Sentencia Penal 352/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 365/2025 de 21 de octubre del 2025

Recurso formulado por Inmaculada

PRIMERO.-A través del presente recurso se viene a cuestionar la sentencia al entender que esta ha incurrido en un error en la valoración de la prueba, que hace que sus pronunciamientos absolutorios resulten ilógicos y desconectados con la realidad que la prueba practicada nos ofrece, resultando contradictorio que se le de credibilidad a la declaración de la victima respecto del episodio del corte en el pie ocurrido el día 10 de abril de 2018, en cambio no se la dé respecto a los restantes episodios, así como que se dé preferencia a otras pruebas como puedan ser la que prestan los padres y se ignoren las conclusiones que pudieran resultar de otras, en particular de las pruebas periciales practicadas, en especial la llevada a cabo a instancias de esa representación.

No podemos ignorar que lo recurrido es una sentencia absolutoria, lo que limita notablemente las posibilidades de impugnación. Así ya de partida el artículo 792, 2 LECr es categórico al afirmar que nos está vedado condenar al acusado que ha resultado absuelto o agravar una sentencia condenatoria fundándonos en un error en la valoración de la prueba. La única opción que nos deja el precepto por su remisión al artículo 790, 2 LECr, es la declaración de nulidad, bien de la resolución o bien del juicio, cuando la acusación llegue a acreditar que la sentencia incurre en cualquiera de las siguientes deficiencias: insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica; alejamiento manifiesto de las máximas de experiencia; omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia, o; declara de forma improcedentemente la nulidad de algún medio de prueba relevante.

La STS núm. 593/2023 de 13 de julio (con mención STS núm. 1423/2011 de 29 de diciembre; 142/2011 de 11 de marzo; 309/2012 de 12 de abril; 757/2012 de 11 de octubre; 1020/2012 de 30 de diciembre; 157/2013 de 22 de febrero; 325/2013 de 2 de abril; STS 691/2014 de 23 de octubre; 865/2015 de 14 de enero; y 397/2015 de 14 de mayo. STC núm. 154/2011 de 17 de octubre; 49/2009 de 23 de febrero; 30/2010 de 17 de mayo y 46/2011 de 11 de abril, entre otras), haciendo un amplio estudio de la jurisprudencia que sobre la materia mantiene tanto ese alto Tribunal como el Tribunal Constitucional señala que vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad.

Descartando tal como se encarga de precisar la STS núm. 586/2023 de 12 de julio, con una amplia cita jurisprudencial y sobre la base de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 88/2013, de 11 de abril de 2013, que en cambio se produzca esta vulneración cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas, en este caso no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, quedando la posición del afectado debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte.

Resultando según la comentada doctrina, de la que puede ser exponente en este particular la STS núm. 162/2018 de 5 de abril, que cuando se atribuya a la sentencia absolutoria de instancia un error en la valoración de la prueba, la cuestión plantea otros problemas. Es cierta la posibilidad de rectificar un hecho probado cuando esta modificación tenga por fundamento algunos de los documentos que obren en la causa y que demuestren la equivocación del juzgador. Pero la cuestión es distinta cuando se pretende denunciar una interpretación arbitraria de la prueba con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y ello porque solo en aquellos casos en los que esa valoración sea absolutamente arbitraria, ajena a las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y alejada del canon constitucional de valoración racional de la prueba, el pronunciamiento absolutorio podrá ser impugnado, logrando así el reconocimiento de la vulneración del derecho constitucional y la reparación adecuada mediante la anulación del pronunciamiento absolutorio.

Pudiéndose anular aquellas decisiones judiciales basadas en criterios no racionales, o apartados de toda lógica o ajenas a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho; pero no permite corregir cualquier supuesta deficiencia en la aplicación del derecho o en la valoración de la prueba. El derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, quedando este derecho colmado con una respuesta judicial que se mueva dentro de ciertos cánones elementales de razonabilidad y que se funden en una interpretación de la norma jurídica no extravagante, sino defendible, aunque se aparte de otras posibles igualmente las sostenibles.

