Sentencia Penal 508/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 463/2024 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO. - Recursos interpuestos por los acusados Constantino, de una parte y de Pedro y de Esmeralda, de otra.

Meritados acusados, quienes -absueltos de los delitos de pertenencia a grupo organizado y estafa informática- fueran condenados, con diferentes penas en la instancia como autores de un delito de Blanqueo de Capitales, sin concurrir circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, interponen sendos recursos que, por presentar contenido cuasi idéntico, van a ser - por razones de sistemática y metodología- analizados de forma conjunta, ofreciendo a los mismos común respuesta.

Se despliegan y diversifican varios motivos entre sí vinculados, que son titulados: "Error en la valoración de la prueba y, por consiguiente, vulneración del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la constitución española; Ausencia de dolo eventual al tener en cuenta la trazabilidad del dinero.

Se añade en el recurso interpuesto por los acusados Pedro y Esmeralda: Infracción en la aplicación de la norma penal. Inobservancia de la inconcurrencia del elemento subjetivo del tipo del delito de blanqueo de capitales, debiendo haberse procedido a aplicar el delito de receptación del artículo 298 del Código Penal y, finalmente, Vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, por la no aplicación de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Se alude, en primer término, a que la presente causa debió ser declarada nula y "retrotraídas actuaciones" (sic), hasta haber prestado declaración, como investigado, y a quien se identifica como Aquilino, y se alude como investigado, por los mismos hechos, en el juzgado de instrucción Nº 2 de Castellón. Se afirma que la empresa Belink S.L., recibió el día 21/05/2019, tres transferencias de 10.000.-€, y una transferencia de 5.000,-€ con concepto WAYMARKT, que correspondía a cambio de divisa, y la persona que le remitió dichos justificantes de transferencias fue el aludido, a quien -con pretendida propia exculpación- se imputa la responsabilidad en relación con las transferencias remitidas.

Se concluye que la Audiencia Provincial hubo de dictar Auto por el que se tuviese en cuenta las manifestaciones indicadas, declarando la nulidad de actuaciones y retrotraer las actuaciones con el fin de que prestase declaración, en calidad de investigado.

En modo alguno podrá compartirse dicha inicial tesis y, con menor razón, la conclusión anulatoria que se anuda. El Tribunal Constitucional ha señalado que para que alcance relevancia constitucional el contenido de la indefensión, es necesario que sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del artículo 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio; 237/2001, de 18 de diciembre; 109/2002, de 6 de mayo; 87/2003, de 19 de mayo; 5/2004, de 16 de enero; 160/2009, de 29 de junio; o 179/2014, de 3 de noviembre).

Sin embargo, el reconocimiento del derecho no está exento de la necesidad de establecer límites y cautelas para evitar que, con apoyo en el mismo, el acusado pueda disponer a su antojo el desarrollo del proceso. El derecho de defensa, al igual que cualquier otro, no puede considerarse ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 LOPJ.

Conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH de 9 de octubre de 1979 [ TEDH 1979 , 3] caso Airey , y de 25 de abril de 1983 [ TEDH 1983, 6] caso Pakelli, desde la perspectiva constitucional, quien alegue indefensión, habrá de acreditar que la misma es real y efectiva, resultando que aparezca un menoscabo real y efectivo de su derecho de defensa (por todas, SSTC 216/1988, de 14 de noviembre [ RTC 1988, 216] , FF. 2 y 3; 208/1992, de 30 de noviembre [ RTC 1992, 208] , FF. 1 y 2; 276/1993, de 20 de septiembre [ RTC 1993, 276] , FF. 3 y 5; 22/2001, de 29 de enero [ RTC 2001, 22] , F. 2; 125/2002, de 25 de noviembre [ RTC 2002, 125] , FF. 4 y 5; 222/2002, de 25 de noviembre [ RTC 2002, 222] , F. 2); STC 215/2003".

Tal vulneración, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente expuesta y a las circunstancias que se acaban de reseñar, no puede estimarse cometida en modo alguno en el presente caso.

El tribunal de instancia respondió razonadamente tales objeciones. Señaló entonces que nada modificaba el curso de las actuaciones cuando el reseñado, Aquilino, fue citado en calidad de testigo y no consta que recibiese un solo euro del acusado Luis Manuel, sin que pueda conectarse dicho testigo con los hechos enjuiciados en el sentido pretendido y concluía -en términos que compartimos- que no se vulneraba ningún derecho fundamental porque a lo largo de las distintas fases procedimentales el acusado fue informado de los hechos imputados y las razones de su implicación, sin que pudieran admitirse imputaciones sorpresivas derivadas hacia terceros; debiendo estar a la delimitación objetiva y subjetiva fijada a través del auto de acomodación del procedimiento.

