Sentencia Penal 14/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 143/2025 de 22 de enero del 2026

PRIMERO.-Interpone recurso la representación procesal de Luis Andrés contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2025, pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el rollo de procedimiento abreviado 71/2023. Se solicita un fallo que, tras la revocación del anterior, condene al encausado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con estimación de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas. Subsidiariamente, se pretende su condena en concepto de autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con concurrencia de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas, debiendo penarse ambas infracciones por separado y en su grado mínimo.

En el primer motivo de impugnación se denuncia la infracción del artículo 142.1 del Código Penal, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave previsto en el artículo 142.2 del Código Penal.

En el segundo motivo de impugnación se impetra la apreciación de la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3ª del Código Penal.

En tercer término y sobre la base, al igual que en el motivo anterior, de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución), se insta la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias prevista en el ordinal 6º del artículo 21 del Código Penal.

Finalmente, en cuarto lugar, se interesa, fundamentándose igualmente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la declaración de indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77, todos ellos del Código Penal.

SEGUNDO.-En la fundamentación del primero de los motivos de impugnación, la defensa sostiene que la argumentación de la sentencia de instancia, mediante la cual se califica el relato fáctico como un delito de homicidio causado por imprudencia grave, resulta insuficiente; ello se debe a que el juzgador se limita a expresar los criterios que se exigen para la determinación cualitativa de dicha imprudencia. La parte recurrente admite que es reprochable responder a insultos exigiendo disculpas y culminar la disputa con un cruce de manotazos, pero considera indefendible que el resultado producido sea la materialización del riesgo creado por la acción. Sostiene que el resultado no era previsible y que la resolución no pormenoriza los criterios considerados para valorar ese peligro.

La defensa pormenoriza que el lugar donde aconteció el suceso no permite colegir que, en el caso de una caída, se produzca un resultado de tal gravedad. Por otra parte, niega que la caída del Sr. Benedicto determinara directamente el traumatismo craneoencefálico; afirma, en cambio, que la víctima, al caer, golpeó su cuerpo contra la pared para posteriormente impactar contra el suelo con la cabeza durante la secuencia de la caída, añadiendo que ese golpe podría haberse producido en cualquier emplazamiento. Por otro lado, resulta preceptivo valorar la entidad del golpe, calificado en la propia sentencia como impacto con la mano abierta. Se menciona la inexistencia de una especial diferencia de complexión entre víctima y acusado, así como la actitud del reo tras los hechos, al no huir del lugar.

La reciente sentencia 725/2025, de 16 de septiembre, analiza la configuración normativa y jurisprudencial de la imprudencia penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con especial atención a la delimitación entre imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. La introducción de esta última categoría intermedia ha generado un relevante desarrollo jurisprudencial orientado a preservar la coherencia sistemática del Código Penal y a garantizar la aplicación del principio de intervención mínima. La LO 1/2015 supuso la derogación del Libro III del Código Penal con la supresión de las faltas. Las conductas anteriormente tipificadas como tales fueron, bien despenalizadas y reconducidas al ámbito de la responsabilidad civil, o bien incorporadas al Libro II como delitos leves.

En la esfera de la imprudencia, el legislador mantuvo la punición de la imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones especialmente relevantes ( arts. 142.1 y 152.1 CP), y tipificó la imprudencia menos grave cuando cause la muerte o lesiones agravadas ( arts. 142.2 y 152.2 CP), despenalizando definitivamente la imprudencia leve. Esta reforma hizo necesaria una redefinición conceptual de las categorías de imprudencia, tradicionalmente limitadas a la distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve en el Código Penal de 1995, y entre imprudencia temeraria e imprudencia simple en el Código Penal de 1973. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado esta tarea precisando los elementos estructurales de la imprudencia penal: (i) una acción u omisión no intencional que cause un resultado lesivo mediante una relación de causalidad adecuada; (ii) una omisión del deber de cuidado imputable al sujeto, derivada de negligencia o error intelectual, en la medida en que el resultado era previsible y evitable; (iii) la infracción de deberes objetivos de precaución impuestos por las normas de convivencia o por regulaciones específicas; y (iv) una entidad suficiente de la desatención como para justificar la imposición de una pena ( STS 805/2017, de 11 de diciembre).

Desde esta perspectiva, la imprudencia grave ha sido caracterizada de forma constante como una negligencia cualificada o superlativa, consistente en la infracción de las normas de cuidado más elementales, básicas y evidentes, aquellas que incluso el sujeto menos diligente habría observado. Se trata de una omisión de cautela de especial intensidad, que implica la eliminación de la atención mínima exigible en la vida de relación y la vulneración de deberes fundamentales de convivencia (entre otras, SSTS 922/1998, de 8 de julio; 706/2008, de 11 de noviembre; 3/2016, de 19 de enero). En el extremo opuesto, la imprudencia leve se identifica con la omisión de la diligencia ordinaria exigible según las circunstancias del caso. Tras la reforma de 2015, esta modalidad ha quedado fuera del ámbito penal, como expresión de una opción legislativa orientada a reservar el reproche penal para las conductas que presenten un mayor desvalor de la acción, de acuerdo con el principio de intervención mínima.

La categoría de imprudencia menos grave ha sido objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial. Se han formulado tres principales posiciones: la que equipara la imprudencia menos grave a la antigua imprudencia leve; la que la concibe como una categoría intermedia formada por los supuestos menos graves de la imprudencia grave; y la que entiende que debe nutrirse de las conductas más relevantes de la antigua imprudencia leve. El Tribunal Supremo ha rechazado expresamente la primera tesis por resultar incompatible con la despenalización de las faltas y contraria a la finalidad de la LO 1/2015 ( STS 805/2017, de 11 de diciembre). Asimismo, el Alto Tribunal ha descartado que la imprudencia menos grave se construya a costa de reducir el ámbito conceptual de la imprudencia grave, al subrayar que este concepto se emplea de forma transversal en numerosos tipos penales y no puede adquirir significados distintos según el delito de que se trate. En este sentido, la Sentencia del Pleno 421/2020, de 22 de julio, afirmó que la imprudencia menos grave debe configurarse a partir de una subdivisión de la antigua imprudencia leve, reservando la sanción penal para aquellas conductas que, sin alcanzar la intensidad propia de la imprudencia grave, revelen una desatención relevante del deber de cuidado.

Finalmente, la jurisprudencia ha destacado que la diferencia esencial entre imprudencia grave y menos grave radica en la intensidad de la infracción del deber de cuidado, lo que exige valorar tanto la capacidad del sujeto para prever el riesgo como el grado de exigibilidad de una conducta preventiva adecuada. En términos clásicos, la imprudencia grave se produce cuando se infringen normas de cuidado elementales que respetaría incluso el hombre menos diligente, mientras que la imprudencia menos grave concurre cuando se omiten las precauciones exigibles a cualquier ciudadano normalmente cuidadoso ( STS 320/2025, de 3 de abril). Concluye la sentencia, en relación con el caso concreto que analiza y sobre la imprudencia grave, que «nuestra jurisprudencia ha calificado de esta manera aquellas agresiones que consisten en propinar a alguien un puñetazo con intensidad suficiente como para derribar al agredido y provocar de forma imprevista su muerte en virtud de las lesiones derivadas del impacto de la caída (de lo que son expresión las SSTS 922/1998, de 8 de julio; 1166/1998, de 10 de octubre; 1579/2002, de 2 de octubre; 706/2008, de 11 de noviembre; 228/2012, de 27 de marzo; 658/2013, de 18 de julio; 564/2014, de 10 de julio o 3/2016, de 19 de enero, entre muchas otras)».

La resolución recurrida pone de manifiesto que el resultado lesivo era previsible, atendiendo tanto a la dinámica de los hechos y la naturaleza del golpe -con la mano abierta y tomando impulso- como a las características del lugar, caracterizado por un espacio estrecho entre los pilares, la pared y la existencia de una acera. Razona el juzgador al final del fundamento jurídico tercero que la manera de golpear en el emplazamiento donde acaeció el suceso permitía apreciar con facilidad un desenlace de cierta gravedad. No se cuestiona la inicial agresión por parte del acusado y resulta incuestionable que, conforme se determina en la sentencia, el resultado lesivo trae causa de la imprudencia integrada por el riesgo creado por la propia agresión, el cual era fácilmente perceptible habida cuenta del lugar donde tuvo lugar aquella.

Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico, lo que conllevaría un evidente riesgo vital, por más que el mismo no fuera querido por el agresor. Partimos de una acción intencional, aunque no dirigida a la causación del resultado que finalmente se produjo, comportamiento que determinó la materialización de un riesgo fácilmente apreciable. En efecto, cae dentro de la normal previsión la posible caída del agredido y la posibilidad de que se golpee de forma fatal con alguno de los elementos arquitectónicos que le circundan. Ese comportamiento es consecuencia de la omisión de un elemental deber de cuidado dirigido fundamentalmente a la evitación de aquella agresión en esas circunstancias; se trata de una conducta contraria a elementales normas de convivencia, demostrativa de esa manifiesta y grave desatención que justifica la calificación de su proceder como grave. Asimismo, no es cierto que la sentencia no haya motivado la consideración de la imprudencia, pues claramente se apoya en aquellas circunstancias confluyentes en el suceso para justificar la previsibilidad del riesgo creado por la conducta del acusado, así como la asunción del mismo.