Por lo que a modo de conclusión hemos de señalar que no podrá sustituirse en esta instancia la falta de convicción del Tribunal de instancia y revisar su juicio valorativo sobre la base de unas pruebas de naturaleza personal de las que solo se nos ofrece una síntesis pero que ni hemos presenciado ni, por ello, estamos en disposición de evaluar en todo su contenido, aun cuando se cuente con una grabación del acto. Debiendo respetar esa valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, dado que el recurso de apelación penal español, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia. Lo que ha determinado ante las pautas de interpretación que viene marcando el Tribunal Constitucional -que a su vez recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- al aplicar el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (inmediación, contradicción y oralidad) y también del derecho de defensa en el proceso penal, hacen muy difícil la revisión de la convicción probatoria del Tribunal de instancia en los casos en que concurren pruebas personales en el juicio celebrado en la instancia. Hasta tal punto ello es así, que cuando el reexamen de la sentencia recurrida no se circunscribe a cuestiones estrictamente jurídicas es poco plausible que operen los recursos de apelación y casación para revisar las sentencias absolutorias o agravar la condena dictada en la instancia.

En el presente caso no podemos dejar de lado que efectivamente la sentencia al recoger un dilatado periodo de tiempo, en el que no se puede negar que la convivencia ha resultado conflictiva, ha optado por dar un pleno valor al testimonio de la victima solo en aquellos casos que su testimonio queda reforzado por algun otro elemento probatorio. Así admite el episodio del corte del pie porque no solo obran una fotografías, sino que a la par existe un parte de asistencia hospitalaria que objetiva la presencia de esas heridas, así como que el procesado la acompaño al centro sanitario. No podemos negar que al referirse a este episodio la sentencia incurre en un claro error material al hacer referencia a los mensajes que se cruzan el 5 de enero de 2021 (folios 93 y 94) cuando este episodio ocurre el día 10 de abril de 2018. Mas tras la lectura de la sentencia no resulta duda alguna en torno a que aparecen perfectamente diferenciados en el tiempo ambos episodios, y es mas al abordar ese concreto episodio del 5 de enero, se pronuncia en un sentido que no se muestra en modo alguno incompatible con el contenido de los mensajes, hasta el extremo que el párrafo al que se refiere la recurrente podría perfectamente trasladarse a ese apartado del 5 de enero sin que pierda sentido.

Se alude igualmente a que se han destacado ciertos testigos cuando realmente no aportan nada y quizá incurran en contradicción respecto de sus primeras declaraciones. En particular se incide en la declaración de la madre del procesado, Casilda, quien con independencia de lo que pudiera haber declarado inicialmente en la vista claramente admitió que su hijo tenía problemas con el alcohol y las drogas. Añadiendo que Inmaculada con frecuencia presentaba lesiones, moratones y arañazos pero que se imputaban a los deportes que practicaba o a los gatos. No pudiendo a este respecto menos que traer a colación las fotografías que aporta la defensa a los folios 143 que evidencian que la recurrente practica el deporte del "airsoft"en el que dos equipos se enfrentan con armas de aire comprimido que disparan unos proyectiles esféricos que pueden llegar a producir moretones circulares como los que aparecen el las fotografías que aporta (f. 86 y 87) .

Cuestionando igualmente la valoración que hace la sentencia de la prueba pericial practicada, en el que si se aprecia cierta ansiedad y determinadas alteraciones en Inmaculada, pero puede obedecer a un cumulo de acontecimientos al atribuirle un origen multicausal, no pudiendo dejarse de mencionar que en última instancia sus conclusiones, tal como afirma la sentencia, se basan en las manifestaciones que presta la propia Inmaculada en definitiva en la valoración de su testimonio, que es algo que corresponde de forma exclusiva a la Sala.

Por lo que en definitiva modificar esa conclusión, acorde a lo pretendido por la acusación, implicaría alterar la valoración del tribunal de instancia, para pasar a sustituirla por la sostenida por los recurrentes, lo que como hemos visto nos está totalmente vedado. Puede que se comparta o no, e incluso que los elementos probatorios permitieran sostener otra posición diferente, pero esta circunstancia no altera el hecho básico de que no por ello deja de resultar lógica y racional la conclusión que adopta el Tribunal de instancia. Lo que determina que tal como ya hemos visto, desde el momento que es a ese órgano a quien de forma directa le incumbe esta tarea, por la especial posición que le brinda el haber presenciado la totalidad de la prueba, de forma particular la de naturaleza personal, bajo los principios de inmediación, contradicción, oralidad y concentración, debe en cualquier caso prevalecer su labor, al no encontrar -salvo la eventual discrepancia con ella fruto de una revaloración de esas pruebas- razón que nos haga afirmar que incurre en error o se muestra contraria a la lógica y al sentido común.