De otra parte, este tribunal revisor constata que la realidad analizada por el tribunal de instancia presenta, en cualquier caso, contornos muy diferentes y significativos. En tal sentido, frente a la exculpación basada en la actuación de la persona a quien se alude, lo cierto es que han sido analizados y valorados contundentes elementos no contradichos o desmentidos. No se explican por el recurrente, las razones por las que canceló la cuenta donde recibió transferencias del acusado Luis Manuel el día 8 de agosto de 2019, dejando saldo 0 Euros; la recepción el día 3 de abril de 2019 de una transferencia de 900 euros; y el 18 de abril del mismo año, ambas del acusado Pedro, cuestiones que no palidecerían por la desproporcionada retroacción de actuaciones, para dar extemporánea e inútil entrada a la posición como investigado del tercero al que se alude.

SEGUNDO.-Se insiste e incide en argumentos relativos a transferencias que recibió la mercantil Cerámicas Mimas S.L; su facturación, la presunta problemática existente en relación con el cambio de divisa para la compra de material de cerámica y construcción, documentación presentada al respecto por el recurrente, cuestiones que, como reprocha al tribunal de instancia, este "pasa por alto", a su criterio; concluyendo siempre ha estado en la creencia que las transferencias se debían a un cambio de divisa.

Esta Sala -examinada la sentencia y material probatorio analizado en la misma- no puede, ab initio, sino mostrar su desacuerdo con lo expuesto y meritadas conclusiones, en cuanto ha sido en realidad desmentido tras un examen de lo racionalmente valorado por el tribunal de instancia tras una variada prueba personal y documental, y su correcto traslado al relato fáctico:

" ..... se aboca al fracaso la estrategia defensiva del acusado Constantino (a quien le consta una medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional hasta el 18/10/2023 y otras dos detenciones policiales por presunta asociación ilícita, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental: folio 115 vto.).

Pretende con toda la documentación aportada (piezas separadas de documentos 1 a 6) introducir maniobras de distracción para evitar que "los árboles impidan ver el bosque", cuando lo que realmente interesa es que recibe un dinero procedente de la cuenta del acusado Luis Manuel distribuido en cuatro transferencias, casualmente con el concepto "Waymark", y es irrelevante que mantuviera relaciones comerciales antes, durante y/o después de los hechos con otra empresa de cerámica ("Mimas"), porque lo relevante es que coincidente con la recepción de esas trasferencias ilícitas las aproveche precisamente para efectuarle pagos el mismo día que recibe el dinero y en los siguientes y muy próximos. Es decir, no le exculpa que existan relaciones comerciales entre ambas empresas, sino que aprovechando ese dinero conseguido de forma fraudulenta también lo utilice para efectuar pagos a "Cerámicas Mimas", queriendo normalizarlo y aparentar que se trata de unos pagos como otros anteriores y posteriores, lo que no hace sino afianzar la facilidad comisiva que tuvo a su disposición para mezclar dinero ilícito con otras operaciones que no se han demostrado en este procedimiento de procedencia ilícita, logrando así convertir el dinero recibido ilegalmente en dinero de curso legal.

En tal sentido, fue muy explícito el Instructor del atestado cuando se le pregunta por la defensa si no le parece raro que los pagos a "Cerámicas Mimas" entre el 21 y 28 de mayo asciendan a 77.797,50 euros, es decir, a un importe superior a los 35.000 recibidos a través de las cuatro trasferencias, y el agente responde: claro, nosotros lo que entendemos de esa operativa es que le llegan 35.000 euros de nuestra parte, que pudiera ser que de otras partes y de forma lícita también le haya llegado dinero a la cuenta que obtiene de venta de materiales.