Esta Sala no puede suscribir la posición de la defensa cuando refiere la escasa entidad del golpeo, toda vez que fue suficiente para derribar a la víctima. No es preciso más para la determinación de la conducta imprudente y su gravedad; en nada empece a tal conclusión que no hubiera reiteración en la agresión, pues debe recordarse que la víctima ya había caído golpeándose fatalmente en la cabeza. Es irrelevante la complexión de los protagonistas del hecho y en nada afecta a la calificación el que el acusado se quedara en el lugar tras haber consumado su acción, o que no tuviera antecedentes y se encuentre perfectamente integrado socialmente. Finalmente, hay que indicar que el principio in dubio pro reono afecta a la tipificación de los hechos, sino a la consideración de los hechos mismos.

El motivo se rechaza.

TERCERO.-Respecto a la posible aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación, la representación procesal de Luis Andrés parte de una premisa inexistente: que la prueba practicada acredita un estado mental del acusado que, al menos, genere dudas sobre esa alteración anímica capaz de determinar una disminución de la imputabilidad. No cualquier estado de excitación merece tal consideración y resulta evidente que, ante cualquier tipo de agresión, el propio sujeto activo, en prácticamente la totalidad de los casos, se hallaría afectado por un acaloramiento emocional.

Tampoco pormenoriza la defensa qué concretas expresiones de los testigos aludidos determinan esa situación; antes al contrario, muchas de las declaraciones trascritas en la sentencia muestran cómo el acusado persiguió a Benedicto y le propinó una patada antes de la fatal agresión. Dicha conducta resulta incompatible con esa fugaz ofuscación que denotaría una merma de imputabilidad.

La circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, prevista en el ordinal tercero del artículo 21 del Código Penal, es, según manifiesta el Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de octubre de 2001, por todas), «una reacción momentánea que los seres humanos experimentan ante estímulos poderosos que producen una honda perturbación del espíritu, que ofusca la inteligencia y determinan a la voluntad a obrar irreflexivamente y es elemento objetivo insoslayable para la apreciación de esta circunstancia el que el estímulo que desencadena la reacción rápida e instantánea -arrebato-, debe tener cierta entidad de tal manera que justifique o explique la reacción del acto y merezcan una disminución de la imputabilidad con los efectos consiguientes sobre la pena»".

Ciertamente, no cualquier contrariedad determina esa circunstancia y no cabe duda de que el propio desarrollo de los hechos -en los que el encausado caminó detrás de Benedicto- evidencia que no se trató de un comportamiento súbito e irreflexivo, por más que, a efectos dialécticos, la víctima hubiera expresado algún comportamiento racista.

Asimismo, como destaca la propia defensa, el comportamiento del acusado tras lo sucedido no es compatible con esa situación de absoluta alteración anímica, toda vez que se quedó en el lugar de los hechos sin que la propia representación procesal haya aludido a prueba alguna que justifique tal estado.

El agente de la autoridad que estuvo en el lugar de los hechos tras la agresión, y que depuso en el atestado, simplemente aludió a que el acusado se encontraba alterado; manifestó que la causa de la agresión era porque le había mirado mal y le había mandado a la mierda. Dichos sucesos difícilmente pueden entenderse como desencadenantes de ese intenso arrebato determinante de la pérdida de imputabilidad.

En su declaración en fase de instrucción manifestó que «que tuvo con el dicente una actitud agresivo, que cree que el chico pensó que iba a pelear, que el chico levanto los brazos, que el chico le dijo le que ya había pasado un problema con la persona, que el chico le dijo que no había podido contenerse, que había existido otro episodio racista o algo así pareció entenderle, que estaba nervioso, que estaba alterado, que al chico de raza negra no le aprecio lesión, que le dijo "que el lesionado le había mirado mal a él", que estaba harto de esas conductas hacia el, que el lesionado la había mandado a la "mierda" o algo de mierda, que no sabe si fue "negro de mierda" o "vete a la mierda", que el dicente pensó que había sido tan grave, que el chico le decía es que le he dado con la mano abierta, que cuando lo vio no paraba de caminar, pero miraba hacia atrás, que lo tuvo que ver en el suelo, que después de que le dicente le dijo párate, y se puso a la defensiva, que le dijo el declarante estate tranquilo, que después de explicarle lo que había pasado intento continuar su marcha, y el dicente lo paró señalando el detenido "no me toques, no me toques", que en ese momento el dicente se identificó como policía, que siguieron hablando, que incluso llego a pedirle disculpas, y no hizo ademan de marcharse, que le dijo que se llamaba Luis Andrés, que era no me toque no me toques era amenazante como si me tocas...que hasta que se calmó evidenciada una actitud agresiva».

La sentencia 576/2025, de 25 de junio, establece que «Conforme señalan las sentencias de esta Sala núm. 118/2017, de 23 de febrero y 981/2016, de 20 de enero, la circunstancia comentada (sentencia núm. 140/2010, de 23 de febrero) "... exige, en primer lugar, la existencia de estímulos o causas generalmente procedentes de la víctima ( sentencia núm. 256/2002, de 13 de febrero), que pueden ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el de que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación ( sentencia de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en el que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor. Y también se ha advertido por esta Sala en la sentencia 140/2010 que no cualquier estímulo es válido a los efectos de atenuar la responsabilidad por la vía de la atenuante de estado pasional. Así, se ha dicho que la reacción amparada en la atenuación debe ir dirigida a asegurar la convivencia social, pues no ha de olvidarse la función del derecho penal, la ordenación de la convivencia, por lo que los presupuestos de la atenuación deben ser lícitos y acordes con las normas de convivencia».

De lo expuesto se colige que simplemente nos encontramos ante un estado de nerviosismo o alteración del acusado, en clara armonía con lo sucedido, pero sin que se haya acreditado una especial relevancia del mismo y, desde luego, sin que exista proporcionalidad entre la agresión propinada a Benedicto y un hipotético comentario de este sobre el origen racial del encausado.

El motivo se rechaza.

CUARTO.-Respecto a la concurrencia de dilaciones indebidas, resulta imperativo reseñar la realidad de una paralización de catorce meses en la sustanciación del procedimiento: desde el auto de noviembre de 2023 hasta la diligencia de ordenación que señaló las sesiones del juicio oral en febrero de 2025.

Al efecto, la reciente sentencia 483/2025, de 28 de mayo, indica que «Según exponíamos en la sentencia núm. 169/2019, de 28 de marzo, "este Tribunal viene señalando ( sentencias núms. 360/2014 y 364/2018 ) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal . Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.».

En el supuesto de autos, los hechos acaecieron el 13 de abril de 2021 y el investigado compareció para prestar declaración en sede judicial dos días después. Posteriormente, la vista del juicio oral tuvo lugar en junio de 2025; esto es, transcurrieron aproximadamente cuatro años después de la incoación del procedimiento. Se observa, por tanto, que no se ha superado el umbral temporal de cinco años al que se refiere la sentencia transcrita, sin que la parte recurrente haya acreditado elementos de especial relevancia a los efectos de apreciar un manifiesto perjuicio en este caso para el encausado. Tal circunstancia determina el rechazo del alegato impugnatorio.

QUINTO.-Finalmente, en calidad de último motivo de impugnación, se denuncia la infracción de lo preceptuado en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77 del Código Penal.

En el desarrollo del motivo, la parte apelante sostiene que la sentencia omite identificar la pena que habría impuesto la Sala en el supuesto de sancionar por separado ambas infracciones; por consiguiente, alega que no es posible efectuar el término de comparación que exige el artículo 77.2 del Código Penal. Asevera que la comparación de las penas en abstracto, partiendo del límite máximo de cada una de ellas, resulta insuficiente, siendo preciso contemplar la concreta pena a imponer, extremo que no ha sucedido.

La defensa precisa su pretensión indicando que la pena correspondiente al delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal se mueve en una horquilla de entre tres meses y tres años de prisión, o multa de seis a doce meses. Por su parte, el homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del mismo texto legal se pena con entre uno y cuatro años de prisión. Existe, por consiguiente, margen para que la suma de las penas sea inferior a la efectivamente impuesta. Al argumento anterior le añade que la punición conforme a las reglas del concurso ideal, en su mínima extensión, determinaría que la sanción de los delitos considerados, sumadas las condenas, arrojaría una penalidad inferior a la acordada.

La recurrente parte de una premisa que la Sala no contempla. Sostiene que, si se ha impuesto la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal en su grado mínimo, en igual medida habrían de imponerse las penas determinando la sanción de cada una de las infracciones por separado. Este razonamiento carece de soporte normativo, en primer lugar; en segundo término, la Sala, al imponer la sanción sobre la base del artículo 77.2, está considerando implícitamente que, de haber impuesto las penas a cada una de las infracciones por separado, el resultado hubiera sido superior al que en definitiva considera. No concurre motivo alguno para imponer en su mínima extensión la pena por el delito de lesiones dolosas ex artículo 147.1; tampoco existe razón para imponer la pena en su mínima expresión por el delito imprudente. Máxime cuando el propio artículo 142.1, en relación con el artículo 66.2 del Código Penal, permite al tribunal la imposición de la pena según su prudente arbitrio, lo que determina la posibilidad de una pena de hasta cuatro años de prisión. En síntesis, la propia comparación de la Sala al determinar la imposición de la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal proyecta que, de haber penado las infracciones por separado, la consecuencia punitiva para el acusado habría sido más gravosa, y tal circunstancia determina el fracaso del motivo de impugnación.