SEGUNDO.-Sin embargo deberemos efectuar una excepción a las consideraciones más arriba expuestas, ya que a tenor de los hechos probados antes trascritos y de la propia condena por un delito de lesiones que acabamos de confirmar hubiera resultado igualmente procedente condenar al procesado como autor de un delito de amenazas leves del artículo 171.4 CP del que también venia acusado.

Debe tenerse presente que la doctrina más arriba expuesta no resulta de aplicación tal como se encarga de precisar la STS núm. 586/2023 de 12 de julio, con una amplia cita jurisprudencial y sobre la base de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 88/2013, de 11 de abril de 2013, cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas, en este caso no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, quedando la posición del afectado debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte.

En el presente caso observamos que los hechos durante el periodo de tiempo comprendido entre 26 de julio y el 10 de agosto de 2021, a enviarle whatsapps a Inmaculada diciéndole: "como que vas a saber tú, si no sirves para nada", "no sirves ni para que te llegue un whatsapp muerta de hambre que no te quieren ni tus padres todos los que pueden librarse de ti lo hacen", "ahora te jodes hija de puta", "muerte hija de puta", "suicídate y danos esperanza de vida a los demás", "hija de puta",y "ahí te mueras en tu mierda de vida".Mensajes con un contenido claramente vejatorio y amenazante.

Si unimos dichos mensajes a la agresión que padeció en el pie podría pensarse que considerados en su conjunto determinarían la apreciación de un delito de maltrato habitual del art. 173.2 CP sin embargo no puede dejarse de lado que dicho suceso tiene lugar el día 10 de abril de 2018, es decir más de tres años antes. Por lo que no habiéndose admitido ninguno de los sucesos que se imputan al procesado entre ambas fechas, por ese trascurso del tiempo, se nos hace difícil admitir la habitualidad que exige el precepto. En definitiva la presencia de actos de violentos perpetrados de forma asidua que desde una perspectiva de conjunto generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad, determinando este tipo específico que rebasa el correspondiente a cada una de las acciones individuales que integran el comportamiento habitual ( STS núm. 702/2025 de 21 de julio).

TERCERO.-Por lo que ante la condena que ahora se hace del Sr. Primitivo, en primer término resultara procedente hacer aplicación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño ( art. 21. 5 CP) , en la medida que tal como deja constancia la sentencia ha sido solicitada tanto por las acusaciones como por la defensa, por lo que nos resultara vinculante ( STS núm. 1188/2024 de 16 de enero de 2025).

Lo que por aplicación del artículo 66.1.2ª no obligara a reducir la pena en un grado, ya que por el propio carácter violento del procesado que estos hecho ponen de manifiesto consideramos que aconsejan optar tanto por la pena de prisión como por no efectuar mayor reducción. Dentro de este marco siguiendo el mismo criterio que la sentencia reducida que tras reducirla en un solo grado (4m15d-9m) se mantiene en un límite próximo a su máximo, a tenor del marco resultante (3m-6m) fijarla en cinco meses de prisión. Penas a la que cabra añadir, de un lado, la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 10 meses, y de otro lado a tenor del artículo 57 prohibición de comunicarse por cualquier medio, y de acercarse a Inmaculada, así como a su domicilio o lugar de trabajo aunque no se encuentre en ellos, a una distancia no inferior a 500 metros por un plazo de dos años.

Igualmente y visto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los criminalmente responsables de todo delito o falta lo son también por las costas y civilmente para reparar e indemnizar los daños y perjuicios que con ellos causan. Cabra de un lado imponerle el pago de una indemnización de 1.000€ por el evidente daño moral que ha de haberle generado a Inmaculada la situación de desasosiego que la recepción de esos mensajes le habrá supuesto. De otro lado en relación a las costas procesales cabra imponerle, a los vista de los delitos imputados y los que han sido apreciados, el pago de dos decimas partes de las costas devengadas declarando de oficio tanto las ocho partes restantes como las que haya podido generar su recurso.