Y en cuanto a su tesis relativa al cambio de divisas, volvemos a lo mismo. Se escuda el acusado en que el gobierno nigeriano impuso restricciones que dificultan las trasferencias bancarias y debido a ello, se efectúan pagos para la compra de azulejos en las cuentas de algunos residentes nigerianos en España, con trasferencias anticipadas a la cuenta bancaria de "Cerámicas Belink SLU", es decir, que, según sus tesis, existen empresas nigerianas que importan azulejos a través de la cuenta de su empresa. Para ello, aporta el acusado declaraciones no ratificadas (pieza documental núm. 4) de empresas nigerianas en las que se llega a redactar como "traje hecho a medida" y según traducción no oficial que, debido a las restricciones gubernamentales que dificultan las trasferencias bancarias, mi empresa efectúa pagos por los azulejos en las cuentas de algunos residentes nigerianos en España como trasferencias anticipadas en la cuenta bancaria de D. Constantino de la empresa Cerámicas Belink en España. Esta modalidad de pagos nos resulta muy útil y por lo cual absolvemos (sic) a D. Constantino perteneciente a la empresa Ceramic Belink SLU...de cualquier asunto ilegal que pueda surgir por este hecho. Y decíamos que volvemos a lo mismo porque ese dato, de acreditarse, teniendo en cuenta que se trata de documentación privada creada ad hoc, no ratificada y sin traducción oficial, resulta intrascendente. No se valora como prueba de descargo según la cual a través de su cuenta se efectuarían ese tipo de trasferencias anticipadas y por esa causa, porque no tiene nada que ver ese modus operandi con las trasferencias que recibe procedentes de la cuenta del acusado Luis Manuel sin ninguna relación acreditada con empresas nigerianas importadoras de azulejos.

Por otro lado, el testigo Aquilino niega la autenticidad de las capturas de wasaps en los que también se escuda el acusado, tratándose de meros pantallazos que tampoco le exculpan. En tal sentido, traemos a colación la STS 300/2015 , según la cual: "La prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba p interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido correspondiendo a él tal carga probatoria...".

La Sala ha de comenzar advirtiendo, que, como en otras ocasiones, hemos apreciado un exceso de optimismo en el recurso tanto en la expuesta convicción de que las tesis que propone hayan de prevalecer sobre las conclusiones extraídas por el tribunal enjuiciador tras un examen más objetivo y desinteresado sobre el material probatorio, como una desmedida aspiración en las pretensiones revisoras que se impetran, en relación con los límites competenciales que, al respecto, este tribunal revisor dispone.

Y ello es así, en cuanto que es cierto que el recurso de apelación previsto en el artículo 846 ter de la LECrim , tiene un carácter ordinario, tanto en su tramitación, -por remisión a los artículos 790 a 792 de la LECrim -, como a su contenido; no queda concernido por motivos tasados (como el de casación) ni afecto a las singularidades que para la apelación, en materia del Tribunal del Jurado, dispone el artículo 846 bis c) de la LECrim ; y nos otorga plenas facultades para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, al permitir un novum iuditium ( SSTC 124/83 , 54/85 , 145/87 , 194/90 y 21/93 , 120/1994 , 272/1994 y 157/1995); y que, en esta dirección, el TC tiene asimismo declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" ( STC 172/1997 , fundamento jurídico 4º); y asimismo, ( SSTC 102/1994 , 120/1994 , 272/1994 , 157/1995 , 176/1995) y, en consecuencia "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" ( SSTC 124/1983 , 23/1985 , 54/1985 , 145/1987 , 194/1990 , 323/1993 , 172/1993 , 172/1997 y 120/1999).

Ahora bien, no es menos cierto que, cuando el Tribunal ad quem ha de entrar en el examen del contenido de la prueba subjetiva practicada en el proceso; la desmesurada relevancia que constitucionalmente se otorga al principio de inmediación, limitan sobremanera la posibilidad de que el Juez "ad quem" entre y revise la propia valoración de la prueba practicada en la primera instancia; jurisprudencialmente ( STC de 21 de diciembre de 1989 , citada por la STS de 24 de mayo de 1196) esta limitación viene sustentada en que la oralidad, la publicidad, la contradicción y sobre todo, la inmediación, representan las ventajas de un proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán.

En definitiva, este órgano de apelación sólo podrá interferir en el proceso valorativo, en caso de apreciar un error notorio en dicha valoración y se excedería al hacerlo ex novo, prescindiendo de dicha premisa respecto de actividad probatoria que no ha percibido directamente ( SSTS de 24 de octubre de 2000 y 2047/2002 , de 10-12); no pudiendo revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas en el primer grado jurisdiccional (testificales, periciales o declaraciones de imputados) vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el rendimiento de cada medio de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Juez de instancia ( STS de 23 de abril de 2003 ).