El motivo se rechaza.

SEXTO.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Interpone recurso la representación procesal de Luis Andrés contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2025, pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el rollo de procedimiento abreviado 71/2023. Se solicita un fallo que, tras la revocación del anterior, condene al encausado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con estimación de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas. Subsidiariamente, se pretende su condena en concepto de autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con concurrencia de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas, debiendo penarse ambas infracciones por separado y en su grado mínimo.

En el primer motivo de impugnación se denuncia la infracción del artículo 142.1 del Código Penal, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave previsto en el artículo 142.2 del Código Penal.

En el segundo motivo de impugnación se impetra la apreciación de la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3ª del Código Penal.

En tercer término y sobre la base, al igual que en el motivo anterior, de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución), se insta la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias prevista en el ordinal 6º del artículo 21 del Código Penal.

Finalmente, en cuarto lugar, se interesa, fundamentándose igualmente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la declaración de indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77, todos ellos del Código Penal.

SEGUNDO.-En la fundamentación del primero de los motivos de impugnación, la defensa sostiene que la argumentación de la sentencia de instancia, mediante la cual se califica el relato fáctico como un delito de homicidio causado por imprudencia grave, resulta insuficiente; ello se debe a que el juzgador se limita a expresar los criterios que se exigen para la determinación cualitativa de dicha imprudencia. La parte recurrente admite que es reprochable responder a insultos exigiendo disculpas y culminar la disputa con un cruce de manotazos, pero considera indefendible que el resultado producido sea la materialización del riesgo creado por la acción. Sostiene que el resultado no era previsible y que la resolución no pormenoriza los criterios considerados para valorar ese peligro.

La defensa pormenoriza que el lugar donde aconteció el suceso no permite colegir que, en el caso de una caída, se produzca un resultado de tal gravedad. Por otra parte, niega que la caída del Sr. Benedicto determinara directamente el traumatismo craneoencefálico; afirma, en cambio, que la víctima, al caer, golpeó su cuerpo contra la pared para posteriormente impactar contra el suelo con la cabeza durante la secuencia de la caída, añadiendo que ese golpe podría haberse producido en cualquier emplazamiento. Por otro lado, resulta preceptivo valorar la entidad del golpe, calificado en la propia sentencia como impacto con la mano abierta. Se menciona la inexistencia de una especial diferencia de complexión entre víctima y acusado, así como la actitud del reo tras los hechos, al no huir del lugar.

La reciente sentencia 725/2025, de 16 de septiembre, analiza la configuración normativa y jurisprudencial de la imprudencia penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con especial atención a la delimitación entre imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. La introducción de esta última categoría intermedia ha generado un relevante desarrollo jurisprudencial orientado a preservar la coherencia sistemática del Código Penal y a garantizar la aplicación del principio de intervención mínima. La LO 1/2015 supuso la derogación del Libro III del Código Penal con la supresión de las faltas. Las conductas anteriormente tipificadas como tales fueron, bien despenalizadas y reconducidas al ámbito de la responsabilidad civil, o bien incorporadas al Libro II como delitos leves.

En la esfera de la imprudencia, el legislador mantuvo la punición de la imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones especialmente relevantes ( arts. 142.1 y 152.1 CP), y tipificó la imprudencia menos grave cuando cause la muerte o lesiones agravadas ( arts. 142.2 y 152.2 CP), despenalizando definitivamente la imprudencia leve. Esta reforma hizo necesaria una redefinición conceptual de las categorías de imprudencia, tradicionalmente limitadas a la distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve en el Código Penal de 1995, y entre imprudencia temeraria e imprudencia simple en el Código Penal de 1973. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado esta tarea precisando los elementos estructurales de la imprudencia penal: (i) una acción u omisión no intencional que cause un resultado lesivo mediante una relación de causalidad adecuada; (ii) una omisión del deber de cuidado imputable al sujeto, derivada de negligencia o error intelectual, en la medida en que el resultado era previsible y evitable; (iii) la infracción de deberes objetivos de precaución impuestos por las normas de convivencia o por regulaciones específicas; y (iv) una entidad suficiente de la desatención como para justificar la imposición de una pena ( STS 805/2017, de 11 de diciembre).

Desde esta perspectiva, la imprudencia grave ha sido caracterizada de forma constante como una negligencia cualificada o superlativa, consistente en la infracción de las normas de cuidado más elementales, básicas y evidentes, aquellas que incluso el sujeto menos diligente habría observado. Se trata de una omisión de cautela de especial intensidad, que implica la eliminación de la atención mínima exigible en la vida de relación y la vulneración de deberes fundamentales de convivencia (entre otras, SSTS 922/1998, de 8 de julio; 706/2008, de 11 de noviembre; 3/2016, de 19 de enero). En el extremo opuesto, la imprudencia leve se identifica con la omisión de la diligencia ordinaria exigible según las circunstancias del caso. Tras la reforma de 2015, esta modalidad ha quedado fuera del ámbito penal, como expresión de una opción legislativa orientada a reservar el reproche penal para las conductas que presenten un mayor desvalor de la acción, de acuerdo con el principio de intervención mínima.

La categoría de imprudencia menos grave ha sido objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial. Se han formulado tres principales posiciones: la que equipara la imprudencia menos grave a la antigua imprudencia leve; la que la concibe como una categoría intermedia formada por los supuestos menos graves de la imprudencia grave; y la que entiende que debe nutrirse de las conductas más relevantes de la antigua imprudencia leve. El Tribunal Supremo ha rechazado expresamente la primera tesis por resultar incompatible con la despenalización de las faltas y contraria a la finalidad de la LO 1/2015 ( STS 805/2017, de 11 de diciembre). Asimismo, el Alto Tribunal ha descartado que la imprudencia menos grave se construya a costa de reducir el ámbito conceptual de la imprudencia grave, al subrayar que este concepto se emplea de forma transversal en numerosos tipos penales y no puede adquirir significados distintos según el delito de que se trate. En este sentido, la Sentencia del Pleno 421/2020, de 22 de julio, afirmó que la imprudencia menos grave debe configurarse a partir de una subdivisión de la antigua imprudencia leve, reservando la sanción penal para aquellas conductas que, sin alcanzar la intensidad propia de la imprudencia grave, revelen una desatención relevante del deber de cuidado.

Finalmente, la jurisprudencia ha destacado que la diferencia esencial entre imprudencia grave y menos grave radica en la intensidad de la infracción del deber de cuidado, lo que exige valorar tanto la capacidad del sujeto para prever el riesgo como el grado de exigibilidad de una conducta preventiva adecuada. En términos clásicos, la imprudencia grave se produce cuando se infringen normas de cuidado elementales que respetaría incluso el hombre menos diligente, mientras que la imprudencia menos grave concurre cuando se omiten las precauciones exigibles a cualquier ciudadano normalmente cuidadoso ( STS 320/2025, de 3 de abril). Concluye la sentencia, en relación con el caso concreto que analiza y sobre la imprudencia grave, que «nuestra jurisprudencia ha calificado de esta manera aquellas agresiones que consisten en propinar a alguien un puñetazo con intensidad suficiente como para derribar al agredido y provocar de forma imprevista su muerte en virtud de las lesiones derivadas del impacto de la caída (de lo que son expresión las SSTS 922/1998, de 8 de julio; 1166/1998, de 10 de octubre; 1579/2002, de 2 de octubre; 706/2008, de 11 de noviembre; 228/2012, de 27 de marzo; 658/2013, de 18 de julio; 564/2014, de 10 de julio o 3/2016, de 19 de enero, entre muchas otras)».

La resolución recurrida pone de manifiesto que el resultado lesivo era previsible, atendiendo tanto a la dinámica de los hechos y la naturaleza del golpe -con la mano abierta y tomando impulso- como a las características del lugar, caracterizado por un espacio estrecho entre los pilares, la pared y la existencia de una acera. Razona el juzgador al final del fundamento jurídico tercero que la manera de golpear en el emplazamiento donde acaeció el suceso permitía apreciar con facilidad un desenlace de cierta gravedad. No se cuestiona la inicial agresión por parte del acusado y resulta incuestionable que, conforme se determina en la sentencia, el resultado lesivo trae causa de la imprudencia integrada por el riesgo creado por la propia agresión, el cual era fácilmente perceptible habida cuenta del lugar donde tuvo lugar aquella.

Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico, lo que conllevaría un evidente riesgo vital, por más que el mismo no fuera querido por el agresor. Partimos de una acción intencional, aunque no dirigida a la causación del resultado que finalmente se produjo, comportamiento que determinó la materialización de un riesgo fácilmente apreciable. En efecto, cae dentro de la normal previsión la posible caída del agredido y la posibilidad de que se golpee de forma fatal con alguno de los elementos arquitectónicos que le circundan. Ese comportamiento es consecuencia de la omisión de un elemental deber de cuidado dirigido fundamentalmente a la evitación de aquella agresión en esas circunstancias; se trata de una conducta contraria a elementales normas de convivencia, demostrativa de esa manifiesta y grave desatención que justifica la calificación de su proceder como grave. Asimismo, no es cierto que la sentencia no haya motivado la consideración de la imprudencia, pues claramente se apoya en aquellas circunstancias confluyentes en el suceso para justificar la previsibilidad del riesgo creado por la conducta del acusado, así como la asunción del mismo.