Recurso de D. Primitivo

CUARTO.-A través de este recurso se cuestiona el pronunciamiento condenatorio que efectúa la sentencia por entender que incurre en un error en la valoración de la prueba que ha determinado que haya sido condenado sin que exista prueba de cargo suficiente que justifique tal pronunciamiento, con lo que entiende ha quedado conculcada la presunción de inocencia que debió ampararle. Ya que la Audiencia se ha basado fundamentalmente en la declaración de la victima a pesar de las imprecisiones y contradicciones en que incurre.

Hemos de tener presente que tal como indica la STS núm. 319/2024 de 16 de abril la jurisprudencia de ese Tribunal como del Tribunal Constitucional, entienden que la declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia incluso aunque fuese la única prueba disponible ( SSTC. 229/1991, de 28 de noviembre; 64/1994, de 28 de febrero y 195/2002, de 28 de octubre, así como SSTS 339/2007, de 30 de abril; 187/2012, de 20 de marzo; 688/2012, de 27 septiembre; 788/2012, de 24 de octubre; 469/2013, de 5 de junio; 553/2014, de 30 de junio o 355/2015, de 28 de mayo, entre muchas otras).

Cierto que esta prueba ha de quedar sometida a ciertos parámetros de control que eludan cualquier sospecha de un mero voluntarismo, surgiendo así los tradicionales criterios interpretativos de análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación.

En el presente caso no podemos dejar de lado que la denuncia expone una multiplicidad de hechos que ocurren a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, lo que ya de partida dificulta el que puedan exponerse con detalle cada uno de los sucesos aisladas, y puede determinar que surjan lagunas que posteriormente sean complementadas con detalles periféricos e incluso ciertas contradicciones sobre aspectos no esenciales. Lo que hace que lo trascendente sea la valoración que lleva a cabo la Audiencia tras la recepción directa de ese testimonio ( STS núm. 929/2023 de 14 de diciembre; 452/2022 de 10 de mayo; 64/2022 de 27 de enero; ATS de 25 de mayo de 2023, Recurso 7221/2022).

Así entre las contradicciones e imprecisiones que pone de manifiesto el recurrente se destacan la siguientes:

Que en el atestado (f. 9) consta que cuando la denunciante es preguntada por si ha sido amenazada con algún tipo de objeto contundente o con otra arma, dice que "...si en alguna ocasión ha usado cuchillos de cocina para amenazarla..."pero no dice que le produjo lesiones con un cuchillo.

Al respecto debe tenerse presente que la pregunta en concreto se refiere a si ha sido amenazada, no si ha empleado en alguna ocasión un arma contra ella. Observando que a continuación es preguntada sobre si ha sufrido algun tipo de lesión, a lo manifiesta que si, añadiendo en concordancia a lo ha venido declarando sobre esta agresión, que cuando iba al médico allí no decía lo que le había pasado.

Que cuando presta declaración ante la Instructora (f. 38) "no nombra el episodio, tras su ratificación de la denuncia realizada el día anterior ante la policía, y a lo que añade posteriormente, es a preguntas del Ministerio Fiscal cuando dice que recuerda, pero sin entrar a explicar cómo sucedió, y tampoco dice que mintió al médico al decir que se había cortado con un vaso de cristal, lo cual resulta sospechoso por parte de la denunciante".

Lo que realmente no llega a comprenderse, ya que ante la complejidad de sucesos que se entremezclan no es extraño que no se centrara en exclusiva en este ni constituyere el centro de su relato. Lo trascendente es que aunque sea a preguntas del Ministerio Fiscal manifestó "que recuerda que le causo lesiones en un pie con un cuchillo y tiene fotografías".

No puede dejarse de lado que estamos valorando actas escritas, lo que supone que vendrán matizadas por el funcionario que lleva a cabo la trascripción suponiendo en cualquier caso un reflejo parcial de lo allí ocurrido, a diferencia de lo que supone la grabación del juicio.

En el parte de urgencias (f. 62) en el motivo de su asistencia se deja se alude a: "Paciente mujer de 21 años refiere corte con vaso de cristal en planta de pie derecho hoy".A lo que añade que en el informe médico-forense (f. 65), en ningún momento se habla de corte con cuchillo. Lo que le lleva a afirmar que en consecuencia "no existe ninguna duda que la herida está causada con un vaso de cristal... conforme a la documental aportada".

Lo que desde luego no podemos admitir, dado que por lo que se refiere al parte de urgencias explico en su declaración el motivo por el que no dijo la verdad, concretamente por el miedo que le producía su pareja y que de hecho en esos momentos la acompañaba.

Por lo que se refiere a informe médico-forense, no puede olvidarse el objeto de esa prueba, que no era valorar que pudo haber producido esa lesión, sino hacer una previsión sobre sanidad, tratándose como el mismo indica de un informe de sanidad probable y a la vista. Es decir ante el tiempo trascurrido (10/04/2018 - 10/03/2023) las heridas naturalmente habrán ya sanado por lo que se hace sobre la base de la documentación obrante en la causa no sobre la base de un reconocimiento directo de la lesionada.

Se alude que en su declaración la madre del recurrente declaro "que habló con la denunciante y ésta le dijo que se había cortado con un vaso roto".Lo que entendemos que en modo alguno contraría su afirmación, dado que no podemos olvidar que se está refiriendo a la fecha en que se produjo la herida, momento en que Inmaculada mantenía esa mentira con el fin de evitarse mayores complicaciones.

No pudiendo olvidar a tal respecto que tal como recoge la sentencia esta testigo también afirmo "que su hijo tenía problemas con el alcohol y las drogas, que cuando salía de fiesta, bebía y fumaba porros, pero que luego dormía la mona y se acababa el problema".Así como que su padre afirmo "que en ocasiones ella le decía que su hijo estaba borracho y estaba tirando cosas en casa, que alguna vez ha tenido que ir a recogerla porque él se había enfadado".Lo que da cuenta de cierta particularidad de carácter no que no hace irracional las conclusiones a que llega la sentencia.

A lo que se añade finalmente "que ha existido ó retraso a la hora de denunciar, tras casi un año de ruptura de la relación total, y casi un año y medio desde que dejaron de convivir, además la denuncia se interpone tras ver la denunciante al investigado con una mujer cogidos de la mano y un amigo".Extremo sobre el que alega no se le dejo preguntar, considerando que ello le ha producido indefensión. Ya que considera que considera "que este pudo ser el motivo de la denuncia, el malestar sentido por la denunciante al ver a su antigua pareja que la rechazo y no quiso volver a vivir con ella, con otra mujer". Lo que entiende también podría deducirse de lo declarado por sus testigos Valeriano (f. 76) y Nieves (f. 77)

Testigos que efectivamente dan cuenta de que coincidieron casualmente con Inmaculada, mas el encuentro se limito a que esta llamo al recurrente "maltratador",además como dijo Nieves ello ocurrió el 20 de octubre, presumimos que de 2022, en cambio la denuncia no se formula hasta el 9 de enero de 2023, lo que realmente desconecta uno y otro episodio.

Finalmente por lo que se refiere a la tardanza en denunciar hemos de señalar que tal como indica el ATS de 25 de mayo de 2023, Recurso 7221/2022 (con cita STS núm. 184/2019 de 2 de abril) "el retraso en la presentación de la denuncia no es causa o motivo que permita hacer dudar de la realidad de los hechos que son objeto de denuncia, no puede conllevar sospechas de falsedad en cuanto a su contenido, ni desvirtúa o desnaturaliza la veracidad de sus declaraciones".

Partiendo de la base que, tal como señala la STS núm. 316/2025 de 3 de abril, nuestra función no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, de forma que si apreciamos algún error debemos rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas.

Por lo que en esta medida, resultando que las conclusiones a que llega la sentencia, acorde a lo que ampliamente desarrolla la sentencia, no nos resultan ilógicas, ni irracionales, mostrándosenos acordes a las máximas de experiencia imperantes en nuestra sociedad, resultara procedente confirmar los combatidos pronunciamientos.

QUINTO.-Lo en la medida que el recurso formulado por la acusación particular ha sido admitido parcialmente cabra imponer al condenado Sr. Primitivo el pago de la mitad de las costas procesales correspondientes a esta instancia, incluyendo la mitad de las devengadas por la acusación particular, no haciendo especial pronunciamiento respecto a la segunda mitad.