TERCERO. -Un nuevo estudio de la causa permite constatar sin dificultad que ha existido prueba de cargo suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y permitir la construcción del relato fáctico, base del análisis y conclusión condenatoria. El juicio de certeza sobre el factum, en contra de lo argumentado en el recurso, es el resultado de una valoración razonada y razonable del acervo probatorio de cargo, siendo tal juicio acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, en garantía de la interdicción de toda decisión arbitraria, lo que equivale al juicio sobre la motivación y razonabilidad.

El tribunal de instancia ha valorado con exhaustividad la prueba. Esta ha permitido concluir, sin tacha de irracionalidad o ausencia de lógica, que el acusado recurrente recepcionó tres las transferencias realizadas por el acusado Luis Manuel. El concepto común de las mismas: "Waymark", viene a coincidir con el de la transferencia recepcionada por la coacusada Esmeralda que a su vez transmitió a la empresa "Cerámicas Mimas", aprovechando la relación que el condenado tenía con dicha empresa para introducir el dinero en el flujo legal.

Destaca el Ministerio Fiscal de modo significativo, el escaso lapso de tiempo transcurrido entre la recepción de las tres cantidades y su posterior salida de la cuenta del recurrente sin que, como ya aludíamos al inicio y más arriba, el acusado justificara -por más que formaba parte de su respectiva carga como hecho extintivo específicamente invocado que le incumbe en una regla equilibrada del onus probandi no excepcionada en el ámbito penal- el motivo y razones por las que recibió el dinero del coacusado Luis Manuel, con el que no aparece vinculado por relación alguna, ya sea personal o comercial.

Ya se aludió, de igual forma, al frágil e irrelevante argumento relativo al cambio de divisas que en modo alguno explica la descrita conducta del recurrente y el borrado del rastro ilícito del dinero recibido; como también ya se descartó una mínima relevancia a la intervención que se achaca al identificado Aquilino, escuchado y valorado que fue su testimonio, por tardió que ha sido considerado por el recurrente, sin que ello y las cuitas entre ambos, como se explicó más arriba, hayan tenido, del mismo modo, relevancia en la causa.

CUARTO. -En relación con los acusados Pedro y Esmeralda, similares consideraciones cabe efectuar.

El racional y lógico análisis del tribunal de instancia ha permitido concluir la decisión condenatoria al acreditarse la recepción de las transferencias realizadas por Luis Manuel y a su vez la transmisión del dinero a terceras personas, con la finalidad de arbitrar apariencia de legalidad al flujo de dinero.

Conducta que la alegada actividad comercial de los recurrentes en modo alguno justifica, en cuanto la actividad se despliega a través de hechos realizados en el año 2019 habiéndose incoado el procedimiento ese mismo año. Lo cierto es que, formando parte de la carga respectiva como hecho extintivo, en la regla del onus probandi, y no existiendo, en principio, dificultado probatoria, nada se intenta acreditar al respecto en el momento procesal oportuno, ni, siquiera en otro extemporáneo y/o posterior.

No puede compartirse que la acusada recurrente Esmeralda, desconociera los hechos, como afirma, tras constatarse su activa participación en la gestión y desempeño del negocio, siendo la titular de la cuenta en la que se recibió el dinero remitido por Luis Manuel y desde la que se realizaron las posteriores transferencias; sin acreditación de que dichas operaciones fueran realizadas por su marido.

En definitiva, como en el caso analizado del coacusado recurrente, no se justifica el motivo de la recepción de las cantidades procedentes o emitidas por el acusado Luis Manuel. Tampoco se justifican las razones de las posteriores transferencias que efectúan, desvinculadas con su actividad comercial de compraventa de ropa, como no se justifica, de igual modo, la intervención y su participación en la empresa Frutas Torero a la que enviaron el dinero.

Sin extensa argumentación, se comparte el acertado criterio calificador efectuado por el tribunal de instancia, que, descartando otros tipos delictivos, concluye la clara presencia de los presupuestos y elementos del delito de blanqueo de capitales por cuanto los recurrentes eran conocedores del origen ilícito del dinero y procedieron inmediatamente a introducir el mismo en el tráfico jurídico intentando valerse de su condición de empresarios.

QUINTO. -Mediante lo que aparece como una suerte de oxímoro, aluden los recursos a la "Concurrencia de ausencia" (sic), de dolo eventual, que vinculan con la "trazabilidad del dinero". No ha de requerirse una extensa argumentación para discrepar de los argumentos que sostienen la alegación, toda vez que, ciertamente, nos encontramos con el constatado y acreditado dato de la recepción de transferencias por los diferentes importes consignados en el factum; de imposible evanescencia u ocultamiento.

Ya aludimos, en tal sentido, al breve espacio de tiempo transcurrido desde la recepción de las cantidades y la dispuesta salida de la cuenta corriente.

Por el contrario, y en lo relevante, se infiere, sin dificultad, la presencia de un dolo inequívoco. Se recepcionan las cantidades, salen rápidamente de la cuenta corriente, y de manera voluntaria, consciente y claramente intencionada, se introducen en el tráfico jurídico, aprovechando la actividad empresarial.

Obvio resultar recordar que el acusado no viene obligado a probar su inocencia, que en todo caso se presume, al amparo de lo previsto en el artículo 24.2 del Texto Constitucional. Ahora bien, no es menos cierto que vendrá obligado a soportar las consecuencias derivadas de su inactividad probatoria o de la falsedad de sus coartadas cuando, como ocurre en el presente caso, suficiente prueba de cargo existe en su contra.

Existiendo suficiente prueba de cargo, se produce una mutación o traslación de la carga de la prueba, correspondiendo a la parte acusada acreditar los hechos impeditivos, obstativos o extintivos de los hechos imputados y de su participación en ellos. Así, el pleno del TC en su Sentencia Núm. 136/1999 de 20 de julio, con cita de las Sentencias 197/1995, Pleno, 21-12-1995 ( STC 197/1995) ; 36/1996 Sala Segunda, 11-03-1996 ( STC 36/1996); 49/1998, Sala Segunda, 02-03-1998 ( STC 49/1998)) tiene establecido que la carga de la prueba de los hechos exculpatorios recae sobre la defensa "los denominados contraindicios -como v. gr las coartadas poco convincentes- no deben servir para considerar al acusado culpable, aunque sí pueden ser idóneos para corroborar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o indiciaria, que se sumen a la falsedad o falta de credibilidad de las explicaciones dadas por el acusado (..) la coartada o excusa ofrecida por el acusado no tiene que ser forzosamente desvirtuada por la acusación, ya que la presunción de inocencia exige partir de la inocencia del acusado respecto de los hechos delictivos que se le imputan, pero en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones ( TC SS 197/1995 STC, Pleno, 21-12-1995 ( STC 197/1995) etc.).

En consecuencia, deviene ineludible desatender las tesis de los apelantes, sus recursos, y, confirmar la sentencia de instancia por sus propios fundamentos, toda vez que, sin poderse alterar las conclusiones valorativas de la prueba, de igual forma es correcta la calificación jurídica de la conducta e indiscutible la concurrencia de los elementos y requisitos que las conforman.

SEXTO. -Finalmente, consideran los recurrentes que la sentencia ha vulnerado el derecho a la Tutela Judicial Efectiva por la no aplicación de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Tal invocación y la pretensión vinculada está necesariamente destinada al fracaso. No se indican o identifican períodos, plazos o períodos de tiempo y una indebida paralización que pudiera servir de soporte. Por el contrario, los plazos transcurridos entre las distintas actuaciones procesales, no alcanzan una entidad para aplicar la atenuante.

No se observan paralizaciones ajenas a la complejidad del asunto el cual sí ha contado con dificultades tanto para la instrucción como para la celebración del acto del Juicio debidas a la incomparecencia de alguno de los investigados.

El tribunal motiva al respecto que el 24 de junio de 2019 se incoan diligencias previas. El 26 de noviembre se declara la complejidad de la instrucción, estableciéndose el plazo de duración en dieciocho meses, y la víspera, el 25 de noviembre ya se decreta la busca de Luis Manuel a fin de citarle para que declare en calidad de investigado al tiempo que se decreta el sobreseimiento de las actuaciones hasta tanto el investigado fuese habido y pudiese continuarse con la tramitación de las diligencias.

El 18 de febrero de 2020 se decreta su reapertura al acordar la citación del resto de investigados, si bien seguía vigente la busca del primero.

El 5 de octubre de 2020 se decreta el sobreseimiento respecto de una de las coinvestigadas: "Cerámicas Mimas".

El 30 de octubre de 2020 se dicta auto de continuación de la tramitación como procedimiento abreviado que fue recurrido por todos (Rec. 3937/2021, auto núm. 144/2022 dictado por la Sec. 50).

El 1 de junio de 2021 se acuerda dejar sin efecto la orden de busca y captura respecto de Luis Manuel. El 22 de febrero de 2022 se dicta auto de apertura de juicio oral y el 12 de abril de 2022 se acuerda traslado para presentar escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas, remitiéndose el 13 de junio de 2022 las actuaciones para su enjuiciamiento, que se reciben el 21 de junio de 2022, dictándose auto de admisión de pruebas el 13 de julio de 2022.

Es la actuación de los acusados la única que ha imposibilitado que se celebrase el juicio en la primera fecha acordada, pues el primer señalamiento de 16/05/2023 tuvo que suspenderse por la incomparecencia de dos de ellos y el segundo, señalado para el día 21 de febrero de 2024, igualmente se suspende porque no comparecen los acusados Esmeralda y Luis Manuel.

De este modo, el transcurso de los plazos, las circunstancias y hechos acaecidos, y el tiempo transcurrido, no justifican la aplicación de la atenuante.

En cuanto a la atenuación pretendida por reparación del daño, el tribunal razona su rechazo al constatar que ambos acusados, Pedro y Esmeralda, han ido efectuando ingresos de veinte en veinte euros, constando un total de quince, o sea, han ingresado trescientos euros cada uno que, comparado con la cantidad de la que deben responder resulta irrisoria, simbólica, regentando un establecimiento de compraventa de calzado y ropa, según sus propias manifestaciones, que, incluso por el tiempo trascurrido, bien les puede haber permitido, cuanto menos, devolver la muy superior cantidad que ilícitamente desviaron.

Reiteradamente, la jurisprudencia del TS viene estableciendo que la reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no procede conceder efecto atenuatorio a aportaciones que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de modo eficiente y significativo a la efectiva reparación del daño ocasionado ( Sentencias núm. 1990/2001, de 24 octubre, 1474/1999 de 18 de octubre, 100/2000 de 4 de febrero y 1311/2000 de 21 de julio). De forma muy restrictiva y esporádica se ha admitido por esta Sala el efecto atenuatorio de la reparación simbólica (Sentencias núm. 216/2001, de 19 febrero y núm. 794/2002, de 30 de abril)".

SÉPTIMO. - Recurso interpuesto por el acusado Luis Manuel.

Un único motivo, al amparo del articulo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción de ley por individualización incorrecta de la pena, articulo 72 del Código Penal vigente, en relación con el articulo 301 del Código Penal vigente.

El recurso comienza por recordar que el acusado recurrente no ha discutido nunca la autoría de los hechos. Reprocha al tribunal de instancia que, a pesar de este reconocimiento de los hechos, se establece para él la mayor pena de las impuestas; que no se han tenido las circunstancias personales, ni la gravedad de los hechos, ni se ha explicado fundadamente la razón de esta pena.

Argumenta que es un consumidor habitual de drogas, las cuales ha dejado ya hace un par de años; que no se justifica la imposición de la pena que debió establecerse en el mínimo.

Tal aserto no pasa de ser una mera fórmula estereotipada en cuanto que, muy en contra de lo afirmado, la motivación del tribunal cumple la exigencia legal y jurisprudencial de modo suficiente.

Basta al respecto, la mera remisión a lo argumentado por el tribunal de instancia y la literal reproducción de los motivos en su función individualizadora de la pena, que convierte la denuncia en desproporcionada.

La resolución impugnada impone una pena de dos años de prisión, esto es, la pena máxima prevista para el delito de blanqueo de capitales, siendo razonada y razonable dentro del margen de discrecionalidad -con observancia de los presupuestos reglados- así como adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso dado que, ciertamente, la mayor participación del recurrente en los hechos supone un mayor desvalor de su conducta y le hace acreedor de un mayor reproche penal que el resto de los condenados.

La respectiva participación del acusado recurrente es clave y esencial en la comisión de los hechos, y claramente determinante en la respectiva comisión de las conductas del resto de coacusados. Es el recurrente quien recibe el dinero en su cuenta corriente, transmitiéndolo después al resto de los condenados apreciándose su intervención en todos los hechos por los que ha resultado condenado.

Por todo lo expuesto, el recurso se desestima.

OCTAVO. -De conformidad con lo expuesto resulta obligada la desestimación de los recursos y la consecuente confirmación de la resolución impugnada, debiendo esta Sala declarar de oficio las costas que en la alzada se hubieran podido causar, ex artículos 239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos y doctrina jurisprudencial citada y demás de general y pertinente aplicación.