Esta Sala no puede suscribir la posición de la defensa cuando refiere la escasa entidad del golpeo, toda vez que fue suficiente para derribar a la víctima. No es preciso más para la determinación de la conducta imprudente y su gravedad; en nada empece a tal conclusión que no hubiera reiteración en la agresión, pues debe recordarse que la víctima ya había caído golpeándose fatalmente en la cabeza. Es irrelevante la complexión de los protagonistas del hecho y en nada afecta a la calificación el que el acusado se quedara en el lugar tras haber consumado su acción, o que no tuviera antecedentes y se encuentre perfectamente integrado socialmente. Finalmente, hay que indicar que el principio in dubio pro reono afecta a la tipificación de los hechos, sino a la consideración de los hechos mismos.

El motivo se rechaza.

TERCERO.-Respecto a la posible aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación, la representación procesal de Luis Andrés parte de una premisa inexistente: que la prueba practicada acredita un estado mental del acusado que, al menos, genere dudas sobre esa alteración anímica capaz de determinar una disminución de la imputabilidad. No cualquier estado de excitación merece tal consideración y resulta evidente que, ante cualquier tipo de agresión, el propio sujeto activo, en prácticamente la totalidad de los casos, se hallaría afectado por un acaloramiento emocional.

Tampoco pormenoriza la defensa qué concretas expresiones de los testigos aludidos determinan esa situación; antes al contrario, muchas de las declaraciones trascritas en la sentencia muestran cómo el acusado persiguió a Benedicto y le propinó una patada antes de la fatal agresión. Dicha conducta resulta incompatible con esa fugaz ofuscación que denotaría una merma de imputabilidad.

La circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, prevista en el ordinal tercero del artículo 21 del Código Penal, es, según manifiesta el Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de octubre de 2001, por todas), «una reacción momentánea que los seres humanos experimentan ante estímulos poderosos que producen una honda perturbación del espíritu, que ofusca la inteligencia y determinan a la voluntad a obrar irreflexivamente y es elemento objetivo insoslayable para la apreciación de esta circunstancia el que el estímulo que desencadena la reacción rápida e instantánea -arrebato-, debe tener cierta entidad de tal manera que justifique o explique la reacción del acto y merezcan una disminución de la imputabilidad con los efectos consiguientes sobre la pena»".

Ciertamente, no cualquier contrariedad determina esa circunstancia y no cabe duda de que el propio desarrollo de los hechos -en los que el encausado caminó detrás de Benedicto- evidencia que no se trató de un comportamiento súbito e irreflexivo, por más que, a efectos dialécticos, la víctima hubiera expresado algún comportamiento racista.

Asimismo, como destaca la propia defensa, el comportamiento del acusado tras lo sucedido no es compatible con esa situación de absoluta alteración anímica, toda vez que se quedó en el lugar de los hechos sin que la propia representación procesal haya aludido a prueba alguna que justifique tal estado.

El agente de la autoridad que estuvo en el lugar de los hechos tras la agresión, y que depuso en el atestado, simplemente aludió a que el acusado se encontraba alterado; manifestó que la causa de la agresión era porque le había mirado mal y le había mandado a la mierda. Dichos sucesos difícilmente pueden entenderse como desencadenantes de ese intenso arrebato determinante de la pérdida de imputabilidad.

En su declaración en fase de instrucción manifestó que «que tuvo con el dicente una actitud agresivo, que cree que el chico pensó que iba a pelear, que el chico levanto los brazos, que el chico le dijo le que ya había pasado un problema con la persona, que el chico le dijo que no había podido contenerse, que había existido otro episodio racista o algo así pareció entenderle, que estaba nervioso, que estaba alterado, que al chico de raza negra no le aprecio lesión, que le dijo "que el lesionado le había mirado mal a él", que estaba harto de esas conductas hacia el, que el lesionado la había mandado a la "mierda" o algo de mierda, que no sabe si fue "negro de mierda" o "vete a la mierda", que el dicente pensó que había sido tan grave, que el chico le decía es que le he dado con la mano abierta, que cuando lo vio no paraba de caminar, pero miraba hacia atrás, que lo tuvo que ver en el suelo, que después de que le dicente le dijo párate, y se puso a la defensiva, que le dijo el declarante estate tranquilo, que después de explicarle lo que había pasado intento continuar su marcha, y el dicente lo paró señalando el detenido "no me toques, no me toques", que en ese momento el dicente se identificó como policía, que siguieron hablando, que incluso llego a pedirle disculpas, y no hizo ademan de marcharse, que le dijo que se llamaba Luis Andrés, que era no me toque no me toques era amenazante como si me tocas...que hasta que se calmó evidenciada una actitud agresiva».

La sentencia 576/2025, de 25 de junio, establece que «Conforme señalan las sentencias de esta Sala núm. 118/2017, de 23 de febrero y 981/2016, de 20 de enero, la circunstancia comentada (sentencia núm. 140/2010, de 23 de febrero) "... exige, en primer lugar, la existencia de estímulos o causas generalmente procedentes de la víctima ( sentencia núm. 256/2002, de 13 de febrero), que pueden ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el de que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación ( sentencia de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en el que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor. Y también se ha advertido por esta Sala en la sentencia 140/2010 que no cualquier estímulo es válido a los efectos de atenuar la responsabilidad por la vía de la atenuante de estado pasional. Así, se ha dicho que la reacción amparada en la atenuación debe ir dirigida a asegurar la convivencia social, pues no ha de olvidarse la función del derecho penal, la ordenación de la convivencia, por lo que los presupuestos de la atenuación deben ser lícitos y acordes con las normas de convivencia».

De lo expuesto se colige que simplemente nos encontramos ante un estado de nerviosismo o alteración del acusado, en clara armonía con lo sucedido, pero sin que se haya acreditado una especial relevancia del mismo y, desde luego, sin que exista proporcionalidad entre la agresión propinada a Benedicto y un hipotético comentario de este sobre el origen racial del encausado.

El motivo se rechaza.

CUARTO.-Respecto a la concurrencia de dilaciones indebidas, resulta imperativo reseñar la realidad de una paralización de catorce meses en la sustanciación del procedimiento: desde el auto de noviembre de 2023 hasta la diligencia de ordenación que señaló las sesiones del juicio oral en febrero de 2025.

Al efecto, la reciente sentencia 483/2025, de 28 de mayo, indica que «Según exponíamos en la sentencia núm. 169/2019, de 28 de marzo, "este Tribunal viene señalando ( sentencias núms. 360/2014 y 364/2018 ) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal . Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.».

En el supuesto de autos, los hechos acaecieron el 13 de abril de 2021 y el investigado compareció para prestar declaración en sede judicial dos días después. Posteriormente, la vista del juicio oral tuvo lugar en junio de 2025; esto es, transcurrieron aproximadamente cuatro años después de la incoación del procedimiento. Se observa, por tanto, que no se ha superado el umbral temporal de cinco años al que se refiere la sentencia transcrita, sin que la parte recurrente haya acreditado elementos de especial relevancia a los efectos de apreciar un manifiesto perjuicio en este caso para el encausado. Tal circunstancia determina el rechazo del alegato impugnatorio.

QUINTO.-Finalmente, en calidad de último motivo de impugnación, se denuncia la infracción de lo preceptuado en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77 del Código Penal.

En el desarrollo del motivo, la parte apelante sostiene que la sentencia omite identificar la pena que habría impuesto la Sala en el supuesto de sancionar por separado ambas infracciones; por consiguiente, alega que no es posible efectuar el término de comparación que exige el artículo 77.2 del Código Penal. Asevera que la comparación de las penas en abstracto, partiendo del límite máximo de cada una de ellas, resulta insuficiente, siendo preciso contemplar la concreta pena a imponer, extremo que no ha sucedido.

La defensa precisa su pretensión indicando que la pena correspondiente al delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal se mueve en una horquilla de entre tres meses y tres años de prisión, o multa de seis a doce meses. Por su parte, el homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del mismo texto legal se pena con entre uno y cuatro años de prisión. Existe, por consiguiente, margen para que la suma de las penas sea inferior a la efectivamente impuesta. Al argumento anterior le añade que la punición conforme a las reglas del concurso ideal, en su mínima extensión, determinaría que la sanción de los delitos considerados, sumadas las condenas, arrojaría una penalidad inferior a la acordada.

La recurrente parte de una premisa que la Sala no contempla. Sostiene que, si se ha impuesto la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal en su grado mínimo, en igual medida habrían de imponerse las penas determinando la sanción de cada una de las infracciones por separado. Este razonamiento carece de soporte normativo, en primer lugar; en segundo término, la Sala, al imponer la sanción sobre la base del artículo 77.2, está considerando implícitamente que, de haber impuesto las penas a cada una de las infracciones por separado, el resultado hubiera sido superior al que en definitiva considera. No concurre motivo alguno para imponer en su mínima extensión la pena por el delito de lesiones dolosas ex artículo 147.1; tampoco existe razón para imponer la pena en su mínima expresión por el delito imprudente. Máxime cuando el propio artículo 142.1, en relación con el artículo 66.2 del Código Penal, permite al tribunal la imposición de la pena según su prudente arbitrio, lo que determina la posibilidad de una pena de hasta cuatro años de prisión. En síntesis, la propia comparación de la Sala al determinar la imposición de la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal proyecta que, de haber penado las infracciones por separado, la consecuencia punitiva para el acusado habría sido más gravosa, y tal circunstancia determina el fracaso del motivo de impugnación.

El motivo se rechaza.

SEXTO.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Interpone recurso la representación procesal de Luis Andrés contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2025, pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el rollo de procedimiento abreviado 71/2023. Se solicita un fallo que, tras la revocación del anterior, condene al encausado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con estimación de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas. Subsidiariamente, se pretende su condena en concepto de autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con concurrencia de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas, debiendo penarse ambas infracciones por separado y en su grado mínimo.

En el primer motivo de impugnación se denuncia la infracción del artículo 142.1 del Código Penal, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave previsto en el artículo 142.2 del Código Penal.

En el segundo motivo de impugnación se impetra la apreciación de la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3ª del Código Penal.

En tercer término y sobre la base, al igual que en el motivo anterior, de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución), se insta la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias prevista en el ordinal 6º del artículo 21 del Código Penal.

Finalmente, en cuarto lugar, se interesa, fundamentándose igualmente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la declaración de indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77, todos ellos del Código Penal.

SEGUNDO.-En la fundamentación del primero de los motivos de impugnación, la defensa sostiene que la argumentación de la sentencia de instancia, mediante la cual se califica el relato fáctico como un delito de homicidio causado por imprudencia grave, resulta insuficiente; ello se debe a que el juzgador se limita a expresar los criterios que se exigen para la determinación cualitativa de dicha imprudencia. La parte recurrente admite que es reprochable responder a insultos exigiendo disculpas y culminar la disputa con un cruce de manotazos, pero considera indefendible que el resultado producido sea la materialización del riesgo creado por la acción. Sostiene que el resultado no era previsible y que la resolución no pormenoriza los criterios considerados para valorar ese peligro.

La defensa pormenoriza que el lugar donde aconteció el suceso no permite colegir que, en el caso de una caída, se produzca un resultado de tal gravedad. Por otra parte, niega que la caída del Sr. Benedicto determinara directamente el traumatismo craneoencefálico; afirma, en cambio, que la víctima, al caer, golpeó su cuerpo contra la pared para posteriormente impactar contra el suelo con la cabeza durante la secuencia de la caída, añadiendo que ese golpe podría haberse producido en cualquier emplazamiento. Por otro lado, resulta preceptivo valorar la entidad del golpe, calificado en la propia sentencia como impacto con la mano abierta. Se menciona la inexistencia de una especial diferencia de complexión entre víctima y acusado, así como la actitud del reo tras los hechos, al no huir del lugar.

La reciente sentencia 725/2025, de 16 de septiembre, analiza la configuración normativa y jurisprudencial de la imprudencia penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con especial atención a la delimitación entre imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. La introducción de esta última categoría intermedia ha generado un relevante desarrollo jurisprudencial orientado a preservar la coherencia sistemática del Código Penal y a garantizar la aplicación del principio de intervención mínima. La LO 1/2015 supuso la derogación del Libro III del Código Penal con la supresión de las faltas. Las conductas anteriormente tipificadas como tales fueron, bien despenalizadas y reconducidas al ámbito de la responsabilidad civil, o bien incorporadas al Libro II como delitos leves.

En la esfera de la imprudencia, el legislador mantuvo la punición de la imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones especialmente relevantes ( arts. 142.1 y 152.1 CP), y tipificó la imprudencia menos grave cuando cause la muerte o lesiones agravadas ( arts. 142.2 y 152.2 CP), despenalizando definitivamente la imprudencia leve. Esta reforma hizo necesaria una redefinición conceptual de las categorías de imprudencia, tradicionalmente limitadas a la distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve en el Código Penal de 1995, y entre imprudencia temeraria e imprudencia simple en el Código Penal de 1973. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado esta tarea precisando los elementos estructurales de la imprudencia penal: (i) una acción u omisión no intencional que cause un resultado lesivo mediante una relación de causalidad adecuada; (ii) una omisión del deber de cuidado imputable al sujeto, derivada de negligencia o error intelectual, en la medida en que el resultado era previsible y evitable; (iii) la infracción de deberes objetivos de precaución impuestos por las normas de convivencia o por regulaciones específicas; y (iv) una entidad suficiente de la desatención como para justificar la imposición de una pena ( STS 805/2017, de 11 de diciembre).

Desde esta perspectiva, la imprudencia grave ha sido caracterizada de forma constante como una negligencia cualificada o superlativa, consistente en la infracción de las normas de cuidado más elementales, básicas y evidentes, aquellas que incluso el sujeto menos diligente habría observado. Se trata de una omisión de cautela de especial intensidad, que implica la eliminación de la atención mínima exigible en la vida de relación y la vulneración de deberes fundamentales de convivencia (entre otras, SSTS 922/1998, de 8 de julio; 706/2008, de 11 de noviembre; 3/2016, de 19 de enero). En el extremo opuesto, la imprudencia leve se identifica con la omisión de la diligencia ordinaria exigible según las circunstancias del caso. Tras la reforma de 2015, esta modalidad ha quedado fuera del ámbito penal, como expresión de una opción legislativa orientada a reservar el reproche penal para las conductas que presenten un mayor desvalor de la acción, de acuerdo con el principio de intervención mínima.

La categoría de imprudencia menos grave ha sido objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial. Se han formulado tres principales posiciones: la que equipara la imprudencia menos grave a la antigua imprudencia leve; la que la concibe como una categoría intermedia formada por los supuestos menos graves de la imprudencia grave; y la que entiende que debe nutrirse de las conductas más relevantes de la antigua imprudencia leve. El Tribunal Supremo ha rechazado expresamente la primera tesis por resultar incompatible con la despenalización de las faltas y contraria a la finalidad de la LO 1/2015 ( STS 805/2017, de 11 de diciembre). Asimismo, el Alto Tribunal ha descartado que la imprudencia menos grave se construya a costa de reducir el ámbito conceptual de la imprudencia grave, al subrayar que este concepto se emplea de forma transversal en numerosos tipos penales y no puede adquirir significados distintos según el delito de que se trate. En este sentido, la Sentencia del Pleno 421/2020, de 22 de julio, afirmó que la imprudencia menos grave debe configurarse a partir de una subdivisión de la antigua imprudencia leve, reservando la sanción penal para aquellas conductas que, sin alcanzar la intensidad propia de la imprudencia grave, revelen una desatención relevante del deber de cuidado.

Finalmente, la jurisprudencia ha destacado que la diferencia esencial entre imprudencia grave y menos grave radica en la intensidad de la infracción del deber de cuidado, lo que exige valorar tanto la capacidad del sujeto para prever el riesgo como el grado de exigibilidad de una conducta preventiva adecuada. En términos clásicos, la imprudencia grave se produce cuando se infringen normas de cuidado elementales que respetaría incluso el hombre menos diligente, mientras que la imprudencia menos grave concurre cuando se omiten las precauciones exigibles a cualquier ciudadano normalmente cuidadoso ( STS 320/2025, de 3 de abril). Concluye la sentencia, en relación con el caso concreto que analiza y sobre la imprudencia grave, que «nuestra jurisprudencia ha calificado de esta manera aquellas agresiones que consisten en propinar a alguien un puñetazo con intensidad suficiente como para derribar al agredido y provocar de forma imprevista su muerte en virtud de las lesiones derivadas del impacto de la caída (de lo que son expresión las SSTS 922/1998, de 8 de julio; 1166/1998, de 10 de octubre; 1579/2002, de 2 de octubre; 706/2008, de 11 de noviembre; 228/2012, de 27 de marzo; 658/2013, de 18 de julio; 564/2014, de 10 de julio o 3/2016, de 19 de enero, entre muchas otras)».

La resolución recurrida pone de manifiesto que el resultado lesivo era previsible, atendiendo tanto a la dinámica de los hechos y la naturaleza del golpe -con la mano abierta y tomando impulso- como a las características del lugar, caracterizado por un espacio estrecho entre los pilares, la pared y la existencia de una acera. Razona el juzgador al final del fundamento jurídico tercero que la manera de golpear en el emplazamiento donde acaeció el suceso permitía apreciar con facilidad un desenlace de cierta gravedad. No se cuestiona la inicial agresión por parte del acusado y resulta incuestionable que, conforme se determina en la sentencia, el resultado lesivo trae causa de la imprudencia integrada por el riesgo creado por la propia agresión, el cual era fácilmente perceptible habida cuenta del lugar donde tuvo lugar aquella.

Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico, lo que conllevaría un evidente riesgo vital, por más que el mismo no fuera querido por el agresor. Partimos de una acción intencional, aunque no dirigida a la causación del resultado que finalmente se produjo, comportamiento que determinó la materialización de un riesgo fácilmente apreciable. En efecto, cae dentro de la normal previsión la posible caída del agredido y la posibilidad de que se golpee de forma fatal con alguno de los elementos arquitectónicos que le circundan. Ese comportamiento es consecuencia de la omisión de un elemental deber de cuidado dirigido fundamentalmente a la evitación de aquella agresión en esas circunstancias; se trata de una conducta contraria a elementales normas de convivencia, demostrativa de esa manifiesta y grave desatención que justifica la calificación de su proceder como grave. Asimismo, no es cierto que la sentencia no haya motivado la consideración de la imprudencia, pues claramente se apoya en aquellas circunstancias confluyentes en el suceso para justificar la previsibilidad del riesgo creado por la conducta del acusado, así como la asunción del mismo.

Esta Sala no puede suscribir la posición de la defensa cuando refiere la escasa entidad del golpeo, toda vez que fue suficiente para derribar a la víctima. No es preciso más para la determinación de la conducta imprudente y su gravedad; en nada empece a tal conclusión que no hubiera reiteración en la agresión, pues debe recordarse que la víctima ya había caído golpeándose fatalmente en la cabeza. Es irrelevante la complexión de los protagonistas del hecho y en nada afecta a la calificación el que el acusado se quedara en el lugar tras haber consumado su acción, o que no tuviera antecedentes y se encuentre perfectamente integrado socialmente. Finalmente, hay que indicar que el principio in dubio pro reono afecta a la tipificación de los hechos, sino a la consideración de los hechos mismos.

El motivo se rechaza.

TERCERO.-Respecto a la posible aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación, la representación procesal de Luis Andrés parte de una premisa inexistente: que la prueba practicada acredita un estado mental del acusado que, al menos, genere dudas sobre esa alteración anímica capaz de determinar una disminución de la imputabilidad. No cualquier estado de excitación merece tal consideración y resulta evidente que, ante cualquier tipo de agresión, el propio sujeto activo, en prácticamente la totalidad de los casos, se hallaría afectado por un acaloramiento emocional.

Tampoco pormenoriza la defensa qué concretas expresiones de los testigos aludidos determinan esa situación; antes al contrario, muchas de las declaraciones trascritas en la sentencia muestran cómo el acusado persiguió a Benedicto y le propinó una patada antes de la fatal agresión. Dicha conducta resulta incompatible con esa fugaz ofuscación que denotaría una merma de imputabilidad.

La circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, prevista en el ordinal tercero del artículo 21 del Código Penal, es, según manifiesta el Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de octubre de 2001, por todas), «una reacción momentánea que los seres humanos experimentan ante estímulos poderosos que producen una honda perturbación del espíritu, que ofusca la inteligencia y determinan a la voluntad a obrar irreflexivamente y es elemento objetivo insoslayable para la apreciación de esta circunstancia el que el estímulo que desencadena la reacción rápida e instantánea -arrebato-, debe tener cierta entidad de tal manera que justifique o explique la reacción del acto y merezcan una disminución de la imputabilidad con los efectos consiguientes sobre la pena»".

Ciertamente, no cualquier contrariedad determina esa circunstancia y no cabe duda de que el propio desarrollo de los hechos -en los que el encausado caminó detrás de Benedicto- evidencia que no se trató de un comportamiento súbito e irreflexivo, por más que, a efectos dialécticos, la víctima hubiera expresado algún comportamiento racista.

Asimismo, como destaca la propia defensa, el comportamiento del acusado tras lo sucedido no es compatible con esa situación de absoluta alteración anímica, toda vez que se quedó en el lugar de los hechos sin que la propia representación procesal haya aludido a prueba alguna que justifique tal estado.

El agente de la autoridad que estuvo en el lugar de los hechos tras la agresión, y que depuso en el atestado, simplemente aludió a que el acusado se encontraba alterado; manifestó que la causa de la agresión era porque le había mirado mal y le había mandado a la mierda. Dichos sucesos difícilmente pueden entenderse como desencadenantes de ese intenso arrebato determinante de la pérdida de imputabilidad.

En su declaración en fase de instrucción manifestó que «que tuvo con el dicente una actitud agresivo, que cree que el chico pensó que iba a pelear, que el chico levanto los brazos, que el chico le dijo le que ya había pasado un problema con la persona, que el chico le dijo que no había podido contenerse, que había existido otro episodio racista o algo así pareció entenderle, que estaba nervioso, que estaba alterado, que al chico de raza negra no le aprecio lesión, que le dijo "que el lesionado le había mirado mal a él", que estaba harto de esas conductas hacia el, que el lesionado la había mandado a la "mierda" o algo de mierda, que no sabe si fue "negro de mierda" o "vete a la mierda", que el dicente pensó que había sido tan grave, que el chico le decía es que le he dado con la mano abierta, que cuando lo vio no paraba de caminar, pero miraba hacia atrás, que lo tuvo que ver en el suelo, que después de que le dicente le dijo párate, y se puso a la defensiva, que le dijo el declarante estate tranquilo, que después de explicarle lo que había pasado intento continuar su marcha, y el dicente lo paró señalando el detenido "no me toques, no me toques", que en ese momento el dicente se identificó como policía, que siguieron hablando, que incluso llego a pedirle disculpas, y no hizo ademan de marcharse, que le dijo que se llamaba Luis Andrés, que era no me toque no me toques era amenazante como si me tocas...que hasta que se calmó evidenciada una actitud agresiva».

La sentencia 576/2025, de 25 de junio, establece que «Conforme señalan las sentencias de esta Sala núm. 118/2017, de 23 de febrero y 981/2016, de 20 de enero, la circunstancia comentada (sentencia núm. 140/2010, de 23 de febrero) "... exige, en primer lugar, la existencia de estímulos o causas generalmente procedentes de la víctima ( sentencia núm. 256/2002, de 13 de febrero), que pueden ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el de que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación ( sentencia de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en el que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor. Y también se ha advertido por esta Sala en la sentencia 140/2010 que no cualquier estímulo es válido a los efectos de atenuar la responsabilidad por la vía de la atenuante de estado pasional. Así, se ha dicho que la reacción amparada en la atenuación debe ir dirigida a asegurar la convivencia social, pues no ha de olvidarse la función del derecho penal, la ordenación de la convivencia, por lo que los presupuestos de la atenuación deben ser lícitos y acordes con las normas de convivencia».

De lo expuesto se colige que simplemente nos encontramos ante un estado de nerviosismo o alteración del acusado, en clara armonía con lo sucedido, pero sin que se haya acreditado una especial relevancia del mismo y, desde luego, sin que exista proporcionalidad entre la agresión propinada a Benedicto y un hipotético comentario de este sobre el origen racial del encausado.

El motivo se rechaza.

CUARTO.-Respecto a la concurrencia de dilaciones indebidas, resulta imperativo reseñar la realidad de una paralización de catorce meses en la sustanciación del procedimiento: desde el auto de noviembre de 2023 hasta la diligencia de ordenación que señaló las sesiones del juicio oral en febrero de 2025.

Al efecto, la reciente sentencia 483/2025, de 28 de mayo, indica que «Según exponíamos en la sentencia núm. 169/2019, de 28 de marzo, "este Tribunal viene señalando ( sentencias núms. 360/2014 y 364/2018 ) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal . Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.».

En el supuesto de autos, los hechos acaecieron el 13 de abril de 2021 y el investigado compareció para prestar declaración en sede judicial dos días después. Posteriormente, la vista del juicio oral tuvo lugar en junio de 2025; esto es, transcurrieron aproximadamente cuatro años después de la incoación del procedimiento. Se observa, por tanto, que no se ha superado el umbral temporal de cinco años al que se refiere la sentencia transcrita, sin que la parte recurrente haya acreditado elementos de especial relevancia a los efectos de apreciar un manifiesto perjuicio en este caso para el encausado. Tal circunstancia determina el rechazo del alegato impugnatorio.

QUINTO.-Finalmente, en calidad de último motivo de impugnación, se denuncia la infracción de lo preceptuado en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77 del Código Penal.

En el desarrollo del motivo, la parte apelante sostiene que la sentencia omite identificar la pena que habría impuesto la Sala en el supuesto de sancionar por separado ambas infracciones; por consiguiente, alega que no es posible efectuar el término de comparación que exige el artículo 77.2 del Código Penal. Asevera que la comparación de las penas en abstracto, partiendo del límite máximo de cada una de ellas, resulta insuficiente, siendo preciso contemplar la concreta pena a imponer, extremo que no ha sucedido.

La defensa precisa su pretensión indicando que la pena correspondiente al delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal se mueve en una horquilla de entre tres meses y tres años de prisión, o multa de seis a doce meses. Por su parte, el homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del mismo texto legal se pena con entre uno y cuatro años de prisión. Existe, por consiguiente, margen para que la suma de las penas sea inferior a la efectivamente impuesta. Al argumento anterior le añade que la punición conforme a las reglas del concurso ideal, en su mínima extensión, determinaría que la sanción de los delitos considerados, sumadas las condenas, arrojaría una penalidad inferior a la acordada.

La recurrente parte de una premisa que la Sala no contempla. Sostiene que, si se ha impuesto la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal en su grado mínimo, en igual medida habrían de imponerse las penas determinando la sanción de cada una de las infracciones por separado. Este razonamiento carece de soporte normativo, en primer lugar; en segundo término, la Sala, al imponer la sanción sobre la base del artículo 77.2, está considerando implícitamente que, de haber impuesto las penas a cada una de las infracciones por separado, el resultado hubiera sido superior al que en definitiva considera. No concurre motivo alguno para imponer en su mínima extensión la pena por el delito de lesiones dolosas ex artículo 147.1; tampoco existe razón para imponer la pena en su mínima expresión por el delito imprudente. Máxime cuando el propio artículo 142.1, en relación con el artículo 66.2 del Código Penal, permite al tribunal la imposición de la pena según su prudente arbitrio, lo que determina la posibilidad de una pena de hasta cuatro años de prisión. En síntesis, la propia comparación de la Sala al determinar la imposición de la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal proyecta que, de haber penado las infracciones por separado, la consecuencia punitiva para el acusado habría sido más gravosa, y tal circunstancia determina el fracaso del motivo de impugnación.

El motivo se rechaza.

SEXTO.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Interpone recurso la representación procesal de Luis Andrés contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2025, pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el rollo de procedimiento abreviado 71/2023. Se solicita un fallo que, tras la revocación del anterior, condene al encausado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con estimación de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas. Subsidiariamente, se pretende su condena en concepto de autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas, con concurrencia de las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas, debiendo penarse ambas infracciones por separado y en su grado mínimo.

En el primer motivo de impugnación se denuncia la infracción del artículo 142.1 del Código Penal, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave previsto en el artículo 142.2 del Código Penal.

En el segundo motivo de impugnación se impetra la apreciación de la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3ª del Código Penal.

En tercer término y sobre la base, al igual que en el motivo anterior, de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución), se insta la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias prevista en el ordinal 6º del artículo 21 del Código Penal.

Finalmente, en cuarto lugar, se interesa, fundamentándose igualmente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la declaración de indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77, todos ellos del Código Penal.

SEGUNDO.-En la fundamentación del primero de los motivos de impugnación, la defensa sostiene que la argumentación de la sentencia de instancia, mediante la cual se califica el relato fáctico como un delito de homicidio causado por imprudencia grave, resulta insuficiente; ello se debe a que el juzgador se limita a expresar los criterios que se exigen para la determinación cualitativa de dicha imprudencia. La parte recurrente admite que es reprochable responder a insultos exigiendo disculpas y culminar la disputa con un cruce de manotazos, pero considera indefendible que el resultado producido sea la materialización del riesgo creado por la acción. Sostiene que el resultado no era previsible y que la resolución no pormenoriza los criterios considerados para valorar ese peligro.

La defensa pormenoriza que el lugar donde aconteció el suceso no permite colegir que, en el caso de una caída, se produzca un resultado de tal gravedad. Por otra parte, niega que la caída del Sr. Benedicto determinara directamente el traumatismo craneoencefálico; afirma, en cambio, que la víctima, al caer, golpeó su cuerpo contra la pared para posteriormente impactar contra el suelo con la cabeza durante la secuencia de la caída, añadiendo que ese golpe podría haberse producido en cualquier emplazamiento. Por otro lado, resulta preceptivo valorar la entidad del golpe, calificado en la propia sentencia como impacto con la mano abierta. Se menciona la inexistencia de una especial diferencia de complexión entre víctima y acusado, así como la actitud del reo tras los hechos, al no huir del lugar.

La reciente sentencia 725/2025, de 16 de septiembre, analiza la configuración normativa y jurisprudencial de la imprudencia penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con especial atención a la delimitación entre imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. La introducción de esta última categoría intermedia ha generado un relevante desarrollo jurisprudencial orientado a preservar la coherencia sistemática del Código Penal y a garantizar la aplicación del principio de intervención mínima. La LO 1/2015 supuso la derogación del Libro III del Código Penal con la supresión de las faltas. Las conductas anteriormente tipificadas como tales fueron, bien despenalizadas y reconducidas al ámbito de la responsabilidad civil, o bien incorporadas al Libro II como delitos leves.

En la esfera de la imprudencia, el legislador mantuvo la punición de la imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones especialmente relevantes ( arts. 142.1 y 152.1 CP), y tipificó la imprudencia menos grave cuando cause la muerte o lesiones agravadas ( arts. 142.2 y 152.2 CP), despenalizando definitivamente la imprudencia leve. Esta reforma hizo necesaria una redefinición conceptual de las categorías de imprudencia, tradicionalmente limitadas a la distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve en el Código Penal de 1995, y entre imprudencia temeraria e imprudencia simple en el Código Penal de 1973. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado esta tarea precisando los elementos estructurales de la imprudencia penal: (i) una acción u omisión no intencional que cause un resultado lesivo mediante una relación de causalidad adecuada; (ii) una omisión del deber de cuidado imputable al sujeto, derivada de negligencia o error intelectual, en la medida en que el resultado era previsible y evitable; (iii) la infracción de deberes objetivos de precaución impuestos por las normas de convivencia o por regulaciones específicas; y (iv) una entidad suficiente de la desatención como para justificar la imposición de una pena ( STS 805/2017, de 11 de diciembre).

Desde esta perspectiva, la imprudencia grave ha sido caracterizada de forma constante como una negligencia cualificada o superlativa, consistente en la infracción de las normas de cuidado más elementales, básicas y evidentes, aquellas que incluso el sujeto menos diligente habría observado. Se trata de una omisión de cautela de especial intensidad, que implica la eliminación de la atención mínima exigible en la vida de relación y la vulneración de deberes fundamentales de convivencia (entre otras, SSTS 922/1998, de 8 de julio; 706/2008, de 11 de noviembre; 3/2016, de 19 de enero). En el extremo opuesto, la imprudencia leve se identifica con la omisión de la diligencia ordinaria exigible según las circunstancias del caso. Tras la reforma de 2015, esta modalidad ha quedado fuera del ámbito penal, como expresión de una opción legislativa orientada a reservar el reproche penal para las conductas que presenten un mayor desvalor de la acción, de acuerdo con el principio de intervención mínima.

La categoría de imprudencia menos grave ha sido objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial. Se han formulado tres principales posiciones: la que equipara la imprudencia menos grave a la antigua imprudencia leve; la que la concibe como una categoría intermedia formada por los supuestos menos graves de la imprudencia grave; y la que entiende que debe nutrirse de las conductas más relevantes de la antigua imprudencia leve. El Tribunal Supremo ha rechazado expresamente la primera tesis por resultar incompatible con la despenalización de las faltas y contraria a la finalidad de la LO 1/2015 ( STS 805/2017, de 11 de diciembre). Asimismo, el Alto Tribunal ha descartado que la imprudencia menos grave se construya a costa de reducir el ámbito conceptual de la imprudencia grave, al subrayar que este concepto se emplea de forma transversal en numerosos tipos penales y no puede adquirir significados distintos según el delito de que se trate. En este sentido, la Sentencia del Pleno 421/2020, de 22 de julio, afirmó que la imprudencia menos grave debe configurarse a partir de una subdivisión de la antigua imprudencia leve, reservando la sanción penal para aquellas conductas que, sin alcanzar la intensidad propia de la imprudencia grave, revelen una desatención relevante del deber de cuidado.

Finalmente, la jurisprudencia ha destacado que la diferencia esencial entre imprudencia grave y menos grave radica en la intensidad de la infracción del deber de cuidado, lo que exige valorar tanto la capacidad del sujeto para prever el riesgo como el grado de exigibilidad de una conducta preventiva adecuada. En términos clásicos, la imprudencia grave se produce cuando se infringen normas de cuidado elementales que respetaría incluso el hombre menos diligente, mientras que la imprudencia menos grave concurre cuando se omiten las precauciones exigibles a cualquier ciudadano normalmente cuidadoso ( STS 320/2025, de 3 de abril). Concluye la sentencia, en relación con el caso concreto que analiza y sobre la imprudencia grave, que «nuestra jurisprudencia ha calificado de esta manera aquellas agresiones que consisten en propinar a alguien un puñetazo con intensidad suficiente como para derribar al agredido y provocar de forma imprevista su muerte en virtud de las lesiones derivadas del impacto de la caída (de lo que son expresión las SSTS 922/1998, de 8 de julio; 1166/1998, de 10 de octubre; 1579/2002, de 2 de octubre; 706/2008, de 11 de noviembre; 228/2012, de 27 de marzo; 658/2013, de 18 de julio; 564/2014, de 10 de julio o 3/2016, de 19 de enero, entre muchas otras)».

La resolución recurrida pone de manifiesto que el resultado lesivo era previsible, atendiendo tanto a la dinámica de los hechos y la naturaleza del golpe -con la mano abierta y tomando impulso- como a las características del lugar, caracterizado por un espacio estrecho entre los pilares, la pared y la existencia de una acera. Razona el juzgador al final del fundamento jurídico tercero que la manera de golpear en el emplazamiento donde acaeció el suceso permitía apreciar con facilidad un desenlace de cierta gravedad. No se cuestiona la inicial agresión por parte del acusado y resulta incuestionable que, conforme se determina en la sentencia, el resultado lesivo trae causa de la imprudencia integrada por el riesgo creado por la propia agresión, el cual era fácilmente perceptible habida cuenta del lugar donde tuvo lugar aquella.

Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico, lo que conllevaría un evidente riesgo vital, por más que el mismo no fuera querido por el agresor. Partimos de una acción intencional, aunque no dirigida a la causación del resultado que finalmente se produjo, comportamiento que determinó la materialización de un riesgo fácilmente apreciable. En efecto, cae dentro de la normal previsión la posible caída del agredido y la posibilidad de que se golpee de forma fatal con alguno de los elementos arquitectónicos que le circundan. Ese comportamiento es consecuencia de la omisión de un elemental deber de cuidado dirigido fundamentalmente a la evitación de aquella agresión en esas circunstancias; se trata de una conducta contraria a elementales normas de convivencia, demostrativa de esa manifiesta y grave desatención que justifica la calificación de su proceder como grave. Asimismo, no es cierto que la sentencia no haya motivado la consideración de la imprudencia, pues claramente se apoya en aquellas circunstancias confluyentes en el suceso para justificar la previsibilidad del riesgo creado por la conducta del acusado, así como la asunción del mismo.

Esta Sala no puede suscribir la posición de la defensa cuando refiere la escasa entidad del golpeo, toda vez que fue suficiente para derribar a la víctima. No es preciso más para la determinación de la conducta imprudente y su gravedad; en nada empece a tal conclusión que no hubiera reiteración en la agresión, pues debe recordarse que la víctima ya había caído golpeándose fatalmente en la cabeza. Es irrelevante la complexión de los protagonistas del hecho y en nada afecta a la calificación el que el acusado se quedara en el lugar tras haber consumado su acción, o que no tuviera antecedentes y se encuentre perfectamente integrado socialmente. Finalmente, hay que indicar que el principio in dubio pro reono afecta a la tipificación de los hechos, sino a la consideración de los hechos mismos.

El motivo se rechaza.

TERCERO.-Respecto a la posible aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación, la representación procesal de Luis Andrés parte de una premisa inexistente: que la prueba practicada acredita un estado mental del acusado que, al menos, genere dudas sobre esa alteración anímica capaz de determinar una disminución de la imputabilidad. No cualquier estado de excitación merece tal consideración y resulta evidente que, ante cualquier tipo de agresión, el propio sujeto activo, en prácticamente la totalidad de los casos, se hallaría afectado por un acaloramiento emocional.

Tampoco pormenoriza la defensa qué concretas expresiones de los testigos aludidos determinan esa situación; antes al contrario, muchas de las declaraciones trascritas en la sentencia muestran cómo el acusado persiguió a Benedicto y le propinó una patada antes de la fatal agresión. Dicha conducta resulta incompatible con esa fugaz ofuscación que denotaría una merma de imputabilidad.

La circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, prevista en el ordinal tercero del artículo 21 del Código Penal, es, según manifiesta el Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de octubre de 2001, por todas), «una reacción momentánea que los seres humanos experimentan ante estímulos poderosos que producen una honda perturbación del espíritu, que ofusca la inteligencia y determinan a la voluntad a obrar irreflexivamente y es elemento objetivo insoslayable para la apreciación de esta circunstancia el que el estímulo que desencadena la reacción rápida e instantánea -arrebato-, debe tener cierta entidad de tal manera que justifique o explique la reacción del acto y merezcan una disminución de la imputabilidad con los efectos consiguientes sobre la pena»".

Ciertamente, no cualquier contrariedad determina esa circunstancia y no cabe duda de que el propio desarrollo de los hechos -en los que el encausado caminó detrás de Benedicto- evidencia que no se trató de un comportamiento súbito e irreflexivo, por más que, a efectos dialécticos, la víctima hubiera expresado algún comportamiento racista.

Asimismo, como destaca la propia defensa, el comportamiento del acusado tras lo sucedido no es compatible con esa situación de absoluta alteración anímica, toda vez que se quedó en el lugar de los hechos sin que la propia representación procesal haya aludido a prueba alguna que justifique tal estado.

El agente de la autoridad que estuvo en el lugar de los hechos tras la agresión, y que depuso en el atestado, simplemente aludió a que el acusado se encontraba alterado; manifestó que la causa de la agresión era porque le había mirado mal y le había mandado a la mierda. Dichos sucesos difícilmente pueden entenderse como desencadenantes de ese intenso arrebato determinante de la pérdida de imputabilidad.

En su declaración en fase de instrucción manifestó que «que tuvo con el dicente una actitud agresivo, que cree que el chico pensó que iba a pelear, que el chico levanto los brazos, que el chico le dijo le que ya había pasado un problema con la persona, que el chico le dijo que no había podido contenerse, que había existido otro episodio racista o algo así pareció entenderle, que estaba nervioso, que estaba alterado, que al chico de raza negra no le aprecio lesión, que le dijo "que el lesionado le había mirado mal a él", que estaba harto de esas conductas hacia el, que el lesionado la había mandado a la "mierda" o algo de mierda, que no sabe si fue "negro de mierda" o "vete a la mierda", que el dicente pensó que había sido tan grave, que el chico le decía es que le he dado con la mano abierta, que cuando lo vio no paraba de caminar, pero miraba hacia atrás, que lo tuvo que ver en el suelo, que después de que le dicente le dijo párate, y se puso a la defensiva, que le dijo el declarante estate tranquilo, que después de explicarle lo que había pasado intento continuar su marcha, y el dicente lo paró señalando el detenido "no me toques, no me toques", que en ese momento el dicente se identificó como policía, que siguieron hablando, que incluso llego a pedirle disculpas, y no hizo ademan de marcharse, que le dijo que se llamaba Luis Andrés, que era no me toque no me toques era amenazante como si me tocas...que hasta que se calmó evidenciada una actitud agresiva».

La sentencia 576/2025, de 25 de junio, establece que «Conforme señalan las sentencias de esta Sala núm. 118/2017, de 23 de febrero y 981/2016, de 20 de enero, la circunstancia comentada (sentencia núm. 140/2010, de 23 de febrero) "... exige, en primer lugar, la existencia de estímulos o causas generalmente procedentes de la víctima ( sentencia núm. 256/2002, de 13 de febrero), que pueden ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el de que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación ( sentencia de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en el que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor. Y también se ha advertido por esta Sala en la sentencia 140/2010 que no cualquier estímulo es válido a los efectos de atenuar la responsabilidad por la vía de la atenuante de estado pasional. Así, se ha dicho que la reacción amparada en la atenuación debe ir dirigida a asegurar la convivencia social, pues no ha de olvidarse la función del derecho penal, la ordenación de la convivencia, por lo que los presupuestos de la atenuación deben ser lícitos y acordes con las normas de convivencia».

De lo expuesto se colige que simplemente nos encontramos ante un estado de nerviosismo o alteración del acusado, en clara armonía con lo sucedido, pero sin que se haya acreditado una especial relevancia del mismo y, desde luego, sin que exista proporcionalidad entre la agresión propinada a Benedicto y un hipotético comentario de este sobre el origen racial del encausado.

El motivo se rechaza.

CUARTO.-Respecto a la concurrencia de dilaciones indebidas, resulta imperativo reseñar la realidad de una paralización de catorce meses en la sustanciación del procedimiento: desde el auto de noviembre de 2023 hasta la diligencia de ordenación que señaló las sesiones del juicio oral en febrero de 2025.

Al efecto, la reciente sentencia 483/2025, de 28 de mayo, indica que «Según exponíamos en la sentencia núm. 169/2019, de 28 de marzo, "este Tribunal viene señalando ( sentencias núms. 360/2014 y 364/2018 ) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal . Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.».

En el supuesto de autos, los hechos acaecieron el 13 de abril de 2021 y el investigado compareció para prestar declaración en sede judicial dos días después. Posteriormente, la vista del juicio oral tuvo lugar en junio de 2025; esto es, transcurrieron aproximadamente cuatro años después de la incoación del procedimiento. Se observa, por tanto, que no se ha superado el umbral temporal de cinco años al que se refiere la sentencia transcrita, sin que la parte recurrente haya acreditado elementos de especial relevancia a los efectos de apreciar un manifiesto perjuicio en este caso para el encausado. Tal circunstancia determina el rechazo del alegato impugnatorio.

QUINTO.-Finalmente, en calidad de último motivo de impugnación, se denuncia la infracción de lo preceptuado en los artículos 147.1, 142.1, 72 y 77 del Código Penal.

En el desarrollo del motivo, la parte apelante sostiene que la sentencia omite identificar la pena que habría impuesto la Sala en el supuesto de sancionar por separado ambas infracciones; por consiguiente, alega que no es posible efectuar el término de comparación que exige el artículo 77.2 del Código Penal. Asevera que la comparación de las penas en abstracto, partiendo del límite máximo de cada una de ellas, resulta insuficiente, siendo preciso contemplar la concreta pena a imponer, extremo que no ha sucedido.

La defensa precisa su pretensión indicando que la pena correspondiente al delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal se mueve en una horquilla de entre tres meses y tres años de prisión, o multa de seis a doce meses. Por su parte, el homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del mismo texto legal se pena con entre uno y cuatro años de prisión. Existe, por consiguiente, margen para que la suma de las penas sea inferior a la efectivamente impuesta. Al argumento anterior le añade que la punición conforme a las reglas del concurso ideal, en su mínima extensión, determinaría que la sanción de los delitos considerados, sumadas las condenas, arrojaría una penalidad inferior a la acordada.

La recurrente parte de una premisa que la Sala no contempla. Sostiene que, si se ha impuesto la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal en su grado mínimo, en igual medida habrían de imponerse las penas determinando la sanción de cada una de las infracciones por separado. Este razonamiento carece de soporte normativo, en primer lugar; en segundo término, la Sala, al imponer la sanción sobre la base del artículo 77.2, está considerando implícitamente que, de haber impuesto las penas a cada una de las infracciones por separado, el resultado hubiera sido superior al que en definitiva considera. No concurre motivo alguno para imponer en su mínima extensión la pena por el delito de lesiones dolosas ex artículo 147.1; tampoco existe razón para imponer la pena en su mínima expresión por el delito imprudente. Máxime cuando el propio artículo 142.1, en relación con el artículo 66.2 del Código Penal, permite al tribunal la imposición de la pena según su prudente arbitrio, lo que determina la posibilidad de una pena de hasta cuatro años de prisión. En síntesis, la propia comparación de la Sala al determinar la imposición de la pena sobre la base del artículo 77.2 del Código Penal proyecta que, de haber penado las infracciones por separado, la consecuencia punitiva para el acusado habría sido más gravosa, y tal circunstancia determina el fracaso del motivo de impugnación.

El motivo se rechaza.

SEXTO.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos