no consciente, por lo que lo excepcional es permanecer con vida aunque inconsciente.

En esta situación de excepcionalidad de vida, una vez que Higinio ha recibido el disparo y tiene el proyectil en el cerebro, es cuando deben analizarse las versiones de los acusados, en un momento en el que -incluso más beneficioso para los acusados-, Higinio está moribundo y se debe entender según su versión que es golpeado, es decir ya inerte e inconsciente, pero vivo.

Pero como se ha visto, las diferentes versiones se desmoronan, no se sostienen, son versiones contradictorias con un único elemento en común repartir la responsabilidad de los golpes a los otros;..." valoración racional y lógica que esta Sala comparte plenamente.

= En el supuesto de autos la conclusión alcanzada por el Jurado, basada en la prueba de cargo practicada, valorada por el mismo y complementada por el Magistrado Pte. es lógica, razonable y coherente, con el resultado de la prueba de cargo practicada debidamente y exhaustivamente motivada, con todas las garantías legales y constitucionales; por cuanto como es Jurisprudencia constante: "...la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él de suficiente contenido incriminatorio. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y, en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. ( STS, de 21 de julio de 2025, Rec 10496/2024)"

- Como ya hemos anticipado, es Jurisprudencia constante que ya hemos recordado ( STS 530/2024, de 5 de julio), "el ensañamiento requiere un elemento objetivo constituido por la acusación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima; y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. En la medida que el sujeto no suele exteriorizar su propósito, este segundo elemento puede inferirse racionalmente de los actos objetivos que han concurrido en el caso (entre otras SSTS 1554/2003 de 19 de noviembre , 357/2005 de 20 de abril , 147/2007 de 19 de febrero , 713/2008 de 13 de noviembre , 66/2013 de 25 de enero ; 489/2015 de 16 de julio , 707/2015 de 13 de noviembre , 535/2016 de 17 de junio , 161/2017 de 14 de marzo ; 271 de 6 de junio ; o 728/2023, de 4 de octubre )."

El relato fáctico contenido en los hechos probados con fundamento en el objeto del veredicto y con especial relevancia de los puntos 4 y 8, se subsumen jurídicamente en la circunstancia agravante específica de ensañamiento del art. 139.1.3º; por lo que no puede estimarse la infracción de precepto legal denunciada.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado, no solo en cuanto al vulneración de la presunción de inocencia, sino también en cuanto a la indebida aplicación del art. 139 del CP,

- Cuarto Motivo:Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los arts. 846 bis c) B de la LECr por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el art. 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al art. 66 del CP.

a)- Alegaciones de la parte:

Afirma la parte, en cuanto a la individualización de la pena a imponer, que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho; que en el caso presente la sentencia de instancia justifica la imposición de penas distintas a los acusados basándose en dos cuestiones:

La existencia de antecedentes penales, y las manifestaciones de los audios que han sido aportados como prueba en el procedimiento no venían referidos a los delitos por los cuales se vertían las acusaciones sino a otro distinto; y que tal imposición debe entenderse, en todo caso, desproporcionada y mal motivada en base a lo siguiente: la motivación es conjetural, la sentencia agrava la condena de Luis María por el delito de asesinato apelando a su viaje a DIRECCION008 que "hace factible que buscaran un arma", además de "buscar droga", sin integrar esos extremos en el factum del veredicto ni explicitar su incidencia graduatoria en la pena dentro del artículo 66.1.6 del CP, no pudiendo incorporarse hechos nuevos; y se realiza un uso de antecedentes para una agravación encubierta de la condena, antecedentes de naturaleza heterogénea (violencia de género; tráfico de drogas) como soporte de un mayor reproche para Luis María, sin justificar por qué dichos antecedentes agravan el asesinato concreto ni cómo superan la regla de que sólo son relevantes las circunstancias del hecho y del autor debidamente motivadas; y que existe un desnivel no justificado entre las condenas de los coacusados: se fija en la misma franja (20-25 años de prisión) pero sin exteriorizar por qué son 23 para Luis María y 21 para Adela, más allá de fórmulas abiertas, ni por qué Luis María debe recibir más que Adela si la autoría del crimen se declara conjunta y la aportación típica descrita no se desglosa con precisión que justifique 2 años adicionales; y que el salto a 23 años impuesto a Luis María exige razones específicas vinculadas al hecho (mayor plan, mayor dominio funcional, mayor crueldad adicional, etc.), pero la sentencia no concreta ese plus individual respecto de Luis María que justifique el mismo.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Conforme a la STS de 12 de noviembre de 2021 Rec.: 5313/2019, entre otras muchas: "...1. El art. 72 CP pretende que el Tribunal razone en la sentencia el grado y extensión concreta de la pena que se impone, lo que requiere, desde un punto de vista general, que el Tribunal determine la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos ( STS. 703/2006, de 3 de julio ). La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.

Conforme expresábamos en la sentencia núm. 539/2018, de 8 de noviembre , en orden a la motivación de la pena, " esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril ) la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena,en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)"."

Ello no obstante, en ocasiones ha recordado esta Sala (SS 27.9.2006 y 11.04.2018 ), la doctrina del Tribunal Constitucional que, interpretando los arts. 24 y 120 CE ha señalado que "una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87 , 152/87 y 174/87 ), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado."

Igualmente hemos admitido que la motivación de la individualización punitiva puede deducirse del conjunto de la resolución, no siendo necesaria la vinculación formal a un apartado específico de la resolución. Lo relevante es que en la sentencia consten las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho que justifica la imposición de la pena en la extensión adecuada ( SS. 1590/2003, de 22 de abril de 2004 , y 898/2006, de 18 de septiembre )..."

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto, no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer."

c) Aplicación al supuesto concreto

La Sentencia condena a cada uno de los tres acusados como coautores de un delito de asesinato del art.139.1. 1º y 3º y 139.2 del C.P y art.140 bis 1 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,procediendo la imposición de las penas siguientes: por un delito de Asesinato con alevosía y ensañamineto

A Luis María procede fijar la pena de 23 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Juan Carlos procede fijar la pena de 24 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

A Adela procede fijar la pena de 21 años de prisión,con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art 41 y 55 CP) .

- El marco legal en concreto, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2, es de 20 a 25 años, y dentro de este marco debe atenderse al art. 66.1.6ª CP que permite la imposición de la pena "...en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Al ahora recurrente se le ha impuesto una pena de 23 años, atendiendo como circunstancias personales a que sí bien no cuenta con antecedentes penales susceptibles de ser considerados a efectos de reincidencia, ha sido condenado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud; y en otra sentencia por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, cometido el 7-8- 2017. Es decir, por su relación con el mundo del tráfico de sustancias estupefacientes.

Esta Sala entiende que aun cuando el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

TERCERO: RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE D. Juan Carlos

Primero:-Infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) A de la LECr. , por vulneración de los artículos 61 y 70 de LOTJ y del artículo 117.3 de la CE, al haberse extralimitado, el Magistrado-Presidente, en la valoración de la prueba en la sentencia.

El presente motivo, reproduce literalmente los términos del primero de los motivos de los interpuestos por la representación procesal del acusado D. Luis María, razón por la que para dar respuesta al mismo, nos remitimos al Fundamento de derecho anterior, primer motivo, (folios 19 a 31) no siendo de lógica reproducir la ya expuesto en el mismo, para desestimarlo nuevamente.

Segundo:-Infracción de los arts. 139.1º y 3º y 140 del CP, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado b) de la LECr. Falta de concurrencia de la agravante de ensañamiento. Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos.

a)Alegaciones de la parte:

Sostiene la parte, que, del relato de hechos probados emitido por el Jurado, no resulta acreditada la concurrencia de los elementos típicos exigidos para apreciar tal circunstancia; que al no resultar posible determinar con certeza si los golpes se produjeron con anterioridad o posterioridad al disparo, no puede afirmarse la existencia de un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, tal como exige la doctrina y la jurisprudencia, porque para su apreciación, resulta necesario que la víctima se encuentre consciente; que los golpes descritos, en todo caso, se encuentran ya subsumidos en la alevosía apreciada, sin que resulte procedente una doble valoración de los mismos. La mera inclusión en el relato de la frase "sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario" no resulta suficiente, por si sola, para fundamentar la existencia de ensañamiento, al faltar la constatación objetiva y clara de los requisitos exigidos por la norma de aplicación, y el Jurado fundamenta su decisión en la declaración de los médicos forenses.

A continuación, que para alcanzar tal veredicto, procede analizar el Fundamento de Derecho Tercero, en el que se realiza la calificación jurídica y se procede a la valoración de la prueba; que el punto desde el que se parte por el Magistrado-Ponente, es la aseveración de que los efectos de un disparo en la cabeza a escasa distancia son de carácter letal, afirmando además "por lo general, de carácter inmediato".; pero, sin que pueda afirmarse, que dicha muerte se produzca, de manera general, de forma inmediata, como ha quedado acreditado.

En consecuencia, la afirmación de que lo habitual es el fallecimiento inmediato o prácticamente inmediato debe considerarse errónea, a lo que añade, que las declaraciones de los acusados no fueron tenidas en cuenta por el Jurado a la hora de alcanzar el veredicto.

Por lo expuesto solicita la nulidad del punto cuatro del veredicto por falta de motivación

- Como puede observarse a simple vista, de la lectura de las alegaciones expuestas por la representación del acusado D. Juan Carlos, las mismas son coincidentes con las expuestas por la representación de D. Luis María, cuando la representación de D. Luis María en el segundo de los motivos solicitaba la nulidad del punto cuatro del veredicto, por las mismas razones ahora esgrimidas, y en el tercero para denunciar la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de precepto legal Art. 139.1 3º.

A ambos motivos hemos dado respuesta en el fundamento de derecho anterior (folios 32 a 40) a los que nos remitimos para evitar su reiteración.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, por los mismos argumentos.

Tercero:-Vulneración del art. 24 CE en relación con el art 70.2 de la LOTJ, al amparo de lo dispuesto en el art. 846 bis c) apartado a) de la LECr

a)Alegaciones de la parte:

Alega la parte, con remisión a lo expresado en los motivos anteriores articulados por la misma, que el deber del Magistrado-Presidente, al dictar sentencia, es desarrollar el contenido de la sucinta explicación ofrecida por el Jurado, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por éste y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos, conforme a lo exigido por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, en los términos del artículo 70.2 LOTJ. Dicho desarrollo debe tener como único objeto determinar si la prueba aludida por el Jurado es suficiente para integrar prueba de cargo bastante; que la argumentación de la sentencia respecto de la agravante de ensañamiento no solo carece de solidez lógica, sino que resulta manifiestamente insuficiente para fundamentar un fallo condenatorio. Pretender extraer de dicha argumentación la existencia de prueba de cargo bastante constituye un conclusión arbitraria e insostenible, que vulnera de forma palmaria el principio de presunción de inocencia; que las pruebas a valorar por el Magistrado-Presidente han de ser las tenidas en cuenta por el Jurado, esto es, la declaración de los forenses en el acto de la vista y los informes que fueron ratificados en dicho acto y de

toda esta prueba sólo se pueden extraer dos conclusiones: La imposibilidad de saber si el disparo se produjo antes o después de las lesiones; y la certeza de que el disparo produjo un estado de inconsciencia; no existen elementos de convicción que sustenten la conclusión alcanzada en la sentencia, lo que determina la nulidad del fallo condenatorio por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Recordando lo ya expuesto con anterioridad, en esta misma resolución: STS, Penal sección 1 del 02 de julio de 2025, Rec: 10539/2024:

" ...El artículo 61.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , al describir la forma en que ha de extenderse el acto de la votación, en su apartado cuarto dispone: "Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a las siguientes...". Y añade, "este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados".

"....conviene también señalar que el artículo 61.1.d) de la Ley del Tribunal del Jurado dispone que en el Acta se indicarán los "elementos de convicción" tomados en consideración para hacer la declaración de hechos probados, lo que no significa en puridad relacionar los medios de prueba o las fuentes de prueba utilizados en el juicio fáctico, sino expresar la razón o explicación del juicio sobre la prueba, la justificación de por quéunos hechos han quedado o no han quedado probados ( STS 279/2003, de 12 de marzo ).

... Pero la explicación del Jurado debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos."

La motivación del veredicto, debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado- Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras) [..]".

c) Aplicación al caso concreto:

Al respecto debemos afirmar, que la sentencia recurrida, en contra de lo afirmado por la parte recurrente, en relación a la vulneración de la presunción de inocencia cuando justifica la circunstancia agravante especifica de ensañamiento, se ha fundamentado en una prueba de cargo, legal y constitucionalmente obtenida, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado ahora recurrente como se desprende no solo del punto 4 del objeto de veredicto sino también del punto 8; prueba racionalmente valorada que resulta homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el punto 4: "Los jurados han encontrado PROBADOS, y así lo declaran por MAYORÍA (7- 2) los hechos descritos en el escrito sometido a nuestra decisión.

Declaración Forense de Don Victor Manuel y Doña Adelaida (min 42.) ''En mi opinión personal: Es absurdo teniendo una pistola si con el primer disparo no lo has matado lo normal es darle otro, yo creo que matarlo a pedradas es poco lógico.''

Y ello, teniendo en cuenta la gran vitalidad de las numerosas heridas, las características antemortem de éstas y la opinión señalada anteriormente del perito forense con experiencia en este campo, concluimos que los reiterados golpes en cabeza y cara infringidos, previos al disparo,sometieron a la víctima a un dolor innecesario.".

- El Magistrado Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la LOTJ, en relación al art. 248.3 de la LOPJ, y con el deber de motivación que le impone asimismo el art. 120 de la CE. valora a tales efectos el informe del IML y la versión que ofrece el médico forense en su declaración en línea con los resultados de la autopsia, en relación con la versión que de la comisión de los hechos ofrecen los acusados, ahora específicamente en relación con las heridas.

Dichas heridas quedan acreditadas en el punto 8, con la precisión acreditada de: "sin tener características mortales"; y en el punto 9, "la causa de la muerte fue una herida craneal por arma de fuego...."

Tras el análisis pormenorizado y exhaustivo acerca del IML y de las declaraciones de los acusados, concluye sin lugar a dudas y sin prueba que lo desvirtúe: " Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente."

Los presupuestos de la circunstancia apreciada quedan colmados, por lo que el juicio de subsunción, resulta inobjetable, a partir de la secuencia fáctica que delimita el análisis que ahora hacemos, y en los términos que ha analizado el Tribunal del Jurado, y el Magistrado Pte. que conocieron con anterioridad de la causa.

El motivo debe ser desestimado.

Cuarto:-Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 846 bis c) letra b) de la LECr. por vulneración de los derechos de Tutela Judicial Efectiva, en los términos regulados en el artículo 24 de la CE, por desproporción y motivación insuficiente en la individualización de la pena en relación al artículo 66 del CP. Indebida aplicación del art. 66.1.6 Cp.

a) Alegaciones de la parte:

Pone de manifiesto la parte, que el fundamento de Derecho Sexto, relativo a la penalidad, viene a fijar distintas penas por el delito de asesinato para los tres condenados; sin embargo fija la misma pena a los tres por el delito de tenencia ilícita de armas, al mantener, que "siendo la pistola elemento determinante para causar la muerte de Higinio, es decir, se trata de un arma de fuego careciendo de los requisitos legales y precisamente para acabar con la vida de otra persona, siendo conocido de todos ellos la finalidad de la misma, por lo que la gravedad de su destino el asesinato, que es lo verdaderamente relevante en el presente supuesto, hace que la gravedad de la pena deba responder igualmente.".

Añade a lo anterior, que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y que el fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de la discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede proceder a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad.

Y por último, respecto del delito de conducción sin puntos; que se justifica la elección de la pena de prisión sobre los trabajos en beneficio de la comunidad alegando el nulo efecto que han tenido las anteriores sanciones impuestas con anterioridad. Para ello tiene en cuenta tres antecedentes penales por este mismo delito de los cuales:

.- La Ejecutoria 464/2021 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño ya ha sido tenida en cuenta para la reincidencia.

.- La Ejecutoria nº 114/2019 de Juzgado de lo Penal Nº 3 de Pamplona, se encuentra cumplida, puesto que el Sr. Juan Carlos fue condenado a multa que fue sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad que constan cumplidos en la hoja histórico-penal.

.- La Ejecutoria nº 104/2019 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Logroño se encuentra igualmente cumplida; siendo relevante indicar que, de los antecedentes expuestos, los dos últimos son cancelables de oficio y por tanto no habrán de tenerse en cuenta para agravar la condena, procediendo pues la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad solicitados por esta parte.

b)En cuanto a la Jurisprudencia de aplicación,nos remitimos a la ya recogida al resolver el cuarto de los motivos del recurso interpuesto por la representación del acusado Sr. Luis María, en el Fundamento de derecho anterior.

- A la que añadimos, que Conforme a la STS de 19-02-2025, nº 133/2025, rec. 10286/2024: " Es claro que las circunstancias personales del autor del delito no se limitan a la reincidencia en el sentido del artículo 20 CP (Cfr. Sentencia 233/2003 de 21 de febrero ); los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta, precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos, como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que lo realizó y también las circunstancias de todo tipo concurrentes; la motivación de la individualización de la pena requiere desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos (Cfr Sentencias 1426/2005 de 7 de diciembre y 145/2005 de 7 de febrero ); la gravedad del hecho a que se refiere este precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal infracción.Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando;estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer.

Las circunstancias personales del delincuente son aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica.Ni en uno ni en otro caso se trata de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ya que, en tal caso, su integración penológica se produce no como consecuencia de esta regla 6ª (antigua) regla primera del art. 66, sino de las restantes reglas (Cfr. Sentencia 480/2009, de 22 de mayo ... cuando se refiere a las circunstancias personales del delincuente, está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto, la edad de la persona, su grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en el cuerpo social,son factores que no sólo permiten sino que exigen modular la pena ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta, puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho, que debe ser medida no sólo con criterios cuantitativos sino también cualitativos (Cfr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio )....

c) Aplicación al caso concreto

El Magistrado Pte. impone al acusado ahora recurrente una pena de prisión de 24 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, mitad superior de la pena, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 del CP al concurrir dos agravantes especificas del tipo penal de asesinato por el que se le condena (alevosía y ensañamiento art.139 1.1ª, 3ª); que estima adecuada en atención a las circunstancias de naturaleza personal del delincuente; sin pronunciarse acerca de la mayor o menor gravedad del hecho.

Entiende que ha sido condenado entre otros delitos por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, si bien, sin repercusión en cuanto a la reincidencia (salvo en el delito por el que se le condena por conducir sin puntos); y que el hecho diferencial, además de las condenas acreditadas, es su relación con el mundo del tráfico de drogas, circunstancia de naturaleza personal que permite ser atendida para llevar a un mayor reproche penal, como en el caso de Luis María y no así en el caso de Adela, que carece de antecedentes personales.

Esta Sala considera que debemos aplicar al ahora recurrente lo que ya hemos dicho respecto de Luis María, que el delito de Asesinato por el que se le condena está relacionado con ese mundo del tráfico de estupefacientes, y motivado en concreto por la deuda de 12.000 a 15.000 € que el otro de los acusados, Juan Carlos, mantenía con la víctima; no podemos olvidar que por el contrario, en los puntos 14 y 15 del objeto del veredicto, el Jurado establece que ambos eran adictos al consumo de sustancias estupefacientes que no afectaba a su capacidad cognoscitiva ni volitiva en relación con los hechos, sin considerarse acreditado el consumo de sustancias estupefacientes en los momentos previos a los hechos, por lo que no queda acreditada la circunstancia atenuante de drogadicción.

No se ha tenido en cuenta ninguna circunstancia subjetiva para valorar su mayor peligrosidad en relación a la otra acusada, teniéndose en cuenta que actuaron en ejecución de un plan preconcebido; y tampoco se ha motivado atendiendo a la gravedad del hecho, con respecto a los tres coautores.

Esta Sala entiende por lo anteriormente expuesto, que no concurren razones suficientes para exasperar la pena más allá del límite mínimo legal, por lo que en atención a lo dispuesto en el art. 66,1.6ª, debe imponerse le la pena de 20 años, dentro del marco legal de 20 a 25 años, por la concurrencia de las dos agravantes específicas de alevosía y ensañamiento; razones por la que motivo analizado debe ser estimado; debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

- En cuanto a la pena impuesta por el Magistrado Presidente, en relación al delito de conducción sin puntos, previsto y penado en el art. 384.1 del CP en primer lugar, debemos decir, que constan en el apartado 11 del veredicto, las tres ejecutorias derivadas de sentencias condenatorias firmes por el mismo delito, estando dos de ellas pendientes de cumplimento; por lo que resultaría imposible en su caso la cancelación de oficio, de antecedentes penales.

Por otro lado, el delito ha sido cometido de manera continuada, conforme al art. 74 del CP; por lo que procede la imposición de la pena de prisión en la mitad superior cuyo marco legal es de 4 meses y 15 días a 6 meses.

Como se afirma en la sentencia recurrida, dentro de esta mitad superior, la existencia de los antecedentes penales relatados que son tres, hacen concurrir en la aplicación de la agravante de reincidencia, hace que la pena deba ser impuesta en el nivel superior, es decir 6 meses de prisión,

Pena que resulta proporcionada, compartiéndose con el Magistrado Presidente (folio 205), que ni la multa ni los trabajos en beneficio de la comunidad (penas impuestas en las tres Sentencias anteriores) han conseguido ningún resultado sobre la conducta de Juan Carlos que pese a todo ello sigue incumpliendo la norma, por lo que dada la desatención de la misma procede la imposición de la pena de prisión; razones que fundamentan la desestimación de este concreto motivo.

CUARTO:- RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE Dª Adela

Primero:-Al amparo de lo dispuesto en el art.846 bis, c), apartado d), por vulneración del principio constitucional de inocencia que ampara a Adela el art. 24.2 de la CE respecto del delito de asesinato por el que se le condena. Se impugna el veredicto del jurado como la relación de hechos probados de la sentencia en los extremos que se indican. Vulneración del art. 138.1 del CP.

a) Alegaciones de la parte:

Se afirma al respecto, que se le ha condenado como coautora del delito de asesinato, y esta admitido que no tuvo participación alguna en la ejecución material del delito en ningún momento, ni en la ocultación del cadáver, remitiéndose a la declaración testifical del Agente de la Policía judicial, NUM013 instructor y coordinador de los equipos interviniente; que no existe ni una sola prueba que vincule a Adela con la adquisición del arma utilizada, ni disponibilidad sobre la misma; Adela no se bajó en ningún momento del Peugeot con el que había viajado junto a Juan Carlos y Higinio, quedando en todo momento en el interior del vehículo; no fue autora del disparo; ni participó en la agresión con una piedra, no hay ni una sola prueba de la que pueda inferirse que Adela supiera con antelación que se iba a llevar a cabo semejante agresión, ni existe una sola prueba de la que se pueda inferir que Adela hubiera admitido semejante agresión, lo que determinará que sea inaplicable a la misma, la circunstancia de enseñamiento por el que se le condena como coautora del delito de asesinato; que tampoco existe prueba que acredite que tuviera conocimiento de que se iba a disparar; que no metió el cuerpo de la víctima en la furgoneta ni llegó a estar en la finca de los familiares de Luis María.

A continuación, analiza los hechos probados que afectan a Adela, que se declaran probados por el Jurado, y son analizados por el mismo, en concreto el haber preconcebido un plan junto con los otros dos acusados, y llevar a cabo una labor de vigilancia; añadiéndose en la sentencia un nuevo motivo de imputación, " la presencia de Adela en el Peugeot, sirvió para dar confianza a Higinio y para que no tuviera sospechas de la finalidad del viaje."; y después de trascribir las pruebas en las que se basa el Jurado, afirma, que los motivos de imputación son meras conjeturas; contradiciendo la valoración que de los medios probatorios se realiza (nos remitimos al escrito de recurso,(folios 6 a 11),relativos al geoposicionamiento de las terminales telefónicas de los tres acusados los días 24/7; 9/08 al mediodía y por la noche; mensajes entre Adela y su hija Belen; mensajes de Luis María a Adela; mensajes de Adela a Luis María, y la declaración del Agente TIP NUM014 del 12/5/2025 durante el Juicio oral; y concluye, no existe ni un solo acto cometido por Adela que le incrimine como coautora del delito de asesinato por el que es condenada.

Y en definitiva, que la sentencia califica a su defendida coautora del delito de asesinato, pese a no haber intervenido materialmente en la ejecución ni haber llevado a cabo acto colaborativo alguno ni contribución esencial a la comisión del delito; que tal calificación contraviene la doctrina jurisprudencial sobre la autoría compartida; que su conducta, de existir responsabilidad, que se niega igualmente, sería a lo sumo la de cooperadora necesaria o cómplice al margen de la ejecución; no existiendo prueba de cargo directa por lo que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la misma.

a) Doctrina Jurisprudencial de aplicación:

Partiendo de que la parte apelante niega la coautoría de su defendida, por la ausencia de prueba de cargo directa, y, solo meras conjeturas por lo que se ha vulnerado su presunción de inocencia, vamos a comenzar exponiendo la Doctrina del TS en relación a la coautoría, dado que la parte afirma que en la Sentencia se contraviene dicha Doctrina:

En la STS 25 de septiembre de 2025, Rec.1084/2023, en línea con la trascrita en la Sentencia recurrida de 23 de enero de 2025, y otras, se afirma: "... En efecto, para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en la fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo.La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en este caso respondería individualmente. Y además, superando las tesis subjetivas de la autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la causación del fin conjuntamente pretendido. No es necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues cabe una división de trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad; pero sí lo es que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación dominan conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción contemplada en el verbo nuclear del tipo.La consecuencia es que entre todos los coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho( SSTS 134/2017, de 2-3 ; 604/2017, de 5-9 ; 366/2020, de 2-7 ).

En este sentido la STS 984/2022, de 21-12 , recuerda:

"Son coautores todos quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo, aunque tal realización sea coordinada mediante fases ejecutivas confluyentes a un mismo fin.

La realización conjunta del hecho implica que cada coautor colabore en una aportación objetiva y causal eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto, sin que sea necesario que cada coautor ejecute por sí mismo todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización de este se llega por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas.

Dos son, por tanto, los planos en que necesariamente se apoya la apreciación de una coautoría:

a) la existencia de una decisión conjunta,elemento subjetivo, que puede concretarse en una colaboración previa realizada por los autores, con o sin expreso reparto de papeles,o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, cuando se trate de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o en todo caso, muy brevemente anterior a esta. Y puede ser expresa o tácita, la cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.

b) una aportaciónal hecho que puede valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, que integre el elemento objetivo apreciable, aunque el coautor no realice la acción nuclear del tipo delictivo( SSTS 413/2015, de 30-6 ; 185/2017, de 23-3 ).

Por ello, cuando varios partícipes dominan de forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores... la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo, sino también todos los que dominan de forma conjunta, dominio funcional del hecho ( SSTS 577/2014, de 12-7 ; 413/2015, de 30-6 ; 134/2017, de 2-3 )...."

c) Aplicación al supuesto concreto:

=Prueba de cargo practicada

Para dar por probado el punto 2 del veredicto, hecho segundo en el que consta que Adela conocía la gran inquietud, preocupación y temor que le generaba a su pareja, el acusado Juan Carlos, las consecuencias del impago de la deuda de 13.500 que insistentemente le estaba reclamando la víctima.

Tal hecho lo deduce el Jurado de los siguientes elementos probatorios:

Declaración de Juan Carlos en sala como acusado el día 15/05/2025 donde él mismo reconoce la deuda que tiene con Balbino.

Mensajes de Adela con su hija Belen el 08/08/2022 folio 15 Atestado NUM015 donde Adela manifiesta que Juan Carlos le hace responsable de parte de la deuda. ''Se ha comido el dinero''

Declaración en sala el día 15/05/2025 donde los acusados Adela e Luis María, reconocen la deuda que Juan Carlos tiene con la víctima.

Audio 09/08/22 NUM010 (05:23:04) ' Luis María habla con Adela sobre como Juan Carlos podría hacer frente a parte de la deuda mediante la venta de vehículos'' lo que hace a los 3 acusados conocedores de la deuda.

Audio 9/8/22 NUM009 (05:27:36) Este audio demuestra la inquietud que le provoca a Juan Carlos encontrarse con Balbino ''Confunde a Balbino con otros individuos e Luis María reconoce que Juan Carlos está emparanoiado''

Audio 9/8/22 NUM010 (05:32:22). En este audio, Adela reitera a Luis María el nerviosismo de Juan Carlos donde indica que ''está emparanoiado no, lo siguiente.''

Atestado Nº NUM016 folio 71, en el apartado 3, conclusiones del análisis del teléfono de Adela; se dice ' Adela conocía que su pareja sentimental Juan Carlos adeudaba una cantidad de dinero a Higinio Beckhat"

- El Jurado explica sucintamente su motivación, afirmando que: Teniendo en cuenta las declaraciones de los acusados en sala, los mensajes, los audios entre ellos y el atestado mencionado, hemos determinado como probado que los tres son conocedores de la deuda, la urgencia de la víctima por el cobro de ésta y la imperiosa necesidad de Juan Carlos de solucionar el problema" El Magistrado Presidente complementa la valoración, analizando las declaraciones de los tres acusados, y de los Agentes de la Guardia Civil, acerca de las llamadas y los audios, para concluir en la existencia de la deuda por tráfico de drogas, que aun cuando anterior a la relación con Adela, le reprocha pues según dice? "se había comido parte".

- En el punto 3, hecho probado tercero de la sentencia, el Jurado considera probado por unanimidad, que se decidieron a poner fin a tal situación y en ejecución de un plan preconcebido, en la tarde el 9-8-2022 Juan Carlos acordó una cita con Higinio, con la excusa de pagar la deuda que se iba a realizar gracias a la mediación de un conocido suyo que era Luis María en la localidad de DIRECCION002.

Para ello desde la localidad de DIRECCION003, Juan Carlos y Adela, utilizando el vehículo Peugeot 307 matrícula NUM002, pasaron por Logroño a recoger a Higinio y a continuación los tres en el mismo vehículo se dirigieron hacia DIRECCION002, llegando al lugar concertado con Luis María que era el cruce de la DIRECCION004 con la carretera de DIRECCION005 próxima a DIRECCION002, llegando sobre las 21.30 horas, donde les estaba esperando en el aparcadero allí existente Luis María con la furgoneta blanca matricula NUM003, propiedad de su hermano.

Al llegar al lugar Juan Carlos estacionó en paralelo de la furgoneta descendiendo del vehículo Juan Carlos y Higinio, entablando una conversación con Luis María sobre el pago de la deuda en el curso de la cual Luis María y Juan Carlos dieron muerte a Higinio, mientras Adela permanecía vigilante desde el interior del vehículo."

-El Jurado lo deduce de los siguientes elementos probatorios:

Datos de geolocalización de los teléfonos de los 3 acusados ubicados por el repetidor de DIRECCION005, los siguientes días;

24/7/22 desde las 15:30h. hasta las 18:45h. que se encuentran en el Atestado NUM017 folio 63.

09/08/22 desde las 14:50h. hasta las 15:56h. Atestado NUM017 folio 55.

09/08/22 desde las 22:30h. hasta la 01:01h. Atestado NUM017 folio 56-58.

Mensajes:

Atestado NUM018. ' Adela le dice a su hija Belen que tiene que hacer una historia ese día.''

Audio. 07/08/22 NUM019 (17:16:26) Donde Luis María dice a Adela; ''Hay que hacer las cosas bien, hay que hablar entre los 3..''

Audio. 07/08/22 NUM008 (17:17:24). ' Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''

Audio. 09/08/22 NUM010 (05:23:04). ' Luis María da opciones a Adela de como Juan Carlos puede saldar parte de la deuda ''

Audio. 09/08/22 NUM020 (05:25:40). ' Luis María manifiesta a Adela la dificultad de deshacerse él solo del cuerpo''

Audio. 09/08/22 NUM021 (05:26:28). ' Luis María habla de una pena importante''

Audio NUM009 (05:37:00). Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''

Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

Audio NUM022 (05:37:16). Adela reconoce ''que sabe demasiado''

Audio NUM023 (05:37:54). Luis María habla con Adela de que Juan Carlos no tenía que haber dicho a todo el mundo que tenía esa deuda.

Audio NUM009 (05:27:36) Luis María le dice a Adela que "ha estado dando vueltas buscando a Balbino por todo DIRECCION003.''

Audio NUM024 (05:36:28). Adela habla con Luis María y este le dice que ha visto a la víctima en su coche y lo describe.

Audio NUM025 (05:38:16). Adela vigila el coche de la víctima.

Declaración y exposición del agente identificado como TIP NUM014 el día 12/05/2025 durante el juicio oral.

Atestado Nº NUM016 en el folio 51. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Luis María en el que dice: '' las llamadas entre Luis María, Adela y Juan Carlos, aumentan durante el mes de agosto los días previos al asesinato de Balbino en continuidad y duración, balance que realza su implicación.''

Atestado Nº NUM016 en el folio 61. Punto 3 Conclusiones del estudio telefónico del móvil de Juan Carlos en el que dice: '' El día 10/08/22 a las 18:33h. Juan Carlos cambia de terminal de móvil, Juan Carlos no lo menciona en sus declaraciones por lo que parece un intento de obstaculizar una futura investigación o al menos disminuir su responsabilidad en el hecho.''

Declaración en el juicio oral por parte de los 3 acusados que admiten haber estado en los lugares de los hechos.

- Y el Jurado motiva,que teniendo en cuenta los informes de geolocalización que ubican a los tres acusados en el lugar de los hechos, los audios y mensajes anteriormente reseñados y el informe aportado por el experto, nos demuestran que hay un plan elaborado entre los tres previamente, con la finalidad de acabar con la vida de la víctima.

Del mismo modo, queda probado que Luis María y Juan Carlos acaban con la vida de Balbino. Mientras, Adela, conocedora del plan, permanece en el interior del vehículo tal y como declaran los tres acusados en el juicio. El jurado concluye que el papel que desempeña Adela es de vigilancia"

-El Magistrado complementa la valoración de los distintos medios probatorios tenidos en cuenta por el Jurado( folios 30 a 64 a los que nos remitimos) para concluir, que entre los tres acusados medió una planificación para la realización del hecho, para eliminar a Higinio y con ello, solucionar el problema cada vez más acuciante de la reclamaciones de Higinio del pago de lo que Juan Carlos le debía, para ello llevaron labores de vigilancia sobre Higinio y su vehículo con la intervención activa de Adela, al igual que urdieron un plan para atraer a Higinio a un lugar apartado como era el cruce de carreteras entre pueblos de escasa población en la sierra, sirviendo para ello de la promesa de pago de lo debido por mediación de Luis María o de su familia, y a tal fin y como elemento de confianza para Higinio también iba en el vehículo Adela junto con ambos, y al llegar al cruce en el que habían planeado acabar con la vida de Higinio llevaron a cabo los hechos, acometiendo físicamente Luis María y Juan Carlos a Higinio, consiguiendo neutralizarle con fuertes golpes para finalmente dispararle en la nuca con un arma de fuego del calibre 32, lo que determinó, en definitiva su muerte, mientras que Adela en el rol que le estaba atribuido en esa fase concreta vigilaba desde el vehículo mientras que Luis María y Juan Carlos ejecutaban.

-En el punto cuatro, que ya hemos analizado en los recursos interpuestos por los otros dos acusados, se describe como acometieron estos a Higinio, con ánimo de causarle la muerte por sorpresa y con ventaja con fuertes y reiterados golpes en la cabeza y en la cara,...llegando a producirle más de 20 heridas ...sabiendo que con ello se le sometía a un dolor innecesario hasta que finamente recibió el dispararon en la nuca...por uno de los dos, actuando conjuntamente.

Adela permaneció en el vehículo.

Nos vamos a remitir a lo ya expuesto en los fundamentos de derecho anteriores en cuanto a los medios de prueba tomados en consideración por el Jurado, motivados por el mismo y por el Magistrado, debiendo resaltar ahora, la declaración de Adela, que describe la llegada al lugar en el que estaba ya Luis María como se bajan Luis María y Juan Carlos, ... ella se acomodó en el coche, no salió, vio pasar por el rabillo del ojo y ve a Juan Carlos, Higinio e Luis María, y de repente Higinio se agacha ...iban caminando los tres en fila ...fogonazo...y nervios ...

- La valoración de la prueba es concluyente: Atendiendo a la declaración y explicaciones del médico forense en el acto del juicio, junto con los informes realizados, en relación con las características de las lesiones y la interrelación entre las versiones contradictorias de los hechos que ofrecen los propios acusados sobre el modo en el que se realizaron los hechos, cabe concluir entendiendo que las lesiones en la cara y la cabeza que presentaba Higinio fueron realizadas en vida de Higinio, por Luis María y Juan Carlos mientras que Adela permanecía en el vehículo vigilante, todo ello en ejecución del plan diseñado previamente.

- En el punto quinto, hecho probado quinto, queda probado que el arma de fuego utilizada no fue localizada, siendo conocedores los tres acusados de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

El Jurado valora los tres audios que se especifican, y en este punto del recurso, vamos a resaltar el Audio NUM010 (05:37:10). Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar'' El Magistrado valora los medios probatorios señalados por el Jurado, complementando la motivación del Jurado, así como el informe de la Guardia civil, y explica el significado de la palabra "pusquilla" como pistola de pequeño calibre, de ahí el diminutivo en el argot "caló" (según el testimonio de un Agente de la Guardia Civil)y que de todo ello era conocedora Adela, destacando el audio de Luis María a Adela " que suba él y lo hace él".

- En el punto 6, hecho declarado probado sexto el Jurado considera probado por unanimidad, que a continuación bien por Luis María o Juan Carlos o por ambos acusados montaron el cadáver en la parte trasera de la furgoneta conducida por Luis María iniciando la marcha hacia el pueblo de DIRECCION002 seguido por el vehículo, Peugeot 307 matrícula NUM026, en el que iban Juan Carlos y Adela.

Dirigiéndose Juan Carlos e Luis María hacia la sima conocida como DIRECCION000 situada en el DIRECCION001, de unos 50 metros de profundidad en el término municipal de DIRECCION002, sin poder realizarlo, mientras esperaba Adela en el vehículo de Juan Carlos en el cruce de la carretera LR con el inicio del camino forestal que lleva hasta la sima, regresando a DIRECCION002 dejando el cadáver a Luis María y regresando Juan Carlos y Adela a su domicilio.

El día 10 se volvió a intentar deshacerse del cadáver infructuosamente,con nuevo desplazamiento hasta DIRECCION002, y finalmente el día 11-8-2022 sobre las 13:50 horas los acusados Luis María y Juan Carlos fueron observados por un agente forestal de La Rioja junto a la sima, en el momento en el que arrojaban el cadáver de Higinio a la sima, utilizando para desplazamiento con el cadáver la furgoneta blanca matrícula NUM003, utilizada habitualmente por Luis María.

Mientras eso ocurría Adela estaba esperando en el vehículo marca BMW NUM004 estacionado en la carretera, en el cruce de la misma con la pista forestal que da acceso a la sima, que se encuentra situada a un kilómetro y medio aproximadamente."

Después de la valoración de los medios probatorios señalados por el Jurado y de la motivación complementaria del Magistrado, en atención a las declaraciones de los acusados, relacionados a su vez con el geoposicionamiento de sus respectivos teléfonos móviles, permite alcanzar la conclusión de la existencia de varios intentos de deshacerse del cadáver, por otra parte ello unido a la directa observación de Luis María y Juan Carlos el día 11-8-22 en la sima por parte del agente forestal-como el hallazgo de la colilla de cigarro con el ADN de Juan Carlos-, y el contenido de las conversaciones observadas entre ellos permiten alcanzar la concusión indicada.

= En contra de lo alegado por la parte apelante la prueba de la coautoría de su defendida ha sido obtenida por una prueba de cargo directa, con todas las garantías legales, y no en base a deducciones o conjeturas, prueba de cargo suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia; y considerarla como coautora de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento; y tenencia ilícita de armas

La Sala comparte plenamente la valoración que de la prueba practicada, mediante un proceso racional lógico y coherente, se ha efectuado por el Tribunal de Jurado y por el Magistrado Pte.; y la subsunción en los tipos penales referidos.

= Como ha precisado la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS) en varias resoluciones, entre las que cabe destacar la sentencia 162/2019, de 26 de marzo: "el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debehacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo.Por esta causa, en fin, el tribunal revisor no decide el hecho, sino que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que se ha aplicado el derecho. El legislador deja libertad al órgano de instancia para apreciar el hecho, pero establece un posterior control jurídico para analizar la racionalidad de esa decisión".

Al tratar del alcance en la valoración de la prueba aplicable al recurso de apelación,dicha sentencia indica que el Tribunal de apelación: "puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación".

=Esta Sala comparte plenamente la valoración de la totalidad de la prueba practicada llevada a cabo en la Sentencia recurrida, por lo que debe confirmarse como racional y lógico, el criterio valorativo al reconocer suficiencia incriminatoria, fiabilidad y credibilidad para reconocer a los tres acusados como coautores directos, de los delitos ya indicados, y que en atención al papel desempeñado por Adela, debe rechazarse que pueda ser considerada como actuación propia de un cómplice y no de un coautor, puesto que sus actos exceden de la labor de un mero cómplice.

Se debe partir de ese pleno conocimiento de los hechos a cometer y de la finalidad buscada con ello, y en ese plan general ella desempeña un papel que se proyecta a lo largo de las diversas fases, así en un momento previo sabe de lo que se trata y añade una función de vigilancia para la localización de Higinio; realiza viaje previo el mismo día 9-8-22 por la mañana en un último examen y reconocimiento de los lugares; en el momento de los hechos sabe de lo que se trata y acude con Juan Carlos a recoger a Higinio, es un añadido de confianza porque sabía que era la pareja de Juan Carlos, de vencer posibles dudas o temores de Higinio y conseguir atraerlo hasta el alejado cruce con el señuelo del cobro de una parte importante de la deuda, que ella sabe que no es posible de pagar; además de ello coordina con carácter previo entre Luis María y Juan Carlos ante las dudas sobre el lugar o el modo de realizarlo o incluso el modo y lugar de deshacerse del cadáver; y llegado el momento de la comisión del hecho está en el lugar, Higinio sabe de su presencia, es una persona más en su contra, y realiza, reiteramos una labor de vigilancia mientras que por los otros dos se llevan a cabo los golpes y finalmente se realiza el disparo que acaba con la vida de Higinio, siendo montado en la furgoneta; a partir de ese momento también estará Adela presente -tal y como se había acordado- en los diversas ocasiones en que se intenta deshacerse del cadáver hasta el día 11, en el que finalmente se consigue y que, una vez más, también estaba realizando una labor de vigilancia.

- Concluye el Magistrado Pte, (folios 18 a 190 y concordantes), que, se realiza por parte de Adela una actividad en relación con la muerte de Higinio que excede de la mera participación como cómplice y lleva a la plena autoría.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El Recurso de Apelación formulado por su Representación no cuestiona la pena impuesta por el delito de asesinato, pero al solicitar la absolución de su representada, la Sala puede examinar, la individualización de la pena impuesta por la comisión del referido delito por el que se le ha condenado.

En consecuencia, por las mismas razones que hemos expuesto al resolver los recursos formuladas por las representaciones procesales de los otros dos acusados, exponemos con menor extensión y con remisión a lo ya expuesto que debemos individualizar la pena impuesta a la acusada Dª. Adela por este concreto delito de asesinato, en el mínimo legal de la mitad superior (20 a 25 años) de 20 años, al no existir causa que aconseje exasperar tal pena más allá del límite mínimo, de su mitad superior; y debiendo reducirse en proporción la fijación de libertad vigilada del art. 140.bis del CP en relación al 106, de 10 años a 7 años y 6 meses.

Segundo:-Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b), por vulneración de los arts. 138, y 139,1, 1º y 3º del CP con expresa vulneración de lo dispuesto en el art. 28 del CP. - vulneración del art. 65.2 del código penal.

a)Alegaciones de la parte:

Después de reproducir lo expuesto por la misma en el motivo anterior, afirma la parte, que en ningún caso se le puede imputar a ella las circunstancias agravantes específicas de alevosía ni de enseñamiento que entiende no proceden.

Con respecto a la alevosía, que dicha circunstancia exige un elemento objetivo, y que conforme al art. 65 del CP, las circunstancias materiales relativas a la ejecución del hecho, solo agravan a quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación, no comunicándose automáticamente al coacusado que no interviene en la fase ejecutiva ni conoce y asume el cómo de ataque, no existiendo prueba de que su ofendida interviniera en la fase ejecutiva, dado que los hechos probados la sitúan en el interior del vehículo mientras los otros acusados se apean y ejecutan la agresión y el disparo; tampoco consta que llamara a la víctima, concertara la cita ...

y, en hipótesis estrictamente subsidiaria (que se niega), cualquier eventual responsabilidad, nunca podría ser por asesinato cualificado por esta circunstancia, sino -en su caso- por homicidio o cooperación no ejecutiva sin agravación.

Respecto del Ensañamiento, impugna el hecho probado cuarto, en el que se señala, que Luis María y Juan Carlos acometieron por sorpresa con una piedra contra la víctima, causándole un dolor y sufrimiento innecesario, y después le dispararon por la nuca de forma sorpresiva y procurando su indefensión, por cuanto primero se produjo el disparo, y después, viendo que no había muerto, se le causaron las heridas con la piedra para acabar con su vida, y siendo posibles ambas hipótesis por aplicación del principio in dubio pro reo, debe optarse por el hecho de que primero le dispararon; y que tampoco puede aplicarse el ensañamiento a su defendida, porque tenía que haberse acreditado, que conociera y aceptara que se iba a agredir de semejante manera a Higinio, y ello ni se ha mencionado, ni existe prueba alguna que acredite que Adela ni conociera que se fuera a llevar semejante agresión ni consta que no aceptara, rigiendo el principio de imputación individual ultra vires.

b) Doctrina Jurisprudencial de aplicación

Estamos ante un motivo de carácter sustantivo penal, como se afirma en la STS de 1-10-2025, nº 786/2025, rec. 10692/2024, aplicable para el recurso de apelación ante el que nos encontramos, "cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado....

- En relación al asesinato con alevosía, los hechos declarado probados por el Jurado al responder al objeto de veredicto determinan la coautoría de la ahora recurrente en todas las fases del delito, desde su planificación, ejecución, y hasta ocultamiento del cadáver; habiendo quedado acreditado, que la misma en fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, por cuanto lo hacía en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y de la tenencia y utilización del arma de fuego para la comisión del delito; ella realizaba su parte de labor en tal ejecución, que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, así como en la generación de un factor de confianza en Higinio para vencer sus posibles reticencias a montarse en el vehículo con Juan Carlos (la víctima sabía que era la pareja de Juan Carlos y la conocía) y acudir al lejano cruce de carreteras atraído por el señuelo del pago de la deuda que Adela sabía ser mero engaño (folio 141 de la Sentencia, y concordantes).

En cuanto al Ensañamiento, abundando en lo ya expuesto al responder a los motivos articulados por los otros dos acusados y remitiéndonos de forma expresa a los Fundamentos de derecho segundo y tercero de la Sentencia, tenemos que reiterar, que las lesiones se produjeron antes de la muerte de Higinio, antes del disparo, por lo que dada la naturaleza de las mismas y el sufrimiento causado, de manera innecesaria en tanto que se concluyó rematando de un disparo, muerte que en definitiva era lo que se buscaba desde un inicio, se trata de un sufrimiento gratuito y buscado, lo que supone la esencia del ensañamiento.

Como se afirma en la Sentencia recurrida, (folio 153) El ensañamiento también es predicable respecto de Adela que, en esta concreta fase de ejecución del plan estaba en el vehículo vigilando, porque estaba en plena connivencia con los agresores materiales, Luis María y Juan Carlos, era plenamente consciente de lo que ocurría, de lo que en ese momento y según el plan se tenía que hacer, y ella realizaba su parte de labor en tal ejecución que en este momento se concretaba en apoyo y vigilancia, y este ensañamiento le es igualmente reprochable incluso de ser considerada su participación -que no lo es- como de mera cómplice.

- Aplicando la jurisprudencia anteriormente expuesta, la subsunción del inalterado relato fáctico de la sentencia en el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de la ahora recurrente, como coautora responsable de los hechos, es inobjetable, con remisión en cuanto a la rebaja de la pena individualizada al dar respuesta al motivo anterior a 20 años de prisón.

Tercero:- (cuarto para la parte sin existencia de tercero)Al amparo de lo dispuesto en el art. 846, bis, c), apartado b, por vulneración del art. 564, 1, 1º del CP respecto del delito de tenencia ilícita de armas.

Afirma la parte que impugna expresamente el Hecho Probado 5A del Veredicto en lo relativo a la supuesta "disponibilidad" del arma de fuego por parte de Adela; que esta conclusión judicial descansa únicamente en conjeturas derivadas de ciertos mensajes interceptados, sin soporte probatorio suficiente que vincule materialmente a Adela con el arma. El mero conocimiento de que existiera un arma, lo que tampoco está probado que supiera Adela, ya que ha declarado que hasta el mismo juicio desconocía totalmente el significado del término "pusquilla", no justifica ni puede justificar su condena; que la misma no cumple con el elemento nuclear de la disponibilidad; que ningún testigo ni coimputado vio jamás a Adela portar, manejar o tener acceso directo al arma; que la propia dinámica de los hechos probados excluye a Adela del manejo del arma. El veredicto del Jurado establece que el disparo letal fue ejecutado "por uno de ellos dos ( Luis María o Juan Carlos) en el modo acordado, actuando ambos de común acuerdo", mientras Adela "permaneció en el vehículo"sin intervenir directamente en la agresión; todos los acusados negaron poseer el arma y se acusaron mutuamente de tenerla, sin que la instrucción lograse esclarecer su verdadera tenencia física; por lo que añade, la condena de Adela por tenencia ilícita de armas infringe tanto las exigencias típicas del delito como las garantías probatorias. No se demostró tenencia material ni disponibilidad efectiva de la pistola por parte de mi defendida, reduciéndose la acusación a su saber y estar allí, lo cual no integra el tipo penal, por lo que debe ser absuelta de dicho delito.

En el veredicto, el Jurado declara por unanimidad,

5 A:

El arma de fuego del calibre 32 utilizada en el disparo que causó la muerte de Higinio no fue localizada siendo conocedores Luis María, Juan Carlos y Adela de su existencia y disponibilidad en la realización del hecho.

Los tres acusados carecían de guía y licencia de armas."

- El Jurado llega al referido hecho probado por los tres audios que especifican como elementos probatorios; (folio 76 y 77 de la Sentencie); en el primero, " Juan Carlos informa a Luis María que mañana tiene la pusquilla''; en el segundo, Luis María dice ''Que suba eso y lo hace él''y en el tercero: Conversación entre Luis María y Adela, donde éste le dice a Adela que Juan Carlos ''tiene miedo a fallar''

El Jurado toma como elementos de convicción los anteriores mensajes de audio a los que hacemos referencia, y motiva sucintamente, que queda constancia de que los tres acusados eran conocedores de la existencia del arma y que todos ellos tenían acceso a ella. Así como queda probado en el juicio oral que todos ellos carecían de licencia de armas."

Y el Magistrado Pte. complementa la explicación sucinta del Jurado, trascribiendo los Audios completos; resaltando que los acusados con versiones contradictorias sobe el arma de fuego utilizada, una pistola del calibre 32, coinciden en carecer de licencia,(hecho corroborado por el Informe de la Guardia Civil de la Intervención de Armas) ratificado en el juicio, (arma que no ha podido ser localizada) en las declaraciones de los acusados y la de Adela, quien aun cuando manifiesta no saber de dónde había salido la pistola del disparo, era perfectamente conocedora, de ahí el contenido de las conversaciones con Luis María, concluyéndose por el Magistrado Pte. que existe un arma de fuego que se consigue por Juan Carlos, que se sabe de su existencia por todos y la utilización a la que se destina, y sobre la cual existe una disponibilidad entre los tres -si Juan Carlos tiene miedo o teme fallar Luis María se ofrece también- en cuanto a la realización del disparo fatal sobre Higinio.

Finalmente ninguno de los tres contaba con las autorizaciones pertinente; Esta Sala entiende que se ha practicado una prueba de cargo suficiente, constitucional y legalmente obtenida valorada de forma racional, con sujeción a la lógica y a las máximas de experiencia, por el Jurado y por el Magistrado Pte.

Debemos tener presente, que como ya hemos expuesto con anterioridad y en respuesta al primer motivo del recurso ahora examinado, la acusada ahora ha sido condenada en la instancia como coautora del delito de tenencia ilícita de armas, y la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. De ahí que de ese hecho criminal no deba responder sólo el que ejecuta materialmente la acción típica sino todos los que participan con actos esenciales a su realización dominando de forma conjunta ese hecho; resultando relevante en relación con la cuestión de la disponibilidad sobre el arma de fuego la exigencia de una mera disponibilidad sobre la misma, la mera posibilidad de utilización por la propia voluntad del sujeto, y como es el caso esa disponibilidad, cuestionada de forma expresa por la pate recurrente, indistinta en cuanto que forma parte del plan preconcebido y todos conocían de su existencia y su razón de ser en la dinámica delictiva diseñada.

Conviene recordar a tales efectos, la STS de 19 de abril de 2024 337/2024, trascrita por el Magistrado Pte.(folio 159)en la que se afirma, que "...el delito de tenencia ilícita de armas es «un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo su existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición ( SSTS.1071/2006 de 8.11 , 555/2007 de 27.6, 960/2007 de 29.11, 84/2010 de 18.2), e insisten en la posibilidad de disposición compartida, pero subrayando la necesidad de que conozcan el uso del arma en la comisión del delito.

Hay tenencia compartida siempre que exista disponibilidad indistinta de las armas por parte de los coacusados que constituyan una asociación, aun transitoria, para la ejecución de hechos delictivos poniendo a disposición común e indistinta aquellas armas, aun cuando pertenezcan individualmente a uno de ellos, pero resultan afectadas para la perpetración de los hechos en su conjunto( STS. 120/2010 de 27.1).

En conclusión, no existe la infracción del art. 564, 1, 1º del CP, porque el relato fáctico queda inalterado respecto a la ahora recurrente y respecto a los otros dos acusados, habiéndose realizado una correcta subsunción en el tipo delictivo ahora enjuiciado.

El motivo en consecuencia debe ser desestimado.

Cuarto:- ( para la parte quinto)Al amparo de lo dispuesto en el art.846, bis, c), apartado b por vulneración de ley en la cuantificación de la responsabilidad civil que se reconoce al menor de edad, hijo de la víctima, en cantidad de 200.000 euros.

a) Alegaciones de la parte

Se afirma por la parte apelante, que con respecto al dolor del menor y sin cuestionar la realidad del daño moral sufrido, una adecuación motivada de la indemnización fijada a su favor (200.000 €) a los criterios objetivos del Baremo de la Ley 35/2015 (año 2022), utilizado por la jurisprudencia penal con carácter orientador para garantizar igualdad y proporcionalidad en la cuantificación del perjuicio moral ex delicto; que la sentencia razona que, al tratarse de un hecho doloso, no es obligatoria la aplicación del Baremo de circulación, citando doctrina sobre la amplitud del arbitrio judicial en estos supuestos; que ese planteamiento es correcto en abstracto; no implica sin embargo la libertad de desvincularse sin motivación específica de las referencias técnicas del Baremo cuando se utiliza -como aquí- para orientar la cuantía. La propia resolución funda los 200.000 € esencialmente en (i) el vínculo afectivo entre padre e hijo y (ii) la afectación psicológica acreditada por la entidad de acogida (Fundación DIRECCION009); que no individualiza en qué medida concreta tales circunstancias justifican superar en casi el doble el marco orientador aplicable al hijo en 2022, ni se integra en las categorías incrementales previstas por la Tabla 1.B (p. ej., perjudicado único de su categoría, progenitor único, perjuicio excepcional), lo que dificulta el control de proporcionalidad de la cifra final; siendo 109.701,03 la cifra orientadora cuando no concurre la hipótesis de progenitor único ni se motiva un perjuicio excepcional, por lo que solicita como petición principal la cantidad referida, + 25%; y de modo subsidiario, de que se razone por qué la afectación psicológica concreta equivale a ese plus, separando claramente el perjuicio moral (Tabla 1.A/1.B) de eventuales gastos de tratamiento, que pueden resarcirse además cuando estén acreditados.

b)Partiendo de la Doctrina Jurisprudencialestablecida en la sentencia recurrida (folio 207), que damos por reproducida; debemos partir de que, la fijación de la responsabilidad civil después de oír a las partes, la establece el magistrado Pte. ( art. 68 LOTJ) ; Como se afirma en la STS de fecha 12 de marzo de 2024, 236/2024 Rec.. 10924/2023 "...El incremento está justificado por razones de estricta justicia pues las lesiones dolosas(en este caso la muerte) tienen un plus de aflicción que las causadas por imprudencia. En casos dolosos la jurisdicción penal no tiene limitado normativamente el quantum indemnizatorio, dado que lo que se indemniza son las consecuencias perjudiciales debidas a una acción criminal dolosa, que sin duda comporta un claro plus de perversidad y la consiguiente acentuación del daño moral en quien lo padece ( SSTS 195/2017, de 24-3 ; 181/2017, de 22-3 )...".

c) Aplicación al supuesto concreto

Dentro de las peticiones del MºFiscal y de la Acusación Particular, la prueba valorada por el Magistrado, se basa en los siguientes datos acreditados:

La víctima tenía un hijo, que era Balbino, nacido el NUM027-2007 (libro de familia, ac 44) y que por lo tanto en el momento de los hechos tenía 15 años de edad, si bien en el momento del acto del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Ni Higinio ni la madre de Julián, atendían en debida forma al entonces menor por lo que fue dejado al cuidado de terceras personas, pero manteniendo relación afectiva y comunicación entre padre e hijo (ac 255, 599).

El entonces menor fue declarado en desamparo de urgencia con acogimiento residencial por resolución de 6-5-2019 ratificada por resolución de 24-8-2019, manteniendo como modalidad de ejercicio de su guarda tutela, el acogimiento residencial formalizado en los Pisos de Acogida gestionados por la Fundación DIRECCION009, y en el informe de 21.6.2023 de Fundación DIRECCION009 se reflejaba el grado de vinculación de Higinio con su hijo y así se indicaba que:

"Durante el tiempo que Julián ha estado en protección, se ha observado como reconocía a su padre como el único vínculo disponible, estable y de referencia con su familia.El menor compartía con él sus preocupaciones y acudía a él en el momento en que tenía necesidad, obteniendo siempre una respuesta a su petición adecuada.

A su vez el progenitor se mantenía en constante comunicación con el equipo del piso de protección,adoptando la misma línea educativa con Julián y mostrando su preocupación por cualquier cosa que tuviera que ver con su hijo".

En base al informe psicológico de la Fundación DIRECCION009 se acreditan los daños psicológicos causados al menor por estos hechos, y que sufrió un retroceso en la intervención psicoeducativa que se venía realizando, así como una pérdida de habilidades y aumento del retraimiento, factores perjudiciales por el momento evolutivo en el que se encontraba.

Debemos insistir tal y como se hace en la Sentencia recurrida, que el Baremo de circulación no es vinculante en delitos de naturaleza dolosa como el que es objeto del recurso, y habiéndose acreditado, no solo el vínculo familiar de la víctima sino afectivo, con su hijo y viceversa, así como que la madre no atendía al hijo, el daño moral queda acreditado; así como el perjuicio psicológico del menor (informe de la Fundación DIRECCION009,) que es difícilmente cuantificar, en contra de lo alegado por la parte recurrente; razones por las que estimamos totalmente proporcional la cantidad establecida en concepto de responsabilidad civil para el hijo de la víctima.

QUINTO:- COSTAS PROCESALES.

Conforme con lo previsto en el artículo 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente